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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06026-00

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06026-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por TCC Logística Integral S.A.S., a través de su representante legal para asuntos administrativos y judiciales, en contra del Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06026-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

6 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06026-00

Accionante: TCC LOGISTICA INTEGRAL S.A.S.

Accionado: JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Requisito general
de procedencia del amparo constitucional que no se satisface cuando el accionante
no cumple su carga argumentativa, y utiliza la tutela como una instancia adicional
para revisar la decisión con fundamento en discrepancias de interpretación legal.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la sociedad TCC Logística Integral S.A.S. (en adelante, TCC, la accionante o la
compañía), de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 9 de agosto de 2024 la accionante, mediante su representante legal para
asuntos administrativos y judiciales2, presentó acción de tutela en contra del
Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga (en lo
sucedáneo, Juzgado 11) y del Tribunal Administrativo de Santander (TAS), con el
fin de que le sean amparados sus derechos al debido proceso, defensa,
contradicción y acceso a la administración de justicia, conculcados a su juicio por
las autoridades judiciales accionadas de acuerdo con lo siguiente:

1 Ingresada para fallo el 22 de noviembre de 2024.
2 Según el certificado de existencia y representación de la sociedad, en: Índice SAMAI tutela núm.
2, archivo: “7ED_Poder(.pdf)”

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06026-00
Accionante: TCC Logística Integral S.A.S.
Accionados: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y Tribunal
Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Hechos relevantes

2. Luego de adelantar el procedimiento de requerimiento especial por
inexactitud en la declaración tributaria presentada por la compañía, la Secretaría de
Hacienda del Municipio de Floridablanca (en adelante, el Municipio) profirió la
liquidación oficial de revisión núm. 0977 del 18 de marzo de 2022 en la que liquidó
“un mayor impuesto de avisos y tableros por $2.162.000, un mayor valor de la
sobretasa bomberil por $216.000 y una sanción por inexactitud por un valor de
$2.378.000”. TCC formuló recurso de reconsideración que fue denegado mediante
la Resolución 2120 del 30 de mayo de 2023, notificada electrónicamente el 1° de
junio de ese año.

3. La accionante impugnó, a través de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, la liquidación oficial de revisión 0977 de 2022 y la Resolución 2120 de
2023, mediante mensaje de datos enviado a la Oficina de Servicios Judiciales de
los Juzgados Administrativos de Bucaramanga el día lunes 2 de octubre de 2023 a
las 16:46, considerando que el plazo para formular la reclamación judicial vencía
ese mismo día “a las 11:59 p.m”.

4. Por reparto, la acción judicial fue conocida por el Juzgado 11 que, en auto
del 19 de enero de 2024 rechazó la demanda porque su presentación fue
extemporánea. Según esta decisión, el Acuerdo que rige los juzgados del circuito al
cual pertenece el despacho dispone que la hora de cierre es a las 16:30, y
comoquiera que la comunicación fue posterior a ese momento, conforme a lo
dispuesto en el artículo 109 del Código General del Proceso (CGP), aplicable al
asunto por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), acaeció la caducidad de la acción.

5. El 25 de enero de 2024, TCC apeló la decisión que rechazó la demanda
porque el auto incurrió en (i) “Defecto sustantivo por falta de aplicación de los
artículos 59 y 60 de la Ley 4 de 1958 – Vulneración al derecho de acceso a la
administración de justicia” porque la demanda fue radicada dentro del término legal;
(ii) “Defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto – prevalencia de la
sustancia sobre la forma, derecho de defensa y principio de confianza legítima”.

6. Mediante decisión del 11 de septiembre de 2024, el TAS confirmó la decisión
del Juzgado 11, con el argumento de que las normas invocadas por el apelante no
eran aplicables al caso concreto ya que el artículo 109 del CGP es norma especial
en materia contencioso administrativa, y es clara en referirse a cualquier tipo de
memorial presentado por mensaje de datos, incluyendo la demanda. De esta
manera, para el órgano de alzada, la providencia no incurrió en ninguno de los
yerros puntualizados por el recurso.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06026-00
Accionante: TCC Logística Integral S.A.S.
Accionados: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y Tribunal
Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Pretensiones

7. La accionante solicita, por vía del amparo constitucional, lo siguiente [se
transcribe textualmente]:

“1. Ordenar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción, así como de acceso a la administración de justicia
de TCC conforme a lo dispuesto en el artículo 29 y 229 de la Constitución
Política Nacional, conculcados dentro de los radicados nro. 68001-33-33-
011-2023-00254-00 y 68001-33-33-011-2023-00254-01.

2. Dejar sin efectos el auto que rechaza demanda proferido el 19 de enero
de 2024 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga y el auto que confirmó el rechazo de la demanda dictado el
11 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander M.P.
Julio Edisson Ramos Salazar.

3. Ordenar al despacho judicial correspondiente, que dentro del término de
diez (10) días se profiera una nueva providencia, en la que se estudie la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentado por la Compañía, bajo la salvaguarda de sus derechos
fundamentales amparados.”.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. Advirtiendo que la presente acción no “se está promoviendo con el ánimo de
auto habilitar [sic] una nueva o tercera instancia donde se vuelva a debatir y decidir
lo ya discutido y decidido ante y por la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en sede ordinaria”, la accionante expresó que tanto el Juzgado 11 como el TAS
conculcaron sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia porque:

9. En su criterio, la demanda reúne las exigencias generales de la tutela contra
providencias judiciales. Así, la actora expone que este asunto tiene relevancia
constitucional porque: (i) la controversia versa sobre temáticas propias de la Carta
Política y no meramente legal y/o económico; (ii) las decisiones judiciales impiden
las garantías constitucionales; y (iii) la tutela “no busca reabrir un debate jurídico
que ya concluyó, sino que el juez de tutela mediante un juicio de validez determine
la trascendencia de los derechos fundamentales menoscabados y los salvaguarde”.
Así mismo, indica que agotó todos los medios de defensa judicial, por lo que
satisfizo el requisito de subsidiariedad; además, la súplica de amparo constitucional
fue formulada un mes y medio después de la notificación del auto de segunda
instancia, acatando el mandato de inmediatez; y se configuró un perjuicio
irremediable, grave e impostergable.

10. En cuanto a las causales específicas, señala que en el sub judice se
configuró el defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, toda vez
que dejó de considerarse el término previsto por el artículo 62 de la Ley 4 de 1913
“Sobre régimen político y municipal” que establece que todos los plazos de días,

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06026-00
Accionante: TCC Logística Integral S.A.S.
Accionados: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y Tribunal
Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

meses o años, mencionados por normas legales, se entienden terminados a la
medianoche del último día del plazo. Las accionadas soslayaron la aplicación de
esta norma, y en su lugar, emplearon de forma taxativa y estricta el artículo 109 del
CGP en detrimento de los derechos fundamentales de la actora, e impidieron la
eficacia del derecho sustancial. En ese sentido, destacó que:

“… aunque en materia contencioso-administrativa existe una normatividad
especial consagrada en el artículo 109 del Código General del Proceso,
según lo dispuesto por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, el cierre del
despacho no puede utilizarse como rigorismo procedimental que obstaculice
e impida a TCC acceder a la administración de justicia. Esto es
especialmente relevante considerando que la diferencia fue de tan solo 16
minutos, ocasionada por el traslado del mensaje de datos al buzón
electrónico de la Oficina de Servicios Judiciales”.

11. Igualmente, las actuaciones del Juzgado 11 y del TAS, incurrieron en
violación directa de la Constitución porque los pronunciamientos desconocieron “por
completo” los artículos 29 y 209 de la norma superior y le atribuyeron “un alcance
insuficiente”.

Trámite en primera instancia

12. El 7 de noviembre de 2024, fue admitida la acción de tutela 3, y se ordenó la
notificación a las accionadas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. También se dispuso la vinculación del Municipio de Floridablanca como
tercero con interés en las resultas de la presente acción, y el Juzgado 11 fue
conminado a remitir “el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicación 68001-33-33-011-2023-00254-00/01”.

Intervenciones

13. El Secretario Jurídico del Municipio se opuso a las súplicas de la tutela, y
alegó que la tutela no podía revivir asuntos decididos con fuerza de cosa juzgada.
Indicó que no se cumple con el requisito de inmediatez porque pasaron casi dos
meses de la presentación de la medida constitucional sin que existan hechos que
justifiquen la tardanza. Además, consideró que no se vulneró ningún derecho
fundamental, como lo afirmó la actora.

14. Las demás partes guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

15. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto porque, contrario a lo que afirmó el accionante, el asunto carece
de relevancia constitucional, por lo que no se satisface uno de los requisitos

3 Índice SAMAI núm. 4.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06026-00
Accionante: TCC Logística Integral S.A.S.
Accionados: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y Tribunal
Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

generales trazados de forma pacífica y reiterada para que proceda la tutela contra
providencias judiciales.

16. Cabe recordar que la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 del 8 de
junio de 20054, sistematizó las exigencias que la acción de tutela debe reunir cuando
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales provienen de una providencia
judicial, entre los requisitos generales de procedencia y las causales específicas de
procedibilidad, las primeras de carácter procesal y las segundas de naturaleza
sustantiva5.

17. Entre los primeros, destaca el requisito de relevancia constitucional,
entendiendo que la tutela no corresponde a un “juicio de corrección” sino de validez
por un ostensible desconocimiento de derechos y garantías fundamentales. Entre
otras finalidades6, la exigencia expuesta “impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial”7.

18. De esta manera, la relevancia constitucional depende de dos aspectos: (i)
que el actor cumpla con la carga argumentativa que evidencie la afectación
irremediable de derechos fundamentales y exhiba “de manera razonable una
restricción desproporcionada a los derechos mencionados”8, sin que resulte
suficiente la mera alegación sobre la infracción de garantías superiores y; (ii) que la
vía de amparo constitucional no se constituya en un recurso o instancia adicional en
la cual se suplante al juez natural de la causa en el análisis del asunto sometido a
su conocimiento, bajo la comprensión de que este mecanismo especial está
diseñado para proteger derechos fundamentales y no para reabrir la discusión sobre
la base de los reproches que el actor tenga en contra de la decisión judicial.

19. En el caso concreto, el expediente digital del proceso adelantado ante el
Juzgado 119 muestra que la demanda fue remitida bajo estas condiciones:

4 M.P. Jaime Córdoba Triviño
5 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel
Cabo. Consideraciones 8 a 11.
6 “… esta Corte ha manifestado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: (i)
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad ; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”: Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal
Pulido.
7 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-128 del 6 de mayo de 2021. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger. Consideración 4.1. (Subrayas ajenas al original del texto).
8 Sentencia SU-215/22, antes citada.
9 En página web:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=68001333301120230
0254006800133 (índice núm. 1).

5

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Accionante: TCC Logística Integral S.A.S.
Accionados: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y Tribunal
Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

20. Con estos datos que por demás no fueron controvertidos ni refutados por el
accionante en el sentido de indicar que el mensaje llegó en un momento diferente o
de probar un problema técnico que dificultó o retardó la radicación, en la decisión
de rechazo de la demanda del 19 de enero de 202410, el Juzgado 11 planteó que el
Acuerdo No. 2306 de 200411 determinó que el cierre del despacho judicial “se da a
las 16:30 o 04:30 PM”12, por lo que, siguiendo lo ordenado en el inciso cuarto del
artículo 109 del CGP13 aplicable al proceso contencioso administrativo en general,
y a la presentación de demandas en particular, indicó:

“… comoquiera que, la demanda fue presentada el 2 de octubre de 2023 -
último día en que podía presentarse la demanda de manera oportuna- a las
16:46 o 04:46 PM, es decir, de manera posterior al cierre del despacho
judicial, debe entenderse que, lo fue extemporáneamente.

Con base en lo expuesto, este Despacho ordenará rechazar la demanda, de
conformidad con el artículo 169 numeral 1 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-.

21. La compañía formuló recurso de apelación14 en contra de la decisión del
Juzgado 11, exponiendo como motivos de inconformidad los que denominó:

“1. Defecto sustantivo por falta de aplicación de los artículos 59 y 60
de la Ley 4 de 1958 - Vulneración al derecho al acceso a la
administración de justicia – La demanda fue radicada dentro del

10 Expediente digital, en Índice SAMAI tutela núm. 2, archivo:
“6ED_ANEXOS_6_11_202415_3(.pdf)”.
11 «Por el cual se establece la jornada de trabajo y el horario de atención al público en los despachos
judiciales de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja»
12 El pie de página núm. 1 de la decisión cita lo siguiente: “ARTICULO PRIMERO. - A partir del día
primero (1°) de marzo de dos mil cuatro (2004), en los despachos judiciales de Bucaramanga,
incluyendo el Consejo Seccional de Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial y su área metropolitana, que comprende los municipios de Floridablanca, Piedecuesta, Girón
y Barrancabermeja, se laborará de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con horario de atención
al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.”.
13 “Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si
son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término”.
14 Índice SAMAI Juzgado 11, núm. 6.

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Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

término del inciso d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA – 4
meses-.

[…] 2. Defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto -
prevalencia de la sustancia sobre la forma y defensa y el principio de
confianza legítima.” (Subrayas y negrillas originales del recurso).

22. La primera de las censuras indicó que los artículos 59 y 60 de la Ley 4 de
1913 y los artículos 67 y 68 del Código Civil son:

“… normas de orden público, que corresponden a preceptos que no son
susceptibles de ser obviados ni siquiera por el acuerdo de voluntades entre
los particulares, pues conciernen al interés público y social del Estado,
normas orientadas a la seguridad, solidaridad y justicia y en esa medida bajo
ninguna circunstancia es válido que el término de caducidad del medio de
control sea cercenado y le sea negado el derecho al estudio de la demanda
interpuesta por mi representada, aduciendo que la demanda fue
extemporánea cuando para todos los efectos se presentó dentro del término
de 4 meses previstos en la Ley para su presentación, y los 4 meses fenecían
el 2 de octubre de 2023 a las 12:00 am.

[…] Así las cosas, la incorporación de documentos remitidos vía mensaje de
datos y sus términos deberían ser considerados presentado en tiempo, si se
presentan antes de finalizado el día en el cual vencen los términos, de lo
contrario estaría a disposición de los Despachos y el aparato judicial el
reducir los plazos que han sido instaurados por la Ley a su arbitrio y según
considere debería ser su horario de atención, lo que vulnera de forma
flagrante el derecho al debido proceso, defensa, seguridad jurídica. [sic]”.

23. El segundo de los reproches formulados indicó que la decisión, al rechazar
la demanda soslayando lo previsto en las normas invocadas que entienden la
culminación de los plazos a media noche del último día de su vencimiento, implicó
“una violación del derecho al debido proceso y defensa de mi representada, así
como una vulneración al principio de confianza legítima que rige al ordenamiento
jurídico colombiano, configurándose un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto”, contrarió el ordenamiento jurídico y vulneró el derecho de TCC de
“acceder en condiciones de igualdad ante la jurisdicción contencioso administrativa,
así como obtener decisiones motivadas, y defender sus intereses mediante el uso
del aparato judicial nacional, violando el derecho de acceso a la justicia”.

24. El TAS, en auto de Sala del 11 de septiembre de 202415, confirmó la decisión
apelada, y respondió a los cargos de la alzada en estos términos:

“Al respecto advierte la Sala que efectivamente las normas que invoca la
parte demandante establecen que todos los plazos de días, meses o años,
de que se haga mención legal, se entenderán que terminan a la medianoche

15 Índice SAMAI tutela núm. 2, archivo: “5ED_ANEXOS_6_11_202415_3(.pdf)”.

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Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

del último día del plazo y que cuando se exige que haya transcurrido un
espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se
entenderá que estos derechos nacen o expiran a la medianoche del día en
que termine el respectivo espacio de tiempo.

No obstante, esta norma no resulta aplicable al caso en concreto,
comoquiera que en materia contencioso administrativo se tiene
normatividad especial, siendo preciso acudir al artículo 109 del Código
General del Proceso que resulta aplicable, por remisión expresa del artículo
306 de la Ley 1437 del 2011. La mencionada norma prevé la manera en que
pueden presentarse los diferentes memoriales y comunicaciones ante las
autoridades judiciales.

Igualmente, consagra expresamente cómo deben entenderse radicados
aquellos escritos que son allegados por mensaje de datos. Sobre el
particular, la norma es transparente en señalar que se entenderán
oportunamente recibidos siempre que sean enviados antes del cierre del
despacho del día en que vence el término.

Por memorial la norma se refiere a cualquier escrito que deba ser
presentado en una actuación judicial, bien sea para iniciarla a través del
escrito introductorio como lo es la demanda o para continuarla y hacer valer
los recursos y demás derechos procesales. De modo que, si se acude a los
despachos y corporaciones judiciales el día en que vence un plazo
legalmente establecido, después del cierre de aquellos, la intervención
respectiva es extemporánea, sin excluir de dicha regla la presentación de
las demandas.

Así las cosas, de acuerdo con las pruebas, la Sala constató que la demanda
fue radicada mediante correo electrónico el 2 de octubre del 2023 a las 16:46
p. m., esto es fuera del horario de atención al público en los Juzgados
Administrativos de Bucaramanga, en la medida que según lo previsto en el
Acuerdo No. 2306 de 2004 “a partir del día primero (1°) de marzo de dos mil
cuatro (2004), en los despachos judiciales de Bucaramanga, incluyendo el
Consejo Seccional de Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial y su área metropolitana, que comprende los
municipios de Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja, se
laborará de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con horario de
atención al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.” (resaltado fuera de texto)

Conforme a lo anterior, había de entenderse que en efecto la demanda se
presentó el 3 de octubre de 2023, esto es, de manera extemporánea,
comoquiera que el plazo de caducidad para el ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento que nos ocupa se extendía solo hasta el 2 de
octubre de 2023 a las 4:30 p. m. (hora de cierre de los Juzgados
Administrativos en Bucaramanga), sin que esta postura comprenda un
exceso ritual manifiesto, en la medida que la norma es clara en señalar que
los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán
presentados oportunamente sin son recibidos antes del cierre del despacho

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Accionante: TCC Logística Integral S.A.S.
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Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

recibido siempre que sean enviados antes del cierre del despacho del día
en que vence el término”.

25. De lo expuesto se desprende que, pese a manifestar lo contrario, la
accionante formula en esta tutela reparos idénticos a aquellos expuestos ante el
TAS en segunda instancia para impugnar la decisión que rechazó su demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Municipio, y que fueron
expresamente analizados por el ad quem en su pronunciamiento. Así, es indudable
la pretensión de la actora en añadir una instancia judicial, en busca de que esta
Corporación atienda sus objeciones a la decisión interlocutoria, respecto de la
interpretación, vigencia y aplicación del derecho legislado que regula la
presentación oportuna de memoriales ante la Administración de Justicia, pese a que
el mecanismo de protección constitucional no está llamado a desplazar la labor del
juez competente para resolver la controversia16.

26. De otra parte, la Sala observa que la demanda no satisface la carga
argumentativa exigida para comprender que el asunto reviste de relevancia
constitucional, toda vez que, más allá de alegar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, no dejó entrever la palmaria desproporcionalidad o
injusticia en preservar el rechazo de la demanda, evidenciando bien sea que “la
presentación del respectivo memorial ocurrió en un horario diferente”17 o que el
arribo extemporáneo del mensaje de datos se produjo por cuestiones técnicas no
atribuibles a la actora18, o que el Acuerdo No. 2306 de 2004 que establece el horario
de atención al público en el circuito de Bucaramanga estuviese derogado, entre
otras circunstancias particulares del caso que excepcionalmente podrían justificar
la intervención del juez constitucional.

27. Por todo lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
formulada por la compañía, al carecer de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

16 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
tutela del 12 de septiembre de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2024-01578-01. C.P. Oswaldo Giraldo
López.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Auto
unitario del 20 de agosto de 2024. Rad. 76001-23-33-000-2023-00670-01 (71475). C.P. María
Adriana Marín.
18 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia de tutela del 19 de febrero de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2023-06318-01. C.P. Nicolás
Yepes Corrales (E).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06026-00
Accionante: TCC Logística Integral S.A.S.
Accionados: Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y Tribunal
Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por TCC
Logística Integral S.A.S., a través de su representante legal para asuntos
administrativos y judiciales, en contra del Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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