RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06010-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06010-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06010-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 6 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1 Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06010-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de febrero de 2025

Ra d ic a d o: 11 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06010-01
Accionante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

Tema: Acción de tutela contra sentencia proferida en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, en la que se revocó la decisión de acceder a las pretensiones relacionadas
con la legalidad de un acto administrativo en el que se ordenó el pago del valor de la
cotización de servicios médicos con cargo a una mesada pensional, sin realizar el trámite
de revocatoria directa.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 6 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

La señora Luisa Antonia Pérez Jiménez, a través de apoderado, pretende que se
protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, junto con el principio de legalidad, los cuales
considera vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
con ocasión de la sentencia del 21 de marzo de 2024 proferida en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-2016-00537-
00/02.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

HECHOS

La accionante narró que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), en la que
solicitó la nulidad de la Resolución 001388 del 23 de septiembre de 2008, mediante
la cual se ordenó el pago del valor de la cotización de servicios médicos con cargo
a la mesada pensional.

Que el 22 de marzo de 2022 el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió
parcialmente a las pretensiones porque determinó que la decisión de la
administración no cumplió con los criterios del artículo 19 de la Ley 797 de 2003,
esto es, la existencia de actuaciones fraudulentas que permitieran revocar
unilateralmente el acto administrativo.

Que la parte demandada interpuso recurso de apelación y el 21 de marzo de 2024
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, revocó la sentencia
recurrida y, en su lugar, negó las suplicas porque consideró que la entidad no debía
agotar el trámite de revocatoria directa ni contar con el consentimiento de la titular
para expedir la Resolución atacada, pues esta no implicaba que dejara de
beneficiarse del servicio de salud, sino que debía cotizar al Sistema General de
Seguridad Social en Salud en su condición de pensionada.

Estima que la autoridad judicial de segunda instancia no tuvo en cuenta que debía
declararse la caducidad, pues la UGPP tenía hasta el 29 de diciembre de 1998 para
efectuar la revisión e instaurar la demanda, de conformidad con el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, según el cual a las pensiones reconocidas sobre las que se
hayan iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas después de
5 años de haber sido reconocidas y que estén en curso se les aplicará la caducidad.

Agregó que el derecho convencional a los servicios médicos gratuitos le fue
concedido en la resolución expedida el 29 de diciembre de 1993, esto es, cuando
todavía no había entrado a regir la Ley 100 de 1993.

Que la Subsección accionada basó su decisión en dicha Ley, a pesar de que esta
no regía para la fecha en la que se le reconoció la no cotización a salud, y, además,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

no la aplicó integralmente, pues invocó su artículo 157, pero desconoció los artículos
11 y 143.

Que la UGPP afirmó que era empleada pública, pero no lo demostró
documentalmente durante el desarrollo del proceso, a través de la resolución de
nombramiento y del acta de posesión, pese a lo cual el juez no se lo requirió, sino
que optó por avalar como prueba la simple afirmación de la entidad.

Adujo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no le otorgó el
mismo tratamiento «doctrinal, legal y jurisprudencial» a su caso, pues adoptó un
criterio distinto al que asumió en anteriores demandas instauradas por la UGPP,
con lo que asumió una posición discriminatoria; puntualmente, citó las siguientes
sentencias: i) del 4 de abril de 2019, expediente 47001-23-33-000-2014-00036-01;
ii) del 24 de julio de 2017, exp. 08001-23-31-000-2010-00474-01; iii) del 10 de
diciembre de 2013, exp. 08001-23-33-000-2013-00054-01; y iv) del 4 de octubre de
2012, exp. 08001-23-31-000-2009-00659-01.

Concluyó que aquel incurrió en un defecto sustantivo porque desconoció las
pruebas aportadas, los precedentes judiciales y «los artículos 74, 73, 35, 34, 28 y
14 del Código Contencioso Administrativo, articulo 11 de la ley 100 de 1993, la
Sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional, lo establecido en el artículo 53
de la Constitución Política y lo preceptuado en el articulo (sic) 86 de la Ley 2381 de
2024».

PRETENSIONES

Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 21 de marzo de 20241 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y
restablecimiento que instauró, y ordenarle que dicte una nueva decisión, en la que
tenga en cuenta los lineamientos establecidos en la ley y la jurisprudencia sobre la
materia. Además, pidió ordenar la caducidad de la acción.

1 Se aclara que, si bien la accionante aludió al 16 de julio de 2024, esa fecha no es la que corresponde a la

sentencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 13 de noviembre de 2024 el magistrado sustanciador de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción en contra del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, y vinculó a la UGPP como tercera con
interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por intermedio del
magistrado sustanciador del proceso ordinario, afirmó que la acción instaurada es
improcedente, por la evidente carencia de relevancia constitucional, en la medida
que la discusión planteada se limita a un mero desacuerdo con el resultado, lo que
demuestra que se busca crear una instancia adicional a las adelantadas en el medio
de control.

Resaltó que lo anterior se refuerza ante la falta de identificación de cuál es la
incidencia de la actuación en el ejercicio de los derechos fundamentales de la
actora, quien solamente se circunscribió a manifestar que se le reconoció
erradamente la condición de empleada pública, sin que se hubiera aportado al
proceso la resolución de nombramiento ni el acta de posesión.

Indicó que, si bien la accionante alega la configuración de un defecto sustantivo, lo
cierto es que no refirió cuáles fueron las normas que se omitieron aplicar o que se
interpretaron arbitrariamente.

Solicitó, en caso de que se estime que la tutela es procedente, que se niegue el
amparo pedido, ya que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales
de la actora, en tanto en la providencia cuestionada se consignaron las razones
legales que justificaron la determinación adoptada.

POSICIÓN DE LA VINCULADA

La UGPP, a través del subdirector de Defensa Judicial Pensional (E), pidió que se
declare improcedente la acción porque no se cumplieron los requisitos de
inmediatez ni subsidiariedad, en tanto la actora cuenta con el recurso extraordinario

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

de revisión; no existió vía de hecho y tampoco se presenta un perjuicio irremediable
o una afectación a la seguridad social.

Añadió que el juez natural de la causa ya se pronunció sobre el litigio, en el que
respetó el principio de doble instancia y efectuó un estudio profundo del caso con
base en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, las normas
aplicables y las pruebas, por lo cual la decisión está en firme.

Aseveró que no existió una argumentación sobre el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la procedencia de
la tutela en contra de sentencias y estos no se encuentran satisfechos.

Mencionó que esta acción no es una vía adecuada para reclamar prestaciones
económicas negadas en sede judicial, pues para ello se prevén mecanismos y
procedimientos para reclamar y obtener el reconocimiento y pago de prestaciones
laborales.

Expuso que no se presenta una vulneración al derecho a la seguridad social de la
accionante, pues se encuentra activa en el Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales desde el 1 de febrero de 2000.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 6 de diciembre de 2024 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción porque consideró que carecía de relevancia
constitucional.

Sostuvo que no bastaba con que la parte demandante alegara la vulneración de sus
derechos fundamentales, sino que debía sustentar amplia y razonablemente el vicio
endilgado a la sentencia, para que el juez constitucional contara con suficientes
elementos para decidir si se transgredieron aquellos.

Señaló que la actora no precisó cuáles medios de prueba no se analizaron ni explicó
cómo la falta de valoración generó un resultado distinto, así como tampoco aclaró
por qué la conclusión del operador judicial estuvo desprovista de rigor o fundamento,
sino que los reparos evidencian un descontento general con la decisión adoptada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

Refirió que la accionante tampoco satisfizo la carga argumentativa exigida frente al
desconocimiento del precedente judicial, ya que se ciñó a identificar los radicados
de los procesos en los que se profirieron las providencias invocadas como
antecedentes, sin puntualizar cuáles fueron los fundamentos fácticos que dieron
origen a las providencias, las reglas jurisprudenciales allí fijadas y la razón por la
que debían aplicarse en el caso.

Afirmó que, además, la accionante expuso argumentos que no propuso en el
proceso contencioso administrativo, como son que su pensión fue reconocida antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que está exenta de efectuar
las cotizaciones al sistema de salud, y que la UGPP incumplió con el término
establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, lo que demuestra que su
pretensión es revivir la controversia zanjada por el juez natural y convertir la tutela
en una tercera instancia del proceso ordinario.

IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia, para lo cual afirmó que esta no tiene ningún
respaldo legal, en tanto se desconoció que uno de los motivos de la acción fue que
su derecho al no pago o cotización para la prestación de los servicios de salud le
fue concedido antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Agregó que es indiscutible que todos los colombianos tienen la obligación de cotizar
a salud, pero en la Ley referida se establece que «el (sic) pensionado, el estado le
pagara el aporte del 12% de su pensión de jubilación para compensar el descuento
del 12% de su mesada pensional y evidentemente así lo reconoce el fallo de primera
instancia».

Refirió que considera improcedente que se le despoje de un derecho legalmente
adquirido en la resolución de su pensión de jubilación, con lo que se quebrantó el
artículo 53 constitucional, lo que evidencia la relevancia constitucional, si se tiene
en cuenta la protección nacional e internacional de la seguridad social.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias
cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga
de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional,
por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el
medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se
cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las
decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero,
de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave
lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera
independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la
anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa
humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

La recurrente impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual resaltó la
relevancia constitucional del asunto, en atención a la discusión frente a la cotización
al Sistema de Seguridad Social en Salud, e insistió en la indebida aplicación de la
Ley 100 de 1993.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

A esta Sala corresponde, entonces, en primer lugar, verificar el cumplimiento del
requisito general mencionado, el cual no se encontró cumplido en primera instancia,
pues solo de hallarse satisfecho, junto con las demás exigencias generales de
procedibilidad, sería procedente el estudio de los reparos expuestos.

Revisado el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya
sentencia de segunda instancia dio lugar a la presente acción, se advierte que el
fundamento de la demanda instaurada por la hoy accionante consistió en que no se
realizó el procedimiento de revocatoria directa para poder proferir la Resolución
001388 del 23 de septiembre de 2008, con lo que se desconoció que el beneficio
gratuito del servicio de salud le fue otorgado en virtud de un régimen especial y que
no lo obtuvo por medios ilegales.

Por lo anterior el debate jurídico al interior del medio de control giró en torno a ese
aspecto; de allí que el Tribunal Administrativo del Atlántico haya establecido como
problema jurídico la determinación de, si la entidad demandada contaba con la
prerrogativa para retirar del ordenamiento el reconocimiento gratuito del costo del
sistema de seguridad social sin acudir a un proceso judicial.

Siendo de esta forma, algunos de los argumentos que ahora trae la actora no fueron
parte de la controversia adelantada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, puntualmente que no era aplicable la Ley 100 de 1993 y que la UGPP
no podía revisar su pensión, por lo que oficiosamente debió declararse la caducidad,
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por lo que esta
Subsección advierte que ciertamente frente a esos cargos, los cuales se entiende
corresponden a un defecto sustantivo, no se supera el requisito de relevancia
constitucional, pues con ellos lo que pretende la actora es reabrir un litigio
legalmente concluido con base en una discusión que no fue planteada en el proceso
ordinario.

En ese entendido, se observa que, frente a esos cargos, lo pretendido es utilizar
esta acción como instancia adicional, con el fin de exponer nuevos argumentos que
no fueron esgrimidos oportunamente y así revivir oportunidades procesales
perdidas, lo cual no puede admitirse por este juez constitucional, en tanto ello
equivaldría a inmiscuirse en la órbita de competencia del juez natural del asunto,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

quien decidió de acuerdo con lo solicitado en el medio de control, con lo que, a su
vez, se desconocería el principio de justicia rogada.

Igualmente, en relación con el defecto fáctico por indebida valoración probatoria,
tampoco se encuentra cumplida dicha exigencia general, si se tiene en cuenta que
respecto a esa causal la actora afirmó que la autoridad judicial accionada tuvo por
probada su condición de empleada pública, pese a que ello no estaba demostrado;
empero, esa situación no hizo parte del litigio ni de las consideraciones que llevaron
al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, a revocar la decisión de
primera instancia, pues, teniendo en cuenta la controversia suscitada en el proceso,
aquel se circunscribió a definir si la entidad allí demandada debía agotar el trámite
de revocatoria directa y contar con el consentimiento de su titular para proferir el
acto administrativo atacado, en atención a su deber de cotizar al sistema de
seguridad social en salud.

Así mismo, respecto al desconocimiento del precedente judicial, la accionante se
limitó a citar las sentencias que consideró como inobservadas, pero no precisó si
allí se fijó alguna regla jurisprudencial que hubiere dejado de ser aplicada en el caso
y que conllevara un cambio en el sentido de la decisión adoptada por ser relevante
en la resolución del asunto.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 6 de diciembre de 2024 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción, por falta de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 6 de diciembre de 2024 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 0- 0 1

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.