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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06065-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06065-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00, (acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000- 2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000- 2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00). Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS. ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional promovida por los señores JOHN JAIRO QUIRÁ YAGUE, OCTAVIO ROJAS SÁNCHEZ, HÉCTOR HORACIO RAMÍREZ MUÑOZ y EDGAR FERNANDEZ PAJA por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia promovida por el señor GELMIS CHATE RIVERA por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00, (acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000- 2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000- 2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00). Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS. para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06065-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-
000-2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-
03-15-000-2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL SEÑOR GELMIS
CHATE RIVERA ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA
TERCERA INSTANCIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. SE DECLARA LA FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE LOS SEÑORES JOHN
JAIRO QUIRÁ YAGUE, OCTAVIO ROJAS SÁNCHEZ, HÉCTOR
HORACIO RAMÍREZ MUÑOZ Y EDGAR FERNANDEZ PAJA, PUES NO
HICIERON PARTE DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DONDE SE
PROFIRIERON LAS SENTENCIAS CUESTIONADAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
ELEGIR Y SER ELEGIDO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA1 y la

SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Los señores JOHN JAIRO QUIRÁ YAGUE3, GELMIS CHATE

RIVERA4, OCTAVIO ROJAS SÁNCHEZ5, HÉCTOR HORACIO

RAMÍREZ MUÑOZ6 y EDGAR FERNANDEZ PAJA7 actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a elegir y

ser elegido, los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL y la

SECCIÓN QUINTA al haber proferido las providencias de 25 de

julio y 31 de octubre de 2024, respectivamente, dentro del medio

1
En adelante el Tribunal
2
En adelante la Sección Quinta
3
Actor en la acción de tutela identificada con el número único de radicación 2024-06065-00.
4
Actor en las acciones de tutela identificadas con los números únicos de radicación 2024-06073-00 y
2024-06429-00.
5
Actor en la acción de tutela con número único de radicación 2024-06068-00.
6
Actor en la acción de tutela con número único de radicación 2024-06066-00.
7
Actor en la acción de tutela con radicación número 2024-06074-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

de control de nulidad electoral identificado con el número único de

radicación 19001-23-33-000-2023-00220-01.

I.2.- Hechos

Los escritos de tutela acumulados guardan identidad en los

siguientes hechos:

Indicaron que el señor SERGIO ANDRÉS ARDILA BELTRÁN

promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad

electoral, contra la elección del señor GELMIS CHATE RIVERA como

alcalde del municipio de Inzá (Cauca, Colombia), para el período

constitucional 2024-2027, con aval del Movimiento Alternativo

Indígena y Social (MAIS).

Refirieron que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 2023-00220-00 y le correspondió por reparto al

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 25 de julio de 2024, accedió

a las pretensiones de la demanda al considerar que se encontraron

probados los elementos constitutivos de la doble militancia en

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4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

modalidad de apoyo, por lo que declaró la nulidad de elección del

señor GELMIS CHATE RIVERA.

Adujeron que el señor GELMIS CHATE RIVERA, inconforme con lo

anterior, interpuso recurso de apelación, en el cual, además, propuso

remitir la actuación judicial a la jurisdicción indígena, por ser la

competente para conocer del asunto y, de negarse a ello, que se

tramitara ante la Corte Constitucional el respectivo conflicto de

jurisdicciones.

Relataron que, mediante auto de 23 de septiembre de 2024, la

SECCIÓN QUINTA se abstuvo de tramitar el conflicto de

jurisdicciones ante la Corte Constitucional y en sentencia de 31 de

octubre de 2024, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Las acciones de tutela identificadas con los números únicos de

radicación 2024-06065-00, 2024-06073-00, 2024-06068-00,

2024-06066-00 y 2024-06074-00 tienen en común los siguientes

fundamentos de derecho:

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5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

A juicio de la parte actora, la causal de nulidad denominada doble

militancia en modalidad de apoyo aplicada por las autoridades

judiciales accionadas, constituye una irregularidad procesal, pues en

ninguna parte de la Ley Estatutaria se encuentra prevista dicha

causal, especialmente, porque apoyar a un candidato a la

gobernación cuando se aspira a la alcaldía, así sea de otro partido,

no constituye la doble militancia.

Destacaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

un defecto procedimental absoluto, comoquiera que actuaron al

margen del procedimiento establecido, así como en un defecto

sustantivo, pues el asunto fue decidido con fundamento en una

causal de nulidad inexistente.

En efecto, relataron que el defecto procedimental absoluto se

incurrió al aplicar el artículo 2º de la Ley Estatutaria 1475 de 14 de

julio de 20118, dándole un alcance que el legislador no previó, pues

la sanción por apoyar candidatos de diferentes partidos o

movimientos políticos, serán las que prevén los estatutos del mismo

8
Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.

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6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

partido político, de tal forma que en ninguna parte de la ley

estatutaria se creó una causal de nulidad por apoyar a un candidato

de otro movimiento político.

Así las cosas, afirmaron que las providencias cuestionadas

incurrieron en violación directa de la Constitución, al desconocer

el artículo 23 de la Carta Política y 93 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, por lo que no era posible declarar la

nulidad de la elección sin la existencia de una sentencia penal en la

que se condenara al señor GELMIS CHATE RIVERA.

Aseveraron que el artículo 107 de la Constitución Política define la

doble militancia, como el impedimento de pertenecer a dos partidos

políticos simultáneamente, de tal manera que el apoyo a un

candidato a la gobernación de alguien que aspira a la alcaldía no es

una causal de nulidad, como erradamente lo consideró tanto el

TRIBUNAL como la SECCIÓN QUINTA.

En esa medida, destacaron que la revocatoria de elección del señor

GELMIS CHATE RIVERA incumple la jurisprudencia aplicable al

caso de nulidades de actos de elección y optaron por crear vía

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

interpretación una causal contraviniendo normas constitucionales,

convencionales y legales.

Como fundamentos que sustentan la acción de tutela con número

único de radicación 2024-06429-00, se tiene lo siguiente:

Manifestó que se produjo la vulneración de sus derechos político e

indígena individuales y colectivos, por cuanto las autoridades

judiciales accionadas no dieron un enfoque étnico adecuado al asunto

sometido a su estudio, que hubiese llevado a entender que la doble

militancia por apoyo no era aplicable en el caso bajo examen.

Advirtió que la SECCIÓN QUINTA incurrió en violación directa de

la Constitución al abstenerse de iniciar el conflicto jurisdiccional

previsto en el artículo 241 de la Carta Política, pues en el caso puesto

a consideración se reunían los requisitos exigidos en el ordenamiento

para ello.

Sostuvo que también se incurrió en un defecto fáctico, comoquiera

que la sentencia de 31 de octubre de 2024 se fundamentó en videos

sobre los que pesaban cuestionamientos respecto a su autenticidad

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8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

e integralidad y fueron tachados de falsedad, por lo que no se

cumplían los requisitos para ser valorados.

Destacó que la sentencia de 31 de octubre de 2024 incurrió en

desconocimiento del precedente al dejar de aplicar la ratio

decidendi del fallo de 21 de octubre de 2021 proferido por la Sección

Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso identificado con el

número único de radicación 47001-23-33-000-2020-00075-01, en

cuanto a los videos que se utilizan para acreditar actos de apoyo

constitutivos de doble militancia política, no pueden ser empleados

para fundamentar decisiones de nulidad, ante el “manto de duda”

que se impone sobre ellos.

Resaltó que la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de

Estado ha dispuesto que sin la certeza de la integridad y autenticidad

de los videos aducidos en los procesos de nulidad electoral, estos

deben ser desestimados como pruebas adecuadas para soportar los

respaldos indebidos que requiere la doble militancia política.

I.4.- Pretensiones

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como violados y, en consecuencia, que se dejen sin efecto

las sentencias de 25 de julio y 31 de octubre de 2024, proferidas por

el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA, respectivamente, y, en su

lugar, se ordene emitir una nueva decisión en la cual se denieguen

las pretensiones del medio de control de nulidad electoral identificado

con el número único de radicación 2023-00220-01.

En la acción de tutela identificada con el número único de radicación

2024-06429-00, además de lo anterior, el actor solicitó que se

ordene remitir la actuación surtida dentro del mencionado proceso

de nulidad electoral a la Corte Constitucional, con el fin de que se

resuelva el conflicto de jurisdicciones propuesto por las autoridades

tradicionales del Resguardo Indígena Nasa de Yaquivá.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA solicitó declarar improcedente la

solicitud de amparo de la referencia por carecer del requisito general

de la relevancia constitucional, pues los accionantes pretenden

convertir el presente mecanismo constitucional en un escenario de

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10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

debate para confrontar un asunto de mera legalidad que fue decidido

por su juez natural, circunstancia que comporta un reproche directo

a la autonomía judicial, en la medida en que la providencia censurada

se adoptó con fundamento en la ley y en el criterio jurisprudencial

vigente en la materia.

Advirtió que de considerarse superado el requisito general de la

relevancia constitucional, solicitó denegar las pretensiones de la

acción de tutela de la referencia, al no encontrarse demostrados los

defectos alegados, pues su decisión se basó en la debida valoración

del material probatorio aportado en el expediente, la aplicación de la

Constitución Política y los criterios jurisprudenciales dispuestos para

el asunto.

Finalmente, sostuvo que es necesario analizar la legitimación en la

causa por activa de los señores OCTAVIO ROJAS SÁNCHEZ y

HÉCTOR HORACIO RAMÍREZ MUÑOZ para incoar la presente

acción de tutela, pues no allegaron material probatorio que

demuestre que fueron electores de dicha territorialidad.

I.6.- Intervinientes

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

I.6.1.- El Consejo Nacional Electoral resaltó que carece de

legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad

competente para satisfacer las pretensiones de la parte actora, por

lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.

I.6.2.- La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que no

tiene competencia funcional para atender lo requerido por los

actores, pues las providencias que motivaron la presente acción

constitucional fueron proferidas por un despacho judicial que resolvió

el asunto en el marco de su autonomía e independencia judicial.

Aseveró que la parte actora utiliza la acción de tutela para

controvertir lo resuelto dentro del proceso ordinario, como si fuera

una tercera instancia.

En ese orden de ideas, solicitó su desvinculación del presente trámite

constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.3.- El señor Sergio Andrés Ardila, vinculado como tercero con

interés directo en las resultas del proceso por ser parte demandante

en la acción de nulidad electoral objeto de estudio, afirmó que no

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12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

existen motivos ni razones para analizar la existencia de un conflicto

de jurisdicciones entre la jurisdicción especial indígena y la

jurisdicción ordinaria, pues el proceso primigenio es una nulidad

electoral reglada por el CPACA, por lo que en nada tiene que ver la

existencia o no de una decisión o elección interna de un resguardo o

comunidad indígena, pues no es esa la decisión que se está

controvirtiendo.

Sostuvo que en el caso bajo examen la parte actora no acreditó ni

determinó de manera clara y precisa la relevancia constitucional de

la presente solicitud de amparo, lo que hace improcedente la acción

de tutela de la referencia, máxime cuando lo pretendido es crear una

instancia adicional en el proceso ordinario.

En cuanto a los defectos invocados, refirió que no se incurrió en

defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente, pues existen

múltiples pronunciamientos tanto nacionales como internacionales

referentes al CIDH en los cuales no se exige la existencia de una

condena o sentencia de carácter penal en contra de un servidor

público de elección popular.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestiones previas

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) las solicitudes

de desvinculacion por falta de legitimación en la causa por pasiva

presentadas por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y; ii) la

legitimación en la causa por activa de los señores JOHN JAIRO

QUIRÁ YAGUE, OCTAVIO ROJAS SÁNCHEZ, HÉCTOR HORACIO

RAMÍREZ MUÑOZ y EDGAR FERNANDEZ PAJA.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

i) De las solicitudes de desvinculación presentadas

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la Consejo Nacional Electoral y la

Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su

desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que el Consejo

Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

fueron vinculados dentro del medio de control de nulidad electoral

identificado con el número único de radicación 2023-00220-01,

objeto del presente estudio, en calidad de terceros, les asiste interés

en la acción constitucional de la referencia, razón por la que se

denegarán sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación

en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

ii) De la legitimación en la causa por activa en las

acciones de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°

del Decreto 2591 de 19919 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela

9
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en
la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de

tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o

mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,

caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,

además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está

en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto

del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo

que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

demandante y no de otra persona10.

Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente digital

que se encuentra en el aplicativo de consulta Samai11, la Sala

advierte que dentro del medio de control origen de la controversia

son sujetos procesales los siguientes:

Expediente núm. 19001-23-33-000-2023-00220-01

Demandante: Sergio Andrés Ardila Beltrán

Demandado: Gelmis Chate Rivera

Vinculados: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo
de Estado

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Consejo Nacional Electoral

Luz Myriam Paja Rivera

Registraduría Nacional del Estado Civil

Así las cosas, se tiene que, en principio, los legitimados en la causa

para promover la presente acción de tutela son los sujetos que se

10
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.

11

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1900123330002023002
20011100103

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

constituyeron como parte en el marco del proceso de nulidad

electoral, esto es, los señores SERGIO ANDRÉS ARDILA BELTRÁN

y GERLMIS CHATE RIVERA.

Sin embargo, las solicitudes de amparo de la referencia, además de

ser promovidas por el señor GERLMIS CHATE RIVERA, fueron

promovidas por los señores JOHN JAIRO QUIRÁ YAGUE,

OCTAVIO ROJAS SÁNCHEZ, HÉCTOR HORACIO RAMÍREZ

MUÑOZ y EDGAR FERNANDEZ PAJA quienes acuden en nombre

propio y no figuran como parte o terceros intervinientes con interés

directo en el medio de control de nulidad electoral identificado con el

número único de radicación 19001-23-33-000-2023-00220-01,

objeto del presente estudio.

Al respecto, se advierte que esta Sala12 ha considerado que la

legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de tutela

contra providencia judicial y alega la vulneración de sus derechos

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03
15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

fundamentales, está determinada por la participación en el

proceso judicial cuya revisión depreca en ejercicio del amparo

constitucional.

De acuerdo con lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que,

para acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa

en las acciones de tutela contra providencias judiciales, quien

promueva la acción con el propósito de buscar la protección de sus

derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con ocasión de

las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un

proceso judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del

mismo13.

Así las cosas, es claro que los señores JOHN JAIRO QUIRÁ YAGUE,

OCTAVIO ROJAS SÁNCHEZ, HÉCTOR HORACIO RAMÍREZ

MUÑOZ y EDGAR FERNANDEZ PAJA en el presente asunto

carecen de legitimación en la causa por activa para formular

solicitud de amparo contra la providencia cuestionada, por cuanto no

13
Es ese sentido se ha pronunciado esta Sala en las sentencias de 7 de septiembre de 2023, identificada
con el número único de radicación 110010315000-2023-04321-00, C.P.(E) Nubia Margoth Peña Garzón
y 2 de noviembre de 2023, identificada con el número único de radicación 110010315000-2023-05226-
00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

demuestran que se hayan hecho parte dentro del proceso judicial en

el que fue proferida.

En efecto, los señores JOHN JAIRO QUIRÁ YAGUE, OCTAVIO

ROJAS SÁNCHEZ, HÉCTOR HORACIO RAMÍREZ MUÑOZ y

EDGAR FERNANDEZ PAJA no ostentan ninguna de esas calidades

ni se hicieron parte dentro del medio de control de nulidad electoral

origen de la controversia, razón por la que al no ser titulares de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a elegir

y ser elegido cuya vulneración deprecan, carecen de legitimación en

la causa por activa para promover la solicitud de amparo de la

referencia.

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de

amparo en cuanto a los señores JOHN JAIRO QUIRÁ YAGUE,

OCTAVIO ROJAS SÁNCHEZ, HÉCTOR HORACIO RAMÍREZ

MUÑOZ y EDGAR FERNANDEZ PAJA por no cumplir con el requisito

previsto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

Aclarado lo anterior, comoquiera que la acción constitucional de la

referencia está encaminada a que se restablezcan los derechos

fundamentales del señor GELMIS CHATE RIVERA, será frente a

este que se estudiará la presente solicitud de amparo.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el señor GELMIS CHATE

RIVERA pretende que se amparen sus derechos fundamentales al

debido proceso, a la igualdad y a elegir y ser elegido y, en

consecuencia, se dejen sin efecto las providencias de 25 de julio

y 31 de octubre de 2024, proferidas por el TRIBUNAL y la

SECCIÓN QUINTA, respectivamente, dentro del medio de control

de nulidad electoral identificado con el número único de radicación

2023-00220-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,

se incurrió en los defectos procedimental absoluto, violación

directa de la Constitución, fáctico y desconocimiento del

precedente, en la medida en que el apoyo a un candidato no

constituye la causal de nulidad de doble militancia, además, que no

era posible declarar la nulidad de la elección sin la existencia de una

sentencia penal en la que se condenara al señor GELMIS CHATE

RIVERA.

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27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
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Añadió que se debió dar trámite al conflicto de jurisdicciones

propuesto, así como tener en cuenta la ratio decidendi de la sentencia

de 21 de octubre de 2021 proferida por la Sección Quinta del Consejo

de Estado dentro del proceso identificado con el número único de

radicación 47001-23-33-000-2020-00075-01. Finalmente, adujo que

dentro del proceso de nulidad electoral se tuvieron en cuenta pruebas

que fueron tachadas de falsas.

En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se

presentó contra el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA, lo cierto es

que la sentencia de 31 de octubre de 2024 confirmó la decisión del a

quo y fue la que puso fin al proceso, razón por la que la Sala realizará

únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos

fundamentales invocados frente a la sentencia proferida por el ad

quem.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

SECCIÓN QUINTA vulneró los derechos deprecados e incurrió en

los defectos alegados, al haber proferido la providencia de 31 de

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
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octubre de 2024 dentro del medio de control de nulidad electoral

identificado con el número único de radicación 2023-00220-01.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 14, de manera

14
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
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tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».15

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación16, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los

15
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
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jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [18].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [19].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [20].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela

[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
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no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el

[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
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denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [23]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
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siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
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En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

controversia que propone la parte actora implica la reapertura de un

asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende

constituir una instancia adicional, comoquiera que los argumentos

expuestos en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que no

se incurrió en la causal de doble militancia, pues la conducta de

apoyo a un candidato de otro partido o movimiento político, no es

sancionable, lo cual se evidencia de las pruebas allegadas al

expediente, así como de las normas y la jurisprudencia dispuesta

para el asunto.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae el accionante a esta sede

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2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
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constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por la

SECCIÓN QUINTA, al realizar un análisis del asunto, así:

“[…] 60. En el orden de ideas, resulta pertinente que la Sala se
pronuncie respecto de las censuras de la apelación en el
siguiente orden i) generalidades sobre la valoración probatoria,
de las supuestas irregularidades en el análisis de los videos y la
valoración de la prueba testimonial de acuerdo con la sana crítica
y ii) el estudio de los elementos objetivo y temporales de la doble
militancia, de conformidad con las pruebas allegadas al
expediente, previas las siguientes consideraciones en relación
con la doble militancia en la modalidad de apoyo.

2.2.1. De la causal de nulidad por doble militancia en la
modalidad de apoyo

61. La prohibición de doble militancia fue establecida con el fin
de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las
agrupaciones políticas y evitar que sus militantes desplegaran
conductas contrarias a los principios y lineamientos propios de
cada una de ellas24. En tal sentido, el artículo 107 superior
dispone:

[…]

62. Posteriormente, con la Ley 1475 de 2011 se fijaron
presupuestos taxativos para poder estructurarla, tal como se
desprende de su artículo 2.°:

[…]Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno,
administración o control, dentro de los partidos y movimientos
políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar

24
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de junio de 2022, expediente 70001-23-33-000-
2020-00004-03, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
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candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos
por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que
los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si
deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

[…]

En relación con la prohibición de doble militancia en la modalidad
de apoyo, temática general sobre la cual recae el recurso de
alzada, cabría anotar que en sentencia del 10 de marzo de
202225 la Sala Electoral reiteró sus elementos configuradores,
así:

[…]

En igual sentido, ha reiterado26 que la doble militancia «proscribe
el apoyo a un candidato diferente al inscrito o apoyado por una
determinada colectividad política, lo cual necesariamente
presupone que el partido o movimiento político bien haya
inscrito un candidato propio para determinado cargo de
elección popular o en su defecto que haya decidido, de
forma expresa, apoyar a un candidato de otra
organización política». [Énfasis de la Sala].

66. De lo anterior se desprende un elemento modal de la
conducta que conlleva al análisis en torno a si el partido o
movimiento político que avaló la postulación del acusado
inscribió una candidatura propia al cargo de elección popular de
que se trate, comoquiera que solo en estos eventos puede
reprocharse la defraudación a la lealtad partidista exigida al

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de marzo
de 2022, expediente 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de junio
de 2024, expediente 11001-03-28-000-2023-00105-00 (principal), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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candidato sometido al medio de control de nulidad electoral.

[…]

Al revisar la videograbación de la audiencia de pruebas se pudo
constatar que los enunciados videos fueron proyectados a cada
uno de los testigos que asistieron a dicha diligencia, a través de
un televisor que se observó estaba en la sala de audiencias de
la primera instancia.

80. Aunado a lo anterior, también se pudo verificar que en dicha
audiencia el apoderado del demandado sostuvo que los videos
no corresponden a los aportados con la demanda inicial y, por
ello, ante la decisión del tribunal de reproducirlos desde la
memoria USB del demandante, solicitó la palabra para dejar la
constancia que la información allí guardada no la descargó el
ingeniero de sistemas del tribunal, sino el propio apoderado del
demandante.

81. De igual forma, llama la atención de la Sala que la decisión
que adoptó el magistrado conductor de la audiencia, esto es, la
de exhibir los videos a los testigos para su reconocimiento, no
fue objeto de impugnación alguna por las partes. Así se
desprende de la audiencia:

[…]

De igual forma, se advierte que frente a la decisión del
magistrado que dirigió la audiencia de pruebas, la cual fue
notificada en estrados, la parte pasiva no interpuso el recurso
de reposición (Art. 242 CPACA), sino que, por el contrario, se
limitó a señalar que hacía «una anotación de que los archivos
fueron descargó (sic) del computador fue el abogado mas no el
ingeniero». Lo anterior, demuestra que de alguna manera
estuvo de acuerdo con la decisión que se adoptó, tanto así que
luego interrogó a los testigos conforme los videos aportados a la
enunciada diligencia.

En ese sentido, resulta ajustado colegir que el extremo pasivo

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

no usó las prerrogativas procesales a su alcance para oponerse
a la exhibición del video contenido en la memoria y, a su vez,
omitió el deber de probar el supuesto de hecho que alegó con el
fin de censurar los videos exhibidos, aspecto que coincide con la
carga de la prueba (Art. 167 CGP), lo cual le correspondía
asegurar con el fin de sustentar el reparo que ahora trae a la
segunda instancia.

[…]

En ese orden, se tiene que al expediente se allegaron cuatro
videos en formato MP4. En su orden, todos con la siguiente
duración, el primero, 1:29 min; el segundo, 1:06 min, el tercero,
de 7:11 min y el cuarto, 7:45 min.

En primer lugar, para la Sala resulta relevante indicar que, una
vez revisados los tres primeros videos allegados con el
expediente digital, se puede concluir, sin dubitación alguna, que
las palabras, a partir de las cuales se reprocha la conducta que
constituiría la supuesta doble militancia, fueron las siguientes:

[…]

De la reproducción de los videos 1, 2 y 3, la Sala encuentra que
se trata del demandado, no solo porque así lo confirmaron los
testigos Cotacio Muñoz, Chantre Gurrute, Pillimue Mendoza y
Maquillo Rojas, sino que, de su propio dicho, se deriva tal
afirmación «y por quien les habla GELMIS CHATE». A su vez,
resalta la Sala que el contenido del video aportado con la
demanda no fue objeto de reparo por el accionante, quien
tampoco negó que fuese la persona del video.

[…]

El aspecto problemático de dicho apoyo obedece a que el partido
MAIS inscribió candidato propio a la Gobernación del Cauca, esto
es, al señor Nelson Mazabuel Quilindo, así consta en el
formulario E-26 allegado en el índice 3 del Samai. Por ello, el
demandado debía abstenerse de apoyar candidatos distintos a

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

los inscritos por su colectividad.

En ese orden, como el Partido MAIS inscribió candidato a la
gobernación del departamento del Cauca y el señor Gelmis
Chate Rivera solicitó al público al que se estaba dirigiendo en
dicho evento el patrocinio para el señor Jorge Octavio Guzmán
Gutiérrez, resulta ajustado afirmar que se configuró el elemento
objetivo de la prohibición de la doble militancia.

A su vez, para esta Sección, no existen dudas de que los videos
muestran que la intervención de apoyo del señor Chate Rivera
se dio en un evento público, pues allí se observan, en una plaza
municipal, un conglomerado de personas escuchando su
intervención, en un acto netamente proselitista y en donde se
observa publicidad electoral del candidato y de la aspirante a la
Asamblea Josefina Díaz. Así se puede constatar desde las
imágenes capturadas de los videos 2 y 3 allegados con el
expediente digital:

[…]

En lo atinente al elemento temporal, resulta claro que se dio en
época de campaña electoral, toda vez que i) es el propio
demandado quien refiere «Por eso los invito a que sigamos,
estamos en la recta final, nos quedan escasos días y espero que
el 29 de octubre cada uno de ustedes salga decididamente a
votar» y ii) a su lado se encuentra una señora llamada Josefina
Díaz, como también lo afirman los testigos, quien estaba en
campaña a la Asamblea Departamental del Cauca por el partido
MAIS y cargaba una afiche de propaganda electoral con el
número 56, circunstancias que son propias de cuando existen
candidatos inscritos y se puede adelantar la campaña electoral.

116. Por otra parte, frente al video cuatro, el cual es objeto de
valoración porque también fue aportado con la demanda, la Sala
observa al demandado Chate Rivera haciendo una intervención
ante unas personas, al parecer celebrando su triunfo obtenido
en la elección demandada.
[…]

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

Así las cosas, la Sala advierte que, a partir de la valoración en
conjunto de las pruebas allegadas al expediente, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, se tiene que el señor Gelmis Chate
Rivera incurrió en la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo y, por ello, lo procedente será confirmar la
decisión de primera instancia conforme la parte motiva de esta
providencia.

[…]”.

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia,

además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la

medida en que su solución se deriva de la interpretación que la parte

actora pretende que se dé a las pruebas, a las normas y la

jurisprudencia dispuestas para el asunto, fueron resueltas por la

autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada.

Ahora, en cuanto al reparo del actor, según el cual la autoridad

judicial accionada incurrió en violación directa de la Constitución

al abstenerse de iniciar el conflicto jurisdiccional previsto en el

artículo 241 de la Carta Política, se advierte que tampoco cumple con

el requisito general de la relevancia constitucional, comoquiera que

dicho aspecto fue resuelto por la SECCIÓN QUINTA en auto de 23

de septiembre de 2024 y confirmado en proveído de 22 de octubre

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
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de la misma anualidad, de tal forma que lo que se pretende es

convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional

del proceso ordinario.

En efecto, mediante auto de 23 de septiembre de 2024, la autoridad

judicial accionada resolvió:

“[…] Así las cosas, de conformidad con la Constitución y el
CPACA, no existe algún motivo para declarar la falta de
competencia de esta jurisdicción para conocer y tramitar el
presente medio de control de nulidad electoral y, en ese sentido,
tampoco existe lugar a proclamar alguno de los efectos que
prevé el artículo 138 del CPACA, en torno a la eficacia de las
actuaciones adelantadas.

21. En efecto, en primer lugar, cabría anotar que el artículo 237
de la Constitución Política señala que el Consejo de Estado
deberá «Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción
a las reglas de competencias establecidas en la ley».

22. En ese orden, se tiene que el artículo 104 del CPACA señala
que esta jurisdicción está instituida para conocer de lo dispuesto
en la Constitución Política y en las leyes especiales, sin que se
desprenda del artículo 105 alguna excepción para no tramitar
las demandas relacionadas con asuntos electorales, en especial,
aquellas que guarden relación con algún componente étnico en
la materia.

23. Así, se tiene que esta jurisdicción conoce de las controversias
relacionadas con la nulidad de los actos de elección o
llamamiento a ocupar curul, de aquellos proferidos por cuerpos
electorales o los de nombramiento sin pretensión de
restablecimiento de derecho, entre otros, a través del Consejo

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(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

de Estado, los Tribunales y jueces administrativos,
respectivamente.

24. En lo atinente a los tribunales administrativos, y en lo
aplicable al caso concreto, se tiene que dicha autoridad tiene
competencia para conocer de la nulidad del acto de elección de
los alcaldes municipales y distritales (art. 151), de manera que
el Consejo de Estado conocerá de la apelación de dicha sentencia
en segunda instancia (art. 150).

25. Dichas competencias han sido señaladas en el CPACA, sin
que se advierta alguna disposición especial que prive del
conocimiento de los asuntos electorales a esta jurisdicción
cuando se trata de una alcaldía de orden municipal en la que fue
elegido un ciudadano que goza de la condición de «comunero
indígena» en los términos que lo refiere el accionante.

26. En el orden de ideas, los argumentos expuestos hasta acá
hacen evidente que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo es la competente para conocer de la acción de
nulidad electoral, respecto de la elección de los alcaldes
municipales, pues así se desprende de la Constitución y la ley.

27. Al respecto, se tiene que el demandado accedió a la alcaldía
del municipio de Inzá (Cauca), entidad que no pertenece al
ámbito territorial indígena y que, además, su elección en dicho
cargo se dio como un ciudadano común, en una elección de
naturaleza ordinaria, distinta a las que llevan a cabo las
autoridades indígenas en su territorio para elegir sus
dignatarios. De igual forma, en el presente no se juzgará al
demandado en su presunta condición de indígena, ni desde el
ámbito penal o civil, sino que lo procedente es un juicio de
legalidad en abstracto respecto del acto de su elección.

28. En otros términos, como el acto que se juzga no proviene de
una designación o elección propia de la comunidad indígena y
tampoco se advierte que fue adoptado conforme sus propias
reglas, sino que se reputa como propio de la circunscripción
ordinaria, no es factible que esta judicatura remita por
competencia el presente asunto a «la Parcialidad Indígena Nasa

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06065-00,
(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

del Resguardo de Yaquivá». Por la misma razón, no resulta
acertado tramitar el suscitado conflicto de competencias entre
jurisdicciones.

29. Proceder de forma contraria sería oponer a lo prescrito en la
Constitución y el CPACA, incluso, en contra del régimen electoral
vigente, cuya observancia, al igual que los referentes normativos
enunciados, resultan de obligatorio cumplimiento. En específico,
sería inobservar el artículo 245 del texto superior que con
suficiente claridad delimita el ámbito de la jurisdicción especial
indígena, así:

[…]

Desde la perspectiva anterior, acceder a las pretensiones del
apelante, a efectos de excluir el control constitucional y legal de
un acto administrativo de esta naturaleza de su juez natural, se
opone abiertamente a la Constitución y la ley, además, a la
jurisprudencia de esta Corporación que, incluso, en aquellos
casos donde se debate la legalidad de los actos de quienes han
sido elegidos por la circunscripción especial indígena, ha
asumido competencia para conocer y decidir de dichos
asuntos27.

Aunado a lo anterior, es pertinente traer a colación el criterio
que adoptó esta Sala de lo Electoral28 al pronunciarse respecto
de un conflicto de jurisdicciones, cuyos contornos son similares
al presente:

Dentro de la institucionalidad del Estado Colombiano
acorde con nuestra Constitución Política y con el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de
septiembre de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00273-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 11 de julio de
2011, expediente 11001-03-28-000-2010-00054-00, MP. Mauricio Torres Cuervo.

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de sala del 5 de
marzo de 2015, expediente 11001-03-28-000-2014-00030-00, MP. Susana Buitrago Valencia.

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(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

Administrativo que nos rige, es ésta la jurisdicción
competente para conocer de la acción de nulidad electoral
respecto del acto de elección de Senadores y
Representantes a la Cámara. El reconocimiento
constitucional de funciones jurisdiccionales a las
autoridades de los pueblos indígenas está limitado a su
ámbito territorial y condicionado a que no se oponga a la
Constitución y a las leyes de la República.

La elección que se enjuicia en este proceso, es de un
integrante del Congreso de la República, órgano
legislativo del Estado de ámbito nacional. Se trata del
juzgamiento del “acto administrativo” que declaró tal
elección, se reitera, de cargo de esta jurisdicción especial
de lo contencioso administrativo por disposición expresa
de la Carta Política. Se opone abiertamente a la
Constitución y a la ley, excluir el control constitucional y
legal de un acto administrativo de esta naturaleza de su
juez natural y propio, el juez del contencioso electoral.

El demandado señor Edgar Alexander Cipriano Moreno
accedió a su curul en la Cámara de Representantes en
calidad de ciudadano común por la circunscripción
ordinaria del departamento del Guainía en el marco del
sistema electoral colombiano, cuyas normas, por ser de
orden público, resultan de obligatorio cumplimiento para
todos los habitantes.

El acto que se juzga no es de designación de autoridades
propias de la comunidad indígena ni realizada bajo sus
reglas.

En este proceso de nulidad electoral, no se juzga al
Representante a la Cámara en su condición de Cacique
Indígena, ni desde el punto de vista civil ni desde el penal,
se controvierte únicamente la legalidad del acto.

El anterior criterio jurisprudencial permite reafirmar que la
competencia para resolver las acciones de nulidad electoral, en
la circunscripción ordinaria, recae, exclusivamente, en la

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(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

jurisdicción de lo contencioso administrativo.

[…]”.

Significa lo precedente que lo pretendido por el actor es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos en la contestación de la demanda de nulidad electoral y

en el conflicto de jurisdicciones propuesto, con la finalidad de que se

haga una corrección al análisis que hizo la autoridad judicial

accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el

mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los

previstos en el trámite ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas, las normas y la

jurisprudencia prevista para el caso, en el cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter

de un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y

de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

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(acumulados 11001-03-15-000-2024-06073-00, 11001-03-15-000-
2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado por el señor GELMIS CHATE RIVERA, por

carencia del requisito general de la relevancia constitucional, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO

NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

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2024-06429-00, 11001-03-15-000-2024-06068-00, 11001-03-15-000-
2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional promovida por los señores JOHN JAIRO QUIRÁ

YAGUE, OCTAVIO ROJAS SÁNCHEZ, HÉCTOR HORACIO

RAMÍREZ MUÑOZ y EDGAR FERNANDEZ PAJA por no cumplir con

el requisito previsto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia promovida por el señor GELMIS

CHATE RIVERA por carecer del requisito general de la relevancia

constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

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2024-06066-00 y 11001-03-15-000-2024-06074-00).
Actores: JHON JAIRO QUIRÁ YUGUE Y OTROS.

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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