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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05908-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05908-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase el decreto de la medida cautelar solicitada por el accionante. SEGUNDO: Confirmase la sentencia del 16 de enero de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró improcedente acción de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05908-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

13 de marzo de 2025

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-05908-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05908-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma
improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 16 de enero de 2025, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) a través del
subdirector de Defensa Judicial Pensional (e), interpuso acción de tutela
contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia en conexidad con los principios de
sostenibilidad financiera del sistema pensional.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-05908-01
La parte actora consideró vulneradas tales garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 25 de enero de 2024 dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora María
Eunice Correa Dávila contra la UGPP.

1.2. Pretensiones

La parte demandante pretende:

«Teniendo en cuenta que la presente acción tiene como objetivo principal
la protección del erario, es pertinente solicitar a su despacho se proceda
con la REVOCATORIA del fallo de tutela de primera instancia proferido por
el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A de fecha 16
de enero de 2025, notificado el 3 de febrero de 2025 y , en consecuencia,
se acceda a las siguientes pretensiones:

PRINCIPALES

Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por
la UGPP, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B, al ordenar la reliquidación de la pensión de vejez de la señora MARÍA
EUNICE CORREA DÁVILA incluyendo la prima especial sin que se hayan
efectuado las cotizaciones al sistema pensional sobre ese factor.

Segundo. Consecuentemente a lo anterior:

a.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 25 de enero de 2024, por la
flagrante vía de hecho y el abuso del derecho en lo que respecta a la falta
de vinculación del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, asimismo en
razón a que se ordenó de reliquidación pensional incluyendo el factor
“Prima Especial de Servicios” sobre el cual no se hicieron cotizaciones al
sistema pensional ni se emitieron ordenes que constituyeran una
obligación clara, expresa y exigibles frente al pago de las cotizaciones
omitidas.

b.- ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, se sanee el
vicio originado por la falta de vinculación de CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN y corrija la decisión
adoptada, en el sentido de que siendo procedente la reliquidación, debe
ordenarse al empleador efectuar las cotizaciones omitidas por el factor
“prima especial” y a su vez autorizar el descuento de las cotizaciones que
estaba a cargo de la señora MARÍA EUNICE CORREA DÁVILA,
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Subsección B
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directamente de la mesada pensional.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no
estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos
fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN de manera
transitoria la sentencia del 25 de enero de 2024 proferida por el CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, hasta tanto se resuelva el recurso
extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar1».

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

Del expediente, se advierten los siguientes hechos que son considerados
como relevantes:

La señora María Eunice Correa Dávila durante los años 2005 – 2010 ocupó
el cargo de juez 12 Penal Municipal de Control de Garantías y a través de la
Resolución 20905 de 22 de julio de 2005, la extinta CAJANAL le reconoció
pensión de vejez efectiva desde el 3 de octubre de 2004 condicionada a
demostrar el retiro definitivo.

La señora Correa Dávila solicitó la reliquidación de su pensión de vejez, la
cual le fue negada mediante las Resoluciones RDP 02268 del 26 de mayo
de 2017, y RDP 03091 de 28 de julio de 2017 notificadas a la accionante el 6
de junio y 22 de agosto de 2017 respectivamente.

Por lo anterior, la señora Correa Dávila presentó demanda dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP la cual
por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
Mixta proceso identificado con el radicado 05001- 23-33-000-2017-02442-
00/01 que mediante providencia de 26 de septiembre de 2021 negó las
pretensiones de la demanda.

1
Transcripción del original con posibles errores

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Sin embargo, en sede de apelación, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, mediante fallo de 25 de enero de 2024, revocó la
decisión de primera instancia para en su lugar, acceder de manera parcial a
las pretensiones de la demanda al considerar que se debía reliquidar la
mesada pensional con la inclusión del 30% de la prima especial de servicios
como factor salarial para efectos de liquidar la referida prestación en virtud
de la garantía a la seguridad social prevista en el artículo 53 de la
Constitución Política.

1.4. Sustento de la petición

La entidad tutelante señaló que la autoridad accionada incurrió en una
evidente vía de hecho por cuanto a pesar de que conocía que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín era el empleador
de la señora Correa Dávila y que no había efectuado las cotizaciones sobre
el 30% de la prima especial de servicios a la Extinta CAJANAL, omitió
vincularla al proceso.

Expresó que la Ley 4 de 1992 en su artículo 14 dispuso el reconocimiento de
una prima especial a favor, entre otros, de los jueces de la República, que a
través de los diferentes decretos reglamentarios expedidos anualmente fue
fijada en un 30%. Dicha prima no tenía carácter salarial, con la salvedad de
que formaría parte del ingreso base de liquidación para efectos del
reconocimiento de la pensión, de acuerdo con lo señalado por el artículo 1°
de la Ley 332 de 1996, norma que establece la obligación de hacer las
cotizaciones al sistema de pensiones sobre la prima especial de servicios.

Manifestó que también incurrió en abuso del derecho por cuanto está
ordenando la reliquidación de una pensión de jubilación incluyendo el 30%
de esa prestación, desconociendo que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín nunca realizó los aportes de la extinta
CAJANAL, acarreando que la UGPP deba asumir el pago sin la garantía de
que los recursos por concepto de aportes ingresaron al sistema.

Consideró que la orden impartida debió recaer sobre el empleador y no
sobre el fondo de pensiones, ya que el primero fue el que omitió efectuar las
cotizaciones sobre los valores correspondientes y no de la UGPP a la cual
se le impone reliquidar la prestación para incluir un factor sobre el cual no se
realizaron aportes y, por tanto, se ocasiona un perjuicio al erario.

Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos el fallo cuestionado y, como medida
provisional suspender su ejecución hasta tanto se resuelva la acción de
tutela de la referencia.

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1.5. Trámite procesal

Mediante auto de 6 de noviembre de 2024, se inadmitió la tutela por cuanto
no era posible establecer de manera clara y precisa la calidad en la que
actuaba el señor Hans Roger Gutiérrez Rodríguez y se le requirió allegar el
poder especial que demostrara la calidad en la que actuaba.

Una vez remitidos los documentos requeridos, mediante auto de 22 de
noviembre de 2024 se admitió la tutela y se ordenó notificar a los
magistrados de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
como accionado y al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta y la señora María Eunice
Correa Dávila como terceros interesados.

Así mismo requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta
para que remitiera en medio digital, copia del expediente identificado con
radicado 05001-23-33-000-2017-02442-00/01.

Mediante auto de 13 de marzo de 2025 se declaró infundado el impedimento
manifestado por la magistrada Gloria María Gómez Montoya.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala quinta Mixta.

Manifestó que no vulneró los derechos fundamentales invocados porque la
decisión objeto de cuestionamiento fue proferida conforme a derecho.
Además, consideró que en el presente asunto no se acreditaron los
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia,
particularmente, los de subsidiariedad e inmediatez, por lo que se debe
declarar la improcedencia de la acción de tutela.

1.6.2. El Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín.

Expresó que se deben rechazar las pretensiones de la acción de tutela
porque en el caso sub examine el control de legalidad se circunscribe a los
cargos de la demanda planteados por la demandante en el proceso
ordinario, es decir, los relacionados exclusivamente con la reliquidación de
su pensión incluyendo la prima especial de servicios con carácter salarial,
por lo que la UGPP era la única competente de hacerlo al pertenecer al
Sistema General de Pensiones, no así el empleador.

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1.6.3 La señora María Eunice Correa Dávila solicitó se rechace por
improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que se
pretende reabrir un debate que ya fue zanjado por su juez natural.

1.6.4. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado pese a
ser notificada en debida forma guardó silencio.

1.7. Sentencia de Primera Instancia.

Mediante providencia de 16 de enero de 2025, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad; lo anterior, por
cuanto la controversia planteada encuadra dentro de los supuestos del literal
B del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la medida en que alega un
desconocimiento expreso de las normas que regulan la prestación pensional
de la accionante.

Lo mismo ocurre, respecto de la pretensión relacionada con la vinculación al
proceso ordinario del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, en calidad de empleador
de la señora Correa Dávila.

Para el a quo, dicha pretensión resultaba improcedente porque hace parte
de los supuestos del numeral 5. ° del artículo 250 del CPACA, el cual
consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión por la
configuración de una causal de nulidad en la sentencia contra la que no
procede un recurso de apelación

1.8. Impugnación

La parte accionante, mediante escrito radicado el 4 de febrero de 2025,
impugnó el fallo de 16 de enero de 2025, en el que insistió que se deje sin
efectos la sentencia cuestionada.

Reiteró los argumentos expresados en la demanda de tutela e indicó que, si
bien el fallo de primera instancia declaró improcedente la acción de amparo
por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, estimó que este si es el
mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos
fundamentales vulnerados a la UGPP.

Adujo que, en el fallo impugnado no se efectuó una valoración basada en los
criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional que
determinan la procedencia de la acción de tutela ante la existencia del
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perjuicio como: que sea inminente y próximo a suceder, que sea grave, que
deban requerirse medidas urgentes y que dichas medidas de protección
sean impostergables.

Expresó que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo
pertinente para evitar la configuración del grave perjuicio económico que se
causará al erario, lo que hace que en este caso esté acreditada la excepción
que trae la norma para presentar la acción de tutela.

Advirtió que se configuró un abuso palmario del derecho por parte de la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado con ocasión de la
decisión de fecha 25 de enero de 2024, al condenar a la UGPP a la
reliquidación de una pensión de jubilación a favor de la señora María Eunice
Correa Dávila, con la inclusión del factor «prima especial de servicios» del
30%, calculado sobre el 100% del valor de la remuneración, sin que se
hubieran efectuado las cotizaciones al sistema, lo que hace que se genere
una clara afectación al erario.

Por último, reiteró la solicitud relacionada con el decreto de la medida
cautelar de suspensión provisional del fallo del 25 de enero de 2024, hasta
tanto se emita un pronunciamiento de fondo en este trámite constitucional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora en contra de la providencia del 16 de enero de 2024, proferida
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017 y, del Acuerdo 377 de 2018 de
la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

Respecto de la medida provisional que solicitó la parte demandante, se
precisa que la posibilidad de su decreto se estableció en el artículo 7º del
Decreto 2591 de 1991 con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva de los
derechos fundamentales y garantizar de manera temporal el amparo
solicitado.

Conforme con lo anterior, para que el juez constitucional acceda al decreto
de una medida provisional, según lo ha dicho la Corte Constitucional, debe
verificar que exista posibilidad de que la solicitud de amparo prospere y, por
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ello, es necesario evitar que la amenaza que se cierne sobre los derechos
fundamentales que se solicita proteger, se concrete.

En concreto, la Corte en Auto 259 del 12 de noviembre de 2013, con
ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, sobre la materia, expresó:

2.5 Las medidas provisionales han sido establecidas como un medio
excepcional para que el derecho fundamental pueda ser hecho efectivo en el
caso de que en la decisión de tutela se advierta la necesidad del amparo ante
la afectación o puesta en peligro del derecho fundamental invocado. En este
sentido, las medidas provisionales constituyen una herramienta adecuada
para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues justamente
aseguran provisionalmente el amparo solicitado y el efectivo cumplimiento de
la futura resolución adoptada en el proceso. Por lo anterior, las medidas
provisionales deben encaminarse a evitar que la amenaza contra el derecho
fundamental se convierta en violación o a que, habiéndose constatado la
existencia de una violación, ésta se torne más gravosa, mediante la irrogación
de perjuicios.

En este sentido, para que proceda el decreto medidas provisionales se
requiere:

a) Que, con base en los elementos de juicio existentes en el proceso, se
advierta la probabilidad de que el amparo prospere porque surja una duda
razonable sobre la legalidad de la actuación de la cual se deriva la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.

b) Que concurra alguna de las siguientes hipótesis: (i) que sea necesario
evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una
vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea
imperioso precaver su agravación.

En este caso, de la revisión del escrito de impugnación se advierte que la
parte actora pidió que se decretara como medida cautelar la suspensión de
los efectos del fallo cuestionado, solicitud que ya había sido elevada en el
escrito inicial de tutela pero que no fue resuelta en primera instancia.

Sin embargo, de los hechos que sustentaban la solicitud de amparo
constitucional no se advertía una amenaza inminente a los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, que hubiera ameritado el
decreto de alguna medida provisional de protección en primera instancia,
sumado a que el material probatorio aportado no era suficiente para
determinar la necesidad de acceder a tal petición.

Además, se debía garantizar el derecho de defensa y contradicción de la
parte accionada, lo cual, a su vez, permitía contar con suficientes
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argumentos para emitir la decisión correspondiente, generándose así la
imposibilidad de conceder la protección previa requerida por la entidad.

Por tal motivo, al no existir irregularidad alguna frente al particular, no se
accederá a la petición realizada por la parte actora.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, revocar o modificar
el fallo de primera instancia proferido el 16 de enero de 2025 por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, para lo cual se deberán
resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser afirmativa la respuesta, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales de la parte actora con ocasión de la
providencia del 25 de enero de 2024?

Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: i) procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisito de subsidiariedad y,
iii) estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20122, mediante el cual
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3, conforme
al cual:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente

2
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera
Ponente: María Elizabeth García González.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.

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AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»4.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción
de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…».

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción contra providencia
judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud
cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando
ellos sean idóneos y eficaces para la protección de los derechos que se
dicen vulnerados.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo y no entrará a analizar el fondo del asunto.

4
Ibidem.
5
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

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En caso contrario, en el evento en que supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir
de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.

2.5. Requisito de subsidiariedad

Frente al requisito de la subsidiariedad, la Corte Constitucional y esta
Corporación han señalado el carácter subsidiario de la acción de tutela y su
procedencia como mecanismo residual, de tal modo que para que esta
acción sea procedente se requiere el agotamiento de los medios judiciales
ordinarios y extraordinarios para la protección de los derechos
presuntamente vulnerados.

En relación con este aspecto, se retoman los argumentos mencionados en la
sentencia SU 427 de 2016, que frente a la improcedencia de la acción de
tutela para cuestionar sentencias que reconocieron pensiones fundadas en
abuso del derecho, sostuvo:

7.22. Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437
de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de
providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del
derecho, por lo que esa es la disposición que debe regir la caducidad para
casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia,
establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este
Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro la
ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente
para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de
cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal6, por lo que la Sala estima
pertinente entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe
iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las

6
Reconocido por la Corte en las sentencias T-068 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero) y T-1234 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en las que advirtió un problema
estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa.

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funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio
de 2013.

7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por
la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no
reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además
de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones
periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero7.

7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para
acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e
interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se
haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde
antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la
defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal. 7.25. Así las
cosas, ante la existencia (sic) otro mecanismo judicial como lo es el recurso
de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio,
las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones
judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del
derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución.

A su vez, en dicho pronunciamiento, la Corte Constitucional también
estableció que a pesar de que la UGPP podía acudir al recurso
extraordinario de revisión previsto en la citada norma, cuando se evidenciara
palmariamente la ocurrencia de un abuso del derecho, procedía la tutela
como mecanismo preferente, situación que en el caso sub examine no se
advierte.

La Sala no desconoce que, en casos excepcionales a pesar de la existencia
del recurso extraordinario de revisión, la acción de tutela resultaría
procedente si se evidencia de manera palmaria que a través de las
providencias judiciales atacadas se incurrió en un abuso del derecho en el
reconocimiento y/o liquidación de la pensión8, lo cual no se evidencia en esta
oportunidad.

Lo anterior, se alude teniendo en cuenta la tesis de la Corte Constitucional,

7
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
8
Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de marzo de 2017, Rad. 11001-
03-15-000-2016-03170-01, M.P. Rocío Araújo Oñate

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en las sentencias SU-631 de 20179 y SU-114 del 8 de noviembre de 201810
en las que se realizó la siguiente precisión conceptual:

«En las Sentencias SU-631 de 2017 y SU-427 de 2016, se restringió la
procedencia formal de la acción de tutela a la caducidad del recurso de
revisión y a la configuración del abuso palmario del derecho. También se
indicó que ese requisito formal en materia pensional se evidenciaba con dos
condiciones, a saber: (i) la ventaja irrazonable, fundada en una vinculación
precaria del beneficiario de la pensión; y (ii) el incremento excesivo de la
mesada pensional derivada de la sentencia atacada».

De tal modo, se concluye que el recurso extraordinario de revisión si
constituye el mecanismo idóneo y eficaz para controvertir las sentencias de
las autoridades judiciales accionadas y procurar la protección de los
derechos fundamentales de la UGPP, alegados como desconocidos en la
solicitud dentro del proceso ordinario.

Por lo tanto, para la Sala es claro que en el presente caso no se cumple con
el requisito de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, por cuanto la UGPP
puede hacer uso de un mecanismo de defensa judicial diferente a la solicitud
de amparo constitucional, como lo es el recurso extraordinario de revisión
previsto en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la
Ley 797 de 2003.

En consecuencia, se confirmará el fallo de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

9
En la Sentencia SU-631 de 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional, indicó que “El
carácter palmario del abuso del derecho debe ser identificado por el juez de tutela al
momento de hacer el análisis de procedencia de la acción de tutela. No solo debe advertir (i)
que el ejercicio del derecho pensional pudo haber desbordado los límites que le impone el
principio de solidaridad del sistema de seguridad social –caso en el cual no debe perder de
vista que la acción de tutela será, en principio, improcedente ante la existencia del recurso
de revisión-, sino además (ii) constatar que la ventaja irrazonable que generó pone en un
riesgo inminente a los demás afiliados del sistema de seguridad social, con ocasión de una
anomalía en la interpretación judicial, en relación con la cual CAJANAL no pudo ejercer su
derecho de defensa y la UGPP se encuentra obligada a hacer erogaciones cuantiosas que,
por su carácter periódico, atentan contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, de
manera actual”.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU 114 del 8 de noviembre de dos mil dieciocho (2018),
M.P. Alberto Rojas Ríos

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III. FALLA

PRIMERO: Deniégase el decreto de la medida cautelar solicitada por el
accionante.

SEGUNDO: Confirmase la sentencia del 16 de enero de 2025, proferida por
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró
improcedente acción de tutela promovida por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.

TERCERO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los 10 días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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