Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05962-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05962-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05962-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
20 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05962-01
Demandante: Luis Guillermo Bolaño Sánchez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05962-01
Demandante: LUIS GUILLERMO BOLAÑO SÁNCHEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Tutela contra actos administrativos. Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante contra la sentencia de 12 de diciembre de 2024,
dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se declaró
improcedente la acción de tutela por encontrar incumplido el requisito de
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de noviembre de 2024, el señor Luis Guillermo Bolaño Sánchez, quien actúa
en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Atlántico, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, con el fin de que el juez
constitucional accediera a la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, trabajo, mínimo vital, de acceso a la administración de justicia,
dignidad humana y el principio de seguridad jurídica.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Señores Magistrados, respetuosamente solicito de ustedes, se sirvan declarar
la vulneración o amenaza de mis derechos fundamentales constitucionales y
ordenen su respectivo amparo decretando cualquiera de las medidas que les
enuncio y me permito suplicarles así:
1*. La nulidad, la invalidez, la suspensión definitiva, la inaplicabilidad o dejar sin
efectos las resoluciones DESAJBOR 22- 1322 de Marzo 28 del 2022 y la
DESAJBOR 24-7604 de Abril 15 del 2024.
2°. Se ordene a el Consejo superior de la judicatura, o a quien corresponda, a
través del órgano correspondiente, se abstenga de continuar con el proceso de
cobro coactivo que se adelanta con base en los actos administrativos anotados
anteriormente, especialmente la de emitir o decretar orden alguna que
comprendan medidas cautelares como embargos, secuestros o similares,
sobre bienes de mi propiedad.
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3°. Cualesquiera otras medidas que ustedes, en su leal saber y entender
consideren pertinente, eficaz y prudente, para amparar, satisfacer y proteger el
derecho fundamental que resulte vulnerado o amenazados por los accionados”.
2. Hechos
El accionante manifestó que desde el 1 de agosto de 1991, ocupó en carrera el
cargo de Juez Dieciocho Civil Municipal de Barranquilla y luego fue designado por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para desempeñar el cargo de
Juez Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, desde el 22 de septiembre hasta el
15 de diciembre de 2021.
Aseveró que el 16 de diciembre de 2021, tomó posesión del cargo de Juez Segundo
Civil del Circuito de Barranquilla, de conformidad con el traslado administrativo que
le fue autorizado por el Consejo Superior de la Judicatura y aceptado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla hasta el 29 de junio de 2023, debido a
una condena que le fue impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
Afirmó que mediante Resolución DESAJBOR22-1322 de 28 de marzo de 2022, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, ordenó al señor
Oscar Gerardo Barbosa Neira, el reintegro de los pagos mayores adicionales por
nómina que se efectuaron a su favor, por el valor de $25.268.978.
Sostuvo que la anterior resolución fue proferida con fundamento en que la novedad
de su traslado fue radicada de forma extemporánea el 16 de diciembre de 2021,
cuando en el sistema Efinómina ya había sido liquidada la nómina de la Seccional
de Bogotá a la que previamente estuvo vinculado, por lo que se pagó en su favor la
totalidad del mes de diciembre de 2021.
Expuso que contra la Resolución DESAJBOR22-1322 de 28 de marzo de 2022,
radicó recurso de reposición que fue resuelto de forma negativa por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, a través de la Resolución
DESAJBOR24-7604 de 15 de abril de 2024.
Para terminar, aseveró que en dicho acto administrativo nuevamente se hizo
referencia al señor Oscar Gerardo Barbosa Neira, como destinatario de la sanción
contenida en la Resolución DESAJBOR22-1322 de 28 de marzo de 2022.
3. Fundamentos de la acción
El actor sostuvo que las Resoluciones DESAJBOR22-1322 de 28 de marzo de 2022
y DESAJBOR24-7604 de 15 de abril de 2024, fueron incongruentes, confusas e
imprecisas y señalan el nombre de otra persona como deudor -Oscar Gerardo
Barbosa Neira-, pero le realizan el cobro del mayor valor pagado a él.
Así mismo, manifestó que en el acto administrativo de 22 de marzo de 2022, existe
una inconsistencia en razón a que indica que el recurso de reposición contra esa
decisión fue radicado el 24 de febrero de ese mismo año, situación que no era
posible por cuanto no podía instaurarse de manera previa.
Bajo ese contexto, aseveró que los actos administrativos referenciados no pueden
surtir efectos como títulos ejecutivos en un proceso de cobro coactivo, en tanto no
cumplen con los requisitos formales y son lesivos al ordenamiento jurídico.
Así mismo, aseguró que las Resoluciones DESAJBOR22-1322 de 28 de marzo de
2022 y DESAJBOR24-7604 de 15 de abril de 2024, fueron expedidas con falsa
motivación y están “viciadas de nulidad”.
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Demandante: Luis Guillermo Bolaño Sánchez
En ese orden de ideas, manifestó que las resoluciones que cuestiona se encuentran
ejecutoriadas, sin recursos y van para cobro coactivo, por lo que se encuentra ante
una amenaza cierta y sus derechos fundamentales se encuentran en peligro
inminente, debido a que sus bienes pueden ser injustamente embargados y
secuestrados, aunado a que puede ser reportado como deudor moroso, situación
que lo afectaría moral, material y anímicamente.
Por otro lado, aseveró que se encuentra recluido en la cárcel de mediana seguridad
de Valledupar, situación que impone dificultades económicas y de movilidad, para
poder contratar los servicios de un abogado especializado en derecho
administrativo, por lo que debe asumir su defensa en el proceso ordinario que no es
suficientemente ágil.
Así las cosas, manifiesta que el mecanismo constitucional es un remedio pronto e
idóneo para proteger los derechos que invoca, los cuales han sido amenazados con
las Resoluciones DESAJBOR22-1322 de 28 de marzo de 2022 y DESAJBOR24-
7604 de 15 de abril de 2024, emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Sumado a ello, sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura antes de emitir las
resoluciones que cuestiona, debió corregir las dificultades, incoherencias e
ilegalidad de los actos administrativos que amenazan sus derechos fundamentales.
Para finalizar, aseveró que la presente acción de tutela cumple todos los requisitos
de procedibilidad como la inmediatez y subsidiariedad.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
La magistrada auxiliar de la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
solicitó la desvinculación de la entidad por falta de legitimación en la causa por
pasiva, en razón a que no es la llamada a responder o a cumplir las órdenes que se
pretenden en la acción de tutela.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la autoridad que se encuentra legitimada es la
División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos y/o Talento
Humano de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y/o de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en virtud del artículo 1.° del Acuerdo
PSAA09-6203 de 2009.
4.2. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
La presidenta del Consejo Seccional solicitó su desvinculación y afirmó que la
entidad encargada de realizar el registro, de controlar las novedades y del manejo
del sistema salarial y prestacional del personal que integra la Rama Judicial es la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca
y Amazonas, a través del área del talento humano, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y del Acuerdo PSAA09-6203
de 2009.
Así mismo, indicó que verificó la base de datos y no encontró algún registro o
radicación relacionada con los actos administrativos referenciados por el accionante
y los hechos descritos en el escrito de tutela.
4.3. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Barranquilla – Atlántico
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Demandante: Luis Guillermo Bolaño Sánchez
El abogado ejecutor de cobro coactivo de la entidad rindió informe en el que
manifestó que una vez verificado el número de cédula y el nombre del accionante
en el aplicativo de gestión de cobro coactivo -GCC-, advirtió que no figura proceso
de cobro en esa Dirección Seccional contra el señor Luis Guillermo Bolaños
Sánchez.
En ese orden, sostuvo que carece de competencia para adelantar el proceso de
cobro coactivo cuestionado por el actor, por lo que solicitó declarar improcedente la
acción de tutela en lo que respecta a esa entidad.
4.4. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La profesional universitaria de la Unidad de Asistencia Legal manifestó que en el
escrito de tutela no se indicó que esa dirección haya vulnerado los derechos
fundamentales que se invocan y se expuso de forma clara que la entidad que emitió
los actos administrativos que se cuestionan a través del presente mecanismo
constitucional, fue la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá.
En ese sentido, afirmó que es la referida autoridad a quien le corresponde y debe
emitir el pronunciamiento sobre la acción de tutela, de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Acuerdo PSAA09-6203 de 2 de septiembre de 2009.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó su desvinculación del proceso por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
4.5. Respuesta de la presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá
La presidenta de la entidad indicó que de conformidad con las funciones atribuidas
en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, las pretensiones relacionadas en el escrito
de la tutela no son de su competencia, debido a que la gestión de reconocimiento
de sueldos y prestaciones sociales y, en general, el manejo del sistema prestacional
del personal que integra la Rama Judicial, se encuentra en cabeza de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y
Amazonas, de conformidad con el numeral 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996.
Agregó que verificó la base de datos de Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá y no encontró algún registro o radicación de solicitud por parte del actor,
relacionados con los hechos de la presente acción de tutela, por lo que solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo pretendida por el señor Luis Guillermo
Bolaño Sánchez.
Para finalizar, pidió su desvinculación del proceso, en tanto no ha incurrido en la
vulneración de los derechos fundamentales que se invocan y ha cumplido con las
funciones legales que se le han otorgado.
4.6. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, pese a
ser notificada en debida forma, guardó silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo del 12 de diciembre de 2024,
resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
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Demandante: Luis Guillermo Bolaño Sánchez
Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Atlántico, el Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el mecanismo de amparo
promovido por el señor Luis Guillermo Bolaño Sánchez contra la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente
de su ejecutoria”.
Al respecto, indicó que el accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad,
debido a que los actos administrativos sobre los cuales pretende la nulidad a través
de la presente acción de tutela, pudo cuestionarlos en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, mecanismo que resultaba idóneo y eficaz, además
de contar con la posibilidad de decretar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011.
Agregó que el actor no demostró la configuración de un perjuicio irremediable e
indicó que, a pesar de su situación de recluso, este escenario no afecta su derecho
fundamental al mínimo vital, en tanto el Estado está en la obligación de proporcionar
a las personas que se encuentran privadas de la libertad, alimentación, utensilios
de aseo e higiene personal, instalaciones en condición de sanidad y asistencia
médica.
Así mismo, indicó que en el contexto penitenciario y carcelario se ha reconocido que
el acceso a la administración de justicia y el debido proceso son derechos que el
Estado debe garantizar y, por tanto, no pueden hacer parte de los derechos
suspendidos o restringidos.
Por último, resaltó que el accionante es abogado, fue juez de la República y contó
con la posibilidad de acceder a internet para poder tramitar los mecanismos
judiciales que requiriera, debido a que los distintos portales y aplicativos web de la
rama judicial lo permiten, lo que permitió que radicara la presente acción de tutela
desde su correo electrónico personal.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara para acceder al
amparo constitucional solicitado.
Argumentó que por lo menos se debe acceder al amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
razón a que no se puede desconocer su condición de recluido en la cárcel de
Valledupar, sin medios de comunicación como teléfono celular, computador, redes
sociales e internet, ya que se encuentran totalmente prohibidos por la institución
carcelaria.
Afirmó que es su hija quien se encarga de revisar su correo electrónico y se entera
de las notificaciones que recibe, y los domingos de visita es cuando se puede
enterar, a lo que agregó que la comunicación es precaria y aunque es abogado, no
puede ejercer libremente su profesión, no tiene la facilidad económica ni tecnológica
suficiente, aunado a que no cuenta con un ingreso económico para tener la
representación adecuada en un proceso judicial administrativo, como
equivocadamente se supone en primera instancia.
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De igual modo, sostuvo que se presentaron irregularidades, ilegalidades,
incongruencias, inconsistencias y falsas motivaciones en los actos administrativos
que cuestiona y la entidad accionada se aprovecha de su situación de indefensión
por estar privado de la libertad, motivo por el cual se encuentra ante la imposibilidad
de utilizar los medios de control que la ley establece.
Por último, manifestó que la autoridad administrativa causante de la vulneración de
sus derechos fundamentales no dio respuesta a la acción de tutela por lo que se
debe establecer la veracidad de los hechos y no favorecerla declarando
improcedente el presente mecanismo constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 25 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 12 de diciembre
de 2024, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
33. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
3.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de
evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
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y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.
3.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas contra actos administrativos,
la Corte Constitucional ha considerado que los actos administrativos de carácter
particular y concreto “pueden ser controvertidos con otros mecanismos, tanto
administrativos como judiciales, para conseguir la protección de los derechos
fundamentales, principalmente al debido proceso”1.
Por consiguiente, esa corporación judicial ha resaltado que, “conforme al carácter
residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para
controvertir las actuaciones administrativas”2. Esto, en atención a “i) los
mecanismos judiciales ordinarios para controvertir las actuaciones de la
administración establecidos en el ordenamiento jurídico; ii) la presunción de
legalidad que las reviste; y, iii) la posibilidad de que, a través de las medidas
cautelares, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos
en ejercicio de los mecanismos ordinarios”3.
Así las cosas, “la vía gubernativa o la vía judicial ordinaria constituyen medios
idóneos para la defensa de los derechos fundamentales con ocasión de
procedimientos administrativos, no así la acción de tutela”4. En consecuencia, “salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la
acción de tutela resulta improcedente contra este tipo de actos”5.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El señor Luis Guillermo Bolaño Sánchez pretende que se declare la nulidad de
las Resoluciones DESAJBOR 22-1322 de 28 de marzo 2022 y la DESAJBOR 24-
7604 de 15 de abril de 2024, por medio de las cuales se estableció que debía
realizar el reintegro de los valores mayores pagados por nómina en el mes de
diciembre de 2021 equivalente a $25.268.978 y se ordene al Consejo Superior de
la Judicatura abstenerse de continuar con el proceso de cobro coactivo adelantado
en su contra, por incurrir en una falsa motivación.
En primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 12
de diciembre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, bajo el argumento
de que no cumple con el requisito de subsidiariedad, en razón a que el actor contaba
con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir
los actos administrativos que cuestiona a través de la presente acción de tutela.
Así mismo, sostuvo que a pesar de que el señor Luis Guillermo Bolaño Sánchez se
encuentre privado de la libertad, no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable en razón a que los derechos de acceso a la administración de justicia
y el debido proceso no son de aquellos que se restringen a las personas que se
encuentran en establecimiento intramural, a lo que agregó que el accionante es
abogado, fue juez de la República y contó con la posibilidad de acceder a internet
para poder tramitar los mecanismos judiciales que requiriera, tal como lo hizo con
la presente acción de tutela.
En el escrito de la impugnación, el demandante sostuvo que se debe acceder al
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
1 Sentencia T-264 de 2018.
2 Sentencia T-030 de 2015.
3 Sentencia T-146 de 2019.
4 Sentencia T-264 de 2018.
5 Ibidem.
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administración de justicia, teniendo en cuenta que al encontrarse privado de la
libertad no puede ejercer su propia defensa y no tiene un ingreso económico que le
permita contratar un apoderado para que lo represente.
Así mismo, afirmó que contrario a lo manifestado en primera instancia, no cuenta
con acceso a internet, no puede hacer uso del celular o de algún computador y es
su hija quien accede a su correo y le brinda la información a través de su esposa
cuando puede visitarlo en la cárcel.
4.3. De las pruebas aportadas a este proceso constitucional, la Sala advierte que a
través de la Resolución DESABOR24-7604 de 15 de abril de 2024, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá resolvió el recurso de
reposición presentado por el actor contra la Resolución DESAJBOR-1322 de 28 de
marzo de 2022, por medio de la cual se le ordenó el reintegro de mayores valores
pagados por nómina en el mes de diciembre de 2021, equivalentes al valor de
$25.268.978.
En dicha Resolución se confirmó la decisión recurrida y se indicó al actor que, en
caso de no realizarse la cancelación de la obligación o la celebración de un acuerdo
de pago, se iniciaría la ejecución por vía coactiva, acto administrativo que quedó
ejecutoriado el 27 de junio de 2024. Ahora bien, la Sala advierte que la Resolución
DESAJBOR 22-1322 de marzo 28 del 2022, no fue allegada al plenario por lo que
se desconoce si contra la misma procedía el recurso de apelación.
Sin embargo, conforme a las manifestaciones y pruebas obrantes en el proceso, se
tiene que la discusión que se propone involucra aspectos relativos a la motivación
del acto y los supuestos errores en los que incurrió la autoridad accionada, por lo
que, la Sala advierte que se trata de un debate propio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el argumento relacionado con el inicio del
proceso de cobro coactivo que afectaría su patrimonio, la Sala considera que dicha
situación no se encuentra demostrada, en tanto únicamente se aportó el cobro
persuasivo por concepto de reintegro, documento que no da certeza de si en la
actualidad ya se dio inicio al proceso, por lo que se trata de una situación futura.
Así las cosas, se pone de presente al accionante que, en cualquier caso, el Estatuto
Tributario en los artículos 823 y subsiguientes señala las diferentes etapas
procesales en las que se garantiza el derecho de defensa y contradicción, más aún,
cuando la entidad ya está enterada de que se encuentra privado de la libertad.
En ese orden de ideas, sin ánimo de desconocer que el señor Luis Guillermo Bolaño
Sánchez se encuentra privado la libertad, la Sala advierte que en el presente caso
no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez que la
discusión que propone respecto de los actos administrativos es de estricta legalidad
y no constitucional, sumado a que el adelantamiento futuro de un proceso de cobro
coactivo es algo incierto que no se enmarca en la noción de amenaza, conforme la
ha entendido la jurisprudencia constitucional.
Sobre el particular, se deben seguir los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-695 de 2015, según la cual debe comprobarse
que el perjuicio alegado sea (i) inminente, es decir, que amenaza o está por
suceder prontamente, esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa
que está produciendo la inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe
precisar una medida o remedio de forma rápida que evite la configuración de la
lesión; (ii) grave, pues el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona, debe ser de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la
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gravedad hagan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
En ese orden de ideas, es posible inferir razonablemente que el accionante
incumplió con el requisito de haber agotado el mecanismo de defensa judicial
ordinario que tenía a su alcance, circunstancia que desconoce el artículo 86 de la
Constitución Política, particularmente, el carácter residual, subsidiario y supletorio
de la acción constitucional, lo cual hace improcedente este medio de defensa,
aunado que tampoco demostró la configuración de un perjuicio irremediable.
Finalmente, sobre la inconformidad que radica en el error del nombre que se indicó
en los actos administrativos, el actor puede, a través del director del establecimiento
carcelario, presentar una petición ante la autoridad demandada con el fin de que se
efectúe la corrección del caso en la actuación administrativa, de conformidad con el
artículo 154 de la Ley 656 de 1993.
Por las razones expuestas, se confirmará la decisión que declaró la improcedencia
de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
Segundo.- Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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