Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05916-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05916-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05916-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
9 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05916-01
Demandante: Bancóldex S.A.S
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05916-01
Demandante: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA - BANCÓLDEX
S.A.S
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defectos sustantivo y violación directa de la
Constitución
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada
por la parte actora, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra la sentencia
de 7 de febrero de 2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado, en la que resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 31 de octubre de 2024, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
igualdad y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, supuestamente vulnerados
por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.), acceso a
la administración de justicia (art. 229 C.P.), igualdad (art. 13 C.P.), seguridad jurídica
(Preámbulo y art. 83 C.P.), y el principio de legalidad (art. 6 C.P.), los cuales han sido
vulnerados por la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B el
28 de agosto de 2024, dentro del radicado No. 1100133350142020-000422-00,
correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH contra COLPENSIONES y BANCÓLDEX S.A.
TERCERO.- ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B proferir una nueva sentencia que garantice los derechos
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fundamentales vulnerados, y en la cual se confirme la sentencia del 18 de julio de 2022
proferida por el JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, en estricto
apego a la Constitución y la ley”.
2. Hechos
La parte demandante mencionó que el 30 de enero de 2018, el señor Andrés Espinosa
Fenwarth interpuso demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y el
Banco de Comercio Exterior de Colombia – Bancóldex S.A.S., con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación.
Indicó que la demanda le correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Cuatro Laboral
del Circuito de Bogotá bajo el radicado n.° 11001-31-05-034-2018-00036-00. Sin
embargo, el 4 de noviembre de 2020 en audiencia inicial se declaró probada la excepción
previa de la falta de jurisdicción y competencia, por lo que se procedió con la remisión del
asunto con destino a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo asignado por
reparto al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá con radicado n.° 11001-
33-35-014-2020-00422-00.
Relató que el 18 de julio de 2022, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Bogotá profirió sentencia por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, por
considerar que el demandante no era beneficiario del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y agregó que contra dicha decisión el señor Espinosa
Fenwarth interpuso recurso de apelación.
Refirió que el recurso de alzada fue asignado a la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien mediante providencia de 28 de
agosto de 2024 revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados.
Aludió que la decisión de segunda instancia otorgó a Colpensiones la facultad de ejercer
mecanismos tendientes a la recuperación de los montos adeudados por las
irregularidades causadas por Bancóldex, por concluir que era la encargada de emitir los
certificados y allegar los aportes pensionales del señor Andrés Espinosa Fenwarth.
Precisó que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó su decisión bajo la
premisa de que Colpensiones no tuvo en cuenta las doscientas veinte semanas
trabajadas por el señor Espinosa en el Ministerio de Relaciones Exteriores como
agregado comercial de la Misión Permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra por
el periodo comprendido entre 1989 a 1993, lo que afectó su historia laboral y, por ende,
el derecho a la prestación social.
3. Fundamentos de la acción
Expresó que el asunto goza de relevancia constitucional por cuanto la autoridad judicial
incurrió en graves errores que deben ser corregidos mediante la acción de tutela y
manifestó que la providencia reprochada incurrió en un defecto sustantivo, al haber
interpretado de manera errónea el marco normativo aplicable al caso, así como carece
de motivación al concluir sin justificación que debía asumir las obligaciones del Fondo de
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Promoción de Exportaciones - PROEXPO. Indicó que el error se deriva de la
interpretación incorrecta de las siguientes disposiciones:
• Decreto Ley 2016 de 1968, que en sus artículos 82, 83 y 84 establecía que los
agregados comerciales eran funcionarios especializados adscritos a la misión
diplomática que estaban subordinados por los jefes de la respectiva misión.
• Decreto 1175 de 1976 que en el parágrafo 1º del artículo 28 señalaba que los
agregados comerciales no tenían relación laboral con el Banco de la República ni
con PROEXPO.
• Ley 41 de 1975 que en su artículo 2º establecía que las prestaciones sociales de
los empleados del servicio exterior se liquidarían y pagarían con base en las
asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
• Decreto 10 de 1992 que dispuso que los agregados comerciales eran personal que
prestaba sus servicios en las misiones en el exterior y el Decreto 274 de 2000, a
través del que se estableció que las erogaciones de los agregados estarían a cargo
de Fiducoldex.
Al respecto, consideró que la autoridad judicial accionada se apartó del marco normativo
aplicable al caso e impuso una responsabilidad sin sustento jurídico, que lesiona el debido
proceso y afecta el principio a la seguridad jurídica de Bancóldex.
Mencionó que, en caso de lograr admitirse que la sociedad es responsable en el pago de
las sumas adeudadas, en virtud de la delimitación realizada por la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, quien mediante sentencia SL-437 de 2018, sostuvo que “(…)
por virtud del contrato de fiducia celebrado en 1992 entre estas entidades, la Fiduciaria
Colombiana de Comercio Exterior S.A., Fiducoldex S.A., se hizo cargo del nombramiento,
contratación y remuneración de los agregados comerciales sólo a partir de su constitución, razón
por la cual la Corte ha optado por atribuir la responsabilidad, en el caso de agregados comerciales
vinculados antes de esa fecha, en cabeza de Bancoldex (CSJ SL 799-2014, rad. 518115) (…)”,
era factible concluir que las obligaciones pensionales causadas con posterioridad al 31
de octubre de 1992 debían ser asumidas por Fiducoldex.
A su vez, refirió que la sentencia objetada incurrió en una violación directa de la
Constitución, al establecer una obligación que no corresponde a la Constitución Política
y a las leyes vigentes, generando una carga desproporcionada e injustificada que
ocasiona incertidumbre respecto de la distribución correcta de responsabilidad entre las
entidades involucradas.
4. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,
no rindió informe al asunto, aun cuando fue debidamente notificado de la admisión de la
demanda.
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5. Vinculados
5.1. Respuesta del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá
El titular a cargo del despacho judicial rindió informe en el que sostuvo que la decisión
proferida el 18 de julio de 2022, por la que se negaron las súplicas de la demanda
obedeció a que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 el señor Espinosa
Fenwarth no reunía los requisitos legales para efectuar el reconocimiento pensional.
Sobre la controversia tendiente a esclarecer quien fue el empleador del demandante,
indicó que ello no fue objeto de debate.
Respecto a la sentencia objeto de reproche, mencionó que, si bien respeta lo decidido,
comparte el argumento planteado por la sociedad accionante relacionado con que se
impusieron obligaciones que no fueron planteados en la demanda, debido a que el
Tribunal accionado condenó a Bancóldex por los tiempos laborados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores, sin dejar claro cuál era el alcance de las obligaciones para cada
una de las entidades. Lo que vulnera el debido proceso por no otorgar la oportunidad a
la parte demandada en el proceso ordinario de ejercer su derecho a la defensa sobre los
aspectos que se abordaron en la providencia cuestionada.
Agregó que, si bien Colpensiones tenía conocimiento de las inconsistencias presentadas
en la historia laboral, y pudo adoptar las medidas para trasladarle al nominador las
consecuencias desfavorables de su mora, también lo es que la administradora no tiene
la facultad para definir la entidad responsable de los aportes y, por tanto, la acción de
cobro no resulta suficiente para resolver el caso en cuestión, pues ese aspecto debía ser
definido de manera previa. Resaltó que ese planteamiento no fue propuesto en la
demanda, por lo que resultaba imposible acceder a las pretensiones e imponer cargas
sobre un debate que no fue propuesto.
Expuso que aunque la sentencia impuso la carga a la sociedad demandante de allegar
los aportes pensionales del señor Espinosa Fenwarth, se echa de menos en la parte
motiva de la providencia, las razones para llegar a esa conclusión y, en ese orden de
ideas, el defecto alegado podría configurarse.
5.2. Respuesta del señor Andrés Espinosa Fenwarth
El apoderado judicial del señor Espinosa pidió que se declare improcedente la solicitud
de amparo. Al respecto, sostuvo que la parte motiva de la decisión cuestionada es clara
sobre las razones de las condenas proferidas y las obligaciones que le corresponden a
cada entidad.
Consideró que la demanda no es procedente por cuanto no se cumplen los requisitos
establecidos para debatir una providencia judicial, a lo que agregó que, el fin de la misma
es que se dicte una nueva decisión con base en los intereses económicos de la sociedad
demandante.
5.3. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
La directora de Acciones Constitucionales de la entidad se pronunció sobre los hechos
que dieron lugar a la acción de tutela y solicitó que se declare improcedente la acción de
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tutela, por considerar que no se materializó ningún defecto o vulneración por parte del
Tribunal accionado.
Refirió que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para conseguir la
satisfacción de los derechos reclamados, teniendo en cuenta que la vía constitucional no
se puede constituir en una tercera instancia para analizar el litigio.
5.4. Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores
El coordinador del grupo interno de trabajo de la oficina asesora jurídica de la entidad se
pronunció sobre los hechos de la demanda y solicitó que se nieguen las pretensiones de
la acción de tutela y se proceda con su desvinculación del trámite.
Refirió que la parte accionante no explicó de manera clara la vulneración alegada, en
tanto la decisión cuestionada que le resultó desfavorable a la sociedad actora brindó las
garantías procesales, sin que se pueda acudir al mecanismo constitucional como una
instancia adicional.
Agregó que, en armonía con los principios de unidad y seguridad jurídica, no se debe
desconocer que en el acta de liquidación y terminación del contrato para la administración
del Fondo de Promoción de Exportaciones - PROEXPO, se estableció que la encargada
de asumir las obligaciones pensionales de los agregados comerciales era PROEXPO.
Sin embargo, debido a que a partir del 1° de enero de 1992 el Banco de Comercio Exterior
asumió todos los derechos y obligaciones, es el responsable de atender el pasivo
prestacional.
6. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado mediante sentencia de 7 de
febrero de 2025, decidió negar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que
no se incurrió en los defectos alegados.
Afirmó que la sentencia cuestionada consideró que el señor Espinosa Fenwarth laboró
para el Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 16 de agosto de 1989 al 15 de
diciembre de 1993, periodo que no fue incluido dentro de su historia laboral, por lo que
Colpensiones dispuso negar el derecho pensional. Así como que la autoridad judicial
accionada afirmó que dicha negativa correspondió a que los documentos requeridos para
el reconocimiento de la prestación debían ser entregados por Bancóldex y el Ministerio
de Relaciones Exteriores, lo cual no sucedió, aunque se solicitaron en varias ocasiones.
En esa medida, expuso que las conclusiones a las que arribó el Tribunal accionado no
obedecen a un capricho o arbitrariedad, sino que se basaron en la normatividad aplicable,
sin que se configure una situación en la que se lesionen los derechos alegados.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte accionante
impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual solicitó que se revoque la decisión y,
en consecuencia, se acceda al amparo.
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Reiteró que la providencia impugnada no valoró que el Tribunal accionado, sin
justificación legal determinó que la sociedad debía asumir automáticamente las
obligaciones del Fondo de Promoción de Exportaciones - PROEXPO, lo cual es
contradictorio a lo señalado en el Decreto Ley 2016 de 1968 y Ley 41 de 1975, afectando
el derecho al debido proceso y el principio a la seguridad jurídica.
Aludió que se viola la Constitución Política al imponer una obligación que no le
corresponde a la demandante, creando una carga desproporcionada y ocasionando
incertidumbre sobre la distribución de responsabilidades entre las entidades
involucradas. Por lo que consideró que es necesario que se verifique la forma correcta y
se corrija la decisión judicial reprochada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección
Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe
revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela
y, en su lugar, acceder a la protección constitucional solicitada porque la autoridad judicial
demandada incurrió en los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales
contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 y
2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos2, instrumentos que hacen parte de
la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir la
procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando
se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo
que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente
vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de
Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en
1
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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la sentencia C-590 de 20055.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia
constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto
orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto fáctico8; (iv) Defecto material
o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin motivación11; (vii) Desconocimiento
del precedente12 y (viii) Violación directa de la Constitución13.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos
generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda
constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre
y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han
sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a
los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos
que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la
constitucionalidad de cualquier fallo.
5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
7
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
9
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
11
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
12
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023,
M. P. Diana Fajardo Rivera.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre
de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre
otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de
2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria
Sáchica Méndez, entre otras.
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Demandante: Bancóldex S.A.S
4. Estudio y solución del caso concreto
La sociedad Banco de Comercio Exterior de Colombia – Bancóldex S.A.S., presentó
acción de tutela contra la Subsección “B” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la supuesta vulneración a sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad y a
los principios de legalidad y seguridad jurídica, con la sentencia de 28 de agosto de 2024,
por la cual revocó la de 18 de julio de 2022, proferida por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.
En primera instancia, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado negó
las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional, luego de considerar que la
autoridad judicial accionada resolvió el asunto bajo la normatividad aplicable, por lo que
no encontró demostrados los defectos alegados por la demandante.
En el escrito de impugnación, la sociedad actora reiteró los argumentos de la demanda
de tutela, en esa medida, sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en los defectos
sustantivo y de violación directa de la Constitución al desconocer la normatividad
aplicable al caso, e imponerle la obligación de responder por los aportes del señor
Espinosa Fernwerth, al concluir que debía hacerse cargo de las obligaciones del Fondo
de Promoción de Exportaciones – PROEXPO.
El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez desborda el
marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los siguientes casos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se
sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional. (ii) La
decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no ser pertinente.
A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta
adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen
efectos distintos a los señalados por el legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya
interpretación desconoce una sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica
una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos
a todo el ordenamiento jurídico. (v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente
regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al juez se
utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una interpretación
no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación que
afecta derechos fundamentales. (ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un
mínimo razonable de argumentación. (x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido
normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser
aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser
igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los
fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez
no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia” 16.
Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad judicial puede
incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos, dos
hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene
16 Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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(contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los intereses
legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una
interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que
ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable”17.
En relación con la violación directa de la Constitución se configura cuando el juez en
la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir, primero, porque no se aplica
una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) al resolver el
asunto se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en
cuenta el principio de interpretación conforme a la Constitución.
En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados en la
Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos, deben tener
en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4º Superior, en
tanto la Carta es norma de normas, y cuando existe incompatibilidad con las
disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales 18.
Precisado lo anterior y con el fin de resolver de fondo el asunto, se hará referencia a las
principales actuaciones que se surtieron en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado n.° 11001-33-35-014-2020-00422-00.
El señor Andrés Espinosa Fenwarth promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones
n.° SUB186383 de 2017 y n.° DIR 22957 de 2017, por las que se negó el reconocimiento
de la pensión de vejez.
El 18 de julio de 2022, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda. En dicha oportunidad, precisó que “pese a que en la relación
fáctica de la demanda se consignaron los oficios proferidos por Bancóldex y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, también lo es, que al revisar lo que se depreca en el presente litigio, no se
evidencia que hayan pretensiones encaminadas a las referidas entidades a efectos de restablecer
algún derecho a favor del actor tal y como quedó establecido en la audiencia inicial celebrada por
este Despacho”.
Lo anterior, luego de sostener que el señor Andrés Espinosa Fenwarth no era beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debido a que
no completó el requisito de las 750 semanas o 15 años de servicio al 25 de julio de 2005.
Consideró que, a pesar de que para el 2017 el demandante tenía 62 años, no contaba
con el mínimo de semanas cotizadas (1.300), ya que solo había acumulado 1.183, por lo
que tampoco era beneficiario del régimen establecido en la Ley 100 de 1993. Por último,
indicó que “si lo que pretende el accionante es que se incluyan semanas de cotización frente a
los tiempos de servicios en su historia laboral durante el período en que trabajó como agregado
comercial, debe señalar el Despacho que dicho trámite es previo al reconocimiento pensional y
constituye una controversia distinta a la que se planteó en el presente litigio”.
17 Ibíd.
18
Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Bancóldex S.A.S
Contra la anterior decisión el apoderado judicial del señor Espinosa Fenwarth interpuso
recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B” mediante sentencia de 28 de agosto de 2024, en la
que se resolvió revocar la decisión apelada y, en su lugar, anuló los actos administrativos
demandados. Como restablecimiento del derecho dispuso lo siguiente:
“Tercero. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones,
reconocer y pagar al señor Andrés Espinosa Fenwarth su pensión de vejez incluyendo
los tiempos de servicio laborados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde
el momento en que reunió́ el requisito de las 1300 semanas y los 62 años de edad.
Cuarto. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, hará la
actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 187 (inciso final) de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta los índices de
inflación certificados por el DANE, mediante la aplicación de la fórmula matemática
adoptada por el Consejo de Estado, expuesta en la parte motiva de esta providencia.
Quinto. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, deberá́ dar
cumplimiento a la sentencia, de conformidad a lo dispuesto en los términos
establecidos en los artículos 187, 189 y 192 del CPACA.
Sexto. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se encuentra
facultada para ejercer los mecanismos tendientes a la recuperación de los montos
adeudados o el restablecimiento de las irregularidades causadas en este caso, por
Bancóldex entidad obligada a emitir los certificados y allegar los aportes pensionales
del señor Andrés Espinosa Fenwarth, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia”.
Para efectos de resolver el recurso de apelación, el Tribunal accionado hizo precisión
del marco normativo aplicable al caso y refirió que de manera previa a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, los empleados de planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores se encontraban cobijados por el Decreto Ley 2016 de 1968, que
en relación con la prestación pensional de los funcionarios de carrera diplomática
disponía que su liquidación se efectuaría sobre la base del cargo de mayor categoría
desempeñado durante su carrera, por al menos un año.
Relató que a través de la Ley 41 de 1975 se estableció que las prestaciones sociales de
los empleados del servicio exterior debían ser liquidadas y pagadas teniendo en
consideración las asignaciones al cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio
de Relaciones Exteriores, de conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 2016 de
1968 y, que con posterioridad el Decreto 10 de 1992 aun cuando derogó las anteriores
disposiciones, mantuvo la regla de liquidación de las prestaciones.
Sin embargo, aludió que, el Decreto 10 de 1992 fue derogado por el Decreto Ley 1181
de 1999 que determinaba que cuando el funcionario se encontraba en el exterior, el
ingreso base de cotización sería la asignación básica mensual y, que dicho decreto fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-920 de 1999.
Por lo que, se expidió el Decreto 274 de 2000 que reguló el servicio exterior y la carrera
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diplomática, y en su artículo 66 especificó que las prestaciones sociales de los
funcionarios de la carrera diplomática y consular debían liquidarse y pagarse conforme la
asignación básica mensual y los factores de salario. Norma que también fue declarada
inexequible mediante sentencia C-291 de 2001. Por último, trajo a consideración los
requisitos previstos para obtener la pensión de vejez señalados en el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
A partir de los hechos probados en el proceso, indicó que lo perseguido por el señor
Espinosa Fenwarth no tiene que ver con si es o no beneficiario del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto considera que tiene más
de las 1.300 semanas que exige la norma para el reconocimiento pensional, que fue
negado por la administradora de pensiones, ya que consideró que no cumplía con dichos
requisitos, debido a que contaba solo con 1.171 semanas.
Expresó que aun cuando en la parte motiva de los actos demandados no se incluyeron
los tiempos laborados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cartera ministerial
certificó que en el archivo de la Dirección Administrativa Financiera obran los Decretos
1833 de 16 de agosto de 1989 y 2474 de 10 de diciembre de 1993, en los que consta
que fue nombrado como consejero comercial de la Misión Permanente de Colombia ante
la Oficina Europea de la ONU, cargo al que le fue aceptada la renuncia a partir del 15 de
diciembre de 1993. Así las cosas, hizo las siguientes precisiones:
“(…) el demandante prestó sus servicios como agregado comercial, misión
Permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra - Suiza, desde el 16 de agosto
de 1989 y hasta el 15 de diciembre de 1993 conforme los decretos de nombramiento
y renuncia expedidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en desarrollo del
Decreto 1216 de 1968 y el Decreto Reglamentario 2505 de 1991.
Ahora, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7ª, en el Decreto 2505 de 1991
y en el acta de liquidación y terminación del contrato para la organización y
administración de PROEXPO, suscrita el 28 de septiembre de 1992 por el Gobierno
Nacional, el Banco de la República y el Banco de Comercio Exterior, la entidad
encargada de asumir las obligaciones pensionales de los agregados
comerciales es PROEXPO, y que a partir del 1° de enero de 1992, BANCOLDEX
asumió todos los derechos y obligaciones de PROEXPO y, por tanto, es el
encargado de atender el pago del pasivo prestacional que, eventualmente,
pudiera estar a cargo de PROEXPO.
En virtud de lo anterior y acogiendo lo dispuesto por esta Sala de Decisión en otras
providencias se tiene que la relación laboral de los agregados comerciales se
origina exclusivamente con el Fondo de Promoción de Exportaciones
“Proexpo”, al fijar, por mandato legal, las erogaciones con cargo a los recursos
del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones “Proexport Colombia”, pese a
que el nombramiento se disponga por decreto de la cartera ministerial.
En ese orden, se sintetizan las siguientes consideraciones: i) la inconformidad de la
recurrente radica en el hecho de que no se le hubiera tenido en cuenta para el estudio
de su reconocimiento pensional todos sus tiempos de servicios, específicamente el
laborado en el Ministerio de Relaciones Exteriores; ii) dentro del plenario quedó
demostrado que el señor Andrés Espinosa Fenwarth laboró para el Ministerio de
Relaciones exteriores entre el 16 de agosto de 1989 al 15 de diciembre de 1993, es
decir, un total de 220 semanas aproximadamente en el cargo de agregado comercial
de la Misión Permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra Suiza; iii) el actor puso
en conocimiento de Colpensiones lo relacionado con los tiempos de servicios
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prestados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y que no le fueron reportados,
igualmente solicitó ante dicho ministerio los certificados laborales y los pagos de los
aportes por dichos periodos; iv) El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció el
vínculo laboral del actor con esa cartera, pero explicó que las erogaciones
ocasionadas en cumplimiento del decreto que lo nombró en el cargo de agregado
comercial de la Misión Permanente de Colombia ante la ONU, se pagarían con cargo
al presupuesto del Fondo de Promoción de Exportaciones “PROEXPO” el cual
a partir del año 1992 paso hacer asumido por Bancóldex; v) por su parte
Bancóldex ante el requerimiento que le fue trasladado en virtud del derecho de
petición radicado por el actor informó que esos pagos debía realizarlos el Ministerio
de Relaciones Exteriores; vi) por su parte Colpensiones enterado de esa situación
emitió el auto de pruebas No. 2017_10066336 en el que requirió al señor Espinosa
Fenwarth Andrés y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que allegaran el
certificado de información laboral, certificación de salario base y certificación de
salarios mes a mes con factores salariales, sin embargo, frente a la falta de respuesta
emitió los actos negando el reconocimiento pensional” (Negrita fuera del texto).
De la anterior decisión se concluye que, el Tribunal accionado evidenció que el señor
Espinosa Fenwarth acreditó haber laborado para el Ministerio de Relaciones Exteriores
en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 1989 al 15 de diciembre de 1993, el
cual no había sido incluido en la historia laboral, pese a que contaba con las
certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así las cosas, la
autoridad judicial consideró que el tiempo que no había sido reconocido impactaba en el
reconocimiento pensional, luego que aun cuando se presentaron requerimientos, la
administradora de pensiones no efectuó las acciones necesarias para recuperar los
valores adeudados, sin que la carga entre el empleador y el fondo de pensiones le pueda
ser atribuida al señor Espinosa Fenwarth.
En relación con la obligación impuesta a Bancóldex, de la cual se predica la vulneración
alegada, la Sala advierte que la misma fue incorporada en la parte considerativa de la
decisión, en el sentido de precisar que, de conformidad con lo establecido en la Ley 7ª
de 1991 y el Decreto 2505 de 1991, en el que se transformó el Fondo de Promoción de
Exportaciones en el Banco de Comercio Exterior, le correspondía asumir los derechos y
obligaciones de Proexpo. Por tanto, en la parte resolutiva de la decisión reprochada
facultó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones para que ejerciera
los mecanismos tendientes a la recuperación de los montos adeudados derivados de los
aportes a pensión dejados de cancelar.
Según se logró extraer de la demanda de tutela, la parte actora expuso que la decisión
reprochada no hizo una valoración normativa sobre aquellas que le resultan aplicables al
caso en concreto.
Sin embargo, la Sala observa que las disposiciones señaladas en el escrito de tutela,
entre otras, Decreto Ley 2016 de 1968, Ley 41 de 1975, Decreto 10 de 1992, Decreto
274 de 2000, así como el acta de liquidación y terminación del contrato para la
organización y administración de PROEXPO de 28 de septiembre de 1992, en el que se
dijo que “BANCOLDEX atenderá el pago de las obligaciones a cargo de PROEXPO que se
establezcan judicialmente y de aquellas en las que estaría llamado a responder PROEXPO”,
fueron tenidas en consideración para resolver que los aportes a pensión del señor
Espinosa Fenwarth para el periodo en que fungió como agregado comercial resultaban
procedentes y debían ser reconocidos por ahora la demandante, teniendo en
consideración la sucesión de obligaciones por parte de Proexpo.
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Por lo anterior, para la Sala es claro que la decisión reprochada realizó una valoración
adecuada de los decretos que enlistó en la demanda de tutela, de los cuales como se
dijo, estableció que los aportes a pensión del señor Espinosa Fenwarth para el tiempo en
que laboró como agregado comercial no se habían efectuado y los mismos debían ser
reconocidos. Esto teniendo en consideración que los mismos estaban a cargo de Proexpo
y que a partir del 1º de enero de 1992 la demandante asumió la totalidad de obligaciones
de dicha entidad. Por lo tanto, no hubo una interpretación incorrecta de la normatividad
aplicable al caso.
Según se dijo en líneas anteriores, la autoridad judicial accionada facultó a la
Administradora Colombiana de Pensiones para que ejerciera los mecanismos tendientes
a la recuperación de los montos adeudados contra la demandante, por considerar que la
misma debía responder por los aportes dejados de cancelar. Decisión que conforme se
logró extraer de la parte considerativa de la sentencia objetada tiene asidero legal y se
encuentra soportada en el Decreto Ley 2016 de 1968, la Ley 41 de 1975, el Decreto 10
de 1992, el Decreto 274 de 2000, así como el acta de liquidación y terminación del
contrato para la organización y administración de PROEXPO de 28 de septiembre de
1992, lo que conduce a establecer que el Tribunal accionado tampoco incurrió en
violación directa de la Constitución, en los términos indicados por la sociedad
demandante.
Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora adujo que de admitirse que la sociedad
es responsable en el pago de las sumas adeudadas, en virtud de la delimitación realizada
en sentencia SL-437 de 2028 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, lo procedente era que se concluyera que no debía asumir los aportes causados
con posterioridad al 31 de octubre de 1992, precedente judicial que no resulta vinculante
para la jurisdicción contencioso-administrativa.
Conforme con lo anterior, la Sala coincide con el a quo al señalar que el Tribunal
accionado no incurrió en los defectos alegados, pues se observa que la autoridad judicial
accionada resolvió la litis conforme a las pruebas aportadas y la normatividad aplicable
al caso, sin que el análisis se denote arbitrario o caprichoso.
Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia impugnada que negó las pretensiones
de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 7 de febrero de 2025, proferida por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo
dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Demandante: Bancóldex S.A.S
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente
dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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