Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05949-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05949-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05949-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de febrero de 2025
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05949-00
Demandante: E. S. E. Hospital Agustín Codazzi
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05949-00
Demandante: E. S. E. Hospital Agustín Codazzi
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en proceso ejecutivo.
Incumplimiento de requisitos de procedibilidad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la E. S. E. Hospital Agustín Codazzi
en contra del Tribunal Administrativo del Cesar
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
La E. S. E. Hospital Agustín Codazzi, a través de la gerente de la entidad, Jhina Paola
Daza Ovalle, presentó como pretensiones de tutela, las siguientes:
Solicito al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO tutele el derecho fundamental al debido
proceso y, en tal sentido, ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR y AL JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR:
PRIMERO: solicito al honorable Consejo de Estado, MEDIDA PROVISIONAL, de suspender
la entrega de los depósitos judiciales, por el daño irremediable que puede ocasionar la
entrega de los dineros embargados, toda vez que está en riesgo la salud de los
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Demandante: E. S. E. Hospital Agustín Codazzi
habitantes del municipio de Agustín Codazzi, la ejecución del programa y el pago de
los honorarios de los contratistas.
Se le dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2591 de 1991, el juez
también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación
o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños
como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las
circunstancias del caso.
SEGUNDO: se ordene la vinculación del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL como
quiera que la decisión que se tomó en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR afecta los
recursos del ente ministerial.
TERCERO: se ordene al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR, AL BANCO
BOGOTÁ y al BANCO BANCOLOMBIA [que] proced[an] a levantar las medidas cautelares
sobre los recursos de carácter inembargables, [que] en especial tengan como
destinación específica la salud, atención al régimen subsidiado, provenientes del
ADRES, como los contenidos en la cuenta maestra n°. 19700012981 del BANCO
BANCOLOMBIA, y los contenidos en la cuenta de ahorros n°. 224437343 del BANCO
BOGOTA.
CUARTO: PREVENIR al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR, AL BANCO
BOGOTÁ y al BANCO BANCOLOMBIA para que, en lo sucesivo, se abstenga de reiterar su
conducta lesiva en detrimento de los derechos del suscrito accionante.
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El señor Henry Luis Calderón Orozco y otros promovieron acción ejecutiva en
contra de la E. S. E. Hospital Agustín Codazzi, correspondiéndole al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, con el radicado 20001-33-31-007-
2011-00355-00.
ii) Por medio de los autos del 7 de julio y 6 de octubre de 2023, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar decretó la medida cautelar de
embargo de la cuenta corriente n° 19700012981 del Banco Bancolombia y de la
cuenta corriente n°. 224265702 del Banco de Bogotá.
iii) La E. S. E. Hospital Agustín Codazzi solicitó el levantamiento de la medida cautelar
decretada en los referidos autos, al no haberse hecho la salvedad de que, de la
medida de embargo y retención, quedaban exceptuadas las transferencias de la
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Demandante: E. S. E. Hospital Agustín Codazzi
Nación pertenecientes al Sistema General de participaciones, de regalías o de los
recursos destinados a la salud y todas las rentas que estuvieran contempladas en el
artículo 594 del CGP. Ello, por cuanto la cuenta de Bancolombia era una cuenta
maestra en la se depositaban las transferencias provenientes del presupuesto de la
Nación destinada a la financiación del régimen subsidiado y administrada por la
ADRES, y la cuenta del Banco de Bogotá estaba destinada para el programa Equipos
Básicos en Salud, del Ministerio de Salud y Protección Social.
iv) Mediante auto del 26 de julio de 2024, el Juzgado se abstuvo de decretar el
levantamiento de la medida cautelar de embargo y retención de dineros dispuesta en
contra de la E. S. E. Hospital Agustín Codazzi.
v) La E. S.E. Hospital Agustín Codazzi presentó recurso de apelación en contra de la
anterior decisión.
vi) A través de auto del 24 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la decisión el Juzgado.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
La accionante presentó como fundamentos de tutela, los siguientes:
i) La medida cautelar adoptada en contra de la E. S. E. Hospital Agustín Codazzi está
obstaculizando y dificultando la atención y el servicio de salud de la población pobre
y vulnerable del municipio de Agustín Codazzi —cercana a los 70.000 habitantes—,
como el pago de los honorarios de los 99 contratistas de los equipos básicos en
salud, obligaciones de orden laboral y que prevalecen ante cualquier otra.
ii) La E. S. E. le hizo saber a las instancias judiciales la condición de vulnerabilidad de
la población del municipio de Agustín Codazzi, la necesidad de los equipos básicos
en salud y la inembargabilidad de los recursos económicos; y el Ministerio de Salud y
Protección Social certificó a los despachos judiciales la calidad de inembargabilidad
de los recursos de los equipos básicos en salud.
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Demandante: E. S. E. Hospital Agustín Codazzi
iii) El artículo 2 de la Resolución 1895 de 2023, emitida por el Ministerio de Salud y
Protección Social, dispuso la destinación exclusiva de los recursos asignados para
los equipos básicos en salud, por lo que la E. S. E. no puede destinar recursos a una
situación diferente.
iv) El artículo 8 de la misma normativa establece una serie de requisitos para que el
Ministerio de Salud y de Protección Social pueda realizar el giro, y, con miras a velar
por la transparencia y el cumplimiento de la iniciativa ministerial, exigió crear una
cuenta de ahorros exclusiva para no mezclar los diferentes dineros que recibe el
hospital, por esta razón no fueron consignados en la cuenta maestra. La E. S. E. dio
cumplimiento a la apertura de la cuenta manifestándole a la entidad financiera que el
origen y la destinación de los recursos eran de carácter inembargables.
v) Como los equipos básicos en salud corresponden a un programa del Ministerio de
Salud y Protección Social, con destinación específica, la E. S. E. no tiene recursos
económicos para asumir los gastos de los equipos básicos en salud, por lo que con
el embargo de las cuentas tendría que asumir una carga económica que no está
presupuestada.
vi) En otras palabras, al Hospital Agustín Codazzi se le está violando el debido
proceso con una medida cautelar lesiva para la atención de los usuarios de salud y
para el pago de los honorarios de los contratistas de los equipos básicos en salud,
toda vez que las cuentas corrientes están individualizadas con la prerrogativa de
inembargables.
vii) El Hospital tiene la intención de cumplir con la obligación, por lo que, con base en
los ingresos que recibe mensualmente, ha realizado propuesta de pago al
demandante. Además, es de tener en cuenta que la E. S. E. enfrenta 47 procesos
activos, algunos con medidas cautelares que afectan la misionalidad del hospital,
dentro de los cuales se han venido realizado transacciones y acuerdos conciliatorios.
1.2. Actuación procesal
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1.2.1. Mediante auto del 12 de noviembre de 2024, se inadmitió la acción de tutela y
se requirió a la señora Jhina Paola Daza Ovalle para que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación de la providencia, i) allegara la documentación que
acreditara su calidad de representante legal de la E. S. E. Hospital Agustín Codazzi; ii)
indicara cuál era el tribunal accionado, las fechas de las providencias cuestionadas, el
consecutivo de radicación y tipo de proceso dentro del cual fueron proferidas y allegará
la copia de dichas providencias; y iii) sustentara con precisión conceptual y jurídica,
cuáles eran las causales especiales de procedibilidad —defectos— en los que incurrían
las providencias judiciales frente a las cuales se presentaba inconformidad, a la luz de
los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, y
ratificados por la Sentencia SU-215 de 2022.
1.2.2. Mediante auto del 27 de noviembre de 2024, se admitió la acción de tutela y,
en consecuencia, se ordenó notificar, como demandados, al Tribunal Administrativo
de Cesar y al Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar; y en calidad de
terceros con interés en las resultas del proceso, al señor Henry Luis Calderón
Orozco, así como a los demás demandantes y coadyuvantes que actuaron en el
proceso ejecutivo con radicado 20001-33-33-007-2011-00355-00 [01]; remitiéndoles
copia de la solicitud de tutela para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la providencia, ejercieran su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y
rindieran el respectivo informe.
Asimismo, se requirió al Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar para que, de
acuerdo con la información contenida en el expediente aludido, i) suministrara los
nombres y direcciones de dichas personas, a efectos de garantizar sus derechos al
debido proceso y a la defensa y contradicción; y, además, ii) enviara copia digital del
expediente correspondiente al medio de control de reparación directa que se adelantó
con el radicado 20001-33-31-006-2011-00355-00 [01]; y no concedió la medida
provisional solicitada por la parte actora.
1.3.3. El 2 de diciembre de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
personalmente a la E. S. E. Agustín Codazzi, al Tribunal Administrativo del Cesar y al
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Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar; y el 19 de diciembre siguiente, notificó
por aviso a los señores Luis Alejandro Calderón Zambrano, Celso Enrique Calderón,
Marcelina Antonia Orozco Mercado, Carlos Hernán Daza, Norys Delfina Guzmán Ribón
y Javier Martínez Ico; así como a los demás demandantes, posibles terceros con
interés y coadyuvantes que actuaron en el proceso ejecutivo, al no haber sido posible
notificarlos de manera personal.
1.3. Contestación de la acción de tutela
1.3.1. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar. El
juez Juan José Castro Nuñez aportó el enlace del expediente requerido y solicitó
declarar improcedente la acción o, en subsidio, denegar el amparo invocado, en
atención a los siguientes argumentos:
i) A la E.S.E. le fueron comunicadas y notificadas cada una de las providencias
emitidas por el despacho en el proceso ejecutivo y solo hasta cuando se hizo efectiva
la orden de embargo y retención de dineros de la cuenta de ahorros que registra en
el Banco de Bogotá fue que se pronunció respecto de la medida de embargo
ordenada.
ii) El juzgado no ha desconocido el hecho de que posiblemente los recursos
capturados de naturaleza inembargable (inicialmente) podrían pertenecer a cuentas
maestras donde se giran recursos de aportes a seguridad social en salud de los
afiliados, pero por esa razón se ordenó presentar ciertos informes que acreditaran tal
condición. De otra parte, se tiene que en el trámite del proceso ejecutivo no se
encuentra acreditado que los recursos que se manejan en las cuentas del Banco
Bancolombia y del Banco Bogotá provengan del ADRES, y que son destinados a
prestar servicios se salud a las personas afiliadas al régimen subsidiado.
iii) En todo caso, es de advertir que el principio de inembargabilidad tiene varias
excepciones, entre las que se encuentran los casos en que se ejecuta una
providencia judicial, como ha ocurrido en el caso del proceso ejecutivo.
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iv) El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión tomada en la providencia
que ordenó el embargo de los recursos que provienen del presupuesto de Equipos
Básicos en Salud, lo cual descarta por completo la vulneración a los derechos
fundamentales invocados en la acción de tutela.
v) Es evidente que la parte actora emplea la acción de tutela como un recurso
adicional que no existe en la norma con el único propósito de desacatar la orden
judicial de embargo y retención de dineros, en lugar de cumplir con el fallo de
condena en favor de los demandantes del proceso ejecutivo, ciñéndose a los
artículos 192 y 195 del CPACA, actitud que no puede ser avalada judicialmente por vía
del mecanismo de amparo de derechos fundamentales empleados.
1.3.2. El Tribunal Administrativo del Cesar, pese a ser debidamente notificado,
dejó transcurrir el término de traslado en silencio.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma
corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir el auto interlocutorio del 24 de octubre
de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 006, dentro del
proceso ejecutivo con radicación 20001-33-33-007-2011-00355-01. En caso
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afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneró el derecho fundamental al debido proceso invocado por la
entidad accionante.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre el cuestionamiento de providencias judiciales con la acción de
tutela
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello, se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir
al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la carta le impone.
Así, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual supone el
cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
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procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De aquí que la Corte
Constitucional estructurara, después de años de elaboración jurisprudencial, los
requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales,1 que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la acción de tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.
Y, por su parte, las causales específicas o defectos se centran en el estudio de la
providencia que se ataca, en orden a determinar la procedencia del amparo que se
invoca, de manera que para encontrar asidero debe estar plenamente demostrado en
el caso al menos una de las siguientes: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental
absoluto, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) error inducido, vi)
decisión sin motivación, vii) desconocimiento del precedente y/o viii) violación directa
de la Constitución.
2.3.2. Sobre la acción de tutela contra autos interlocutorios
1 Sentencia C-590 de 2005.
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El concepto de providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos
que son proferidos por las autoridades judiciales. Así, en materia de decisiones
adoptadas en autos interlocutorios2, la Corte Constitucional ha señalado que éstos,
por regla general, deben ser discutidos por medio de los recursos ordinarios que el
legislador ha dispuesto para el efecto.
Lo anterior, se excepciona en casos en los cuales i) se evidencie una vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada
mediante otros medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional
no será procedente cuando hayan vencido los términos para interponer los recursos
ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero
en forma indebida; ii) a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos
para proteger los derechos afectados o amenazados; o (iii) la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.3
Para que proceda el asunto, deberán reunirse, en todo caso, los «requisitos
generales de procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos
especiales de procedibilidad» del amparo fijados por la Corte Constitucional.
2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela4
2.4.1. Se controvierte en el caso la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, con la adopción del auto interlocutorio del 24 de octubre de 2024, proferido
por el Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 006, dentro del proceso ejecutivo
con radicación 20001-33-33-007-2011-00355-01, mediante la cual se confirmó la
decisión de no levantar la medida cautelar de embargo decretada en dos de las
cuentas bancarias pertenecientes a la E. S. E. Hospital Agustín Codazzi.
2 Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.
3 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
4 Sentencia C-590 de 2005, reiterada en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Demandante: E. S. E. Hospital Agustín Codazzi
Para el efecto, se adujo: i) que la medida cautelar es lesiva para la atención de los
usuarios de salud y para el pago de los honorarios de los contratistas de los equipos
básicos en salud, toda vez que las cuentas corrientes están individualizadas con la
prerrogativa de inembargables; ii) que el artículo 2 de la Resolución 1895 de 2023,
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, dispuso que los equipos
básicos en salud tienen destinación específica; iii) que el artículo 8 ibídem estableció
que para que el Ministerio realizara el giro se debería crear una cuenta de ahorros
exclusiva para no mezclar los diferentes dineros recibidos por el hospital; iv) que la E.
S. E. le hizo saber al despacho judicial la condición de vulnerabilidad de la población
del municipio de Agustín Codazzi, la necesidad de los equipos básicos en salud y la
inembargabilidad de los recursos económicos; y que el Ministerio de Salud y
Protección Social también certificó la calidad de inembargabilidad de los recursos de
los equipos básicos en salud; y v) que como la E. S. E. no tiene recursos económicos
para asumir los gastos de los equipos básicos en salud, con el embargo de las
cuentas tendría que asumir una carga económica que no está presupuestada.
2.4.2. Así, revisados los argumentos de disenso, la Sala evidencia que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito de procedibilidad relacionado con la
«identificación razonable de los hechos y argumentos frente a los cuales se alega
vulneración», puesto que el accionante no propuso discusión alguna en torno a la
configuración de defectos en la decisión cuestionada.
En efecto, se tiene que la entidad accionante no cumplió con la carga argumentativa
suficiente que permita emitir un pronunciamiento de fondo, comoquiera que no no se
ocupó de exponer, ni a lo menos, de señalar, los defectos en los cuales considera
que se incurrió en la providencia cuestionada; y de los alegatos presentados
tampoco se puede extraer la adecuación a alguno de ellos.
Y es que aunque en el líbelo se menciona que existió desconocimiento de lo previsto
en los artículos 2 y 8 de la Resolución 1895 de 2023, emitida por el Ministerio de
Salud y Protección Social, lo que, bien podría deducirse como un defecto sustantivo,
lo cierto es que dicho alegato, en estricto sentido, lo que sugiere es una
inconformidad con el sentido de la decisión, pues más allá de mencionar el contenido
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de lo dispuesto en la normativa, no aportó elementos suficientes para analizar el por
qué se considera que fue desconocida, pese a ser evidentemente aplicable al caso y,
en esos términos, no puede intentarse un estudio en lo referente.
Por otro lado, se reprocha que la E. S. E. le hizo saber al despacho judicial la
condición de vulnerabilidad de la población del municipio de Agustín Codazzi, la
necesidad de los equipos básicos en salud y la inembargabilidad de los recursos
económicos; y que el Ministerio de Salud y Protección Social también certificó la
calidad de inembargabilidad de los recursos de los equipos básicos en salud; sin
embargo, con los referidos asertos lo que se pretende es que el juez constitucional
realice un nuevo análisis probatorio de la causa, pues no se presenta mayor
argumentación del porque se considera que existió una indebida valoración.
Sobre el particular, es de advertir que el hecho de no estar de acuerdo con la lógica y
el análisis que efectuó el fallador al resolver el asunto, como ocurre en el presente
caso, no justifica el uso de la acción de tutela para su contradicción, como si se
tratara de una tercera instancia, pues el defecto fáctico está estructurado bajo
específicas causales referenciadas por la Corte Constitucional y en ninguno de los
eventos previstos se encuentra la posibilidad de analizar la prueba bajo
consideraciones propias del juez de tutela, como lo pretende la parte actora.
Así la cosas, cabe traer a colación la Sentencia C-543 de 1992 en la que la Corte
abrió la posibilidad de utilizar la acción de tutela ―de manera «excepcional»― para
cuestionar providencias judiciales, así como la Sentencia C-590 de 20055, que
desarrolló las diferentes reglas para que el juez constitucional ―en aras de no
atentar con el principio de la seguridad jurídica―, pueda estudiar los
cuestionamientos presentados contra providencias judiciales.
Lo anterior, para señalar que es doctrina constitucional y, por tanto, de obligatorio
acatamiento, que quien promueve acción de tutela contra providencia judicial debe
cumplir con la carga de identificar y explicar el por qué se considera que el juez
5 Reiteradas en las Sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Demandante: E. S. E. Hospital Agustín Codazzi
ordinario incurrió en alguna de las causales de procedencia del amparo
referenciadas por la Corte Constitucional, a fin de que el juez de tutela dirija su
estudio al asunto directo del que se alega vulneración.
El juez de tutela no puede estudiar los casos sometidos a su consideración como si
se tratara de una tercera instancia, ya que de acuerdo con la inexequibilidad de los
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, la competencia del juez de tutela, se
insiste, está limitada a analizar las providencias judiciales solamente cuando se
imputa de manera estricta a alguna de las causales de procedibilidad señaladas por
la Corte Constitucional, imputación que el accionante está en la carga de identificar y
demostrar, lo cual no ocurre en el caso.
De esta forma, se concluye, entonces, que a pesar de que la acción de tutela no
exige formalismos, sí requiere un mínimo de argumentación para poder definir si se
presenta o no un yerro, sin necesidad de nuevo estudio de todo el proceso, por lo
que no se encuentra superada la exigencia de una fundamentación suficiente frente
a los defectos mencionados.
2.4.3. De otro lado, también se advierte que la acción de tutela no reúne el
presupuesto de «relevancia constitucional» necesario para abordar su estudio de
fondo, dadas las siguientes circunstancias:
En primer lugar, porque la decisión cuestionada, de manera esencial, no involucra la
afectación de derechos fundamentales, en tanto que lo pretendido por la parte actora
no atañe, en estricto sentido, a obtener la protección de un derecho propio de una
persona jurídica, ni el de un grupo de personas determinadas sobre las cuales ejerza
la debida representación, sino que gira en torno a definir pretensiones de tipo
económico, como lo es el levantamiento de una medida cautelar de embargo,
decisión propia del juez ejecutivo, que goza de presunción de legalidad, al responder
a lo probado dentro del trámite ejecutivo.
En segundo lugar, porque lo pretendido por la parte accionante en esta sede de
tutela es que se fije una posición frente a la inembargabilidad de recursos públicos,
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cuando lo cierto es que al juez de tutela no le corresponde entrar a dilucidar asuntos
de mera legalidad, con una connotación de contenido patrimonial. Al involucrarse el
juez de tutela en la decisión del ordinario, estaría permitiendo que este instrumento
se convierta en una instancia o recurso adicional, lo cual desnaturaliza la vía de
amparo, pues tendría que entrar a discernir asuntos de mera interpretación, como si
se tratara del juez natural de la causa, máxime cuando la providencia enjuiciada se
fundamentó en jurisprudencia que válidamente podía tomarse en cuenta.
En tercer lugar, porque corresponde a esta instancia preservar la competencia e
independencia del Tribunal en la adopción de su decisión, ya que la parte actora
acude a esta instancia constitucional manteniendo sus argumentos en un debate que
ya fue definido en el proceso, y ello deviene en una reiteración de circunstancias
fácticas y jurídicas que fueron sometidas a estudio y sobre las que ya se profirió una
decisión de fondo. Los alegatos de la parte actora lo que avizoran es que se utiliza el
mecanismo de amparo como una instancia adicional para plantear un nuevo debate
del asunto que no le corresponde definir al juez de tutela.
Bajo dicho derrotero, se concluye entonces que en el caso tampoco se demostró la
relevancia constitucional requerida, en tanto la apoderada de la accionante no
propuso una discusión alrededor de las garantías superiores de la carta política de
1991, sino que se limitó a extender el debate legal propuesto en el recurso de
apelación; y en tal sentido, la acción de tutela deviene en improcedente.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala declarará improcedente la acción de tutela, al
no superarse los requisitos generales de identificación razonable de los hechos y
argumentos frente a los cuales se alega vulneración, y de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: E. S. E. Hospital Agustín Codazzi
F A L L A:
Primero. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la E. S. E.
Hospital Agustín Codazzi, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa que
antecede.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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