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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05908-00

Fecha
16 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05908-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela por falta de requisito de subsidiariedad, por las razones expuestas en el presente proveído. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada la sentencia remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05908-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05908-00
Accionante: UGPP
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.

Decisión: Se declara la improcedencia de la acción de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en contra del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, así como al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia del 25 de enero de 2024
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-
23-33-000- 2017-02442-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

La señora María Eunice Correa Dávila en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento demandó los actos administrativos por medio de los cuales la
UGPP negó la reliquidación de la pensión de vejez.

El proceso por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2021 negó las
pretensiones de la demanda.

En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, a
través de sentencia del 25 de enero de 2024 revocó la decisión de primera
instancia para, en su lugar, acceder de manera parcial a las pretensiones de la
demanda, al considerar que se debía reliquidar la mesada pensional con la

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inclusión del 30% de la prima especial de servicios como factor salarial para
efectos de liquidar la referida prestación en virtud de la garantía a la seguridad
social prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, en tanto dicho
emolumento tenía incidencia en el cálculo del IBL de la pensión de vejez, de
conformidad con los parámetros de la sentencia de unificación del 2 de septiembre
de 2019.

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo por indebida interpretación de lo preceptuado en el Decreto 546
de 1971, al considerar que por ser beneficiaria del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se debía reliquidar la mesada pensional,
teniendo en cuenta los requisitos de edad y tiempo de servicios, pero en cuanto
al IBL se debía dar aplicación a lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993.

Por otra parte alegó un defecto procedimental absoluto porque dentro del trámite
del proceso ordinario no se vinculó al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en calidad de
empleador de la señora Correa Dávila, pues era la responsable de efectuar las
cotizaciones pensionales sobre el factor “Prima de Especial de Servicios”, de
acuerdo con lo señalado en los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, señaló que en la decisión objeto de cuestionamiento se incurrió en
una violación directa de la Constitución por vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, en la medida que no se
ordenó al empleador el pago de las cotizaciones omitidas, lo que afecta a su vez
el principio de sostenibilidad financiera.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, al ordenar la
reliquidación de la pensión de vejez de la señora MARÍA EUNICE CORREA DÁVILA
incluyendo la prima especial sin que se hayan efectuado las cotizaciones al sistema
pensional sobre ese factor.

Segundo. Consecuentemente a lo anterior:

a.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 25 de enero de 2024, por la flagrante vía
de hecho y el abuso del derecho en lo que respecta a la falta de vinculación del
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, asimismo en razón a que se ordenó de reliquidación
pensional incluyendo el factor “Prima Especial de Servicios” sobre el cual no se
hicieron cotizaciones al sistema pensional ni se emitieron ordenes (Sic) que
constituyeran una obligación clara, expresa y exigibles frente al pago de las
cotizaciones omitidas.

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b.- ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, se sanee el vicio
originado por la falta de vinculación de CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
• DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
MEDELLÍN y corrija la decisión adoptada, en el sentido de que siendo procedente la
reliquidación, debe ordenarse al empleador efectuar las cotizaciones omitidas por el
factor “prima especial” y a su vez autorizar el descuento de las cotizaciones que estaba
a cargo de la señora MARÍA EUNICE CORREA DÁVILA, directamente de la mesada
pensional.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN de manera transitoria
la sentencia del 25 de enero de 2024 proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B,
hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud
de su orden tutelar.»

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 22 de noviembre de 2024, a
través del cual le ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B como accionado y al Consejo Superior de la Judicatura, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, al Tribunal
Administrativo de Antioquia y a la señora María Eunice Correa Dávila como
terceros interesados en el resultado del proceso.

2.3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que no vulneró los
derechos fundamentales invocados en protección porque la decisión objeto de
cuestionamiento fue proferida conforme a derecho. Además, teniendo en cuenta
que en el presente asunto no se acreditaron los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia, particularmente, los de subsidiariedad e
inmediatez se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela.

2.3.2. El Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín manifestó que se deben rechazar las
pretensiones de la acción de tutela porque en el caso sub examine el control de
legalidad se circunscribe a los cargos de la demanda planteados por la
demandante en el proceso ordinario, es decir, los relacionados exclusivamente la
reliquidación de su pensión incluyendo la prima especial de servicios con carácter
salarial, por lo que la UGPP era la única competente de hacerlo al pertenecer al
Sistema General de Pensiones, no así el empleador.

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Acción de Tutela
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2.3.3. La señora María Eunice Correa Dávila solicitó se rechace por
improcedente la acción de tutela por falta del requisito de procedibilidad de
relevancia constitucional, teniendo en cuenta que se pretende reabrir un debate
que ya fue zanjado por su juez natural.

2.3.4. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia del 25 de enero de 2024, por medio de la cual revocó la decisión de
negar las pretensiones de la demanda para acceder parcialmente a las súplicas
de esta, incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y
procedimental absoluto.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por
parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados
en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que
aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3.2.1. Del requisito de subsidiariedad

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

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Acción de Tutela
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Accionante: UGPP

Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia1.

No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.2.2. Análisis del presupuesto de subsidiariedad y el perjuicio irremediable

Al respecto, esta Sala considera, que la presente acción de tutela es
improcedente, porque la controversia aquí planteada encuadra dentro de los
supuestos del literal B del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la medida que
alega un desconocimiento expreso de las normas que regulan la prestación
pensional de la señora María Eunice Correa Dávila. Sobre el particular, dicha
normativa prevé:

««Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
(Subrayado y resaltado de la Sala)».

1 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic)

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el
ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del
Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que
desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».

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Lo mismo ocurre, respecto de la pretensión relacionada con la vinculación al
proceso ordinario del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, en calidad de empleador de la
señora Correa Dávila, la Sala considera que dicha pretensión resulta
improcedente porque encuadra dentro de los supuestos del numeral 5.° del
artículo 250 del CAPCA el cual consagra la procedencia del recurso extraordinario
de revisión por la configuración de una causal de nulidad en la sentencia contra la
que no procede un recurso de apelación, que es precisamente el argumento que
sustenta en la solicitud de amparo. Disposición normativa que contempla lo
siguiente:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».

En ese sentido, en el presente no se acredita la amenaza inminente de los
derechos fundamentales de los cuales la parte actora pide su protección, ni
tampoco se encuentra que el amparo deba concederse de manera urgente.

Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda
de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva
de sus derechos.

Cabe agregar que la jurisprudencia constitucional2 ha sido clara en señalar que
las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios
que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o
lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción
de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando la parte
accionante no ha hecho uso de los medios de defensa judicial que son idóneos y
efectivos para obtener el amparo de sus derechos, razón por la cual se rechazará
por improcedente la presente acción de tutela.

Además, teniendo en cuenta que en la demanda de tutela la parte actora no señaló
ningún otro argumento que se encamine a estructurar alguna causal adicional de
procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada o la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia excepcional de
este mecanismo constitucional.

2
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

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Así las cosas, la Sala procederá a rechazar por improcedente la acción de tutela
por falta de requisito de subsidiariedad, pues, se reitera, dentro de las facultades
del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales
idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo
contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de
protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
Carta a los jueces constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela por falta de requisito de
subsidiariedad, por las razones expuestas en el presente proveído.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la sentencia remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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