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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06069-00

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06069-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 75 Ibidem. 76 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00. 33 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 06069 00 Accionante: Miguel Ángel Barrera Núñez PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Congreso de la República, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme lo expuesto previamente. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE en la acción de tutela instaurada por el señor Miguel Ángel Barrera Núñez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06069-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de abril de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2024 06069 00
Accionante: Miguel Ángel Barrera Núñez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06069 00
Accionante: MIGUEL ÁNGEL BARRERA NÚÑEZ
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA, COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, CONGRESO
DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO

Tesis: Hay lugar a declarar la carencia actual de objeto por
situación sobreviniente cuando, en el transcurso de la
acción de tutela, desaparecen los fundamentos de hecho
en los que se sustentaba la protección de amparo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Miguel Ángel
Barrera Núñez, en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, el Congreso de
la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Miguel Ángel Barrera Núñez, actuando en calidad de magistrado
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, promovió acción
1

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06069 00
Accionante: Miguel Ángel Barrera Núñez

de tutela en contra de las precitadas autoridades, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:

“[…] 1.- Amparar mis derechos fundamentales de carrera judicial y
del mérito.

2.- Dejar sin efectos la sentencia del pasado 29 de agosto dentro de
la acción de cumplimiento radicada bajo el No.
17001233300020240008101.

3.- Ordenar a la Sección Quinta – Sala de la Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que emita nueva providencia,
en la que ordene a la CNDJ, en acatamiento del artículo 167 de la
Ley 270 de 1996, informe a la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura la totalidad de los 46
cargos actualmente vacantes de los cuales son nominadores.

4.- En defecto de la anterior, impartir la orden directamente por el
juez de tutela a la CNDJ, que en acatamiento de los artículos 167
Estatutario y vigésimo segundo del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18
de septiembre de 2017 informe a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura la totalidad de
los 46 cargos actualmente vacantes de los cuales son nominadores
[…]”.

Adicionalmente, como pretensiones dirigidas a la Corte Constitucional,
solicitó lo siguiente2:

“[…] 1. Declarar el Estado Inconstitucional de cosas en materia de
carrera judicial en Colombia e impartir las órdenes que estimen
razonables, en orden a conjurarlo, dirigidas a todas las autoridades
contra las cuales se dirige la acción.

2. Ordenar que se legisle o regule de manera general, razonable y
con expectativa de permanencia el concurso de méritos,
estableciéndose estadios, términos razonables, porcentajes
mínimos de superación de las distintas etapas que permita la
conformación de listas de elegibles y su vigencia hasta nuevos
concursos, sin solución de continuidad.

3. En particular ordene a la CNDJ, para que en adelante acate, como
cualquier otro nominador las reglas constitucionales y estatutarias
de carrera judicial, publique las vacantes – puerta de entrada al
sistema de méritos –, privilegie los derechos de carrera frente a los
compañeros provisionales, tal y como se postula en el comunicado
047 de la sentencia SU-452 de 2024 de la Corte Constitucional;

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
2
Ibidem.
2

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omita la expedición de actos administrativos secretos, y como
cualquier otro nominador envíe copia de sus actos administrativos a
los organismos encargados del registro nacional de escalafón y a los
propios administrados, que tienen, tenemos derecho a conocerlos
[…]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante indicó que la Ley 270 de 19963, en su artículo 167 dispone
que “(…) cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario,
la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los
tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo
Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso (…)”4.

Manifestó que, en desarrollo de la norma anterior, el Acuerdo PCSJA17-
10754 del 18 de septiembre de 20175, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, establece, entre otras directrices, que “(…) en todos los
casos las autoridades nominadoras deberán informar al Consejo Superior
– Unidad de Administración de la Carrera Judicial o Seccional de la
Judicatura y a la Dirección Ejecutiva o Seccional según corresponda, de
manera inmediata según la normativa vigente, sobre la decisión del
traslado o listas de candidatos o elegibles según corresponda, para que
se realicen las anotaciones respectivas y se ejerza el adecuado control de
movimiento de personal. Con el informe, el nominador deberá allegar
copia del acto administrativo mediante el cual se resuelve la solicitud de
traslado, e indicará la fecha de nombramiento y posesión de los servidores
judiciales sujetos del traslado, a efectos de actualizar el Registro Nacional
de Escalafón (…)”6.

Señaló que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial “(…) es una entidad
nominadora, cobijada por las mismas normas estatutarias de carrera

3
Ley estatutaria de la Administración de Justicia.
4
Cita tomada del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
5
Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se
dictan otras disposiciones en la materia.
6
Cita tomada del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
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judicial, que no goza de fuero o régimen especial y por ende la vinculan
los artículos 132, 134 y el ya citado artículo 167, y por ende, también
debe acatar el Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, y
en consecuencia, se encuentra obligada a enterar a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial sobre la decisión de los traslados que
han sido conceptuados favorablemente por dicha unidad, sean o no
concedidos, con miras a mantener el adecuado control de movimiento de
personal, e incluso a allegar copia del acto administrativo que resuelve la
respectiva solicitud en orden a actualizar el registro nacional del escalafón
(…)”7.

Sin embargo, sostuvo que “(…) la CNDJ como caso excepcional, no expide
actos administrativos, acuerdos o resoluciones como lo hacen las Cortes,
Tribunales y Jueces, sino que resuelve sobre traslados en salas de
decisión y oculta sus motivaciones bajo el argumento de la “reserva de
las actas de Sala” (…)”8.

En ese sentido, informó que, promovió acción de cumplimiento en contra
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que diera
aplicación e hiciera efectiva la Ley 270 de 1996.

La acción de cumplimiento correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Caldas que en sentencia del 17 de mayo de 2024,
declaró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial había incumplido
lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 270 de 1996 y, en consecuencia,
le ordenó que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo,
comunicara a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
la existencia de todas las vacantes creadas mediante el Acuerdo PCSJA22-
12027 del 16 de diciembre de 2022.

Inconforme con la decisión anterior, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial interpuso recurso de apelación y la Sección Quinta del Consejo de

7
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
8
Ibidem.
4

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Estado, en sentencia del 29 de agosto de 2024 la revocó y, en su lugar,
negó la acción de cumplimiento al considerar lo siguiente: “(…) de la
revisión de la página web de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, se encontró que la entidad
publicó en enero de 2023 las vacantes existentes en los cargos de
magistrados del 11 al 17 de enero del mismo año (…). 42. Nótese que,
sin que sea relevante verificar la forma en la que el Consejo Superior de
la Judicatura tuvo conocimiento de la creación de los cargos de
magistrados en las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de
Risaralda y Quindío, publicó la existencia de las vacantes de tal forma que
se considera atendido el mandato de la puesta en conocimiento de las
vacantes por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 43.
Ahora bien, el segundo inciso de la norma contempla que el fin de la
comunicación de las vacantes recae en que el nominador provea las
vacantes dentro de los diez días siguientes, sin que contemple la
obligatoriedad de elegir una modalidad de vinculación. 44. Así las cosas,
lo contenido en el artículo 167 de la Ley 270 de 1996, respecto de la
comunicación de los cargos de magistrados de las Comisiones Seccionales
de Disciplina Judicial de Risaralda y Quindío cuando estos se encontraban
vacantes, ocurrió al momento de su creación con el Acuerdo 12027 del
15 de diciembre de 2022, por parte de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial al Consejo Superior de la Judicatura (…). 45. Situación diferente
es que se hayan designado los magistrados de las mencionadas
seccionales desde el 7 de febrero de 2023 en provisionalidad y en este
momento hubiesen dejado de estar vacantes dichos cargos. Por ello, para
el 15 de febrero de 2023, cuando el accionante solicitó ser trasladado a
una de estas seccionales ya no estaba vacante el cargo de funcionario y
le fue negada su solicitud (…)”9.

Al respecto, el accionante anotó que “(…) obviamente, no es labor de la
CNDJ informar, para que sean publicadas las vacantes generadas cuando,
como en los casos señalados, se acaban de crear cargos de carrera por

9
Ibidem.
5

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parte del Consejo Superior de la Judicatura, ello le corresponde a la
Unidad de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
la que así procede, y da fe que siempre lo hace hasta donde he podido
constatar y tengo conocimiento; de suerte que la publicación citada y
correspondiente al mes de enero de 2023, para cargos creados en
diciembre de 2022, efectivamente fue atendida, pero por la Unidad de
Carrera, y tampoco era labor de la CNDJ (…)”10.

Agregó que, “(…) [es] cierto [que] el artículo 167 LEAJ no obliga una
forma de provisión, pero sí lo hace el artículo 132 de la misma codificación
estatutaria, que puntualmente ordena nombramiento en propiedad para
las vacancias definitivas a quienes hayan superado el concurso de
méritos, y sólo de manera subsidiaria en provisionalidad o encargo, con
lo cual se suple la vacante, pero sólo de forma temporal y con estabilidad
relativa (…)”11.

Aclaró que en la acción de cumplimiento objeto de debate no se discute
su traslado, comoquiera que no es el objeto del litigio ni es el escenario
adecuado para ello, sino que lo pretendido con dicha acción es que la
accionada cumpla la ley y que, en virtud del artículo 167 de la Ley 270 de
1996, se de aplicación al artículo vigésimo segundo del Acuerdo PCSJA17-
10754 del 18 de septiembre de 2017.

En ese sentido, adujo que “(…) sí es obligación de la CNDJ, cuando quiera
que un servidor de carrera fallece, se pensiona, es trasladado, o presenta
renuncia por la razón que sea, informar de la respectiva vacante a la
Unidad de Administración de Carrera; también allí, cuando
arbitrariamente ha negado traslados que previamente han sido
conceptuados favorablemente, con el argumento que con la designación
en provisionalidad ya no hay vacante, incluso allí deben informar al tenor
de la norma en cita (…)”12.

10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
6

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Alegó que “(…) cuando la CNDJ actuando contra legem negó la existencia
de la vacante en la Seccional Risaralda, y con ello me negó el traslado,
debió enviar copia del acto administrativo o cuando menos informar a la
Unidad de Carrera -ya que sus actos administrativos son singularmente
reservados, como ya se ha dicho-; pero nunca lo hizo, como en respuesta
a derecho de petición lo informó la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, pero no sólo en mi caso, sino que ya se le ha hecho costumbre
(…)”13.

Al efecto, relacionó algunos casos aseverando que, en Caldas, Quindío,
Risaralda y Tolima, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no informó
de la negativa de varios traslados para que la Unidad de Administración
de Carrera procediera con la publicación.

Reprochó que “(…) [es] increíble que en las consideraciones de la
providencia confutada, se afirme sin más, que los cargos dejaron de estar
vacantes, sin reparar en que el nombramiento en provisionalidad no
significa que el cargo no siga vacante, hasta tanto se provea por carrera,
ya para designación por lista de elegibles, ora para traslado de servidor
de carrera, sin entrar a controvertir, contrargumentar, o a cumplir carga
argumentativa alguna, como forma de derrumbar el ponderado criterio
de instancia, fundado en jurisprudencia constitucional, según el cual la
accionada no podía seguir argumentando que el cargo no estuviera
vacante por el hecho de encontrarse en provisionalidad, como lo sostuvo
la H. Consejera disidente, e igual acaba de reafirmarlo la Corte
Constitucional en el (…) comunicado 047 [del 23 y 24 de Octubre, que da
cuenta de la expedición de la SENTENCIA SU-452/24] (…)”14.

Resaltó que “(…) la respuesta a los derechos de petición que acompañan
a esta tutela, particularmente por parte de la Unidad de Administración
de Carrera, enseña que la CNDJ, jamás informó que hubiere negado los
traslados que habían sido conceptuados de manera favorable, de modo

13
Ibidem.
14
Ibidem.
7

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que los H. Consejeros accionados faltan a la verdad cuando afirman que
la CNDJ sí cumplió con el deber previsto en el artículo 167 estatutario,
cuándo lo hizo? Dónde está dicha comunicación? (…)”15.

Puso de presente que, en respuesta al derecho de petición presentado por
el señor Oscar Mauricio Rodríguez Serna, quien solicitó información sobre
el total de cargos de jueces y magistrados a nivel nacional, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
indicó lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo anterior, el accionante expuso que “(…) [de] 98
cargos en total a nivel Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, 54
[están] provistos en propiedad y 44 en provisionalidad; sin embargo, en
las listas que la Unidad de Administración de Carrera Judicial publica
mensualmente, se advierte que para los meses de octubre y noviembre
sólo se publican 36 vacantes (…)”16.

En ese sentido, aseguró que “(…) SE OCULTAN, NO APARECEN, SE
ESCONDEN, O COMO SE QUIERA CALIFICAR, 10 VACANTES (…)”17, por lo
que, añadió que “(…) de allí la trascendencia de vincular a esta acción de
tutela a la Unidad de Administración de Carrera, en aras de dejar
claramente sentado por qué es que no aparecen publicadas 10 de las 46
vacantes actualmente existentes a nivel de Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial, me temo que no es precisamente por su

15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
8

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responsabilidad, pero de eso se trata esta acción, de verificar por qué y
por quién se desconoce el artículo 167 de la LEAJ (…)”18.

En cuanto a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, argumentó que su solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de subsidiariedad e inmediatez. Frente a la
relevancia constitucional, precisó que “(…) LOS NOMBRAMIENTOS EN
PROVISIONALIDAD TIENEN EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DEL
ESTADO HASTA QUE CESE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE
GENERÓ LA VACANCIA. POR TANTO, LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL HA SEÑALADO QUE LA VINCULACIÓN DE EMPLEADOS
EN PROVISIONALIDAD DEBE SER UNA MEDIDA TRANSITORIA Y
EXCEPCIONAL, PUES PARA DICHOS NOMBRAMIENTOS NO SE REALIZÓ
UN CONCURSO QUE MATERIALICE EL PRINCIPIO DEL MÉRITO PARA LA
PROVISIÓN DE CARGOS PÚBLICOS (…)”19.

Anotó que “(…) ríos de tinta se han escrito sobre la importancia que
reviste en el orden constitucional colombiano el mérito como fundamento
de la carrera judicial y administrativa, que cualquier persona daría por
hecho (…)”20. Al efecto, citó apartes de las sentencias C-588 de 1999, C-
563 de 2000, C-533 de 2010, C-673 de 2015, C-645 de 2016 y C-134 de
2023.

Subrayó que “(…) la relevancia constitucional del asunto planteado, (…)
tiene que ver justamente con el mérito como elemento esencial de la
carrera judicial, como lo plasmó por enésima vez la propia Corte
Constitucional en su sentencia C-134 de 2023, donde ejerció el control
previo de constitucionalidad de la reforma a la LEAJ y particularmente con
la obligación que tienen los nominadores de informar al órgano que
corresponda, de la existencia de las vacantes, en aquellos cargos cuya
designación se le han atribuido constitucional y legalmente; pues si omite

18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
9

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semejante obligación, las plazas de carrera que se encuentren vacantes
y no sean informadas, imposibilitará no sólo el traslado a que tenemos
derecho los servidores de carrera, en los términos del artículo 134 sino la
propia designación en lista de elegibles, cuando alguna vez el concurso
actual (convocatoria 027) termine (…)”21.

Posteriormente, en el acápite del escrito de tutela denominado “DE LA
SOLICITUD DE DECLARAR EL ESTADO INCONSTITUCIONAL DE COSAS EN
MATERIA DE CARRERA JUDICIAL. (LA FÁBULA DEL COLIBRÍ)”, señaló que
“(…) la negativa a informar de las vacantes que se suscitan y a ultranza
se niegan traslados consagrados en la ley estatutaria y reservados para
los servidores en propiedad, nos ubica ante el culmen de todo un proceso
de selección que no debería llamarse de méritos, sino contra el mérito,
pues (…), nos aprestamos a 10 años de inexistencia de lista de elegibles
y la consecuente politización exacerbada de cargos en la Rama Judicial en
todos sus niveles (…)”22.

Al respecto, citó el artículo 156 de la Ley 270 de 199623, y manifestó que
“(…) [es un] verdadero mandato de optimización que debe imbuir, nutrir,
iluminar todo el proceso de carrera: Lamentablemente hoy denostado por
el Consejo Superior de la Judicatura, organismo encargado de su
administración y gestión, que en más de 30 años no ha podido adelantar
procesos de selección expeditos que garanticen la disponibilidad
permanente de elegibles que hayan cursado el concurso de méritos, por
el contrario, cada vez son más lentos, más improvisados, más restrictivos
y ofrecen menos seguridad jurídica; podría decirse que son interminables,
que en ellos rige el principio de incertidumbre y que están hechos para
que nadie o casi nadie pase y la dedocracia se mantenga; no sólo porque
cada convocatoria trae reglas distintas, sino cada vez más intrincadas, si

21
Ibidem.
22
Ibidem.
23
“ARTÍCULO 156. FUNDAMENTOS DE LA CARRERA JUDICIAL. La carrera judicial
se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su
gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos
los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento
principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio”.
10

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a ello sumamos que quienes logramos superar el concurso y adquirir la
propiedad no tenemos garantizados los derechos que de tal status
derivan, sino que estamos supeditados al arbitrio del nominador de turno,
que en el caso descrito en la primera parte de esta tutela, antepone
compromisos políticos, o de la naturaleza que sea, al acatamiento de los
mandatos constitucionales y estatutarios… el escenario es realmente
inconstitucional (…)”24.

Agregó que “(…) para colmo, con la entrada en vigencia de la Ley 2430
de 2024 que modificó la LEAJ, y conforme a su artículo 167A, cuando se
hayan surtido distintas etapas de conocimiento, preparación y formación,
concursos que va camino a los 10 años de duración, sólo se va a llegar a
un período de prueba, es decir, no basta con superar una prueba de
conocimientos que, por mi experiencia personal en alguna preparación de
uno de tales concursos hace algunos años en la ciudad de Villa de Leyva,
se tasa de manera caprichosa el baremo de aprobación de tales pruebas:
“… en 4 años de duración de la lista de elegibles pueden quedar X cargos
de juzgados promiscuos, X cargos de Circuitos …” por ello es que el
porcentaje de concursantes que llega a la lista de elegibles va en el actual
concurso camino a menos del 3% de la totalidad los inscritos… y a ser
muchísimos menos de las vacantes existentes, lo cual garantiza que van
a ser insuficientes para llenar esas vacantes y las prácticas politiqueras,
el amiguismo y el nepotismo en la burocracia estatal -palabras de la Corte
Constitucional en sentencia atrás citada- seguirán reinando, con el
agravante que de aquí a que se convoque un nuevo concurso, y a partir
de allí contemos cuando menos 8 años más, que es la duración hasta
ahora prevista en la convocatoria 27 actualmente en curso la
provisionalidad puede bordear el 50% en las distintas jurisdicciones. Igual
ocurre con el concurso general de empleados de la rama judicial, queda
un año de vigencia de lista de elegibles y no se tiene noticia aún de cuando
se convocará a un nuevo y “expedito” concurso (…)”25.

24
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
25
Ibidem.
11

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Adujo que en los concursos de la Rama Judicial rige el principio de la
incertidumbre y que “(…) si finalmente después de semejantes
maratónicos, impredecibles e inciertos procesos se logra adquirir la
propiedad y se cree que también se ha adquirido los derechos de carrera
que emanan del concurso de méritos, como los traslados, encontramos
nominadores como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la que el
mérito le resbala (…)”26.

Finalmente arguyó que la “(…) CNDJ, estima que no está obligada a acatar
el artículo 167 estatutario; por ello cuando ha negado arbitrariamente
traslados -lo dice la H. Corte Constitucional- no da cuenta de ello a la
Unidad de Administración de carrera, de allí que de las 46 vacantes que
ella misma me informó, sólo aparezcan publicadas 36, insisto, con la
posibilidad cierta que cuando se emita la lista de elegibles del concurso
en curso, exista una reserva de 10 plazas para cumplir compromisos
distintos a los derivados de la LEAJ (…)”27.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 8 de noviembre de 202428 a través del
aplicativo de recepción de tutela en línea de la página web de la Rama
Judicial, y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 18
de noviembre de 202429 la admitió y dispuso notificar30 a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial, al Congreso de la República y al Ministerio de Justicia

26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
29
Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
30
Esta orden se cumplió el 22 de noviembre de 2024. Visto en el índice 15 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069
00.
12

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y del Derecho, como partes accionadas, así como vincular31 a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Caldas y a la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, por tener interés directo
en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas y/o a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
para que allegaran copia digital del expediente identificado con el radicado
nro. 17001 23 33 000 2024 00081 00/01, el cual fue remitido32.

3.2. El secretario general encargado del Senado de la República allegó
escrito33 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante
que pudieran atribuírsele y que se desvincule al Congreso de la República
del presente trámite tutelar.

Anotó que “(…) lo pretendido por la parte actora es controlar la actividad
legislativa a través de la acción constitucional de tutela, so pretexto de la
protección de derechos fundamentales, que tienen más naturaleza de
colectivos, lo que causa una desestabilización jurídica que pondría en
jaque, incluso, el principio de separación de poderes, pues eventualmente
la actividad del legislador podría verse paralizada y controlada
constitucionalmente por un juez de tutela y no a través de la Corte
Constitucional mediante la acción pública de inconstitucionalidad o cuando
sea el Presidente quien objete determinado proyecto de ley justamente
por razones de constitucionalidad (…)”.

Agregó que, en el evento en que se considerare alguna pretensión de las
invocadas para obligar al Congreso de la República, en ejercicio de su
función legislativa, la tutela no sería el medio idóneo para hacerlo.

31
Ibidem.
32
Visto en los índices 16 y 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
33
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
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3.3. El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial presentó
escrito34 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo.

Señaló que “(…) de conformidad con lo manifestado en el escrito de tutela,
es pertinente indicar que, a través del comunicado nro. 47 del 23 y 24 de
octubre publicado el 31 de octubre de los corrientes, la Corte
Constitucional dio a conocer la Sentencia SU-452/24, la cual no ha sido
notificada a las partes, por lo que adolece de efectos vinculantes, adicional
a ello, esta Corporación radicó solicitud de nulidad contra dicha Sentencia
el 6 de noviembre de 2024, no siendo resuelta hasta la fecha, así las
cosas, la mencionada Sentencia no se encuentra en firme y debidamente
ejecutoriada, razón suficiente para desvirtuar los argumentos expuestos
por parte del accionante (…)”.

3.4. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe35
en el que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito general de relevancia constitucional.

Al respecto, adujo que “(…) el asunto que se pretende someter a estudio
del juez de tutela no tiene relevancia constitucional porque el accionante
no expuso los cargos especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, que le adjudica a la sentencia del 29 de agosto
de 2024, ni precisó de qué forma dicha providencia vulnera sus derechos
fundamentales. Lo anterior, sumado a que se advierte que solicita
nuevamente el estudio del mandato contenido en el artículo 167 de la Ley
270 de 1996, análisis ya realizado por el órgano de cierre en materia de
acción de cumplimiento (…)”.

Sostuvo que “(…) lo que persigue el actor con la acción constitucional de
la referencia recae en su inconformidad con que no se haya accedido a

34
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
35
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
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las pretensiones de la acción de cumplimiento, por lo que pretende utilizar
este mecanismo como una instancia adicional (…)”.

3.5. La directora jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho allegó
escrito36 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad del presente
trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva y, de forma
subsidiaria, que se niegue el amparo solicitado por el accionante.

Explicó que el Ministerio de Justicia y del Derecho carece de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que no cuenta con la aptitud legal para
ser llamada a responder por la presunta vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, teniendo en
cuenta las disposiciones legales y reglamentarias que establecen las
funciones de dicho ministerio.

Agregó que “(…) el Ministerio de Justicia y del Derecho no ha intervenido
en los hechos y situaciones que expone la parte actora como causantes
de la presunta vulneración a sus derechos fundamentales;
adicionalmente, los hechos y peticiones de la parte accionante no guardan
relación alguna con las funciones y competencias constitucionales, legales
y reglamentarias asignadas a esta Cartera Ministerial (…)”.

Arguyó que “(…) este organismo no tiene competencia para intervenir en
el nombramiento de jueces y magistrados o participar en la realización de
las convocatorias públicas a concursos de méritos; por cuanto la Rama
Judicial es de carácter independiente y autónoma respecto de la Rama
Ejecutiva, a la cual pertenece esta cartera ministerial (…)”.

3.6. La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura rindió informe37 en el que solicitó la
desvinculación de dicha Corporación del presente trámite tutelar, por falta

36
Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
37
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
15

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de legitimación en la causa por pasiva o que, en su defecto, se niegue el
amparo solicitado.

Manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura no es la autoridad
llamada a satisfacer las pretensiones de la parte accionante, comoquiera
que “(…) lo que se pretende es que se revoque la sentencia de segunda
instancia de 29 de agosto de 2024, proferido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dentro de la acción de cumplimento radicada con
número 17001233300020240008101, y se ordene a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial realizar el reporte de las 46 vacantes definitivas al
cargo de magistrado Seccional, sin que esta Unidad tenga injerencia (…)”.

Al respecto, aclaró que el reporte de las vacantes de magistrados de
comisión seccional de disciplina judicial, en los términos que trata el
artículo 167 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, es una
obligación fijada en cabeza de la respectiva autoridad nominadora, que,
en este caso, corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Finalmente, resaltó lo siguiente:

“[…] la Unidad de Administración de la Carrera Judicial nunca ha sido
renuente de dar cumplimiento a la normatividad y ha hecho las
respectivas publicaciones de las vacantes reportadas mensualmente
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y, en cuanto a las
diez vacantes que afirma el accionante no han sido publicadas, se
informa lo siguiente:

16

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Así las cosas, es preciso indicar que, como se observa las anteriores
vacantes no fueron publicadas en el mes de noviembre, toda vez
que, la que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no ha
informado que se encuentran vacantes y respecto de los cargos que
cuentan con concepto favorable de traslado, no se ha informado el
resultado del mismo […]”. (Se destaca).

3.7. Mediante escrito radicado el 2 de diciembre de 202438, el accionante
se pronunció frente a las contestaciones allegadas por las distintas
autoridades accionadas, en los siguientes términos:

“[…] EN PRIMER TÉRMINO, respecto de la respuesta ofrecida por el
(…) ponente de la sentencia de cumplimiento cuestionada.

Todo el texto de mi solicitud inicial relevó, citando copiosa
jurisprudencia de constitucionalidad, pero también de la propia
Corporación límite en materia contenciosa en sede de derechos
fundamentales, de la trascendencia que tiene el mérito en la carrera
judicial como pilar fundamental de nuestra Constitución, no hacen
falta argumentos adicionales, ni creativos o novedosos para ello (…).

Baste con señalar que si el órgano encargado de la guarda de la
Constitución y de su interpretación auténtica, como dije
inicialmente, ha derramado ríos de tinta sobre el tema en más de 30
años de su historia; por sí sólo este hecho releva de consideraciones
adicionales, como no sea para insistir que si los nominadores no
cumplen con su deber de informar al órgano encargado de publicar
las vacantes, la carrera judicial se convierte en una burla, la
provisionalidad se impone y las vacantes se esconden, ya para pedir
traslados, ora para cuando los planetas se alineen y volvamos a
tener nueva lista de elegibles; no es ese un hecho suficientemente
relevante, sustraer del concurso de méritos cargos de carrera?

No es dable que miembros del máximo tribunal en lo contencioso
pretendan entender el artículo 167 de la LEAJ, como una norma
aislada sin armonía o en des contexto del resto del ordenamiento

38
Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
17

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constitucional; cuando aduje la cita jurisprudencial referida al
carácter eminentemente precario de la designación en
provisionalidad, daba por descontado que todos los abogados, y
especialmente quienes integramos la Rama Judicial -hace 40 años
en mi caso- sabemos que la naturaleza de los cargos se encuentran
previstos en el artículo 132 ejusdem, que en todo caso cité, y
condiciona la provisionalidad a la designación en carrera y, señores
Consejeros, como ustedes mismos lo advierten en sus convocatorias
para designación de cargos de carrera en provisionalidad, esos
nombramientos se encuentran supeditados a la designación en
carrera, incluyendo los traslados (…).

(…)

Como se verá, la respuesta ofrecida a mi solicitud de amparo por
parte de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, no deja la
menor duda que si hoy se ocultan 10 vacantes, 10 cargos de
magistrados provistos actualmente en provisionalidad, es
justamente porque la CNDJ, no los ha informado, como se deriva del
artículo 167 estatutario, objeto de la acción de cumplimiento y se
complementa con al pluricitado Acuerdo de 2017 que reglamenta los
traslados y con el propio artículo estatutario 132.

Que se oculte semejante número de vacantes y así fuere una sola,
sí se vulneran derechos fundamentales y no sólo los míos sino del
resto de compañeros magistrados en propiedad que quieran
trasladarse a cualquiera de tales plazas.

(…)

No se trata entonces esta tutela de un mecanismo adicional, se trata
de un mecanismo constitucional especial de restablecimiento de
derechos fundamentales constitucionales vulnerados al suscrito,
pero también a mis compañeros de carrera, pero igualmente de
prevenir que las 10 plazas que se encuentran ocultas se sustraigan
a los futuros integrantes de la lista de elegibles.

EN SEGUNDO LUGAR, la Directora Jurídica del Ministerio de Justicia
reclama su falta de legitimación en la causa, en principio, le asiste
razón en torno a las pretensiones que miran a invalidar el fallo de
segunda instancia de la acción de cumplimiento; no así respecto de
aquellas que miran a la declaratoria del estado inconstitucional de
cosas en materia de carrera judicial, pues como la referida servidora
lo señala con claridad, dentro de las funciones de dicha Cartera se
encuentran las de:

• Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo.
• Articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la
política pública del sector administrativo de la justicia y del derecho.
• Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial,
el Ministerio Público y los organismos de control para el desarrollo y
consolidación de la política pública en materia de justicia y del
derecho.
• Formular, adoptar, promover y coordinar las políticas y estrategias
en: racionalización, reforma y defensa del ordenamiento jurídico.
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• Diseñar y coordinar las políticas para el ejercicio de la función
jurisdiccional a cargo de autoridades administrativas y particulares,
de conformidad con lo que disponga la ley, orientar la presentación
de resultados y proponer el mejoramiento de las mismas.
• Apoyar ante las demás instancias de la Rama Ejecutiva, a la Rama
Judicial del Poder Público en la solución de las necesidades para su
funcionamiento.

Cuenta además con iniciativa legislativa, luego nada le impide que,
en sus frecuentes proyectos de ley de reforma a la justicia, se ocupe
también de depurar desde sus proyectos de reformas estatutarias
los concursos de la Rama Judicial mediante la proposición de una
estructura sólida que trace sus cimientos, de manera más objetiva
y de la que mejor se adecúe al mérito como imperativo
constitucional.

Fue esta la razón para solicitar su vinculación, y claramente ha de
ser uno de los destinatarios a los que la H. Corte Constitucional
habrá de emitirle órdenes para reconfigurar y rearmar el sistema de
carrera judicial.

EN TERCER TÉRMINO, el Congreso de la República a quien debe
decirse que efectivamente el suscrito ciudadano agotó los
mecanismos ordinarios procedentes: Constitución en renuencia,
demanda de acción de cumplimiento que obtuvo en primera
instancia fallo favorable, pero que desafortunadamente revocada en
segunda, justamente en una sentencia que no cuenta ya con más
recursos, luego me avine a los requerimientos que ese importante
organismo de la estructura constitucional del Estado reclama.

Ciertamente no es viable, ni es mi pretensión controlar la actividad
legislativa mediante acciones de tutela, pero sí evidenciar ante el
órgano encargado de la vigencia e interpretación autorizada de la
Constitución Política la existencia de un estado inconstitucional de
cosas y solicitarle la impartición de órdenes a todos los actores
constitucional y legalmente llamados a restablecerlo y que
naturalmente incluyen al legislador dada la naturaleza esencial de
su función.

EN CUARTO LUGAR, y en lo que tiene que ver con la respuesta
ofrecida por la CNDJ, que en su solicitud de nulidad del comunicado
sigue pregonando la “autonomía del nominador” y le exige “respeto”
a la H. Corte Constitucional; habría sido importante que todos los
miembros de la misma y los Consejeros aquí accionados hubieren
asistido esta semana al conversatorio que sostuvo el H. Magistrado
MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ TAMAYO, Vicepresidente de
aquella, en esta ciudad -Manizales-, justamente sobre autonomía e
independencia judicial, donde reiteró, hasta el cansancio, que la
autonomía e independencia del funcionario judicial refieren
exclusivamente a la función jurisdiccional y no a las funciones
administrativas a la cual todos los funcionarios deben estarse.

Y en lo que interesa a esta acción de tutela, esa “autonomía” ¿le
permite acaso decidir cuándo informa y cuándo no de las vacantes
en los cargos de los que es nominador a la Unidad de Administración
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de Carrera Judicial, encargado de su publicación? Ustedes señores
miembros del H. Consejo de Estado, se reservan plazas de cargos
en provisionalidad y omiten informarlas? O es que existe autonomía
para aplicar el artículo 167 estatutario? En verdad creen ustedes
señores Consejeros que esconder cargos vacantes para los efectos
del concurso de méritos no vulnera el artículo 125 Superior?
Tampoco todo su desarrollo jurisprudencial, ampliamente citado en
el libelo introductorio de esta acción?

(…)

Y FINALMENTE, respecto de la respuesta ofrecida por la Directora de
la Unidad de Administración Judicial, este actor no puede menos que
saludar su entereza y su valentía, (…) sobre los 10 cargos de
magistrados de comisiones seccionales de la judicatura provistos en
provisionalidad que no aparecen publicados dentro de la lista de
traslados, denunciados por el suscrito […]”. (Se destaca).

3.8. Mediante correo electrónico del 16 de diciembre de 2024 39, ingresado
al despacho el 18 de diciembre de 202440, el presidente de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial remitió el oficio PCNDJ24-0301 por medio
del cual manifestó lo siguiente:

“[…] Dando cumplimiento a la Sentencia SU-452/2024 Expediente
T-9.339.359, en relación con la acción interpuesta por el señor
Humberto Rodríguez Arias, contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, y en la cual se declaró conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el demandante, respecto a que se
formalice el traslado solicitado y en la que en su numeral cuarto
ordena lo siguiente:

“CUARTO. EXTENDER, con efectos inter pares, las reglas expuestas
en esta providencia a todos los trámites y solicitudes de traslados
presentados por funcionarios de carrera cuyo traslado fuere negado
con base en que el cargo no está vacante por estar ocupado por una
persona nombrada en provisionalidad.”

Se informa al Honorable Magistrado que se dio cumplimiento a lo
ordenado a través del Acuerdo 130 del 16 de diciembre de 2024 y
del oficio No. PCNDJ24-0300.

A su vez, se solicita declarar la carencia del objeto por hecho
superado dentro de la tutela de la referencia […]”.

Junto con el precitado oficio, aportó copia del mencionado Acuerdo nro.
130 del 16 de diciembre de 2024, en el que se dispuso: “(…) ARTÍCULO

39
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
40
Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
20

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Accionante: Miguel Ángel Barrera Núñez

PRIMERO: TRASLADAR al doctor MIGUEL ÁNGEL BARRERA NÚÑEZ (…),
nombrado en propiedad y en el régimen de carrera judicial, a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, a partir del 16 de diciembre
de 2024 (…)”.

3.9. La apoderada del Sindicato de Procuradores Judiciales – Procurar41;
el ciudadano Sergio Alejandro Fuentes Gómez42; el magistrado de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó, Humberto Rodríguez
Arias43; el señor Jesús Alberto López Galvis, quien manifestó actuar en
calidad de presidente de ASONAL JUDICIAL S.I. – Subdirectiva Caldas44;
el ciudadano Gabriel Alfonso García Brunal45; el señor Diego Escobar
Cuellar, quien indicó actuar en calidad de presidente y representante legal
de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA
JUDICIAL COLOMBIANO Y AFINES – SINDICATO DE INDUSTRIA –
ASONAL JUDICIAL S.I.46; la magistrada de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, Gloria Alcira Robles Correal47; la
magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del
Cauca, Inés Lorena Varela Chamorro48; el magistrado de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, Manuel Enrique Flórez49; y el
presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios y
Empleados de la Rama Judicial - ASONAL JUDICIAL, Jairo Alberto

41
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
42
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
43
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
45
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
46
Visto en los índices 19, 20 y 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
47
Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
48
Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
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Accionante: Miguel Ángel Barrera Núñez

Amézquita Collazos50, presentaron escrito coadyuvando la acción de
tutela de la referencia.

3.10. Por auto del 18 de diciembre de 202451, notificado el 13 de enero
de 202552, el despacho de conocimiento resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la intervención del señor Sergio Alejandro
Fuentes Gómez como coadyuvante de la parte accionante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por Secretaría, REQUERIR a los señores Diego Escobar
Cuellar y Jesús Alberto López Galvis para que, en el término de tres
(3) días contados a partir de la notificación de esta providencia,
alleguen copia de los certificados de existencia y representación legal
de ASONAL JUDICIAL S.I. – Junta Nacional y ASONAL JUDICIAL S.I.
– Subdirectiva Caldas, respectivamente.

TERCERO: ACEPTAR la intervención como coadyuvantes de la parte
accionante al Sindicato de Procuradores Judiciales – Procurar; al
magistrado de la Comisión Seccional de disciplina Judicial de Chocó,
Humberto Rodríguez Arias; al señor Gabriel Alfonso García Brunal; a
la magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia, Gloria Alcira Robles Correal; a la magistrada de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, Inés Lorena Varela
Chamorro; al magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Caquetá, Manuel Enrique Flórez; y a la Asociación Nacional
de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial - ASONAL JUDICIAL
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

3.11. Por correo electrónico del 14 de enero de 202553, remitido a la
Secretaría General de esta Corporación, el señor Diego Escobar Cuellar
presentó documento denominado “Constancia de registro modificación de
la junta directiva y/o comité ejecutivo de una organización sindical”,
suscrito por la inspectora de trabajo y seguridad social del Ministerio de
Trabajo – Dirección Territorial Bogotá, mediante el cual se evidencia que
el señor Escobar Cuellar es el presidente de la ASOCIACION NACIONAL
DE TRABAJADORES DEL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO Y AFINES.

50
Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
51
Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
52
Visto en el índice 43 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
53
Visto en los índices 44, 45 y 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
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3.12. El señor Jesús Alberto López Galvis, quien manifestó actuar en
calidad de presidente de ASONAL JUDICIAL S.I. – Subdirectiva Caldas, no
atendió el requerimiento realizado en el precitado auto del 18 de
diciembre de 2024.

3.13. Por auto del 3 de febrero de 202554, notificado el 5 de febrero de
202555, el despacho de conocimiento dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la intervención del señor Jesús Alberto López
Galvis, quien manifestó actuar en calidad de presidente de ASONAL
JUDICIAL S.I. – Subdirectiva Caldas, como coadyuvante de la parte
accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: ACEPTAR la intervención como coadyuvante del señor
Diego Escobar Cuellar, en calidad de presidente de la ASOCIACION
NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO
Y AFINES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).

3.14. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Caldas y la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, guardaron
silencio.

3.15. El expediente ingresó al despacho para fallo el 14 de febrero de
202556.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199157 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de

54
Visto en el índice 48 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
55
Visto en el índice 51 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
56
Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
57
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
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Accionante: Miguel Ángel Barrera Núñez

mayo de 2015,58 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202159, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201960, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

En cuanto a las solicitudes de desvinculación formuladas por el secretario
general encargado del Senado de la República, la directora de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y la directora jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho,
estas serán negadas, comoquiera que la acción de tutela de la referencia
está dirigida, entre otros, en contra de las precitadas entidades, por lo
tanto, su vinculación se hizo en calidad de parte accionada, por lo que les
asiste interés en el resultado del presente trámite tutelar.

4.3. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente61:

4.3.1. El señor Miguel Ángel Barrera Núñez promovió acción de
cumplimiento en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
pretendiendo lo siguiente:

“[…] Se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que
proceda en el término de la distancia a comunicar a la Unidad de
Carrera Judicial que los cargos de magistrados de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial de Risaralda y Quindío creados
mediante Acuerdo 12027 del 16 de diciembre 2022 del Consejo
Superior de la Judicatura, que actualmente se encuentran provistos,

58
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
59
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
60
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
61
Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de incumplimiento
identificada con el radicado nro. 17001 23 33 000 2024 00081 00/01. Visto en los índices
16 y 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2024 06069 00.
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en provisionalidad, se encuentran vacantes para efectos de traslado;
en el entendido que actualmente no existe lista de elegibles […]”.

4.3.2. La acción de cumplimiento correspondió por reparto a la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que, en
sentencia del 17 de mayo de 2024 resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Declarar que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial ha incumplido lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 270
de 1996.

Segundo: Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, el cumplimiento efectivo del artículo 167 de la Ley 270 de
1996, por lo que debe dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo, comunicar a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la existencia de
todas las vacantes creadas mediante Acuerdo PCSJA22-12027 del
16 de diciembre de 2022.

Se advierte que, la autoridad renuente no puede excusarse de su
deber legal señalando que el cargo no se encuentra vacante,
aduciendo que se encuentra provisto mediante nombramiento por
encargo o en provisionalidad […]”.

4.3.3. Inconforme con la anterior decisión anterior, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Caldas la impugnaron y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en sentencia del 29 de agosto de 2024 la revocó y, en su lugar,
negó la acción de cumplimiento promovida por el señor Barrera Núñez.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el señor Miguel Ángel Barrera Núñez, actuando
en calidad de magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Caldas, promovió acción de tutela en contra de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia y del
Derecho.

Del escrito de tutela se desprende que la solicitud de amparo está
orientada, por una parte, a controvertir la sentencia proferida el 29 de

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agosto de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la acción
de cumplimiento identificada con el radicado nro. 17001 23 33 000 2024
00081 00/01; y por otra, a que la Corte Constitucional declare el estado
de cosas inconstitucional en materia de carrera judicial y que imparta las
órdenes que estime razonables “en orden a conjurarlo”, dirigidas a todas
las demás autoridades contra las cuales se dirige la presente acción de
tutela.

En ese sentido, y comoquiera que las pretensiones encaminadas a la
declaratoria del estado de cosas inconstitucional son del resorte de la
Corte Constitucional, la Sala solo se pronunciará sobre la primera parte
de la solicitud de amparo, esto es, la sentencia proferida el 29 de agosto
de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la acción de
cumplimiento identificada con el radicado nro. 17001 23 33 000 2024
00081 00/01.

Precisado lo anterior, se tiene que el señor Miguel Ángel Barrera Núñez
promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 29 de
agosto de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que revocó
la dictada el 17 de mayo de 2024 por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas, en la acción de cumplimiento
identificada con el radicado nro. 2024 00081 00/01, pretendiendo que (i)
se amparen sus derechos fundamentales “(…) de carrera judicial y del
mérito (…)”62; (ii) se deje sin efectos la providencia cuestionada; (iii) se
ordene a la autoridad judicial accionada que emita una nueva providencia
en la que le ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, “en
acatamiento del artículo 167 de la Ley 270 de 1996, informe a la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura la totalidad de los 46 cargos actualmente vacantes de los
cuales son nominadores”63; y que (iv) “(…) en defecto de la anterior, [se
ordene] (…) directamente por el juez de tutela a la CNDJ, que en
acatamiento de los artículos 167 Estatutario y vigésimo segundo del

62
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
63
Ibidem.
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Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017 informe a la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura la totalidad de los 46 cargos actualmente vacantes de los
cuales son nominadores (…)”64.

Para ello, en el escrito de tutela alegó, entre otras cosas, que “(…) en las
listas que la Unidad de Administración de Carrera Judicial publica
mensualmente, se advierte que para los meses de octubre y noviembre
[de 2024] sólo se publican 36 vacantes (…)”65, por lo que aseguró que
“(…) SE OCULTAN, NO APARECEN, SE ESCONDEN, O COMO SE QUIERA
CALIFICAR, 10 VACANTES (…)”66.

En igual sentido, cuestionó “(…) por qué es que no aparecen publicadas
10 de las 46 vacantes actualmente existentes a nivel de Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial (…)”67, y anotó que “(…) de eso se trata
esta acción, de verificar por qué y por quién se desconoce el artículo 167
de la LEAJ (…)”68.

A su turno, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, en la
respuesta presentada en este trámite tutelar, indicó, entre otras cosas,
que:

“[…] la Unidad de Administración de la Carrera Judicial (…) ha hecho
las respectivas publicaciones de las vacantes reportadas
mensualmente por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y, en
cuanto a las diez vacantes que afirma el accionante no han sido
publicadas, se informa lo siguiente:

64
Ibidem.
65
Ibidem.
66
Ibidem.
67
Ibidem.
68
Ibidem.
27

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Así las cosas, es preciso indicar que, como se observa las anteriores
vacantes no fueron publicadas en el mes de noviembre, toda vez
que, la que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no ha
informado que se encuentran vacantes y respecto de los cargos que
cuentan con concepto favorable de traslado, no se ha informado el
resultado del mismo […]”. (Se destaca).

Bajo dicho contexto, la Sala estima pertinente precisar que, si bien la
solicitud de amparo se promueve en contra de una providencia judicial
con el fin de que cesen sus efectos y en consecuencia se profiera una
nueva decisión, lo cierto es que la finalidad del accionante, en procura de
proteger los derechos fundamentales que considera vulnerados, es que
se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que comunique a
la Unidad de Administración de Carrera Judicial la totalidad de las
vacantes existentes a nivel de Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial, para que dicha entidad pueda proceder con la respectiva
publicación.

Conforme lo anterior, la Sala estima que, en este caso, se configura la
carencia actual de objeto por situación sobreviniente, por las razones que
pasan a explicarse.

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Frente a la carencia actual de objeto, la Corte Constitucional ha indicado
que “(…) si luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido
superada o resuelta de alguna forma, no tendría sentido un
pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el juez
caería en el vacío (…)”69. Igualmente, ha explicado que la carencia actual
de objeto puede presentarse bajo las categorías de (i) daño consumado,
(ii) hecho superado o (iii) una situación sobreviniente.

En cuanto a la situación sobreviniente, la Corte Constitucional ha
explicado que se trata de una categoría de gran utilidad para el concepto
de carencia actual de objeto debido a que, por su amplitud, cobija casos
que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y
hecho superado. En esa medida el hecho o situación sobreviniente remite
a cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden
del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no
surtiría ningún efecto y, por lo tanto, caería al vacío70.

Al revisar la página web de la Rama Judicial, en el enlace en el que se
publican, mes a mes, las vacantes de los cargos de funcionarios71, se
advierte que, para los meses de febrero y marzo de 2025, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial publicó la totalidad de las 46 vacantes
que el actor exigía fueran informadas, tal como se evidencia a
continuación:

“[…]

69
Corte Constitucional. Sentencia SU-522 del 5 de noviembre de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera.
70
Ibidem.
71
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/vacantes.
29

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[…]”72.

“[…]

72
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ramajudicial.gov.co/docu
ments/7227621/170131004/VAC-0225_3.pdf/c3c3ae2b-fc5c-fd38-26f1-
95121ebdeaa7?t=1738941229622.
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[…]”73.

Si bien la publicación la realiza la precitada unidad de carrera judicial,
esto lo hace conforme el reporte de las vacantes que al respecto le
comunique el nominador, que en este caso corresponde a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, tal como la misma unidad lo señaló en su
escrito de contestación de la presente acción de tutela.

Por lo tanto, la Sala considera que se configura una situación
sobreviniente, dado que, la orden del juez de tutela frente a lo pretendido
en la acción de amparo, esto es, que se ordenara a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial que “informe a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura la totalidad de los
46 cargos actualmente vacantes de los cuales son nominadores” para que
dicha entidad pudiera proceder con su publicación, no surtiría ningún
efecto y, por lo tanto, caería al vacío, debido a que, en el trámite tutelar
se presentó una variación de los hechos y es que, ya se realizó la

73
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ramajudicial.gov.co/docu
ments/7227621/176570335/VAC-0325-02.pdf/bf1b510d-47ce-46d7-8bc9-
fecdb88f373d?t=1741191028104.
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publicación de las 46 vacantes existentes a nivel de comisiones
seccionales de disciplina judicial.

En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente, teniendo en cuenta que, en el transcurso de la acción de
tutela, se publicaron las 46 vacantes que el actor exigía fueran
informadas.

De otro lado, se advierte que, mediante correo electrónico del 16 de
diciembre de 2024 dirigido a la Secretaría General de esta Corporación,
el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que en
el presente trámite tutelar se declare la carencia actual de objeto, pero,
por hecho superado. Ello, comoquiera que, en cumplimiento de la
sentencia SU-452 de 2024 de la Corte Constitucional, se expidió el
Acuerdo nro. 130 del 16 de diciembre de 2024 por medio del cual se
resolvió trasladar al señor Miguel Ángel Barrera Núñez, hoy accionante, a
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda.

En cuanto al hecho superado, este se presenta cuando “entre la
interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las
circunstancias que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la
amenaza o violación del derecho no existen al momento de proferir el
fallo, salvo que los hechos que configuran una u otra persistan y sean
actual y ciertamente percibidas por el juez”. Significa ello que el hecho
superado se consolida cuando la materia de decisión se sustrae, o lo que
en algunas ocasiones es lo mismo, cuando todas las pretensiones fueron
satisfechas al punto en que la amenaza sobre los derechos cesó y ésta no
reclama intervención judicial alguna (ultra o extra petita)” 74.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que
“[…] la ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la
desaparición de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la
acción. Estos motivos son concebidos desde dos puntos de vista distintos

74
Corte Constitucional. Sentencia T-629 del 10 de octubre de 2017. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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pero complementarios. De una parte, hay un enfoque que liga los motivos
de la interposición de la acción a los presupuestos fácticos o situaciones
de hecho que llevaron al actor a percibir una amenaza para sus derechos
y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de decisión del juez de
tutela; y de otra, la motivación se entiende en función de las pretensiones
hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión
instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el
instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser”
[…]”75.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que, en este caso no está
configurado el hecho superado, comoquiera que las pretensiones del actor
están orientadas a que se “(…) ordene a la CNDJ, en acatamiento del
artículo 167 de la Ley 270 de 1996, informe a la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura la totalidad de
los 46 cargos actualmente vacantes de los cuales son nominadores (…)”76;
mientras que lo informado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
fue el traslado otorgado al señor Barrera Núñez, hoy accionante, a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, en cumplimiento
de la sentencia SU-452 de 2024 de la Corte Constitucional, lo cual no era
el objeto de esta solicitud de amparo, en estricto sentido. Por lo tanto, no
se configura el hecho alegado por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

75
Ibidem.
76
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06069 00.
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PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Congreso de la República, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del
Derecho, conforme lo expuesto previamente.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
SITUACIÓN SOBREVINIENTE en la acción de tutela instaurada por el
señor Miguel Ángel Barrera Núñez, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

34

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