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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05983-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05983-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José Ramón Parra Vanegas, dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05983-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

20 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05983-00
Demandante: José Ramón Parra Vanegas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-05983-00
Demandante JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS
Demandado COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad. La relevancia constitucional. Sanción disciplinaria a
abogado. Prescripción. Norma aplicable a los procesos disciplinarios
de abogados. Defecto fáctico, de violación directa de la constitución y
por desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor José Ramón Parra Vanegas, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1 de noviembre de 20241, el señor José Ramón Parra Vanegas, quien actúa en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso al incurrir en defecto por
violación directa a la Constitución, defecto fáctico y desconocimiento del precedente
judicial al proferir las sentencias del 9 de marzo de 2020 y el 17 de julio de 2024
dentro del proceso con radicado Nro. 11001-11-02-000-2018-01927-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones en su escrito de subsanación:
«Que la excelentísima Doctora […] decrete las medidas cautelares solicitadas de suspensión
temporal de la sanción, hasta tanto se resuelva de fondo la acción de tutela, en la medida en
que está cumplida la apariencia de buen derecho.
Que la excelentísima Doctora […] ampare el derecho fundamental al debido proceso del
suscribiente ciudadano; transgredido en las dos instancias del proceso disciplinario.
En consecuencia MUY RESPETUOSAMENTE RUEGO Doctora […] anular, o dejar sin efecto
la providencia sancionatoria o en su legar expedir sentencia de reemplazo, en la que
reconozca la prescripción de la acción disciplinaria, en favor del abogado JOSE RAMON
PARRA VANEGS, dentro del radicado 1001-11-02-000-2018-01927-01 (A.12935).» (Sic a
toda la cita)

2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 23 de marzo de 2018, las señoras Norma Lucía Cardona Fontecha, María
Mercedes Cardona Fontecha y Custodia Fontecha interpusieron queja

1
Samai, índice 2. El expediente de la referencia le fue repartido inicialmente con el radicado Nro. 11001-33-35-027-2024-
00374-00 al Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual con auto del 5 de noviembre de 2024
dispuso remitirlo por reglas de reparto al Consejo de Estado. Lo anterior, dado que la acción se promovió contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por lo que en aplicación de las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021 se
dispuso a remitir a esta Corporación la acción constitucional.

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Demandante: José Ramón Parra Vanegas

disciplinaria en contra del abogado José Ramón Parra Vanegas, porque en un
proceso en el que las representó en contra de la Policía Nacional, por la muerte
del señor Rafael Antonio Fontecha, les entregó un inmueble que no tenía
escrituras y no entregó la totalidad del dinero recibido por la indemnización
reconocida.

2.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria (hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá) conoció en
primera instancia del proceso disciplinario en contra del señor José Ramón
Parra Vanegas con radicado Nro. 11001-11-02-000-2018-01927-00.

Dicha autoridad profirió sentencia el 9 de marzo de 2020, en la cual declaró
disciplinariamente responsable al abogado José Ramón Parra Vanegas en los
siguientes términos:
«PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable al abogado José Ramón Parra Vanegas
[…] de los cargos atribuidos en la audiencia de siete (7) de mayo de dos mil diecinueve
(2019), por las razones expuestas en esta providencia y se le sancionará con suspensión de
3 años en el ejercicio de la profesión de abogado.
SEGUNDO: Notifíquese al sancionado, a su defensor de oficio y al señor procurador
delegado, informándoles que contra esta decisión procede el recurso de apelación.
TERCERO: De no ser apelada, consúltese la sentencia con la SALA JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. […]»

2.3. La anterior decisión fue apelada por el disciplinable y conocida en segunda
instancia por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la cual dictó sentencia
el 17 de julio de 2024, en esta se confirmó la sentencia de primera instancia,
así:
«PRIMERO. NEGAR la solicitud probatoria presentada por el disciplinable.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 9 de marzo de 2020, por el
entonces Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual declaró
disciplinariamente responsable al abogado JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS, por
desconocimiento del deber profesional consagrado en el numeral 8° del artículo 28 de la Ley
1123 de 2007, e incurrir en la falta prevista en el numeral 4° del artículo 35 ibidem a título de
dolo, sancionándolo con suspensión de TRES (3) años en el ejercicio de la profesión.[…]
CUARTO. Una vez ejecutoriada la presente decisión, ANÓTESE la sanción en el Registro
Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto
se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta
providencia con constancia de su ejecutoria.»

3. Fundamentos de la acción

De acuerdo con el escrito de tutela y subsanación2, el señor José Ramón Parra
Vanegas acusó la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso por
parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, al incurrir en los defectos por violación directa de la
Constitución, defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial en las
sentencias del 9 de marzo de 2020 y del 17 de julio de 2024 dentro del proceso
disciplinario con radicado Nro. 11001-11-02-000-2018-01927-00/01.

Por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, el actor expuso
que en su caso se cumple a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad, así:

(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional: Aseguró
que se desconoció su derecho fundamental al debido proceso, derecho que
es reconocido en instrumentos internacionales. Además, porque quien

2
Samai, índice 8.

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transgredió su derecho, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (alta
Corte de la Rama Judicial), asegura que esta situación genera desconfianza en
la justicia y en los jueces de menor jerarquía, más aún si las providencias de
esta autoridad generan un mal precedente para futuros casos, y resaltó que la
Comisión Nacional desconoció la figura de la prescripción, lo que atenta contra
la Constitución.

(ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable: Afirmó que en el proceso disciplinario
se surtieron las dos instancias, a pesar de que la sentencia que dictó la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial se profirió transcurridos 3 años, 11
meses y 24 días, excediendo el término de 45 días que establece el artículo
234 de la Ley 1952 de 2019.

(iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración: Señaló que se encuentra en término dado que el fallo de segunda
instancia le fue notificado el 23 de agosto de 2024 y el amparo fue presentado
el 1 de noviembre de 2024.

(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora: Dijo que se configuró al dictar los fallos
de ambas instancias luego de producida la prescripción. Adicionalmente,
mencionó que en primera instancia se decretó una prueba y no se practicó,
que fue el testimonio del señor John Fredy González Muriel, quien salió del
país sin que el despacho judicial desplegara alguna actividad para ubicarlo y
por parte del juez de segunda instancia descartó la prueba de plano. De otro
lado, señaló que se incluyeron aspectos atinentes a quejosos que nunca
concurrieron al proceso y que tampoco manifestaron su inconformidad con la
labor profesional del derecho. Finalmente, aseguró que las autoridades
judiciales hicieron unas liquidaciones desviadas que desconocían los
acuerdos que se realizaron respecto de los honorarios; eso sin mencionar que
se le negó la expedición de las copias completas del expediente.

(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible: Al respecto el
accionante identificó los hechos que considera vulneradores así:
« i)Violación directa de la Constitución colombiana al proferir dos fallos luego de producida la
prescripción en las dos instancias; ii)Violación del debido proceso por vías de hecho al
decretar unas pruebas y no practicarlas en primera instancia y en segunda instancia hacer
suposiciones sobre testimonios, que NUNCA fueron practicados; iii) Violación reiterada del
debido proceso, al incluir en los fallos: a. aspectos atinentes a quejosos que NUNCA
concurrieron al proceso, hacer liquidaciones absurdamente desviadas de las más elementales
operaciones aritméticas, y desconociendo por completo los acuerdos de honorarios, c. así
mismo al negar la expedición de copias COMPLETAS del expediente, para tramitar la
presente acción de tutela, realizando en su lugar maniobras evidentemente malintencionadas
para evitar entregar el expediente pedido.» (Sic a toda la cita)
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela: Señaló que las sentencias discutidas son
producto de un proceso disciplinario.

El actor argumentó que en las sentencias que se dictaron dentro del proceso Nro.
11001-11-02-000-2018-01927-00/01, las autoridades incurrieron en los siguientes
defectos especiales:

3.1. Violación directa de la Constitución: Se concretó cuando las autoridades
accionadas dictaron el fallo de primera y segunda instancia, sin tener en
cuenta que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción. Aseguró
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que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá (hoy Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá) pudo haber tenido diferencias interpretativas al
estudiar las “conductas que permanecen en el tiempo”, sin embargo no podía ocurrir
lo mismo con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues esta autoridad
debió aplicar los artículos 32 y 33 de la Ley 1952 de 2019, los cuales
determinan que la prescripción se produce si transcurridos dos años desde la
notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda
instancia.

Para explicar la configuración del defecto expuso que la sentencia de primera
instancia se dictó el 9 de marzo de 2020, se notificó por edicto el 19 de junio
de 2020. Mientras que la sentencia de segunda instancia se notificó el 23 de
agosto de 2024, es decir ya había operado la prescripción, pues transcurrieron
4 años y 3 meses. Resaltó que «EL DISCIPLINABLE ADVIRTIÓ A LA COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DESDE ABRIL DE 2024 QUE YA SE HABÍA
PRODUCIDO LA PRESCRIPCIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA, prueba de ello es el memorial
que el disciplinable remitió en abril de 2024 a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del
cual allegó copia al presente escrito.».

3.2. Defecto fáctico: Aseguró que la sentencia de primera instancia incurrió en
este defecto por la indebida valoración de las pruebas. Al respecto, narró que
firmó contrato de prestación de servicios y acuerdo de honorarios con la
señora Norma Lucia Cardona Fontecha por un 40% por indemnización en
procesos contencioso administrativos; con la señora Custodia Fontecha por
un 40% por indemnización en asuntos contencioso administrativos, penales y
civiles; con la señora Norma Lucía Cardona Fontecha (quien actuó en nombre
propio y en representación de su hijo menor Jordy Andretti Santamaria Cardona) por
la indemnización en asuntos administrativos, penales y civiles por un 40%; y
con los señores Custodia Fontecha y Luis Alberto Fontecha por honorarios
penales del 35%.

Señaló que frente a la señora Norma Lucía Cardona Fontecha se le reconoció
en total $78.911.846,81, de los cuales $31.564.738,72 fueron por honorarios
penales, $31.564.738,72 por honorarios contenciosos administrativos,
quedando con un saldo de $15.782.369,37. Frente a lo cual la magistrada
Canosa afirmó que le fueron entregados $35.000.000, suma que excede lo
que le correspondía.

Respecto de la señora Custodia Fontecha se le reconoció en total
$169.754.827,26, de los cuales $67.901.930,9 fueron por honorarios penales,
$59.414.189,54 por honorarios contenciosos administrativos, quedando con
un saldo de $42.438.706,82. Frente a lo cual la magistrada Canosa afirmó que
se acreditó la adquisición de derechos posesorios tasados en $70.000.000,
suma que excede lo que le correspondía.

Añadió que la queja fue suscrita por las señoras Norma Lucía Cardona
Fontecha, María Mercedes Cardona Fontecha y Custodia Fontecha. Sin
embargo, asegura que él no representó a la señora María Mercedes Cardona
Fontecha, que si bien es quejosa no estaría legitimada, pues no tuvo derechos
patrimoniales a su favor por parte de la Policía Nacional, por lo que manifiesta
que la queja en sí misma no constituye prueba de los hechos. Adicionó que
los señores Luis Alberto Fontecha y Jordy Andretti Santamaria Cardona no
presentaron queja en su contra, por lo que la liquidación que se realiza
respecto de ellos dos es carente de medios de prueba.

3.3. Desconocimiento del precedente: Manifestó que se desconocieron los
siguientes precedentes: (i) sentencia T- 282A de 2012 dictada por la Corte
Constitucional (Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva) en donde se
estudió un proceso disciplinario en el cual se clasificó una falta como
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permanente, sin analizar con detenimiento lo probado en el proceso, lo que
incidía en la correcta liquidación de los honorarios, (ii) sentencia C-556 de
2001 proferida por la Corte Constitucional (Magistrado ponente Álvaro Tafur
Galvis), en esta se realizaron precisiones frente a la prescripción en la acción
disciplinaria, (iii) proceso Nro. 11001-11-02-000-2013-06184-01 que fue
tramitado por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en
donde se aborda la pérdida de la facultad sancionadora.

Como un último argumento de inconformidad manifestó que encontrándose en
segunda instancia no tuvo acceso a la totalidad del expediente disciplinario a pesar
de que realizó cuatro solicitudes. Luego, le remitieron al accionante, en dos
oportunidades, 1.112 archivos dentro de los cuales no se encontraba el archivo que
solicitó.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 13 de noviembre de 20243, el despacho ponente requirió
a la parte accionante para que en el término de tres días a partir de la
notificación de esta providencia: (i) acreditara cómo se configuraban en el caso
concreto los defectos o requisitos especiales de la acción de tutela contra
providencia judicial establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-
590 de 2005; (ii) precisara cuáles eran las autoridades accionadas; y (iii)
individualizara cada uno de los quejosos, disciplinables y terceros que
actuaron en el proceso Nro. 11001-11-02-000-2018-01927-00/01, junto con
sus direcciones de notificación.
4.2. Con auto del 29 de noviembre de 20244, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor José Ramón Parra Vanegas, quien
actúa en nombre propio contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
En calidad de terceros con interés se vinculó a las señoras Lucía Cardona
Fontecha, María Mercedes Cardona Fontecha y Custodia Fontecha, quejosas
en el proceso disciplinario y al procurador judicial Carlos Andrés Valenzuela;
se ofició a la Secretaría General del Consejo de Estado y a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que notificaran a los terceros
vinculados; se ofició a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
para que remitiera copia del expediente Nro. 11001-11-02-000-2018-01927-
00/01; se negó la medida provisional solicitada; y se dispuso a efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial5, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela pues no puede ser utilizada para reabrir
procesos judiciales ya concluidos, ni para introducir un debate probatorio como
si de una tercera instancia se tratara, ya que ello invade la competencia del
juez natural y afecta la seguridad jurídica.
En caso de que no se declare la improcedencia solicita se nieguen las
pretensiones de la acción pues la providencia del 17 de julio de 2024 no
vulneró los derechos fundamentales del accionante pues el abogado ejerció
su derecho de defensa, contradicción, solicitó, aportó pruebas, presentó sus
alegatos, y apeló el fallo de instancia.
A su vez, la sentencia fue dictada por el juez natural en cumplimiento de la ley
1123 de 2007, que regula los procedimientos disciplinarios adelantados contra
los profesionales del derecho.

3
Samai, índice 4.
4
Samai, índice 10.
5
Samai, índice 14 y 15.

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Añadió que con las pruebas recaudadas en el proceso se logró demostrar la
responsabilidad disciplinaria del abogado, y para ello explicó que el proceso
tuvo como origen la queja que presentaron las señoras Norma Lucía, María
Mercedes Cardona Fontecha, y Custodia Fontecha «[…] en la cual narraron que el
abogado actuó dentro de un proceso administrativo en su representación para obtener una
indemnización por la muerte del señor Rafael Antonio Fontecha, recibiendo una suma de
dinero que el litigante optó por quedarse por un tiempo, entregando posteriormente un
inmueble a la madre del occiso, la cual fue vendida por la cónyuge del letrado sin realizar las
respectivas escrituras y apropiándose del excedente del dinero que les correspondía.[…]».

Señaló que a la señora Norma Lucía le correspondió $35.000.000, con lo cual
adquirió un inmueble por valor de $21.000.000, el cual fue cancelado por el
letrado, y aportó una parte de su excedente para ayudar en la compra de la
casa de su madre la señora Custodia Fontecha, la quejosa aseguró que la
esposa del abogado fue quien vendió la propiedad, pero nunca realizó las
escrituras, y su madre no recibió dinero alguno.

Tras la valoración probatoria se determinó que el abogado había incurrido en
la trasgresión del deber estipulado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley
1123 de 2007, e incurrir en la falta prevista en el numeral 4º del artículo 35
ibidem, agravada por los numerales 4º, 5° y 7º del literal c) del artículo 45.

Esto porque en virtud del mandato recibió el pago de una indemnización,
utilizando la parte que le correspondía a la señora Custodia en la compra de
un inmueble que vendió la esposa y que adicionalmente no realizó la escritura
pública. Sumado a que no entregó el dinero que le correspondía a Jordy
Andretti Santamaría, Luis Alberto Fontecha y Norma Lucía Cardona.

Frente a la prueba que el actor asegura se decretó pero no se practicó, señaló
que, durante el proceso el disciplinable contó con la oportunidad de llevar a la
persona que deseaba rindiera testimonio, pero adicionalmente, se consideró
que aquel no era conducente bajo el entendido que no podía dilucidar el
porqué del actuar del abogado.

En cuanto a la prescripción indicó que la conducta reprochada se basó en el
verbo rector «No entregar», por lo que es una conducta que permanece en el
tiempo y cesa cuando se haya hecho efectivo el pago, fecha en la cual
empezaría a contarse el término prescriptivo, de ahí que no haya obrado el
fenómeno de la prescripción pues si bien entregó parte de la suma no devolvió
la totalidad del dinero.

Finalmente dijo que las sanciones se impone son el resultado de infracciones
a normas éticas y profesionales, independientemente de la situación laboral
de los individuos, pues el objetivo es preservar la integridad y la confianza en
la profesión.

4.4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá6 rindió informe en
el que pidió que se negaran las pretensiones del accionante.

Indicó que tratándose de la Ley 1123 de 2007 la prescripción de la acción se
cuenta de forma diferente cuando se trata de faltas instantáneas como
permanentes (para ello citó el artículo 24), pues en el caso del señor Parra
Vanegas este fue condenado por incurrir en la falta prevista en el artículo 35,
numeral 4°, consistente en «consistente en no entregar a la menor brevedad posible
dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional» conducta de
carácter permanente cuya prescripción sólo comienza cuando el dinero es
entregado a quien corresponde.

6
Samai, índice 16.

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De ahí que «el término de prescripción descrito en el artículo 24 en relación con la falta a la
honradez debe contarse a partir del regreso del dinero recibido en virtud de la gestión
profesional», esto de conformidad a lo indicado por la Corte Constitucional.
Precisó que en este caso no existe fecha desde la cual empezar a contar el
término de prescripción, el cual no ha empezado a correr porque el actor no
acreditó que hubiera entregado el dinero que está utilizando.

Resaltó que el actor no puede pretender que se le aplique la Ley 1952 de 2019
si el asunto se encuentra completamente regulado por la Ley 1123 de 2007.

Indicó que el accionante solicitó las pruebas, las cuales fueron decretadas y
se fijó la fecha para su práctica, advirtiéndole al sujeto que esa fecha era
improrrogable, sin embargo, el señor Parra Vanegas no hizo comparecer a sus
testigos asunto que le es atribuible a él y no a la magistrada.

Adicionalmente, pudo haber pedido el decreto y práctica de pruebas en
segunda instancia, o solicitar la nulidad alegando la importancia de esa
prueba, lo cual no realizó.

Señaló que al momento de analizar los hechos para constatar si se tipifican se
debía analizar si el abogado recibió dineros y si los entregó a la brevedad
posible a la persona que la ley le indicaba, por lo que mal hace el actor al
cuestionar las liquidaciones que le correspondían a él, para entregarle a sus
clientes y probarlo en el proceso.

Por último, manifestó que desconoce las acciones relacionadas con la
imposibilidad de acceso al expediente, pues esta es una función de la
Secretaría de la Sala.

4.5. El señor Carlos Andrés Valenzuela Domínguez7, agente del Ministerio
Público con intervención ordinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, señaló que no se vislumbra vulneración alguna de
derechos fundamentales por lo que no se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, pues no amerita un estudio especial sobre las
providencias judiciales cuestionadas.

Y mencionó que, lo pretendido por el accionante es reabrir un debate ordinario
relacionado con la prescripción de la acción disciplinaria, ante lo cual se
encuentra de acuerdo con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al
afirmar que la conducta antiética del actor es de tracto sucesivo y no
instantánea.

4.6. Las señoras Lucía Cardona Fontecha, María Mercedes Cardona Fontecha
y Custodia Fontecha, no se pronunciaron a pesar de haber sido notificadas
por aviso8.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,

7
Samai, índice 19.
8
Samai, índice 18, 20, 21, 22 y 23.
9
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

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ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional12 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala, de manera preliminar,
determinar si se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad, en
particular, el de relevancia constitucional.

De superar ese análisis, la Sala deberá establecer si en las sentencias del 9 de
marzo de 2020 y el 17 de julio de 2024 dictadas dentro del proceso disciplinario con
radicado Nro. 11001-11-02-000-2018-01927-00/01, se incurrió en los defectos
especiales alegados por el accionante.

4. Requisito de relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y
aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son

10
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
11
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

8

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de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural13.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable
los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,

13 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos»14.

De otra parte, la relevancia constitucional también supone que la tutela no se
emplee para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de
plantearse ante el juez de la causa, ni para insistir en las inconformidades ya
resueltas en el proceso ordinario.

5. Análisis del caso

5.1. El señor José Ramón Parra Vanegas, en su escrito de tutela y subsanación
acusó la vulneración de su derecho al debido proceso por parte de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bogotá, al incurrir en los defectos por violación directa de la Constitución,
defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial en las sentencias del
9 de marzo de 2020 y del 17 de julio de 2024 dentro del proceso disciplinario
con radicado Nro. 11001-11-02-000-2018-01927-00/01. Como argumentos de
la vulneración expuso:

Que existía violación directa de la Constitución pues las autoridades
accionadas dictaron el fallo de primera y segunda instancia, sin tener en
cuenta que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción. Aseguró
que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá (hoy Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá) pudo haber tenido diferencias interpretativas al
estudiar las “conductas que permanecen en el tiempo”, sin embargo no podía ocurrir
lo mismo con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues esta autoridad
debió aplicar los artículos 32 y 33 de la ley 1952 de 2019, los cuales
determinan que la prescripción se produce si transcurridos dos años desde la
notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda
instancia.

Afirmó que se configuró un defecto fáctico en primera instancia por la indebida
valoración de las pruebas, pues él entregó la totalidad de los dineros a las
personas correspondientes, de conformidad con los contratos de prestación
de servicios y acuerdo de honorarios. Refutó la queja de la señora María
Mercedes Cardona Fontecha, toda vez que, no tuvo derechos patrimoniales
en su favor, y resaltó que los señores Luis Alberto Fontecha y Jordy Andretti
Santamaria Cardona no presentaron queja en su contra, por lo que la
liquidación que se realiza respecto de ellos es carente de medios de prueba.

Que se desconocieron los siguientes precedentes: (i) la sentencia T- 282A de
2012 dictada por la Corte Constitucional (Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas
Silva), (ii) la sentencia C-556 de 2001 proferida por la Corte Constitucional
(Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis) y (iii) las providencias del proceso Nro.
11001-11-02-000-2013-06184-01 que fue tramitado por la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura.

Y por último, que el actor en segunda instancia no pudo acceder al expediente
disciplinario, pues presentó reiteradas solicitudes a las que se les dio
respuesta de forma errónea enviándole múltiples documentos que no
correspondía.

5.2. Del análisis del caso concreto, encuentra la Sala que la controversia propuesta
no cumple el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora
utiliza la acción de tutela, que es un medio excepcional y residual, como una

14
Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.

10

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instancia adicional. En efecto, lo que el tutelante presenta como sustento de
los supuestos defectos que plantea, en esencia, son los argumentos que
expuso en su alzada contra la decisión judicial de primera instancia, los cuales
fueron decididos en segunda instancia en el proceso disciplinario,
concretamente los que presentó para controvertir la sentencia proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá (hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá). Para corroborar
la identidad de estos cargos se realizará un cuadro comparativo15:

Recurso de apelación contra la Sentencia del 17 de julio de Escrito de tutela y su
sentencia del 9 de marzo de 2020 2024 correspondiente subsanación

«[…] Los ejes temáticos y los reparos «[…] El disciplinable sustenta el «[…]PRESCRIPCIÓN EN
concretos sobre los que se funda la primer argumento de su recurso PRIMERA INSTANCIA. Con el
inconformidad con el fallo aquí exponiendo que, entregó todos propósito de estudiar en detalle la
impugnado son los siguientes: los dineros una vez descontados prescripción en primera instancia,
3.1.- Prescripción […] sus honorarios y al no haber el ejercicio exige el estudio de los
dinero pendiente por entregar no contratos de prestación de
3.1.-PRESCRIPCIÓN. El artículo 24 había incurrido en falta alguna y servicios.
de la ley 1123 de 2007 establece que más aún, había operado el
“la acción disciplinaria prescribe en El folio 5 del Cuaderno Original es
fenómeno de la prescripción, por el contrato de prestación de
cinco años”. Ahora bien, para la fecha en que ocurrieron los
determinar si respecto de los hechos servicios y acuerdo de honorarios
hechos. […] entre el abogado JOSÉ RAMON
que en este proceso son investigados
efectivamente se produjo la La prescripción de la acción PARRA VANEGAS y la señora
prescripción, se hace necesario disciplinaria está regulada por el NORMA LUCIA CARDONA
efectuar un análisis detallado del artículo 24 de la Ley 1123 de FONTECHA; en dicho contrato se
desarrollo de los acontecimientos que 2003, que establece […] acuerdan los honorarios por los
estuvieron asociados a la labor Ahora bien, en el caso concreto, asuntos indemnizatorios, es decir lo
desempeñada por el abogado Parra. la conducta que se le endilga al contencioso administrativo, se
[…] aquí disciplinable tiene que ver pactó por este concepto el 40% de
con la contemplada en el artículo la indemnización que a la
«[…] De acuerdo con la literalidad de poderdante le pudiera corresponder
lo pactado, en el precitado acuerdo de 35 numeral 4 de la ley 1123 de
2007[…] En ese sentido, nos por el fallecimiento de LUIS
honorarios relacionado por la señora ALBERTO FONTECHA (qepd). […]
Magistrada como el literal “g”, este encontramos ante una conducta
incluía la “gestión penal, civil, notarial que permanece en el tiempo y […]PRESCRIPCIÓN EN
y en laboratorios de investigación cesa cuando se haya hecho SEGUNDA INSTANCIA.

Debido
humana” en favor de Norma Lucía efectivo el pago a quien que la prescripción en segunda
Cardona Fontecha y su hijo menor corresponda, por lo que sería instancia es más objetiva de
Jordy Andretti. […] se pactó en la desde esa fecha en que determinar, en el proceso
cláusula atinente “HONORARIOS. empezaría a contarse el término disciplinario que terminó con la
Acordamos de manera libre que se prescriptivo; por tanto, no es ilícita sanción al abogado JOSÉ
regirán por una cuota litis […] que posible admitir que haya obrado RAMON PARRA VANEGAS, la
puedan llegar a corresponder a la el fenómeno de la prescripción estructuración de la prescripción en
poderdante en su propia alegado por el apelante, porque segunda instancia se estructuró en
representación y a la de su si bien entregó una parte de la la providencia del 17 de julio de
representado el menor JORDY suma producto de la 2024, con ponencia del Magistrado
ANDRETTI SANTAMARIA CARDONA indemnización, lo cierto es que, JUAN CARLOS GRANADOS
[…] dentro del proceso indemnizatorio no devolvió la totalidad del dinero BECERRA en esta segunda
originado en el fallecimiento del señor que le correspondía a cada uno instancia las respectivas fechas
RAFAEL ANTONIO FONTECHA: la de sus clientes. precisas son las siguientes:
cuota será equivalente al 40% de los Así las cosas, para esta Los artículos 32 y 33 de la Ley
eventuales ingresos. […] colegiatura, lo expuesto por el 1952 de 2019, establecen que La
De los apartes de la sentencia apelante no tiene la carga facultad sancionatoria disciplinaria
transcritos previamente resulta argumentativa que permita en segunda instancia se estructura
evidente que el reproche de la señora desvirtuar las razones expuestas en dos (2) años, al cabo de los
Magistrada, respecto de la conducta por la Sala de instancia en la cuales se extingue la facultad
del abogado Parra, respecto del decisión proferida, en la que se sancionatoria, por lo cual el estudio
asunto bajo estudio radica en que […] determinó la respectiva sanción de la prescripción es objetivo y está
el abogado investigado no entregó de al disciplinable. […]» sujeto tan solo a establecer las
manera inmediata los dineros que fechas de dos (2) actuaciones
recibió o demoró la comunicación del procesales que son del resorte las
recibo de dicho dinero. autoridades disciplinarias, dos
fechas que, dicho sea de paso, en
Escrito de abril de 2024 dirigido a la el presente caso es posible
Comisión Nacional de Disciplina corroborarlas desde la página de la
Judicial Rama Judicial de Colombia; por lo
«EL DISCIPLINABLE ADVIRTIÓ A LA cual el estudio al respecto es
COMISIÓN NACIONAL DE bastante llano las dos fechas son
DISCIPLINA JUDICIAL DESDE las siguientes: ABRIL DE 2024 QUE YA SE HABÍA La providencia de primera instancia
PRODUCIDO LA PRESCRIPCIÓN está fechada el lunes nueve (9) de
EN SEGUNDA INSTANCIA, prueba marzo de 2020; y fue notificada al
de ello es el memorial que el disciplinable, por edicto del día
disciplinable remitió en abril de 2024 a viernes diecinueve (19) de junio de
la Comisión Nacional de Disciplina 2020. Judicial y del cual allego copia al La providencia de segunda
instancia cuya ponencia fue del Dr.

15
Samai, índice 14.

11

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Recurso de apelación contra la Sentencia del 17 de julio de Escrito de tutela y su
sentencia del 9 de marzo de 2020 2024 correspondiente subsanación
presente escrito.» (Escrito de JUAN CARLOS GRANADOS
subsanación) BECERRA, anexo 003. Fue
«La prescripción e interrupción de la notificada al disciplinable, mediante
acción disciplinaria es la consagrada telegrama SJ. 38114 del viernes
en el artículo 33 de la Ley 1952 de veintitrés (23) de agosto de 2024,
2019; regla procesal que a la letra Adjunto en PDF la copia del
establece: […]Valga la pena resaltar telegrama, Anexo 004. Es decir que
que, en lo que atañe a la prescripción transcurrieron cuatro (4) años y tres
de la acción disciplinaria en la primera meses, con lo cual en segunda
instancia, la ley hace expresa la instancia fue violado el debido
distinción entre la prescripción proceso que es un derecho
respecto de las faltas instantáneas y fundamental y del orden
las de carácter permanente o constitucional, la CNDDJ viola
continuado. derechos fundamentales al proferir
una sanción cuando y había
Distinto es el caso para el trámite en operado el fenómeno de la
segunda instancia, respecto del cual prescripción.
la ley no hace ninguna distinción, en
lo que concierne a las faltas Observando las fechas detalladas,
instantáneas o las de carácter la providencia de segunda instancia
permanente o continuado. fue notificada más de dos (2) años
después de que se configurase la
La ley establece tan solo dos lapsos prescripción de la acción
de prescripción diferenciados en disciplinaria, no hay dudas en el
segunda instancia, que será de tres sentido que con esta providencia
(3) años para las faltas establecidas de segunda instancia la Comisión
en el artículo 52, es decir LAS Nacional de Disciplina Judicial
RELACIONADAS CON LA transgrede la Constitución Política
INFRACCIÓN AL DERECHO de Colombia, produjo una violación
INTERNACIONAL HUMANITARIO Y directa de la Constitución Política
LOS DERECHOS HUMANOS; y de de Colombia […]»
dos (2) años para las restantes faltas.
[…]En síntesis, en el presente asunto
está excedido el término de
prescripción AUN SI SE TRATASE
DE FALTAS RELACIONADAS CON
INFRACCIÓN AL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO Y
LOS DERECHOS HUMANOS, que no
es el caso» (Escrito de abril 2024).
«[…] VIOLACIÓN DEL DERECHO DE «[…] Adicionalmente, indicó que «ii) Violación del debido proceso
DEFENSA POR DEFECTO FÁCTICO hubo omisión en el decreto y por vías de hecho al decretar unas
[…] práctica de pruebas pruebas y no practicarlas en
[…]3.2.2.- Omisión en el decreto o la especialmente en la que primera instancia y en segunda
práctica de pruebas. […] El denotado correspondió al testimonio del instancia hacer suposiciones sobre
esfuerzo e interés demostrado por el señor Fredy González, por lo que testimonios […]
abogado Parra, para traer al proceso solicitó que en caso de que la Violación del debido proceso por
el testimonio del señor Fredy segunda instancia no considerara vías de hecho al decretar unas
González dan cuenta de lo la prescripción, fuera practicada pruebas y no practicarlas en
trascendental que resultaba esta en segunda instancia. primera instancia, y en segunda
prueba para la defensa, prueba que, Frente a la solicitud de esta instancia hacer suposiciones sobre
fue ignorada por la señora Magistrada, prueba, revisadas las audiencias testimonios, que NUNCA fueron
a pesar de haber sido decretada y de se encontró que en la audiencia practicados;

El abogado
los evidentes esfuerzos de la defensa de Juzgamiento del 10 de junio disciplinado solicitó el testimonio de
por recaudarla, ofreciendo inclusive de 2019, el disciplinable en su JOHN FREDY GONZÁLEZ
viajar al exterior para recolectarla. versión libre manifestó que con MURIEL; y este testimonio fue
La prueba testimonial pedida por el respecto al señor Fredy decretado pero NO fue practicado,
abogado Parra no había sido González, el testimonio era en el curso del proceso el abogado
rechazada, ni había sido calificada de importante para la defensa disciplinado informó de la salida del
inconducente, impertinente, ni porque le constaba sobre hechos país del testigo y solicitó el apoyo
manifiestamente superfluas […]Por lo acerca de si las quejosas tenían del Despacho para oficiar a
tanto no traerla al proceso o no conocimiento de los valores migración Colombia, este asunto
evidentemente constituyó un defecto resultantes de la indemnización, no fue tenido en cuenta y aun
fáctico, por la omisión en la práctica pero que el señor se encontraba cuando el abogado insistió en la
de una prueba en la que insistió la fuera del país y por tanto estaba necesidad de este testimonio, el
defensa. […]» a disposición para si era posible mismo no fue practicado, ya que el
recibir el testimonio vía Skype o Despacho finalmente no desplegó
por cualquier medio. Sin ninguna actividad para ubicar al
embargo, esta prueba había sido testigo en el exterior. […]
decretada a solicitud del
disciplinable en audiencia de
pruebas y calificación del 7 de
mayo de 2019, y era al
disciplinable a quien le
correspondía gestionarla. Aun así, dado que el hecho de
que las quejosas pudieran o no
haber conocido la existencia de
la indemnización, no cambia en
modo alguno el resultado de la
decisión que hoy nos ocupa,
pues la declaración no permite
demostrar que se haya hecho

12

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Recurso de apelación contra la Sentencia del 17 de julio de Escrito de tutela y su
sentencia del 9 de marzo de 2020 2024 correspondiente subsanación
efectivo el pago total de las
sumas recibidas por el abogado
en ejercicio de su gestión o la
advertencia de una causal
eximente de responsabilidad, de
manera que cambiara el sentido
de la decisión aquí cuestionada,
por lo que sería irrelevante para
los hechos objeto de estudio. […]
Así las cosas, para esta
colegiatura, el segundo
argumento expuesto por el
disciplinable no está llamado a
prosperar y en consecuencia
también se negará la solicitud
probatoria.»
«[…] Como bien se evidencia hasta lo «El apelante consideró que no «Con las pruebas que reposan en
que va corrido de este escrito de existió certeza sobre su conducta el expediente quedó
apelación, resulta indudable que no para ser sancionado y por el completamente claro que el fallo de
hay ni la más mínima certeza sobre la contrario cumplió con todos sus primera instancia, del 9 de marzo
existencia de la falta enrostrada al deberes profesionales, tal y como de 2020 con ponencia de la
abogado Parra y por el contrario lo lo demostraban las pruebas Magistrada PAULINA CANOSA
que ha surgido es la clara evidencia aportadas al expediente. Señaló SUAREZ presenta un evidente y
de que el abogado cumplió con sus que fueron varias las labores que grosero DEFECTO FACTICO (Con
deberes profesionales como abogado, desempeño como abogado de respeto se dice) el cual surge
y los documentos allegados al las quejosas, las que estuvieron cuando el juez carece del apoyo
proceso así lo demuestran. Además, respaldados en acuerdos de probatorio que permita la aplicación
porque la labor finalizó en 2012, con la honorarios diferentes y con cargo del supuesto legal en el que se
liquidación y entrega de lo que a cada a la indemnización que sustenta la decisión ello porque
quejosa le correspondía, atendiendo posiblemente se obtendría ante según la pruebas que reposan en
los distintos pactos de honorarios: la Jurisdicción contenciosa el expediente los dineros fueron
Aclarando eso sí, que las quejosas en administrativa. pagados en su totalidad a las
ejercicio de su autonomía decidieron Sobre el particular, esta poderdantes, de acuerdo con lo
adquirir inmuebles con las sumas que Corporación entrará a analizar pactado; ya que como quedó
les correspondieron.

Aunque, uno a uno los compromisos demostrado la Magistrada
claramente hubo compromisos y adquiridos por parte del abogado PAULINA CANOSA SUAREZ
acuerdos al interior de la familia, entre JOSÉ RAMON PARRA efectuó unas liquidaciones
los hijos y la madre, más VANEGAS con sus poderdantes completamente alejadas de la
concretamente de Luis Alberto con su y si esas actuaciones realidad probatoria y
señora Madre Custodia, precisando corresponden a mandatos desconociendo por completo las
entre ellos que la señora María diferentes, o si, por el contrario, pruebas que reposan en el
Mercedes (la hija) no debería poder forman parte del compromiso expediente.»
acceder al inmueble que adquiriese la inicial para determinar en últimas
señora Custodia, con la contribución si existió, como lo afirma el
de los dineros de su hijo Lis Alberto apelante, la entrega de todos los
dineros recibidos en virtud de su
gestión […]
Por lo anterior, para esta
colegiatura, no son admisibles los
argumentos presentados por el
aquí disciplinable, en el sentido
de manifestar en primera medida,
que entregó todos los dineros
recibidos, atendiendo a las
operaciones aritméticas
presentadas, pues de lo que se
logra advertir en los documentos
allegados, es que el abogado no
entregó en su totalidad y lo más
pronto posible los dineros
recibidos en virtud de su gestión
Esta Corporación, como ya ha
mencionado, no pone en duda
los esfuerzos y la dedicación
aportada al logro de su gestión,
ni tampoco cuestiona los posibles
gastos en que incurrió ante las
notarías y demás instancias
administrativas y judiciales, pero
aquí lo que se cuestiona es el
deber de lealtad y honradez en
sus relaciones profesionales, y
por ello, era el como abogado,
quien estaba obligado a informar
a sus clientes la relación de los
dineros recibidos y la forma cómo
se pagarían teniendo el cuidado
de dejar las constancias debidas
que acreditaran dichos pagos sin
embargo, estas constancias no
fueron aportadas a lo largo de la

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Demandante: José Ramón Parra Vanegas

Recurso de apelación contra la Sentencia del 17 de julio de Escrito de tutela y su
sentencia del 9 de marzo de 2020 2024 correspondiente subsanación
investigación; por consiguiente,
este argumento no prospera.»
Escrito de abril de 2024 dirigido a la «El disciplinable sustenta el «vi) EL DESCONOCIMIENTO DEL
Comisión Nacional de Disciplina primer argumento de su recurso PRECEDENTE.
Judicial exponiendo que, entregó todos En sentencia la de tutela T-282A -
«2. LA JURISPRUDENCIA los dineros una vez descontados 12[…]SENTENCIA DE TUTELA
ATINENTE. sus honorarios y al no haber CONTRA EL CONSEJO
dinero pendiente por entregar no SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2.1.-PRINCIPIO DE había incurrido en falta alguna y
INTERPRETACIÓN DE LAS Y CONSEJO SECCIONAL DE LA
más aún, había operado el JUDICATURA.
NORMAS JURÍDICAS. fenómeno de la prescripción, por
Caso de abogado sancionado con la la fecha en que ocurrieron los Caso de abogado sancionado con la
suspensión del ejercicio de la hechos. suspensión del ejercicio de la
profesión Referencia: expediente T- profesión Referencia: expediente T-
Al respecto, es importante 3235282
3235282 Magistrado Ponente: LUIS recordar que la prescripción de la
ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, investigación disciplinaria es un Acción de tutela instaurada por
D.C., doce (12) de abril de dos mil instituto por virtud del cual el Carlos González Vargas contra el
doce (2012). […] Estado cesa su potestad punitiva - Consejo Superior de la Judicatura
i) SENTENCIA DE ius puniendi- por el cumplimiento […]
CONSTITUCIONALIDAD C-556 DE del término señalado en la ley. Es Sentencia C- 556 de 2001, la sala
2001. MP Dr. LAVARO (sic) TAFUR un instituto jurídico liberador, en el Plena de la Corte Constitucional,
GALVIS, treinta y uno (31) de mayo que por el transcurso del tiempo con ponencia del MP. DR. LVARO
de 2001. […] » se extingue la acción o cesa el (sic) TAFUR GALVIS al decidir la
derecho del Estado a imponer una demanda de inconstitucionalidad D-
sanción» 3259»
(Para exponer la no procedencia
de la prescripción la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial
realizó el estudio de la sentencia
C—556 de 31 de mayo de 2001,
visible a pie de página Nro. 52 Fl.
43)

En este punto, conviene destacar que al revisar con detenimiento los
argumentos esgrimidos por la parte actora en los escritos de tutela y de
subsanación, se advierte que los mismos guardan identidad con los expuestos
en recurso de apelación presentado contra la sentencia del 9 de marzo de
2020. Aspecto que de antemano supone que el asunto versa sobre una
situación que resultó desfavorable a la parte accionante y que se limita a poner
de presente su inconformidad con la decisión.
De este argumento traído al caso objeto de análisis no se advierte porque el
juez constitucional debe irrumpir en la esfera de autonomía del juez natural de
la causa, para revaluar los fundamentos que lo llevaron a adoptar la decisión
en concreto. Esto, en la medida que no se advierte prima facie una afectación
de las garantías fundamentales de la parte actora de conformidad con la
providencia reprochada.
De manera que, es posible concluir que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, como juez de la causa, ya resolvió esos puntos que planteó el señor
José Ramón Parra Vanegas, esto dentro de la sentencia de segunda instancia
dictada dentro del proceso Nro. 11001-11-02-000-2018-01927-00/01. Valga
recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal constitucional
se ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso adicional para
reabrir debates meramente legales. “(…) la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios” , pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional
y a la protección efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal” 16
y tampoco económico.

5.3. Por último, el actor manifestó su inconformidad con no haber tenido acceso a
la totalidad del expediente disciplinario en segunda instancia a pesar de que
realizó cuatro solicitudes, a las que luego se le dio respuesta enviándole 1.112
archivos dentro de los cuales no se encontraba el que solicitó. Al respecto la

16 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
14

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05983-00
Demandante: José Ramón Parra Vanegas

Sala observa que el accionante no allegó información adicional que permitiera
determinar si aún persiste la vulneración del derecho, de qué fecha data las
peticiones que presentó, ante que autoridad las radicó, así como tampoco
aportó copia de sus solicitudes. Todo esto con la finalidad de que esta Sala
pudiera realizar el estudio de fondo del cargo, en el evento de que subsista la
vulneración, por tal razón no se estudiará.

6. Conclusión

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela incoada por
el señor José Ramón Parra Vanegas, porque no supera el presupuesto general de
relevancia constitucional, dado que se utilizó esta acción como una tercera
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José
Ramón Parra Vanegas, dados los motivos expuestos en la parte motiva de
esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de
la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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