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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06044-00

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06044-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Anderson Bastidas Pérez, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06044-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

12 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06044-00
Demandante: Anderson Bastidas Pérez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06044-00
Demandante ANDERSON BASTIDAS PÉREZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y
especiales de procedibilidad. Defectos fáctico, de desconocimiento
del precedente y violación directa a la Constitución. Medio de control
de reparación directa-privación injusta de la libertad. Legalidad y
razonabilidad de la medida de aseguramiento. Presupuestos de la
medida de aseguramiento en la Ley 906 de 2004.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela incoada por Anderson Bastidas Pérez, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de noviembre de 20241, Anderson Bastidas Pérez interpuso acción de tutela
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila porque
consideran que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
libertad, de acceso a la administración de justicia y el principio de presunción de
inocencia. Esto, con ocasión a la sentencia del 20 de febrero de 2024, en la que
esa autoridad judicial revocó la decisión de condena de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda en el proceso de reparación directa nro.
41001 33 33 005 2018 00186 01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. DECLARAR que el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA
– SALA SEGUNDA DE DECISIÓN - SEGUNDA INSTANCIA, ha incurrido en violación directa
de la constitución, en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente jurisprudencial
de conformidad con los argumentos anteriormente esgrimidos.
SEGUNDA. DECLARAR la VULNERACIÓN de los derechos a la LIBERTAD, LA DIGNIDAD,
AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA que le asiste
a mi prohijado.
TERCERA. Como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN EFECTOS la providencia de fecha
13 de agosto de 2024, Sentencia de Segunda Instancia, dentro del proceso de Reparación
Directa No. 41001333300520180018601, donde se REVOCA la sentencia adiada el 18 de
febrero de 2020, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, y se niegan las
pretensiones de la demanda de reparación directa.
CUARTA. Como consecuencia de lo anterior ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN proferir una nueva
providencia donde se aplique en debida forma la legislación que regula la materia. »2

1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índice 2).
2 Páginas 8 y 9 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
1

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Demandante: Anderson Bastidas Pérez

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 23 de noviembre de 2015, agentes de la Policía Nacional capturaron al
señor Anderson Bastidas Pérez en el municipio de San Agustín, Huila. Al día
siguiente, la Fiscalía Local 35 de San Agustín solicitó al Juzgado Único
Promiscuo Municipal de ese municipio la realización de las audiencias
preliminares teniendo al procesado como posible autor de los delitos de
homicidio y lesiones personales.

El juzgado promiscuo legalizó la captura, imputó al señor Bastidas Pérez los
punibles de homicidio y lesiones personales e impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

Posteriormente, el 18 de mayo de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Pitalito, Huila, con funciones de conocimiento, profirió sentencia absolutoria
a favor del señor Anderson Bastidas Pérez. Dicha decisión no fue apelada por
la Fiscalía Seccional 26, por lo que adquirió firmeza.

La medida privativa de la libertad estuvo vigente desde el 25 de noviembre de
2015 hasta el 21 de marzo de 2017.

2.2. Consecuencia de lo anterior, el señor Anderson Bastidas Pérez y sus
familiares promovieron demanda de reparación directa contra la Nación, Rama
judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial por el daño antijurídico que
padecieron con ocasión a la privación de la libertad antes expuesta y para que
se las condenara al pago de perjuicios materiales e inmateriales.

El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado
Quinto Administrativo de Neiva bajo el radicado nro. 41001 33 33 005 2018
00186 00. En sentencia del 18 de febrero de 2020, esa autoridad judicial
declaró que la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación eran
responsables solidaria y administrativamente por los perjuicios que sufrieron
los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad de la que
fue objeto el señor Bastidas Pérez.

En este caso, se concluyó que, aunque inicialmente existían indicios graves
que justificaron la medida de aseguramiento contra Anderson Bastidas Pérez,
pero estos fueron desvirtuados en el proceso penal, lo que dio lugar a su
absolución. Se determinó que el daño es imputable al Estado, dado que la
privación de la libertad constituyó un daño excepcional y anormal que excede
las cargas públicas ordinarias, vulnerando el derecho fundamental a la libertad
(artículo 28 de la Constitución Política).

2.3. Las entidades demandadas apelaron la sentencia de primera instancia. La
Rama judicial manifestó que el juzgado se equivocó al analizar el caso desde
el régimen objetivo de responsabilidad. En ese sentido explicó que la
sentencia penal absolutoria se fundamentó en la falta de pruebas idóneas para
atribuirle responsabilidad, pero no implica una actuación negligente por parte
de las autoridades del proceso penal. Luego el asunto debió analizarse bajo
el régimen subjetivo y al no estar acreditada la falla en el servicio, lo adecuado
era negar las pretensiones de la demanda.

Agregó que para decidir la responsabilidad del estado era importante
considerar la influencia del comportamiento de la víctima en el desarrollo de
los hechos punibles investigados pues, «está acreditado el eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues del material probatorio se puede
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colegir que el demandante participó de manera directa en la riña, pero que no le fue
probada de manera directa la autoría del homicidio, dado que las evidencias llevadas a
juicio fueron de referencia ante la retractación del testigo presencial.»3

Por su parte, el ente investigador dijo que la solicitud de la medida de
aseguramiento se ajustó a lo establecido en el artículo 250 de la Constitución
Político y al artículo 306 de la Ley 906 de 2004 y quien la consideró procedente
fue el juez con funciones de control de garantías, por lo que la eventual
responsabilidad en este caso está en cabeza de la Rama Judicial.

La Fiscalía también manifestó que al momento en que se surtieron las
audiencias preliminares contaban con evidencia física suficiente que permitía
incriminar al señor Bastidas Pérez como posible autor de los delitos de
lesiones personales y de homicidio. En ese sentido recordó que la
investigación se originó en los informes de policía y en las declaraciones de
los testigos que señalaron al demandante como autor de la muerte
investigada.
2.4. En sentencia del 13 de agosto de 2024, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila revocó la decisión de primera instancia, para
negar las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial argumentó que la
medida de aseguramiento de detención preventiva estuvo ajustada a derecho
y fue proporcional, necesaria y razonable, lo que descarta la concreción de
una falla en el servicio atribuible a las demandadas.
Precisó que el análisis sobre la legalidad y razonabilidad de la imposición de
la medida de aseguramiento era suficiente para negar las pretensiones de la
demanda, sin que fuera necesario pronunciarse sobre la culpa exclusiva de la
víctima, pues solo es procedente ese análisis cuando se logra atribuir la
responsabilidad al Estado.
3. Fundamentos de la acción
El actor argumentó que la acción de tutela supera el examen general de
procedibilidad porque: agotó todos los recursos judiciales disponibles
(subsidiariedad), la acción se interpuso dentro de un término razonable (inmediatez) y
la situación presenta una relevancia constitucional debido a la grave violación de
derechos fundamentales al debido proceso, libertad, a la presunción de inocencia y
de acceso a la administración de justicia. Agregó que requiere el amparo de sus
derechos fundamentales ante el capricho y arbitrariedad del Tribunal Administrativo
del Huila en la decisión del caso sub examine.
Ya en cuanto al fondo del asunto, la tutela se interpone contra la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila porque los
actores estiman que incurrió en defecto fáctico, desconocimiento del precedente
judicial y en violación directa a la Constitución.
3.1. Defecto fáctico: El actor alegó la indebida valoración de las pruebas del
proceso penal como las declaraciones de los testigos, pues el juez penal en la
sentencia de absolución dijo que se trataba de declaraciones de referencia y
que eran pruebas frágiles e insuficientes para comprometer la responsabilidad
penal del procesado. Reprochó que a pesar de lo anterior, el tribunal
accionado las tuviera como fundamento para declarar la razonabilidad de la
medida de aseguramiento.
En específico, argumentó la indebida valoración de los siguientes medios de
prueba y determinaciones probatorias:

3 Página 20 de la Sentencia del 13 de agosto de 2024, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila.
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Demandante: Anderson Bastidas Pérez

(i) El testimonio del señor Paz Muñoz quien inicialmente señaló al demandante como
posible agresor, pero en el curso del proceso penal se retractó de su dicho. Esta
circunstancia no fue suficientemente considerada por el tribunal accionado.
(ii) No hubo testigos directos que señalaran al demandante como autor de la conducta
punible, pero a pesar de ello las autoridades del proceso penal basaron la
imposición de la medida de aseguramiento en una inferencia grave de la comisión
de la conducta.
A ese respecto agregó que, la accionada valoró indebidamente las pruebas de
referencia a pesar de que estas pruebas no cumplían con los estándares de
idoneidad y suficiencia exigidos en el proceso penal.
La accionada, no tomó en consideración el hecho de que el señor Bastidas Pérez
tenía arraigo en el municipio y no tenía antecedentes penales que justificaran la
medida preventiva.
(iii) El Tribunal Administrativo del Huila omitió analizar en detalle la sentencia
absolutoria emitida por el juez penal, en particular, los argumentos relativos a la
duda probatoria frente a la responsabilidad del procesado.

De acuerdo con lo anterior, concluyó que la medida de aseguramiento se
impuso sin demostrar que el demandante representara un peligro real para
entorpecer la investigación penal, que su intención fuera evadir la justicia o
que constituyera un peligro para la sociedad.

Finalmente, el accionante reprochó que la autoridad judicial declaró la
razonabilidad de la medida de aseguramiento basándose en la gravedad del
delito imputado, lo que contradice el parágrafo 1 del artículo 308 del Código
de Procedimiento Penal.

3.2. Desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la
Constitución. El accionante argumentó que el Tribunal accionado ignoró el
precedente establecido por la Corte Constitucional en la SU-072 de 2018 y por
el Consejo de Estado sobre la privación injusta de la libertad, que exige aplicar
un régimen objetivo en ciertos casos, como cuando la absolución se funda en
la inexistencia del hecho o la atipicidad de la conducta.

Se alegó que el Tribunal limitó el análisis exclusivamente al régimen subjetivo
(falla del servicio), sin considerar la posibilidad de un régimen objetivo de
responsabilidad que ha sido explorado recientemente en la jurisprudencia del
Consejo de Estado para eventos de privación injusta de la libertad. Se
relaciona al respecto, el siguiente aparte de la tutela:
«Se desconoció el precedente del Consejo de Estado que se ha construido desde el año 1996
y que ha sido confirmado en las Sentencias de unificación del año 2013 y del 15 de agosto de
2018, para en su lugar, dar prelación a la jurisprudencia constitucional, en especial, la
Sentencia C-037 de 1996.
(…)
En suma, la elección de un título de imputación exclusivo para definir la controversia no fue
suficientemente motivada, circunstancia que, de cara a la incidencia que sobre ella habría
tenido la decisión penal y la falta de análisis del otro régimen de responsabilidad, la convierte
en arbitraria por la deficiente motivación en ese aspecto»

Agregó que el fallo desconoce el precedente horizontal del Tribunal
Administrativo del Huila, pues en controversias con escenarios fácticos y
jurídicos similares al que hoy se estudia, esa Corporación ha accedido a las
pretensiones de la demanda. Pero no identifica cuál es ese precedente
horizontal desconocido.

3.3. Respecto del defecto por violación directa a la Constitución, dijo que la
sentencia acusada violó el principio de presunción de inocencia y el derecho
a la libertad garantizados en el artículo 28 constitucional y en los instrumentos
4

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internacionales sobre la materia. Dijo que el Tribunal accionado analizó de
manera arbitraria el caso concreto y justificó la medida de aseguramiento que
fue decretada con insuficiente evidencia física y elementos materiales
probatorios.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 15 de noviembre de 2024, el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por Anderson Bastidas Pérez, quien actúa en nombre
propio, contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del
Huila.
Además, vinculó, en calidad de terceros, la Nación, Rama Judicial, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación; a los señores Luz Dary Pérez Macías, Christian David
Bastidas Pérez, Duván Alejandro Bastidas Pérez, y Jeisson Germán Bastidas
Pérez; y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, todos estos
sujetos procesales en el medio de control de reparación directa nro. 41001-
33-33-005-2018-00186 00/01.
En el auto se ofició al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva para
que surtiera la notificación de los terceros y para que remitiera la copia
digitalizada del proceso ordinario analizado.
4.2. La Fiscalía General de la Nación, a través de una profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, argumentó que la petición de amparo no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, ya que busca retrotraer
actuaciones procesales de un asunto ya tramitado, lo cual desconoce la
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela. Además, no se demostró la
vulneración de ningún derecho fundamental.
En la misma línea de improcedencia, advirtió que la acción de tutela no supera
el presupuesto de subsidiariedad, dado que los accionantes cuentan con
recursos ordinarios y extraordinarios para cuestionar la decisión judicial y
procurar la protección de sus derechos, pero no los promovieron. Tampoco se
expuso un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional.
Finalmente, la Fiscalía dijo que la acción de tutela no cumple con la carga
argumentativa mínima porque el actor no acreditó la configuración de los
defectos fáctico ni en desconocimiento del precedente. Y requirió que se le
desvincule de la acción de tutela porque no tiene legitimación en la causa por
activa ya que esa entidad se limitó a solicitar la imposición de la medida de
aseguramiento con apego a los requisitos de Ley.
4.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, por
conducto apoderado judicial, solicitó que se desestime la acción de tutela
porque no comporta relevancia constitucional. Dijo que el actor no cumplió con
la carga argumentativa mínima para fundamentar el defecto fáctico ni el
desconocimiento del precedente, dado que no identificó las pruebas omitidas
ni explicó cómo se concretó la indebida valoración que afectó sus derechos
fundamentales.
A su juicio, la verdadera pretensión del actor es tomar la acción de tutela como
una instancia adicional para insistir en un debate probatorio que ya fue
debidamente concluido en el curso del proceso ordinario.
De manera subsidiaria, expuso que las actuaciones judiciales se desarrollaron
en cumplimiento del marco legal aplicable, el análisis de las pruebas aportadas
y con respeto de las garantías del debido proceso.
5

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4.4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, por conducto la
citadora del despacho relacionó la gestión de notificación del auto admisorio
de esta acción de tutela a todas las personas que conformaron la parte activa
del proceso de reparación directa nro. 41001-33-33-005-2018-00186 00/01.
También aportó el enlace web para acceder al expediente ordinario analizado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
3.1. Antes de plantear el problema jurídico, la Sala debe señalar que en este caso
se cumplen todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6

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tutela contra providencias judiciales. Esto se debe a que la acción de tutela: (i)
tiene relevancia constitucional, ya que acusa la indebida valoración de los
medios de prueba aportados al proceso y el desconocimiento del precedente
judicial vigente y aplicable, así como la violación directa a la Constitución; (ii)
se realizó una descripción clara de los hechos y pretensiones; (iii) contra la
providencia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios que permitan
procurar la protección de los derechos; (iv) la petición de amparo se presentó
en un plazo razonable, considerando que la sentencia acusada se profirió el
13 de agosto de 20248 y el amparo se promovió el 7 de noviembre de 2024; y
(v) no se discute una sentencia de tutela.

En cuanto a la relevancia constitucional, es importante señalar que la
sentencia de primera instancia condenó a la Fiscalía General de la Nación y a
la Rama Judicial por la privación de la libertad del señor Anderson Bastidas
Pérez, por lo que la apelación fue promovida únicamente por las entidades
condenadas. Así, lo que se discute en esta acción de tutela es la decisión de
la segunda instancia, que declaró que la medida de aseguramiento fue legal y
razonable, y por ello negó las pretensiones de la demanda. En este contexto,
no se puede argumentar una reiteración de argumentos ni que la acción de
tutela se haya utilizado como una tercera instancia.

3.2. Ahora bien, corresponde ahora a esta Sección establecer, la Sala Decisión
nro. 002 del Tribunal Administrativo del Huila, al proferir la sentencia del 13 de
agosto de 2024, en el marco del medio de reparación directa tramitado bajo el
radicado 41001 33 33 005 2018 00186 01, incurrió en defecto fáctico, en
violación directa a la Constitución y en desconocimiento del precedente
judicial.

4. Desconocimiento del precedente judicial: alcance y análisis en el caso
particular

4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.

Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes
para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente,
como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la
decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente
vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia
no presente una justificación razonable para apartarse del precedente
vinculante.

A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.

8 La sentencia se notificó a través de correo electrónico enviado a los sujetos procesales el 17 de septiembre
de 2014. Como prueba de lo anterior obra en el proceso ordinario el archivo denominado:
«12_TerminoEjecuto_ConstanciaNotificaci_0_20240917110002302». Samai, índice 17
7

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4.2. Ahora, con el propósito de establecer si la autoridad accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, es necesario determinar cuál era la
jurisprudencia vigente al momento de proferirse la sentencia acusada.

Visto el histórico de actuaciones del caso y el expediente ordinario digitalizado
remitido, se tiene que la sentencia acusada se profirió el 13 de agosto de 2024
y se notificó el 17 de septiembre del año en curso, lo que indica que para el
momento en que se profirió la providencia acusada, el marco jurídico para el
análisis de la privación injusta de la libertad estaba determinado por la
Sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-072 de 20189, que
retomó lo indicado por esa misma Corte en la Sentencia C-037 de 1996 ,
relativo a que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 no establece un título de
imputación único bajo el cual deban analizarse los casos de privación injusta
de la libertad, sino que corresponde al juez de la causa en cada caso
determinarlo.

En relación con la elección del régimen de responsabilidad que debe aplicarse
en eventos de privación injusta, se destacan los apartes pertinentes de la
sentencia de unificación en la jurisdicción constitucional:
«108. Lo anterior permite afirmar que establecer el régimen de imputación, sin ambages y
como regla definitiva de un proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad,
contraviene la interpretación contenida en la sentencia C-037 de 1996 que revisó el artículo
68 de la Ley 270 de 1996, el cual debe entenderse como una extensión del artículo 90
superior, dado que así fue declarado en la correspondiente sentencia de constitucionalidad.
(...)
109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial-- del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución
y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó
de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas
preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de
valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en
aplicación del principio iura novit curia, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de
Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber
demostrativo que le asiste al demandante.»

4.3. De otra parte, en la sentencia acusada, el Tribunal Administrativo del Huila
recordó que, en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la
Sección Tercera del Consejo de Estado optó por aplicar de manera preferente
el régimen objetivo de responsabilidad para decidir los casos de privación
injusta de la libertad. Pero, posteriormente, la Corte Constitucional, en
sentencia SU072 de 2018, retomando la argumentación de la C-037 de 1996,
determinó que no hay fundamento normativo que justifique aplicar
preferentemente el régimen objetivo a los casos de privación injusta de la
libertad y que corresponde al juez de la causa determinar, en cada caso, si la
medida restrictiva de la libertad fue apropiada, razonable y proporcionada.

Precisó que en sentencia del 15 de agosto de 2018 la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó criterio frente a los eventos de
responsabilidad del Estado por privación de la libertad, pero la providencia fue
dejada sin efectos en sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019 (Rad.
2019-00169).

Establecido lo anterior, concluyó:
«(…) , se debe aplicar en materia de privación injusta de la libertad personal la tesis de la
Corte Constitucional de la sentencia SU 072 de 201818, ciñéndose exclusivamente al texto

9 Reiterada en las siguientes sentencias recientes de la Corte Constitucional: T-220 de 2023, M.P. Natalia
Ángel Cabo; T-171 de 2023, M.P. Jorge Enrique Ibáñez; T-342 de 2022, M.P. Jorge Enrique Ibáñez y T-045
de 2021, M.P. José Fernando Reyes cuartas.
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Demandante: Anderson Bastidas Pérez

normativo y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, i.) que el artículo 90 de la
Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, ii.) la falla en el servicio es
el título de imputación preferente, como concluyó en el análisis de constitucionalidad del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la sentencia C-037 (C-0287) de 5 de febrero de 1996
que determinó su exequibilidad condicionada, que el significado de la expresión "injusta"
necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a
una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la
verificación de su conformidad a derecho.
(…)
Con relación al título de imputación aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, el
órgano de cierre de esta jurisdicción 10, ha sido enfático en afirmar que al operador judicial le
corresponde escoger aquel (falla del servicio, desequilibrio de las cargas públicas, riesgo
excepcional o cualquier otro) que más se ajuste a la realidad probatoria del caso que se
somete a su consideración (…)
En conclusión, de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, SU 037 de 1996 y
SU 072 de 2018, se establece que, en eventos de privación injusta de la libertad no se
determina en el artículo 90 de la Constitución Política un régimen único de responsabilidad
subjetivo u objetivo; no obstante, se privilegia el de la Falla del Servicio, en virtud del cual y
frente al caso concreto, el Juez administrativo deberá examinar si la medida de aseguramiento
privativa de la libertad personal fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
pues, tales circunstancias demarcan la antijuridicidad de daño y la responsabilidad del Estado;
en caso contrario, deberá analizarse bajo el régimen objetivo por daño especial cuando el
hecho no ha existido o la conducta es objetivamente atípica o se discutan otras circunstancias
anexas.» (Subraya propia)

4.4. Ahora bien, como el estudio del asunto se adelantó a la luz del régimen
subjetivo de responsabilidad, y por lo tanto se centró en el análisis de la
razonabilidad, legalidad y necesidad de la medida a la luz de las exigencias
del código procesal penal aplicable al caso particular, argumentación acorde
con la jurisprudencia constitucional y contenciosa vigente en asuntos de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, considera la
Sala que la premisa jurisprudencial de la sentencia del 13 de agosto de 2024,
no comporta desconocimiento del precedente invocado por la parte
accionante.

Más aún si se considera que la accionada cumplió con el deber de motivar su
sentencia en relación con el régimen de responsabilidad que estimaba era el
aplicable para resolver el litigio. Respecto del marco jurídico, se expusieron
los fundamentos legales adecuados y las reglas de decisión vigentes para
eventos de privación injusta de la libertad que están determinadas, por las
sentencias SU 072 de 2018 y C-037 de 1996.

Conforme a lo expuesto, se tiene que la aplicación para el caso concreto del
régimen subjetivo de responsabilidad atiende a (i) las reglas establecidas por
la jurisprudencia constitucional y contenciosa vigente y aplicable al caso
concreto; (ii) a la aplicación razonable y motivada del principio iura novit curia;
y (iii) a la debida consideración de las particularidades del caso concreto.
Luego, esta determinación no comporta la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte demandante.

4.5. El accionante también invocó como desconocida la sentencia de unificación
del año 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la que se indicó que debía aplicarse el régimen objetivo de
responsabilidad cuando el procesado fue privado de su libertad y es
posteriormente absuelto o se precluye la investigación a su favor.

Aunque no identificó de manera precisa la sentencia, puede esta Sala inferir
que se trata de la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la

10 «Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sentencia proferida el
22 de noviembre de 2021, dentro del expediente 50001-23-31-000-2008-00447-01 (50247)»
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Sección Tercera del Consejo de Estado optó por aplicar de manera preferente
el régimen objetivo de responsabilidad para decidir los casos de privación
injusta de la libertad. La cual por demás fue analizada por el Tribunal
Administrativo del Huila en la parte considerativa de la sentencia.

Esta providencia no era exigible para resolver el caso particular, porque no se
trata de un precedente vigente, por el contrario, contiene una tesis que fue
variada con posterioridad en las sentencias debidamente mencionadas por el
Tribunal Administrativo del Huila en el acápite que determinó el marco jurídico
en la sentencia del 20 de febrero de 2024.

5. Defecto fáctico: su alcance y análisis en el caso individual

5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
efecto, la Corte Constitucional11 ha dicho que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene dos
dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso12; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión13; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo14.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión15;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia16.

5.2. La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión17. En
suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia18.

Bajo la anterior premisa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, en
razón a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico
debe ser de carácter «extremadamente reducido», dado que es en el juicio de
valoración probatoria donde adquieren mayor trascendencia estos
principios19.

5.3. El cargo por defecto fáctico se sustentó en la omisión e indebida valoración de
los medios de prueba allegados al proceso que daban cuenta de la inocencia
del procesado y de la ilegalidad de la medida de aseguramiento, como lo era
la sentencia penal absolutoria en la que se indicó que los testimonios

11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
15 Ibídem.
16 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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recaudados contenían declaraciones de referencia y que en el curso del
proceso su peso de convicción fue desvirtuado.

También dijo que la sentencia acusada no analizó la legalidad y razonabilidad
de la medida de aseguramiento a la luz del cumplimiento de los presupuestos
legales dispuestos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

5.4. Para decidir si se concretó el alegado defecto fáctico deberá la Sala traer a
colación el juicio probatorio expuesto por la Sala de Decisión nro. 002 del
Tribunal Administrativo del Huila, en la sentencia del 13 de agosto de 2024 de
febrero de 2024, para concluir la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad
de la medida de aseguramiento, veamos.
«Para la época de los hechos que fundamentan la demanda, la norma procesal penal vigente
era la Ley 906 del 2004 (…)
Aclarado lo anterior, la Sala estima que para determinar la responsabilidad patrimonial de la
Fiscalía General de la Nación y la Nación Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, es necesario establecer si la imposición de la medida de aseguramiento resultó
irracional, ilegal, desproporcionada o innecesaria, al margen de la decisión de fondo que se
adoptó en el proceso penal, para lo cual conviene hacer las siguientes precisiones. Aclarado lo anterior, la Sala estima que para determinar la responsabilidad patrimonial de la
Fiscalía General de la Nación y la Nación Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, es necesario establecer si la imposición de la medida de aseguramiento resultó
irracional, ilegal, desproporcionada o innecesaria, al margen de la decisión de fondo que se
adoptó en el proceso penal
8.7.1. De los hechos y captura en flagrancia de Anderson Bastidas Pérez (…)
8.7.2. De las Audiencias Preliminares: Seguidamente vino la Audiencia de Solicitud de imposición de Medida de Aseguramiento, para
lo cual se le concedió la palabra la fiscal del caso, quien, conforme a lo manifestado en la
audiencia de imputación, hizo relación a la naturaleza de los delitos imputados. Solicitó la
imposición de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario conforme al artículo
307 Literal A No. 1 del C. P. Penal, a lo que el juez accedió. Encuentra la Sala de acuerdo a los hechos, el señalamiento directo, la captura en flagrancia
y acervo probatorio descrito in extenso, que se puede colegir, que Anderson Bastidas Pérez,
estaba en el deber jurídico de soportar la privación de su libertad, pues, conforme a los
elementos materiales probatorios y evidencia física y que fueron debidamente enlistadas en
la audiencia de imputación de cargos y los enunciados para la solicitud de la medida de
aseguramiento, comoquiera que la misma se sustentó en la realidad probatoria vigente al
momento de su imposición; realidad que no podía desconocerse y que al contrario, le permitía
al funcionario judicial inferir razonablemente la autoría del señor Bastidas Pérez como
partícipe del hecho delictivo, al ser señalado por el hermano del occiso, el dueño del billar
donde ocurrieron los hechos y algunos ciudadanos que los presenciaron, además de la
captura que de manera inmediata hicieran los policiales, que dio para que le imputaran los
delitos de “Homicidio y Lesiones personales Dolosas”. Para la Sala, la medida precautoria estuvo debidamente justificada y en los términos del
precedente judicial citado, fue legal porque se ajustó a los requisitos objetivos y subjetivos
descritos en el procedimiento penal (artículos 308 y 313 CPP); fue razonable por la gravedad
de los hechos denunciados; fue proporcional porque la conducta se encuentra tipificada con
pena privativa intramural de más de nueve (9) años; y fue necesaria para brindar protección
a la comunidad dada la gravedad de uno de los delitos imputados como lo es contra la vida e
integridad personal. Los hechos y los actos posteriores, adelantados por la policía judicial, daban cuenta que el
implicado podría ser autor del hecho y la variedad de delitos cometidos, siendo el más grave
el homicidio que comprende el atentar contra la vida e integridad personal de una persona,
además de las lesiones personales dolosas, donde se atentó contra la integridad física de los
hermanos Paz Muñoz.

Es cierto que con la sentencia adiada el 18 de mayo de 2018, el Juez Primero Penal del
Circuito de Pitalito, Huila, absolvió a, ante imposibilidad de desvirtuar la presunción de
inocencia, lo que significa que no es que se haya demostrado su inocencia, como se dijo en
la sentencia penal, por lo que, no se puede desconocer que, esa decisión, se adoptó con
fundamento en las pruebas practicadas y arrimadas con posterioridad a las audiencias

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preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de la medida
de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Se advierte, que si bien la fiscalía solicitó fallo condenatorio, lo fue, además de la comunidad,
por el señalamiento directo que hizo [testigo], al momento de los hechos, de Anderson
Bastidas Pérez, señalándolo como “unan persona delgada, con trenzas y con la característica
que tenía los ojos salidos…” y porque como lo indicaran los policiales que lo capturaron en el
segundo piso de la vivienda donde funciona el billar “El Paisa” donde ocurrieron los hechos,
les tocó protegerlo puesto que la turba quería agredirlo. Y si el juez penal decidió absolverlo,
fue porque la prueba practicada en el juicio no logró desvirtuar la presunción de inocencia, por
lo que consideró (…).»

Relativo a la providencia penal en la que se absolvió al procesado y a las pruebas
aportadas en el curso del proceso que, a juicio del accionante, probaban su
inocencia y la ilegalidad de la medida privativa de la libertad, el Tribunal
Administrativo del Huila razonó:
«con posterioridad a la imposición de la medida preventiva (es decir, al 24 de noviembre de
2015) y a través de las referidas pruebas, que se evidenció y llevó al juez de conocimiento a
absolver a Anderson Bastidas Pérez, sin que ello comporte o deslegitime la decisión adoptada
por el juez con funciones de control de garantías de haber impuesto la medida de
aseguramiento restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario, dado que, esta decisión
se adoptó con las pruebas inicialmente allegadas, actuación que ya fue objeto de valor y de
la que se concluyó, fue necesaria, razonable y ponderada.
En otras palabras, lo que ocurrió en el proceso penal, fue que el material probatorio que
justificó la imposición de la medida de aseguramiento no tuvo la contundencia suficiente para
sustentar una sentencia condenatoria, circunstancia que condujo a su absolución ante la
imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, todo, ante lo sucedido en la etapa del
juicio oral.
Precisa la Sala en este punto, que los requisitos en materia probatoria para la imposición de
la medida de aseguramiento son diferentes a los exigidos por el legislador para determinar la
responsabilidad penal del procesado a través de la condena, puesto que, en este último
evento las evidencias deben estar ligadas a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a efectos
de determinar con certeza su participación en el delito, a diferencia del manejo indiciario que
permite la definición de la situación jurídica, según se ha explicado. Frente a los demás
elementos, basta con señalar que la naturaleza de los delitos investigados justificaba la
restricción de su libertad, no solamente porque se trata de delitos contra la vida e integridad
personal, el orden público y social, sino porque la pena establecida para ese tipo de conductas
permitía a la fiscalía y al juez de control de garantías, actuar de la forma en que lo hicieron, lo
que denota que la investigación no fue caprichosa ni irracional.
La absolución de los cargos de responsabilidad formulados contra Anderson Bastidas Pérez,
no conduce a la privación injusta de la libertad, pues, conforme a los criterios de unificación
jurisprudencial y la valoración que se ha hecho de las pruebas allegadas al proceso – acta de
captura en flagrancia, audiencias preliminares - sentencia absolutoria - resultaba procedente
la imposición de la medida de aseguramiento, ya que como se dijera, comporta otra etapa
procesal, que, con nuevas pruebas, varió las decisiones inicialmente tomadas. En síntesis, a
pesar de que se hubiese proferido sentencia absolutoria, a la Sala no le corresponde
determinar si esa decisión fue acertada o no, sino que, el análisis se debe limitar a los
requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento, los cuales, en criterio, se
cumplían y justificaban la decisión proferida por el juez de control de garantías.»

5.5. Visto lo anterior, a juicio de esta Sala no se encuentra configurado el defecto
fáctico alegado, porque la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila valoró de manera razonable las pruebas aportadas al
proceso de reparación directa sub examine.

La autoridad judicial accionada estudió los presupuestos de la medida de
aseguramiento a partir de lo establecido en los artículos 306 y 308 de la Ley
906 de 2004, normativa procesal penal aplicable para la época de los hechos.

En la sentencia se expusieron las razones y los medios de prueba que daban
cuenta de que la solicitud e imposición de la medida de aseguramiento estuvo
fundamentada los elementos materiales probatorios y evidencia física que
permitió erigir una inferencia razonable sobre la responsabilidad del procesado

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en los hechos delictivos investigados y que era necesaria para proteger a la
comunidad ante la gravedad del delito imputado y era proporcional debido a
que la conducta estaba tipificada con pena privativa intramural de más de 8
años. Todo esto en el marco de los presupuestos establecidos en la norma
procesal aplicable en el momento en que ocurrieron los hechos.

5.6. En la sentencia también se analizaron los argumentos tendientes a evidenciar
la antijuridicidad del daño con fundamento en los medios de prueba
recaudados y practicados en el proceso penal que, a juicio de los
demandantes, acreditaban la ilegalidad de la medida cautelar de la que fue
objeto el procesado, pero se estimó que ellos no refutaban la tesis de legalidad
y razonabilidad de la medida de aseguramiento debido a que se trata de
etapas diferentes del proceso penal con requerimientos probatorios también
disímiles.

Es cierto, como lo dijo la autoridad judicial accionada, que el estándar fáctico
exigido para la imposición de la medida de aseguramiento es diferente al del
juicio oral. Para el caso de la Ley 906 de 2004, en el artículo 308 el Legislador
estableció que la medida de aseguramiento se podría decretar cuando los
elementos materiales probatorios y evidencia física permitieran erigir una
inferencia razonable de responsabilidad y si se acredita alguno de los
escenarios descritos en los numerales 1 a 320 de esa disposición. Mientras
que, en la etapa de juicio se requiere el conocimiento más allá de toda duda
razonable acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado
en las pruebas debatidas en juicio (Arts. 372 y 381). Luego, se insiste, se trata
de etapas diferentes del proceso penal y por ello, en principio, la razonabilidad
de la medida de aseguramiento no se analiza con fundamento en pruebas
recaudadas de manera posterior y bajo un estándar más exigente al dispuesto
por el Legislador.

Así las cosas, se descarta en el caso concreto el alegato de los accionantes
relativo a la omisión e indebida valoración probatoria frente las pruebas que
fueron recaudadas en otras etapas del proceso penal y su aptitud para refutar
la tesis fáctica defendida en las audiencias preliminares por el ente acusador.
Se insiste, la razonabilidad y la legalidad de la medida de aseguramiento se
analiza, como lo hizo la autoridad accionada, de cara a los presupuestos
regulados en el código de procedimiento penal aplicable y a la evidencia física
y elementos materiales probatorios aportados por las partes en esa etapa del
proceso penal.

5.7. Visto lo anterior, es claro para la Sala que el juez de segunda instancia procedió
con la valoración de los medios de prueba de manera individual y conjunta, y
que en su juicio aplicó las reglas de la sana crítica. Además, en el cuerpo de la
sentencia está debidamente consignado el examen crítico que realizó la
autoridad judicial, así como la explicación razonada del valor de convicción que
otorgó a los medios de prueba.

Tenemos que en la sentencia se analizaron los elementos de legalidad,
necesidad y la razonabilidad de la medida, a la luz de los medios de convicción,
cuya información justificó la decisión del ente investigador de imponer la
medida de aseguramiento, dada la probabilidad de que el imputado fuera autor
o partícipe de la conducta delictiva que se investigaba. Entonces, es dable
concluir que, la decisión de calificar como razonable la detención preventiva,

20 Artículo 308. Requisitos. (...)
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el
debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
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no derivó del capricho del juez de lo contencioso administrativo ni se trató de
una determinación deliberada o arbitraria, sino de la valoración de las pruebas
del proceso penal a la luz de las exigencias del Código de Procedimiento Penal
para imponer estas medidas de cautela.

5.8. Es del caso indicar que la simple discrepancia en cuanto a la valoración
probatoria que adelantó el juez natural de la causa no se traduce en un defecto
fáctico reclamable a través de la acción de tutela, sino que corresponde al
interesado exponer el escenario de presunta vulneración de sus derechos
fundamentales y evidenciar la arbitrariedad relativa al juicio de valoración
probatoria que contiene la providencia acusada, lo cual no se evidencia en el
caso concreto.

6. Por sustracción de materia se descarta la prosperidad del cargo por violación
directa a la Constitución ya que se fundamentó en la violación de los derechos
fundamentales del actor a partir del defecto fáctico y desconocimiento del
precedente judicial que atribuye la sentencia acusada, pero como esos yerros
ya fueron descartados debe negarse también el cargo por violación directa a la
Constitución.

7. Conclusión

Por todo lo expuesto, la Sala negará las pretensiones formuladas en la acción de
tutela al considerar que la sentencia del 13 de agosto de 2024, proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila se fundamentó (i) en una
premisa jurídica que atiende al desarrollo jurisprudencial contencioso y
constitucional relativo al régimen de responsabilidad aplicable a los casos de
privación injusta de la libertad, y (ii) en la valoración razonable, conjunta y motivada
de los medios de prueba que fueron aportados al proceso

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Anderson
Bastidas Pérez, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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