Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05951-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05951-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05951-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05951-01
Demandante: Terminal de Transporte de Pasajeros de
Duitama S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05951-01
Demandante: TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE
DUITAMA S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Y
OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se reúnen los requisitos generales de procedencia / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende utilizar la tutela como instancia adicional del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala1 decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 23 de enero de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 1° de noviembre de 2024, la sociedad de Transporte de Pasajeros de
Duitama S.A., mediante apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá y la Sección Primera del Consejo de Estado,
por considerar vulnerado su derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, con ocasión de las sentencias del 23 de enero de 2018 y del 13 de
junio de 2024, proferidas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Boyacá y
la Sección Primera del Consejo de Estado, en el marco del proceso especial de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de
19972, con radicado 05001-23-33-000-2010-01231-01 (transcripción textual):
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, toda vez que Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión núm. 4, y el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencias de 23 de enero
1 Se advierte que el 20 de febrero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 «Por la cual se reglamentan los temas de expropiación administrativa y judicial».
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Demandante: Terminal de Transporte de Pasajeros de
Duitama S.A.
de 2018 y 13 de junio de 2024 respectivamente incurrieron en un defecto
sustantivo y factico al haber valorado de forma abiertamente errónea prueba
determinante dentro del proceso administrativo No. 05-001-23-33-000-2010-
01231-01.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 13 de junio de
2024, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera.
TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Primera, que en el término de esta providencia,
profiera una nueva sentencia dentro del proceso administrativo No. 05-001-
23-33-000-2010-01231-01, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.
2. El señor Elías Blanco Corredor suscribió contrato de promesa de compraventa
con Florinda León sobre el bien inmueble identificado con cédula catastral 01-000-
862-09-000. Asimismo, pactó contrato de leasing financiero inmobiliario con
Leasing de Occidente S.A. Finalmente, la señora León y la referida sociedad
celebraron el contrato de compraventa del inmueble.
3. El señor Elías Blanco Corredor realizó mejoras al bien inmueble adquirido, tales
como (i) la instalación de servicios públicos; (ii) obras rellenas en piedra y recebo;
(iii) un muro perimetral de contención en concreto (iv) un lavado para vehículos de
transporte pesado e (iv) instaló dos establecimientos de comercio.
4. El Municipio de Duitama (Boyacá) viene adelantando un proceso de
expropiación por vía administrativa, previa oferta de compra para la construcción
de una terminal de transporte de pasajeros.
5. Para ello, el referido ente territorial celebró un contrato con la Cámara Regional
de la Construcción Boyacá – Casanare3, cuyo propósito era avaluar 22 predios
ubicados en el Municipio de Duitama (Boyacá), a fin de adquirirlos e iniciar la obra,
entre los que se encontraba el inmueble de propiedad del señor Elías Blanco
Corredor, el cual arrojó un valor de $618.971.200.
6. Luego del trámite de rigor, el alcalde del Municipio de Duitama expidió la
Resolución 015 de 2010, por medio del cual determinó la adquisición del bien
inmueble en mención por el procedimiento de expropiación por vía administrativa y
se formuló una oferta de compra dirigida al señor Blanco Corredor, por la suma
equivalente a $618.971.200, monto del avalúo comercial que realizó la referida
Cámara.
3 En adelante Camacol Boyacá – Casanare.
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7. El señor Blanco Corredor interpuso los respectivos recursos en contra de la
anterior decisión, la cual fue confirmada a través de los actos administrativos 139 y
140 de 2011, sin tener en cuenta las mejoras realizadas al bien inmueble
expropiado.
8. Por lo anterior, interpuso demanda en contra del Municipio de Duitama y la
sociedad Terminal de Transporte de Pasajeros de Duitama S.A., en ejercicio de la
acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388
de 1997.
9. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 23 de enero de
2018, declaró la nulidad parcial de los referidos actos administrativos y ordenó el
reconocimiento del precio indemnizatorio equivalente a la suma de
$1.438.411.560, de acuerdo con el avalúo contenido en el dictamen pericial
rendido dentro del plenario.
10. El Municipio de Duitama solicitó que se aclarara el fallo, porque no quedó claro
el «grado de participación endilgado al municipio o si la solidaridad se predica en
razón a que el ente territorial es socio activo capitalista de la sociedad de
economía mixta y por consiguiente debe responder en el porcentaje
correspondiente a su aporte».
11. En auto del 24 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la
solicitud, por considerar que «la responsabilidad acaecida en el fallo proferido lo
es de manera solidaria, por encontrarse causada (sic) la participación de las dos
demandadas en la ocurrencia del perjuicio, lo cual es totalmente distinto, a lo que
arguye el ente municipal».
12. Las entidades demandadas interpusieron sendos recursos de apelación, pero,
en fallo del 13 de junio de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
confirmó la decisión de primer grado.
13. En criterio de la sociedad de economía mixta Terminal de Transporte de
Pasajeros de Duitama S.A., las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
los defectos sustantivo y fáctico, por las siguientes razones:
14. Sobre el primer reparo, adujo que interpretaron la «norma aplicable al caso
concreto dentro de un margen no razonable e inaceptable de las disposiciones
respecto de los avalúos». A su juicio, el estudio de mercado debió realizarse de
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acuerdo con los artículos 1° y 10 de la Resolución 620 de 20084, en el sentido de
que se debían centrar en las «ofertas y transacciones en la zona durante el año
2009, indicando si son útiles o lotes brutos sin urbanizar».
15. Afirmó que, a pesar de que se advirtió dentro del proceso en mención sobre
«la norma del año 2009 existente en el municipio» y el mercado «que existía para
las casas en el año 2009», lo cierto es que el dictamen rendido por el IGAC no
aplicó el método residual de acuerdo con esas circunstancias del mercado
correspondientes al año 2009.
16. Explicó que la Resolución 620 de 2008, en concordancia con «International
Valuation Standards Council, Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Unidad
Nacional de Normalización de la actividad Valuatoria y servicio de avalúos», debió
aplicarse de la siguiente forma:
[A] partir del dato encontrado en el año 2009, se proyecta con el IPC este
dato para pasarlo al año actual que para el caso en estudio sería el año
2012. Este procedimiento se denomina en economía INFLACTAR un
precio anterior. Este resultado sería el verdadero avalúo retroactivo del año
2009, pasado a precios del año 2012. Circunstancia metodológica que ha
debido aplicar, si el perito del IGAC hubiese interpretado correctamente las
normas (…).
17. Reprochó que se realizó el estudio de forma errónea, pues «partió del dato
encontrado para 2012 y lo retrocede a 2009, este procedimiento se llama
DEFLACTAR, de manera que llevó un precio actual hacia atrás por el poder
adquisitivo de la moneda», estudio que se considera un error metodológico.
18. Agregó que, en el año 2009, el bien inmueble expropiado no se encontraba
con las mejoras realizadas por el propietario en el año 2012, pues para aquel año
era un predio «en bruto, en pastos naturales o terreno no urbanizado».
19. Respecto del segundo reparo, indicó que las autoridades judiciales accionadas
valoraron el dictamen pericial cuestionado de manera irracional.
4 Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer
el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes
semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
(…)
Artículo 10º.- Método de Comparación o de mercado. Cuando para la realización del avalúo se
acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la presentación del avalúo
se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación posterior.
(…)
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20. Agregó que la metodología aplicada por el IGAC contiene fallas, dado que (i)
carece de un análisis diferenciado de área bruta, neta urbanizante y útil para «el
correcto desarrollo de un modelo residual»; (ii) desconoció que el bien inmueble
expropiado se caracterizó por ser un lote de terreno no urbanizado y (iii) no se
justificó la definición del porcentaje de utilidad del 12% sobre las ventas
proyectadas.
21. Indicó que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta que el
perito designado por el IGAC debió aplicar las reglas fijadas en el parágrafo 1° del
artículo 61 de la Ley 388 de 19975, en cuanto a que se debía «descontar el efecto
de valorización o plusvalía generada por la obra de la terminal de tránsito y por la
doble calzada hecha por el municipio, que, a la fecha, ya se encontraba en
ejecución y que en el caso de la mencionada terminal el proyecto público estaba
determinado [en]el Acuerdo 010 de 2002 (…)».
22. Finalmente, sostuvo que:
[E]l perito debió aplicar un estudio de descuento del valor generado por la
construcción de la nueva Terminal porque de lo contrario se estaría
incumpliendo la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 2729 de
2012 sobre Anuncio del Proyecto y descuentos del efecto plusvalía o
valorización generada por las obras publicas. Circunstancias que a todas
luces generan un error trascendental en el peritazgo que afecta de forma
sustancial la decisión de los fallos de primera y segunda instancia.
Trámite impartido e intervenciones
23. Mediante auto del 7 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador del
proceso en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que se notificara
a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Boyacá y la Sección
Primera del Consejo de Estado, como parte demandada. Como tercero con
interés, se vinculó al señor Elías Blanco Corredor.
24. En auto del 12 de diciembre de 2024, se vinculó al Municipio de Duitama
(Boyacá), como tercero con interés.
25. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, por no haber superado el requisito de
relevancia constitucional, pues la parte accionante pretende convertir la sede de
5 «PARÁGRAFO 1.- Reglamentado por el Decreto Nacional 2729 de 2012. Al valor comercial al
que se refiere el presente artículo, se le descontará el monto correspondiente a la plusvalía o
mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad
pública para la adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la participación en
plusvalía o la contribución de valorización; según sea del caso».
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tutela en una instancia adicional del proceso especial en mención, pues los
argumentos alegados en la solicitud de amparo son los mismos que fueron
planteados en el referido proceso.
26. Manifestó que, en virtud del artículo 6 de la Resolución 620 de 20086, la
sentencia cuestionada consideró que era posible utilizar dos métodos simultáneos
para la elaboración del respectivo avalúo comercial, por lo que, en el caso bajo
estudio, luego de comparar técnicamente estas dos metodologías, con el
propósito de determinar el comportamiento inmobiliario de una zona determinada,
se estableció correctamente el valor comercial del bien inmueble expropiado.
27. Frente al reparo del defecto fáctico, mencionó que el dictamen rendido por el
IGAC, el 22 de junio de 2012, y sus respectivas aclaraciones y
complementaciones del 19 de diciembre de 2013 y 14 de agosto de 2017,
contienen los elementos del método comparativo y residual.
28. Aseguró que el perito analizó los antecedentes de la base de avalúos del
IGAC, en la que encontró (i) dos referentes de venta de lotes, cuyo valor por
metro cuadrado oscilaba entre $40.000 y $80.000, para los meses de febrero y
mayo de 2012 y que (ii) el bien inmueble expropiado está ubicado en el corredor
vial de la autopista Norte - Sogamoso, sector conocido por sus usos mixtos con
parqueaderos para vehículos de carga pesada, talleres de mercancía y
estaciones de servicio.
29. Asimismo, el dictamen precisó que, si bien «el estudio valuatorio es retroactivo
al 2 de marzo de 2009, [lo cierto es que] las condiciones económicas y aspectos
tanto extrínsecos como intrínsecos del inmueble y el sector no han sufrido
cambios significativos en comportamiento y valoración en términos generales».
30. En ese sentido, utilizó el índice de valoración predial del Municipio de Tunja y,
con esta herramienta, aplicó el índice al valor actual para llegar al valor
correspondiente al año 2009.
31. Finalmente, indicó que el dictamen cumplió las reglas fijas en la Resolución
620 de 2008, pues allí se estudió (i) la reglamentación urbanística vigente al
momento de realizar el avalúo; (ii) la destinación económica del inmueble; (iii) la
estratificación socioeconómica del predio; (iv) la dotación de redes de servicios
públicos y (v) los tipos de construcciones de la zona, las actividades
6 Artículo 6º.- Etapas para elaboración de los avalúos. Para la elaboración de los avalúos utilizando
cualquiera de los métodos enunciados anteriormente deben realizarse las siguientes etapas(…).
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preponderantes y los sitios de interés, así como los aspectos físicos como área,
ubicación, topografía, tipos de edificación, vías de acceso y forma del predio.
32. Agregó que el perito aplicó el método residual y la teoría del mayor y mejor
uso, a fin de obtener el valor máximo que pueda llegar a obtener el terreno, para
lo cual llevó a cabo un «ejercicio hipotético de construcción de casas en
propiedad horizontal, con un resultado de $201.552 por metro cuadrado sobre
área neta».
33. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, porque la parte accionante pretende reabrir
una controversia que ya fue zanjada por el juez natural, bajo los siguientes
argumentos:
34. Lo mencionado en la solicitud de amparo sobre el desconocimiento de normas
y los métodos técnicos utilizados para la valorización del bien inmueble
expropiado, con el objeto de controvertir el dictamen pericial rendido por IGAC fue
presentado durante el trámite de contradicción de dicha experticia, tanto en la
objeción por error grave como en el recurso de apelación, aspectos que fueron
resueltos en las sentencias de primera y segunda instancia.
35. Insistió en que la sentencia del 23 de enero de 2018 resolvió cada reparo
presentado en las solicitudes de aclaración y complementación, y la objeción por
error grave, providencia en la que dejó claro, entre otras, que (i) los métodos de
comparación y residual son permitidos para establecer el valor comercial del bien,
sin ser excluyentes. De ahí que era viable definir el valor del bien inmueble
expropiado, pues (ii) existió una clara relación entre lo solicitado por el Tribunal y
el dictamen que se expidió.
36. Finalmente, dijo que:
[E]s cierto que existía un concepto técnico del lote para la época del avalúo
oficial (2009), en donde se manifestó que por inspección ocular del predio,
este no tenía obras de urbanismo ni de construcción, sin embargo, ese
aspecto fue tenido en cuenta por el IGAC en su dictamen, pues
precisamente en el método de reposición se hizo una proyección hipotética
donde se realizaron los descuentos pertinentes de cesión, urbanismo,
parqueaderos, andenes, entre otros, es decir, se partió de una proyección
sin ninguna obra o construcción existente en el predio para la fecha de la
primera valoración.
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37. El señor Elías Blanco Corredor pidió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo, porque la parte accionante pretende convertir la sede de
tutela en una instancia adicional del proceso especial establecido en el artículo 71
de la Ley 388 de 1997, pues se pretende que el juez de tutela analice
nuevamente los reparos planteados en contra del dictamen pericial rendido por el
IGAC, aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural.
38. Agregó que la solicitud de amparo se presentó de manera extemporánea,
razón por la cual tampoco supera el requisito de inmediatez.
39. El Municipio de Duitama resaltó, entre otras, que la Sección Primera de esta
Corporación pasó por alto que el dictamen pericial en cuestión incluyó en el precio
final el aumento de la valoración comercial que sufrió el bien inmueble
expropiado, dada la construcción de la terminal, por lo que ese aspecto
transgrede las reglas fijadas en la Ley 388 de 1997.
40. Dijo que lo correcto sería realizar el estudio a partir de la información recibida
del año 2009, de acuerdo con la Resolución 620 de 2008, el Decreto 1420 de
1998, «en concordancia con International Valuation Standards Council, el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas, la Unidad Nacional de Normalización de la
actividad Valuatorio y servicio de avalúos»
41. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.
Fallo impugnado
42. En sentencia del 23 de enero de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la presente solicitud de amparo, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, bajo el argumento de que la parte
accionante pretende reabrir una controversia que ya fue zanjada por el juez
natural. Que, de hecho, el fundamento de los defectos descritos en la solicitud de
amparo coincide con los argumentos planteados en las solicitudes de aclaración y
complementación del dictamen pericial y el recurso de apelación interpuesto en el
proceso cuestionado, en el sentido de que, en ambas oportunidades, se reprochó
que el dictamen pericial rendido por el IGAC incumplió las reglas fijadas en la
Resolución 620 de 2008 y el Decreto 1420 de 1998, omisión que le resta validez
para establecer el valor comercial del bien inmueble expropiado. Dijo, además,
que el caso bajo estudio es de naturaleza netamente económica.
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Impugnación
43. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, por considerar
que la solicitud de amparo sí superó el requisito de relevancia constitucional, en
tanto las sentencias del 23 de enero de 2018 y el 13 de junio de 2024, proferidas,
en su orden, por el Tribunal Administrativo de Boyacá y la Sección Primera del
Consejo de Estado incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo, por haber
valorado erróneamente el dictamen pericial decretado y practicado en el proceso
especial originado en la expropiación por vía administrativa.
44. Insistió en que la prueba pericial no cumplió los parámetros fijados en la Ley
388 de 1997, en ese sentido:
[R]equiere desde su misma génesis que el dictamen no introduzca en sus
cálculos los valores correspondientes a la valorización comercial del
inmueble derivada de la existencia del proyecto público por el cual se
originó la expropiación, pues lo contrario no solo es inconstitucional, sino
que genera un enriquecimiento sin causa para el particular y un detrimento
patrimonial para el erario público, de allí la importancia de la aplicación
correcta de la norma.
45. Resaltó que, aunque se alegó ese reparo durante el proceso especial, lo cierto
es que el juez de tutela debe tener en cuenta que la referida valoración probatoria
es «inconstitucional» y, por ende, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, en tanto la finalidad del
ordenamiento jurídico que prevé el procedimiento de expropiación es proteger el
«patrimonio del [E]stado» y evitar el enriquecimiento sin causa provenientes de la
«proyección y ejecución de obras necesarias, que deben ser realizadas por el
Estado».
46. Insistió en que las autoridades judiciales accionadas valoraron erróneamente
el referido dictamen, por cuanto:
[E]l estudio de mercado debe partir del valor del inmueble en el mercado
existente al momento de compra del predio, es decir, en el año 2009 de
acuerdo con lo preceptuado en la Ley 388 de 1997, en concordancia con la
Resolución 620 IGAC de 2008, Decreto 1420 de 1998, con la International
Valuation Standards Council, Instituto Colombiano de Normas Técnicas,
Unidad Nacional de Normalización de la actividad Valuatoria y servicio de
avalúos.
Es decir que, a partir del dato encontrado en el año 2009, sin incluir la
plusvalía del proyecto público que originó la expropiación, se proyecta con
el IPC de este dato para pasarlo al año actual; ello, con el fin de que el
particular tampoco pierda el poder adquisitivo del dinero por su propiedad,
procedimiento que en Economía se denomina INFLACTAR, con el que se
obtiene conforme a las normas de expropiación el justo precio de un
avalúo retroactivo.
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Diferente a DEFLACTAR, como ocurrió en el caso que nos ocupa en
donde se toma el precio del inmueble para el año 2012, año que fue
posterior a la fecha de expropiación, por lo tanto este valor al ser posterior
toma dentro de su cálculo de valores el correspondiente a la valorización
del proyecto público, circunstancia que es inconstitucional, porque es
justamente lo que las normas mencionadas previenen en materia de
expropiaciones a fin de evitar que los particulares de beneficien
injustificadamente de la valorización que produce el proyecto público y el
estado deba repagar los predios en beneficio de un interés general,
además de que deflactar para estos casos inevitablemente trae como
resultado un precio erróneo del inmueble.
Ello tiene su sustento en que en materia de inmuebles las condiciones del
mercado pueden variar de un día a otro y a que en materia de expropiación
el particular no puede injustificadamente beneficiarse de la plusvalía del
proyecto público, es por ello que las normas establecen como un periodo
razonable de validez de un avalúo el de un año; adicionalmente al realizar
un avalúo en años posteriores al pago de la expropiación, se incluye en
dicha pericia la valorización del proyecto público, lo que justamente no
debe hacerse en esta materia, así entonces, es evidente que las
condiciones físicas del año 2012 representan unas condiciones
ampliamente diferenciales en referencia al año 2009, es así como estos
evidentes y protuberantes errores en su elaboración, vulneran
abiertamente los derechos fundamentales de mis poderdantes en el
acceso efectivo a la administración de justicia.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
47. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por
ende, vulneraron el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
invocado por la sociedad Terminal de Transporte de Pasajeros de Duitama S.A.
Análisis de la Sala
Requisitos generales de procedibilidad
48. Inmediatez. La tutela reúne este requisito, toda vez que la sentencia con la
que culminó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho data del 13 de
junio de 2024 y fue notificada por edicto el 2 de julio siguiente, mientras que la
solicitud de amparo se presentó el 1° de noviembre del mismo y año, esto es,
dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la decisión cuestionada.
49. Subsidiariedad. La Sala estima que este requisito también está acreditado,
por cuanto se agotaron los recursos disponibles en el proceso de origen, sin que lo
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alegado en esta oportunidad encaje en alguno de los recursos extraordinarios
establecidos por el legislador.
50. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
51. Relevancia constitucional. El cumplimiento de este requisito no se agota al
señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una
carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
52. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente7 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
53. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión
de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.
Caso concreto y solución del problema jurídico
54. De entrada, tal como lo advirtió el a quo, la Sala observa que la presente
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por las siguientes
razones:
55. Se pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos
fundamentales en una instancia adicional del proceso especial contencioso
administrativo previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.
56. En efecto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 23 de
enero de 2018, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos 115 del 8 de
7 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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enero de 2010, 139 y 140 del 12 de febrero de 2010, expedidos por el alcalde del
Municipio de Duitama, y ordenó, entre otras, el reconocimiento del precio
indemnizatorio equivalente a la suma de $1.438.411.560, de acuerdo con el
avalúo contenido en el dictamen pericial rendido dentro del plenario, entre otras,
bajo los siguientes argumentos:
57. En primer lugar, el señor Elías Blanco Corredor alegó que Camacol Boyacá -
Casanare no era una empresa habilitada para realizar avalúos, argumento que no
fue de recibo por el Tribunal, por considerar que «el perito avaluador acreditó estar
inscrito en la Lonja de avaluadores de Camacol, entidad gremial que cumple con
el objeto de ser lonja avaluadora (objeto social)».
58. Por solicitud de la parte allí accionante y coadyuvado por la parte demandada,
el Tribunal decretó como prueba pericial un dictamen, cuyo objeto era establecer
el valor comercial del bien inmueble expropiado. En consecuencia, en Oficio 5020
del 22 de junio de 2012, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 8 presentó el
resultado respectivo, en el que estableció que el predio tiene un valor comercial de
$1.438.411.560, estudio que fue aclarado y complementado, en escritos del 19 de
diciembre de 2013 y del 14 de febrero de 2014, por dudas presentadas por la
sociedad Terminal de Transporte de Pasajeros S.A.
59. Se resaltó que el Municipio de Duitama aportó un estudio realizado por el
arquitecto Germán Espinosa, quien es miembro de la Lonja de Camacol Regional
Boyacá - Casanare, cuyo objeto era impugnar el referido dictamen pericial,
documento que fue tenido como prueba en auto de 19 de agosto de 2015.
Asimismo, ofició al IGAC para que aclarara, adicionara y complementara el
dictamen pericial, requerimiento que fue allegado oportunamente.
60. Luego de analizar el marco normativo y jurisprudencial que regula la prueba
pericial, el Tribunal denegó la objeción por error grave alegada por la parte
demandada, con fundamento en que:
(…) [N]o se encuentra que el objeto del dictamen, esto es, el avalúo del
predio expropiado, sea disímil de la materia del dictamen; en (sic) es decir,
el perito cumplió a cabalidad con la actividad encomendada, soportada por
las disposiciones normativas que le fueron señaladas por esta Corporación
(…). En ese orden, agregó que […] lo que se aprecia en el escrito de
objeción es el desacuerdo en relación con el valor asignado al bien, pues
difiere sustancialmente del valor indemnizatorio reconocido (…) sin
embargo, el peritazgo objeto de estudio fue el solicitado, existiendo una
clara relación entre los términos en que se decretó y emitió el dictamen.
(…) Aunado a lo anterior, el Municipio de Duitama se limitó a afirmar que
8 En adelante IGAC.
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los métodos utilizados para realizar el avalúo son excluyentes, lo cual
carece de fundamento y ánimo para considerar que se hubiese llevado a
cabo con error grave (…).
61. Frente al estudio elaborado por el arquitecto Germán Espinosa, quien es
miembro de la Lonja de Camacol Regional Boyacá, adujo que:
(…) [N]o es razonable que la entidad se valga del mismo perito que
presentó el avalúo que ahora se discute para contradecir el dictamen
decretado dentro del plenario, pues no dejan de ser las mismas
conclusiones a las que arrimó en la primera oportunidad, despojándose de
toda objetividad, siendo entonces adecuado alejarlo de cualquier análisis o
valoración en esta instancia (…).
62. Respecto del reparo sobre que el precio indemnizatorio no coincide con el
valor comercial del predio expropiado, el Tribunal estudió los dos dictámenes
obrantes en el expediente referido, estos son: el estudio elaborado por el
arquitecto Germán Espinosa y el presentado, el 22 de junio de 2012, por el IGAC,
junto con sus respectivas aclaraciones y complementaciones.
63. Frente al primer dictamen, dijo lo siguiente:
(…) [P]artió de un análisis general equivocado, tan trascendental como fue
la norma urbanística de aplicación, y la comparación de bienes que no
eran semejantes. Además, utilizó comparaciones que no pueden ser útiles
para obtener el valor del lote, pues determinó dicho valor con proyectos de
vivienda de interés social, y con el valor de vivienda de la ciudad, sin
importar las zonas adyacentes, entre otros, dejando de lado que el uso del
suelo era multifuncional. Igualmente, descuidaron obras ejecutadas que
fueron debidamente soportadas, pero además no se especificó el valor
unitario ni las cantidades de m3 o lineales establecidos en la experticia.
64. En cuanto al dictamen rendido por el IGAC, destacó que:
(…) [E]n aplicación y desarrollo de sus métodos, se atendió
considerablemente las características del predio, la ubicación, el terreno, la
infraestructura aledaña, las vías y además, en el ejercicio comparativo se
basó de fuentes directas como las institucionales (IGAC) y de fuentes
indirectas como las recogidas en el recorrido del sector evaluado,
asimilando el ejercicio con los datos para semejantes en la proyección de
construcción; los cálculos matemáticos fueron esclarecidos en oportunidad,
por lo que puede decirse que se realizó el respectivo análisis interpretativo
de los métodos utilizados, concretándose las fórmulas estadísticas que le
sirvieron de apoyo para la mejor utilización de los métodos valuativos tal y
como lo propone el artículo 25 del Decreto No. 1420 de 1998 (…).
65. Por lo anterior, concluyó que el avalúo comercial rendido por Camacol Boyacá
– Casanare no se ajustó a las reglas fijadas en la normativa jurídica sobre la
elaboración de avalúos comerciales, pues no tiene la técnica necesaria y
suficiente que acredite el respectivo estudio.
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66. Los argumentos de la alzada fueron analizados y resueltos en sentencia del
13 de junio de 2024, en la que la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó
la decisión apelada. Para tal efecto, se ocupó de analizar el marco normativo de la
expropiación administrativa y los elementos materiales probatorios obrantes en el
expediente.
67. En primer lugar, adujo que la Sección Primera de esta Corporación ha dicho
que la parte accionante tiene la carga de demostrar cuál es error o la incorrección
del avalúo oficial9. Afirmó que también se ha sostenido que el dictamen pericial es
la prueba idónea para acreditar la incorrección del avalúo oficial10.
68. En ese sentido, esa Sala observó que los actos administrativos acusados se
fundamentaron en el Avalúo Oficial 2776 del 2 de marzo de 2009, elaborado por el
arquitecto Germán Espinosa Camacho, quien pertenece a Camacol Regional
Boyacá – Casanare; sin embargo, aquel estudio no cumple con los requisitos
fijados por las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997.
69. Advirtió que el método comparativo o de mercado11 utilizado por aquel
dictamen no cumplió con los parámetros descritos, porque la comparación de
precios para obtener el valor del inmueble se realizó utilizando «lotes
indistintamente de su área», sin tener cuenta que «cada una de estas áreas tenía
una utilidad múltiple que incide en su valoración».
70. Asimismo, consideró que dicho avalúo no realizó adecuadamente el estudio
comparativo, pues calculó el valor del bien inmueble expropiado con base en un
proyecto de vivienda de interés social, aspectos que es de recibo porque el predio
«tenía un uso principal para vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar; un uso
complementario para comercio y un uso complementario para comercio con
construcciones institucionales y de industria, al tanto que con el estudio no se
aportaron los soportes técnicos y documentales que justificaran estas
conclusiones».
71. Agregó que el referido avalúo omitió (i) indicar la reglamentación urbanística
municipal vigente respecto del predio objeto del avalúo, en virtud del artículo 21
9 Sentencia del 20 de febrero de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
10 Sentencia del 30 de abril de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-23-31-000-2003-
0050-00.
11 Que busca «establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones reciente, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas
o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del
valor comercial».
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del Decreto 1420 de 1998; (ii) la fecha de publicación del medio por el cual se
obtuvo la información, requisito establecido en el artículo 10 de la Resolución 620
de 2008 del IGAC12; (iii) la información relacionada con el tipo de construcciones
en la zona, infraestructura vial y los servicios de transporte del sector, previsto en
el artículo 22 del Decreto 1420 de 1998; (iv) los factores externos que inciden en el
valor comercial del bien inmueble, razón por la cual se desvirtúa los reparos
planteados por el Municipio de Duitama sobre que «en el avalúo se aplicaron los
métodos valuatorios que reflejaron las condiciones jurídicas y físicas del
inmueble».
72. De otra parte, aunque la parte allá demandada insistió en que en el avalúo se
estableció el valor del bien inmueble expropiado, junto con las mejoras realizadas
por el señor Blanco Corredor, y que los establecimientos comerciales que
supuestamente funcionan en ese predio se encuentran ubicados en direcciones
distintas, lo cierto es que la Sección Primera de esta Corporación advirtió que
únicamente se tuvieron en cuenta unos cerramientos con cerca de madera y
algunos puntos adicionales que no fueron «justificados debidamente», sin explicar
por qué se descartaron las obras realizadas por el propietario durante los años
2006 a 200913, situaciones que fueron probadas, lo cual también le resta validez y
eficacia al estudio.
73. En la sentencia objeto de tutela igualmente se advirtió que:
[L]os establecimientos de comercio denominados “Parqueadero la 42” y
“Lubricentro la Victoria”, conforme a los certificados de cámara de
comercio, a los contratos de arrendamiento e información tributaria que
obra en el proceso, se sitúan en diferentes direcciones. En efecto, estos se
ubican en la carrera 42 # 6-00 y el predio expropiado en la carrera 42 # 6-
29 del Municipio de Duitama; no obstante, tal como lo adujo el a quo “[…]
revisados los contratos de arrendamiento sobre los lotes en donde se
desarrollaban dichas actividades comerciales, se evidencia como
direcciones la carrera 42 No. 6-00 o 6-29, es decir que contaba con doble
nomenclatura, lo que era de fácil identificación con la documentación que
debía ser analizada para la práctica valuativa del caso […]”, razonamiento
que comparte la Sala en su integridad.
74. Concluyó que el avalúo bajo estudio no generó «el convencimiento suficiente
que permita establecer que el valor comercial del inmueble objeto de expropiación
asciende realmente a la suma allí consignada».
12 «(…) Cuando para la realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones,
es necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se
obtuvo la información y la fecha de publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior (…)».
13 Un relleno de piedra, un muro de contención y un lavadero para vehículos pesados.
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75. De otra parte, de conformidad con algunos de los reparos alegados por las
partes allí accionadas14, puntualizó que, en virtud del artículo 25 del Decreto 1420
de 199815, para la elaboración del avalúo comercial del bien inmueble expropiado
se debe aplicar el método de comparación o de mercado, el de renta de
capitalización por ingresos, costo de reposición o residual, o, según el caso, varios
de ellos.
76. En ese sentido, en dictamen pericial rendido, el 2 de julio de 2013, por el
IGAC, el perito designado indicó que el valor comercial del bien inmueble fue
determinado de acuerdo con los métodos de comparación o de mercado16 y
residual17, reglas fijadas en los artículos 1° y 4 de la Resolución 620, y que podrán
ser utilizadas simultáneamente de acuerdo con el artículo 6 supra.
14 «el Municipio de Duitama cuestiona la precisión del dictamen al deflactar el valor comercial del
año 2012 utilizando el índice de precios al consumidor para ajustarlo al valor comercial real del año
2009, año en que se realizó la expropiación, teniendo en cuenta que no existen argumentos
técnicos o jurídicos que lo respalden. Sobre este último punto, la Sociedad de Economía Mixta
agregó que en el dictamen se utilizó el índice de valorización predial del municipio de Tunja para
realizar esta retrotracción, argumentando que dicho índice era aplicable al municipio de Duitama,
sin tener en consideración que se trata de entidades territoriales con características urbanísticas y
económicas distintas.
También reprocha el costo de reposición según el avalúo del IGAC, que se da según valores
comerciales desconociendo que efectivamente el uso del suelo es meramente residencial. Esto
lleva a una valoración irreal del terreno, equiparándolo al valor que tendría si ya existiera el terminal
de transportes. Sobre este aspecto, la Sociedad de Economía Mixta refuta el valor comercial del
predio que fue establecido en $230.000 por metro cuadrado para el 15 de junio de 2012.
Argumenta que el perito del IGAC cometió un error al determinar este valor, teniendo en cuenta
que se basó en un análisis comparativo de ofertas comerciales realizadas en una fecha posterior a
la pertinente, teniendo en consideración que debieron realizarse al 2 de marzo de 2009. Además,
desconoció los cambios en la valorización del inmueble entre 2009 y 2012, especialmente aquellos
relacionados con la construcción del referido terminal de transporte.
La demandada Sociedad de Economía Mixta, luego de transcribir los artículos 79, parágrafo 2, de
la Ley 223, sobre el valor de enajenación de los bienes raíces, y 24 de la Ley 1450, sobre la
formación y actualización de los catastros, señaló que de estas normas se advierte que el valor del
avalúo catastral no puede ser inferior al 60% del valor del avalúo comercial, y que el IGAC es la
entidad encargada de realizar estos avalúos catastrales y sus actualizaciones; sin embargo, este
supuesto no corresponde al valor arrojado en el dictamen teniendo en cuenta que este es 6 veces
mayor al 100% del avalúo catastral del año 2009.
Por último, destacó que el perito del IGAC no puede excusarse en la aplicación del avalúo
comercial dispuesto en la Resolución núm. 620 de 2008, teniendo en cuenta que el Decreto 1420
de 1998 prevé la posibilidad para los avaluadores de implementar técnicas de avalúo distintas a las
taxativamente enunciadas»
15 Artículo 25.- Para la elaboración de los avalúos que se requieran con fundamento en las Leyes
9 de 1989 y 388 de 1997, se deberá aplicar uno de los siguientes métodos observando los
parámetros y criterios mencionados anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el método
de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o
el residual. La determinación de las normas metodológicas para la utilización de ellos, será materia
de la resolución de que trata el artículo 23 del presente Decreto.
16
«(…) [T]écnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de
las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo.
Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial (…)».
17 «[E]ntendido este como la técnica orientada a determinar el valor de un bien inmueble a partir de
la estimación del monto total de las ventas de un proyecto de construcción, e acuerdo con la
normativa urbana vigente y el mercado del bien final vendible en el terreno sujeto a valuación».
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77. En efecto, esa Sala observó que el dictamen rendido por el IGAC, junto con
sus respectivas aclaraciones y complementaciones de 19 de diciembre de 2013 y
14 de agosto de 2017, contienen los elementos fundamentales del método
comparativo o de mercado y los elementos más representativos del método
residual, aspectos que complementan, corroboran y confirman los valores
comerciales definidos en el primer ejercicio, así como también utilizó el método de
costo reposición «para determinar el costo de las mejoras efectuadas al inmueble,
metodologías valuatorias» que están previstas en el Resolución 620 de 2008,
disposición que desarrolla los procedimientos para los avalúos ordenados en la
Ley 388 y el Decreto 1420 de 1998.
78. Además, adujo que el perito «distribuyó el predio con fundamento en un
criterio objetivo sustentado en la normativa urbana que regula cada una de las
franjas del terrero» y, de paso, advirtió que allí se tuvieron en cuenta los índices de
construcción y de ocupación fueron tomados del Plan de Ordenamiento Territorial
(POT).
79. En criterio de la Sección Primera del Consejo de Estado, el avalúo comercial
en mención cumplió los parámetros regidos en la Resolución 620 de 2008,
expedido por el IGAC, pues estableció:
i) [L]a reglamentación urbanística vigente al momento de realizar el
avalúo; ii) la destinación económica del inmueble; iii) a la estratificación
socioeconómica del predio; iv) la dotación de redes de servicios públicos;
v) los tipos de construcciones de la zona, las actividades preponderantes y
los sitios de interés, con la advertencia de que el estudio se hizo para el
periodo solicitado por el Tribunal, vi) los aspectos físicos tales como área,
ubicación, topografía, tipos de edificación, vías de acceso y forma del
predio, como lo imponen los artículos 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998
indicados supra; (…) vi) [que] el avalúo no tuvo en cuenta la actividad
comercial de parqueadero debido a que para la fecha en que se practicó el
dictamen era imposible determinarlo; no obstante, utilizó la información
aportada por Elías Blanco Corredor y los contratos aportados al dictamen
pericial a los que se les otorgó valor probatorio, todo lo cual le permite a la
Sala colegir que la determinación del valor comercial del predio -en
aplicación de este método- fue producto de un estudio con parámetros
claros y objetivos.
80. En segundo lugar, el dictamen aplicó el método residual, a fin de obtener el
«valor máximo que puede llegar a obtener el terreno aplicando la teoría del mayor
y mejor uso». Para ello, se hizo referencia a un ejercicio hipotético de (i)
construcción de casas en propiedad horizontal, con un resultado de 201.552 por
metro cuadrado sobre área neta y (ii) loteo individual, considerando las vías
internas, gastos notariales y venta parcial de cada uno de los predios resultantes.
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81. Agregó, entre otras razones, que el «IGAC realizó el avalúo pericial en el
año 2012 con efectos retroactivo al 2 de marzo de 2009 como lo solicitó el
Tribunal, para lo cual utilizó el Índice de Valorización Predial -IVP- de la
ciudad de Tunja y, con esta herramienta, aplicó el índice al valor actual para
llegar al valor correspondiente al año 2009», estudio que le otorga certeza y
objetividad al estudio de acuerdo con la Ley 388.
82. Por lo anterior, concluyó que el dictamen pericial decretado y practicado en el
proceso en cuestión se realizó con base en argumentos técnicos y elementos
materiales probatorios suficientes para determinar el valor del bien inmueble
expropiado del señor Blanco Corredor.
87. Para la Sala, la Sección Primera de esta Corporación, una vez revisado cada
reparo del recurso de apelación y conforme a las pruebas obrantes en el
expediente ordinario, concluyó razonablemente que los elementos de convicción
allegados no eran suficientes para desacreditar el dictamen pericial rendido por el
IGAC, prueba que llevó a decidir en contra de los intereses de la parte hoy
accionante.
88. De igual modo, se advierte que la sociedad Terminal de Transporte de
Pasajeros de Duitama S.A. no revela ni demuestra que las conclusiones de
las autoridades judiciales accionadas sean abiertamente antagónicas,
contrastadas objetivamente con los elementos de prueba, sino que hace una
interpretación propia para enarbolar una teoría y una conclusión diferentes a
las del fallo atacado, pero sin acreditar que la decisión se adoptó con total
desconocimiento de las pruebas arrimadas.
89. Asimismo, se observa que, en el recurso de apelación, la solicitud de
amparo y el escrito de impugnación, la parte accionante insistió en que el
dictamen pericial rendido por IGAC es erróneo, porque tuvo en cuenta el
incremento del valor comercial que sufrió el bien inmueble expropiado, en el
año 2012, dada la construcción del Terminal de Transporte del Municipio
Duitama, sin considerar que el predio se expropió en el año 2009 y, por
ende, el análisis del mercado debió realizarse de acuerdo con las
circunstancias regidas en esa data.
90. Sin embargo, como se vio, la autoridad judicial accionada se pronunció
sobre ese reparo de manera suficiente y razonada, en tanto abordó cómo el
dictamen pericial en cuestión utilizó los métodos comparativo y residual, en
el que este último, entre otros, le permitió analizar el valor comercial del bien
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inmueble expropiado correspondiente al año 2009, gracias al resultado que
arrojó el Índice de Valoración Predial (IVP), aspecto que no fue desvirtuado
por la parte accionante, sino que, en sede de tutela, se limitó a citar las
disposiciones consagradas en las citadas normas, sin ningún rigor técnico y
probatorio, lo que significa que la parte accionante únicamente discrepa de
la forma como se abordó el caso bajo estudio.
91. A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte actora no
los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya
fue decidido razonablemente por el Tribunal Administrativo de Boyacá y la
Sección Primera de esta Corporación
92. Conviene reiterar que la tutela no puede convertirse en el único y el preferido
medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus
intereses. Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el
conflicto jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el
escenario ideal para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en
la instancia adicional de todos los procesos judiciales no sólo le resta vigor a la
acción, sino que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del
juez natural18, máxime cuando, como en este caso, se cuestiona una providencia
dictada por el órgano de cierre, caso en el cual el examen de los requisitos
generales se torna aún más riguroso.
93. Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada.
94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 23 de enero de 2024, proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00.
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TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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