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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06001-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06001-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA de la señora Angie Stephanya Ruiz Santos para interponer la presente acción de tutela, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06001-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

13 de febrero de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2024 06001 00
Accionante: Angie Stephanya Ruiz Santos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06001 00
Accionante: ANGIE STEPHANYA RUIZ SANTOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tesis: No está legitimado en la causa por activa para interponer
la acción de tutela quien pretenda el amparo de los
derechos al debido proceso y a elegir y ser elegido,
cuando no es parte del proceso de nulidad electoral, ni
tercero interviniente.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Angie
Stephanya Ruiz Santos en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Angie Stephanya Ruiz Santos, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de la precitada autoridad judicial, y
para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06001 00.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06001 00
Accionante: Angie Stephanya Ruiz Santos

“[…] Solicitar una vigilancia administrativa sobre el proceso: Pido
que el señor Juez de Tutela ordene una vigilancia
administrativa sobre el proceso
76001233300020230085500, debido a la posible existencia
de actos de corrupción como pedir pruebas de Estados Unidos, y
otras que buscan demorar indefinidamente el fallo, con el fin de
poder nombrar un alcalde de manera directa y evitar elecciones
atípicas. Solicito que se requiera un informe a la magistrada a cargo
del caso, explicando la razón de la demora en el proceso y aclarando
la pertinencia de pruebas solicitadas en Estados Unidos, que a mi
juicio solo buscan perjudicar al demandado y dilatar el fallo.

Ordenar la protección de mi derecho al debido proceso y a elegir:
Solicito que se protejan mis derechos fundamentales y que se
ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitir de
inmediato un fallo en el que se declare la caducidad de la acción de
nulidad electoral en el proceso 76001233300020230085500, dando
plena validez al acto de elección del señor Juan David Piedrahita
López como alcalde de Cartago, Valle del Cauca, para el período
constitucional 2024-2027. Pido también que se desestimen las
pretensiones de la demanda de nulidad y se respeten mis derechos
a elegir y ser elegida […]”. (Negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante manifestó que en las elecciones territoriales del año 2023
ejerció su derecho al voto en el Municipio de Cartago, Valle del cauca,
apoyando al candidato del partido ASI, Juan David Piedrahita López, quien
resultó electo alcalde municipal. Agregó que, como ciudadana, considera
que los resultados de dicho proceso electoral representan la voluntad de
los habitantes de Cartago.

Relató que, “(…) después de las elecciones, se presentaron demandas de
nulidad electoral por tres personas, bajo el radicado
76001233300020230085500. Estas demandas, en mi opinión, son
injustas y buscan desconocer la voluntad del pueblo que apoyó a Juan
David Piedrahita (…)”2.

Indicó que, “(…) es conocido que la gobernadora Dilian Francisca Toro
está involucrada en estas demandas. Ella, junto con la magistrada que

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06001 00.
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lleva el proceso, al parecer buscan retrasar el fallo, lo que podría darles
la posibilidad de nombrar directamente a un alcalde en caso de que el
fallo sea demorado. Esto evita la realización de elecciones atípicas y
vulnera el derecho de los ciudadanos a elegir a su mandatario local (…)”3.

Aseguró que, actualmente, el Municipio de Cartago se encuentra en una
situación de inestabilidad administrativa. Señaló que “(…) como votantes,
sentimos que la administración de justicia y los demandantes están en
acuerdos ocultos para imponer un alcalde sin elecciones, pasando por
encima de la decisión del pueblo y afectando nuestros derechos (…)”4.

Sostuvo que, “(…) conforme a los términos legales (1 año) establecidos
para procesos de dos instancias en nulidad electoral, considero que ya se
ha producido la caducidad en favor de Juan David Piedrahita y sus
electores. El proceso aún no ha emitido un fallo en primera instancia y se
espera que, en caso de apelación, la segunda instancia pueda demorar al
menos seis meses más, lo que demuestra que el término ya ha caducado
y afecta los derechos de los electores (…)”5.

Aseveró que, “(…) en las audiencias del proceso de nulidad electoral, la
magistrada ha demostrado una actitud de persecución política hacia el
señor Juan David Piedrahita, así como hacia los concejales que lo
apoyaron y los peritos que presentaron testimonios a su favor. Como se
puede observar en los videos de dichas audiencias, la magistrada ha
ridiculizado y se ha burlado de estas personas, desacreditando sus
intervenciones y mostrando una falta de respeto que evidencia una
posible corrupción y sesgo en el Tribunal (…)”6.

Alegó que la autoridad judicial accionada “(…) ha vulnerado mi derecho al
debido proceso al retrasar de manera injustificada el fallo en el proceso

3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
3

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de nulidad electoral, lo cual afecta la estabilidad de la elección y la
voluntad del pueblo de Cartago (…)”7.

Arguyó que “(…) la demora en el proceso electoral afecta directamente
mi derecho a elegir al alcalde que, como ciudadana, decidí apoyar en las
urnas. Siento que hay maniobras ocultas para imponernos un alcalde sin
el respaldo de los votantes, lo cual va en contra de la democracia y de
nuestro derecho como electores (…)”8.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 6 de noviembre de 20249 a través del
aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama
Judicial y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 12 de
noviembre de 202410 la admitió, negó la medida provisional solicitada y
dispuso notificar11 al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como
parte accionada, así como vincular12 al señor Juan David Piedrahita López,
como tercero interesado en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que allegara copia digital del proceso de nulidad electoral identificado con
el radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00855 00.

7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06001 00.
10
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06001 00.
11
Esta orden se cumplió el 18 de noviembre de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
06001 00.
12
Esta orden se cumplió el 26 de noviembre de 2024. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
06001 00.
4

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Accionante: Angie Stephanya Ruiz Santos

3.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió enlace de
acceso al expediente solicitado13, sin embargo, no se pronunció sobre los
hechos de la tutela.

3.3. Por auto del 11 de diciembre de 202414, el despacho ordenó vincular15
a los ciudadanos José Javier Páez Bonilla, Pedro Emigdio Arboleda
Caicedo, Bibiana Alzate Castaño, Omar Gómez Mosquera, Camila Pava
Daza, Jairo Andrés Macías Sánchez, James Politte Rodríguez, Jessica
María Velásquez Rojas, Germán Ernesto Escobar Higuera, Julio César
Valencia Carvajal y Víctor Enrique Jaimes López, como terceros
interesados en las resueltas de la acción.

3.4. Los señores Pedro Emigdio Arboleda Caicedo y Bibiana Alzate
Castaño allegaron escrito16 en el que manifestaron que “(…) no se debe
acceder a las pretensiones porque la señora ANGIE STEPHANYA RUIZ
SANTOS, ni siquiera es parte del proceso y si está tan preocupada como
ciudadana pudo entre el mes de diciembre del 2023 y septiembre de
2024, pudo ser coadyuvante ante el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca, pero no lo hizo, no goza de legitimación por activa y
menos aun no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental (…)”.

Señalaron que “(…) la señora accionante trata de confundir al magistrado
que son tres personas demandantes, es de indicarle que las personas que
demandamos somos 4 cuatro, no 3 y, además, no es tampoco relevante,
si es justo o no, como a ella se refiere, lo que se discute en la nulidad
electoral es si el señor Juan David Piedrahita López cumplio (sic) y respeto

13
La escribiente de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió
el enlace de SAMAI que permite acceder al expediente solicitado. Visto en el índice 8 de
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15
000 2024 06001 00.
14
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06001 00.
15
Esta orden se cumplió el 18 de diciembre de 2024. Visto en el índice 15 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
06001 00.
16
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06001 00.
5

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(sic) la constitución política durante su campaña electoral en el 2023 para
la Alcaldía de Cartago (…)”.

A su turno, también solicitaron compulsar copias a la Fiscalía General de
la Nación porque, según afirmaron, la accionante es “injuriosa y
calumniosa” frente a la presunta injerencia de la Gobernadora del
departamento del Valle del Cauca en las demandas de nulidad electoral,
y porque “(…) se refiera (sic) que “hay unas maniobras ocultas para
imponernos un alcalde sin respaldo de los votantes” (…)”.

Finalmente, aseguraron que “(…) no se vulnera ningún derecho
fundamental a la accionante el asunto de la nulidad o no de la elección el
Alcalde, es una controversia que se resuelve en derecho y con las pruebas
recaudadas en la audiencias celebradas en el proceso de nulidad electoral
ante el Tribunal Contencioso Administrativo del valle del Cauca, no en
esta tutela (…)”.

3.5. Los ciudadanos José Javier Páez Bonilla, Omar Gómez Mosquera,
Camila Pava Daza, Jairo Andrés Macías Sánchez, James Politte Rodríguez,
Jessica María Velásquez Rojas, Germán Ernesto Escobar Higuera, Julio
César Valencia Carvajal y Víctor Enrique Jaimes López, guardaron silencio.

3.6. El expediente ingresó al despacho para fallo el 15 de enero de 202517.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199118 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de

17
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06001 00.
18
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
6

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mayo de 2015,19 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202120, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201921, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:

4.2.1. El señor José Javier Páez Bonilla, los ciudadanos Pedro Emigdio
Arboleda Caicedo y Bibiana Alzate Castaño, y el señor Omar Gómez
Mosquera, promovieron demandas en el medio de control de nulidad
electoral en contra del acto mediante el cual fue elegido el señor Juan
David Piedrahita López como alcalde municipal de Cartago, Valle del
Cauca, para el período constitucional 2024-2027, contenido en el
formulario E-26 ALC del 4 de noviembre de 2023.

4.2.2. Las demandas correspondieron por reparto al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y les fueron asignados los números de
radicado 76001 23 33 000 2023 00855 00, 76001 23 33 000 2023 00860
00 y 76001 23 33 000 2024 00010 00, respectivamente.

4.2.3. Por auto proferido el 31 de enero de 202423 en el proceso de nulidad
electoral identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00855
00 se resolvió: “(…) ORDENAR la acumulación del proceso de nulidad

19
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
20
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
22
Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00855 00, acumulados 76001
23 33 000 2023 00860 00 y 76001 23 33 000 2024 00010 00. Visto en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7600123
33000202300855007600123.
23
Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00855 00.
7

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electoral con los radicados nro. 760012333000-2023-00860-00 y nro.
760012333000-2024-00010-00, al presente proceso (…)”.

4.2.4. Por auto del 17 de junio de 202424, la nueva magistrada ponente a
cargo de los precitados procesos acumulados reconoció a los ciudadanos
Camila Pava Daza, Jairo Andrés Macías Sánchez, James Politte Rodríguez,
Jessica María Velásquez Rojas y Germán Ernesto Escobar Higuera, como
“terceros impugnadores de la demanda”.

4.2.5. Por auto del 26 de junio de 202425, la magistrada ponente a cargo
de los procesos de nulidad electoral acumulados reconoció al señor Julio
César Valencia Carvajal, como “tercero impugnador de la demanda”.

4.2.6. En la audiencia inicial desarrollada el 10 de septiembre de 2024, la
magistrada a cargo de los procesos de nulidad electoral acumulados,
reconoció al señor Víctor Enrique Jaimes López como “coadyuvante de la
parte demandante”.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la señora Angie Stephanya Ruiz Santos,
actuando en nombre propio, interpuso la presente acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de la
presunta mora judicial presentada en los procesos de nulidad electoral
identificados con los radicados nro. 76001 23 33 000 2023 00855 00,
76001 23 33 000 2023 00860 00 y 76001 23 33 000 2024 00010 00
(acumulados), promovidos en contra del acto de elección del señor Juan
David Piedrahita López como alcalde municipal de Cartago, Valle del
Cauca.

Al efecto, alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca “(…) ha
vulnerado mi derecho al debido proceso al retrasar de manera

24
Visto en el índice 105 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00855 00.
25
Visto en el índice 115 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00855 00.
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injustificada el fallo en el proceso de nulidad electoral, lo cual afecta la
estabilidad de la elección y la voluntad del pueblo de Cartago (…)”26.

La Sala advierte que, en este caso, la accionante no se encuentra
legitimada para interponer la solicitud de amparo, por las razones que
pasan a explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política prevé que “(…) toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública (…)”. (Se destaca).

En consonancia con lo anterior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
dispuso que, “(…) la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento
y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales (…)”. (Se destaca).

Por su parte, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en
la causa por activa “(…) no es otra cosa que el reconocimiento de la
titularidad subjetiva de los derechos fundamentales de quien presenta la
acción (…)”27. Igualmente, ha indicado que “(…) la legitimación por activa
es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para
cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio
del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la legitimación en
la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo
de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y la

26
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06001 00.
27
Corte Constitucional. Sentencia T – 086 del 15 de febrero de 2010. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
9

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acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el
cual la tutela se torna improcedente (…)”28. (Se destaca).

A su turno, esta sección ha indicado que quien promueve una acción de
tutela con el propósito de buscar la protección de un derecho
fundamental, presuntamente amenazado o vulnerado con ocasión de las
providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso
judicial, debe acreditar que es o hizo parte de este29.

En el caso en concreto, está acreditado que (i) los procesos de nulidad
electoral objeto de debate fueron promovidos por los señores José Javier
Páez Bonilla, Pedro Emigdio Arboleda Caicedo, Bibiana Alzate Castaño, y
el señor Omar Gómez Mosquera; (ii) los ciudadanos Camila Pava Daza,
Jairo Andrés Macías Sánchez, James Politte Rodríguez, Jessica María
Velásquez Rojas y Germán Ernesto Escobar Higuera, fueron reconocidos
como “terceros impugnadores de la demanda”, por auto del 17 de junio
de 2024; (iii) el señor Julio César Valencia Carvajal también fue
reconocido como “tercero impugnador de la demanda” por auto del 26 de
junio de 2024; y (iv) en audiencia inicial llevada a cabo el 10 de
septiembre de 2024, se reconoció al señor Víctor Enrique Jaimes López
como “coadyuvante de la parte demandante”; sin que se evidencie que la
señora Angie Stephanya Ruiz Santos, hoy accionante, haya actuado
dentro del proceso.

Conforme con lo anotado, la Sala advierte que la accionante alega la
afectación de su derecho fundamental al debido proceso por parte de la
autoridad judicial accionada, “al retrasar de manera injustificada el fallo
en el proceso de nulidad electoral”, pero no está acreditado que sea parte
de los precitados procesos de nulidad electoral acumulados del cual aduce
la presunta mora judicial, por lo tanto, no tiene legitimación para

28
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 del 17 de julio de 2012. M.P.: Mauricio
González Cuervo.
29
Esta posición ha sido expuesta en: (i) Sentencia del 26 de noviembre de 2018. C.P.
Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 02901 01 y
(ii) Sentencia del 26 de marzo de 2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente
radicación nro. 11001 03 15 000 2022 04272 01.
10

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interponer la presente solicitud de amparo pretendiendo la protección del
derecho fundamental al debido proceso.

Ahora, en el escrito de tutela, la accionante también aseveró que “(…) la
demora en el proceso electoral afecta directamente mi derecho a elegir al
alcalde que, como ciudadana, decidí apoyar en las urnas (…)”30, razón por
la cual, solicitó que “(…) se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca emitir de inmediato un fallo en el que se declare la caducidad de la
acción de nulidad electoral en el proceso 76001233300020230085500
dando plena validez al acto de elección del señor Juan David Piedrahita
López como alcalde de Cartago, Valle del Cauca, para el período
constitucional 2024-2027 (…)”31.

Al respecto, en cuanto a la legitimación en la causa por activa para
promover acciones de tutela con el objetivo de lograr el amparo de
derechos políticos, en particular, el derecho a elegir, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-066 de 2015, al hacer referencia a la
sentencia T-516 de 2014, anotó lo siguiente: “(…) “[p]ara determinar si
una persona está o no legitimada para incoar la acción de tutela en ese
tipo de eventos, considerando la naturaleza propia del derecho (…), en la
sentencia T-1337 de 2001 la Corte fijó la necesidad de comprobar si quien
alega la afectación ejerció efectivamente su derecho al voto, sin que ello
signifique una exigencia para el sufragante de demostrar cuál fue la
persona o la lista por la cual votó” (…)”32.

Adicionalmente, en la misma providencia, arguyó que “(…) la Corte ha
optado por reconocer legitimidad a quienes demuestren que han ejercido
su derecho al voto, sin exigirles probar por quién votaron, pues no es
posible aportar esa constancia y además resultaría despropocionado. En
efecto, de acuerdo con la sentencia T-516 de 2014, que a su vez reitera

30
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06001 00.
31
Ibidem.
32
Corte Constitucional. Sentencia T – 066 del 16 de febrero de 2015. M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
11

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06001 00
Accionante: Angie Stephanya Ruiz Santos

la regla fijada en la sentencia T-1337 de 2001, la Corte infiere la
legitimidad del accionante para la protección de los derechos políticos,
cuando “quien alega la afectación ejerció efectivamente su derecho al
voto” (…)”33.

En ese sentido, la Sala advierte que en el caso objeto de estudio no está
acreditado que la accionante haya ejercido su derecho al voto en las
elecciones territoriales del año 2023 en el Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, en las que resultó electo el señor Juan David Piedrahita López
como alcalde de dicho municipio, por lo tanto, en los términos de la
jurisprudencia constitucional citada previamente, la señora Ruiz Santos
tampoco se encuentra legitimada para promover la presente acción de
tutela con el fin de que se ampare su derecho “a elegir y ser elegida”.

Por último, frente a la solicitud de compulsar copias a la Fiscalía General
de la Nación realizada por los señores Pedro Emigdio Arboleda Caicedo y
Bibiana Alzate Castaño, porque, según afirmaron, la accionante es
“injuriosa y calumniosa” frente a la presunta injerencia de la Gobernadora
del Departamento del Valle del Cauca en las demandas de nulidad
electoral, y porque “(…) se refiera (sic) que “hay unas maniobras ocultas”,
la Sala observa que, si se considera que por parte de la accionante se ha
incurrido en la comisión de un delito, como lo es la injuria y la calumnia,
los señores Arboleda Caicedo y Alzate Castaño cuentan con los
mecanismos judiciales dispuestos en el ordenamiento jurídico para
interponer las denuncias que consideren pertinentes.

En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por
activa de la señora Angie Stephanya Ruiz Santos para interponer la
presente tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

33
Ibidem.
12

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06001 00
Accionante: Angie Stephanya Ruiz Santos

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR ACTIVA de la señora Angie Stephanya Ruiz Santos para interponer
la presente acción de tutela, conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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