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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06064-00

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06064-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06064-00 Actora: YANERY CAMPO CORTÁZAR SEGUNDO: TENER a la doctora JULIE ALEXANDRA RAMÍREZ AVILÉS como apoderada de la señora YANERY CAMPO CORTÁZAR, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 12 del expediente digital21. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06064-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06064-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: YANERY CAMPO CORTÁZAR

TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON
OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
SOCIAL Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META1 y la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2.

1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06064-00
Actora: YANERY CAMPO CORTÁZAR

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora YANERY CAMPO CORTÁZAR, actuando a través de

apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al

acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados

por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA al haber proferido las

providencias de 9 de diciembre de 2021 y 21 de marzo de 2024,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 50001-23-33-000-2017-00055-00.

I.2.- Hechos

Indicó que su hijo el señor JHON HARVY RICO CAMPO (Q.E.P.D.)

ingresó a la Policía Nacional en enero de 2007 a prestar el servicio

militar obligatorio como auxiliar regular.

Señaló que el señor JHON HARVY RICO CAMPO (Q.E.P.D.) falleció

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Actora: YANERY CAMPO CORTÁZAR

el 12 de septiembre de 2007, a causa de una herida que le provocó

otro conscripto mientras prestaba el servicio de guardia en la

Estación de Policía de Castilla La Nueva (Meta).

Sostuvo que, junto con el señor RUBÉN DARÍO RICO NIETO,

solicitaron a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA

NACIONAL3 el reconocimiento y pago de la pensión de

sobrevivientes, petición que fue resuelta de forma desfavorable

mediante Oficio núm. 1223 ARPRE-GRUPE de 3 de enero de 2017.

Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la POLICÍA NACIONAL, con el fin de obtener el

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Reveló que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 50001-23-33-000-2017-00055-00 y le correspondió

por reparto al TRIBUNAL que, en sentencia de 9 de diciembre de

2021, denegó las pretensiones de la demanda.

3
En adelante Policía Nacional.

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Indicó que interpuso el recurso de apelación ante la SECCIÓN

SEGUNDA que, mediante providencia de 21 de marzo de 2024,

confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues, a su

juicio, aplicó indebidamente la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-

010- 2018 de 12 de abril de 2018 – SUJ-010-S2 proferida por esta

Corporación, mediante la cual se unificó la regla de reconocimiento

de la prestación de la pensión de sobrevivientes del personal de las

fuerzas militares, muertos en combate o en simple actividad.

Indicó que en el asunto no debió aplicarse el criterio de unificación

de la sentencia SUJ-010-S2, ya que exceptúa, expresamente, a los

conscriptos de la Policía que mueren en simple actividad, en misión

del servicio y por acción directa del enemigo.

Adujó que, a pesar del alcance de la SUJ-010-S2, las autoridades

judiciales, decidieron acoger dicho criterio jurisprudencial, para

resolver casos que no se ajustan al asunto objeto de litigio, esto es,

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el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de los conscriptos

de la fuerza pública que fallecen en servicio y, desecharon la norma

especial que regula una situación semejante para aplicar la ley

general que regula asuntos muy diferentes al caso concreto que,

expresamente, exceptuó en su alcance a la Fuerza Pública el artículo

279 Ley 100 de 19934.

Manifestó que, el precedente jurídico aplicable5 es aquel que

reconoce la pensión de sobrevivientes de los beneficiarios de los

conscriptos que mueran con ocasión del servicio, conforme a las

normas del régimen especial para el personal voluntario que fallecía

en las mismas circunstancias.

Asimismo, señaló que se configuró una violación directa de la

Constitución al desconocer el carácter vinculante de los derechos a

la igualdad y a la seguridad social y el principio de favorabilidad

expresamente consagrados en la Constitución Política, y decidió

aplicar el régimen general de pensiones que no es aplicable al caso

4
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
5
Providencias identificadas con los números únicos de radicación 250002325000201000302 01(2061-
13), 470012333000201300006 01(2708-14), 70001233100020040083201(2161-09)

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concreto, por tratarse de la muerte de un conscripto en actos de

servicio, lo que obliga a las autoridades judiciales accionadas a

aplicar el régimen especial.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] 1. Concédasenos el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Meta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 50001233300020170005501.

2. Déjese sin efectos la sentencia del 21/03/24 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en dicho
proceso, en cuanto confirmó la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta, que negó el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes a partir del día siguiente al fallecimiento del
auxiliar de policía Jhon Harvy Rico Campo.

3. En su lugar, ordénese al Consejo de Estado que, dentro de los
30 días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela,
revoque íntegramente la sentencia del 21/03/24 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta en dicho proceso ordinario y, en
su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda, esto es, al
reconocimiento pensional a partir del día siguiente a la muerte del
auxiliar Rico Campo […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1- La SECCIÓN SEGUNDA solicitó declarar improcedente el

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amparo, en razón a que la providencia cuestionada no incurrió en

vulneración de algún derecho fundamental y, por el contrario, adujo

que la actora pretende proponer un debate jurídico como si se tratara

de una tercera instancia.

Asimismo, afirmó que “[…] la normatividad aplicada resultaba más

beneficiosa que la compensación por muerte que generalmente se

reconoce a los beneficiarios de quien muere en simple actividad, de

manera que, si bien el régimen especial aplicable y el régimen

general de pensiones, son diversos, con reglas jurídicas propias, la

jurisprudencia de esta Corporación ha admitido la posibilidad de que

a los beneficiarios de un régimen especial le sean aplicables las

disposiciones de naturaleza general, en tanto estas últimas resulten

más favorables a sus pretensiones […]”.

I.5.2.- El TRIBUNAL precisó que la sentencia proferida por ese

despacho en primera instancia no incurrió en los defectos alegados,

pues en ella se consignaron las razones de hecho y de derecho que

justificaron la decisión.

Aseveró que, ratifica los argumentos dispuestos en la providencia

cuestionada y que se atiene a lo que en derecho se decida.

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I.5.3.- La POLICÍA NACIONAL advirtió la inexistencia de la

vulneración de los derechos fundamentales deprecados por la actora,

por cuanto la decisión cuestionada fue debidamente fundamentada

por la autoridad judicial que efectuó una interpretación armónica de

la jurisprudencia y la normatividad aplicable al asunto.

Igualmente, manifestó que la solicitud de amparo no demostró la

existencia de una amenaza o un perjuicio irremediable que haga

necesaria la intervención del juez constitucional, máxime cuando lo

pretendido por la actora ya fue objeto de debate a través de otros

mecanismos judiciales idóneos.

I.5.4.- El señor RUBÉN DARÍO RICO NIETO, vinculado en calidad

de tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de

apoderada judicial coadyuvó las pretensiones de la solicitud de

amparo.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde

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institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para

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que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se dejen sin efecto

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las providencias de 9 diciembre de 2021 y 21 de marzo de

2024 proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 50001-23-33-000-2017-00055-00.

A las citadas providencias la actora le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues

aplicaron indebidamente la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-

2018 de 12 de abril de 2018 – SUJ-010-S2 proferida por esta

Corporación, mediante la cual se unificó la regla de reconocimiento

de la prestación de la pensión de sobrevivientes del personal de las

fuerzas militares, muertos en combate o en simple actividad.

Indicó que en el asunto no debió aplicarse el criterio de unificación

de la sentencia SUJ-010-S2 ya que, exceptúa, expresamente a los

conscriptos de la Policía que mueren en simple actividad, en misión

del servicio y por acción directa del enemigo.

Manifestó que, el precedente jurídico aplicable es aquel que reconoce

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la pensión de sobrevivientes de los beneficiarios de los conscriptos

que mueran con ocasión del servicio, conforme a las normas del

régimen especial para el personal voluntario que fallecía en las

mismas circunstancias.

Asimismo, señaló que se configuró una violación directa de la

Constitución al desconocer el carácter vinculante de los derechos a

la igualdad y a la seguridad social y el principio de favorabilidad

expresamente consagrados en la Constitución Política, y decidió

aplicar el régimen general de pensiones que no es aplicable al caso

concreto.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos tanto la providencia de 9 de diciembre de 2021

proferida por el TRIBUNAL como la dictada el 21 de marzo de

2024 por la SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el

análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales

invocados frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que

fue esta la que dio por terminado el proceso.

Por lo anterior, la Sala debe estudiar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

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contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN

SEGUNDA vulneró los derechos deprecados e incurrió en los

defectos invocados al haber proferido la providencia de 21 de marzo

de 2024.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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Actora: YANERY CAMPO CORTÁZAR

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

que propone la parte actora respecto de los defectos deprecados

implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede

ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.

En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad

judicial accionada omitió la interpretación y aplicación del precedente

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judicial que reconoce la pensión de sobrevivientes de los beneficiarios

de los conscriptos que mueran con ocasión del servicio, conforme a

las normas del régimen especial para el personal voluntario de las

fuerzas militares.

Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva

constitucional, en la medida en que su solución deriva de la

interpretación normativa y jurisprudencial que la parte actora

pretende que se dé a su situación particular, giran en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, la cual fue resuelta por la SECCIÓN SEGUNDA, así:

“[…] 2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿Rubén Darío Rico
Nieto y Yanery Campo Cortázar, padres de Jhon Harvy Rico
Campo, quien falleció en «misión del servicio», tienen derecho
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes? […]

2.4. Caso concreto […]

En el presente asunto, el a quo negó el reconocimiento y pago a
favor de Rubén Darío Rico Nieto y Yanery Campo Cortázar de la
pensión de sobrevivientes, por cuanto consideró que el Decreto
2728 de 1968 no previó esa prestación, por muerte de personas
vinculadas a las fuerzas militares o de policía, en cumplimiento
de la obligación constitucional de prestar el servicio militar, en
actos de servicio o en misión de servicio.

Al respecto, los demandantes objetaron la anterior decisión, con
fundamento en que si bien el Decreto 4433 de 2004 guardó

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silencio en los casos en que la muerte del conscripto sea
calificada en la simple actividad o misión de la prestación del
servicio, lo cierto es el juez debe reconocer la prestación de
sobrevivientes, en virtud del principio a la igualdad, en los
términos dispuestos para los miembros de la fuerza pública que
mueren por acción directa del enemigo, es decir sin tener en
cuenta el tiempo de servicio.

El ordenamiento jurídico colombiano dispuso un régimen
especial prestacional para los miembros de la Fuerza Pública,
previsto en la Ley 923 de 2004 [ley marco] y los Decretos Leyes
2728 de 1968, 1212 de 1990 y el Decreto 4433 de 2004,
establecieron la pensión de sobreviviente, respecto de oficiales,
suboficiales de la Policía Nacional muertos en i) combate, ii)
misión de servicio, o iii) simplemente en actividad, sin que fuera
incluido el personal que presta servicio militar obligatorio, que
hayan muerto en esas circunstancias. Por su parte, la Ley 447
de 199819, determinó esa prestación para los conscriptos, pero
solo por muerte en combate o como consecuencia de la acción
del enemigo, en conflicto internacional o en ejercicio de las
operaciones de conservación o restablecimiento del orden
público.

Sobre el particular, la Sala encuentra que le asistió razón al a
quo, al negar el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes reclamada por los demandantes, con fundamento
en las disposiciones citadas en el marco normativo de esta
providencia, como quiera que el auxiliar de policía Jhon Harvy
Rico Campo falleció en misión del servicio o actos propios de
este, causal que únicamente da lugar al reconocimiento
económico que le fue concedido a través de la Resolución 188
del 3 de marzo de 2008, en tanto no cumplió con las exigencias
previstas para esa prestación.

Ahora bien, en cuanto a presunta inaplicación por parte del
Tribunal del principio de favorabilidad en materia laboral, del
derecho a la igualdad entre la muerte de un uniformado
voluntario y un conscripto en cumplimiento de la misión
constitucional y legal propia de las Fuerzas Militares y de la SU-
010-S2 del 12 de abril de 2018 de esta Corporación, se advierte
el pronunciamiento de aquélla en la SU-CE-SUJ-SII- 013-2018
del 4 de octubre de 2018 en el cual indicó lo siguiente: […]

En efecto, se colige que el Tribunal en aplicación del principio de
favorabilidad previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993,
el derecho a la igualdad y el criterio jurisprudencial fijado en la
sentencia de unificación del 12 de abril de 201830, dispuso que

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debía acogerse lo dispuesto en el artículo 46 de la ley en
comento, cuya norma prevé la pensión de sobrevivientes a favor
de los beneficiarios de que trata el artículo 47 ibidem, siempre
que se cumpla con cada uno de los requisitos exigidos por el
régimen general, entre los cuales se encuentra la exigencia de
haber cotizado 26 o 50 semanas dentro de los 3 últimos años
anteriores al fallecimiento, siempre que se trate de situaciones
que se consoliden con posterioridad a la modificación introducida
por la Ley 797 de 2003, según el numeral 2 del artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, modificado por esa ley.

En ese orden, esta prestación es más beneficiosa que la
compensación por muerte que generalmente se reconoce a los
beneficiarios de quien muere en simple actividad, de manera
que, si bien el régimen especial aplicable a las Fuerzas Militares
y el régimen general de pensiones, son diversos, con reglas
jurídicas propias, la jurisprudencia de esta Corporación ha
admitido la posibilidad de que a los beneficiarios de un régimen
especial le sean aplicables las disposiciones de naturaleza
general, en tanto estas últimas resulten más favorables a sus
pretensiones.

En este sentido, se observa que Jhon Harvy Rico Campo ingresó
en calidad de auxiliar regular a la Policía Nacional el del 22 de
marzo de 200731 y el 12 de septiembre de 2007 falleció, de
modo que el periodo fue de 5 meses y 20 días, es decir 24.5
semanas, por cuanto no logró siquiera las 26 semanas que
requiere el numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, se concluye que le asiste razón al Tribunal para
negar las pretensiones de la demanda y que se haya abstenido
de otorgar el reconocimiento pensional previsto en el régimen
general, en virtud del principio de favorabilidad, del derecho a la
igualdad y en atención a los derroteros jurisprudenciales,
comoquiera que no reunió los requisitos requeridos para que sus
padres resultaran beneficiarios de la mesada.

Por todo lo anterior, esta Sala confirmará la sentencia del 9 de
diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta […]”. (Negrilla pertenece al texto).

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De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que la SECCIÓN SEGUNDA efectuó un análisis de la normatividad

aplicable al asunto y, a partir de dicho estudio, concluyó que para la

fecha del fallecimiento del señor JHON HARVY RICO CAMPO se

encontraba vigente el régimen especial para los miembros de la

fuerza pública, esto es, Ley 923 de 200416 y los Decretos Leyes 2728

de 196817, 1212 de 199018 y el Decreto 4433 de 200419 que,

establecieron la pensión de sobreviviente, respecto de oficiales,

suboficiales de la Policía Nacional muertos en i) combate, ii) misión

de servicio, o iii) simplemente en actividad, sin que fuera incluido el

personal que presta servicio militar obligatorio, que hayan muerto

en esas circunstancias.

Asimismo, afirmó que la Ley 447 de 199820 estableció el pago de la

pensión de sobreviviente a los conscriptos muertos en combate o por

acción del enemigo, en conflicto internacional o en ejercicio de las

operaciones de conservación o restablecimiento del orden público.

16
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política”.
17
“Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de
soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”.
18
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”.
19
““Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.”
20
“Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas
durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones”.

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Luego, para resolver el asunto, explicó que dicha normatividad no

era aplicable, toda vez que el señor JHON HARVY RICO CAMPO

desempeñaba el cargo de auxiliar de policía y su muerte se ocasionó

en misión del servicio o actos propios del servicio, lo que impidió la

aplicación de dicho régimen pensional.

No obstante lo anterior, la SECCIÓN SEGUNDA en cumplimiento de

la regla de unificación fijada por la Sección Segunda de esta

Corporación en sentencia CE- SUJ2-010-18 del 12 de abril de 2018,

determinó que bajo el amparo del principio de favorabilidad el

estudio de la pensión de sobrevivientes solicitada por los actores, se

efectuaría en los términos del régimen general de seguridad social

establecido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, la SECCIÓN SEGUNDA al efectuar una verificación de

los requisitos necesarios para reconocer la pensión de

sobrevivientes, observó que el señor JHON HARVY RICO CAMPO

al momento de su fallecimiento estuvo vinculado a la Policía Nacional

por un período de 5 meses y 20 días, es decir, 24.5 semanas por lo

que no logró cumplir las 26 semanas que exige la Ley 100 de 1993

para ser beneficiarios de la pensión.

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Finalmente, concluyó que no había lugar a reconocer la pensión de

sobrevivientes a la actora, comoquiera que no se cumplieron los

requisitos requeridos por el régimen general para ser beneficiarios

de la prestación.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA

se pronunció frente a los aspectos que alude la actora como

desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general

de la relevancia constitucional.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de

tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de

la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

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SEGUNDO: TENER a la doctora JULIE ALEXANDRA RAMÍREZ

AVILÉS como apoderada de la señora YANERY CAMPO

CORTÁZAR, de conformidad con el poder y los documentos anexos

obrantes en el índice 12 del expediente digital21.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202406
21

064001100103

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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