Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05931-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05931-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05931-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-05931-01
Accionante: SUSANA GÓMEZ CASTAÑO
Accionados: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SALA
DISCIPLINARIA DE INSTRUCCIÓN Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO - Se modifica el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 5 de diciembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Susana Gómez Castaño solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales “[…] al DEBIDO PROCESO, a la
DEFENSA, a la PRUEBA, a la CONTRADICCIÓN, a la IMPARCIALIDAD y a la
INTIMIDAD E INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES […]”, cuya
vulneración le atribuyó a la Sala de Instrucción y a la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación, con los autos de 9 de marzo y 21 de noviembre de 2023 y
las pruebas recaudadas dentro de la investigación disciplinaria con radicado núm.
IUS-E-2023-114383/ IUC-D-2023-2835255.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la
Nación abrió, mediante auto de 9 de marzo de 2023, investigación disciplinaria “[…]
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Susana Gómez Castaño
por presuntamente haber tratado con irrespeto a las personas que formaban parte
de su Unidad de Trabajo Legislativo […]”, y que el 21 de noviembre de ese mismo
año profirió pliego de cargos.
2.2. Aclaró que una vez proferido el pliego de cargos el proceso pasó a la Sala de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación.
2.3. Sostuvo que, por las presuntas irregularidades en el trámite del proceso
disciplinario, el 25 de julio de 2024 solicitó la nulidad de varias de las actuaciones
adelantadas por la Sala de Instrucción porque “[…] [e]stas actuaciones
evidenciaban serias irregularidades que han afectado la garantía del debido
proceso, así como graves violaciones al ejercicio del derecho de defensa […]”,
entre las cuales destacó: [Negrilla original del texto].
“[…] 2.1. Indebida formulación de los hechos disciplinariamente
relevantes respecto a los cargos de trato irrespetuoso hacia los
integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo —UTL—
[…]
2.2. Indebida descripción y determinación de la conducta investigada por
presentarse esta de forma genérica, abstracta e indeterminada respecto
de los supuestos hechos de maltrato a los integrantes de la UTL
[…]
2.3. Indebida valoración probatoria
[…]
2.4. Decreto, práctica e incorporación de pruebas con violación del
derecho a la intimidad y a la defensa
[…]
2.5. Violación al derecho de contradicción en la práctica de la prueba
testimonial de la señora Gina Jaimes
[…] […]”. [Negrilla original del texto].
2.4. Relató que el 22 de agosto de 2024 la Sala de Juzgamiento negó la declaratoria
de nulidad.
2.5. Indicó que contra el acto anterior presentó recurso de reposición y que, mediante
auto de 12 de septiembre de 2024, la accionada dispuso confirmar la decisión
recurrida.
2.6. Expresó que “[…] [l]uego de dos intentos fallidos para realizar la diligencia de
ampliación del testimonio de la señora Gina Brigitte Jaimes Abril, tal como lo ordenó
la Sala de Juzgamiento en su decisión del 22 de agosto, el 17 de septiembre esta
misma Sala insistió en el testimonio, pero coartando el derecho de la defensa a
interrogar directamente a la señora Jaimes, so pretexto de la aplicación del enfoque
de género, dado que esta había manifestado en la diligencia de testimonio rendida
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en abril de 2023 que no quería volver a estar vinculada a este proceso por razones
de salud mental […]”.
2.7. Señaló que las decisiones y el procedimiento seguido dentro de la investigación
disciplinaria núm. IUS-E-2023-114383/ IUC-D-2023-2835255 vulneró su derecho
fundamental al debido proceso por no tener en cuenta lo dispuesto en los artículos
40, 209, 212 y 215 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20121 al momento de determinar
los hechos por los cuales se le investigan, toda vez que no se precisaron las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que presuntamente se cometió la
falta.
2.8. Manifestó que en la decisión de 21 de noviembre de 2023 la Sala de Instrucción
incurrió en indebida valoración probatoria al desconocer la existencia de varios
informantes parciales y desconoció lo que contenían varias pruebas y les atribuyó
“[…] afirmaciones que no se hicieron o en las que se incurrieron en contradicciones
[…]”.
2.9. Refirió que el testimonio a la señora Gina Brigitte Jaimes Abril se practicó sin
que se encontrara presente su apoderado, quien no pudo acceder al enlace que al
parecer se había habilitado para participar en la audiencia.
2.10. Finalmente, alegó que la prueba decretada en el auto de 24 de mayo de 2023,
esto es las conversaciones de la aplicación WhatsApp que se extrajeron del
teléfono celular de la señora Laura Matyas Carvajal, estaba viciada al contener
información privada y obtenerse sin orden judicial, por lo que debía ser excluida del
proceso.
III. PRETENSIONES
3. De acuerdo La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Ordenar a la Sala Disciplinaria de Instrucción y a la Sala de Juzgamiento
de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la
Nación que, en el evento de continuar con el proceso disciplinario, se garantice
el respeto y protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, prueba, contradicción, imparcialidad, intimidad e inviolabilidad de las
comunicaciones de la señora Susana Gómez Castaño.
3. EXCLUSIÓN DE PRUEBAS ILÍCITAS
Ordenar la exclusión del proceso disciplinario de todas las pruebas obtenidas
con violación de los derechos fundamentales, en particular, las conversaciones
de WhatsApp extraídas del teléfono celular de la señora Laura Matyas Carvajal,
así como el testimonio de la señora Gina Jaimes Abril, garantizando la
protección de los derechos fundamentales a la intimidad y la inviolabilidad de
las comunicaciones privadas, así como la participación efectiva de la defensa
en la práctica de testimonios que fueron obtenidos sin la debida contradicción
y defensa.
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“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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4. FORMULACIÓN CLARA DE LOS HECHOS DISCIPLINARIAMENTE
RELEVANTES Y DE LOS CARGOS
Ordenar que se declare la nulidad de la decisión de apertura de investigación
disciplinaria adoptada por la Sala de Instrucción en contra de la señora Susana
Gómez Castaño, fechada el 9 de marzo de 2023, por la indebida relación de
los hechos disciplinariamente relevantes, en incumplimiento de las exigencias
del Código General Disciplinario.
Asimismo, que se declare la nulidad de la formulación de cargos por no cumplir
con los requisitos de claridad, precisión y especificidad establecidos en el
Código General Disciplinario, garantizando así el derecho de defensa de la
señora Susana Gómez Castaño […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 7 de noviembre de 2024, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
tercero con interés directo en el resultado del proceso “[…] al señor Christhian David
Guzmán Romero […]”.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y al sujeto
vinculado, se allegó el siguiente informe:
5.1. La Procuraduría General de la Nación señaló, a través de apoderada judicial,
que “[…] la parte accionante no prueba la existencia de un perjuicio irremediable,
ni de una amenaza concreta y fehaciente contra algún derecho fundamental que
haga procedente la acción de tutela de manera transitoria, debiendo en
consecuencia, ser rechazada por improcedente […]”.
5.2. Agregó que “[…] el auto de fecha 9 de marzo de 2023 (se anexa) por medio del
cual se ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra Susana Gómez
Castaño y Christhian David Guzman [sic], se podrá verificar que los hechos
disciplinariamente relevantes consignados en dicho proveído en su numeral 5.2.
son claros y concretos; igualmente, el auto precisa qué tipo disciplinario se
subsumía en el hecho presuntamente irregular, cumpliendo con ello más de lo
exigido en el artículo 215 del C.G.D; por lo tanto, se no se evidencia un vicio que
pueda invalidar dicha actuación y haga procedente el amparo solicitado vía tutela
[…]”.
5.3. Frenteal pliego de cargos indicó que “[…] la Sala hizo el análisis y emitió
pronunciamiento claro, concreto y enmarcado en las disposiciones del CGD en la
misma decisión de fecha 22 de agosto de 2024, encontrando claridad y detalle en
las circunstancias de tiempo modo y lugar de la conducta censurada a los
disciplinados, por lo que concluyó que dicho auto se ajusta a las exigencias legales
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contenidas en el artículo 223 de dicha norma, sin que se evidencie situación que
afecte las garantías del debido proceso y defensa […]”.
5.4. Por lo que solicitó que se negaran en su totalidad las pretensiones de amparo.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 5 de diciembre de 2024, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
frente a los autos de 9 de marzo y 21 de noviembre de 2023 y negó el amparo en
cuanto a las decisiones que dispusieron practicar pruebas testimoniales y ordenó
extraer conversaciones de la aplicación WhatsApp.
7. El juez de primera instancia, al analizar el auto de 9 de marzo de 2023, encontró
que “[…] el auto antes citado no define una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final, pues el propósito de la apertura de investigación no
es otra que verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva o
no de falta disciplinaria; por lo cual se declarará improcedente la acción contra dicho
auto […]”, por lo que declaró improcedente la acción de tutela.
8. Acerca del auto de 21 de noviembre de 2023 determinó que no se cumplió con la
carga argumentativa requerida.
9. Frente a las demás decisiones determinó que “[…] no encuentra la Subsección
que la autoridad accionada le transgreda a la señora Gómez el derecho de defensa
y contradicción, toda vez que, si bien su apoderado no pudo intervenir en el
interrogatorio que se le formuló a la señora Jaimes el 23 de mayo de 2023, lo cierto
es que a raíz de eso se ordenó la ampliación del mismo, se le permitió al abogado
acceder a la grabación de la primera diligencia y se le otorgó tiempo para formular
el cuestionario de preguntas que estimaba pertinente realizar […]”.
10. Y que “[…] no encuentra la Sala que se le transgreda a la señora Gómez los
derechos fundamentales al debido proceso y a la intimidad, teniendo en cuenta que
la información recolectada hacía parte de un grupo de trabajo de Whatsapp
conformado por un número plural de personas, entre las cuales se encontraba la
señora Laura Matyas, quien de manera libre y voluntaria autorizó la extracción de
la información de su celular, por lo tanto, no se requería orden judicial […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
11. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, reiterando los
argumentos presentados en la acción de tutela, frente a lo cual manifestó en
síntesis lo siguiente:
“[…] 1. La indebida formulación de hechos disciplinariamente relevantes,
sin claridad ni especificidad sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
lo cual impide una defensa adecuada.
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Accionante: Susana Gómez Castaño
2.La valoración probatoria arbitraria, incluyendo la omisión de testimonios
exculpatorios.
3.La práctica de pruebas que violan la intimidad de la accionante, como la
extracción de conversaciones de WhatsApp sin orden judicial.
4.La restricción indebida al derecho de contradicción durante la práctica y
ampliación del testimonio de la señora Gina Brigitte Jaimes Abril, en un
procedimiento sesgado y carente de imparcialidad […]”. [Negrilla original del
texto].
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si los autos de apertura de investigación de 9 de marzo de 2023
y de formulación de cargos de 21 de noviembre de 2023 y, las pruebas
practicadas dentro de la investigación disciplinaria con radicado núm. IUS-
E-2023-114383/ IUC-D-2023-2835255 vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
14. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela; (ii) los presupuestos
para que proceda la acción de tutela contra actos administrativos; para
posteriormente; y (ii) resolver el caso concreto.
VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
15. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Susana Gómez Castaño
“[…] contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.
16. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
17. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.
VIII.4. Presupuestos para que proceda la acción de tutela contra actos
administrativos en el marco de un proceso disciplinario
18. La Corte Constitucional ha precisado los eventos en los que procede la acción
de tutela cuando se alega la violación del derecho al debido proceso dentro de un
procedimiento administrativo disciplinario. En este sentido, ha indicado que es
fundamental determinar si, en dicho proceso: i) existe un acto administrativo
definitivo que pueda implicar la vulneración de derechos fundamentales, o ii) si,
aunque aún no se haya dictado un acto administrativo definitivo, se han emitido
actos de trámite que afectan las garantías constitucionales7.
7
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Expediente núm. T-1221346, M.P. Álvaro Tafur Galvis; 15 de febrero de
2007.
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19. La Corte ha señalado que excepcionalmente procede la acción de tutela contra
actos administrativos de trámite, cuando se advierte que dicho acto tiene la
capacidad de influir de forma determinante en una situación relevante dentro del
proceso, impactará en la decisión final y ha sido emitido vulnerando las garantías
constitucionales.
20. De acuerdo con lo anterior, se deben identificar los actos de trámite de los
definitivos, en la sentencia SU-201 de 19948 para referirse a estos se hicieron las
siguientes aclaraciones:
“[…] Los actos de trámite o preparatorios, a diferencia de los actos definitivos,
no expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente
constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la
formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo.
Según el inciso final del artículo 50 del C.C.A., "son actos definitivos que ponen
fin a la actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando
hagan imposible continuarla." En tal virtud, según lo ha entendido la doctrina y
la jurisprudencia, los actos de trámite y preparatorios, como su nombre lo
indica, dan impulso a la actuación preliminar de la administración, o disponen
u organizan los elementos de juicio que se requieren para que ésta pueda
adoptar, a través del acto principal o definitivo, la decisión sobre el fondo del
asunto. Es obvio, como lo advierte el aparte final de la norma citada, que un
acto de trámite puede tornarse definitivo, cuando de alguna manera, decida
sobre la cuestión de fondo, o ponga fin a la actuación administrativa, de suerte
que se haga imposible la continuación de ésta.
Los únicos actos susceptibles de acción contenciosa administrativa son los
actos definitivos, no los de trámite o preparatorios; estos últimos se controlan
jurisdiccionalmente al tiempo con el acto definitivo que pone fin a la actuación
administrativa.
Partiendo del supuesto de que el acto de trámite o preparatorio no contiene
propiamente una decisión en la cual se expresa en concreto la voluntad
administrativa y que su control jurisdiccional se realiza conjuntamente con el
acto definitivo, podría pensarse que la acción de tutela sólo es de recibo en
relación con este último, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (arts. 86 inciso 3o. de la C.P. y 8o. del decreto 2591/91).
No obstante, a juicio de esta Corte, aunque en principio no procede la tutela
contra los actos de trámite o preparatorios, que simplemente se limitan a
ordenar que se adelante una actuación administrativa dispuesta por la ley, de
manera oficiosa por la administración, en ejercicio del derecho de petición de
un particular o cuando éste actúa en cumplimiento de un deber legal (art. 4o.
C.C.A.), excepcionalmente, algunos actos de trámite o preparatorios, pueden
conculcar o amenazar los derechos fundamentales de una persona, en cuyo
caso, sería procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo.
Advierte la Corte, que de ninguna manera se trata de extender la tutela a los
actos de trámite o preparatorios, hasta el extremo que se haga un uso abusivo
de ella, con el propósito de impedir que la administración cumpla con la
8
Corte Constitucional. Sala Plena. Expediente núm. T- 19567, M.P. Antonio Barrera Carbonell; 21 de abril de 1994.
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obligación legal que tiene de adelantar los trámites y actuaciones
administrativas que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la ejecución de
los diferentes cometidos que le han sido asignados.
Corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto y según
las especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de
trámite o preparatorio tiene la virtud de definir una situación especial y
sustancial dentro de la actuación administrativa, que de alguna manera
se proyecte en la decisión principal y, por consiguiente, sea susceptible
de ocasionar la vulneración o amenaza de violación de un derecho
constitucional fundamental, en cuyo caso, la tutela es procedente como
mecanismo definitivo destinado a proteger un derecho fundamental
vulnerado o amenazado por la acción de la administración. La tutela en
este evento, además de lograr la protección de los derechos constitucionales
conculcados o amenazados, tiene la misión de impedir que la administración
concluya la actuación administrativa con desconocimiento de dichos derechos;
se convierte de esta manera la tutela, en una medida preventiva encaminada a
que la autoridad encauce su actuación conforme a los preceptos
constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a que el
desarrollo de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional y,
consecuencialmente, el acto definitivo que expida sea legítimo, es decir,
ajustado al principio de legalidad […]”. [Subrayado y negrilla fuera del texto].
21. En ese sentido, la Sala analizará si los actos administrativos cuestionados en la
presente acción de tutela son de trámite o definitivo.
VIII.5. El caso concreto
22. La señora Susana Gómez Castaño solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales “[…] al DEBIDO PROCESO, a la
DEFENSA, a la PRUEBA, a la CONTRADICCIÓN, a la IMPARCIALIDAD y a la
INTIMIDAD E INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES […]”, cuya
vulneración le atribuyó a la Sala de Instrucción y a la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación, por los autos de apertura de investigación de 9 de marzo de
2023 y de formulación de cargos de 21 de noviembre del mismo año, y por tener
en cuenta material probatorio obtenido con violación al derecho a la intimidad y “[…]
la inviolabilidad de las comunicaciones privadas […]”, dentro de la investigación
disciplinaria con radicado núm. IUS-E-2023-114383/ IUC-D-2023-2835255.
23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de subsidiariedad.
VIII.5.1. Del incumplimiento del requisito de procedencia de subsidiariedad
24. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
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idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
25. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza9), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
27. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”10.
28. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
9
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
10
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Accionante: Susana Gómez Castaño
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”11.
29. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
30. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
31. Descendiendo al caso concreto, se observa que la accionante alega que la
autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales citados supra con
ocasión del auto de apertura de investigación de 9 de marzo de 2023 y el de
formulación de cargos de 21 de noviembre de 2023, y por tener en cuenta material
probatorio obtenido con violación al derecho a la intimidad y “[…] la inviolabilidad
de las comunicaciones privadas […]”, dentro de la investigación disciplinaria con
radicado núm. IUS-E-2023-114383/ IUC-D-2023-2835255.
32. Como fundamento de su solicitud de amparo la accionante indicó que las
decisiones y el procedimiento seguido dentro de la investigación disciplinaria con
radicado núm. IUS-E-2023-114383/ IUC-D-2023-2835255 vulneró su derecho
fundamental al debido proceso por no tener en cuenta lo dispuesto en los artículos
40, 209, 212 y 215 de la Ley 1564 de 2012 al momento de determinar los hechos por
los cuales se le investigan, toda vez que no se determinaron las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que presuntamente se cometió la falta.
33. Por lo anterior la accionante considera que en la decisión de 21 de noviembre de
2023 la Sala de Instrucción incurrió en indebida valoración probatoria al desconocer
la existencia de varios informantes parciales y, desconoció lo que contenían varias
pruebas y les atribuyó “[…] afirmaciones que no se hicieron o en las que se incurrieron
en contradicciones […]”.
34. E igualmente, que el testimonio a la señora Gina Brigitte Jaimes Abril se practicó
sin que se encontrara presente su apoderado, quien no pudo acceder al enlace que
se había habilitado para participar en la audiencia.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05931-01
Accionante: Susana Gómez Castaño
35. Finalmente, alegó que la prueba decretada en el auto de 24 de mayo de 2023,
esto es las conversaciones de la aplicación WhatsApp que se extrajeron del
teléfono celular de la señora Laura Matyas Carvajal, estaba viciada al contener
información privada y obtenerse sin orden judicial, por lo que debía ser excluida del
proceso.
36. La primera instancia determinó frente a los autos de 9 de marzo y 21 de
noviembre de 2023 mediante el cual se ordenó abrir investigación disciplinaria y
proferir pliego de cargos, respectivamente, que el primero al ser un acto
preparatorio no cumple con el requisito de subsidiariedad y respecto del segundo
que no se satisfizo la carga argumentativa requerida, por lo que frente a ambos el
mecanismo constitucional fue declarado improcedente.
37. Sobre la práctica del testimonio de la señora Gina Brigitte Abril sin la presencia
de su apoderado, consideró que “[…] es una situación sustancial que tendría
injerencia en la decisión final […]”, por lo que una vez analizado negó el amparo,
toda vez que al abogado de la accionante se le puso de presente la grabación del
testimonio y no se pronunció.
38. En cuanto a la decisión de incorporar las conversaciones de WhatsApp del
teléfono de la señora Laura Matyas Carvajal, determinó que “[…] la señora Laura
Matyas, [fue] quien de manera libre y voluntaria autorizó la extracción de la
información de su celular, por lo tanto, no se requería orden judicial […]”.
39. Sin embargo, la Sala considera que ninguna de las circunstancias invocadas en
la presente acción de tutela cumple con el requisito general de subsidiariedad,
porque actualmente existe un proceso disciplinario en trámite, mediante el cual se
busca esclarecer los hechos y determinar si la conducta adelantada por los
investigados constituye una falta disciplinaria, y dentro de dicho procedimiento la
accionante podrá cuestionar lo señalado en su escrito de tutela.
40. En otras palabras, para la Sala conforme con las normas y jurisprudencia citada
supra, el acto materia de controversia es de trámite porque: i) no está resolviendo
en forma definitiva la situación jurídica de la accionante, sino que el proceso
disciplinario debe seguir su curso, y dentro de dicho proceso el tutelante podrá
ejercer su defensa; y ii) el artículo 43 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201112
señaló que los actos definitivos son aquellos que deciden de fondo el asunto y no
permiten continuar con la actuación, lo cual no sucede en este caso13.
41. En efecto, se observa que la accionada no ha emitido una decisión definitiva
frente al proceso disciplinario aludido y contra la decisión definitiva que se adopte
en el marco de dicho proceso la aquí accionante cuenta con las herramientas
judiciales para controvertir esa decisión.
12
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia de 18 de julio de 2024, Radicado
núm. 17001-23-33-000-2024-00021-01. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05931-01
Accionante: Susana Gómez Castaño
42. Frente a la procedencia de la acción de tutela contra actos que no son definitivos
la jurisprudencia constitucional ha señalado:
“[…] 93. En virtud de lo anterior, esta corporación ha manifestado que la acción
de tutela no es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de
los derechos fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición
de un acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una línea
jurisprudencial pacífica y reiterada14. Su fundamento se encuentra en el hecho
de que el legislador ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el control judicial de los actos
administrativos15.
94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario natural para la
reivindicación de los derechos fundamentales conculcados en este contexto.
Allí, los interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los derechos
fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares que ofrece
la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran la idoneidad de los
aludidos medios de control en este campo.
[…]”16.
43. Igualmente, en un asunto similar, esta Sala de Decisión determinó, en sentencia
de 31 de octubre de 202417, que si el proceso disciplinario se encuentra en curso y
los actos contra los que se presente la acción de tutela no resuelven de fondo la
situación, el amparo será improcedente por falta de cumplimiento del requisito
general de subsidiariedad.
44. En ese sentido, para la Sala es claro que al existir un procedimiento
administrativo en trámite en el que la administración no ha adoptado una decisión
definitiva, la acción de tutela no puede erigirse como un escenario paralelo, para
debatir los asuntos que tienen que ser estudiados, inicialmente, por la
administración dentro del procedimiento administrativo.
45. Además, en el presente caso no se encuentra acreditado un perjuicio
irremediable.
46. Por lo expuesto, se considera que la acción de tutela no cumple con el requisito
de subsidiariedad, en razón a que: (i) el procedimiento administrativo se encuentra
en trámite, (ii) se cuestiona un acto de trámite; y (iii) la accionante cuenta con otras
acciones judiciales para controvertir la decisión definitiva que se adopte dentro de
la investigación disciplinaria.
14
Entre otras, sentencias T-505 de 2017, T-178 de 2017, T-271 de 2012, T-146 de 2019, T-467 de 2006, T-1256 de 2008, T-
1059 de 2005, T-270 de 2012, T-041 de 2013, T-253 de 2020, SU-077 de 2018.
15
Sentencias T-505 de 2017, T-146 de 2019, T-270 de 2012.
16
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022. M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. Núm. 25000-23-15-000-2024-00755-01,
C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05931-01
Accionante: Susana Gómez Castaño
47. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección modificará el
fallo impugnado, por las razones expuestas en esta providencia, como se dispondrá
en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 5 de diciembre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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