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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05914-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05914-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00 Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05914-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: YUDY YANNETH ÁLVAREZ COPETE
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente por no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Yudy Yanneth Álvarez
Copete contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Laseñora Yudy Yanneth Álvarez Copete solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al trabajo, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 31 de julio de 2024, proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, dentro del proceso disciplinario identificado con el núm. único
de radicación 2700125-02-000-2021-00097-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Manifestó que labora en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó desde
el 12 de febrero de 2009.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

2.2. Señaló que “[…] ocasión a la pandemia por covid 19 en el año 2021, me fue
abierta investigación disciplinaria fundamentada en la compulsa de copias del
Tribunal Superior de Quibdó, de radicado 27001250200020210009700, por la
posible mora en la notificación de tres (3) acciones de tutela […] y en el envío a la
Corte constitucional para una eventual revisión […]”.

2.3. Agregó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó, mediante
sentencia de 24 de agosto de 2023, “[…] decidió sancionarme con la suspensión
de mi cargo sin recibir salario por el término de un (1) mes, por transgredir lo
previsto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 (hoy 242 de la Ley 1952 de
2019), en concordancia con los artículos 153, numeral 15 y 154 numeral 2°, y el
principio de eficiencia del artículo 7° de la Ley 270 de 1996, e incurrir en falta
grave culposa […]”.

2.4. Refirió que a través de su apoderado presentó recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia.

2.5. Indicó que, mediante providencia de 31 de julio de 2024, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial “[…] decidió declarar desierto el recurso de apelación en
atención a que el mismo fue presentado en forma extemporánea, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 1952 de 2019, así como en el 132 y
134 de la norma en comento. […]”.

2.6. Mencionóque la providencia señalada supra vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al trabajo por las siguientes razones:

“[…] Sea lo primero precisar, que el sustento legal en el que se fundamenta la
decisión en cuestión, adolece de la aplicación integral de las normas en
materia disciplinaria, por las razones que paso a explicar:

Como punto de partida es oportuno recordar, que el asunto en controversia se
tramitó bajo las reglas del juicio ordinario, conforme establece la Ley 1952
de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, disposición esta última que
no se tuvo en cuenta en la decisión objeto de reproche al momento de
contabilizar el termino de interposición del pluricitado recurso, la cual
solo se analizó a la luz del artículo 134 de la Ley 1952 de 2019,
omitiendo, se reitera, dar aplicación a la norma que lo modifica, sea
decir, la Ley 2094 de 2021, canon que en tratándose del trámite del
recurso de apelación, preceptúa:

[…]

De la norma trascrita se desprende, que el termino para incoar el recurso de
apelación contra las sentencias de primera instancia dentro de los procesos
disciplinarios adelantados por el juicio ordinario es de 10 días, contados a
partir del día siguiente a su notificación, así las cosas y teniendo en cuenta
que en el asunto de marras:

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

La fecha de expedición de la sentencia de primera instancia, data del 24
de agosto de 2023.
La fecha última de notificación a los sujetos procesales se efectuó el 25
de agosto de 2023
El término de 2 días que otorga la Ley 2213 de 2022, para que se
entienda surtida la notificación por correo electrónico.
Y los 10 días siguientes a la notificación del fallo de instancia.

Se tiene que, como disciplinada contaba hasta el 12 de septiembre de
2023, para la interposición del recurso de apelación, el cual fue
interpuesto el día 7 de septiembre de dicha anualidad, sea decir, dentro
del término que como se detalló estipula la ley, sin embargo, la
Comisión Nacional de Disciplina declaró desierto el recurso por
extemporáneo dejando de lado la precitada normatividad, con lo cual me
está violando no solamente el debido proceso, el derecho al trabajo sino
también el acceso a la administración de justicia, en virtud al hecho de
que no ha dado el trámite del precitado recurso. […]”. [Negrilla original del
texto].

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Por lo planteado, de manera atenta solicito a los Honorables
Magistrados, conceder el derecho al debido proceso, así como al trabajo
vulnerados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y se revoque la
decisión contenida en providencia de fecha 31 de julio de 2024, al ser
contraria a la ley y trasgredir mis derechos fundamentales arriba invocados.
[…]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 6 de noviembre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vinculó en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló, a través del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, que el asunto carecía de relevancia. Al
respecto señaló:

“[…] Con fundamento en lo expuesto, así como en lo dispuesto en el artículo
86 constitucional, en armonía con el Decreto 2591 de 1991, en el precedente
jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional sobre la materia y

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

comoquiera que la tutela no cumple con las exigencias generales de
procedencia, dado el incumplimiento del presupuesto de relevancia
constitucional en tratándose de providencias de una alta corte, se solicita al
Honorable Consejo de Estado, en su rol de juez de tutela, que declare la
improcedencia del amparo.

Del mismo modo, el escrito de tutela no demostró que la providencia de
segundo grado que cuestionó en sede de tutela hubiese incurrido en un
defecto procedimental, violación directa de la Constitución o falta de
motivación.

No obstante, de considerarse que es procedente el estudio de fondo, se pide,
de manera subsidiaria, que se deniegue el amparo deprecado en tanto no
existió vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor por parte
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con la providencia del 31 de
julio de 2024 dictada en el proceso nro. 27001 2502-000-2021-00097-01.
[…]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución7.

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
7
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”8 que encaje en
dichos parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. La señora Yudy Yanneth Álvarez Copete solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al trabajo, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 31 de julio de 2024, proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, dentro del proceso disciplinario identificado con el núm. único
de radicación 2700125-02-000-2021-00097-00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto al requisito de procedencia de relevancia constitucional, cabe recordar
que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental9 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.

8
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
9
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales11, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].

21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202214 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

11
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
12
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
13
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
14
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto].

22. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202315.

15
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales16.

24. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho
atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, en razón a que no realizó
“[…] aplicación integral de las normas en materia disciplinaria […]” porque al
analizar el término para interponer la apelación no se tuvo en cuenta el artículo 46
de la Ley 2094 de 29 de junio de 2021, según la cual el termino para apelar el
fallo disciplinario en primera instancia es de diez días.

26. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) no se satisfizo la carga mínima argumentativa
y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera
instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.

27. Enefecto, la Sala estima que no se cumple con el requisito general de
relevancia constitucional porque el escrito de tutela carece de la carga mínima
argumentativa, en razón a que la accionante no identificó el defecto en el que se
habría incurrido.

28. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de
tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como
instancia adicional o de revisión del proceso.

29. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de
tutela, dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia

16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el
cumplimiento de una carga mínima argumentativa que habilite un examen de
fondo del caso. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022 señaló lo siguiente:

"[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”17. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]". [Negrilla fuera del texto].

30. En ese orden de ideas y, siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
citada sentencia, esta Sección considera que la controversia planteada en esta
ocasión carece de relevancia constitucional porque la accionante no satisfizo la
carga mínima argumentativa en el caso objeto de estudio.

31. Igualmente, se observa que los cuestionamientos realizados por la accionante
en el escrito de tutela fueron analizados y resueltos por la autoridad judicial
accionada en la decisión cuestionada:

“[…] 7. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

[…]

Problema jurídico a resolver

¿Resulta procedente declarar desierto el recurso de apelación presentado por
la abogada de confianza de la disciplinable, en contra de la providencia
sancionatoria de primera instancia, por cuanto fue sustentado de manera
extemporánea?

[…]

7.2.1. La declaratoria de desierto del recurso de apelación por falta de
presentación oportuna

Los recursos son medios de impugnación de las decisiones judiciales, es
decir, remedios procesales para controvertir el sentido de una providencia en
la medida en que resulte contrario a los intereses del recurrente18. Para tal
efecto, el ordenamiento jurídico ha dispuesto diferentes tipos de medios de
impugnación que bien podrían clasificarse en función de la finalidad que
persiguen.

17
Sentencia SU-074 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia C-282 de 2017: «En materia procesal, los recursos se conciben como garantías que
permiten a las partes sometidas a una controversia o litigio discutir sobre las decisiones y someterlas a un nuevo escrutinio,
por parte de la misma autoridad o por un superior jerárquico, con el objeto de obtener su revocatoria o modificación, acorde
con los intereses de quien los promueve y con miras a lograr la realización de los fines que se persiguen con cada
proceso».

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

El recurso de apelación, en particular, pretende la revocatoria total o parcial
de una decisión judicial. En el proceso disciplinario aplicable a los empleados
judiciales, el recurso de apelación y la oportunidad para ser interpuesto se
regula por el artículo 131 de la Ley 1952 de 2019 en los siguientes términos:

ARTÍCULO 131. Oportunidad para interponer los recursos Los recursos de
reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la
decisión hasta el vencimiento de los cinco (5) días siguientes a la notificación
respectiva.

Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos deberán
interponerse y, sustentarse en el curso de la audiencia o diligencia. Si la misma
se realiza en diferentes sesiones, se interpondrán en la sesión en la que se
profiera la decisión a impugnar.

A su vez, el artículo 132 ibidem dispone:

ARTÍCULO 132. Sustentación de los recursos. Quien interponga un recurso
expondrá las razones en que lo sustenta, ante el funcionario que profirió la
decisión y en el plazo establecido en el artículo anterior.

Si la sustentación no se presenta en tiempo o no se realiza en debida forma, el
recurso se declarará desierto.

También, el artículo 134 de la norma en comento, se refiere al recurso de
apelación así:

ARTÍCULO 134. Recurso de apelación. El recurso de apelación
procede únicamente contra las siguientes decisiones: la decisión que
niega pruebas en etapa de juicio, la decisión de archivo, la decisión que
finalice el procedimiento para el testigo renuente y el quejoso temerario, y
el fallo de primera instancia.

En el efecto suspensivo se concederá la apelación de la decisión de
archivo, del fallo de primera instancia y de la decisión que niega
totalmente la práctica de pruebas si no se han decretado de oficio.

Cuando se niegue la totalidad de las pruebas y se decreten de oficio, o la
negación de pruebas a solicitud del disciplinado sea parcial, se
concederá en el efecto devolutivo.

De acuerdo con la norma trascrita, el recurso de apelación solamente procede
contra las decisiones expresamente previstas en ella, esto es, i) la decisión
que niega pruebas en etapa de juicio, ii) la decisión de archivo, iii) la decisión
que finalice el procedimiento para el testigo renuente y el quejoso temerario y
iv) el fallo de primera instancia.

Por otra parte, la apelación puede proponerse de manera principal o
subsidiaria al recurso de reposición, y se concede por regla general en el
efecto suspensivo, salvo norma legal en contrario.

Del propio modo, la concesión o rechazo es una decisión que se debe
adoptar de plano por la primera instancia. En concreto, el rechazo solo
procede en los casos de falta de sustentación y presentación extemporánea,
caso en el cual, es como si el recurso ni siquiera fuera presentado realmente.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

[…]

7.2.2. Caso concreto

En el caso objeto de estudio, una revisión cuidadosa de la presentación del
recurso de apelación por parte de la abogada de confianza de la empleada
disciplinada le permitió a la Comisión establecer que no se presentó
oportunamente como pasará a explicarse:

En primer lugar, se tiene que la sentencia de primera instancia, data del 24 de
agosto de 2023, la cual fue notificada por correo electrónico del 25 de agosto
de 2023: i) a la empleada judicial investigada, ii) al representante del
Ministerio Público y iii) y a la abogada de confianza de la disciplinable como
se puede ver:

[…]

Seguidamente, la apoderada de la disciplinada, el 7 de septiembre de 2023,
allegó correo electrónico comunicando que presentaba recurso de apelación,
como se evidencia en la siguiente imagen

[…]

Debe tenerse en cuenta, que milita en el plenario informe secretarial del 13 de
septiembre de 2023, en el cual, la secretaria general de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Chocó suministró información a la
magistrada ponente sobre los términos y fechas de la sentencia, su
notificación y la interposición del recurso de apelación así:

[…]

Nótese que la constancia secretarial que se ha traído a colación pone de
presente las siguientes fechas:

[…]

1. 24 de agosto de 2023 (fecha de expedición de la sentencia recurrida).

2. 25 de agosto de 2023 (fecha de última notificación)

3. 28 y 29 de agosto de 2023 (término de dos días que concede la Ley 2213
del 13 de junio de 2022 para que se entienda surtida la notificación por correo
electrónico.

4. 5 de septiembre de 2023 (quinto día después de surtida la notificación y en
el cual fenecía el término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia)

5. 7 de septiembre de 2003 (fecha de interposición del recurso de apelación
por parte de la apoderada de la investigada)

Lo anterior, se visualiza fácilmente a través de la siguiente línea de tiempo:

[…]

13

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

Así las cosas, esta Comisión observa que de acuerdo con las fechas traídas a
colación, el término con el que contaba la disciplinada y/o su apodera de
confianza para interponer el recurso de apelación, fenecía el día 5 de
septiembre de 2023, de acuerdo con las normas citadas en precedencia, y la
defensora de la empleada judicial, solo lo interpuso hasta el 7 de septiembre
de esa anualidad, por lo que a todas luces fue presentado de manera
extemporánea, lo que impone a esta instancia la obligación de declarar el
mismo como desierto.

Ahora, en cuanto a la posibilidad de surtir el grado jurisdiccional de consulta,
si bien la decisión de primera instancia resultó ser desfavorable a los
intereses de la investigada, en la medida en que la declaró disciplinariamente
responsable, esta instancia no puede pasar por alto que dicha decisión fue
apelada de forma extemporánea, razón por la cual no se cumple con uno de
los requisitos necesarios para revisar la providencia, en grado jurisdiccional
de consulta, de conformidad con la posición sentada por esta colegiatura en
tratándose del régimen disciplinario de los abogados, lo cual resulta aplicable
al caso que nos convoca.

Así las cosas, en el evento en que el sujeto procesal facultado radique el
recurso, pero este no sea concedido, bien sea porque fuere presentado de
manera extemporánea, o no hubiese sido sustentado oportunamente, no se
activa el grado jurisdiccional de consulta, pues, según los presupuestos
legales referidos, esta sólo se inicia cuando existe un silencio total dentro de
la oportunidad legal para radicar el recurso de apelación. […]”. [Negrilla
original del texto].

32. Finalmente, se observa que la decisión judicial objeto de controversia fue
proferida por una Alta Corte, por lo que conforme a las sentencias SU-917 de
2010 y SU-573 de 2017, la acción de tutela únicamente procede cuando la
providencia controvertida “[…] riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional […]”, lo cual no ocurre en el caso objeto de estudio.

33. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05914-00
Accionante: Yudy Yanneth Álvarez Copete

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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