Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06064-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
14 de febrero de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06064-01
Demandante: YANERY CAMPO CORTÁZAR
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. MUERTE CONSCRIPTO.
SE CONFIRMA LA DECISIÓN QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso, seguridad social y acceso a la
administración de justicia en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
ocasión de los fallos que negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por cuanto,
a su juicio, incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial y violaron de forma directa
la Constitución. Sin embargo, la Sala confirmará la providencia que declaró improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto se
evidenció que el interés de la parte actora es emplear este mecanismo constitucional como una
instancia adicional al proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 12 de diciembre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMA I- negrillas
y mayúsculas del original)
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06064-01
Demandante: Yanery Campo Cortázar
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
La demanda
El 7 de noviembre de 2024, la señora Yanery Campo Cortázar promovió proceso de
acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de que se protegieran sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración
de justicia y seguridad social y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“1. Concédasenos el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 50001233300020170005501.
2. Déjese sin efectos la sentencia del 21/03/24 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en dicho proceso, en cuanto confirmó
la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, que negó el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes a partir del día siguiente al fallecimiento del
auxiliar de policía Jhon Harvy Rico Campo.
3. En su lugar, ordénese al Consejo de Estado que, dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la notificación del fallo de tutela, revoque íntegramente la sentencia
del 21/03/24 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta en dicho proceso
ordinario y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda, esto es, al
reconocimiento pensional a partir del día siguiente a la muerte del auxiliar Rico
Campo.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI).
Hechos
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Jhon Harvy Rico Campo ingresó como auxiliar regular de la Policía Nacional en enero
de 2007 y el 12 de septiembre del mismo año falleció como consecuencia de una herida
que le provocó otro conscripto mientras prestaba el servicio de guardia en la Estación de
Policía de Castilla La Nueva (Meta).
2) El 3 de enero de 2017, mediante Oficio 1223 ARPRE-GRUPE, el jefe de área de
prestaciones sociales de la Policía Nacional negó la solicitud de pensión de
sobrevivientes a los padres de Jhon Harvy Rico Campo (Rubén Darío Rico Nieto y Yanery
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Demandante: Yanery Campo Cortázar
Acción de tutela
Campo Cortázar), con fundamento en que el conscripto no falleció en combate sino en
actos del servicio.
3) En consideración a lo anterior, los señores Rubén Darío Rico Nieto y Yanery Campo
Cortázar formularon demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional con el fin de que se declarara la nulidad
de la resolución citada en precedencia y se ordenara el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, por cuanto dependían económicamente de su hijo.
4) El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2021,
negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se cumplió con el
tiempo mínimo de cotización exigido por la Ley 100 de 1993 para que a los beneficiarios
de Jhon Harvy Rico Campo les fuera reconocida la pensión de sobreviviente.
5) Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el
cual indicó que, si la muerte de un uniformado voluntario se da con ocasión de la misión
del servicio, sus beneficiarios tienen derecho a la prestación, sin tomar en cuenta el
tiempo de servicio, por cuanto la muerte sobrevino en iguales circunstancias, es decir, en
desarrollo de la misión constitucional y legal.
6) El recurso fue desatado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia del 21 de marzo de 20241, en la que confirmó el fallo de primera
instancia, por cuanto se probó que no se reunieron los requisitos requeridos para que los
padres del occiso resultaran beneficiarios de la mesada pensional.
El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión de los fallos
proferidos el 9 de diciembre de 2021 y el 21 de marzo de 2024, por cuanto, a su juicio,
incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.
1 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 6 de junio de 2024.
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Acción de tutela
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial afirmó que no debió aplicarse el
criterio de unificación de la sentencia SUJ-010-S2 ya que esta exceptúa, expresamente,
a los conscriptos de la Policía que mueren en simple actividad, en misión del servicio y
por acción directa del enemigo.
Pese al alcance de la SUJ-010-S2, las autoridades judiciales decidieron acoger dicho
criterio jurisprudencial para resolver casos que no se ajustan al asunto objeto de litigio,
esto es, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de los conscriptos de la fuerza
pública que fallecen en servicio y, desecharon la norma especial que regula una situación
semejante para aplicar la ley general que se aplica a asuntos muy diferentes al caso
concreto, en la cual se exceptuó a la Fuerza Pública.
El precedente jurídico aplicable es aquel que reconoce la pensión de sobrevivientes de
los beneficiarios de los conscriptos que mueran con ocasión del servicio, conforme con
las normas del régimen especial para el personal voluntario que fallece en las mismas
circunstancias.
Respecto de la violación directa de la Constitución sostuvo que se desconoció el carácter
vinculante de los derechos de igualdad y seguridad social y el principio de favorabilidad,
expresamente consagrados en la Carta Política, y decidió aplicar el régimen general de
pensiones que no se adapta al asunto, por tratarse de la muerte de un conscripto en actos
de servicio.
Actuación procesal
Por medio de auto de 13 de noviembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo del Meta y a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
La Sección Primera de esta Corporación en sentencia de 12 de diciembre de 2024
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, en atención a que la controversia que propone la parte actora respecto de
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Acción de tutela
los defectos deprecados implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede
ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.
Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 21 de enero de 20252.
El asunto sí cumple con el requisito de la relevancia constitucional, debido a que no se
cuestiona una interpretación de mera legalidad sino de derechos fundamentales, que
radica en establecer que no existe una razón válida para que el legislador haga una
diferenciación “odiosa y discriminatoria” entre los conscriptos que fallecen por acción
directa del enemigo y aquellos que fallecen en simple actividad.
La pensión es un derecho constitucionalmente amparado y reforzado con características
propias a su naturaleza, irrenunciable e imprescriptible, que se encuentra vinculado
directamente con el mínimo vital y la seguridad social ampliamente desarrollado por la
Corte Constitucional, por lo cual se debe acceder al amparo invocado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
2 El proceso ingresó al despacho para fallo el 3 de febrero del presente año.
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procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Meta con
el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes
mencionados, presuntamente vulnerados por motivo de las sentencias proferidas el 9 de
diciembre de 2021 y el 21 de marzo de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en un
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
La Sección Primera de esta Corporación en la sentencia de tutela de primera instancia
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
En su escrito de impugnación la parte demandante insistió en que se cumple el requisito
de relevancia constitucional, debido a que no se cuestiona una interpretación de mera
legalidad sino de derechos fundamentales.
Ahora bien, la Sala considera preciso advertir que, si bien la acción de tutela se dirigió
indistintamente contra los fallos de primera y segunda instancia, proferidos en el trámite
del proceso disciplinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a este último
por cuanto fue el que definió la situación jurídica particular.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por las razones que se procederán a exponer:
1) La demandante alegó que se inaplicó el principio de favorabilidad y que no se debía
observar lo dispuesto en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril
de 2018.
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2) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra del fallo del 9 de diciembre de 2021, oportunidad en la cual la
demandante indicó, en los mismos términos que ahora pretende, que debía declararse
la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, por cuanto desconoció el principio de favorabilidad y aplicó
indebidamente la sentencia de unificación del Consejo de Estado CE-SUJ-SII-010-2018
de 12 de abril de 2018, la cual exceptúa, expresamente, a los conscriptos de la Policía
que mueren en simple actividad, en misión del servicio y por acción directa del enemigo.
3) Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la providencia del 21 de marzo
de 2024 por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
cuando confirmó la decisión de primera instancia en el sentido de declarar que no había
lugar a anular el acto administrativo demandado, en atención a que el criterio
jurisprudencial fijado en la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018 sí se debía
observar, pues allí se determinó la regla aplicable a la pensión de sobrevivientes para los
beneficiarios de los conscriptos de las Fuerzas Militares muertos simplemente en
actividad.
4) Así pues, de conformidad con la jurisprudencia sobre la materia y en virtud del principio
de favorabilidad, la autoridad judicial demandada dispuso que debía acogerse a lo
estipulado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, el cual señala que, para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, los beneficiarios deben cumplir cada uno
de los requisitos definidos en la norma, entre ellos, la exigencia de haber cotizado 26 o
50 semanas dentro de los 3 últimos años anteriores al fallecimiento.
5) Lo anterior, puesto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido la
posibilidad de que a los beneficiarios de un régimen especial le sean aplicables las
disposiciones de naturaleza general, en tanto estas últimas resultan más favorables que
la compensación por muerte que generalmente se reconoce a los beneficiarios de quien
muere en simple actividad, así:
“En efecto, se colige que el Tribunal en aplicación del principio de
favorabilidad previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, el derecho
a la igualdad y el criterio jurisprudencial fijado en la sentencia de
unificación del 12 de abril de 201830, dispuso que debía acogerse lo
dispuesto en el artículo 46 de la ley en comento, cuya norma prevé la
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pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios de que trata el
artículo 47 ibidem, siempre que se cumpla con cada uno de los requisitos
exigidos por el régimen general, entre los cuales se encuentra la exigencia
de haber cotizado 26 o 50 semanas dentro de los 3 últimos años anteriores
al fallecimiento, siempre que se trate de situaciones que se consoliden con
posterioridad a la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, según el
numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por esa ley.
En ese orden, esta prestación es más beneficiosa que la compensación por
muerte que generalmente se reconoce a los beneficiarios de quien muere
en simple actividad, de manera que, si bien el régimen especial aplicable a las
Fuerzas Militares y el régimen general de pensiones, son diversos, con reglas
jurídicas propias, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido la
posibilidad de que a los beneficiarios de un régimen especial le sean
aplicables las disposiciones de naturaleza general, en tanto estas últimas
resulten más favorables a sus pretensiones.
En este sentido, se observa que Jhon Harvy Rico Campo ingresó en calidad
de auxiliar regular a la Policía Nacional el del 22 de marzo de 200731 y el
12 de septiembre de 2007 falleció, de modo que el periodo fue de 5 meses
y 20 días, es decir 24.5 semanas, por cuanto no logró siquiera las 26
semanas que requiere el numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas
de la Sala).
6) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a que se declarara la nulidad del acto
administrativo que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, debido a que,
de conformidad con el principio de favorabilidad y el régimen especial de los miembros
de la fuerza pública, si la muerte del uniformado voluntario se da con ocasión de la misión
del servicio, sus beneficiarios tienen derecho a la prestación, sin tomar en cuenta el
tiempo de servicio, por cuanto el fallecimiento sobrevino en desarrollo de la misión
constitucional y legal.
7) Señaló que la autoridad judicial demandada no podía alegar como fuente la sentencia
de unificación del 2018, por cuanto no previó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes de los beneficiarios de los conscriptos que mueran con ocasión del servicio
(ya sea en misión del servicio o por acción directa del enemigo) conforme a las normas
del régimen especial para el personal voluntario que fallezca en las mismas
circunstancias.
8) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación y resueltos en el fallo del 21 de marzo de 2024.
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9) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela concluyó que había lugar a confirmar la decisión de primera
instancia, en el entendido que, en virtud del principio de favorabilidad y la jurisprudencia
sobre la materia, el régimen general de pensiones resultaba más favorable a las
pretensiones de la parte demandante, por lo cual, conforme al artículo 46 de la Ley 100
de 1993, era requisito indispensable para acceder a la pensión de sobrevivientes haber
cotizado 26 o 50 semanas dentro de los 3 últimos años anteriores al fallecimiento; sin
embargo, como el señor Jhon Harvy Rico Campo no logró las semanas requeridas, no
era posible el reconocimiento de la prestación a los beneficiarios.
10) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
11) No puede el juez constitucional entrar a resolver sobre cuestiones que no tienen una
clara y marcada relevancia constitucional y que fueron abordadas por el juez natural de
la causa solo porque la demandante tenga un criterio distinto o mucho menos para
proponer una mejor solución al caso.
12) En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Yanery Campo Cortázar
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2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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