Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05894-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05894-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05894-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202405894-00
Actora: María Natalia Carreño Brochero
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro1
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) trabajo, iii) buen nombre y iv)
libertad de escoger profesión u oficio
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por María Natalia Carreño Brochero
contra la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en
forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405894-00
Actora: María Natalia Carreño Brochero
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, porque, a su juicio, con ocasión a que “[...]
respondió al derecho de petición, negando mi solicitud de cambio de tarjeta profesional
sin la anotación de provisionalidad [...]”, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela en
síntesis son los siguientes:
3. Señaló que, inició sus estudios de derecho en la Corporación Universitaria
Republicana en el periodo 2017-01 y hasta el 2018-01.
4. Indicó que, recibió el grado como abogada de la Universidad La Gran Colombia,
el 20 de marzo de 2024.
5. Adujo que, el 8 de mayo de 2024 se registró y remitió los documentos para que le
fuera expedida la tarjeta profesional de abogada, a través del Sistema del Registro
Nacional de Abogados - SIRNA.
6. Manifestó que, el 8 de junio de 2024, recibió la Tarjeta Profesional con anotación
de provisionalidad.
7. Sostuvo que, el 7 de octubre de 2024 presentó un derecho de petición ante el
Consejo Superior de la Judicatura, para que le fuera expedida una tarjeta profesional
sin la anotación de provisionalidad, el cual fue contestado el 16 de octubre de 2024,
negándole su solicitud, al considerar que de acuerdo con la certificación expedida por
la Universidad La Gran Colombia, la actora inició sus estudios el 8 de agosto de 2018,
es decir, después de 28 de junio de 2018, por lo que debe cumplir requisitos
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establecidos en la Ley 1905 de 20182.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela3:
“[…] PRIMERO: En razón de lo anteriormente expresado, tutelar el derecho fundamental
a ELEGIR PROFESIÓN U OFICIO, al MINIMO VITAL en conexidad con el derecho
fundamental al TRABAJO, consagrados en los artículos 25 y 26 de la Constitución
Política de Colombia de 1991. Solicitando de manera respetuosa se dé prevalencia a
mis derechos fundamentales mediante la expedición de mi tarjeta profesional sin
anotación provisional, en tanto que he cumplido con los requisitos de la Ley 1905 de
2018, y la limitación impuesta afecta mi capacidad para ejercer la profesión.
SEGUNDO: solicitó respetuosamente al honorable Consejo de Estado le ordene al
Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Registro Nacional de Abogados, que
se emita el cambio en mi tarjeta profesional con número 428331 sin la anotación
provisional, toda vez que cumplí con los requisitos establecidos en la ley 1905 de 2018,
ya que en primera medida, inicie como estudiante de Derecho en el primer semestre del
año 2017, antes de la entrada en vigencia de la misma (28 de junio de 2018, fecha en
la que entró en vigencia la Ley 1905 de 2018). En virtud de lo dispuesto en el artículo 2
de la ley 1905 de 2018 que indica que:
“el requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido
en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después
de su promulgación” […]”.
8.1.Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que4:
“[…] Estimo vulnerado el derecho a ELEGIR PROFESIÓN U OFICIO, al MINIMO VITAL
en conexidad con el derecho fundamental al TRABAJO y el PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD consagrados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de
Colombia de 1991. La anotación provisional limita mis posibilidades de ejercer profesión
de manera plena, afectando mis oportunidades de empleo. La restricción compromete
mi derecho a generar ingresos y, por ende, vulnera directamente el mínimo vital. En
consecuencia, afecta mi libertad de ejercer la profesión de Derecho por la cual me
prepare desde el año 2017, limitando injustificadamente el acceso al mercado laboral.
Por lo tanto, hay un conflicto entre los Derechos Fundamentales anteriormente
mencionados con el Principio de Autonomía Universitaria.
[…]
“[…] El primer paso es determinar si la medida es idónea para cumplir con su objetivo,
es decir, garantizar la calidad profesional de los egresados. La imposición de una
anotación provisional en mi tarjeta profesional no resulta idónea en este caso, dado que
he cumplido con todos los requisitos académicos y legales para ejercer la profesión, en
2 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.
3 Transcripción literal del texto.
4 Transcripción literal del texto.
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línea con el principio de idoneidad que establece el Artículo 2 de la Ley 1905 de 2018.
Además, inicié mis estudios dos años antes de la entrada en vigencia de dicha ley. Esta
anotación no garantiza una mejora en la calidad profesional, sino que limita de manera
injusta mi ejercicio profesional.
El siguiente paso consiste en examinar si la medida es necesaria, de modo que, existen
alternativas menos restrictivas para garantizar la idoneidad profesional sin necesidad de
imponer una anotación provisional que limite mi ejercicio profesional. La Universidad
podría aplicar otros mecanismos para verificar la idoneidad de los egresados, tales como
revisiones periódicas del desempeño de sus graduados o convenios de actualización
profesional, sin necesidad de imponer la restricción de una tarjeta profesional con
anotación provisional. Este tipo de medidas alternativas cumpliría con el objetivo de
asegurar la calidad profesional, pero sin vulnerar mis derechos fundamentales.
Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto, se debe analizar si los beneficios
de la medida (anotación provisional) son proporcionales a los perjuicios que ocasiona
sobre los derechos fundamentales. Los efectos negativos de la medida son
desproporcionados en comparación con los beneficios que persigue. La anotación
provisional limita mi acceso al trabajo en igualdad de condiciones y restringe mi libertad
de elegir la profesión, afectando además mi derecho al mínimo vital, ya que limita mi
capacidad de generar ingresos necesarios para satisfacer mis necesidades básicas.
Estos perjuicios son graves y no justifican los beneficios marginales que la universidad
pueda obtener en términos de control profesional. Así, la medida resulta excesiva y
desproporcionada. […]”.
[…]
“[…] Por lo expuesto, solicito respetuosamente al Consejo de Estado que ordene la
eliminación de la anotación provisional en mi tarjeta profesional de abogada. La
imposición de dicha anotación vulnera mis derechos al trabajo, a la libertad de elegir
profesión y al mínimo vital, frente al ejercicio de la autonomía universitaria que afecta mi
capacidad de ejercer libremente la profesión para la cual me preparé desde un año y
medio antes de la entrada en vigor de la ley en cuestión. La ponderación y el principio
de favorabilidad justifican que la medida restrictiva se elimine, en aras de proteger mis
derechos fundamentales y de respetar mi situación jurídica consolidada. […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de noviembre de 2024: i) admitió
la acción de tutela; y ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la
Judicatura y al Director de la Unidad de registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia, iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, a la Corporación
Universitaria Republicana y a la Universidad La Gran Colombia, concediéndoles el
término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Registro Nacional de Abogados -
URNA, consideró que no existe vulneración a los derechos fundamentales de la actora,
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Actora: María Natalia Carreño Brochero
por lo que solicitó negar el amparo. Para tal efecto, manifestó que:
“[…] de conformidad con el artículo 2° de la citada ley, este requisito, únicamente, se
exigirá a quienes hayan iniciado la carrera de derecho con posterioridad a la
promulgación de dicha norma. Así mismo, el parágrafo 2° del artículo 1° establece que
“La certificación de la aprobación del examen, será exigida por el Consejo Superior de
la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición de la Tarjeta
Profesional de Abogado (…)”.
Así las cosas, según el reporte remitido por la Universidad La Gran Colombia, la señora
Carreño Brochero es destinataria de la Ley 1905, por tanto, debe cumplir el requisito
de la aprobación del examen de Estado para la expedición de la tarjeta profesional con
vigencia definitiva.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, la exigencia de la presentación del
mencionado examen, es una disposición legal establecida por la Ley 1905 de 2018,
frente a la cual, esta Corporación, únicamente, cumple un rol para su materialización,
por tanto, no se puede omitir dicha exigencia.
En virtud de lo expuesto, es claro que, una vez la accionante apruebe el requisito
dispuesto por la Ley 1905 de 2018, podrá acceder a la tarjeta profesional con vigencia
definitiva. […]”.
11. Igualmente, agregó a su intervención que:
“[…] cabe destacar que, a pesar de que la convocatoria para la inscripción al examen
de Estado del período 2024-II, estuvo vigente del 6 de junio al 4 de julio, la accionante
no se inscribió para su aplicación, la cual, se llevó a cabo el 20 de octubre de la
presente anualidad. […]”.
“[…] Ahora bien, a juicio de esta dirección, la presente acción constitucional, no cumple
con el requisito de inmediatez, pues la tarjeta profesional con anotación provisional fue
expedida desde el mes de mayo del año en curso y, únicamente, hasta el 7 de octubre
siguiente, presentó petición relacionada con el cambio de vigencia del documento,
frente a la cual se le dio respuesta, mediante oficio del 16 de octubre de 2024.
En relación con la presunta vulneración del derecho al trabajo, se tiene que, a partir de
la Ley 1905 de 2018, la expedición de este documento guarda estrecha relación con el
ejercicio de la profesión, única y exclusivamente, en lo referente a la representación de
terceros, por tanto, no puede predicarse la vulneración generalizada de este derecho,
puesto que, existe un campo amplio que la accionante puede desarrollar como inscrita
en el Registro Nacional de Abogados, calidad que ostenta desde el 15 de mayo de
2024, como consta en el certificado adjunto.
En virtud de lo expuesto, esta Unidad considera que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante, dado que, la tarjeta profesional expedida, obedeció a
la información reportada por la Universidad La Gran Colombia y a la normatividad
vigente aplicable al caso concreto. […]”.
12. La Universidad La Gran Colombia solicitó que no se tengan en cuenta las
pretensiones y manifestó que la accionante cursó y aprobó 10 semestres académicos
en el Programa de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales,
siendo estudiante regular, en esta institución. Indicó que, la actora ingresó el 8 de
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agosto de 2018 y terminó materias en mayo de 2023.
13. La Corporación Universitaria Republicana solicitó declarar la improcedencia de la
acción respecto de esa institución, al considerar que no hay vulneración de los
derechos invocados por la actora.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política;
en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y con
el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección
el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta
de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio,
para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben proteger
los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al buen nombre y la libertad de
escoger profesión u oficio, invocados por la actora, los cuales considera vulnerados
por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, al habérsele negado el
cambio de su tarjeta profesional sin la anotación de provisionalidad, exigiéndosele en
consecuencia el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 1°.
parágrafo 28 y 2°.9 de la Ley 1905 de 2018, que dispone la obligatoriedad de presentar
el examen de estado a quienes hayan iniciado sus estudios después del 24 de junio
de 2018, para acceder a la tarjeta profesional con vigencia definitiva.
17. Para resolver el anterior problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; iv) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al buen nombre; v)
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la libertad de
escoger profesión u oficio vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii)
conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos
18. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad con
lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad
de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para controvertir actos
administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral 1.°) o de carácter
general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el legislador previó como
mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control de nulidad, o la nulidad
por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad10 si lo que se indica es que
el acto administrativo general quebrantó la Constitución Política.
8 ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales
vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice
el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a través de una Institución de Educación Superior
acreditada en Alta Calidad que se contrate para tal fin.
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la
respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual del
puntaje obtenido sobre la media nacional. […] PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de
Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición
de la Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite
que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo se otorgará a quienes
hayan aprobado el examen. Para las demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.
9 ARTÍCULO 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente
ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación.
10 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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19. En ese sentido, la jurisprudencia11 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en
expresar que:
“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se debe
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela, salvo que el
juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y pronta protección a
los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la posibilidad que se configure
un perjuicio irremediable, pero en todo caso las acciones judiciales contencioso
administrativas no pueden haber caducado al momento de interponerse la acción de
tutela. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado que
ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto de carácter
general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de
una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso
de la facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso
concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de
fondo por parte del juez competente […]”.
20. La jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias especiales,
procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que, i) se esté ante
la presencia de la vulneración de derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; con lo que el amparo procedería como
mecanismo transitorio. En ese sentido, en sentencia T-514 de 200312, la Corte
Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que
resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos
como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se
pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente
en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo
(artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8
del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado por la Sala).
21. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente para
controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego la
vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
11 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria. Sin
embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
22. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan. […]”.
23. Atendiendo a que la Corte Constitucional13 ha entendido que el derecho a la
igualdad:
“[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre
los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el
carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso
de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de
discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las
leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la
Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la
prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que
ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
24. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:
13 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas […]”.
25. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha
dicho lo siguiente14:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho y
como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho al
trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad jurídica;
un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de
él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento.
Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir dignamente, pues es con
el trabajo que se proporciona los medios indispensables para su congrua subsistencia
y además desarrolla su potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al
trabajo es la actividad que lo pone en contacto productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja en
la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de protección
subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el ejercicio legislativo
(artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado en la
promoción de políticas de pleno empleo (artículo 334) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al buen
nombre
26. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas […]”.
27. Atendiendo a que la Corte Constitucional15 ha entendido que el derecho al buen
nombre es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa a las
valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una persona. Este
derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona realice para que a
través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real dimensión de
bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia muestra como
14 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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crédito una persona […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
libertad de escoger profesión u oficio
28. Visto el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:
“[…] ARTÍCULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá
exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el
ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación
académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura
interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles […]”.
29. La Corte Constitucional16 ha señalado que “[…] el régimen constitucional le permite
a toda persona escoger la actividad lícita, profesional o no, a la que habrá de dedicarse
teniendo en cuenta su vocación, capacidades, tendencias y perspectivas, con el fin de
que pueda cumplir el rol que desea en sociedad, al tiempo que obtiene lo necesario
para su sostenimiento y para realizarse como individuo […]”.
30. Igualmente, ha indicado que:
“[…] El derecho a escoger libremente profesión u oficio goza de una garantía
constitucional que opera en dos direcciones: la primera, proyectada hacia la sociedad -
es decir, que delimita las fronteras del derecho -, adscribe de manera exclusiva al
legislador, de un lado, la competencia para regular los requisitos que deben cumplir los
aspirantes a ejercer actividades que requieran capacitación técnica o científica si es su
deseo obtener el título correspondiente, así como las condiciones en que el ejercicio de
la misma puede ser sometido a inspección y vigilancia por las autoridades competentes.
La segunda, de orden interno, se dirige expresamente a proteger el núcleo esencial del
derecho a la escogencia, de tal manera que no puede el legislador, sin lesionarlo,
restringir, limitar o cancelar ese ámbito de inmunidad en el que no es posible injerencia
alguna. Mientras la segunda de las garantías -la interna- es absoluta, es decir, opera
igualmente para las profesiones y los oficios, la primera sólo se predica de las profesiones
y de las ocupaciones, artes u oficios que requieran formación académica e impliquen un
riesgo social […]”.17
16 Corte Constitucional, Sentencia T-282 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-568 de 14 de julio de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Análisis del caso concreto
31. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, porque, a su juicio, con ocasión a que “[...]
respondió al derecho de petición, negando mi solicitud de cambio de tarjeta profesional
sin la anotación de provisionalidad [...]”, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
32. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
33. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
34.1 Anexos que allegó la actora con el escrito de tutela.
34.2 Informe rendido por la autoridad accionada.
34.3 Informe rendido por los terceros con interés legítimo.
Solución del caso concreto
35. Previo a abordar el fondo del asunto, la Sala advierte que la acción de tutela
cumple con el requisito de subsidiariedad, conforme con el estudio realizado por la
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Corte Constitucional en la Sentencia SU-128 de 202418 y los efectos inter pares que
concedió en dicha decisión. Lo anterior teniendo en cuenta que lo pretendido por la
demandante recae en la expedición de la tarjeta profesional sin necesidad de la
presentación del examen de Estado.
36. Al respecto, la Sala precisa que, en la sentencia mencionada supra, la Corte
consideró que:
“[…] 127. La Corte considera que este análisis no puede restringirse a evaluar los medios
de control de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho frente al Acuerdo
PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022 y las actas individuales de registro de las
tarjetas profesionales, respectivamente, como lo hicieron los jueces de única y de
segunda instancia en el segundo y tercer expediente. Para la Sala Plena, estos medios
de control de la jurisdicción contencioso administrativa no permiten abarcar toda la
dimensión constitucional de la controversia que aquí se examina, como pasa a
explicarse.
128. El análisis de idoneidad y eficacia en esta oportunidad debe realizarse a partir de
una dimensión integral del caso, según la cual son tres los problemas que se deben
abordar: (i) el alcance de la Ley 1905 de 2018 que exige a quienes iniciaron la carrera de
Derecho después del 28 de junio de 2018 la superación del Examen de Estado para la
expedición de la tarjeta profesional de abogado; (ii) la omisión del C. S. de la J.
consistente en no implementar de manera oportuna el Examen de Estado; (iii) la validez
constitucional de la regulación adoptada en el Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto
de 2022 (y del posterior Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 202419) y de las actas
de registro que condujeron a expedir las tarjetas provisionales.
129. Para la Corte es claro que todos estos asuntos están relacionados entre sí, lo que
impide dar una respuesta integral al problema planteado, en su dimensión constitucional,
si no se aborda su examen de manera conjunta. Esto implica que, si bien los medios de
nulidad en lo contencioso administrativo (simple y de restablecimiento del derecho)
podrían, en principio, ser idóneos y eficaces para abordar la última de las discusiones
propuestas20, el solo examen de ese componente no permite otorgar una respuesta plena
a la controversia constitucional planteada. En efecto, la presunta vulneración de los
derechos fundamentales en este caso no está atada solamente a los actos
administrativos (acuerdos y actas de registro), y aunque estos llegaran a anularse, la Ley
1905 de 2018 seguiría exigiendo la superación del examen de Estado y persistirían los
efectos de la omisión en la realización oportuna del examen por parte del C.S. de la J.21.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-128 de 18 de abril de 2024, M.P. Natalia Ángel Cabo.
19 Como se explicará más adelante, el 9 de abril de 2024 el C. S. de la J. expidió el Acuerdo PCSJA24-12162 que
en su artículo 12 derogó el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 y demás disposiciones que le sean
contrarias. No obstante, este nuevo acuerdo regula, en su artículo 11 transitorio, la tarjeta profesional provisional.
20 Como lo reconoció la Corte en la Sentencia SU-691 de 2017, la jurisdicción de lo contencioso administrativo
cuenta, en principio, con medidas efectivas para la protección de los derechos fundamentales. No obstante, aquí
es preciso aclarar que en el caso del primer expediente (T-9.201.808) no era posible para el accionante acudir a
estos medios de control, pues cuando interpuso la acción de tutela lo hizo ante la negativa del C. S. de la J. de
expedirle la tarjeta profesional. La interposición de la acción de tutela fue previa a la expedición del acuerdo que
creó la categoría de tarjeta profesional provisional y, en esa medida, el accionante no podía hacer uso de medios
de control frente a actos administrativos que aún no existían.
21 Con respecto a esta última conducta resulta importante advertir que la jurisprudencia es reiterativa en descartar
la acción de cumplimiento cuando su ejercicio pretenda (i) la protección directa de derechos de rango constitucional
o (ii) el cumplimiento de disposiciones legales o de actos administrativos que implican ejecución presupuestal. En
el caso bajo examen se satisfacen ambos criterios para la improcedencia de la acción de cumplimiento, pues se
persigue la protección directa del derecho a elegir libremente y ejercer profesión u oficio, y la implementación del
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130. En conclusión, en el caso objeto de estudio y frente a la pretensión encaminada a
que se le expida a los accionantes una tarjeta profesional definitiva se satisfacen todas
las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia para habilitar un pronunciamiento de
fondo por parte del juez constitucional […]”.
37. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde a
la Sala determinar, si la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia al negar a la
actora el cambio de la tarjeta profesional provisional a una de carácter definitivo,
exigiéndole en consecuencia el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 1°. parágrafo 222 y 2°.23 de la Ley 1905 de 2018, vulneró sus derechos
fundamentales.
38. En el escrito de tutela la actora señaló, por un lado, que tramitó el registro de la
tarjeta profesional el 8 de mayo de 2024, después de haber recibido el grado el 20 de
marzo de 2024 por parte de la Universidad La Gran Colombia.
39. La tarjeta profesional provisional le fue expedida el 15 de mayo de 2024, por la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que recibió el 8 de junio de 2024,
con la anotación: “[…] De conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo
PCSJA24-12162 de 2024, esta tarjeta profesional tendrá vigencia provisional hasta la
publicación de los resultados de la primera prueba. […]”.
40. El 7 de octubre de 2024, presentó un derecho la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia en el que solicitó le fuera expedida una tarjeta profesional con vigencia
examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018 es una prestación que implica un proceso de contratación e
inversión presupuestal por parte del Consejo Superior de la Judicatura. En este sentido, v., entre otras, las
sentencias SU-077 de 2018, SU-347 de 2023, SU-545 de 2023 y T-045 de 2024.
22 ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales
vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice
el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a través de una Institución de Educación Superior
acreditada en Alta Calidad que se contrate para tal fin.
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la
respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual del
puntaje obtenido sobre la media nacional. […] PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de
Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición
de la Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite
que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo se otorgará a quienes
hayan aprobado el examen. Para las demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.
23 ARTÍCULO 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente
ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación.
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definitiva, pero le fue negada la solicitud al considerar que debe cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley 1905 de 2018, mencionados supra.
41. De conformidad con lo expuesto supra y el acervo probatorio, la Sala advierte que
no es de recibo que la actora haya iniciado sus estudios en 2017, porque la
certificación de la Universidad la Gran Colombia confirma que inició los 10 semestres
de la carrera el 8 de agosto de 2018, y en ese orden de ideas debe acogerse a lo
establecido en la Ley 1905 de 2018, por haber ingresado después de la promulgación
de la norma, es decir el 24 de junio de 2018.
42. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, atendiendo a que el requisito de
examen de estado y demás requisitos establecidos en la Ley 1905 de 2018 aplican
para quienes hayan ingresado después de la promulgación de dicha norma, habrá
lugar a negar la solicitud de tutela de la actora, en la medida en que, la actora inició
sus estudios el 8 de agosto de 2018, por lo cual, para tramitar la tarjeta profesional con
vigencia definitiva, debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 1905 de
2018.
43. Por otra parte, la Sala advierte que la autoridad accionada sostuvo en su informe
que, a la fecha, “[…] a pesar de que la convocatoria para la inscripción al examen de
Estado del período 2024-II, estuvo vigente del 6 de junio al 4 de julio, la accionante no
se inscribió para su aplicación, la cual, se llevó a cabo el 20 de octubre de la presente
anualidad. […]”.
44. Finalmente, la Sala advierte razonable las razones por las cuales la Unidad tomó
como fecha de inicio de la profesión de derecho de la actora aquella informada por la
Universidad La Gran Colombia, en la medida en que, la Corte Constitucional en la
Sentencia SU 128 de 18 de abril de 202424, consideró que “[…] “(…) (i) La fecha en
que un estudiante comienza su carrera de Derecho será determinada por la respectiva
institución de educación superior, en virtud de la autonomía universitaria. (ii) No es
destinatario de la Ley 1905 de 2018 el estudiante que comenzó el pregrado en Derecho
antes de la entrada en vigor de la Ley 1905 de 2018, pero solicitó traslado a otra
universidad después de la promulgación de esta ley y la universidad receptora le
homologó créditos cursados en el programa de Derecho de la universidad de origen.
24 Corte Constitucional- Sentencia SU 128 de 18 de abril de 2024. M.P.: Natalia Ángel Cabo
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En este caso se entiende que el estudiante comenzó sus estudios de Derecho en la
universidad de origen […]”.
45. En ese sentido, se advierte que, una vez la autoridad accionada hizo la verificación
de la certificación emitida por la institución educativa Universidad La Gran Colombia
evidenció que la actora, era destinataria del contenido la Ley 1905 de 2018, al haber
iniciado sus estudios el 8 de agosto de 2018, en relación con el requisito del examen
de estado para solicitar la tarjeta profesional con vigencia definitiva, y que, por ende,
debe presentar el examen de estado para el trámite.
46. De acuerdo con los certificados de la institución de educación superior que le
otorgó el título de abogada, dan cuenta que la actora inició sus estudios el 8 de agosto
de 2018, por lo que debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 1905 de
2024, como lo es el examen de Estado, para que le sea expedida la tarjeta profesional
con vigencia definitiva; en ese orden de ideas, y de acuerdo con la sentencia citada
supra, quienes comenzaron sus estudios después de junio de 2018 como en el caso
sub examine, deben cumplir el requisito del examen de Estado, y solo quienes
aprueben el examen podrán tramitar la tarjeta profesional de abogado definitiva.
Conclusiones de la Sala
47. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de tutela que presentó la actora contra la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó la actora contra la autoridad
accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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