Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05922-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05922-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05922-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
13 de diciembre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05922-00
Demandante: Ana Lucía Mena Rentería
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05922-00
Demandante: ANA LUCÍA MENA RENTERÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y
coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada; además, se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de
origen.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ana Lucía Mena
Rentería contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 31 de octubre de 20241, la señora Ana Lucía Mena Rentería, mediante
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Chocó, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y a la seguridad social, con ocasión de la sentencia proferida el 28 de
agosto de 2024, mediante la cual se modificó la providencia del 22 de marzo de
2024, emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 27001333300220220039701.
La aquí actora pretende lo siguiente (transcripción textual):
PRIMERO: TUTELAR los derechos Fundamentales de Igualdad, Debido
Proceso, derecho a la seguridad social, vulnerados a la señora ANA LUCÍA
MENA RENTERÍA, por la providencia ya relacionada proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Choco que negaron la pensión de
sobrevivientes pretendida en la correspondiente acción.
1 Se advierte que, el 3 de diciembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Ana Lucía Mena Rentería
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia Número 072 del Veintiocho
(28) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal
Contencioso Administrativo Del Chocó, Sala Tercera De Decisión en el
proceso con radicado único nacional 27001333300220220039701, en
segunda instancia, donde, se determinó: “MODIFÍQUESE la sentencia de
fecha 22 de marzo de 2024, a través de la cual el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda promovida por la señora ANA LUCÍA MENA
RENTERÍA contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL “UGPP”, de conformidad con la parte considerativa de esta
providencia.
(…)
TERCERO: ORDENARLE al Tribunal Contencioso Administrativo Del
Chocó, que como consecuencia del amparo concedido y la decisión tomada
en los numerales anteriores, Proferir Un Nuevo Fallo, confirmando la
sentencia de primera instancia, del Juzgado Sexto Oral Administrativo de
Quibdó, concediendo la pensión de sobrevivientes a la demandante de
conformidad con la jurisprudencia del Honorable Consejo De Estado,
teniendo en cuenta las demás consideraciones expuestas en la presente
acción constitucional.
2. La señora Mena Rentería narró que interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante
UGPP, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y el Fondo
Nacional del Ahorro, para que, en calidad de compañera permanente, le fuera
sustituida la pensión de jubilación percibida en vida por el señor José Manuel Arce
Mosquera. Como litisconsorte necesario citó a la señora Mirna Loy Mena, cónyuge
supérstite.
3. En primera instancia conoció del proceso el Juzgado Sexto Administrativo del
Quibdó, que, en sentencia del 22 de marzo de 2024, accedió parcialmente a las
pretensiones, dado que anuló los actos demandados y ordenó a la UGPP el
reconocimiento de la prestación en forma proporcional a favor de las señoras Ana
Lucía Mena Rentería (23%) y Mirna Loy Mena (77%).
4. Inconforme con la decisión, la UGPP la apeló y, en segunda instancia, fue
modificada por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 28 de
agosto de 2024, en el sentido de otorgar la sustitución de la pensión a favor de la
señora Mirna Loy Mena en un 100%.
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Demandante: Ana Lucía Mena Rentería
5. Sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico,
porque valoró el material probatorio allegado al expediente de una forma
caprichosa y arbitraria.
6. En su concepto, el defecto fáctico se avizora desde la misma fijación del litigio,
en tanto el operador judicial omitió señalar que el pronunciamiento de segunda
instancia también se efectuaría para examinar el derecho que le asistía a la
señora Mirna Loy Mena.
7. Concretamente, reprocha la valoración de los testimonios, pues, a su juicio, la
autoridad accionada otorgó más credibilidad a la declaración de la esposa del
causante que a las dos declarantes que ella citó: las señoras Eloísa Rentería
Palacios y Mirna Esther Asprilla, quienes dieron fe de la convivencia entre el señor
José Manuel Arce Mosquera y la demandante desde el año 2005 hasta su muerte.
Reprueba que el Tribunal accionado haya conferido más valor a una declaración
sin determinar el tipo de análisis que realizó (sic).
8. Sostuvo que la valoración de la prueba debió acompasarse con lo señalado en
la sentencia SU-453 de 2019, en lo que atañe a la convivencia simultánea de la
compañera permanente y la esposa del causante, a fin de establecer que a las
dos les asiste el derecho a sustituirlo en la pensión, de manera proporcional al
tiempo de convivencia demostrado.
9. Insistió en que las declaraciones de las señoras Eloísa Rentería Palacios y
Mirna Esther Asprilla ofrecen certeza sobre la convivencia de la pareja conformada
por José Manuel Arce Mosquera y Ana Lucía Mena Rentería, independientemente
de que las deponentes hayan desconocido otros datos indagados por el despacho,
como por ejemplo el número de hijos que procrearon.
10. En su criterio, la autoridad judicial accionada efectuó una valoración parcial del
material probatorio, porque no consideró que en la declaración de la esposa del
causante, la deponente aceptó que en el lecho de muerte el señor Arce Mosquera
dijo que estaba en una relación con la señora Ana Lucía Mena Rentería.
11. Agregó que ante el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Quibdó se tramitó un
proceso en el que fueron demandantes las señoras Mirna Loy Mena y Ana Lucía
Mena Rentería y demandados el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría
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de Educación del Chocó y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que
concluyó con sentencia del 7 de octubre de 2022, en la que se concedió la
pensión a favor de las dos reclamantes, proporcionalmente, tras determinar que
existió convivencia simultánea.
Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto del 7 de noviembre de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó su notificación a los magistrados que integran la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Chocó, como parte demandada, y, como terceros
con interés, se vinculó a la señora Mirna Loy Mena de Arce, a la presidenta del
Fondo Nacional del Ahorro, al rector de la Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Luis Córdoba y al director de la UGPP, toda vez que intervinieron en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 27001-33-33-002-
2022-00397-00/01.
13. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
14. La magistrada ponente de la providencia censurada señaló que el Tribunal
no incurrió en defecto fáctico, por el contrario, la decisión se fundamentó en el
análisis juicioso de la totalidad de los medios probatorios obrantes en el
expediente, de los cuales no se pudo inferir que entre la accionante y el causante
existieran los elementos señalados por la jurisprudencia para tener configurado el
vínculo necesario para acceder al reconocimiento prestacional pretendido.
15. Explicó que las pruebas demostraron que entre la señora Ana Lucia Mena
Rentería y el señor José Manuel Arce Mosquera existió una relación de pareja por
un periodo determinado, pero no se alcanzó la convicción de que entre ellos
existiera un vínculo inequívoco de afecto y solidaridad con el ánimo de mantener
un hogar y construir una familia, dado que el causante nunca dejó de vivir en su
residencia con su esposa, la señora Mirna Loy Mena de Arce, y de considerar ese
como su hogar.
16. Agregó que las declaraciones escuchadas, con las cuales se pretendía
demostrar la convivencia entre el señor Arce Mosquera y la señora Mena
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Rentería, fueron contradictorias entre sí y, además, ni familiares ni amigos
reconocieron la convivencia de la pareja.
17. Sumado a lo anterior, adujo que se encontraron contradictorias las
manifestaciones de la señora Mena Rentería, puesto que durante el juicio sostuvo
haber convivido con el causante desde el año 2005 hasta su fallecimiento, y en
una declaración extrajuicio, rendida el 23 de abril de 2021, manifestó ser soltera y
sin unión marital de hecho vigente. Esta inconsistencia restó credibilidad al dicho
de la accionante.
18. Asimismo, adujo que en el plenario se demostró que para la fecha del
fallecimiento el causante, aquél vivía bajo el mismo techo con su esposa, quien
fue la persona que lo cuidó cuando estuvo enfermo y en su lecho de muerte.
19. Resaltó que las declaraciones extrajuicio allegadas al expediente se limitaron
a señalar que entre la señora Mena Rentería y el señor Arce Mosquera existió
convivencia entre el 2005 y el 2021, sin que se aportaran detalles sobre la
convivencia de la pareja y menos aún sobre los lazos de solidaridad, apoyo y
afecto mutuos.
20. Refutó que se haya hecho una valoración parcial de los medios de prueba,
dado que se apreciaron en su conjunto los testimonios e interrogatorios de parte,
las declaraciones extrajuicio, los actos administrativos expedidos por la entidad
demandada, el registro civil de matrimonio, el registro civil de defunción del
causante y el expediente administrativo pensional, todo lo cual llevó a concluir que
la señora Mena Rentería no tiene derecho a la prestación reclamada.
21. Bajo los argumentos expuestos, solicitó que se niegue el amparo deprecado.
22. La UGPP solicitó que se declare la improcedencia de la acción, toda vez que
el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la señora Ana Lucía Mena
Rentería ya fue objeto de pronunciamiento en sede administrativa y judicial, no
siendo este el escenario para reabrir la discusión zanjada por el juez natural de la
causa en la sentencia de segunda instancia que hizo tránsito a cosa juzgada.
23. Resaltó que no se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que
habilite la intervención del juez de tutela, y que, en todo caso, no se encuentra
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vulneración alguna a los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad
social y al debido proceso invocados por la accionante.
24. Insistió en que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar el
pago de prestaciones económicas.
25. Pese a ser debidamente notificados, los demás vinculados como terceros
con interés no presentaron informe alguno.
26. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tampoco intervino en
esta oportunidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
27. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende,
vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Ana Lucía Mena
Rentería.
Análisis de la Sala
De la relevancia constitucional
28. En sentencia del 5 de agosto de 2014 (exp. 2012-02201-01 [IJ], M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez), la Sala Plena de esta Corporación señaló que este
requisito tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de
amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos
elementos.
29. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa,
esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración
de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
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entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
30. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
31. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
32. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente2 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
Caso concreto y solución del problema jurídico
33. De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente
porque no supera el requisito de relevancia constitucional. Se trata, pues, de una
solicitud de amparo sin la suficiente carga argumentativa exigida por la
jurisprudencia constitucional para cuestionar providencias judiciales.
34. En efecto, aunque la parte actora manifestó su desacuerdo con la sentencia de
segunda instancia proferida el 28 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Chocó, lo cierto es que no explicó con claridad suficiente en qué consiste la
vulneración a los derechos fundamentales invocados.
2 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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35. Pese a que señaló el defecto fáctico como causal específica de procedencia,
en la que supuestamente incurrió la providencia atacada, se limitó manifestar su
desacuerdo con la valoración probatoria efectuada por el operador judicial de
segunda instancia. Especialmente, porque, en su concepto, se otorgó mayor
credibilidad a la declaración de la esposa del causante, restándole fuerza a las
manifestaciones de las dos declarantes por ella citadas, quienes, a su juicio,
dieron cuenta de la relación de la pareja y su convivencia desde el año 2005.
36. En reiteradas ocasiones, la Sala ha indicado que en estos casos no basta con
señalar en abstracto que se presentó una falencia en la valoración probatoria, sino
que lo determinante es precisar cuáles fueron los medios de prueba que no se
analizaron, explicar cómo la falta o indebida valoración arrojó un resultado distinto
y por qué la conclusión del operador disciplinario estuvo desprovista de cualquier
rigor o fundamento.
37. En el caso examinado, si bien la parte actora determinó los medios de prueba
que supuestamente fueron valorados indebidamente, a saber, las manifestaciones
de la señora Mirna Loy Mena (cónyuge supérstite) y los testimonios de las señoras
Eloísa Rentería Palacios y Mirna Esther Asprilla, no profundizó en el supuesto
yerro alegado, es decir, no explicó al juez de tutela en qué se equivocó el Tribunal
accionado y por qué debió realizar una interpretación distinta de las declaraciones
obrantes en el plenario.
38. La parte accionante no se ocupó de exponer con claridad por qué el operador
judicial debió otorgar mayor credibilidad a las deponentes citadas como testigos, ni
mostró cómo, de haberlo hecho, la conclusión hubiera sido distinta de cara a los
demás medios obrantes en el plenario.
39. Así las cosas, en este caso, lo que se advierte es un descontento genérico con
la decisión tomada en la providencia cuestionada.
40. Conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la demanda de
tutela el actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de
las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente,
que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso
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concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que
ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo
y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales 3.
41. Así mismo, es menester mencionar que la valoración probatoria en nuestro
sistema se encuentra gobernada por el principio de la sana crítica o de la
apreciación razonada de las pruebas, actividad en la cual el fallador es libre de
formarse su convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos, a
partir de un análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeto a
las reglas de la lógica y de la experiencia, y no a una convicción arbitraria,
caprichosa o al margen de lo que revelen los medios de prueba.
42. Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las
pruebas que obran en el proceso e incluso, a partir de las deficiencias que en esa
carga procesal de las partes advierta el sentenciador. Con todo, esa situación no
exige el estudio individual o detallado de cada uno de los medios de convicción,
salvo que se echen de menos aquellos que incidan directamente en el sentido de
la decisión, al punto que den lugar a una resolución distinta a la emitida,
circunstancia que, como se vio, no se presenta en este caso.
43. En definitiva, la Sala advierte que los argumentos presentados por la
accionante para cimentar el supuesto defecto fáctico obedecen a su descontento e
inconformidad con la decisión judicial que no fue favorable a sus intereses, y no a
una real vulneración de las garantías fundamentales alegadas.
44. Adicionalmente, tal y como lo invocó la UGPP, se avizora que la parte actora
pretende revivir la controversia zanjada por el juez natural de la causa y con ello
convertir este valioso mecanismo constitucional en una tercera instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
45. Nótese que la accionante busca reabrir el debate probatorio cuestionando la
valoración que de las declaraciones y testimonios efectuó el operador judicial de
segunda instancia, alegando un supuesto yerro que, como se dijo, no explica a
profundidad, y que, en todo caso, no advierte esta Subsección, dado que,
contrario a lo manifestado por la tutelante, lejos de una interpretación arbitraria y
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-
00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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caprichosa, lo que se evidencia es un análisis integral y razonado de las pruebas
en su conjunto, avalado por los principios de la sana crítica, la lógica y las reglas
de la experiencia.
46. En efecto, en la sentencia del 28 de agosto de 2024, objeto de reproche, luego
de hacer una exposición de las pruebas aportadas al plenario, en especial de las
diferentes declaraciones extrajuicio de terceros, testimonios y manifestaciones de
las dos interesadas en la prestación, el Tribunal accionado discurrió:
54. Conforme la valoración probatoria efectuada en este asunto, estima la
Sala que no existe certeza que entre la demandante y el señor JOSE
MANUEL ARCE MOSQUERA hubo una convivencia sólida, constante y
permanente bajo un mismo techo durante los últimos 5 años de vida de
aquel, ni la dependencia económica respecto del causante, requisitos sine
qua non para tenerla como beneficiaria de la sustitución pensional
deprecada.
55. Lo anterior es así, por cuanto para la Sala, es claro que las pruebas
arrumadas al plenario dan cuenta que entre la señora ANA LUCIA MENA
RENTERIA y el señor JOSE MANUEL ARCE MOSQUERA (Q.E.P.D.) lo que
existió fue una relación de pareja por un periodo determinado, lo cual no
otorga la convicción de una manifestación inequívoca de afecto y solidaridad
por el ánimo de mantener un hogar y construir una familia, pues el causante
nunca dejó de vivir en su residencia ubicada en el Barrio Niño Jesús de la
Ciudad de Quibdó con su esposa la señora MIRNA LOY MENA DE ARCE y
de considerar ese su hogar.
56. Además, nótese como no se aportó fotografías, documentos o
circunstancias de hecho que dieran fe del sostenimiento en común con el
fallecido o la convivencia que asegura la señora ANA LUCIA MENA
RENTERIA sostuvo con el causante hasta el día de la muerte de aquel, sin
que las declaraciones de terceros que se contradicen, sean suficientes por
sí sola para dar certeza de tal hecho.
57. Lo anterior es así, por las siguientes inconsistencias:
1.- El testimonió rendido por la señora MIRNA ESTHER ASPRILLA
JAEN, presenta una contradicción con lo afirmado ante notario en su
declaración juramentada. En dicha declaración, ella mencionó que el
señor José Manuel Arce Mosquera (Q.E.P.D.) tenía cinco hijos. Sin
embargo, durante la audiencia de prueba, manifestó que no tenía
conocimiento si él tenía hijos, lo que denota claramente un
desconocimiento de la vida de aquel, respecto del que manifestó conocer
desde hacía buen tiempo por la relación que tenía con la demandante.
2.- En la audiencia de prueba la señora MIRNA ESTHER ASPRILLA
JAEN manifiesta que conoció a la actora desde el 2005, sin embargo, no
tiene conocimiento de cuantos hijos realmente tiene aquella, pues en su
testimonio expresó que ella solo tenía un hijo, el cual convivió también
con el señor JOSE MANUEL ARCE MOSQUERA (Q.E.P.D.), cuando
realmente tiene dos (2) hijos, lo que también denota que no conoce
realmente a la señora ANA LUCIA MENA RENTERIA, pese a ser su
amiga desde hace tiempo.
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3.- Las señoras ELOÍSA RENTERÍA PALACIOS y MIRNA ESTHER
ASPRILLA JAEN, en la audiencia de prueba afirmaron que conocían a la
pareja desde el año 2005 y sostuvieron que el señor JOSÉ MANUEL
ARCE MOSQUERA residía permanentemente en la casa de la señora
ANA LUCÍA MENA RENTERÍA, lo cual resulta contradictorio con lo
afirmado por la señora MIRNA LOY MENA DE ARCE quien manifestó
que el fallecido en algunas ocasiones se desaparecía de su casa los
sábados y regresaba los días domingo, así como también con lo
expresado por la señora Mena Renteria, quien indicó que aquel
permanecía tres días de la semana en la casa de la esposa y el tiempo
restante con ella.
4.- Las señoras ELOÍSA RENTERÍA PALACIOS y MIRNA ESTHER
ASPRILLA JAEN, en la declaración juramentada rendida, expresaron ser
amigas del causante desde hacía 15 años. Sin embargo, no estaban al
tanto de que él estaba casado, ni tenían conocimiento de las
enfermedades que padecía, y mucho menos conocieron la causa de su
muerte.
58. Aunado a lo anterior, si bien, la señora ANA LUCÍA MENA RENTERÍA
declaró que convivió con el señor ARCE MOSQUERA que desde el año
2005 hasta el día de su fallecimiento y que durante dicho tiempo compartió
lecho, techo y mesa, bajo mutua colaboración, lo cierto es, que el hecho que
ella manifestará bajo juramento el día 23 de abril de 2021 que era una
persona soltera y sin unión marital de hecho vigente, le restan credibilidad a
su dicho, pues las reglas máximas de la experiencia indican que si una
persona tiene una unión marital vigente lo indica para que si es del caso
quede plasmado, en todos los actos que corresponden a su esfera personal
y profesional.
59. También conviene precisar, que la parte actora no logró acreditar en el
sublite que el señor JOSÉ MANUEL ARCE MOSQUERA para la época de
su fallecimiento no convivía bajo el mismo techo, compartiendo lecho y
mesa con su esposa, profesándose apoyo, solidaridad y acompañamiento
espiritual y moral permanente, propios de la vida en común entre ellos, pues
su declaración rendida en la audiencia de prueba da fe, que la esposa de
aquel lo acompaño en los últimos momentos antes de su muerte y fue quien
estuvo a cargo de él mientras el causante estuvo enfermo. Además, las
pruebas arrumadas al plenario indican que ni los familiares ni los amigos
cercanos de él, tenían conocimiento de que entre ambos exista una
convivencia ni desde que momento.
60. Igualmente debe resaltarse, que las declaraciones extraproceso
rendidas ante notario y en la audiencia de pruebas, solo se limitaron a
indicar que el causante convivía con la demandante desde el año 2005
hasta el 2021, sin que se hubiese hecho una exposición amplia sobre tal
convivencia en aras de demostrar que efectivamente los lazos afectivos
existentes entre ellos, trascendió el plano de un mero acompañamiento
emocional, con miras a establecer un proyecto de vida en común.
61. En ese sentido, conforme lo hasta aquí expuesto, para la Sala es claro
que al momento del fallecimiento del señor JOSÉ MANUEL ARCE
MOSQUERA (q.e.p.d) el vínculo matrimonial existente entre aquel y la
señora MIRNA LOY MENA DE ARCE se encontraba vigente, dado que no
existió separación de hecho, esto es separación de cuerpo o suspensión de
la vida en común entre ellos, declarada judicialmente, o por lo menos no
existe constancia procesal que indique lo contrario.
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47. Así las cosas, el Tribunal demandado, conforme al análisis integral de los
medios de prueba, gobernado por el criterio de la sana crítica y según las reglas
de la experiencia, concluyó que, aunque se demostró que entre el señor Arce
Mosquera y la señora Mena Rentería existió una relación de pareja, no se probó
que entre ellos se forjó una convivencia real y material, así como tampoco se
evidenció la existencia de los lazos de auxilio, solidaridad, apoyo mutuo y
comprensión, necesarios para acceder a la prestación reclamada.
48. Bajo este escenario, la autoridad judicial accionada decidió modificar la
sentencia de fecha 22 de marzo de 2024, a través de la cual el Juzgado Sexto
Administrativo de Quibdó reconoció la sustitución pensional a favor de las dos
reclamantes, para, en su lugar, otorgar la prestación en su totalidad (100%) a la
señora Mirna Loy Mena de Arce, en su condición de cónyuge supérstite del señor
José Manuel Arce Mosquera, a partir del 8 de agosto de 2021, día siguiente a la
fecha que se produjo el deceso.
49. En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a la
decisión censurada resultan razonables, estuvieron soportadas en la
jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado en la materia, pues recuérdese
que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado 4 y de la Corte
Constitucional5, para acceder a la sustitución pensional es determinante que la
persona reclamante demuestre una convivencia real y material en condiciones de
auxilio o apoyo mutuo, comprensión, vida en común y dependencia económica
con el causante.
50. Esa convivencia, según la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado6,
debe entenderse no solamente como «habitar juntamente» y «vivir en compañía
de otro», sino como el acompañamiento espiritual y moral permanente, auxilio,
apoyo económico y vida en común. Es así como debe entenderse el concepto de
familia, como núcleo básico de la sociedad, que es el objeto principal de
protección de la sustitución pensional, tal y como lo interpretó el Tribunal
accionado en la sentencia que ahora se cuestiona.
4 Ver. entre otras: sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del 24 de octubre de
2012, expediente: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11); sentencia emitida el 4 de marzo de
2021, por la Sección Segunda, Subsección A, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente:
23001-23-33-000-2014-00074-02(6180-18).
5 Ver, entre otras sentencias: C-336 de 2014, C-1094 de 2003, SU-108 de 2020 y T-076 de 2018.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2012,
expediente: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
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51. Vistas así las cosas, para la Sala es claro que los argumentos alegados en la
tutela fueron invocados para continuar con un debate jurídico y probatorio que ya
fue decidido por la autoridad judicial accionada, consistente en que, desde la
óptica particular de la accionante, se debió ordenar el reconocimiento de la
sustitución pensional a favor de la señora Ana Lucía Mena Rentería en un 100%
o, al menos, en forma proporcional al tiempo que afirma haber convivido con el
causante.
52. Las consideraciones que sirvieron de fundamento a la decisión censurada, en
criterio de la Sala, resultan razonables y no merecen reproche alguno desde el
punto de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las
comparta, no significa que se hubieran configurado los defectos alegados, ni
habilita al juez constitucional para reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela
en una instancia adicional.
53. Se insiste, lo que se advierte es un descontento genérico con la decisión
tomada en la providencia cuestionada, inconformidad a la que la accionante
intenta darle el cariz de vicio o defecto, simplemente porque no fue favorable a sus
intereses.
54. Por tanto, la Subsección concluye que la presente solicitud de amparo deviene
en improcedente, dado que no satisface el requisito general de relevancia
constitucional.
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Ana Lucía Mena Rentería, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
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TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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