Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05999-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05999-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05999-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05999-01
Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción de cumplimiento de
disposición suspendida por orden judicial / Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Revocar la decisión del a quo, en su lugar negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Magda Rocío Ruiz Molano, en contra
de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Magda Rocío Ruiz Molano promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 7
de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la acción
de cumplimiento identificada con el radicado 54-001-33-33-005-2024-00183-01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) El 23 de febrero del año 2023, matriculó su vehículo en el Departamento
Administrativo Municipal de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario, Norte de
Santander, porque el artículo 206 de la Ordenanza 010 del 2018 proferida por la
Asamblea Departamental del Norte de Santander preceptuaba unos beneficios, estos
son, el 70% de descuento en el impuesto de la matricula inicial y 50% del valor del
impuesto los tres años siguientes. Beneficio que finalmente no se le aplicó, pese a
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «3ED_Demandapdf(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05999-01
Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
que realizó una petición para ello.
ii) Presentó acción de cumplimiento en contra de la referida entidad municipal con la
finalidad de que se ordenara el cumplimiento del inciso 4 del artículo 206 de la
ordenanza No. 010 del 21 de septiembre de 2018 expedido por la Asamblea
Departamental de Norte de Santander, y en consecuencia, se le aplicara el descuento
del impuesto vehicular al carro Toyota Hilux con placas LTZ 561.
iii) El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta en providencia
del 23 de agosto de 2024 negó las pretensiones de cumplimiento propuestas, al
considerar que operó la pérdida de fuerza ejecutoria del acto con la declaratoria de
suspensión provisional ordenada por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y confirmada por el Consejo de Estado. En contra de esta decisión la parte
demandante interpuso recurso de apelación.
iv) El Tribunal Administrativo del Norte de Santander en sentencia del 7 de octubre
de 2024 confirmó la decisión del a quo con similares argumentos.
v) Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo por
cuanto se realizó una errónea aplicación del principio de irretroactividad de la ley
tributaria, lo cual desconoció derechos adquiridos, pues, en el momento en que
matriculó el vehículo, el artículo 206 de la Ordenanza 010 estaba vigente, siendo
procedente el descuesto en su favor.
En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, contenido en
la sentencia C-235 de 2019, mediante la cual estableció la preservación de los
derechos adquiridos en vigencia de una norma con fuerza de ley, con independencia
de posteriores derogaciones, es decir, se desconoció que los beneficios tributarios
se les debían mantener a los contribuyentes hasta el término previsto en la norma,
siendo sus efectos retroactivos.
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso y el derecho al
acceso a la administración de justicia de la parte actora. Se solicita que el Consejo de
Estado proteja estos derechos esenciales, dado que la Sentencia del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, notificado el 15 de octubre de 2024, vulneró estos
derechos, lo cual compromete la justicia y equidad en el proceso judicial.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, del 07 de octubre de 2024 notificado el 15 de octubre de 2024. De este
modo, se ordene al Tribunal que proceda a emitir una nueva sentencia, considerando
todos los argumentos y pruebas presentados en la apelación y en esta acción de tutela.
TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que profiera
una nueva decisión conforme a derecho, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en esta acción constitucional. Se requiere que, tras la nulidad de la
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05999-01
Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
sentencia impugnada, el Tribunal revise y modifique la sentencia de primera instancia
proferida por el Juez quinto Administrativo de Norte de Santander. […]». [sic]
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Tribunal Administrativo del Norte de Santander2 solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo por no acreditarse los requisitos generales y
específicos de procedencia, o en su defecto, se negara por no existir vulneración de
los derechos fundamentales invocados.
Ello, en razón a que la sentencia enjuiciada decidió confirmar la decisión del a quo,
al concluir que la norma respecto de la cual se solicitaba el cumplimiento había sido
suspendida provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
mediante auto del 3 de agosto de 2023, confirmado por el Consejo de Estado en
providencia del 25 de mayo de 20243, por lo que perdió su fuerza de ejecutoria.
1.2.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta4 luego
de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior
del proceso en cuestión, precisó que no vulneró los derechos fundamentales de la
parte demandante, por cuanto adelantó la primera instancia de conformidad a la
normatividad aplicable en la materia y con respeto de las garantías procesales.
1.2.3. Los terceros con interés guardaron silencio.
1.3 Sentencia de primera instancia5
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 9 de
diciembre de 2024 declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no
acreditó el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional, toda
vez que la verdadera intención de la demandante fue convertir la tutela en una tercera
instancia, bajo la insistencia de argumentos ya resueltos dentro del proceso de acción
de cumplimiento.
Asimismo, concluyó que los defectos endilgados tampoco tenían vocación de
prosperidad, por cuanto, tal y como lo precisó el tribunal demandado, no era posible
ordenar el cumplimiento de una norma cuando esta se encuentra suspendida, sin que
la sentencia invocada como desconocida refiriera lo contrario.
2 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «10RECIBEMEMORIAL_ContestacionATCE2405(.pdf)
NroActua 9»
3
Expediente de nulidad 54-001-23-33-000- 2022-00242-00/01.
4 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «15_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutelaCE(.pdf) NroActua 12»
5 Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado «21Sentencia_20240599900ATFIAMSPO(.pdf)
NroActua 15»
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05999-01
Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
Los consejeros Alberto Montaña Plata6 y Fredy Ibarra Martínez7 aclararon su voto en
el sentido de manifestar que, pese a que compartían la decisión de declarar la
improcedencia, no debió incluirse un estudio sobre el fondo del asunto.
1.4. Escrito de impugnación8
Magda Rocío Ruiz Molano impugnó la decisión del a quo, al considerar que el asunto
tiene relevancia constitucional, pues, se vulneraron sus derechos fundamentales, y
si bien los argumentos de la acción de cumplimiento y los ahora expuestos coincidían,
era porque ambos jueces incurrieron en defecto sustantivo al desconocer la correcta
interpretación del principio de irretroactividad de la ley tributaria y de los derechos
adquiridos, por lo que, aun con los efectos de la suspensión provisional del artículo
206 de la Ordenanza 010 de 2018, se debieron respetar sus efectos al momento de
matricular su vehículo.
Razón por la cual, la actuación de la Secretaría de Hacienda de Villa del Rosario
desconoció las sentencias C-235 de 2019 y SU 309 de 2019 de la Corte
Constitucional, en cuanto a la irretroactividad de la ley, que conlleva a que los
derechos adquiridos bajo una norma con fuerza de ley deben respetarse, sin perjuicio
de su suspensión o derogatoria.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
6 Ver índice 22 de Samai. Archivo denominado
«27Aclaraciondev_Aclara_20240599900ACLARACIO(.pdf) NroActua 22»
7 Ver índice 32 de Samai. Archivo denominado «35Aclaraciondev_Aclaracion2024059990(.pdf)
NroActua 32»
8 Ver índice 24 de Samai. Archivo denominado «27_MemorialWeb_Recurso-APELACIONCE(.pdf)
NroActua 24»
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05999-01
Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.12 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales. 16
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si: ¿el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander vulneró los derechos fundamentales de Magda
Rocío Ruiz Molano con ocasión de la sentencia del 7 de octubre de 2024 que
confirmó la decisión de negar el cumplimiento del inciso 4 del artículo 206 de la
Ordenanza 010 del 21 de septiembre de 2018, expedida por la Asamblea
Departamental de Norte de Santander en razón a la orden de suspensión emanada
de autoridad judicial, con la que incurrió, presuntamente, en desconocimiento del
precedente judicial y defecto sustantivo?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por
el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.
Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto sustantivo
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
al caso concreto17. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta18, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que
se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe
ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la
irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la
autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales
de los sujetos procesales19.
2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que
un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que
los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Además, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio
para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del
Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada de manera principal por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
17 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
18 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
19 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05999-01
Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. Por
último, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los
precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.3. Sobre el caso concreto
Magda Rocío Ruiz Molano acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 7 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Norte de
Santander que confirmó la decisión del a quo de negar la solicitud de cumplimiento
del artículo 206 de la Ordenanza 010 del 21 de septiembre de 2018, expedida por la
Asamblea Departamental de Norte de Santander, cuyos efectos fueron suspendidos
con ocasión de orden judicial.
Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se incurrió
en defecto sustantivo y desconocimiento del procedente por incorrecta interpretación
del principio de irretroactividad de la ley tributaria y de los derechos adquiridos, así
como de las sentencias C-235 de 2019 y SU 309 de 2019 d la Corte Constitucional,
donde estableció que ello debe respetarse, así la disposición sea suspendida o
derogada posteriormente.
Respecto de lo anterior la Sala aclara que los mencionados defectos van a ser
estudiados en conjunto, por cuanto ambos están dirigidos a cuestionar la decisión de
la autoridad judicial demandada, ya que no tomó en cuenta el principio de
irretroactividad de la ley tributaria ni la garantía de los derechos adquiridos.
Ahora bien, en efecto, para la Sala no cabe duda de que la negativa de las
pretensiones, tal y como lo refieren las partes, se fundamentó en el hecho de que el
inciso 4 del artículo 206 de la Ordenanza 010 del 21 de septiembre de 2018 expedido
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Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
por la Asamblea Departamental de Norte de Santander, se encuentra suspendida
provisionalmente en virtud de la providencia del 3 de agosto de 2023 proferida en el
marco del proceso de nulidad 54001-33-33-000-2022-00242-01. adelantado ante el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual fue confirmada por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta en la providencia del 23 de mayo de 2024, con
fundamento en lo siguiente:
«[…] la Sala considera que se debe confirmar la medida cautelar decretada por el a quo,
por cuanto lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 206 de la
Ordenanza 010 de 2018, desconoce el artículo 147 de la Ley 489 de 1998, que prevé las
facultades de administración y control del impuesto sobre vehículos automotores
otorgadas a las entidades territoriales allí indicadas.
En efecto, los descuentos del impuesto de vehículos automotores contenidos en los
citados incisos, esto es, del 70% por la radicación de la matrícula en cualquier entidad de
tránsito del departamento de Norte de Santander y del 50% por los 3 años siguientes al
año de traslado de las respectivas carpetas a esa jurisdicción, corresponden
materialmente a exenciones que la Asamblea Departamental no podía conceder, pues
con ello se desbordan las facultades de administración y control del impuesto, señaladas
en el artículo 147 de la Ley 488 de 1998. […]
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que le asiste razón al a quo al decretar la
suspensión provisional de los efectos de los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo
206 de la Ordenanza 010 de 2018, ya que la Asamblea Departamental de Norte de
Santander no era competente para conceder las exenciones allí previstas […]». (sic)
Respecto de lo anterior, se recuerda que de conformidad con lo establecido en el
artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, operó el fenómeno de la pérdida de ejecutoriedad
del acto administrativo. Señala la norma:
Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y,
por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia. [subrayado propio]
De lo expuesto, se observa que la autoridad judicial demandada realizó un estudio
de la situación fáctica y jurídica que dio origen a la acción de cumplimiento, caso
distinto es que en virtud del proceso de nulidad identificado con el radicado 54001-
33-33-000-2022-00242-01, no era posible acceder a lo pretendido, por cuanto la
norma sobre la cual la demandante solicitó el cumplimiento perdió su ejecutoria en el
momento en que el Tribunal Administrativo del Norte de Santander y el Consejo de
Estado, suspendieran sus efectos provisionalmente, por lo que no se podía predicar
la exigibilidad de sus efectos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05999-01
Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
Ahora, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias C-235 de 201920 y
SU 309 de 2019 de la Corte Constitucional, el tribunal demandado de ninguna manera
contradijo su contenido de cara al principio de irretroactividad de la ley tributaria,
diferente es, que para la época en que se causó el tributo a cancelar, «impuesto sobre
vehículos automotores para el año gravable 2024», el inciso 4 del artículo 206 de la
Ordenanza 010 del 21 de septiembre de 2018 ya se encontraba suspendida
provisionalmente en virtud de la providencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
De conformidad con lo descrito y de acuerdo con los antecedentes del caso, se
encuentra, que las actuaciones de la autoridad judicial demandada, lejos de
configurar una vía de hecho por defecto sustantivo o desconocimiento del precedente
judicial, fueron realizadas conforme a la jurisprudencia y normas aplicables al caso,
debido a que se apoyó en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar
la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto, frente a lo cual se
debe advertir que el juez natural del asunto goza de autonomía funcional y se
presume la buena fe en sus decisiones, en consecuencia, las diferencias en el estudio
de las pruebas aportadas no constituyen una indebida valoración.
En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la sentencia del a
quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Magda
Rocío Ruiz Molano en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
20 Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º (parcial) del artículo 100 de la Ley 1819 de
2016 “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos
para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05999-01
Demandante: Magda Rocío Ruiz Molano
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Magda Rocío Ruiz Molano, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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