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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05920-00

Fecha
5 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05920-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar impróspera la excepción de inepta demanda. Segundo. NEGAR la solicitud de pérdida de investidura instaurada por el señor Tomás Alberto Vangrieken Durán en contra del Congresista Jorge Alexander Quevedo Herrera. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia, COMUNICAR la decisión a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala Especial en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05920-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., cinco (5) de marzo dos mil veinticinco (2025)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05920-00
Demandante: Tomás Alberto Vangrieken Durán
Demandado: Jorge Alexander Quevedo Herrera

Tema: Causal del artículo 183. 1 de la Constitución Política de
Colombia. Violación al régimen de conflicto de intereses. NIEGA
SOLICITUD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir sobre la solicitud que, en ejercicio de la acción pública de
pérdida de investidura de los congresistas, consagrada en los artículos 183 y 184
de la Constitución Política de Colombia, el artículo 143 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y conforme a la Ley 1881 de 2018,
instauró el ciudadano Tomás Alberto Vangrieken Durán, en contra del
Representante a la Cámara Jorge Alexander Quevedo Herrera.

ANTECEDENTES

El señor Tomás Alberto Vangrieken Durán instauró demanda en ejercicio de la
acción pública de pérdida de investidura consagrada en los artículos 183 y 184 de
la Constitución, 143 de la Ley 1437 de 2011 y desarrollada por la Ley 1881 de 2018,
con el fin de que se acceda a las siguientes.

PRETENSIONES

Que se declare la pérdida de investidura del representante Jorge Alexander
Quevedo Herrera.

Que se ordene a la Cámara de Representantes retirarlo del cargo de congresista y
surtir el procedimiento establecido para llamar a ocupar la curul vacante al siguiente
representante de la lista.

Que se declare la inhabilidad del demandado para ejercer el cargo de congresista,
tal como lo dispone el numeral 4 del artículo 179 de la Constitución Política.

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HECHOS

La solicitud de pérdida de investidura se fundamenta en los hechos que se resumen
de la siguiente manera:

Que el señor Jorge Alexander Quevedo Herrera fue elegido Representante a la
Cámara por el departamento del Guaviare para el período constitucional 2022-2026,
por el partido Conservador.

Que el 11 de diciembre de 2023, en la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes, el señor Quevedo Herrera se declaró impedido
para votar el Proyecto de Ley 166 de 2023, aduciendo que podría beneficiarse o
verse afectado por su aprobación.

Que el 2 de enero de 2024 el gobernador del Guaviare nombró Secretario de
Educación Departamental al señor César Alonso Quevedo Herrera, hermano del
demandado, a quien le corresponde la administración, presupuesto, ejecución y
supervisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en dicho departamento,
controlando directamente los contratos y recursos asignados a este programa.

Que el demandado es el ponente del Proyecto de Ley 037 de 2023 que busca la
dignificación laboral de los manipuladores de alimentos del PAE y asigna funciones
específicas a las secretarías de educación departamentales.

Que el 20 de mayo de 2024 se realizó el primer debate en la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, sin que el demandado
se declarara impedido, sino que, en su calidad de ponente, discutió y votó el
proyecto.

Que el 17 de septiembre de 2024, durante la etapa de impedimentos en la sesión
plenaria de la Cámara de Representantes, se leyó, discutió y negó el impedimento
presentado por el señor Jorge Alexander Quevedo respecto del Proyecto de Ley
166 de 2023.

Que el 8 de octubre de 2024 el demandado presentó un artículo nuevo al Proyecto
de Ley 166 de 2023, relacionado con la formalización del 100% de los
manipuladores de alimentos del PAE a nivel nacional, financiado con recursos del
marco fiscal de la Nación, lo que podría generar un conflicto de interés, porque su
hermano ejerce funciones relacionadas con el PAE, pese a lo cual no se declaró
impedido y, por el contrario, el 17 de octubre de 2024 votó favorablemente el
articulado nuevo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El demandante señaló que el literal c) del artículo 286 de la Ley 5ª de 1992 dispone
que se configura un conflicto de interés cuando el beneficio afecta directamente a

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parientes del congresista en segundo grado de consanguinidad, como es el caso
del hermano del representante Quevedo.

Que el artículo 183 constitucional dispone que es causal de pérdida de investidura
de los congresistas la violación al régimen de conflicto de intereses por lo que es su
obligación declarar cualquier conflicto que pudiera surgir en el ejercicio de sus
funciones.

Que el representante estaba en plena capacidad de comprender el conflicto de
interés señalado y que le era exigible la declaración de impedimento ante el nuevo
artículo del Proyecto de Ley 166 de 2023 y el Proyecto de Ley 037 del mismo año,
cuando su hermano ya tenía funciones relacionadas con el PAE en el Departamento
del Guaviare.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El señor Jorge Alexander Quevedo Herrera, mediante apoderado judicial, se
pronunció en los siguientes términos:

Que la demanda de pérdida de investidura debe estar revestida de rigor jurídico, de
claros y precisos fundamentos de hecho y de derecho que conlleven a demostrar
que existe de manera efectiva un conflicto de interés cierto, no meras expectativas.

Que, de la lectura de la demanda, se desprenden varias apreciaciones que no están
alineadas con ese rigor jurídico y además demuestra la carencia de presupuestos
fácticos que permitan tener certeza frente a la materialización del conflicto de
intereses del que habla el demandante.

Que en dicho escrito aparecen tres nombres de la persona demandada, a saber,
Jaime Raúl Salamanca Torres, Jorge Alexander Quevedo Herrera y Jorge
Alexander Quevedo Torres, lo que demuestra la ligereza con la que se presenta la
acción y denota poca responsabilidad y rigurosidad.

Que el cuarto hecho de la demanda es un pronunciamiento personal y sin
profundidad, por falta de un estudio minucioso de lo plasmado en el Decreto 1075
de 2015 sobre el PAE, su funcionamiento y las labores que tiene cada actor en este.
Explicó que el programa es ejecutado por un operador contratado mediante un
proceso de licitación conforme a la Ley 80 de 1993 y lo ejecuta con total autonomía
e independencia, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación y lo
preceptuado en el artículo 2.3.10.4.6 del Decreto 1075 sobre las funciones de los
operadores, entre las que se encuentra la entrega de dotación a las manipuladoras
de alimentos que emplee, tal y como se desprende del numeral 4 del citado artículo.

Que es falso el hecho quinto y que el sexto responde a un análisis superficial y a
apreciaciones meramente personales del demandante, sin realizar un estudio de la
Iniciativa 037 del año 2023 Cámara.

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Que fue designado como ponente coordinador del Proyecto el 16 de agosto de
2023, mediante oficio CSCP 3.7 448-23 y, para la construcción de la ponencia para
primer debate, solicitó conceptos a la UAPA, al Ministerio de Educación Nacional,
al Ministerio de Salud y al ICBF y que dicha ponencia fue presentada y publicada
en la Gaceta 1291 del 19 de septiembre de 2023.

Que nuevamente fue designado ponente para segundo debate de la iniciativa,
siendo publicada la ponencia en la Gaceta 785 del año 2024.

Que el proyecto de ley, presentado por el Representante Juan Daniel Peñuela
Calvache, tiene como objeto modificar las Leyes 720 de 2001, 2042 de 2020 y 2046
de 2020, con el fin de dignificar laboralmente a las personas manipuladoras de
alimentos, fortalecer los mecanismos de control y participación ciudadana del
programa e incrementar el porcentaje mínimo de compra de alimentos local a
pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Que el proyecto no establece modificaciones a los mecanismos contractuales para
escoger el operador, ni a los requisitos o condiciones de selección objetiva, que son
del resorte exclusivo de la entidad territorial, por lo cual en el concepto del Ministerio
de Educación solo se hace alusión a la vinculación de la manipuladora de alimentos
con el operador, señalando además que es nula o casi ineficiente la inspección y
vigilancia que se le realiza al PAE.

Que la declaratoria de impedimento debe responder a un análisis juicioso y
minucioso que realice el congresista de las iniciativas de ley que le son puestas a
consideración o aquellas que le son entregadas como ponente. Que el conflicto de
intereses debe ser real, sustentado en supuestos fácticos que de materializarse se
contraponga el interés público con el interés particular del congresista o de sus
familiares dentro de los grados de consanguinidad reglados en la Ley.

Que, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes cursa el Proyecto
036 de 2024 Cámara, iniciativa que tiene por objeto estipular un marco jurídico
contractual que garantice la prestación efectiva, pertinente, calificada y oportuna del
servicio de alimentación escolar PAE; iniciativa que adiciona un numeral al artículo
2 de la Ley 1150 de 2007, disponiendo una selección especial para quienes operen
el PAE, proyecto en el que sí existe una situación particular, actual y directa, porque
al desarrollar un nuevo marco contractual tendría incidencia directa en las funciones
de su hermano, ante lo cual el 24 de septiembre de 2024 radicó manifestación de
impedimento ante la Secretaría de la Comisión para no participar en la discusión y
votación de esta iniciativa.

Propuso las siguientes excepciones:

Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y por no cumplir con lo
dispuesto en el literal c) del artículo 5 de la Ley 1881 de 2018, pues el demandante
invoca una excepción contenida en el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1123 de
2007, pero no acredita su condición de servidor público ni de abogado; que no indica

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con claridad el nombre del demandado; que no realizó presentación personal de la
solicitud y que tampoco explica con claridad la materialización del conflicto de
intereses.

Ausencia del elemento objetivo de la perdida de investidura, porque en el
escrito de la demanda no se señala de manera precisa cuál es el beneficio actual y
directo que tendría él o su hermano, pues el conflicto de intereses tiene lugar
únicamente cuando ello se encuentra acreditado.

Ausencia de dolo o culpa grave, porque a pesar de la excepción anterior, con
fundamento en la Sentencia SU-632 de 2017 del Consejo de Estado (sic), debe
tenerse en cuenta que la pérdida de investidura exige que haya dolo o culpa grave;
que no toda omisión de declaración es causal suficiente para pérdida de investidura,
sino que debe haber un beneficio tangible, directo y no meramente especulativo y
que en este caso, el congresista no actuó con la intencionalidad o la negligencia
grave que exige el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018.

Ausencia de beneficio tangible y directo, con sustento en lo ya manifestado sobre
este punto a través de todo el escrito de defensa.

Carencia de un estudio riguroso, responsable y claro frente al funcionamiento
del PAE y actuación del parlamentario alineada con el orden constitucional y
legal, señalando que lo que busca el proyecto de ley es evitar la precarización
laboral de aquellas personas que trabajan en la preparación de alimentos para los
niños, niñas y adolescentes y también garantiza y está alineado con el interés
superior del menor, al mismo tiempo que vela por la permanencia en las
instituciones educativas de los beneficiarios del PAE.

TRÁMITE PROCESAL Y AUDIENCIA PÚBLICA

La solicitud fue admitida mediante auto del 1 de noviembre de 2024, providencia en
la cual se corrió traslado de la medida provisional solicitada. Se abrió a pruebas el
proceso por auto de 18 noviembre y por auto de 27 del mismo mes y año se resolvió
negativamente la medida cautelar solicitada.

Se celebró la audiencia pública de que trata el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018
de manera virtual el 29 de enero de 2025 a las 3:00 p.m., con las intervenciones
que a continuación se resumen:

El demandante realizó una recapitulación de los hechos de la demanda y de las
consideraciones relativas al conflicto de interés que, asegura, se generó para el
representante a la Cámara Jorge Alexander Quevedo Herrera al ser ponente del
Proyecto de Ley 037 de 2023 siendo su hermano secretario de educación
departamental del Guaviare, lo que según el actor le significaba un beneficio directo,
situación configurada también por la introducción de un nuevo artículo al Proyecto
de Ley 166 de 2023, relacionado con la formalización laboral de los manipuladores

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del PAE. Insistió en que el representante a la Cámara debió declararse impedido
respecto de estos proyectos y al no hacerlo incurrió en la causal de pérdida de
investidura.

Que, contrario a lo manifestado por el demandado, los referidos proyectos de ley
impactan directamente las funciones de su hermano, pues el Decreto 1802 de 2015
dispone que la ejecución del PAE está determinada por la estructuración de costos
a niveles departamentales y, en ese ámbito, el secretario de Educación tiene
competencias decisivas, por lo que constituyó un beneficio particular y directo
conforme al artículo 286 de la Ley 5ª de 1992.

Que el congresista incurrió, en consecuencia, en la causal de pérdida de investidura
por violación del régimen de conflicto de intereses, por lo que reiteró las
pretensiones.

El Ministerio Público realizó una síntesis del concepto presentado el 12 de
noviembre de 2024, refiriéndose a los elementos que según la jurisprudencia deben
acreditarse para la estructuración de la causal de violación al régimen de conflicto
de intereses, destacando que es necesario que se acredite por parte de quien lo
alega algún interés personal o de los allegados del demandado que riña con el
interés general y que este lo haya movido a participar o votar en el sentido en que
lo hizo, para de esta manera, obtener beneficios o provechos contrarios a la ley.

Que el demandante no acreditó el interés ni el beneficio, privilegio o ganancia del
señor Jorge Alexander Quevedo Herrera para sí mismo, su cónyuge o compañero
permanente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, porque analizando los hechos y pretensiones de la
demanda, el señor Tomás Alberto Vangrieken Durán, advirtió que el actuar del
Representante a la Cámara como ponente del Proyecto de Ley 037 de 2023 y del
Proyecto de Ley 166 de 2023, ambas relacionadas con el PAE, implicaba la posible
configuración de un conflicto de interés porque su hermano, el señor César
Quevedo Herrera, fue nombrado secretario de Educación del Departamento del
Guaviare, pudiendo resultar beneficiado directamente con la aprobación de dichas
leyes.

Que, no obstante, el demandante no identificó el interés directo ni logró acreditar los
elementos configurativos del conflicto que impliquen un beneficio particular, actual
y directo, pues en su escrito se refiere a que se podía generar un beneficio para el
hermano del congresista, sin determinar que efectivamente este existe, es decir, se
trata de una mera hipótesis.

Que es necesario examinar el elemento subjetivo en los procesos de pérdida de
investidura y que, en este caso, no hay lugar a acceder a las pretensiones por
cuanto no se logró acreditar el interés del congresista demandado dentro de la
ponencia del Proyecto de Ley 166 de 2023 ni del Proyecto de Ley 037 de 2023, o
para su hermano en calidad de secretario de Educación del Guaviare.

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El demandado expresó que siempre ha obrado rectamente en función del servicio
a la ciudadanía en general y ha declarado su impedimento como congresista en los
casos en los que realmente se configura, pero no en este, pues el proyecto no tiene
ninguna incidencia en el desarrollo de funciones del señor César Alonso Quevedo
Herrera como secretario de Educación departamental del Guaviare.

El apoderado presentó escrito refiriéndose a los presupuestos para la prosperidad
de la pérdida de investidura, indicando que en este caso no se estructuran en la
demanda. Reiteró los señalamientos en cuanto a la falta de rigor de los argumentos
del demandante, a la falta de concreción sobre el beneficio directo que recibiría el
hermano del demandado con la aprobación de los proyectos de ley 037 y 166 de
2023 y a los demás argumentos tendientes a demostrar que el congresista no
incurrió en el conflicto de intereses de que se le acusa.

Que, en síntesis, no se estructuró la causal alegada, y que, tal como lo expresó el
representante del Ministerio Público, lo presentado por el demandante es una mera
hipótesis que no logra concretar ni acreditar.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a esta Sala Especial determinar si el congresista Jorge Alexander
Quevedo Herrera incurrió en la causal de pérdida de investidura por violación al
régimen de conflicto de intereses señalada en el numeral 1 del artículo 183 de la
Constitución Política, desarrollada en la Ley 5ª de 1992, artículos 286 a 294. Con este
propósito, la providencia se referirá a los aspectos generales de la acción pública de
pérdida de investidura, a la causal alegada en la demanda y abordará el caso concreto.

Aspectos generales sobre la pérdida de investidura

La Constitución Política de 1991 regula la pérdida de investidura en los artículos
183 y 184 y se encuentra desarrollada en las Leyes 2200 de 2022, 1881 de 2018 y
617 del 2000 y en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011. Se ha considerado como
un medio de control de naturaleza sancionatoria que, en consecuencia, se debe
desarrollar de acuerdo con el principio del debido proceso establecido en el artículo
29 de la Constitución Política1.

Para la pérdida de investidura aplican los principios de legalidad en sentido estricto
–tipicidad-, taxatividad, pro homine e in dubio pro reo. La aplicación restrictiva se
impone sobre la interpretación extensiva o analógica. Se trata de un juicio subjetivo
que el Consejo de Estado ha considerado de carácter ético, pues se reprochan

1 La Corte Constitucional, en Sentencia C-237 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), destacó que la

pérdida de investidura es una acción pública y que las normas constitucionales que la consagran tiene un
sentido eminentemente ético, con un enfoque teleológico, señalando que «La pérdida de investidura es un
procedimiento mediante el cual el Consejo de Estado decide sobre la solicitud que le hace cualquier ciudadano,
con el objetivo de que se despoje de su mandato a un miembro del Congreso, en razón a que éstos se
encuentran en alguno o algunos de los supuestos de los artículos 110 o 183 de la Constitución».

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conductas contrarias a la dignidad del cargo que se ostenta2. El juez evalúa si el
representante de la voluntad popular se comporta de acuerdo con las exigencias
legales y constitucionales3 y, en ese orden, a través de este medio de control se
castiga a los parlamentarios4-en ejercicio o aun cuando este hubiere cesado- que
incurran en conductas reprochables por contrariar el interés general, la ética o la
dignidad que ostentan5.

Entre otros atributos del proceso, se destaca: i) es de carácter jurisdiccional y
conlleva una imperiosa consecuencia, pues la pérdida de investidura genera
inhabilidad para ocupar cargos de elección popular iguales o similares; ii) tiene
fuertes implicaciones democráticas, pues más que la limitación de los derechos
políticos de un ciudadano, representa un juicio de carácter subjetivo respecto del
comportamiento de un miembro de una corporación pública y su sujeción al imperio
de la ley; iii) es un medio de control de carácter público, de allí que la legitimación
por activa la tenga cualquier ciudadano; iv) es un juicio de responsabilidad subjetiva,
lo que implica verificar que existió una conducta dolosa o culposa6; v) cuenta con la
garantía de la doble instancia; vi) tiene un término de caducidad de cinco años y vii)
es una institución autónoma e independiente respecto de los demás regímenes de
responsabilidad de los servidores públicos7.

El análisis en los procesos de pérdida de investidura se surte en dos etapas. En
primer lugar, se estudia desde una perspectiva objetiva que el miembro de una
corporación pública haya incurrido en una conducta tipificada como causal para
perder la investidura, según el régimen consagrado en la Constitución. En segundo
lugar, procede el análisis subjetivo de la conducta, donde se verifica que esta sea
un acto volitivo y consciente que transgrede el régimen legal.

2 Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido: «La pérdida de investidura constituye una clara manifestación

del ius puniendi del Estado, con el fin de juzgar la conducta de los servidores públicos de elección popular,
llamada a cumplir un papel fundamental en la democracia participativa y deliberativa, pues con ella se busca
preservar valores esenciales de la democracia como la defensa del interés general, el decoro, la rectitud, la
lealtad, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la buena marcha del servicio público en el
ejercicio de la representación popular» (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencia del 11 de marzo de 2021. Exp. 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI). Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés).
3 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Séptima de Decisión de Pérdida de

Investidura. Sentencia del 20 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-03883-00(PI). Consejera
Ponente: María Adriana Marín (E).
4 De características especiales que la distinguen de otros regímenes de responsabilidad de los servidores

públicos, así como también, de los procesos penales, electorales, de responsabilidad fiscal, e incluso del
proceso disciplinario realizado por la administración pública (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-632 de
2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
5 Cfr. Sentencias SU-424 de 2016, SU-515 de 2013, C-181 de 2002, C-948 de 2002, T-1093 de 2004, SU-1159

de 2003 y C-319 de 1994.
6 Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado: «i) si el congresista estaba en condiciones de comprender el

hecho o circunstancia configurativa de la causa, ii) si le era exigible otra conducta o comportamiento, iii) si el
congresista atendió las normas jurídicas y, finalmente, iv) si la sanción de pérdida de investidura, en el caso
concreto, es necesaria para garantizar los fines fijados en la Constitución» Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sala Séptima de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 20 de febrero de 2019. Exp.
11001-03-15-000-2018-03883-00(PI). Consejera Ponente: María Adriana Marín (E).
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Séptima de Decisión de Pérdida de

Investidura. Sentencia del 20 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-03883-00 (PI). Consejera
Ponente: María Adriana Marín (E).

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La causal de pérdida de investidura invocada

El demandante invocó como causal de pérdida de investidura la consagrada en el
numeral 1º del artículo 183 de la Constitución Política, según la cual «Los
congresistas perderán su investidura: 1. Por violación (...) del régimen de
conflicto de intereses» (negrillas fuera del texto original).

El conflicto de intereses se encuentra desarrollado por el artículo 286 de la Ley 5ª
de 1992, modificado por el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019, en los siguientes
términos:

«Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los
congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en
ejercicio de sus funciones.

Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o
votación de un Proyecto de Ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en
un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

(...)

Parágrafo 3°. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de intereses para
todos y cada uno de los actores que presenten, discutan o participen de
cualquier iniciativa legislativa, conforme al artículo 140 de la Ley 5ª de 1992»
(negrilla de la Sala).

Sobre la configuración de esta causal ha dicho la jurisprudencia del Consejo de
Estado:

«“(…) se estructura cuando se observa: a) la existencia de un interés particular
–de cualquier orden, incluso moral- del congresista en la deliberación o decisión
de un tema específico a cargo del Congreso; b) que efectivamente participe en
la deliberación o decisión de ese tema en específico; c) que ese interés sea
directo, no eventual o hipotético; d) que además el interés sea actual, y e) que
el beneficio recibido no sea general sino particular”8.

(…)

130 Sobre este interés calificado, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo se ha pronunciado9 en el sentido de señalar que “consiste en la
presencia de una inclinación real del Congresista hacia un tema, objeto o
aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación, censura
o participación en desarrollo de sus funciones congresionales, con el ánimo de
materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de su
cónyuge, familiares o socios, que se aleja en todo caso de la intención inicial de
obtener el bien general]10 y afecta la transparencia y objetividad de dicha
actuación.
8 Ver Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de enero de 2020. Exp.

11001-03-15-000-2019-02135-01(PI). Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 1 de noviembre de 2016. Exp.

11001-03- 000-2015-01571-00 (PI). Consejera Ponente. María Elizabeth García González.
10 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de marzo de 2010. Consejero Ponente Hugo

Fernando Bastidas. Expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00 (PI): «No hay que olvidar que el artículo 133
de la Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo
y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses

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131 Como se advierte, el conflicto de interés es una situación especialísima en
la que se encuentra inmerso el congresista, donde su interés particular, moral o
económico, o el de su círculo cercano, resulta incompatible con el interés
general que debe privilegiarse siempre en el ejercicio de las funciones
parlamentarias, trátese de la legislativa, la de control político o la judicial»11.

Caso concreto

La Sala debe analizar si el demandado incurrió en la causal de pérdida de
investidura establecida en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992; consistente en la violación
al régimen del conflicto de intereses.

Previo a ello, debe referirse a la excepción previa de ineptitud de la demanda
propuesta por el demandado, la cual sustenta, de una parte, en que adolece de
requisitos formales y, de otra, en que el actor no explicó en debida forma la
materialización del conflicto de intereses en el que supuestamente incurrió el
congresista.

En cuanto a la carencia de requisitos formales, señala i) que el actor no acreditó su
condición de servidor público ni de abogado, ii) los errores en el nombre del
demandado y iii) la ausencia de presentación personal de la demanda. Estos no
tienen el alcance de configurar la ineptitud de la demanda, excepción que de
encontrarse próspera, genera la imposibilidad de proferir fallo de fondo; por lo
siguiente:

La Ley 1881 de 2018 no exige para el ejercicio de la acción de pérdida de investidura
un sujeto activo cualificado. El artículo 143 de la Ley 1437 de 2011 indica que «[a]
solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier
ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la
pérdida de investidura de congresistas» (negrillas de la Sala). De tal manera que el
hecho de que el actor invocara una norma que no aplicaba y que resultara
totalmente impertinente, no lo deslegitima en la causa para ejercer la acción.

En cuanto al error en el que incurrió el accionante al señalar al demandado con tres
nombres diferentes a lo largo de la solicitud; evidencia una imprecisión en su
elaboración; sin embargo, de esta y de sus anexos se pudo establecer desde el
inicio quién era el demandado y se le garantizó el debido proceso a lo largo del
trámite procesal.

En relación con la presentación personal de la demanda, es cierto que el artículo 7
de la Ley 1881 de 2018 trae esta exigencia cuya finalidad es la autenticación o

privados del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación. En
efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de la función para el caso
específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o particular del congresista no subordine
al interés público».
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia

de 8 de septiembre de 2021. Exp. 11001-03-15-000-2021-00068-00(PI). Consejera Ponente: Rocío Araujo
Oñate.

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identificación clara del demandante y este presentó la demanda a través de la
ventanilla virtual del Consejo de Estado.

Al no ser advertida esta falencia por el despacho ponente al momento de admitir la
demanda, pudo ser señalada por la parte accionada mediante recurso de
reposición, sin embargo, ello no ocurrió; de manera que el proceso transcurrió en
sus diferentes etapas y para este momento no puede decirse que el proceso
adolezca de falta de identificación o inexistencia de alguno de los sujetos
procesales, teniendo en cuenta que el señor Vangrieken Durán asistió a la audiencia
de alegatos.

Como puede observarse, se trata de un requisito formal, no de un presupuesto
procesal frente al cual se pueda predicar la ineptitud de la demanda. A ello se agrega
que en la audiencia pública se realizaron los saneamientos del proceso sin que se
expresara algún motivo que invalidara lo actuado.

Adicionalmente, cabe destacar que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213
de 2022, en las actuaciones que se surtan haciendo uso de los medios y canales
digitales, se debe evitar la exigencia de formalidades presenciales o similares, salvo
que sean estrictamente necesarias; y, por tanto, no se requiere de presentaciones
personales o autenticaciones adicionales.

En relación con el argumento referido a la debida explicación de la causal alegada,
considera esta Sala que el actor cumplió con la exigencia formal para la admisión y
trámite del proceso. Diferente es que la argumentación resulte o no suficiente en
relación con cada uno de los elementos que conforman la causal y de la norma no
se deduce un nivel de profundidad y de completitud que deba exigirse al inicio, de
donde pudiera generarse la ineptitud de la demanda.

En conclusión, resulta impróspera la excepción previa de ineptitud de la demanda
propuesta. Las demás excepciones son de mérito por lo que no hay lugar a un
pronunciamiento previo sobre ellas.

Se encuentra acreditado que el señor Jorge Alexander Quevedo Herrera, en su
calidad de Representante a la Cámara en el presente periodo constitucional, fungió
como ponente del Proyecto de Ley 037 de 2023 «Por medio de la cual se fortalece
el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en materia de dignificación laboral,
mecanismos de control y participación ciudadana y los porcentajes mínimos de
compra local a pequeños productores y productores de la agricultura campesina,
familiar y comunitaria y se dictan otras disposiciones». El demandado tampoco
discutió que hubiera presentado una propuesta de artículo nuevo al Proyecto de Ley
166 de 2023.

No se discute entonces la calidad de representante a la Cámara del señor Quevedo
Herrera ni su participación en los proyectos señalados. Además, obra en el
expediente copia aportada por el actor del informe de ponencia con exposición del

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objeto y los motivos; así como el texto aprobado en primer debate en la Cámara de
Representantes.

La discusión se centra en la existencia de un interés directo, particular y actual del
congresista en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del
Congreso.

Sobre este requisito ha de tenerse en cuenta que, según la jurisprudencia, debe
tratarse de un interés particular tal, que conlleve a que el ejercicio de las funciones
del congresista no se enmarque en la correcta prestación de la función pública, sino
en el interés de un beneficio propio o de terceros.

Además, de acuerdo con la Ley 2003 de 2019, modificatoria del artículo 286 de la
Ley 5ª de 1992, citada párrafos atrás, el interés es actual o inmediato si existe la
evidencia fáctica sobre la realización del beneficio en el presente y se da cierta
simultaneidad o concomitancia entre este y el trámite del proyecto donde se
encuentra inmerso el interés propio del congresista o de sus allegados. Que sea
directo que se produce de manera específica respecto del congresista, de su
cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil12.

La misma norma dispone que no hay conflicto de interés cuando el congresista
participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que a) otorgue
beneficios o cargos de carácter general, coincidiendo o fusionándose su interés con
el interés de los electores; b) podría o no configurarse el beneficio en el futuro; c)
cuando en el proyecto de ley o acto legislativo se establezcan sanciones o
disminuyan beneficios de interés particular actual y directo para el congresista si
este vota en forma negativa y se mantiene la normatividad vigente; d) cuando a
pesar de que se regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés
particular, actual y directo, dicho interés no se genera.

De lo expuesto, es posible deducir que el conflicto de interés del congresista como
causal de pérdida de investidura solo se configura si con su actuación se genera de
manera cierta un provecho para él o los terceros que señala la ley en condiciones
diferentes a los demás, cuando ese provecho se evidencia en la actualidad o en
concomitancia con la actuación que lo genera; significando que si el beneficio es
eventual o favorece por igual al conglomerado social no se configura la causal
referida.

El contenido del Proyecto de Ley 037 de 2023 es el siguiente:

12 «Existe un interés directo, cuando el provecho que se obtenga por el parlamentario, sus familiares o socios

en los términos previstos en la ley, no requiera para su demostración de actos, hechos o desarrollos posteriores
que lo conviertan en hipotético o aleatorio». Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1040 de 2005. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto,
Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández. Citada en: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 8 de marzo de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2014-00925-00 (PI). C.P. María
Elizabeth García González.

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«ARTÍCULO 1. El presente proyecto de ley tiene como objeto modificar las
Leyes 720 de 2001, y 2042 de 2020, con el fin de dignificar laboralmente a las
personas manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar -
PAE-, y fortalecer los mecanismos de control y participación ciudadana del
programa. Lo anterior permitirá salvaguardar el principio del interés superior del
menor.

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 2 de la Ley 720 de 2001, el cual quedará
de la siguiente manera:

“Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley es de aplicación a toda
Acción Voluntaria formal o informal que se desarrolle en Colombia.

Parágrafo 1. También se aplica a organizaciones colombianas que envíen
voluntarios a otros países o de estos a Colombia.

Parágrafo 2. No se podrán considerar como voluntarios aquellas personas que
se desempeñen como manipuladoras de alimentos en la operación de los
Programas de Alimentación Escolar-PAE en virtud de la garantía de sus
derechos laborales y de seguridad social.

ARTÍCULO 3. Modificar el artículo 1 de la Ley 2042 de 2020, el cual quedará
de la siguiente manera:

“Artículo 1o. La operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) tendrá
vigilancia de la comunidad educativa, preferiblemente de las Asociaciones de
padres de familia y de los docentes que hacen parte de la institución educativa
beneficiaria para la prestación del servicio. La Unidad Administrativa Especial
de Alimentación Escolar, creada por el artículo 189 de la Ley 1955 de 2019 y
las normas que lo modifiquen y/o adicionen, orientará el ejercicio de esa
actividad en el marco de sus funciones.

El interventor de la operación, el supervisor designado por la entidad territorial
contratante, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar y los
entes de control, escucharán obligatoriamente las observaciones que resulten
de este ejercicio de vigilancia comunitaria o control social, por parte de las
asociaciones anteriormente mencionadas. La relatoría de estas observaciones
deberá ser tomada por el supervisor de la entidad territorial y deberán ser
publicadas en las carteleras o portales de las entidades territoriales por un
período de (30) días.

Las Secretarías de Educación Departamentales en articulación con los
interventores y supervisores, formularan e implementaran un plan de
seguimiento y mejoramiento anual y/o semestral para atender las
observaciones realizadas, siempre y cuando se consideren necesarias para la
correcta operación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar-PAE-, de
igual manera este debe ser publicado en las carteleras o portales de las
entidades territoriales por un período de (30) días.

El Plan de Seguimiento y Mejoramiento de que trata el inciso anterior, deberá
ser formulado siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional,
además debe ser socializado ante la Asamblea Departamental y enviado por el
medio más expedito a todos los concejos municipales

El interventor de la operación deberá rendir un informe semestral a la
comunidad educativa y a la institución educativa beneficiaria, con el objetivo de
poner en conocimiento el funcionamiento, debilidades y fortalezas del PAE en

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la respectiva entidad territorial. En el caso que el contrato sea inferior a seis
meses este informe deberá ser trimestral.

PARÁGRAFO 1. Para que esta vigilancia de la comunidad educativa sea
efectiva, los interventores, los supervisores designados por las entidades
territoriales y los entes de control, deberán suministrarles la información,
relacionada con las etapas precontractual, contractual y poscontractual del
contrato y la ejecución del programa PAE.

PARÁGRAFO 2. La comunidad educativa, preferiblemente las asociaciones de
padres de familia rendirán su informe de vigilancia, de manera escrita si
evidencian incumplimientos o mejoramientos requeridos al contratista con
respecto a la ejecución del PAE; en caso que se hayan presentado
irregularidades en la respectiva ejecución deberán constatarse en dicho
informe.

El informe deberá contener como mínimo la descripción de las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que configuren la situación, observación o presunta
irregularidad en la implementación del programa y las fuentes de información o
mecanismos de verificación empleados para constatarla. El informe será
remitido a la entidad territorial correspondiente y a los entes de control, a fin de
que estos se pronuncien, si es del caso, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a su recepción; del mismo, reposará copia en el expediente que para
el efecto asigne la entidad territorial. La Unidad Administrativa Especial para la
Alimentación Escolar deberá elaborar un plan de capacitación para la
comunidad educativa, sobre el ejercicio de la vigilancia comunitaria o de control
social, en el marco del programa PAE.

PARÁGRAFO 3. Para los fines previstos en la presente norma, la expresión
“padres de familia” comprende a los padres y madres de familia, así como a los
tutores o quienes ejercen la patria potestad o acudientes debidamente
autorizados.

PARÁGRAFO 4. Las entidades territoriales certificadas en Educación, deberán
publicar en sus portales institucionales (redes sociales, página web, otros) los
informes, actas, observaciones, respuestas y demás documentos que hacen
parte del control social y participación ciudadana, con el fin de que cualquier
persona pueda tener acceso a ellos.

PARÁGRAFO 5. Con el fin de promover la vigilancia, las entidades territoriales
dispondrán de personal que suministre información sobre alimentación
saludable a la comunidad educativa.

PARÁGRAFO 6. Autorícese al Gobierno nacional para que a través del
Ministerio de Educación y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación
Escolar- Alimentos para Aprender en el término de seis (6) meses reglamente
los lineamientos del procedimiento para la elaboración, contenido, publicación
y socialización del plan de seguimiento y mejoramiento anual y/o semestral que
atienda las observaciones necesarias señaladas en este artículo.

ARTÍCULO 4. Modificar el artículo 4 de la Ley 2042 de 2020, el cual quedará
de la siguiente manera:

“Artículo 4°. Los encargados de la vigilancia de que trata esta ley deberán
verificar que el operador del PAE propenda por integrar dentro de su personal,
como manipuladores, en un porcentaje del 30%, lo cual no obsta para que
pueda ser un mayor porcentaje, a los padres, madres de familia, acudientes o
tutores legales de los usuarios, priorizando a aquellos que sean cabeza de

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familia, que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la junta
de la respectiva asociación de padres de familia.

Parágrafo 1°. En el marco del proceso de vigilancia, se deberá verificar que el
personal manipulador de alimentos, se le garantice la vinculación al Sistema
General de Seguridad Social y demás garantías y derecho laborales.

Parágrafo 2°. Se prohíbe la suscripción de convenios de voluntariado, o de
cualquier otro tipo de vinculación contractual que vulnere los derechos laborales
del personal manipulador de alimentos o que desempeñen funciones afines,
dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con excepción al
reconocimiento que se le da a la labor en los territorios indígenas”.

Artículo 5°. Autorícese al Gobierno Nacional para que con los recursos que
cofinancia la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se
incluyan los costos relacionados con los derechos laborales y de seguridad
social de las personas manipuladoras de alimentos dentro del Programa de
Alimentación Escolar (PAE).

ARTÍCULO 6. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar-
Alimentos (PAE) para Aprender deberá actualizar los Lineamientos Técnicos-
Administrativos, los Estándares y Condiciones Mínimas del Programa de
Alimentación Escolar-PAE, teniendo en cuenta que se incluya que los
operadores deberán garantizar los derechos laborales y de seguridad social de
los manipuladores de alimentos.

ARTÍCULO 7. El Ministerio del Trabajo y Protección Social deberá presentar y
exponer ante las comisiones séptimas del Congreso de la República y enviar a
las asambleas departamentales dentro de los cuatro primeros meses de cada
año un informe anual de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social por parte de los operadores del Programa de
Alimentación Escolar-PAE respecto de las personas a quienes contratan como
manipuladoras de alimentos o que desempeñen funciones afines.

ARTÍCULO 8. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias».

El artículo nuevo que según el actor introdujo el representante Quevedo Herrera al
Proyecto de Ley 166 de 202313, conforme a copia aportada con la demanda14
contenía la siguiente iniciativa:

«Formalización laboral de las personas manipuladoras de alimentos del
programa de alimentación escolar -PAE.

El Ministerio de Educación Nacional a través de la Unidad Administrativa
Especial de Alimentación Escolar UAPA garantizarán que en la operación del
programa de alimentación escolar -PAE. Se formalice laboralmente a las
personas manipuladoras de alimentos, en virtud de la garantía de sus derechos
laborales y de seguridad social, lo anterior, conforme al Marco Fiscal de
Mediano Plazo.

La formalización Laboral a que hace referencia este artículo se hará en cuatro
(4) años o antes si las circunstancias financieras así lo permiten:

13 «Por medio del cual se adopta una reforma laboral para el trabajo digno y decente en Colombia».
14 Página 100 del PDF.

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En el año 2025, se formalizarán hasta el 25% del total de personas
manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar -PAE-

En el año 2026, se formalizarán hasta el 50% del total de personas
manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar -PAE-

En el año 2027, se formalizarán hasta el 75% del total de personas
manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar -PAE-».

El accionante no expresó en ninguna de las oportunidades procesales en qué
consiste el beneficio que puede generarse para el familiar del congresista con los
referidos proyectos y, menos, acreditó que este cumpla con las condiciones de ser
cierto, actual y directo; conforme a la exigencia de la norma para que se configure
la causal de pérdida de investidura alegada.

Por el contrario, afirmó de manera general que el señor César Alonso Quevedo
Herrera, hermano del accionado y secretario de educación departamental, podría
beneficiarse porque la iniciativa legislativa busca regular la operación del PAE, sin
referirse ni a las funciones de los secretarios en relación con dicho programa y sin
explicar cuáles de estas implicarían un beneficio particular, actual y directo para el
congresista.

Pues bien, observa la Sala que con los proyectos mencionados se pretende la
formalización laboral de los manipuladores de alimentos del PAE, que es ejecutado
por un operador externo y, de la lectura de su articulado, no se logra extraer la
manera cómo esas disposiciones pudieran generar un beneficio particular para el
señor César Alonso Quevedo Herrera, hermano del demandado, en su condición
de secretario de educación del Departamento del Guaviare y ni siquiera un beneficio
para los secretarios de educación en general.

Lo anterior, por cuanto ni el Proyecto de Ley 037 de 2023 ni el artículo propuesto
para el Proyecto de Ley 166 de 2023 establecen modificaciones a los mecanismos
contractuales para escoger el operador, ni a los requisitos o condiciones de
selección objetiva, tal como lo expresó el demandado en su contestación. Además,
las menciones que se hacen a lo largo del Proyecto de Ley 037 de 2023 sobre las
entidades territoriales se refieren únicamente a la presentación de informes y a la
entrega de información para la vigilancia de la comunidad educativa, sin que ello
implique una facultad o intervención directa en la ejecución del programa.

Siendo así, no se encuentra acreditado que el señor Quevedo Herrera con su
participación en la discusión y votación de dichos proyectos hubiera incurrido en un
conflicto de intereses y, en consecuencia, no hay lugar a un examen del elemento
subjetivo, pues es claro que no se acreditó la existencia objetiva de la causal de
pérdida de investidura.

En conclusión, considera la Sala que no se encuentran acreditados los elementos
que configuran la causal de pérdida de investidura del congresista Jorge Alexander
Quevedo Herrera y, por tanto, no hay lugar a su decreto.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar impróspera la excepción de inepta demanda.

Segundo. NEGAR la solicitud de pérdida de investidura instaurada por el señor
Tomás Alberto Vangrieken Durán en contra del Congresista Jorge Alexander
Quevedo Herrera.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia, COMUNICAR la decisión a la Mesa Directiva
de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del
Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la
Ley 1881 de 2018.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala Especial en sesión de
la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Firmado electrónicamente

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Firmado electrónicamente

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Firmado electrónicamente

NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente

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