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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05942-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05942-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para, en su lugar, negar el amparo solicitado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05942-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05942-01
Accionante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05942-01
Accionantes: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en un
medio de control de reparación directa, mediante la cual se revocó
parcialmente la sentencia de primera instancia. Ausencia de los
defectos invocados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 6 de diciembre de 2024 por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta corporación, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

2. En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, los señores Udalgina del Rosario Vásquez Triviño, Yira Farley Osorio Herrera,
Carlos Felipe Sejín Osorio, Salma Sejín Osorio, Yalile Yulieth Sejín Vásquez, Sarife
Udalgina Sejín Vásquez, Carlos Enrique Sejín Vásquez y Julio Eduardo Sejín Rosales
promovieron demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad. Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:

1 Índice 2 del aplicativo SAMAI.

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Accionante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros

«[…] TERCERO: ORDENAR la revisión de la Sentencia proferida el 12 de abril de
2024, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera- Subsección B, a fin de que se garantice los derechos fundamentales de los
suscritos accionantes a la igualdad y al debido proceso consagrados en los artículos
13 y 29, de la Constitución Política de Colombia, ordenando al accionado, proceda a
emitir en el término que el Juez Constitucional estime pertinente y según la
complejidad del caso, nueva sentencia en la cual vincule a la Policía Nacional en la
responsabilidad por los hechos que acá se discuten, examinando bajo las reglas
de la sana crítica, las pruebas legalmente recaudadas en la actuación procesal […]».

1.2. Hechos de la solicitud

3. Los actores de esta tutela y la señora Laura del Carmen Guerra Vásquez (hoy
fallecida) instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación (Ministerio
de Defensa, Policía Nacional), de la Fiscalía General de la Nación y del municipio de
Valencia (Córdoba), con el fin de que se declarara administrativa y solidariamente
responsables a estas por los perjuicios causados, con ocasión de la muerte del señor
Carlos Alberto Sejín Vásquez.

4. Como fundamento de la demanda, el extremo activo afirmó que el señor Sejín
Vasquez, líder comunitario y activista político, falleció el 21 de septiembre de 2008 en
el casco urbano del municipio de Valencia (Córdoba), luego de haber recibido múltiples
amenazas, por lo que, a su juicio, las entidades demandadas incurrieron en una
omisión en su deber de protección «que por mandato de la Constitución les compete,
configurándose la falla del servicio y/o el daño antijurídico».

5. El 11 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de
Decisión, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual declaró
administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al municipio de Valencia
(Córdoba) por la omisión del deber de protección de la vida e integridad personal del
señor Carlos Alberto Sejín Vásquez y, en consecuencia, los condenó a pagar,
solidariamente, a cada uno de los demandantes la suma de dinero reconocida.

6. Inconformes con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, en el que expresó su desacuerdo con respecto al monto de los perjuicios

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reconocidos por concepto de lucro cesante. Por su parte, las entidades demandadas
también recurrieron el fallo de primera instancia.

7. El 15 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera
de Decisión, concedió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante,
la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y por la Fiscalía General de la
Nación y, adicionalmente, negó, por extemporáneo, el recurso de alzada formulado
por el municipio de Valencia (Córdoba).

8. El 12 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, revocó
parcialmente la sentencia de primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones
con respecto a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y a la Fiscalía
General de la Nación, y mantuvo la declaración de responsabilidad patrimonial
extracontractual y la condena de perjuicios, en relación con el municipio de Valencia
(Córdoba).

1.3. Fundamentos de derecho

9. Los accionantes consideraron que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, al expedir la sentencia del 12 de abril de 2024, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

10. Para el efecto, adujeron que aquella autoridad incurrió en violación directa de la
Constitución Política, al eximir a la Policía Nacional de responsabilidad basándose
únicamente en la falta de denuncias escritas de las amenazas en contra del señor
Carlos Alberto Sejín Vásquez ante esa entidad, pues aquella, a pesar de conocer el
contexto de violencia que prevalecía en el municipio de Valencia (Córdoba), la
situación de orden público, así como los antecedentes de asesinatos de líderes
sociales que denunciaban la corrupción, incumplió con sus deberes constitucionales
consagrados en los artículos 217 y 218, dejando a la población de ese ente territorial
«a merced de los grupos delincuenciales», sin brindar alguna protección a la víctima.

11. Adicionalmente, afirmaron que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta
las consideraciones expuestas por la Sección Tercera de esta corporación en la

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providencia del 31 de enero de 2011, dictada en el proceso de reparación directa con
radicado 05001-23-26-000-1990-06381-01 (17.842), en la que se admitió, bajo la
teoría de la posición de garante, que el Estado tiene la obligación de brindar protección
a los ciudadanos, incluso en aquellos casos en los que la víctima no hubiera
presentado una denuncia que le permitiera a la entidad demandada conocer sus
circunstancias particulares de seguridad.

12. Asimismo, indicaron que en la providencia censurada no se analizó de manera
adecuada el Informe de Valoración del Riesgo 038 del 25 de diciembre de 2007, en el
cual la Defensoría del Pueblo «vincula como autoridades con deber de protección de
la ciudadanía a la Policía Nacional e incluso [emite] unas recomendaciones para
[mejorar] la seguridad y garantizar la protección de los habitantes del municipio de
Valencia», por lo que la Institución mencionada no puede eximirse de responsabilidad
en la muerte del señor Sejín Vásquez, bajo el argumento que no tenía conocimiento
de las amenazas, por el contrario debió adoptar medidas de protección para la
población, especialmente, para aquellos involucrados en políticas o denuncias,
quienes requerían una mayor seguridad ante el contexto de violencia en la región.

1.4. Actuación procesal2

13. El 8 de noviembre de 2024, el despacho de la consejera María Adriana Marín (i)
admitió la acción de la referencia en contra de la Subsección B de la Sección Tercera
de esta corporación; (ii) vinculó, en calidad de terceros interesados en los resultados
del proceso, a la señora Laura Guerra Vásquez, al Ministerio de Defensa Nacional, a
la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al municipio de Valencia
(Córdoba); (iii) ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
de conformidad con lo establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso;
y (iv) requirió a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba para que remitiera,
en medio magnético, copia del expediente de reparación directa con radicado 23001-
23-31-000-2010-00371-00/01.

1.5. Contestación de la demanda

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14. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, afirmó que los argumentos expuestos en el escrito
de tutela no están llamados a prosperar, pues la parte accionante, al formular la
presente acción, busca revivir el debate ya concluido como si se tratara de una tercera
instancia, con el fin de subsanar las falencias probatorias que dieron lugar a negar la
responsabilidad endilgada a la Policía Nacional.

15. Sin perjuicio de lo anterior, adujo que la providencia censurada se encuentra
sustentada en los elementos fácticos, probatorios y jurídicos aplicables al caso y sobre
la base de una debida y ponderada valoración en el ámbito de la autonomía funcional
de la sala de decisión, lo cual puede constatarse con solo una lectura desprevenida de
la providencia. En consecuencia, solicitó desestimar las súplicas de la demanda.

16. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
manifestó que esa entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que
no existe una relación de causalidad, comoquiera que la decisión judicial cuestionada
no fue emitida por aquella y la actuación pretendida en procura del amparo de los
derechos fundamentales supera su competencia.

17. Adicionalmente, aseguró que la acción de tutela no cumple con los requisitos
generales de procedencia, puesto que (i) no se encuentra satisfecha la exigencia de
subsidiariedad, por cuanto los accionantes disponen de otros medios judiciales y,
adicionalmente, no se acreditó la probable ocurrencia de un perjuicio irremediable que
permita el amparo de manera transitoria; (i) no goza de relevancia constitucional, ya
que no se evidencia una transgresión de derechos fundamentales, sino que, por el
contrario, lo que se observa es que los accionantes está utilización la acción de amparo
como un mecanismo para reabrir el debate judicial ya definido; y (iii) la parte accionante
no sustentó de manera adecuada y suficiente las causales específicas de
procedibilidad. En esos términos, solicitó declarar improcedente la acción de la
referencia

18. La Policía Nacional, a través del Grupo de Asuntos Legales, indicó que en el
medio de control de reparación directa no se allegó ninguna prueba que permitiera
establecer un nexo de causalidad frente a la responsabilidad de la Policía Nacional,

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por lo que, en su criterio, los argumentos expuestos por los accionantes, en cuanto a
la existencia de un desconocimiento del precedente judicial y de una violación directa
de la Constitución Política no están llamados a prosperar, comoquiera que la autoridad
judicial accionada realizó un completo y armónico análisis de los hechos y pruebas
allegadas al proceso, a fin de proferir una decisión conforme a las disposiciones
normativas y jurisprudenciales aplicables al caso. Además, resaltó que la carga de la
prueba se encuentra en cabeza de la persona que pretende una indemnización
derivada de la responsabilidad del Estado.

19. De otra parte, aseveró que la presente acción es plenamente improcedente, puesto
que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable o de una amenaza
inminente e injustificada que amerite la procedencia de la tutela como mecanismo
transitorio, máxime cuando el asunto propuesto en la tutela ya se discutió a través de
las vías idóneas para ello. Por lo anterior, requirió denegar las pretensiones formuladas
por la parte actora.

20. El 18 de noviembre de 2024, la señora Udalgina del Rosario Vásquez Triviño,
mediante memorial, informó que la señora Laura Guerra Vásquez «falleció en días
pasados», por lo que solicitó «continuar el trámite conforme lo dispone el artículo 68
del Código General del Proceso, como sucesores procesales».

1.6. Sentencia impugnada

21. El 6 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
declaró improcedente la solicitud de amparo. Para el efecto, afirmó que los cargos
relativos a la violación directa de la Constitución Política y al desconocimiento del
precedente judicial no están llamados a prosperar, por cuanto carecen de relevancia
constitucional, comoquiera que la parte actora busca convertir este mecanismo en una
instancia adicional al proceso de reparación directa, por no estar de acuerdo con el
resultado de la valoración probatoria y la definición que del litigio hizo el juez natural
en segunda instancia.

22. En cuanto al defecto fáctico por indebida valoración, advirtió que este tampoco es
procedente, en la medida en que la providencia cuestionada analizó de manera

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razonable el Informe de Valoración del Riesgo núm. 038 del 25 de diciembre de 2007,
ya que si bien se determinó que este daba cuenta de la situación generalizada de
orden público en la región, lo cierto es que no se encontró demostrado que las
entidades allí demandadas hubiesen asumido la posición de garante en relación con
la vida de la víctima, puesto que no tenían conocimiento de sus circunstancias
particulares, la gravedad de las amenazas y el nivel de riesgo en el que se encontraba.

23. Por tanto, consideró que la decisión de la Sala mayoritaria de la Subsección
accionada fue razonable y adecuada y se adoptó bajo una acuciosa valoración integral
del material probatorio obrante en el expediente, de ahí que las posiciones
contrapuestas de la demandante no tengan trascendencia, ya que el operador
constitucional no está facultado para resolver cuestiones propias de los jueces de
responsabilidad patrimonial, quienes no son supervisados funcionalmente ni se
someten a juicios de corrección respecto de las decisiones que emiten.

24. Finalmente, precisó que el hecho de que frente a una providencia exista un
salvamento de voto, como ocurrió en el caso que se controvierte, no implica, per se,
que la decisión mayoritaria esté viciada de irracionabilidad o que carezca de validez,
sino que, por el contrario, en ejercicio de los principios de autonomía e independencia
judicial, es posible que entre los magistrados de una sala de decisión haya disparidad
de criterios, sin que pueda afirmarse que uno sea más válido que el otro.

1.7. Impugnación

25. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual manifestó
que el asunto reviste de relevancia constitucional, comoquiera que no solo se alega la
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, sino que
también se demuestra la afectación de estos por la omisión de una entidad que estuvo
involucrada en la provocación del daño antijurídico, al no cumplir con su deber especial
de protección.

26. Además, señaló que la transgresión de sus derechos se justifica por el hecho de
que no se resolvió el caso tomando en cuenta el contexto de la época, a pesar de que

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era un hecho notorio, y por el evidente desconocimiento del precedente jurisprudencial,
ya que se fallaron de manera diferente casos similares.

27. Asimismo, aclaró que no pretende utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia ni reabrir el debate probatorio, sino que su objetivo es lograr un proceso justo
en el que se valore adecuadamente el material probatorio, teniendo en cuenta las
realidades y el contexto de la época y del territorio. Por lo anterior, insistió en que debía
tenerse en cuenta el salvamento de voto que emitió el magistrado Alberto Montaña
Plata en el caso en discusión.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

28. La Subsección es competente para conocer de la presente impugnación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia, especialmente, el de relevancia
constitucional para controvertir la sentencia del 12 de abril de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el medio de control de
reparación directa con radicado 23001-23-31-000-2010-00371-01. En caso afirmativo,
se analizará, en segundo lugar, si se configuraron los defectos de violación directa de
la Constitución Política, desconocimiento del precedente judicial y fáctico y, por ende,
si se vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

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2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

30. La jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de
2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

31. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

32. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o

3 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Análisis del caso concreto

33. Sea lo primero indicar que el caso bajo estudio goza de relevancia constitucional,
toda vez que, contrario a lo sostenido por el juez de primera instancia, el debate gira
en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad, pues, en criterio de los accionantes, la litis fue resuelta bajo un indebido
ejercicio probatorio y jurisprudencial, eventos que fueron adecuados en los defectos
fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución
Política, y que de encontrarse acreditados, conducirían a considerar lesionados los
derechos fundamentales de aquellos.

34. En igual sentido, el presente asunto también reúne los demás requisitos generales
de procedencia, toda vez que (i) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa
por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, los accionantes tenían la calidad de
demandantes en el proceso ordinario y, por el otro, el Consejo de Estado, Sección
Tercera Subsección B, profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo;
(ii) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que los
accionantes agotaron todos los mecanismos judiciales que tenían a su alcance para
controvertir la providencia censurada; (iii) la acción de tutela se interpuso dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la sentencia del 12 de abril de 2024; (iv) no
se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse el estudio sin un
adecuado análisis probatorio y jurisprudencial; (v) se identificaron razonablemente los
hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de
derechos fundamentales; y (vi) la tutela no se interpone contra una providencia de igual
naturaleza.

35. Aclarado lo anterior, se advierte que la parte actora solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales estimó

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vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al expedir la
sentencia del 12 de abril de 2024.

36. Para soportar la anterior solicitud, los accionantes afirmaron que la autoridad
judicial precitada incurrió, en primer lugar, en violación directa de la Constitución
Política, al eximir a la Policía Nacional de responsabilidad basándose únicamente en
la falta de denuncias escritas de las amenazas en contra del señor Carlos Alberto Sejín
Vásquez ante esa entidad, pues aquella, a pesar de conocer el contexto de violencia
que prevalecía en el municipio de Valencia (Córdoba), la situación de orden público y
los antecedentes de asesinatos de líderes sociales que denunciaban la corrupción,
incumplió con sus deberes constitucionales consagrados en los artículos 217 y 218.

37. Pues bien, para resolver la anterior inconformidad y las relativas al
desconocimiento del precedente judicial y al defecto fáctico, la sala considera
necesario analizar los argumentos en que se apoyó la autoridad judicial accionada
para revocar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Primera de Decisión.

38. Así, se observa que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la
providencia del 12 de abril de 2024, luego de hacer un examen exhaustivo del acervo
probatorio, determinó que, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación y la Policía
Nacional tenían conocimiento de la situación de orden público en Valencia (Córdoba)
durante los años 2007 y 2008, los demandantes no lograron acreditar que la víctima
Carlos Alberto Sejín Vásquez hubiese denunciado formalmente las amenazas ni
solicitado protección especial ante estas autoridades. Aunado a lo expuesto, aclaró
que, aunque existieron denuncias generales sobre la situación de seguridad en la
región no se probó que la víctima hubiese realizado una denuncia directa.

39. En ese sentido, con respecto a la Fiscalía General de la Nación, precisó que no se
presentó ninguna denuncia formal por parte de la víctima antes de su muerte, lo que
impidió que se le incluyera en el programa de protección, el cual se encuentra regulado
en las leyes 104 de 1993, 241 de 1995 y 418 de 1997, vigentes para la época de los
hechos, y en la Resolución núm. 0-2700 de 1996, en donde se dispuso que para ser

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beneficiario de este programa debe hacerse una solicitud, evaluarse los riesgos y
cumplir ciertos requisitos.

40. De igual manera, afirmó que la Policía Nacional tampoco recibió una denuncia
formal sobre las amenazas, lo que le impidió que pudieran brindar una protección
especial, pues si bien es cierto que, por mandato constitucional (artículo 218), esa
entidad tiene como fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de
Colombia vivan en paz, también lo es que para que se cumplan dichos fines los
ciudadanos deben poner en conocimiento de esa Institución aquellas situaciones que
requieran su intervención.

41. Al respecto, citó la sentencia proferida el 26 de marzo de 2008 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, en el proceso con radicado 25000-23-26-000-1994-00083-
01 (16.310), en la cual se dispuso que las obligaciones de la Policía Nacional, en
cuanto a la protección de los ciudadanos, deben entenderse dentro de lo que
normalmente puede exigírsele a la Administración, teniendo en cuenta factores como
los recursos disponibles, el personal y la capacidad de maniobra, comoquiera que si
bien la Policía Nacional debe estar atenta y desplegar una vigilancia permanente, ello
no implica que el Estado sea responsable por no estar disponible en todo momento o
en todos los lugares, ya que es imposible que esa Institución sea «omnipotente,
omnisciente y omnipresente».

42. En estos términos, consideró que, por no encontrarse demostrada la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y de la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, debía revocarse parcialmente la sentencia de primera
instancia, para, en su lugar, negar las pretensiones con respecto a esas entidades.

43. De la anterior transcripción, se tiene que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, determinó que
debían negarse las súplicas de la demanda, en relación con la Fiscalía General de la
Nación y la Policía Nacional, comoquiera que si bien es cierto que esas entidades
tenían conocimiento de la situación de orden público en el municipio de Valencia
(Córdoba), también lo es que la parte demandante no logró acreditar que el señor

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Carlos Alberto Sejín Vásquez hubiese denunciado las amenazas o solicitado una
protección especial, por lo que las entidades demandadas desconocían las situaciones
particulares de aquel.

44. Ahora bien, se observa que los actores discuten que la autoridad judicial accionada
incurrió en violación directa de la Constitución Política, puesto que desconoció el
mandato impuesto en el artículo 217 de la referida norma, comoquiera que la Policía
Nacional, a pesar de conocer el contexto de violencia que prevalecía en el municipio
de Valencia (Córdoba), la situación de orden público y los antecedentes de asesinatos
de líderes sociales que denunciaban la corrupción, no cumplió con su deber de
protección.

45. Sin embargo, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en
el defecto mencionado, puesto que, tal y como se explicó en precedencia, si bien es
cierto que la Policía Nacional, estaba al tanto de la situación de orden público en el
ente territorial mencionado, tal y como lo evidencian las actas de los consejos de
seguridad y los comités de orden público de los años 2007 y 2008, no se presentó
evidencia suficiente de que la víctima hubiese denunciado formalmente esas
amenazas.

46. Así, aunque la Policía Nacional tiene el mandato constitucional de velar por la
seguridad y el orden público, su responsabilidad está condicionada a que los
ciudadanos le informen de situaciones específicas que requieran su intervención, pues
resulta razonable que aquella no puede mantener su presencia en todas partes, de
manera que, ante la ausencia de una denuncia formal, esa entidad no tenía la forma
de conocer o prever la situación de riesgo en la que se encontraba el señor Carlos
Alberto Sejín Vásquez, de ahí que no se advierta que la autoridad accionada hubiese
emitido una decisión contraria a los preceptos constitucionales.

47. En igual sentido, para la Sala tampoco se estructuró el desconocimiento del
precedente judicial alegado por los peticionarios del amparo, comoquiera que la
providencia invocada como desatendida, esto es, la sentencia 05001-23-26-000-1990-
06381-01 (17.842), proferida el 31 de enero de 2011 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, no constituye precedente judicial en los términos de la Ley 1437 de 2011, por

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lo que no podría exigírsele a la Subsección accionada que indefectiblemente empleara
el criterio allí definido.

48. En todo caso, se repara en que la situación fáctica y jurídica difiere sustancialmente
en ambos asuntos, toda vez que en la sentencia del 31 de enero de 2011 esta
corporación accedió a las pretensiones de una demanda de reparación directa por
omisión en el deber de brindarle protección especial a un asesor del Sindicato de
Trabajadores Agropecuarios y del Sindicato de Trabajadores del Banano, pese a que
previamente se habían exigido medidas de seguridad y se había presentado denuncia
pública por parte de la Asociación de Abogados Laboralistas al Servicio de los
Trabajadores.

49. Finalmente, en lo que tiene que ver con el cargo relativo al defecto fáctico, se
observa que la parte accionante discute que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, no valoró adecuadamente el informe núm. 038 del 25 de diciembre de
2007 emitido por la Defensoría del Pueblo), mediante el cual se vinculó a la Policía
Nacional, en relación con el deber de protección, y se emitieron recomendaciones para
mejorar la seguridad en el municipio de Valencia (Córdoba).

50. Al respecto, la Sala observa que la corporación judicial accionada, con respecto a
este elemento probatorio, en la providencia censurada, señaló que «la Defensoría
Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del
Conflicto Armado (Sistema de Alertas Tempranas – SAT), mediante el informe núm.
038-07 de 25 de diciembre de 2007», advirtió sobre la situación de riesgo en que se
encontraba la población del ente territorial mencionado. Asimismo, resaltó que en
dicho informe la entidad precitada señaló el grupo de personas identificadas como
víctimas de algún tipo de amenaza, en el cual no se encontraba el señor Carlos Alberto
Sejín Vásquez.

51. Así las cosas, la Sala considera que la Subsección accionada sí valoró de manera
adecuada el informe emitido por la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo
de la Población Civil, pues al apreciarlo evidenció que este describía la situación
generalizada de afectación en ese territorio; distinto es que concluyera que no se
demostró que las entidades demandadas hubiesen asumido la responsabilidad de

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velar por la integridad de la víctima, por cuanto no se acreditó que aquellas, se insiste,
tuvieran conocimiento de las condiciones de riesgo en que aquel se encontraba,
máxime cuando en el referido informe no se encontraba el señor Sejín Vásquez como
víctima de algún tipo de amenaza.

52. Por tanto, se concluye que la corporación accionada sustentó la providencia
acusada en los elementos probatorios obrantes en el expediente, sin que logre
evidenciarse una apreciación irracional o caprichosa, pues la decisión responde a un
análisis juicioso de los hechos debidamente probados y de la interpretación de estos,
de ahí que no pueda considerarse que existió un defecto fáctico en la actuación.

53. Por último, con respecto a la aplicación del salvamento de voto emitido por el
consejero Alberto Montaña Plata, la Sala considera, en el mismo sentido que lo coligió
el juez de primera instancia, que el hecho de que exista un salvamento de voto, en
relación con la providencia que es objeto de análisis en la acción de tutela, no implica
que la decisión mayoritaria sea inválida, sino que, en ejercicio de la autonomía e
independencia judicial de la que gozan los jueces, en virtud de lo dispuesto en los
artículo 228 y 230 de la Constitución Política, puede presentarse una disparidad de
criterios entre los magistrados de una sala de decisión.

54. En suma, al no encontrarse demostrada la configuración de ninguna de las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales alegadas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, y, en su lugar,
negará el amparo deprecado por la parte accionante.

2.5. Conclusión

55. Con fundamento en los argumentos expuestos en precedencia, la Sala concluye
que en el sub lite, en primer lugar, se encuentra satisfecho el requisito de relevancia
constitucional y, en segundo lugar, no se estructuraron las causales de violación
directa de la Constitución Política, desconocimiento del precedente judicial y defecto
fáctico, en tal sentido, revocará la sentencia impugnada que declaró improcedente el
amparo constitucional, y, en su lugar, negará el amparo deprecado por la parte
accionante.

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56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

3. FALLA

Primero: Revocar la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por la parte actora en contra del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, para, en su lugar, negar el amparo solicitado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A.R.F.

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