Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06052-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06052-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06052-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06052-00
Demandante: Lucelia Díaz Herrera
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercero, Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial / Caducidad de medio de
control de reparación directa en delitos de lesa humanidad /
Desconocimiento del precedente y defecto fáctico
Decisión: Niega solicitud de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Lucelia Díaz Herrera, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Lucelia Díaz Herrera promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 12 de abril de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 05001233300020130135602.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Presentó2, en ejercicio del medio de control de reparación directa, demanda en
contra de la Nación, Policía Nacional y Ejército Nacional; con el fin de que se les
declarara responsables por los perjuicios ocasionados por la muerte de Carmelo
Durango Moreno, como líder social, y el desplazamiento forzado al que se vio
sometida junto con sus familiares por miembros de las autodefensas que operaban
en el municipio de Chigorodó, Antioquia.
1
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_1DemandaPDF(.pdf) NroActua 2».
2
Y otros.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Lucelia Diaz Herrera
.
ii) El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 24 de junio de 2022
declaró probada la excepción de caducidad, al considerar que la oportunidad para
presentar la demanda venció el 1 de junio de 2001 respecto a su núcleo familiar y
el 4 de mayo de 1998 en relación con sus hermanas, sin embargo, solo fue
presentada el 27 de agosto de 2013. Decisión contra la cual como parte
demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 12 de
abril de 2024 modificó la decisión del a quo, en el sentido mantener la declaratoria
de caducidad respecto de las pretensiones formuladas por la muerte de Carmelo
Durango, pero declaró responsables a las demandadas con ocasión de
desplazamiento forzado, por lo que se les condenó a pagar perjuicios inmateriales.
iv) Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por el ad quem al incurrir en
desconocimiento del precedente judicial, por cuanto desconoció que la sentencia
del 27 de julio de 2022 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el «caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia» reconoció entre
las víctimas a Carmelo Durango Moreno, y ordenó adoptar una decisión favorable
para quienes no fueron beneficiarios de la sentencia internacional.
En defecto fáctico, pues, no se tuvo en cuenta que en el proceso penal no se logró
determinar quién fue el autor del homicidio de Carmelo Durango, por lo que no
existió sentencia condenatoria sobre ese hecho delictivo, y solo tiempo después se
le imputó la responsabilidad de los delitos cometidos en contra de los miembros del
movimiento político UP a los grupos de autodefensas de la zona, por lo que a la
fecha de presentación de la demanda no había certeza sobre los autores del ilícito;
además, tampoco tenía conocimiento de que si familiar estuviera incluido en la
denuncia internacional promovida por la Organización Reiniciar, en tanto nunca les
fue solicitado poder para actuar.
También omitió darle valor probatorio al dictamen pericial para acreditar el daño a
la salud, dentro del que se enmarcó la alteración a las condiciones de existencia y
al daño a la vida de relación, y a las pruebas testimoniales, que, en relación con el
daño material, daban cuenta del desarrollo de actividades productivas por la víctima
y que era él quien asumía la manutención de su familia.
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] • Solicito se tutelen los Derechos Fundamentales a la igualdad, al debido proceso
y a las garantías judiciales de la accionante y en consecuencia se revoque la sentencia
del Consejo de Estado, proferido el 12 de abril de 2024, notificada por estados 22
electrónicos del 8 de mayo de 2024, por incurrir en defecto factico, en desconocimiento
de precedente jurisprudencial y en violación flagrante de la Constitución.
• En consecuencia se ordene a la Sala de decisión realizar un análisis respetuoso de su
propio precedente jurisprudencial, en el que se considere el cumplimiento de lo ordenado
en la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho integral, la valoración integral la
2
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prueba obrante en el proceso y se analice el proceso en respeto de los derechos
constitucionales y humanos de Carmelo Durango Moreno y de su familia, como
ciudadanos Colombianos amparados por la Constitución […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B3 manifestó estar
presto a atender lo que disponga el juez de tutela, al considerar que la providencia
enjuiciada contiene los argumentos y elementos necesarios para tomar la decisión
que en derecho corresponda.
1.2.2. El Ministerio de Defensa Nacional4 solicitó que se negaran las pretensiones
de amparo ante la inexistencia de argumentación que sustente los requisitos
específicos de procedencia y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados, pues, según la normatividad y jurisprudencia de la
corporación aplicables al caso bajo estudio, el medio de control de reparación
directa caduca a los 2 años de ocurrido el hecho o la omisión generadora de
responsabilidad, los cuales se comienzan a contar a partir del día siguiente de la
ocurrencia.
1.2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia5, luego de hacer un reencuentro
de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas en proceso contencioso-
administrativo cuestionado, precisó que la providencia por la que declaró probada
la excepción de caducidad se tomó con fundamento en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado proferida el 29 de enero de 2020, y que acatará la decisión
que se tome por parte del juez de tutela.
1.2.4. La Policía Nacional6 solicitó que se negara la petición de amparo ante la
inexistencia de vulneración de derecho fundamental alguno, toda vez que, pese a
que en los hechos ocurridos el 3 de mayo de 1996 perdió la vida Carmelo Durango,
se debe tener en cuenta lo establecido en la sentencia de unificación del Consejo
de Estado, respecto a que el término para acudir a la jurisdicción es de 2 años una
vez conocidos los daños, sin que pueda pretenderse hacerlo 17 años después, sin
que opere el fenómeno de caducidad.
1.2.5. Los demás terceros con interés guardaron silencio7.
3
Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «12CONTESTACIONDE_Contestaciondetutela(.pdf)
NroActua 9»
4
Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 11»
5
Ver índice 13 de SAMAI expediente 11001031500020240148500. Archivo denominado
«20RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE11242024ZIP(.zip) NroActua 13»
6
Ver índice 14 de SAMAI expediente 11001031500020240148500. Archivo denominado
«21RECIBEMEMORIAL_gs2024033526segenpdf(.pdf) NroActua 14»
7
Mediante auto del 12 de noviembre de 2024 se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular
al Ejército Nacional; y a Huber Andrés Durango Díaz, Sindy Juliana Durango Díaz, Daris Yamed
Durango Moreno, Dolys Judith Durango, Tedy María Durango Moreno, Iris Margoth Durango Moreno
y Delis Daveida Durango Moreno
3
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2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 7 del artículo
1 del Decreto 333 del 6 de abril de 20218, esta Sala es competente para conocer de
la solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección Tercero, Subsección
B.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
8
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4
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Demandante: Lucelia Diaz Herrera
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Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
vulneró los derechos fundamentales de Lucelia Díaz Herrera con ocasión de la
sentencia del 12 de abril de 2024 a través de la cual, entre otras, confirmó la de
declaratoria de la excepción de caducidad respecto a los hechos relacionados con
el deceso de Carmelo Durando, con la que incurrió, al parecer, en desconocimiento
del precedente y defecto fáctico?
11
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
5
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2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
En este punto, advierte la Sala que si bien es cierto al revisar la integralidad de las
actuaciones adelantadas en el proceso contencioso-administrativo cuestionado15
se observa una solicitud de aclaración, así como su desistimiento, ambas
pendientes de resolución, lo cierto es que no tienen ninguna injerencia en la
controversia a decidir que impida emitir decisión de fondo.
2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Además, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada de manera principal por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Por último, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020130
1356021100103
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decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.3. Defecto fáctico
El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,16 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,17 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».18 La segunda,
se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».19
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.5. Sobre el caso concreto
Lucelia Diaz Herrera acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 12 de abril de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, mediante la cual, entre otras, mantuvo la declaratoria de la excepción
de caducidad respecto de las pretensiones indemnizatorias formuladas por la
muerte de Carmelo Durango, en el medio de control de reparación directa que
impetró contra la Nación, Policía Nacional y Ejercito Nacional.
Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en
desconocimiento del precedente judicial por dejar de lado que la sentencia del 27
de julio de 2022 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
«caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia » reconoció entre las
victimas a Carmelo Durango Moreno.
16
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
17
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
18
Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
19
Sentencia T-538 de 1994.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06052-00
Demandante: Lucelia Diaz Herrera
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En defecto fáctico, al desconocer que en el proceso penal no se logró determinar
quién fue el autor del homicidio de Carmelo Durango, y solo fue hasta tiempo
después que se le imputó la responsabilidad de los delitos cometidos en contra de
los miembros del movimiento político UP a los grupos de autodefensas de la zona,
por lo que a la fecha de presentación de la demanda no había certeza sobre los
autores del ilícito.
La Sala aclara que los mencionados defectos van a ser estudiados en conjunto, en
la medida que todos controvierten la decisión de la autoridad judicial demandada
respecto a declarar probada la excepción de caducidad del medio de reparación
directa de cara con el cuestionamiento respecto desde cuando la familia sabía o
pudo tener conocimiento de la participación de agentes estatales en el homicidio
Carmelo Durango.
En razón a la a decidir, se recuerda que el literal i) numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa
dispone:
ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda
deberá ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. […].
Para mayor claridad, se recuerda lo considerado por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B para confirmar la declaratoria de caducidad de la acción,
respecto de los hechos relacionados con la muerte de Carmelo Durango, de
acuerdo con el fundamento de las pretensiones indemnizatorias formuladas, así:
«[…] dos factores: el primero, por “una falla del servicio, producida por la omisión de las
autoridades de la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional) en el mantenimiento del
orden público, y que comprometieron su responsabilidad, con mayor claridad, al no
disponer las medidas de seguridad necesarias para quienes estaban siendo
exterminados por un grupo armado al margen de la ley”; y el segundo, a la posible
connivencia de estos actores con las fuerzas militares pues “auspiciaron la presencia de
un grupo armado al margen de la ley (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá),
en la zona del Urabá Antioqueño y concretamente en el Municipio de Chigorodó que
llegaron con la clara consigna de exterminar a todos los miembros del movimiento
político de la Unión Patriótica U.P., y a los sindicalistas afiliados a Sintrainagr”.
17. Al estudiarse la primera tesis, es claro que el comportamiento omisivo de las fuerzas
militares y de policía, fundado en la ausencia de medidas dirigidas a proteger la vida de
Carmelo Durango y su familia, fue conocido por los actores desde el momento en que
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ocurrieron los hechos. Los testigos Rigoberto Jiménez y Ángel Gabriel Palacio, como
integrantes de Cenaprov y Sintraingagro (entidades afines a la UP), reprocharon la
inacción del Ejército y la Policía frente al constante hostigamiento del que fueron víctimas
pues “conocía[n] muy de cerca las amenazas, la persecución y siempre indicaban que
eran las autodefensas, desafortunadamente la fuerza pública nunca operó como para
evitar ese tipo de asesinatos”, e, incluso, el comandante de la policía “[les] decía
muchachos qué pena con ustedes los están matando, pero yo no puedo hacer nada”.
Luz Edilma Rodríguez Londoño, habitante del municipio, confirmó que: “En esa época
ellos [los paramilitares] eran los que mandaban, mataban a la gente por cualquier cosa
que ellos querían, y en el momento no había ley no había nada. O ley si había, pero
nunca estaban, siempre pasaban las cosas y cuando la ley llegaba no había nadie por
ahí, apenas el muerto”.
18. Los testimonios recolectados en el proceso revelan la existencia de indicios y de
hechos de público conocimiento a partir de los cuales, de manera razonada y general,
los habitantes de Chigorodó concluyeron que “ellos [Policía y Ejército] actuaban
conjuntamente con los grupos paramilitares”. Patrullaban juntos algunos barrios del
municipio y que eran los miembros de la SIJIN quienes señalaban a las siguientes
víctimas, y que, incluso el Ejército acompañaba los retenes en los que fueron
masacrados los trabajadores bananeros de manera indiscriminada. Relataron que, en
varias ocasiones, en calidad de directivos sindicales y de integrantes de la UP elevaron
quejas y denuncias ante “el comandante de la policía, el comandante del Ejército y, repito
otra vez, muchas veces ni siquiera [les] recibían la denuncia”. Todo lo anterior daba a
entender la existencia de un “complot” para “sacar[los] a punta de bala”.
19. Conforme lo dicho, la Sala observa que las condiciones para llegar al conocimiento
sobre la intervención o la intencionada inacción de la fuerza pública para contener las
acciones violentas de ese grupo armado ilegal no eran desconocidas ni ajenas a los
residentes en la zona, incluso, mucho antes de la muerte de Carmelo Durango. De
acuerdo con lo anterior, y ante la ausencia de elementos que demuestren lo contrario,
para la Sala no es consistente que tan solo en 2012, “a través de las declaraciones de
Salvatore Mancuso y Raúl Emilio Hasbúm, Javier Ocaris Correa, Bernardo de Jesús Díaz
Alegre” los demandantes conocieron “que autoridades del Estado participaron
activamente en la muerte de los miembros de la UP y sindicatos”, pues nada de lo dicho
por ellos consta probatoriamente en el expediente. Tampoco estima fundado el
convencimiento de que “las resoluciones dictadas dentro de los procesos penales en
2013” dieron certeza de la participación de agentes estatales en los hechos, puesto que
tampoco fueron aportadas, y la decisión mediante la cual la Fiscalía 33 Especializada de
la Dirección Nacional de Análisis y Contextos Violencia contra Miembros de la Unión
Patriótica declaró el homicidio de Carmelo Durango como delito de lesa humanidad ante
el presunto surgimiento de “una alianza entre grupos armados ilegales (paramilitares),
con sectores de la política tradicional, organismos de seguridad del Estado, de la fuerza
pública” 19 fue dictada el 27 de octubre de 2014, es decir, con posterioridad a la
presentación de la demanda, lo que refuerza la imputación de complicidad entre la fuerza
pública y las autodefensas, pero no la fundamenta por sí sola.
20. La Sala rechaza el argumento de apelación que explica el “conocimiento del daño”
únicamente a partir de la asesoría jurídica bridada por su apoderado pues, como se
expuso, los actores estaban en condiciones de advertir los comportamientos omisivos
de la fuerza pública, y hasta suponer la aquiescencia con las actuaciones de la
autodefensa. Además, el término de caducidad no puede quedar al arbitrio de las partes,
por la búsqueda de una asesoría legal o por la designación de un apoderado judicial.
21. En este sentido, la referida decisión de unificación aclaró que “mientras no se cuente
con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión
causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo de caducidad de la reparación
directa no resulta exigible, pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal
situación y, pese a ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso
administrativo debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo”, supuesto
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que aquí se presenta.
22. La Sala no desconoce la situación de desplazamiento, desprotección y amenaza en
que permaneció la demandante luego del asesinato de su compañero, sumado a que los
perpetradores del crimen continuaron operando en la zona, lo que comportó, sin duda,
la imposibilidad para ejercer en libertad sus derechos, entre ellos, el de acceder a la
administración de justicia. De modo que la contabilización del plazo legal debería
iniciarse solo a partir del momento en que estos obstáculos hubiesen cesado y la
imposibilidad material para demandar hubiera sido superada.
23. No obstante, para la Subsección, al constatarse que los demandantes retornaron al
lugar del que fueron desplazados donde, con el transcurso de los años, consiguieron la
estabilización socioeconómica y la continuación de su proyecto de vida en condiciones
de dignidad, como se explicará más adelante, luego de 14 años de su retorno, no
subsistía ninguna de las circunstancias con posibilidad de sustentar factores adicionales
que obstaculizaran acceder a la administración. Así se constata que la acción derivada
de la muerte de Carmelo Durango se ejerció por fuera de la oportunidad legal. En
consecuencia, la Sala confirmará la decisión que declaró caducidad de la acción por este
daño […]» [sic]
Ahora, en cuanto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el «Caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia», consideró:
«[…] 2.3.1. Inexistencia de cosa juzgada internacional […]
32. Esto resulta relevante en el presente asunto porque la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en la sentencia del 27 de julio de 2022, “caso integrantes y
militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, aceptó el reconocimiento de
responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos al
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la
libertad personal en relación con su deber de prevención frente a ciento treinta y ocho
personas que fueron ejecutadas. En particular, el Estado asumió la responsabilidad por
la muerte de Carmelo Durango, en hechos ocurridos el 3 de mayo de 1996.
33. Asimismo, la Corte declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la
vulneración al derecho de circulación y residencia contenido en el artículo 22 de la
Convención Americana, en relación con su obligación de respeto, en perjuicio de las mil
seiscientas veinticinco personas que sufrieron desplazamientos internos o que tuvieron
que migrar fuera del territorio colombiano, debido a las amenazas y hechos de violencia
en su contra o de sus familiares, y que fueron señalados en los Anexos I y III de la
mencionada decisión.
34. Sobre este aspecto, la Sala constata que el grupo familiar demandante no figura en
los registros incluidos en los anexos I y III del fallo internacional, como tampoco se
relaciona el desplazamiento forzado como hecho victimizante respecto de Carmelo
Durango. Es decir, que no existe identidad de causa, ni de partes; se trata de hechos
concretos que no fueron abordados por la Corte Interamericana y que, en atención al
principio de complementariedad y subsidiariedad de la jurisdicción internacional, esta
Sala deberá resolver de acuerdo con lo pretendido por los demandantes que acudieron
al presente mecanismo de reparación en la jurisdicción interna […]» [sic]
Como se observa, la autoridad judicial demandada si analizó las pruebas allegadas
al plenario, incluido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
situación distinta es, que de acuerdo con la tesis jurisprudencial del Consejo de
Estado avalada por la Corte Constitucional, que determina la exigencia del término
de caducidad para demandar por responsabilidad extracontractual al Estado en
asuntos en que se involucran delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra,
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06052-00
Demandante: Lucelia Diaz Herrera
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encontró acreditado que en el sub examine las condiciones para que los
demandantes identificaran el comportamiento omisivo de las entidades que
desencadenó la muerte de la víctima, se dieron de manera conjunta e, inclusive,
antes del hecho; sin embargo, la demandante solo acudió ante la administración de
justicia 17 años después.
En vista de lo anterior, resulta ajustado a derecho que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B contara el término de caducidad de dos (2) años a
partir del día siguiente de cuando los demandantes tuvieron conocimiento de la
participación estatal en la ocurrencia del hecho dañoso, con fundamento en «los
comportamientos omisivos de la fuerza pública, y hasta suponer la aquiescencia con las
actuaciones de la autodefensa», esto es, el 3 de mayo de 1996, por lo que contaban
hasta el 4 de mayo de 1998 para impetrar el medio de control de reparación directa
con ocasión del homicidio de Carmelo Durango; sin embargo, solo presentaron la
demanda el 27 de agosto de 2013, cuando ya había finiquitado el término legal para
ello.
Al respecto, se observa que la autoridad demandada realizó un chequeo similar a
aquel efectuado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, de lo cual, en concordancia con las pruebas aportadas al
expediente, encontró acreditada la falta de diligencia de los demandantes para
interponer el medio de control de reparación directa para pretender la
responsabilidad patrimonial del Estado.
Dicho ello, contrario al decir de la parte actora, la autoridad judicial demandada no
incurrió en defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente, pues de ninguna
manera omitió las graves circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció la
muerte de Carmelo Durango Moreno a manos de grupos de autodefensas; diferente
es, que el asunto haya sido decidido a la luz de la regla jurisprudencial establecida
por el órgano de cierre de lo contencioso-administrativo en concordancia con el
soporte probatorio obrante en el expediente.
Por consiguiente, la sentencia cuestionada no incurrió en defecto o irregularidad
alguna, en razón a que decidió el asunto de acuerdo con las disposiciones del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y la realidad probatoria del caso, en
concordancia con la pluricitada sentencia de unificación.
A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó una valoración
probatoria acorde a la normatividad aplicable y expuso suficientes argumentos
jurídicos, en relación con el fenómeno de la caducidad presentado, todo lo cual le
permitió concluir que en el caso bajo estudio la demanda fue radicada de manera
extemporánea.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06052-00
Demandante: Lucelia Diaz Herrera
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En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará la solicitud de
amparo presentada por Lucelia Diaz Herrera, en la solicitud de tutela presentada
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de tutela presentada por Lucelia Diaz Herrera, contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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