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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06011-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06011-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Modificar la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así: 9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo. 15 Radicado: 11001-03-15-000-2024-06011-01 Demandante: Ferney Quintero García y otros PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por los señores Ferney Quintero García, Jesús María Quintero González, Janeth Quintero García, Magnolia García, María del Carmen García, Luz Mery García, Milena Múnera García, Nelcy García y Concepción García de Múnera, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06011-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

21 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06011-01
Demandante: Ferney Quintero García y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06011-01
Demandante: FERNEY QUINTERO GARCÍA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el
debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del
28 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que negó la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 6 de noviembre de 2024, los señores Ferney Quintero García, Jesús María
Quintero González, Janeth Quintero García, Magnolia García, María del Carmen
García, Luz Mery García, Milena Múnera García, Nelcy García y Concepción García
de Múnera interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,

1 Se advierte que el 24 de enero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06011-01
Demandante: Ferney Quintero García y otros

a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia
de segunda instancia proferida el 16 de mayo de 2024, en el marco del proceso de
reparación directa con radicado 76111-33-33-002-2019-00142-01. Formuló las
siguientes pretensiones:

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia, violación al principio de justicia material y la prevalencia
del derecho sustancial y el exceso de ritual manifiesto, vulneración de derechos
que dio lugar al defecto fáctico en su dimensión negativa conculcados al señor
FERNEY QUINTERO GARCÍA como víctima directa y a los otros demandantes
indirectamente como actores del medio de control de reparación directa dentro
del proceso radicado bajo el número 76111333300220190014201 por parte del
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con los
hechos y omisiones expuestos.

SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene DEJAR SIN
EFECTO la sentencia 0084 del 16 de mayo de 2024 proferida por la Sala de
Decisión conformada por ZORANNY CASTILLO OTÁLORA, VÍCTOR ADOLFO
HERNÁNDEZ DÍAZ y ANDRÉS GONZÁLEZ ARANGO, siendo el ponente este
último de los mencionados y la cual fue notificada el día 17 de mayo de 2024.

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior se le ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, que, dentro de los 40 días
siguientes a la notificación de la providencia o el tiempo que usted considere
pertinente emita una decisión de reemplazo, en el sentido de acceder a las
pretensiones de la demanda.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Ferney Quintero
García (víctima directa), Jesús María Quintero González, Janeth Quintero García,
Magnolia García, María del Carmen García, Luz Mery García, Milena Múnera García,
Nelcy García y Concepción García de Múnera demandaron a la Nación - Rama
Judicial - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios que se les
causaron con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el primero
de los demandantes.

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Demandante: Ferney Quintero García y otros

4. En la demanda de reparación directa, la parte actora indicó que, el 28 de febrero
de 2012, Ferney Quintero García fue capturado por la presunta comisión del delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Al día siguiente, le fue impuesta
medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión por parte del Juzgado
Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Roldanillo. En esa
audiencia, el imputado no aceptó los cargos y su abogado apeló la imposición de la
medida de aseguramiento. El 1 de agosto de 2014 el señor Quintero García recuperó
su libertad.

5. En etapa de juicio, el ente investigador acusó al indiciado por el referido hecho
punible; sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tuluá declaró la
preclusión de la investigación por «imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción
penal».

6. Al proceso de reparación directa se le asignó el radicado 76111-33-33-002-2019-
00142-01 y le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Buga,
el que, mediante sentencia del 17 de febrero de 2020, negó las pretensiones de la
demanda con el siguiente argumento:

En efecto, la privación de la liberad de que fue objeto el señor Ferney Quintero
García, se dio en consecuencia misma de su actuar imprudente, lo que resultó
posible inferir a partir del análisis del acervo probatorio presente en el
expediente, en especial del escrito de acusación presentado por la Fiscalía,
dentro del cual se narraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrió la captura del señor Ferney Quintero García, concluyendo que la misma
se produjo en flagrancia, cuando arrojó una bolsa al interior del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario del Municipio de Roldanillo y una vez se efectuaron
los análisis de laboratorio se concluyó que la misma contenía cannabis y sus
derivados.

Por tanto, es dable entender que, si bien el señor Ferney Quintero García fue
vinculado a una investigación penal y posteriormente esta fue precluida, lo
cierto es que su propia conducta contribuyó a la iniciación de la misma y la
consecuente imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad
en establecimiento de reclusión y posteriormente en su lugar de residencia, a
él impuesta.

7. Inconforme con la decisión, la parte demandante la apeló y argumentó que el ente
acusador incumplió sus deberes constitucionales y legales, pues no pudo recaudar
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Demandante: Ferney Quintero García y otros

pruebas de la responsabilidad del señor Ferney Quintero García, lo que la obligó a
solicitar la preclusión de la investigación ante el juez de conocimiento. Asimismo,
indicó que se debió aplicar un régimen objetivo de responsabilidad.

8. Mediante sentencia del 16 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca confirmó la decisión recurrida, lo cierto es que «la parte actora no aportó
las grabaciones de audio y video de la audiencia en la que el Juzgado Tercero Penal
Municipal con función de control de garantías de Roldanillo decretó la medida de
aseguramiento», por lo que se desconocían las razones por las cuales esa autoridad
judicial decretó la medida cautelar y, por ende, «no cuenta con elementos de juicio
suficientes para analizar la privación de la libertad a partir de un régimen objetivo de
responsabilidad».

9. A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
defecto fáctico porque omitió valorar diversas pruebas que obraban en el expediente,
«desconociendo la decisión sobre la antijuridicidad de la conducta del Estado,
enrostrando al actor como acertada la prueba por la cual fue capturado, aun cuando
este manifestó su decisión de no allanarse a los cargos imputados y finalmente no fue
condenado».

10. Expuso que de haberse observado las piezas procesales en su totalidad, por
ejemplo, la solicitud de preclusión de la investigación penal, otro sería el resultado,
puesto que «sin dificultad abríase (sic) llegado a inferir la obligación que tiene como
juez de responsabilidad a decretar o considerar la misma».

11. Indicó que él estuvo privado de su libertad por dos años y cinco meses,
convirtiendo su detención en irrazonable, lo cual se dedujo en una medida con
características punitivas, de manera que no resulte posible soportar la restricción a su
libertad aun cuando por solicitud del ente investigador se hubiera precluido la
investigación penal.

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Demandante: Ferney Quintero García y otros

12. Finalmente, citó como desconocidas las sentencias SU-072 de 2018 y SU-443 de
2016, proferidas por la Corte Constitucional. Así como las sentencias del 31 de agosto
de 2011, radicado 21338 y del 17 de octubre de 2013, radicado 23354, proferidas por
la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Trámite impartido e intervenciones

13. Mediante auto del 7 de noviembre de 2024 2 , el despacho sustanciador del
proceso en primera instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y ordenó notificar a la Nación – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, como
terceros con interés.

14. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se declarara la
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no cuenta con la competencia
para dejar sin efectos providencias judiciales. Asimismo, precisó que la tutela tiene
como único propósito reabrir el debate que se surtió en el proceso de reparación
directa.

15. La Fiscalía General de la Nación indicó que no se encuentra legitimada en la
causa por pasiva. Asimismo, señaló que la tutela no cumple con los requisitos de
relevancia constitucional al utilizar la acción de tutela como una tercera instancia, y el
de subsidiariedad, por cuanto los accionantes no explicaron por qué no acudieron a
los recursos idóneos previstos en la Ley 1437 de 2011 para obtener la protección de
los derechos que consideran vulnerados.

Fallo impugnado

16. En sentencia del 28 de noviembre de 2024, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, negó la acción de tutela.

2
SAMAI, índice 11 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.
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17. Consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se abstuvo de
analizar las pruebas relativas a la captura y al proceso penal de forma integral y con
base en las reglas de la sana crítica, pues examinó la solicitud de preclusión, pero
sostuvo que dicha situación no era suficiente para determinar la responsabilidad
estatal, debido a que «solamente daba cuenta de la imposibilidad de continuar con la
acción penal, mas no de que la medida de aseguramiento hubiera sido impuesta sin
los requisitos para ese efecto».

18. Agregó que los demandantes tampoco especificaron qué otra prueba fue
desconocida o indebidamente valorada, lo que impide ahondar en el estudio
expuesto, pues la tutela no se constituye como un juicio de corrección, sino de validez,
lo que implica que no puede utilizarse como una tercera instancia al proceso ordinario.

19. En relación con el desconocimiento del precedente judicial, aclaró que el artículo
90 no estableció un único régimen, de manera que a partir de las particularidades del
asunto y conforme al principio iura novit curia, determine cuál debe emplearse, tal y
como lo definió la Corte en la sentencia SU-072 de 2018.

20. Asimismo, expuso que la sentencia SU-443 de 2016 no versa sobre los mismos
supuestos de hecho, por lo que el estudio allí efectuado no puede servir de
fundamento para demostrar la configuración del desconocimiento del precedente.

21. Finalmente, en cuanto a las sentencias del 31 de agosto de 2011 (radicado 21338)
y del 17 de octubre de 2013 (radicado 23354), proferidas por la Subsección C y la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, indicó que son decisiones
anteriores a la sentencia SU-072 de 2018, por lo que no puede aceptarse que con
base en ellas se deje sin efectos la providencia del 16 de mayo de 2024, pues el juez
natural tiene la facultad de fijar el régimen aplicable al caso, siendo el deber de la
parte demandante probar los elementos de la responsabilidad, situación que no se
acreditó en el proceso ordinario y llevó a denegar las pretensiones.

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Impugnación

22. Inconforme con la decisión, la parte demandante la impugnó. Reiteró que el
presente asunto sí cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues el asunto
sometido a consideración no pretende convertir la tutela en una tercera instancia, sino
obtener la protección de sus derechos fundamentales.

23. Indicó que la negativa por parte del Tribunal obedece a que ha puesto en
conocimiento de la autoridad competente «actuaciones y hechos delicados por delitos
de falsedad en documento público en concurso homogéneo con peculado, en algunos
casos y en otros por abuso de autoridad por parte de algunos administradores de
justicia del tribunal».

24. Señaló que no resulta lógico que la víctima directa tenga que soportar un largo
periodo de detención, para que la Fiscalía solicite la preclusión de la investigación.
Reprochó que no se hubiera hecho un análisis de la solicitud de preclusión en la
sentencia objeto de tutela, ni tampoco se tuvo en cuenta ese largo periodo de tiempo
que estuvo privado de la libertad el señor Quintero García, a la luz de la teoría del
daño especial.
.
II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo de los derechos fundamentales
de la parte accionante.

26. Para ello, en primer lugar, se examinará si la petición de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional, en
especial, el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se cumplan, se

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deberá determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico y
vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.

Análisis de la Sala

De la relevancia constitucional

27. En sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que esta exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia
judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo
de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

28. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

29. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.

30. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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31. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

Caso concreto y solución del problema jurídico

32. Contrario a lo planteado por el juez de tutela de primera instancia, de entrada, la
Sala observa que el asunto carece de relevancia constitucional, pues, como se
explicará, la petición de amparo está dirigida a cuestionar la interpretación y
argumentación con base en las que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó las pretensiones de la demanda, con la única finalidad de extender y continuar
el debate que ya fue razonablemente zanjado en el proceso de reparación directa.

33. En el escrito de tutela, la parte actora adujo que la sentencia censurada adolece
de defecto fáctico, por cuanto no otorgó valor probatorio a las pruebas que obraban
en el expediente. Puntualmente, se refirió a la solicitud de preclusión de la
investigación por la imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción
penal y haber operado la prescripción de esta, lo cual, en su criterio, demostraba que
fue injusta la privación de la libertad que tuvo que soportar.

34. Asimismo, estimó como desconocidas las sentencias SU-072 de 2018 y SU-443
de 2016, proferidas por la Corte Constitucional. Así como las sentencias proferidas
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, del 31 de agosto de 2011 (radicado
21338) y del 17 de octubre de 2013 (radicado 23354).

4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de

2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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35. En primera instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado consideró acreditado el requisito de relevancia constitucional por cuanto «se
centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados en protección, por la incursión en los defectos señalados».

36. Sin embargo, como se anticipó, esta Subsección se aparta del razonamiento
efectuado por el fallador de primer grado, pues, revisada la demanda y sus anexos,
particularmente la decisión cuestionada, se advierte que la interpretación y valoración
probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia
del 16 de mayo de 2024, fue suficiente, razonable y adecuada, lo cual denota que la
finalidad del demandante es convertir este valioso mecanismo constitucional en
instancia adicional del proceso de reparación directa.

37. De acuerdo con los antecedentes normativos y jurisprudenciales fijados por la
Corte Constitucional5 y por la Sección Tercera de esta Corporación6, en los casos en
los que se pretenda la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación de la
libertad, corresponde al juez, en ejercicio de su autonomía, determinar el régimen de
responsabilidad aplicable a cada caso, dependiendo de sus particularidades, es decir,
ni la ley ni la jurisprudencia definieron la atribución de responsabilidad bajo un título
único de imputación.

38. Así, en la sentencia SU 072 de 20187, el alto tribunal constitucional indicó que,
indistintamente del régimen de responsabilidad bajo el cual se realice el juicio de
atribución de responsabilidad, «se mantienen incólumes la excepcionalidad y los
juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de
inocencia que preceden la imposición de una medida de aseguramiento», es decir,
en todo caso es necesario efectuar el análisis sobre la antijuridicidad del daño, a partir
de los criterios anteriormente mencionados, con el fin de determinar el carácter injusto
de la privación de la libertad, atendiendo a los requisitos previstos en el esquema

5 Al respecto, ver entre otras, las Sentencias de Unificación SU 072 de 2018 y SU 363 de 2021.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de

enero de 2019. Rad. 19001-23-31-000-2012-00024-01(54951).
7 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU 072 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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procesal penal vigente al momento de imposición de la restricción del derecho a la
libertad. Concretamente, sostuvo:

[…] el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la
providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona
mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa
la verificación de su conformidad a derecho

39. Lo anterior quiere decir que, tal como lo señaló el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en la sentencia censurada, para realizar el juicio de atribución de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, sea cual sea el título
de imputación bajo el cual se efectúe, resulta indispensable analizar los fundamentos
fácticos y jurídicos que dieron lugar a la restricción de la libertad, por lo que es
necesario que se allegue la providencia que decretó la imposición de la medida de
aseguramiento.

40. Para el Tribunal demandado, en el expediente obraba el acta de la audiencia de
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento celebrada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Roldanillo el 29 de febrero de 2012, pero no se aportaron al
plenario las grabaciones de audio y video de dicha diligencia.

41. El Tribunal sostuvo que, ante la inexistencia de las grabaciones, no resultaba
posible conocer las argumentaciones expuestas tanto por la Fiscalía General de la
Nación, al momento de solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, como
por el juez de control de garantías cuando decretó esa medida cautelar. Asimismo,
señaló que la carga probatoria recaía en la parte actora, de conformidad con lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso.

42. A pesar de lo anterior, realizó un análisis del cumplimiento de los requisitos de
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento impuesta
al señor Ferney Quintero García y determinó lo siguiente:

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Demandante: Ferney Quintero García y otros

Frente al requisito de razonabilidad de la medida de aseguramiento, esto es, que
el juez de control de garantías pudiera inferir razonablemente que el señor
Ferney Quintero García pudiera ser autor o partícipe de la conducta punible de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la Sala observa que el aquí
demandante fue capturado en flagrancia, como fue consignado en el informe
policial.

En dicho escrito, se informe que el señor Ferney Quintero García arrojó una
bolsa al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Roldanillo y
una vez se efectuaron los análisis de laboratorio se concluyó que contenía
cannabis y sus derivados.

De lo anterior, el juez de control de garantías podía inferir, de forma razonable,
que el señor Ferney Quintero García se encontraba inmerso en la conducta de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La medida de aseguramiento también se muestra proporcional, en razón a que
el tiempo en que estuvo privado de la libertad el demandante, esto es, durante 2
años, 5 meses, y 2 días, no puede considerarse como una sanción equivalente
a la pena de prisión prevista para el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, conducta punible cuya pena mínima excedía los cuatro (4)
años.

La Sala desconoce por completo la argumentación realizada por el Juzgado
Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Roldanillo frente
al requisito de necesidad de la medida de aseguramiento, en razón a que no fue
aportado al expediente las grabaciones de audio y video de la audiencia de
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento celebrada en el proceso penal adelantado en contra del señor
Ferney Quintero García. En consecuencia, se abstiene de estudiar el
cumplimiento de dicho requerimiento.

Así las cosas, como la restricción de la libertad de Ferney Quintero García fue
ajustada a derecho y no existen motivos para inferir que hubiera sido
inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, resulta forzoso concluir
que la privación de la libertad por él padecida se encontraba amparada por un
título jurídico que lo obligaba a soportar la restricción a su libertad personal.

43. Como se vio, la inexistencia de dicho elemento de prueba conllevaba la
imposibilidad material de analizar la imputación de responsabilidad de las entidades
demandadas, conclusión que no está desprovista de razonabilidad, pues, se insiste,
en todo caso de privación injusta de la libertad con ocasión de la imposición de una
medida de aseguramiento, es imprescindible analizar si la misma fue legal,
proporcional, razonable, necesaria y adecuada, con el fin de acreditar el carácter
injusto de la privación de la libertad, esto es, la antijuridicidad del daño.

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Demandante: Ferney Quintero García y otros

44. La autoridad judicial accionada negó las pretensiones de la demanda ante la falta
de carga probatoria de los entonces demandantes. De ahí la imposibilidad de
determinar la antijuridicidad del daño y dar paso al análisis de imputación del mismo
a las entidades demandadas.

45. Entonces, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca explicó detalladamente
las razones de su decisión y apreció los elementos de prueba que obraban en el
expediente. Otra cosa es que la parte actora disienta del alcance que el operador
judicial le dio, por ejemplo, a la solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía General
de la Nación por imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal. Para
esta Subsección es evidente que lo que existe en este caso es una disparidad de
criterios entre el razonamiento probatorio del tribunal y la forma en la que la parte
demandante considera que debieron analizarse las pruebas y definirse la
controversia.

46. Así las cosas, la Sala no observa capricho, arbitrariedad o irracionalidad en el
análisis del Tribunal, porque la providencia sí contiene una valoración de las pruebas
que resulta razonable. Distinto es que la parte actora esté inconforme con ese juicio,
circunstancia insuficiente para desmerecer la razonabilidad de esa decisión y
provocar un nuevo examen del juez de tutela.

47. La Sala constata que la autoridad judicial accionada, como juez de segunda
instancia, abordó directamente las inconformidades planteadas en la apelación y, en
general, la cuestión litigiosa propuesta por la parte accionante, es decir, estudió si se
acreditó la antijuridicidad del daño y descartó su configuración luego de un examen
crítico y justificado de los medios de convicción aportados al proceso. Esto, para
concluir que, aunque se habían aportado las actas de las audiencias preliminares en
las que se impuso medida de aseguramiento, lo cierto es que aquellas no alcanzaban
a superar la insuficiencia probatoria generada por la inexistencia de la prueba que
permitiría establecer los fundamentos fácticos y jurídicos que soportaron la detención
en contra del señor Quintero García, esta es, la grabación o audio de la diligencia en
la que se impuso la medida de aseguramiento.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06011-01
Demandante: Ferney Quintero García y otros

48. La diferencia sobre el contenido y valoración de las pruebas presentadas en la
acción de tutela dan cuenta de que los argumentos de la parte demandante están
dirigidos a que el juez del amparo actúe como superior funcional del Tribunal y
reexamine el contenido de la sentencia atacada por estar en desacuerdo con sus
conclusiones, lo cual desvirtúa la importancia constitucional del asunto. No cabe duda
de que los argumentos de la demanda son una reiteración del debate del proceso de
reparación directa.

49. Por más que la parte demandante pretenda enrostrar a la sentencia del 16 de
mayo de 2024 un defecto fáctico, lo cierto es que sus inconformidades sólo evidencian
la intención de imponer el alcance que estima debió dársele a las pruebas, para forzar
una tercera instancia a cargo del juez de tutela y que se avale su tesis en el juicio de
responsabilidad. A esa finalidad se opone la acción de tutela por lo que, compártanse
o no los argumentos y la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la
Sala no puede adentrarse en un análisis de conformidad o no de una labor que es
propia del juez ordinario, máxime si no se antepone un debate que revele o genere
dudas sobre su disconformidad con la Carta Política.

50. Cabe señalar que, en sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta
en instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales, económicos
sin trascendencia constitucional.

[…] según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales8. Para determinar si
este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una

8 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los que un

asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea como una tercera
instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que trascienden cuestiones
legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para decidir el caso; (v) pretende
cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar la afectación del patrimonio público
cuando se cumplen determinadas condiciones.”
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06011-01
Demandante: Ferney Quintero García y otros

discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente,
cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta
corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales9.

51. Así pues, luego de considerar los criterios señalados, es claro que el presente
asunto no es de aquellos en los que exista la necesidad de interpretar, aplicar o
desarrollar la Constitución o darle alcance a un derecho fundamental, ni siquiera por
el hecho de que se alegue la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

52. En el fondo, la parte actora pretende que el juez de tutela ordene que se dicte una
nueva sentencia, en la que se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación –
Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios morales y materiales
causados como consecuencia de la restricción a la libertad de que fue objeto el señor
Ferney Quintero García, cuando esa discusión ya fue definida en el proceso ordinario,
por el Tribunal accionado, que, con argumentos razonables, concluyó que no se
acreditó la antijuridicidad del daño por la omisión de la carga probatoria que le
correspondía a la parte demandante.

53. Así las cosas, la Sala modificará la sentencia impugnada que negó la protección
de los derechos fundamentales de los accionantes y, en su lugar, declarará
improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así:

9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06011-01
Demandante: Ferney Quintero García y otros

PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por los señores Ferney
Quintero García, Jesús María Quintero González, Janeth Quintero García, Magnolia
García, María del Carmen García, Luz Mery García, Milena Múnera García, Nelcy
García y Concepción García de Múnera, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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