Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05974-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05974-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05974-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05974-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
5 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: RAFAEL DAVID OVALLE GAMBOA
Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente por no cumplir con los requisitos generales de relevancia
constitucional y de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Rafael David Ovalle
Gamboa contra el Tribunal Administrativo de Santander y la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Rafael David Ovalle Gamboa solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 11 de octubre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 68001-33-33-012–2016–00278-00/01; y a la
providencia de 26 de junio de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia con el número de radicación 68001-33-33-012-2016-00278-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
2.1. Manifestó que mediante Resolución núm. 1149 de 10 de septiembre de 2015 fue
nombrado, en provisionalidad y por seis meses, en el cargo de “[…] Oficial de
Catastro Código 3110 Grado 7 […]” del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC.
2.2. Indicó que se posesionó el 5 de octubre de 2015, y que estuvo en el cargo
hasta el 5 de abril de 2016, cuando se cumplió el término previsto en el acto
administrativo de nombramiento.
2.3. Mencionó que presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el núm. único de radicación 68001-33-33-012-2016-
00278-01.
2.4. Señaló que la demanda le correspondió al Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Barrancabermeja, autoridad judicial que, mediante fallo de 23 de
septiembre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda.
2.5. Precisó que la parte demandada apeló la anterior decisión y que el Tribunal
Administrativo de Santander revocó, mediante decisión de 11 de octubre de 2021,
la sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la
demanda.
2.6. Señaló que presentó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
núm. 68001-33-33-012-2016-00278-01 y que, mediante providencia de 26 de junio
de 2024, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el
recurso interpuesto.
2.7. Refirió que en “[…] la decisión de rechazo del recurso extraordinario se puede
decir que se trasgrede la jurisprudencia patria y del concejo de estado vinculante
de las decisiones de la corte constitucional ya mencionada en la decisión de
primera instancia […]”.
2.8. Indicó que “[…] se transgrede la jurisprudencia ya que la motivación de las
consideraciones de la decisión de primer orden fueron las correctas ya que el
AD.QUO se detuvo minuciosamente a desatar cada hecho y lo reflejo [sic] en el
problema jurídico y de lo cual el AD.QUEM todo lo desconoció y por tal razón se
acude al recurso extraordinario y el cual fue rechazado y por tal razón acudo a
este mecanismo constitucional a que se me amparen mis derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia […]”.
2.9. En síntesis, en su criterio las decisiones objeto de la acción de tutela
incurrieron en un desconocimiento del precedente.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, contenidos en el artículo
29 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo
228 de la Constitución Nacional, vulnerados por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER- M.P DR JULIO EDISSON RAMOS
SALAZAR, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, CONSEJERO
DE ESTADO: DR JORGE PORTOCARRERO BANGUERA, VINCULADOS:
INSTITUTO GEOGRAFICO [sic] AGUSTIN [sic] CODAZZI -SIGLA IGAC.
SEGUNDO: como consecuencia de la prosperidad de la petición anterior, se
sirva ordenar al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, CONSEJERO
DE ESTADO DR JORGE PORTOCARRERO BANGUERA, REVOCAR EL
AUTO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 EL CUAL RECHAZA EL
RECURSO EXTRAORDIARIO [sic] INVOCADO.
TERCERO: Como consecuencia de la petición que antecede, se le ordene al
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, CONSEJERO DE ESTADO DR
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA, admitir el trámite del recurso
extraordinario invocado […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 12 de noviembre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y al Juzgado Doce Administrativo del Circuito
de Bucaramanga.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló, a
través del magistrado que profirió la decisión de 26 de junio de 2024, que: “[…] en
la solicitud el accionante se limitó a consignar los mismos argumentos
presentados en el recurso extraordinario de revisión; adicionalmente, se incumple
con los requisitos especiales de procedibilidad, dado que no identificó cuál es el
defecto de la providencia judicial atacada, razón por la cual considero, que la
acción de tutela es improcedente […]”.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
5.2. Agregó que, en caso de considerar que la acción de tutela sí es procedente, se
analice que el rechazo del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
se decretó “[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley 1437
del 2011, el cual establece que solo “habrá lugar al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se
oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”, teniendo en
cuenta que el argumento del mismo, era la aplicación de las sentencias SU-917
de 2010 y SU-556 de 2014 proferidas por la Corte Constitucional […]”.
5.3. ElInstituto Geográfico Agustín Codazzi solicitó, a través de apoderada
judicial, que se le declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva porque
“[…] no es responsable del quebrantamiento de los derechos fundamentales
reclamados […]”.
5.4. El Juez Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga solicitó que se
declare improcedente el amparo, en virtud de que “[…] no ha conculcado derecho
fundamental alguno al accionante, ni ha incurrido en conducta censurable, por
cuanto a lo largo del trámite procesal surtido se ha garantizado el derecho al
debido proceso de todos los sujetos procesales allí involucrados; motivo por el
cual, con relación a las pretensiones de la acción de tutela, de manera
respetuosa me permito solicitar se declare improcedente el amparo invocado […]”.
[Negrilla y subrayado original del texto].
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065 señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto]
9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
fue parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto del
presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a esa entidad sí le asiste
el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional, razón por la cual
se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en
desconocimiento del precedente.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en
dichos parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. Elseñor Rafael David Ovalle Gamboa solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 11 de octubre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 68001-33-33-012–2016–00278-00/01; y a la
providencia de 26 de junio de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia con el número de radicación 68001-33-33-012-2016-00278-01.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
de relevancia constitucional y de inmediatez.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de inmediatez
21. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración10. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos
[…]”11.
22. Al respecto, la jurisprudencia constitucional12, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el
requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y
exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece
precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de
derechos fundamentales con los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si
la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica
generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de
inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar la
procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada
sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos” […]”13. [Cursiva original del texto y negrilla fuera del texto].
23. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla
jurisprudencial según la cual el plazo considerado como razonable era de
seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la decisión judicial
objeto de tutela. Ello con sustento en el siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que
las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes
sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de
la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de
los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
11
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
13
Ibidem.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se
acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado
como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se
trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional
[…]”14. [Negrilla fuera del texto].
24. La jurisprudencia constitucional15 ha establecido excepciones a la aplicación
del requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular16, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes,
por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii)
exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]”17.
25. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el accionante
cuestiona la providencia de 11 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.
26. Al respecto, la Sala pone de relieve que el fallo que motivó la interposición de
la presente acción de tutela fue notificado 14 de octubre de 202118 y la presente
solicitud de amparo se radicó el día 5 de noviembre de 202419.
27. Así
las cosas, en razón a que la solicitud de amparo fue radicada el 5 de
noviembre de 2024, se observa que la misma se ejerció una vez transcurridos
más de 3 años desde la notificación del fallo objeto de esta acción.
28. Por último, se debe destacar que, si bien el accionante presentó un recurso
extraordinario de unificación, este recurso fue rechazado por ser improcedente
mediante el auto de 26 de junio de 2024. En ese sentido, la jurisprudencia de esta
Corporación ha sido pacífica en sostener que la interposición de recursos
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Sentencia T-584 de 2011.
16
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
17
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
18
Índice 00016 del expediente núm 68001-33-33-012–2016–00278-00/01 en SAMAI,
19
Índice 00002 del expediente.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
abiertamente improcedentes o inoportunos no flexibiliza la aplicación del requisito
de inmediatez20.
29. Por lo anterior, y al no observar otra causal adicional que justifique la demora
en la interposición de la presente acción constitucional, la Sala considera que no
se satisfizo el requisito general de procedibilidad de inmediatez frente a la
sentencia de 11 de octubre de 2021, resaltándose que tampoco se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 201721,
dictada por la Corte Constitucional.
VI.5.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
30. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental22 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones23.
31. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales24, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces25.
32. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación26, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 18 de abril de 2024. Exp. núm.
11001-03-15-000-2023-07260-01. C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T. 5.882.857, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
22
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
23
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
24
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
25
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
26
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].
33. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202227 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto]
34. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202328.
35. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales29.
36. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, por haber incurrido, presuntamente, en un
desconocimiento del precedente.
que “[…] la decisión de rechazo del recurso extraordinario se puede
37. Refirió
decir que se trasgrede la jurisprudencia patria y del concejo de estado vinculante
de las decisiones de la corte constitucional ya mencionada en la decisión de
primera instancia las cuales procedo a mencionar […]”.
que “[…] se transgrede la jurisprudencia ya que la motivación de las
38. Indicó
consideraciones de la decisión de primer orden fueron las correctas ya que el
AD.QUO se detuvo minuciosamente a desatar cada hecho y lo reflejo en el
problema jurídico y de lo cual el AD.QUEM todo lo desconoció y por tal razón se
28
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
acude al recurso extraordinario y el cual fue rechazado y por tal razón acudo a
este mecanismo constitucional a que se me amparen mis derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia […]”.
39. Como se puede observar, la controversia propuesta por el accionante carece
de relevancia constitucional porque carece de la carga argumentativa mínima
frente a la providencia de 26 de junio de 2024.
40. Esta falencia argumentativa no puede ser subsanada por el juez de tutela, dado
que la presente acción constitucional se dirige contra unas providencias judiciales
que han hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de
una carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En
armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
señaló lo siguiente:
“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”30. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto].
41. Por otra parte, resulta relevante traer a colación lo decidido por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del recurso extraordinario
de unificación:
“[…] El 27 de octubre de 2021, el señor Rafael David Ovalle Gamboa,
mediante apoderado, interpuso el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia en contra de la sentencia del 11 de octubre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, notificada por medios
electrónicos el 14 de octubre de 2021; por consiguiente, el medio
impugnatorio se presentó en la oportunidad que prevé el artículo 261 del
CPACA.
El recurrente invocó las siguientes sentencias, las cuales denominó de
“unificación”:
I I. Corte Constitucional, sentencia SU-917 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla,
referida a una acción de tutela contra providencias judiciales en el cual
desempeñaban cargos de carrera en provisionalidad en diferentes entidades
públicas, siendo desvinculados de sus empleos sin que los actos de retiro
hubieren sido motivados.
II II. Corte Constitucional, sentencia SU-556 de 2014, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, referida a una acción de tutela contra providencias judiciales
relacionada con la necesidad de motivación de los actos de retiro de
funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera.
30
Sentencia SU-074 de 2022.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
Se estima que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia debe
rechazarse, por las siguientes razones:
En relación con las sentencias SU-917 de 2010 y SU-556 de 2014 proferidas
por la Corte Constitucional, no resulta procedente el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, a la luz de lo dispuesto en el artículo 258 del
CPACA, a cuyo tenor, solo “habrá lugar al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se
oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado” […]”.
42. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”31.
43. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para
combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con
sus derechos […]”32. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos
persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada
la tutela contra providencias judiciales […]”33.
44. Conforme a lo indicado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con los requisitos generales de procedencia de relevancia
constitucional e inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal presentada por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
31
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
32
Ibidem.
33
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05974-00
Accionante: Rafael David Ovalle Gamboa
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.