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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06035-00

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06035-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Oneyda María Castro Guerrero, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06035-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

6 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06035-00
Demandante: Oneyda María Castro Guerrero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06035-00
Demandante: ONEYDA MARÍA CASTRO GUERRERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – La accionante cuenta con el recurso extraordinario
de revisión para controvertir la nulidad originada en la sentencia contra la cual no procede
recurso / PERJUICIO IRREMEDIABLE – La actora no acreditó estar en presencia de
alguna situación que amerite la intervención urgente del juez de tutela.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Oneyda María Castro
Guerrero contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 6 de noviembre de 20241, la señora Oneyda María Castro Guerrero,
mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el objeto de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, los cuales estima vulnerados por la sentencia del 29 de

1 Se advierte que, el 22 de noviembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06035-00
Demandante: Oneyda María Castro Guerrero

agosto de 2024, dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 54001-23-33-000-2019-00200-01. Formuló las
siguientes pretensiones (transcripción textual):

1.- Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, conculcados
por la Sentencia del 29 de agosto de 2024 notificada electrónicamente el día
20 de septiembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Segunda – Subsección A, en el trámite
del medio de control de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
identificado con el Radicado No. 54001-23-33-000-2019-00200-01 (2848-
2024), impetrado por medio de apoderado, por la accionante en contra de la
Nación – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al vulnerar los
derechos fundamentales al debido proceso, en el núcleo esencial de la
administración de justicia (arts. 29, 228 y 229 Const.), la igualdad (art. 13
Const.), las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25.1
CADH en concordancia con el art. 93 Const.), por desconocer abiertamente
el precedente judicial y vulnerar directamente la Constitución.

2. Que como consecuencia de la anterior decisión se profiera una orden
judicial con destino al Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda – Subsección A para que dicte una
sentencia de reemplazo que confirme la providencia del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander del 21 de marzo de 2024, bajo los
parámetros de justicia que establezca el Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en su rol de Juez Constitucional y se realicen las
consecuentes condenas que revindique y restablezcan los derechos
conculcados a Oneyda María Castro Guerrero.

2. Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos
fácticos jurídicamente relevantes:

3. La señora Oneyda María Castro Guerrero en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la anulación de los actos que le
negaron el reconocimiento y pago de la prima técnica. A título de restablecimiento
del derecho pidió que se ordenara al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
en adelante ICBF, pagar dicho emolumento en virtud de Decretos 1661 de 1991,
2164 de 1991 y el régimen de transición consagrado en el artículo 4 del Decreto

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1724 de 1997. Al proceso le correspondió el radicado 54001-23-33-000-2019-
00200-00/01.

4. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
que, mediante sentencia del 21 de marzo de 2024, accedió a las pretensiones de
la demanda.

5. Inconforme con la decisión, el ICBF presentó recurso de apelación, que se
resolvió por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con sentencia
del 29 de agosto de 2024.

6. Señaló que el argumento que tuvo el Consejo de Estado para revocar la
sentencia favorable y, en su lugar, negar las pretensiones, fue que la prima técnica
no tenía una regulación o reglamentación interna en el ICBF. No obstante, ese no
fue un punto objeto de apelación por parte de la entidad recurrente.

7. Sostuvo que la sentencia objeto de reproche, incurrió en los siguientes defectos:

8. Defecto sustantivo. Se desconoció el principio de limitación de competencias
del juez de la apelación, consagrado en los artículos 320 y 328 del CGP,
aplicables por remisión expresa del artículo 267 del CPACA.

9. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en tratándose de un apelante único, el juez
de segunda instancia debió limitarse a estudiar únicamente los asuntos que fueron
objeto del recurso.

10. Defecto procedimental absoluto. La autoridad judicial accionada se
extralimitó en sus competencias y negó el derecho pretendido (prima técnica por
evaluación del desempeño), por una supuesta falta de reglamentación al interior
del ICBF, aspecto que no se planteó en la alzada.

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11. Desconocimiento del precedente. No se tuvo en cuenta la sentencia de
revisión del 27 de octubre de 2000 (no dio datos adicionales de la providencia),
que se refirió al límite competencial del ad quem en los casos de apelante único e
indicó que la extralimitación injustificada de dicha competencia desconoce el
principio de congruencia.

12. A su juicio, el límite de la autonomía judicial conlleva que, al momento de
proferirse el fallo de segunda instancia, si el apelante es único, el operador judicial
se limite exclusivamente a los asuntos propuestos por el recurrente.

Trámite impartido e intervenciones

13. Mediante auto del 13 de noviembre de 2024, se admitió la acción de tutela y
se ordenó que se notificara a los magistrados que integran la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, como accionados; y como tercero con
interés se ordenó notificar al ICBF.

14. Igualmente, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

15. El ICBF, a través de apoderada, sostuvo que debe darse prevalencia a la ley
especial sobre la general, de manera que, en el presente caso debe preferirse la
aplicación del CPACA, en su artículo 187, que permite al juzgador de segunda
instancia pronunciarse sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra
que encuentre probada.

16. Pese a ser debidamente notificados, los magistrados que integran la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no rindieron
informe alguno.

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18. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Problema Jurídico

19. La Sala deberá examinar si se vulneraron los derechos fundamentales de la
señora Oneyda María Castro Guerrero, para ello, en primer lugar, analizará si está
acreditado o no el cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Sólo en el evento
de que se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se
estudiará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos esgrimidos y,
por ende, vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante.

Análisis de la Sala

El requisito general de la subsidiariedad2

20. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.

21. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de

2 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).

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protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

22. No en vano los artículos 863 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 19914 prevén como causal de improcedencia de la acción de
tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En
ese sentido, la Corte Constitucional manifestó5:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente
a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no
puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo
que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para
esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con
la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto,
un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el
fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio
de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los

3 «Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)».
(se destaca).
4 «Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante (…)».
5 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales.

23. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente.

24. Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este
se puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a
producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a
la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención
urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note
sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a
la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales.

25. La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el
perjuicio irremediable, así6: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la
medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

Caso concreto y solución del problema jurídico

26. De entrada la Sala encuentra que la acción de tutela ejercida por la señora
Oneyda María Castro Guerrero no satisface el requisito general de subsidiariedad.

6
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando
a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.

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27. Para llegar a la anterior conclusión, es pertinente señalar que la jurisprudencia
tanto de la Corte Constitucional como de esta Corporación ha entendido que la
violación al debido proceso constituye una causal de nulidad, cuando el juez
determina de manera razonable y justificada que los hechos alegados contrarían
este derecho fundamental.

28. Por esta vía, el Consejo de Estado ha considerado como causal de nulidad de
la sentencia, entre otras, la carencia absoluta de motivación, la violación al
principio de la non reformatio in pejus, la prueba obtenida con violación del debido
proceso, la expedición de una sentencia condenatoria contra un tercero que no
estuvo vinculado en el proceso y la falta de congruencia7.

29. En el caso de autos, la señora Castro Guerrero censura la sentencia proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de
agosto de 2024, básicamente, porque a su juicio, la providencia desconoció los
principios de non reformatio in pejus y de congruencia.

30. En efecto, la actora argumenta que en la sentencia objeto de reproche
concurren los defectos sustantivo, procedimental absoluto y desconocimiento del
precedente, fundamentalmente, porque el ad quem contrarió los artículos 320 y
328 del CPACA, al extralimitarse en su competencia estudiando aspectos que no
fueron objeto de impugnación por parte del apelante único.

31. A este punto, es oportuno recordar que, el principio de congruencia,
consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso, delimita el
contenido de las decisiones judiciales, para que estas se profieran de acuerdo con
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión,

Sentencia de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-02724-00(REV).
Ver también: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de
Decisión, Sentencia de 13 de octubre de 2020, Radicado 2019-00119-00(REV).

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los argumentos y el alcance de las peticiones y excepciones formuladas por las
partes, de modo que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y
excepciones oportunamente aducidas, salvo que la ley otorgue facultades o
competencias oficiosas al juzgador.

32. Esta Corporación ha considerado que la congruencia se divide en interna y
externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte
motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda propende porque la
decisión contenida en la parte resolutiva de la providencia sea concordante con lo
pedido en la demanda, en su contestación o en el recurso interpuesto. Se ha
indicado, así, que:

El petitum, entonces, deberá expresar claramente la modificación o reforma
que se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte
del juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser
tanto interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida
entre el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las
excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en
los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A., en concordancia con
el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas
pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones’. No debe olvidarse,
además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva ‘deberá
contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la
demanda...’. La congruencia interna, está referida a la armonía y concordancia
que debe existir entre las conclusiones judiciales derivadas de las
valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en la parte
considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la sentencia8.

33. La Corte Constitucional, por su parte, se ha referido a este principio procesal,
para precisar lo siguiente:

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de
2002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección
Segunda– Subsección B, M.P. Cesar Palomino Cortés, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00.

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[E]l juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por
consiguiente, es su obligación explicar las razones por las cuales no se
ocupará del análisis de fondo de alguna de las pretensiones. Adicionalmente,
el juez tiene a su cargo el deber de fallar con fundamento en la realidad fáctica
demostrada, por cuanto, su decisión, de ninguna manera, puede
fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que pudo ser, pero que
las partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la actuación
procesal9.

34. En tal virtud, la sentencia debe ser objeto de revisión extraordinaria cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando carece de coherencia externa
y/o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador
excede su competencia, la que, se insiste, está determinada por las pretensiones
y fundamentos de la demanda, o los argumentos del recurso.

35. En consecuencia, la Sala considera que la providencia judicial objeto de
reproche es susceptible de ser controvertida ante el juez natural de la causa a
través del recurso extraordinario de revisión, de conformidad con lo consagrado
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA: «[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».

36. Esto, teniendo en cuenta que en el caso bajo examen existe una sentencia
que puso fin al proceso (providencia censurada), contra la cual no procede
recurso alguno y que, de conformidad con los argumentos esgrimidos por la
accionante, podría estar viciada de nulidad.

37. Así las cosas, la Sala considera que la tutela deviene en improcedente, por
cuanto la señora Castro Guerrero dispone de otro mecanismo judicial para
reclamar la protección de los derechos fundamentales invocados, cual es el

9
Corte Constitucional, sentencia T-961 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en la
sentencia T-079 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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recurso extraordinario de revisión, para cuya interposición se encontraría en
término, toda vez que no se ha vencido el año previsto en el artículo 251 del
CPACA10. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de lo que eventualmente decida
el juez natural sobre la admisibilidad o no del recurso extraordinario de revisión.

38. Ahora bien, la Sala no desconoce que puede flexibilizarse la regla de la
subsidiariedad cuando se avizora la existencia de un perjuicio irremediable o
cuando la situación amerite la intervención urgente del juez de tutela; sin
embargo, en el caso particular no se reúnen esos elementos. De hecho, la
accionante ni siquiera menciona encontrarse en una situación que, por su
inminencia, gravedad o impostergabilidad requiera de la intervención urgente del
juez constitucional.

39. Conforme a todo lo razonado, la Sala declarará improcedente la tutela, por
cuanto, no satisface el requisito general de subsidiariedad.

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Oneyda María Castro Guerrero, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

10 «ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse

dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. (…)».

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TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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