Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06011-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06011-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06011-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de noviembre de 2024
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 01 1- 0 0
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06011-00
Accionante: Ferney Quintero García y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho 011.
Tema: Acción de tutela contra sentencia de segunda instancia dictada en proceso de
reparación directa, en la que se confirmó la decisión de negar las pretensiones.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por los señores Ferney
Quintero García, Jesús María Quintero González, Janeth Quintero García, Magnolia
García, María del Carmen García, Luz Mery García, Milena Munera García, Nelcy
García y Concepción García de Munera en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Despacho 011, con ocasión de la sentencia del 16 de mayo de
2024 proferida en el proceso de reparación directa con radicado 76111-33-33-002-
2019-00142-00/01.
ANTECEDENTES
Los accionantes pretenden que se protejan sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
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HECHOS
La parte actora narró que el 28 de febrero de 2012, el señor Ferney Quintero García
fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; al día
siguiente se le impuso medida de aseguramiento y el 1 de agosto de 2014, fue
puesto en libertad, por lo que permaneció privado de esta por un término de 2 años
y 5 meses.
Que por lo anterior instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial y la Fiscalía General
de la Nación.
Que el 26 de febrero de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga negó las pretensiones de la demanda, por lo cual interpuso
recurso de apelación.
Que el 16 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Despacho 011, confirmó la sentencia recurrida.
Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en un defecto
fáctico porque soslayó y no otorgó valor probatorio a las pruebas obrantes en el
expediente, cuyo correcto análisis habría cambiado, a su juicio, el sentido de la
decisión adoptada. Aludió, concretamente, a la solicitud de preclusión de la
investigación ante la imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción
penal y haber operado la prescripción de esta, lo cual fue imputable al director del
proceso.
También estima que aquella desconoció el precedente judicial de la Corte
Constitucional, concretamente la Sentencia SU-072/18, pues, a pesar de que la citó,
no tuvo en cuenta que el señor Ferney Quintero García estuvo privado de su libertad
por un largo período, pese a que por solicitud del mismo ente investigador se
precluyó la investigación; y la Sentencia SU-443/16, en la que se ratificó la
aplicación del régimen objetivo en casos en que existiera un desequilibrio de las
cargas públicas.
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Que el Tribunal mencionado tampoco tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, según la cual es posible aplicar el régimen de
responsabilidad objetivo en cuatro casos: i) cuando el hecho no existió, ii) el
procesado no lo cometió, iii) la conducta no era atípica y iv) se aplicó el principio in
dubio pro reo. Concretamente, aludió a las sentencias del 31 de agosto de 2011
(rad. 21338) y del 17 de octubre de 2013 (rad. 23354).
PRETENSIONES
El accionante solicitó dejar sin efectos la sentencia del 16 de mayo de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, ordenarle que dicte
una decisión de reemplazo, en la que acceda las pretensiones.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 7 de noviembre de 2024 el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela
de la referencia, mediante auto, en el que ordenó notificar al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, Despacho 011, como accionado, y a la Nación-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación, como terceros con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho 011, guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de una de sus
abogadas adscritas a la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal,
manifestó que dentro de sus funciones no se encuentra la de dejar sin efectos
decisiones proferidas en procesos judiciales, por lo cual debe declararse su falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, negarse las súplicas.
Agregó que no observa que la autoridad judicial accionada haya vulnerado alguna
de las garantías fundamentales de la parte actora, que su decisión haya sido
arbitraria o que pueda predicarse un defectuoso funcionamiento de la
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administración de justicia, pues la determinación que adoptó se estructuró en
criterios jurídicos sólidamente respaldados.
Adujo que resulta evidente que la tutela fue instaurada para revivir un debate
debidamente agotado y lograr una posición distinta a la emitida en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, finalidad para la cual no fue prevista.
La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, sostuvo que no tiene legitimación en la causa
por pasiva, ya que no existe relación de causalidad entre sus actuaciones y la
presunta transgresión de los derechos fundamentales alegados por los accionantes
y, en esa medida, no tiene facultades ni competencia para decidir que providencia
debe quedar en firme en el proceso de reparación directa ni para emitir una nueva
decisión.
Señaló que en la Ley 1437 de 2011 se prevén recursos idóneos para que los actores
soliciten el amparo de sus derechos, a pesar de lo cual no explicaron por qué no
acuden a aquellos, lo que denota que no se cumple el requisito de subsidiariedad;
así como tampoco sustentaron adecuadamente los defectos en que supuestamente
incurrió la autoridad judicial.
Añadió que a su vez la acción no supera la exigencia de la relevancia constitucional,
debido a que no se evidencia una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales y lo que se aprecia es que se está utilizando la acción como un
mecanismo para reabrir el debate legal ya terminado y ejecutoriado, por lo que
solicitó declarar improcedente la acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
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I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
En síntesis, los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Despacho 011, incurrió en i) defecto fáctico, puesto que no otorgó valor
probatorio y soslayó las pruebas obrantes en el expediente, especialmente la
solicitud de preclusión de la investigación penal y ii) desconocimiento del precedente
judicial, según el cual es aplicable el régimen de responsabilidad objetivo en casos
como el suyo, contenido en las sentencias SU-072/18 y SU-443/16 de la Corte
Constitucional, del 31 de agosto de 2011 (rad. 21338) y del 17 de octubre de 2013
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(rad. 23354) dictadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la primera por
la Subsección C y la segunda por la Sala Plena.
A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la providencia
discutida en esta sede, pues solo en el evento de encontrarse superados habría
lugar a analizar los disensos esgrimidos.
La Sala los encuentra reunidos, pues 1) el asunto a resolver es de marcada
relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la
decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales
reclamados en protección, por la incursión en los defectos señalados; 2) la acción
se presentó con inmediatez; 3) la parte accionante agotó todos los mecanismos
idóneos y eficaces con los que contaba; 4) no está invocando una irregularidad
procesal, por lo que no hay lugar al análisis de esa exigencia; 5) los solicitantes
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de tutela.
Revisada la sentencia del 16 de mayo de 2024, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Despacho 011, confirmó la decisión de negar las
pretensiones porque observó que no se demostró que la medida de aseguramiento
incumpliera los requisitos de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad.
En efecto, la autoridad judicial determinó que i) el señor Ferney Quintero García fue
capturado en flagrancia, conforme al informe policial, en el que consta que aquel
arrojó una bolsa al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Roldanillo que contenía cannabis y derivados, por lo cual el juez de control de
garantías podía inferir razonablemente que estaba inmerso en el delito investigado;
ii) el tiempo en que el detenido estuvo privado de la libertad no podía entenderse
como una sanción equivalente a la pena de prisión prevista para el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, cuya pena mínima excedía los 4 años; y iii)
debido a que no fueron aportadas las grabaciones de audio y video de la audiencia
de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de la medida de
aseguramiento no podía establecerse si la medida fue necesaria, carga probatoria
que le correspondía a la parte demandante, de conformidad con el artículo 167 del
Código General del Proceso.
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Además, el aquí accionado precisó que si bien la investigación penal precluyó por
la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, lo cierto es que
no conocía las razones por las que se decretó la medida de aseguramiento, y
tampoco podía analizar el asunto a partir de un régimen objetivo de responsabilidad
estatal, al no contar con los elementos de juicio suficientes.
El anterior recuento demuestra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Despacho 011, no se abstuvo de analizar las pruebas relativas a la captura y al
proceso penal de forma integral y con base en las reglas de la sana crítica.
Puntualmente, examinó la solicitud de preclusión realizada por el ente acusador,
con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 332 de la Ley 906
de 2004 y la razón por la cual el juez de conocimiento la declaró, pero consideró
que dicha situación no era suficiente para determinar la responsabilidad estatal,
debido a que solamente daba cuenta de la imposibilidad de continuar con la acción
penal, mas no de que la medida de aseguramiento hubiera sido impuesta sin los
requisitos para ese efecto.
En ese entendido no se observa que la autoridad judicial haya dejado de valorar el
elemento probatorio mencionado por la parte accionante como indebidamente
analizado ni algún otro que resultara decisivo en la decisión adoptada, sino que
advirtió que las documentales que reposaban en el expediente no acreditaban que
se hubiere estructurado una falla en el servicio y, por el contrario, daban cuenta de
que la medida de aseguramiento fue razonable y proporcional, pues el investigado
fue capturado en flagrancia y el tiempo de la cautela no fue cercano o excedió el
previsto para la comisión del delito.
Además, debe tenerse en cuenta que los accionantes tampoco especificaron que
otra prueba, en su criterio, fue desconocida o indebidamente valorada, lo que impide
ahondar en el disenso expuesto, en atención a la naturaleza de esta acción, la cual
no constituye un juicio de corrección, sino de validez, lo que implica que no pueda
utilizarse como una tercera instancia al proceso ordinario.
Por lo tanto, no se aprecia la configuración del defecto fáctico, sino un desacuerdo
de la parte accionante con el alcance otorgado por el juez natural a las pruebas
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obrantes en el expediente.
Ahora, en lo que tiene que ver con el desconocimiento del precedente judicial
invocado, debe, en primer lugar, aclararse que en la cláusula general de
responsabilidad del Estado prevista en el artículo 90 constitucional no se estableció
un único régimen, de allí que el juez de la causa sea quien, en atención a las
particularidades del asunto y conforme al principio iura novit curia, determine cuál
debe emplearse, como lo definió la Corte Constitucional en la Sentencia SU-072/18,
alegada como desconocida, y lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a la luz de dicho mandato.
Siendo de esta forma, resulta diáfano que el Tribunal aquí accionado tuvo en cuenta
el referido pronunciamiento al resolver el litigio, de allí que haya examinado si se
cumplieron las exigencias para la imposición de la medida de aseguramiento, pues
no resultaba válido declarar la responsabilidad estatal de forma automática, como
lo pretende la parte accionante.
En relación con la Sentencia SU-443/16 proferida por la Corte Constitucional e
invocada por la parte actora se resalta que, como aquella misma lo reconoce, no
versa sobre los mismos supuestos de hecho, pues lo allí estudiado no recae sobre
la responsabilidad estatal por privaciones injustas de la libertad, sino acerca de
derechos laborales de colombianos que prestaron sus servicios en distintas
embajadas, por lo que el estudio allí efectuado no puede servir de fundamento para
demostrar la configuración del desconocimiento del precedente judicial.
En similar sentido, respecto a las sentencias del 31 de agosto de 2011 (rad. 21338)
y del 17 de octubre de 2013 (rad. 23354) proferidas por la Subsección C y la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se repara en que son
decisiones anteriores a la Sentencia SU-072/18, por lo que no puede aceptarse que
con base en ellas, se deje sin efectos la providencia del 16 de mayo de 2024,
máxime cuando, se reitera, el juez natural tiene la facultad de fijar el régimen
aplicable al caso, siendo deber de la parte demandante probar los elementos de la
responsabilidad estatal, esto es, el daño antijurídico, la acción u omisión de la
autoridad pública y el nexo causal entre ambos, lo que no se acreditó en el proceso
de reparación directa y conllevó denegar las pretensiones.
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En consecuencia, no se demostraron los defectos invocados en esta sede, por lo
cual se negará el amparo solicitado por los accionantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo solicitado por los accionantes, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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