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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05915-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05915-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 5 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05915-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez
Demandados: Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otros1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocado: i) Acceso a la administración de justicia, ii)
dignidad humana, iii) seguridad social, iv) igualdad; y v) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de
5 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala
y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Administradora Colombiana de Pensiones y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 8 de octubre de 20212, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 11001-33-35-022-2018-00274-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Expuso que, presentó demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones núms. GNR
286244 del 30 de octubre de 20133, GNR 308447 del 3 de septiembre de 20144, SUB
234798 del 24 de octubre de 20175; y DIR 2022 del 30 de enero de 20186.

4. El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de
21 de marzo de 2019, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de octubre de 2021, resolvió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de marzo de dos
mil diecinueve (2019) por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, por medio de la cual negó súplicas de la demanda, de conformidad con las
consideraciones de la presente decisión.

2 La Sala al revisar los argumentos jurídicos expuestos por la actora en su escrito de tutela, evidencia que van
dirigidos exclusivamente a controvertir la sentencia de 8 de octubre de 2021 proferida por la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que la Sala no emitirá pronunciamiento alguno
frente a la Administradora Colombiana de Pensiones y el Instituto Nacional Penitenciario.
3 Reconoce el pago de la pensión de vejez.
4 Reliquida parcialmente la pensión reconocida.
5 Niega la reliquidación de la pensión de vejez.
6 Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y confirmó la negativa.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, se
condena en costas en esta instancia a la parte accionante según lo señalado en
precedencia;
para tales efectos, se fija como agencias en derecho el valor de doscientos mil pesos
moneda legal ($ 200.000 M/L). Liquídense por secretaría del juzgado de primera
instancia.

TERCERO: Reconocer personería a la abogada Vivian Steffany Reinoso Cantillo,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.444.540 expedida en Bogotá, y
portadora de la tarjeta profesional No. 250.421 del C. S. de la J., como apoderada
sustituta de Colpensiones, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido.
Seguidamente, se acepta la renuncia presentada por la mentada profesional del derecho,
conforme a memorial visible a folios 233 y 234 del expediente.

CUARTO: Una vez en firme, devuélvase el expediente al juzgado de origen, previas las
constancias secretariales correspondientes, y en el sistema de gestión judicial SAMAI
[…]”.

6.Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] De acuerdo con lo anterior, el juez de primera instancia negó las pretensiones de la
demanda considerando que Colpensiones liquidó la prestación de la accionante incluso
de forma más favorable a la que le correspondería, pues tomó el promedio del último año
de servicios, cuando debió calcularse conforme a los diez (10) años anteriores al
reconocimiento.

Por su parte, el apoderado de la demandante apeló la anterior decisión para cuestionar
lo relacionado con la no inclusión de la prima de riesgo como factor computable en la
pensión de vejez de la demandante. Así las cosas, el debate planteado se circunscribe a
establecer si la prima de riesgo devengada por la demandante constituye factor salarial
que deba tenerse en cuenta para la reliquidación pensional pretendida.

En esta medida, se debe indicar que la prima de riesgo fue consagrada en el Decreto 446
de 24 de febrero de 1994, por el cual se establece el régimen prestacional de los
servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC, como una
prestación sin carácter salarial a favor de dichos servidores […]”.

“[…]

“[…] Lo anterior se sustenta igualmente en el criterio expuesto por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en sentencia de 27 de septiembre de 2018, cuando determinó en
relación con la normativa referida que: “no constituyen factor salarial: la prima de
instalación y alojamiento, según lo señala el artículo 5; la prima de capacitación, como lo
establece el artículo 6; la prima de clima, según lo determina el artículo 8; la prima
extracarcelaria, como lo dispone el artículo 9; la prima de seguridad, según lo ordena el
artículo 10; la prima de riesgo, como lo manda el artículo 11; la prima de vigilantes
instructores, según lo señala el artículo 12; y el subsidio familiar, como lo preceptúa el
artículo 15”.

Aunado a lo dicho, y teniendo en cuenta que la Ley 32 de 1986 no contempló los factores
a tener en cuenta para la liquidación de la pensión, se debe atender la remisión que hacen
los artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, los cuales señalan
que, en los aspectos no previstos en ellas, se aplicarán las normas vigentes para los
empleados públicos nacionales.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

No obstante, la normativa vigente para esa época era la Ley 33 de 1985, disposición que
excluía expresamente a los servidores cobijados por regímenes especiales, como los
miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, por lo tanto, ante la ausencia de
norma expresa, se debe acudir a los factores establecidos en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, en los cuales no se relaciona la mencionada prestación, dado que el
momento de la creación legal se dio con posterioridad a través del Decreto 446 de 24 de
febrero de 1994 […]”.

[…]

“[…] Bajo estos supuestos, se observa que, si bien la demandante devengó en el último
año de servicios la prima de riesgo, no hay lugar a su inclusión como factor salarial […]”.

[…]

“[…] En tal sentido la sala concluye que, la señora Beatriz Saavedra Suárez no tiene
derecho a que se le reliquide la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo
con la inclusión del factor de prima de riesgo, en consideración a que el aludido factor,
por ley carece de naturaleza salarial; además, no es computable de conformidad con lo
establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, y sobre el mismo tampoco se
efectuaron aportes al sistema de pensiones28, como lo ha establecido la jurisprudencia
del Consejo de Estado:

“Además, la determinación legal de que una prestación tenga carácter salarial computable
como factor pensional implica que sobre él se efectúen los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones, condición que se sustenta en el artículo 1 y 48 de la Constitución
Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales
del Estado Social de Derecho, aspecto que fue inobservado por el Tribunal Administrativo
del Meta al momento de proferir el fallo de segunda instancia de fecha 8 de abril de 2014”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7.La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con fundamento en los Hechos y Derechos anteriormente relacionados en la
presente Acción Constitucional, solicito de los Señores Magistrados, disponer y ordenar
a la parte accionada y a favor de BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ, lo siguiente:

1. Tutelar los Derechos Fundamentales a la i)Dignidad Humana, a la ii) igualdad, al iii)
Debido Proceso, por violación al Principio de Seguridad Jurídica, de legalidad, vulnerado
por las Vías de Hecho del Estado, iv) a la Seguridad Social, v)al Acceso a la
Administración de Justicia; por desconocimiento del Orden Jurídico, de los Principios
Generales del Derecho, a los Derechos Humanos de los diferentes Tratados de Derecho
Internacional en materia laboral ratificados por el Gobierno Colombiano y en especial por
el Desconocimiento de la Constitución Política de Colombia, la Primacía de la
Constitución del Art. 4, por configurándose un FALSO POSITIVO JUDICIAL
ADMINISTRATIVO por la sistemática violación de derechos fundamentales y por el
desconocimiento del Precedente Constitucional de la reciente Sentencia T-012/22 de la
Corte Constitucional, de BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ, en consecuencia

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

2. Que se respete el Status Pensional de BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ el cual data
del 29/10/2012, toda vez que su ingreso a la institución fue mucho antes de la entrada en
vigencia del Dto. 2090/03, por ende, le corresponde una liquidación con régimen especial
y nomas especiales, no de ley 100.

3. Que se declare la Nulidad por defecto sustantivo o material de los Actos Administrativos
GNR 286244 30 OCT 2013 (concede Pensión), GNR 308447 03 SEP 2014 (Reliquida),
GNR 283312 16 SEP 2015 (niega reliquidación), SUB 234798 24 OCT 2017 (niega
reliquidación), DIR 2022 30 ENE 2018 (confirma) todas de COLPENSIONES,
especialmente en lo que tiene que ver con la forma de liquidación de la Pensión, por falsa
motivación al ser contrarias a Derecho, por desconocer los Principios Generales del
Derecho en especial los estudiados en la Sentencia T-012/22 de la Corte
Constitucional, los Derechos Fundamentales y los DDHH, por la inobservancia del
Orden Jurídico y del inciso 7 y del Parág. 5 del Art. 48 de la Constitución Política de
Colombia, la cual es Norma de Normas y prevalece sobre cualquier norma o tipo de norma
jurídica en virtud del Art. 4 ibídem, en consecuencia,

4. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocar el fallo de fecha
08/10/2021 en los mismos términos y en la misma forma, por ser casos idénticos en fondo,
forma y materia, al caso estudiado por la Corte Constitucional en Sentencia T-012/22
de la Sra. Cristina, al estar en las mismas condiciones de derecho y situación
laboral e idéntica problemática pensional y de liquidación y se conceda la
reliquidación de la pensión a BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ, conforme a derecho con
todos los factores salariales de que trata el Art. 45 del Dto. 1045/78 inclusive, al ser
mandato Constitucional del Parág. 5 del Art. 48.

5. Que se ordene la Reliquidación de la Pensión de BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ a la
luz de la Nueva Jurisprudencia de la Corte Constitucional Sentencia T-012/2022 y de
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, al configurase un Defecto Material
Sustantivo, por desconocimiento de los Principios Generales del Derecho, el
Ordenamiento Jurídico, lo ordenado por la Propia Constitución en el inciso 7 y Parág 5
del Art. 48, por Primacía de la Constitución en virtud del Art. 4 y por desconocimiento del
Precedente Constitucional de la Sentencia T-012/22 de la Corte Constitucional y la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta Radicados 50 001 33 33 005 2021 -
00015 01 del 30/11/2023 y 50 001 33 33 007 2018 – 00277 01 del 28/09/2023, al
prevalecer el principio de favorabilidad y no haber cosa juzgada de cara al derecho
irrenunciable a la seguridad social y por la sistemática violación de derecho
fundamentales.

6. Que se Ordene reliquidar la pensión de vejez de BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ en
derecho es decir con el 75% sobre el promedio de lo cotizado (o sobre lo cual debió cotizar
el INPEC) en el último año de servicio, esto es del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre
de 2013, los cuales son: sueldo, subsidio de alimentación, subsidio de transporte y
doceavas partes de la bonificación por servicios, la prima de servicio, la prima de navidad
y la prima de vacaciones, se incluirá igualmente, el sobresueldo, la prima de riesgo y la
prima de coordinación, es decir con todos los factores del Art. 45 del Dto. 1045/78.

7. Que se ordene la reliquidación de la pensión con el régimen especial en virtud del Art.
6 del Dto. 2090/04 por haber tenido más de 500 semanas de cotización a la entrada en
vigencia del precitado decreto, pues sumaba más de 554 semanas, toda vez que el
ingreso fue el 29/10/1992 y este entró en vigencia el 26/07/2003.

8. Que se ordene a COLPENSIONES la reliquidación, el pago y la cancelación del
correspondiente retroactivo, con ocasión a la nueva reliquidación, nivelación o reajuste
de la mesada pensional, por el tiempo de causación de la misma.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

9. Que se condene al INPEC por no haber hecho las cotizaciones correspondientes a la
pensión, una vez entró en vigencia el Acto Legislativo 01/05, para todos aquello
funcionarios que ingresaron antes de la entrada en vigencia del Dto. 2090/03 y por
continuar cotizando a un mismo fondo común y no hacer la separación correspondiente
para los funcionarios de régimen especial, que se le cobre este bono pensional pues esta
era una responsabilidad del Empleador INPEC no de BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ
[…]”.

8. La actora en su escrito de tutela señaló que la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal de Cundinamarca incurrió en un “[…] defecto sustantivo en relación con la
fuente formal y en torno al método de interpretación, al aplicarse unas normas que no
corresponden al caso […]”.

9.En ese orden de ideas, expresó que:

“[…] Que, procede la presente la Acción de Tutela, al verse vulnerado los Derechos
Fundamentales BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ, al ser evidentes las falencias
incompatibles con la Constitución, las irregularidades procesales, el error material o
defecto sustantivo en relación con la fuente formal y en torno al método de
interpretación, al aplicarse unas normas que no corresponden al caso, por ser el único
medio de defensa, por Principio de Imprescriptibilidad de la Seguridad Social que permite
la reliquidación de la pensión y por configurarse un Falso Positivo Judicial
Administrativo por la violación sistemática y generalizada de los derechos
fundamentales y desconocimiento del Precedente Constitucional de la Sentencia
T-012/22 de la Corte Constitucional, dadas las idénticas circunstancias que
presenta el Sr BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ, con el caso estudiado por la Corte
Constitucional en la precitada sentencia […]”.

[…]

“[…] Que con la Sentencia T-012 del 21/01/2022 M.P.: ALBERTO ROJAS RÍOS, la Corte
Constitucional se pronunció respecto a las Pensiones del Personal del CCVPCN del
INPEC4, precisando que el Tribunal Administrativo del Meta, incurrió en un Defecto
Sustantivo por exigir el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Decreto Ley 2090/03
y la Ley 100/93, en vez de las establecidas en el Parág. 5º del Art. 1° del Acto Legislativo
01 de 2005, a efectos de aplicar la Ley 32/865 y adoptar decisiones incorrectas por la
indebida interpretación del Ordenamiento Jurídico e inadecuada aplicación de las Normas
Constitucionales, Legales y demás fuentes del Derecho al caso concreto…6, resaltando
que en materia de Derecho Laboral los Art. 53 de la Constitución y 21 del Código
Sustantivo Laboral, establecen como principios más favorables al trabajador el de
Favorabilidad e In Dubio Pro Operario.

16. Que igualmente el Tribunal Administrativo del Meta. Sala de Decisión Oral 1. MP:
CLAUDIA PATRICIA ALONSO PÉREZ. Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y
Restablecimiento del Derecho.

Demandante Luis Arnulfo Rey Rey. Radicado 50001 33 33 005 2021 00015 01 del
30/11/2023.

Decisión. Revocar … Declara Nulidad … a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a COLPENSIONES, que reliquide la pensión del accionante, en la forma
indicada en las consideraciones de esta sentencia, con el 75% del promedio salarial

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

devengado durante el último año de servicios (1 de enero a 30 de diciembre de
2018), incluyendo como factores salariales la ASIGNACIÓN BÁSICA son la
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES,
SOBRESUELDO, AUXILIO DE TRANSPORTE, SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN y
PRIMA DE NAVIDAD.

Que tanto el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de la Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá, D.C., como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconocieron, la
Constitución, los Derechos Fundamentales, los Principios Generales del Derecho, el
Ordenamiento Jurídico y el Derecho Sustancial, entre otros derechos, de BEATRIZ
SAAVEDRA SUAREZ.

18. Que mediante la Sentencia T-012/22 de la Corte Constitucional le fueron restituidos
los derechos pensionales a la Sra. Cistina Ardila Garzón, con quien el BEATRIZ
SAAVEDRA SUAREZ está en igualdad de condiciones y derechos al ser igualmente de
régimen especial, haber laborado en el mismo instituto INPEC, inclusive con un grado
más alto, con la diferencia que mi cliente se posesionó el 29/10/1992 en tanto la Sra.
Cristina el 5/1/1995 es decir mi cliente es más antigua pues ingresó tres (3) años antes
que la susodicha por tanto le asiste mejor derecho.

19. Que, a la luz de la nueva jurisprudencia de la Corte Constitucional la T – 012 de
2022, se están violando los derechos fundamentales, toda vez que son idénticas las
situaciones y circunstancias que presenta el caso de BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ con
el caso estudiado de la Sra. Cristina por la Corte Constitucional en la precitada sentencia
[…]”.

[…]

“[…] Que a la luz de la nueva Jurisprudencia Sentencia T-012/22 de la Corte
Constitucional, la pensión de BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ, se ve notablemente
disminuida en comparación con la de la Sra. Cristina (caso estudiado en la Sentencia T-
012/22), por una falsa liquidación, que no corresponde a Derecho, al ser liquidada con
una ley general, cuando a todas luces debe ser liquidada con leyes especiales, pues
igualmente era del personal de régimen especial del INPEC y laborar en la misma
institución, pero sobre todo porque así lo precisa la Constitución en el Parág. 5 del Art. 48
para quienes ingresaron antes de la vigencia del Dto. 2090/03 […]”.

Actuación

10.El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante auto de 6 de noviembre de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii)
ordenó notificar a los magistrados de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a la Administradora Colombiana de Pensiones y al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; y iii) vinculó como tercero con interés
legítimo, al Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, concediéndoles el
término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

11. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones señaló que:

“[…] Así pues, debe tenerse en cuenta que decidir de fondo las pretensiones del accionante
y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, pero además
excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó vulneración a
derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger
derecho alguno […]”.

12. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adujo que:

“[…] En primer lugar, no se acredita el requisito de inmediatez, como quiera que de
acuerdo con el contenido de la acción de tutela, la parte accionante pretende controvertir
las providencias de primera y segunda instancia que fueron proferidas por el Juzgado
Veintidós (22) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y por esta corporación, el
21 de marzo de 2019 y el 8 de octubre de 2021, respectivamente, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación No. 11001-33-35-022-2018-
00274-01.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sido consistente en afirmar que si bien esa cierto
la acción de tutela se puede interponer en todo momento, pues no tiene término de
caducidad, también lo es que se debe presentar en un término razonable y
proporcionado, a partir del hecho que generó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales […]”.

13.El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario manifestó que:

“[…] Se informa que, la dependencia en ningún momento ha vulnerado derechos fundamentales
de BEATRIZ SAAVEDRA SUAREZ, de igual forma, cabe informar que el INPEC realizó las
acciones necesarias que le competen como empleador según la normatividad vigente, artículo
22 de la ley 100 de 1993 que ordena:

“…El empleador será responsable del pago de su aporte del aporte de los trabajadores a su
servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el
monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado
por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con
las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno
[…]”.

14.El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá afirmó que:

“[…] Una vez analizado el expediente, se logró concluir que este Despacho no vulneró
los derechos fundamentales de la accionante, dado que la decisión objeto de
controversia se emitió con estricta observancia de las normas sustantivas y procesales
aplicables, así como de la jurisprudencia vinculante, garantizando el respeto al debido
proceso y a las formas propias del juicio. En este sentido, la acción de tutela deviene

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

improcedente como mecanismo para controvertir providencias judiciales debidamente
ejecutoriadas, al no acreditarse la tanto, se solicita declarar la ausencia de
responsabilidad por parte del Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito
de Bogotá respecto de los hechos que fundamentan la presente acción […]”.

La sentencia impugnada

15.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de
tutela, en primera instancia, el 5 de diciembre de 2024, por medio de la cual resolvió lo
siguiente:

“[…] Primero: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con
los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia […]”.

16.Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En el caso concreto la sentencia del 8 de octubre de 2021 fue notificada el 13 de
octubre de 2021, motivo por el cual quedó ejecutoriada el 21 de octubre de 2021,
mientras que la acción de tutela se radicó el 31 de octubre de 2024.

En ese sentido, no se evidencia que la parte accionante haya justificado el amplio lapso
transcurrido desde la fecha de ejecutoria de las providencias que pretende cuestionar a
través de la acción de tutela, motivo por el cual es necesario concluir que la presente
acción no cumple con el requisito de inmediatez.

Al respecto, con base en la jurisprudencia constitucional, se advierte que la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el momento
en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del
tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de la
sentencia.

En la acción de tutela objeto de estudio no se expuso ningún argumento que justifique la
tardanza en la interposición del amparo, por lo que es importante reiterar que el juez
constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de derechos
fundamentales, que requiere medidas urgentes, inaplazables e inmediatas el titular del
derecho afectado debe procurar su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora
excesiva e injustificada para controvertir una decisión judicial pone en tela de juicio la
urgente necesidad de la protección constitucional que se puede obtener vía acción de
tutela y, antes bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en caso de
existir un derecho reconocido a una contraparte procesal […]”.

La impugnación

17. La actora7, obrando mediante apoderado, impugnó la sentencia proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado por las siguientes razones:

7 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

“[…] Declarar improcedente la acción de tutela por el requisito de inmediatez, el cual no
es un principio sino un requisito añadido a la acción de tutela.
Lo anterior denota que al consejo de estado no le interesa la vulneración de los derechos
fundamentales de los ofendidos, ni solucionar el problema jurídico planteado,
excusándose en un requisito formal más no sustancial, desconociendo el problema
jurídico planteado, que actualmente perjudica a una gran parte del personal de custodia
y vigilancia del Inpec, que se encuentran en la misma situación que Beatriz Saavedra
Suarez, pese al cambio de jurisprudencia por parte de la sala plena del tribunal del meta.

Considero el fallo irracional, opuesto a la razón, ilógico, irrazonable, como si no se tuviera
conocimiento de las cosas ni del tema del que se trata, al no ajustarse a derecho y
desconocer el ordenamiento jurídico, los principios generales del derecho y la propia
constitución política de Colombia, al darle mayor relevancia jurídica al requisito de
inmediatez que a la vulneración del derecho fundamental irrenunciable de la seguridad
social y declarar la improcedencia de una acción constitucional de tutela.

Se declara improcedente la acción de tutela instaurada por el requisito de inmediatez, es
decir que se persiste la vulneración de derechos fundamentales, configurándose un
FALSO POSITIVO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO por la sistemática violación de
derechos fundamentales por parte de las instituciones del estado, pues es absurdo desde
todo punto de vista pensarse que prevalece este requisito de inmediatez de cara a una
derecho fundamental de carácter irrenunciable, imprescriptible e inalienable como es la
Seguridad Social, cuando prima la Constitución ante cualquier norma jurídica (Art. 4),
máxime que la Jurisprudencia ha cambiado, lo que denota un error por parte de la tribunal
del meta al confirmar el fallo de primera instancia.¿, cuando a todas luces ya cambió su
postura frente al tema como lo podemos observar en la sentencia Radicado 50 001 33 33
008 2018 – 00317 01 del 2/2/2023 correspondiente al Sr Ruiz Cabanzo Juan Carlos citada
en la tutela.

El fallo no precisa por qué prevalece el requisito de inmediatez de cara a los principios de
seguridad social, de primacía de la constitución política sobre las demás normas, al
principio de Inescindibilidad, del principio de la primacía de la realidad, del principio de
primacía de la ley especial sobre la general, principio de unidad de materia, el principio
de favorabilidad en materia laboral, entre otros principios […]”.

[…]

“[…] Mientras persista la violación de derechos fundamentales como en el presente
asunto no puede hablarse requisito de inmediatez, este fenómeno es irrelevante en virtud
del Art. 4 de la Carta Magna y menos en tratándose de un derecho fundamental de
carácter irrenunciable, imprescriptible e inalienable, como lo es la Seguridad Social Art.
48, por tanto, la tutela debe admitirse, estudiarse y fallarse en derecho, tampoco es una
causal de improcedencia […]”.

[…]

“[…] El requisito de inmediatez no es un principio y mucho menos absoluto, es relativo
máxime en tratándose de un derecho fundamental de carácter irrenunciable el cual ha
sido atacado desde la misma concesión del derecho para que el esta venga a decir que
por el paso del tiempo se ha perdido el interés en el asunto cuando a todas luces se ha
reclamado desde la misma concesión del derecho en la reliquidación de la pensión con
leyes especiales como corresponde y como lo ordena la constitución.

El consejo de estado debe dejar en claro por qué el requisito de inmediatez está por
encima de la Constitución Política de Colombia art. 4 y de los Derechos Fundamentales

11

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Actora: Beatriz Saavedra Suárez

de las personas especialmente el derecho irrenunciable la seguridad social de Beatriz
Saavedra Suarez, donde esta precisada o normada esta situación […]”.

[…]

“[…] El requisito de inmediatez es flagrante de una violación directa a la Constitución,
toda vez que el Parág 5 del Art 48 de la Constitución Política de Colombia es claro
respecto del régimen especial de pensión que tiene Beatriz Saavedra Suarez.

El requisito de inmediatez es irrelevante en el presente asunto mientas persista la
violación de derecho fundamentales, pues no se le respetó el Status de Pensionada de
la funcionaria al más de 500 semanas de cotización a la entrada en vigencia del precitado
decreto, pues sumaba más de 554 semanas, toda vez que el ingreso fue el 29/10/1992
y este entró en vigencia el 26/07/2003 […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los
artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política;
en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 9 y con
el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201910, que asigna a esta sección
el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta
de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio,
para prevenir un perjuicio irremediable.

8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
9 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actora: Beatriz Saavedra Suárez

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito
general de procedencia de la inmediatez.

21.Para resolver el anterior problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i)
procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii)
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la dignidad humana; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho a la seguridad social; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho a la igualdad; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso, viii) análisis del caso concreto y finalmente las ix)
conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez
Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena 11, en
sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el
estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias
judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias
de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina
judicial.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

23.Esta Sección adoptó12 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-
590 de 8 de junio de 200513, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los
demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii)
el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio
irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una
irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v)
la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el
proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

25.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración
de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en
primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo
término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los
defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la
decisión”14 que encaje en dichos parámetros.

26.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de
procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
13 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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27.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela en el caso concreto

28.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez como requisito general
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la
sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional16.

Acerca del requisito general de procedencia de inmediatez dentro del marco de la
acción de tutela

29.Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 17 estableció que la
acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia SU-
961 de 199918 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de
tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo
está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal
modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse
de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta
no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción […]”.

30.Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general de
procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales en sentencia de unificación dijo:

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
16 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
18 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

15

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“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la
acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado
como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general
del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido
considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se
trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]19.

31.Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, es posible advertir que la acción
de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis meses
siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar el cumplimiento
del requisito general de procedencia de inmediatez.

32.Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho20:

“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de abril
de 200821, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno de la
inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era necesario
examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que
justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de amparo la
constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de un sujeto de
especial protección o de una persona que se encontrase en una situación de
especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable.[…]”.

33.De igual manera frente al tema y concretamente cuando se trata del reconocimiento
de prestaciones periódicas, esta Sección ha dicho22:

“[…]…la Sala (Expediente nro. 2013-02423-0123, Actora: Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-),
concluyó que “[…]siempre que se trate de una acción de tutela contra providencia
judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de
inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
20 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de 2018, C.P
María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014,
C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-03-15-000-2013-02423-01.

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que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual,
pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia

34. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de acceso a la
administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas de
poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de
naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la
determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías
sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana

36.Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general
[…]”. (Resaltado por la Sala).

37. Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha establecido que el derecho a la
dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su objeto

24 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
25 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación con el
primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y diferenciables: i) la
dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de
determinarse según sus características; ii) la dignidad humana entendida como ciertas
condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la dignidad humana como
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la integridad física y moral o, en otras
palabras, la garantía de que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier
forma de trato degrandante o humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la
funcionalidad de la norma, este Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho
a la dignidad: i) Es un valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado;
ii) constituye un principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho
fundamental autónomo […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

38.Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su
poder adquisitivo constante […]”.

39.De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la seguridad
social ha dicho lo siguiente:26

26 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio público
de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del
Estado27.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a
las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la
materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad
de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal
consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”28. Su
fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad humana en virtud del cual “resulta
posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les
obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente
recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos”29 […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

40.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

41.Atendiendo a que la Corte Constitucional30 ha entendido que el derecho a la igualdad
“[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre
los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el
carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso
de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de
discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las
leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la

27 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que
comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
28 Sentencia T-173 de 2016.
29 Ibídem.
30 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la
prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que
ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

42. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

43. Atendiendo a que, la Corte Constitucional31 ha definido el derecho al debido proceso,
como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de
las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado
derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro
del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada
juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas
el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al
debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material
de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación
de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos
1° y 2° de la C.P) […]”.

31 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Análisis del caso concreto

44.La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 8 de octubre de 2021, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 11001-33-35-022-2018-00274-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

45.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa
de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

46.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código
General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda,
en relación con los problemas jurídicos planteados en el escrito de tutela y en la
impugnación.

Acervo y análisis probatorios

47.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

47.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 8 de octubre de
2021.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez

48. En el expediente está plenamente acreditado que i) la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la sentencia el 8 de

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Actora: Beatriz Saavedra Suárez

octubre de 2021, la cual quedó notificada el 15 de octubre de 202132; y ii) la actora
presentó la acción de tutela el 31 de octubre de 2024, es decir que, desde el 19 de
octubre de 2021 (día en el que empezaron a correr los términos una vez surtida la
notificación) a la fecha de presentación de la acción de tutela, el actor presentó la acción
de tutela por fuera del plazo razonable.

49.No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de inmediatez
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales debe ser analizado
en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales que permiten establecer un
plazo superior al determinado33, como por ejemplo en los casos donde se controvirtieren
asuntos sobre prestaciones periódicas, donde se deben verificar los requisitos antes
mencionados en la parte motiva de esta sentencia como lo son: “[…] que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese
a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y
ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. (Subrayado por la
Sala).

50.En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la pensión
de vejez constituye una prestación periódica y la presunta vulneración alegada es
continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal prestación le sea
reconocida.

51.En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta 34,
conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de 28 de
mayo de 201535, por medio del cual unificó su jurisprudencia en cuanto a la aplicación de

32 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles

siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Por
consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la providencia cuestionada se
envió el 13 de octubre de 2021, se entiende notificada personalmente el 15 de octubre de 2021 y los términos
comenzaron a correr a partir del 19 de octubre de 2021.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
34 Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta
con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte Constitucional: “La categoría
de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta Corporación, está constituida por aquellas
personas que, debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para
efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha considerado que entre los grupos de especial protección
constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales,
las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación
de extrema pobreza. “( Corte Constitucional, Sentencia T-979 de 19 de diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.)
35. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 28 de mayo de 2015,
C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-00001-01.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez en
estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a la “condición de
debilidad manifiesta”, en donde señaló que:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se
estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de prestaciones
periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se ha acudido al
citado lineamiento Jurisprudencial de manera invariable, para determinar si el
hecho de haber superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se
demuestre que la vulneración de los derechos permanece en el tiempo, esto es,
que es continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un
condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios
frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite
enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en
ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para proceder al
estudio de fondo.

[…]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad la
Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como lineamiento
único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del amparo constitucional
es un pensionado o persona que goza de Asignación de Retiro, que tal
condición no es per se circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida
cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales que permitan
concluir que el actor se encuentra en “la especial situación” que “convierte en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por
ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional
en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01,
Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias que
pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una ESPECIAL
SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus
derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas constituyan
taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de dicha lista al
pensionado, por tratarse de un sujeto de protección especial, conforme lo ha
determinado la Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de
los pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y
madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos,
ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados, entre

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05915-01
Actora: Beatriz Saavedra Suárez

otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten
eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a
la tutela para obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el solo
hecho de ser denominados sujetos de especial protección[…]”.

52. Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba sumaria,
que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad
por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección constitucional
contra la providencia que presuntamente violó sus derechos fundamentales invocados
supra, ni demostró que la providencia objeto de la acción de tutela no le hubiera sido
notificada en debida forma como hecho relevante que justificaba la tardanza en la
interposición de la acción y flexibilizar el término de inmediatez.

53. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de 201736,
reiteró la importancia del requisito general de procedencia de inmediatez en la acción
de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una
excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como tiempo
razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la acción de tutela en
el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido notificada la decisión
que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento
en la existencia de un hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de
la acción, circunstancia que no se observa en el presente caso.

54. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta
que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes
contados a partir de la notificación de la providencia.

Conclusiones de la Sala

55. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de
esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 5 de diciembre de 2024

36 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.

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Actora: Beatriz Saavedra Suárez

proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 5 de diciembre de 2024 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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