Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06017-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06017-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06017-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
21 de febrero de 2025
Radicado:11001-03-15-000-2024-06017-01
Accionante: Pedro Herrera Villa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06017-01
Accionante: Pedro Herrera Villa
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 5 de diciembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Pedro Herrera Villa, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en procura
de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a
la dignidad y al trabajo, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Bolívar con ocasión de la sentencia del 1 de diciembre de 2023, que confirmó el fallo
del 8 de agosto de 2022, dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Cartagena, que negó las pretensiones de la demanda en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 130013333-
007-2021-00175-00/01.
2. Hechos probados
El actor se desempeñaba en el cargo de bombero C475-G05 en el Distrito de
Cartagena y presentó solicitud con el fin de que se le reconociera y pagara una
reliquidación salarial en razón del aumento del valor de la hora ordinaria y de la hora
extra que devengaba. Asimismo, demandó el reconocimiento y pago de las horas
extras que no se le habían cancelado.
La petición fue negada a través del oficio AMC-OFl-0119713-2020 del 29 de diciembre
de 2020, por lo que el actor promovió demandada de nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionar su legalidad. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, autoridad judicial que negó las
pretensiones de la demanda en sentencia del 8 de agosto de 2022, bajo el argumento
de que las pruebas practicadas en el proceso no permitían comprobar si existió o no
una incorrecta liquidación de los emolumentos sobre los que versaron las
pretensiones.
Inconforme con la decisión, el accionante presentó recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia del 1 de diciembre de
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2023, que confirmó el fallo de primera instancia. En su resolución el Tribunal señaló
que con dicho recurso se presentó una prueba documental relacionada con la situación
laboral de una persona distinta al actor. Además, destacó que no se había aportado la
certificación de los turnos que el actor cumplía como bombero, lo que dificultaba el
análisis y la determinación sobre la posible existencia de una liquidación incorrecta.
3. Pretensiones y argumentos de tutela
3.1. La parte actora solicitó que: i) se amparen sus derechos fundamentales, y que en
consecuencia; ii) se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir una nueva
decisión en la que se acoja la doctrina probable expuesta en la jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en lo relativo a la jornada de trabajo y el valor
de la retribución por horas de la jornada ordinaria de los empleados públicos, para ser
aplicada a la liquidación de los emolumentos devengados por el señor Herrera Villa.
Como fundamentos de la acción expuso, en síntesis, los siguientes:
3.2. Consideró que el fallo cuestionado incurrió en los siguientes defectos:
Defecto sustantivo, dado que no dio prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal, y no contiene una valoración adecuada de todas las pruebas que fueron
aportadas.
Indicó que no se tuvo en cuenta que el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, establece
una jornada laboral de 190 horas mensuales por lo que quien labora 240 genera 50
horas extras, y que para establecer lo anterior, resultaba irrelevante probar el sistema
de turnos sino establecer que la jornada laboral no superara las 190 horas.
Defecto fáctico, pues, en su criterio, el Tribunal accionado debió hacer uso de la
facultad oficiosa en materia probatoria para incorporar al proceso toda la información
necesaria para adoptar la decisión den fondo, además, que dicha autoridad no podía
restar valor probatorio a las pruebas que ya reposaban dado que la contraparte guardo
silencio durante el traslado.
Aseguró que los recibos de pago presentados permitían determinar de manera clara
el valor de la hora correspondiente al actor, en virtud de las 190 horas mensuales.
Esto, en conjunto con los demás medios de prueba incorporados al expediente,
proporcionaba información precisa, adecuada y suficiente para ordenar la reliquidación
de los recargos solicitados.
Sostuvo que la autoridad judicial desconoció el precedente jurisprudencial reflejado en
las decisiones que fueron enlistadas en el recurso de apelación1.
1 Sentencia de 23 de junio de 2023; demandante Jorge Luis Domínguez Prada; radicado 13-001-33-33-
005-2019-00111-01; Ponencia: Jean Paul Vásquez Gómez. • Sentencia de 30 de octubre de 2023;
demandante Erki de Jesús Acuña Terril; radicado 13-001-33-33-011-2018-00291-01; Ponencia: Jean
Paul Vásquez Gómez. • Sentencia de 09 de febrero de 2024; demandante Miguel Eduardo Arévalo
Navarro; radicado 13-001-33-33- 002-2021-00157-01; Ponencia: Jean Paul Vásquez Gómez. •
Sentencia de 22 de marzo de 2024; demandante Adolfo Canabal Herrera; radicado 13001-33-33-013-
2020-00125-01; Ponencia: José Rafael Guerrero Leal. • Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B; Sentencia de 19 de febrero de 2015, dictada dentro del proceso de radicado 25000-23-
25- 000-2010-00780-01(3594-13), Ponencia: Sandra Lisset Ibarra Vélez. • Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B; Sentencia de 06 de octubre de 2022, dictada dentro del proceso de radicado
76001-23-33- 000-2012-00110-01 (1891-2019), Ponencia: César Palomino Cortés.
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4. Trámite en primera instancia
4.1. Por medio de auto del 14 de noviembre de 2024 la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la solicitud de amparo.
4.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar remitió el enlace web del expediente digital
del proceso ordinario2. Asimismo, presentó informe con el que se pronunció frente a
los fundamentos de la acción de tutela3 y solicitó que se declare improcedente el
amparo, dado que la sentencia cuestionada obedeció a las pruebas y normas
aplicables al caso concreto, y las razones que se plasman en el escrito de tutela no
son constitutivas del denominado defecto fáctico, para lo cual resaltó que “el dicho del
accionante, demuestra que este conocía cual era la prueba requerida para la
prosperidad de sus pretensiones, sin embargo, no hizo solicitud alguna de ellas con la
demanda, ni en la audiencia inicial, trayendo en el recurso de apelación la certificación
de haberes de otra persona, pudiendo allegar la correspondiente a él”.
Concluyó que el accionante planteó un conflicto de interpretación estrictamente legal,
con el objetivo de cuestionar los argumentos de la decisión que resultó desfavorable a
sus pretensiones, intentando así utilizar el mecanismo constitucional como una tercera
instancia del proceso ordinario.
4.3. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena4 indicó que no
incurrió en vulneración de los derechos fundamentales del actor, dado que este
incumplió con la carga de probar los elementos básicos que estructuran el derecho
laboral que reclamó y cuyo reconocimiento pretende ahora en sede de tutela.
4.4. El Distrito de Cartagena5 solicitó su desvinculación del presente trámite por
considerar que no le asiste legitimación en la causa por pasiva, dado que la
competencia para pronunciase sobre las pretensiones de la solicitud de amparo se
encuentra en cabeza de las autoridades judiciales que profirieron las decisiones del
proceso ordinario.
5. Sentencia de tutela de primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia el 5
de diciembre de 20246, en la que declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
Para tal efecto, se remitió a las consideraciones de la sentencia cuestionada y destacó
que el juez natural advirtió que al expediente no fueron introducidos medios de
convicción que dieran cuenta del valor de la hora del trabajo ordinario para el cargo
que desempeñaba el accionante, y que por tanto, no se contaba con el contexto
pertinente para determinar si en efecto se incurrió en una liquidación errónea; además,
que, frente a la prueba que se aportó con el recurso de apelación, se trataba de un
2 Índice 0008 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
3 Índice 0009 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
4 Índice 0010 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
5 Índice 0013 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
6 Índice 0014 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
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documento con información de una persona distinta y que, en todo caso, se apartó de
la oportunidad procesal prevista en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.
A partir de lo anterior, el a quo constitucional estimó que “el accionante pretende traer
al escenario constitucional, un debate de orden meramente legal y económico, relativo
a la valoración probatoria que realizaron los jueces naturales del proceso en ambas
instancias y, frente a la cual, el actor presenta discrepancias que, además de ser
reiterativas, ya fueron expuestas y analizadas al momento de resolver el recurso de
apelación, por lo que no alcanzan un escenario ius fundamental. Es decir, lo que busca
es convertir este mecanismo en una instancia adicional para remediar su falta de
diligencia en aportar las pruebas de los hechos que respaldaban sus pretensiones, en
la etapa procesal oportuna”.
En lo referente al desconocimiento del precedente precisó que el Tribunal indicó que,
aunque había concedido las pretensiones en asuntos similares aplicando la
interpretación de las normas que regulan las horas extras7, esto obedeció a que en
esos asuntos los interesados aportaron los elementos probatorios que acreditaban los
hechos que fundamentaron sus pretensiones, que no fue el caso del señor Pedro
Herrera Villa, por lo que la decisión desfavorable a sus intereses no se derivó de la
falta de aplicación de la jurisprudencia ni de la norma, sino de las falencias en la
actividad probatoria que dio como consecuencia la insuficiencia en acreditar que su
jornada laboral era de 240 horas con 50 horas extras. Por ende, el juez constitucional
de primera instancia desestimó este cargo.
6. Impugnación.
El apoderado del accionante presentó escrito de impugnación8 en el que indicó: “Ante
usted vengo, por medio del presente, en mi calidad de apoderado judicial sustituto de
la parte accionante, con la finalidad de impugnar la sentencia de tutela dictada por la
sección quinta de este honorable consejo en fecha 5 de diciembre de 2024”.
Luego de consultar el aplicativo Samai, la Sala advierte que la parte actora no presentó
escrito adicional.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1 La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Pedro
Herrera Villa, pues actuó como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 130013333-007-2021-
7 Referente a que el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 establece que la jornada ordinaria laboral
corresponde a 44 horas semanales, por lo que si se excede de las horas ordinarias se genera el trabajo
suplementario o las horas extras, sin que esto pueda superar 50 horas.
8 Índice 0022 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
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00175-00/01, en el que se profirieron las decisiones judiciales que, en su criterio,
vulneraron sus garantías fundamentales.
2.2 También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Bolívar y del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Cartagena, al ser las autoridades judiciales que profirieron las providencias que la
parte actora cuestionó a través de este mecanismo constitucional.
3. Relevancia constitucional
El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia constitucional
si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una controversia estricta
y exclusivamente legal9. De ese modo, en esta sede se ponderará entre la finalidad de
la acción de tutela como garantía iusfundamental y los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica que gobiernan las decisiones judiciales10. Así las cosas, el juez de
tutela debe resolver asuntos de dimensión constitucional, con respeto de las
competencias legales y del principio de autonomía de los jueces11.
En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la
competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad12; (ii) restringir el ejercicio
del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e
(iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales13.
Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que, a
primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso14.
Para ello, la jurisprudencia constitucional15 ha definido cuáles son los requisitos
9 “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien […] se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente – es decir segura y en
condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. Corte
Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
10 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable
para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego,
al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente
n.° 2020-836-00.
12 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009,
T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061
de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
13 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,
ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de
la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-
422 de 2018.
14 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-
18, T-422-18 y T-248-18.
15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas causales que
habilitan el control constitucional concreto.
El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en la
solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de la
actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona16, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional”17.
En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la decisión SU-215 de 2022,
indicó que “el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas
cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así,
la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de
los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal”. Además, precisó que “[…] Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.
Esta Corporación ha precisado que, para realizar el examen del requisito de relevancia
constitucional, se requiere en primera medida establecer que quien actúe como
accionante motivó con suficiencia argumentativa las razones por las cuales considera
que la decisión judicial que reprocha se erige como una afectación de derechos
fundamentales, a efectos de evitar una instancia adicional18.
4. Caso concreto
De ante mano la Subsección anticipa que el presente asunto no superó el requisito de
relevancia constitucional, y, por tanto, confirmará el fallo impugnado, por las razones
que se exponen a continuación:
4.1. La revisión de las actuaciones del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 130013333-007-2021-00175-00/0119, da
cuenta de los siguientes hechos:
16 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
17 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
18 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
19 Cuyo enlace web, con las actuaciones en medio digital, se encuentran en el Índice 0008 del
expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
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• El señor Pedro Herrera Villa promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con la pretensión de que se declare la
nulidad del acto administrativo contenido en el oficio AMC-OFl0119713-2020 del
29 de diciembre de 2020, por medio del cual el Distrito de Cartagena negó el
reconocimiento y pago de la reliquidación salarial por indebida aplicación del
Decreto 1042 de 1978.
• El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena dictó sentencia de
primera instancia el 8 de agosto de 2022 y negó las pretensiones de la demanda.
Para ello, indicó que al proceso no fueron traídos los documentos que
demostraban el valor de la hora de trabajo ordinaria para el cargo que
desempeñaba el actor, por lo que no se contaba con el fundamento legal o fáctico
que permitiera establecer que en efecto la administración incurrió en una errónea
liquidación y que existía discrepancia en el valor que percibió por concepto de
salario.
• El demandante apeló la decisión y expuso que el Juzgado no constató el
completo recaudo de las pruebas y que no hizo uso de la facultad oficiosa para
incorporar los documentos que podían dar cuenta de la forma en que el Distrito
demandado realizó la liquidación de los emolumentos devengados. Agregó que,
en todo caso, el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 establece que la jornada
de trabajo del sector público es de máximo 190 horas mensuales, por lo que era
claro que quien laboraba 240 horas tenía a su favor 50 horas extras. A partir este
razonamiento, estimó irrelevante probar la modalidad de turno que entre semana
se le asignen al servidor.
Junto con el recurso se aportó copia del oficio AMC-OFI-0021721-2021, en el
que consignaron los valores que devenga por concepto de salario el señor
Humberto Fernández Puerta.
• A través del fallo del 1 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar
confirmó la negativa a las pretensiones, al considerar que en el expediente no
reposaban las pruebas que demostraran el valor de la hora de trabajo diurno
para el cargo que desempeñaba al actor, y que, por tanto, no era factible
comprobar si se efectuó una liquidación adecuada de sus derechos laborales.
En relación con el recaudo del caudal probatorio indicó:
“[…] Al respecto, se avizora en el expediente que contrario a lo manifestado
por el apelante con la contestación de la demanda12 se allegaron los volantes
de pago correspondientes a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, por lo
que, no es de recibo su argumento consistente en que el A-quo no insistió en
el recaudo de la misma. Lo que se desprende del acta de audiencia inicial es
que se ordenó a la demandada aportar copia de las sentencias proferidas
dentro de los procesos 13-001-33-33-008-2020-00200-00 y 13-001-33-33-008-
2020-00163-00, las cuales fueron allegadas tal y como se puede corroborar en
el documento 21 del expediente.
[…]
En ese orden de ideas, se le recuerda a la parte demandante que conforme a
la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los procesos que cursan ante el
Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado
efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se
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ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos
que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que
concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus
excepciones o su estrategia de defensa.
Así las cosas, conforme al artículo 167 del C.G.P., le corresponde al aquí
apelante, acreditar que la jornada laboral ordinaria del señor Pedro Herrera
Villa es de 240 horas más las 50 de horas extras, no se aportaron las pruebas
necesarias que den la certeza del derecho reclamado, así mismo, no existen
pruebas que permitan establecer que al actor se le pagaran las 240 horas
mensuales de trabajo ordinario y 50 suplementario, sin que tampoco exista un
soporte normativo que permita inferir que se puede aplicar el horario reclamado
por el actor”
− Por otro lado, frente a los argumentos del recurso relativos a que el derecho se
encontraba probado a partir del análisis del artículo 33 del Decreto 1042 de
1978, el Tribunal expuso lo siguiente:
“[…] Finalmente, indicó que, el A-quo no valoró las pruebas allegadas, al no
verificar que el valor de la hora ordinaria correspondiera al que arroja la división
del salario básico del demandante entre 190 horas, a pesar de que en la
demanda realizó una reliquidación de lo solicitado, frente a este argumento, se
permite la Sala indicar que no es posible entrar a realizar la operación
matemática que se sugiere, por cuanto no hay documentos en el expediente
que vislumbre el valor de la hora de trabajo ordinario para el cargo
desempeñado por el señor Pedro Herrera Villa, esto le permitiría a este Tribunal
comprobar si se está liquidando correctamente o no su salario y prestaciones
sociales, por lo tanto no existe un fundamento legal o fáctico que permita
esclarecer el por qué se debe aplicar el monto de la hora de trabajo a favor del
demandante, en esa medida no se puede definir si por esa razón existe una
discrepancia en el valor final del salario.”
− Finalmente, la autoridad judicial accionada se pronunció frente a la prueba
aportada con el recurso de apelación, y advirtió al demandante que el documento
correspondía a una persona diferente que además ostenta un cargo con grado
diferente, además, no observó el límite temporal previsto en el artículo 212 de la
Ley 1437 de 2011.
4.2. La Subsección estima que la parte actora pretendió utilizar la acción de tutela con
el fin de reabrir el debate de legalidad que realizó la autoridad judicial accionada en la
sentencia del 1 de diciembre de 2023, con fundamento en las siguientes razones:
En la actuación quedó demostrado que el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó
la decisión que negó las pretensiones en el proceso ordinario, al considerar que el
demandante no cumplió con la carga que le asistía en los términos del artículo 167 del
Código General del Proceso, pues no ejerció ninguna actividad para incorporar los
medios de prueba que dieran cuenta del valor de la hora de trabajo ordinaria conforme
a su cargo y tampoco los elementos que acreditaran el pago de 240 horas, de las cuales
50 serían extras; y que por estos motivos no era posible determinar si la liquidación de
sus derechos laborales y prestaciones eran o no correcta. Aunado, la decisión también
abordó el estudio de la prueba que el accionante aportó con el escrito de apelación para
precisar que se traba de los datos salariales de un funcionario diferente.
A partir de lo anterior, la Sala considera que el escrito de amparo no superó el
requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora lejos de exponer las
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06017-01
Accionante: Pedro Herrera Villa
circunstancias por las que consideró que la decisión censurada vulneró sus derechos
fundamentales, dirigió sus argumentos únicamente a debatir los fundamentos con los
que el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones del proceso ordinario,
con miras a que se profiera una nueva sentencia en la que se acoja la interpretación
que consideró correcta y lograr así la reliquidación laboral que pretendió.
Lo anterior, pese a que la Corte Constitucional ha indicado con claridad que “la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado”20.
Es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa que se
encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección de amparo, la Corte
Constitucional ha indicado que no basta con la mención de la vulneración del derecho
al debido proceso, sino, que, para entender como acreditado el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su
carácter desproporcionado y; iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela, debe
aportar elementos suficientes que permitan al Juez constitucional advertir tal
vulneración21.
4.3. En lo que respecta al cargo de desconocimiento del precedente judicial, la Sala
advierte que la sentencia cuestionada se fundamentó en la inoperancia probatoria de
la parte actora y no en la aplicación indebida del precedente o la omisión de su estudio.
Aunado a ello, tras revisar el contenido del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia en el proceso ordinario, se observa que el demandante
no aludió a ninguna de las decisiones judiciales que enlistó en el escrito de tutela y cuya
aplicación pretende a través de este mecanismo constitucional. Por lo tanto, se trata de
una falencia que no puede ser subsanada en sede de este mecanismo constitucional.
Así las cosas, la Subsección comparte la tesis del fallo impugnado y, por lo tanto, lo
confirmará.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de diciembre de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase
20 Ibidem
21 Sentencia SU215/22
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06017-01
Accionante: Pedro Herrera Villa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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