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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06080-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06080-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó el Ministerio del Interior. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de los cargos que se refieren al defecto fáctico, y NEGAR en lo demás. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06080-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de febrero de 2025

Demandante: Ligia María David Gil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06080-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., seis [6] de febrero de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06080-00
Demandante: LIGIA MARÍA DAVID GIL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B

Temas: Tutela contra providencia judicial – Caducidad – Reparación
Directa – caso por grave violación a los derechos humanos -
delito de lesa humanidad – desplazamiento forzado -
Improcedencia y niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 8 de noviembre de 2024, la señora Ligia María David Gil, a través de
apoderado, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión del
fallo proferido el 12 de abril de 2024 por la autoridad judicial en mención, que
revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B que había accedido parciamente a las pretensiones del
medio de control de reparación directa identificado con el radicado 25000-23-36-
000-2016-02592-00/01/02 [65.586], para en su lugar, declarar probada la
excepción de caducidad.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

• Solicito se tutelen los Derechos Fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
a las garantías judiciales de la accionante y en consecuencia se revoque la
sentencia del Consejo de Estado, proferido el 12 de abril de 2024, notificada por

1
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Demandante: Ligia María David Gil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06080-00

estados electrónicos del 8 de mayo de 2024, por incurrir en defecto factico, en
desconocimiento de precedente jurisprudencial, de la ley y la Constitución.

• En consecuencia se ordene a la Sala de decisión realizar un análisis en relación
con el caso en concreto de la sentencia de unificación de jurisprudencia proferida
por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 dentro del expediente1 XXXX en
armonía con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política y con los
testimonios y la prueba documental que dan cuenta del conocimiento de los
demandantes sobre la imputación de los hechos a grupos de autodefensas;
asimismo solicita de forma respetuosa se ordene un coherente análisis de la
sentencia SU-254-13 en armonía con las disposiciones de la ley 387 de 19972.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• El 19 de diciembre de 2016 la señora Ligia María David Gil y otros3 presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional, Policía Nacional y el Ministerio del Interior, por la desaparición
forzada y posible muerte de los hermanos Oriel y Uber Antonio Góez David4, así
como por el desplazamiento forzado de su familia desde el 15 de julio de 19995.

• El 11 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B accedió a las pretensiones del medio de control
frente a la imputación que se refiere al desplazamiento forzado, al probarse «el
contexto de macrocriminalidad en la región», razón por la cual condenó a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional.
Sin embargo, negó lo referente a los cargos por «desaparición forzada y la posible
muerte», en atención a que no se acreditó el nexo causal entre tal hecho y alguna
acción u omisión por parte de las demandadas.

• Tanto el extremo accionante6 como la parte desfavorecida7 interpusieron recurso
de apelación.

• El 12 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
revocó la providencia del a quo, para en su lugar declarar probada la excepción de

1
«Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 29 de enero de
2020. Radicado N° 85001333300220140014401. M.P.: Martha Nubia Velásquez Rico».
2
Trascrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original.
3
Gilberto Góez, Oraime Antonio Góez David, Carlos, Alberto Góez Favid, IIcan Antonio Góez
David y Luz Dary Góez David.
4
«Lo demostrado y aceptado por los demandantes en el recurso de apelación es que los
hermanos Góez David fueron asesinados el 15 de julio de 1999, […]».
5
Los demandantes argumentaron que un grupo armado al margen de Ley ingresó a su finca,
retuvo a sus hermanos y obligó al resto de la familia a desplazarse. Los hermanos no han sido
encontrados desde entonces.
6
Los demandantes apelaron, argumentando que no han podido recuperar los cadáveres y que el
análisis de responsabilidad por contexto también aplica para el homicidio de los hermanos.
7
El Ejército Nacional y la Policía Nacional apelaron, para lo cual argumentaron la falta de nexo
causal y la caducidad de la acción.

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caducidad de la acción contenciosa respecto del desplazamiento forzado y negar
en lo demás.

• Para llegar a la anterior conclusión, frente al desplazamiento forzado, la
Subsección aplicó la regla contenida en la SU-254 de 2013 de la Corte
Constitucional, que establece que el término preclusivo en estos eventos se
computa desde la ejecutoria de esa sentencia de unificación, esto es, desde el 22
de mayo de 2013. En este orden de ideas, como la demanda contenciosa fue
radicada el 19 de diciembre de 20168, concluyó que era extemporánea.

• En lo que respecta a la imputación «por desaparición forzada. Lo demostrado y
aceptado por los demandantes en el recurso de apelación es que los hermanos
Góez David fueron asesinados el 15 de julio de 1999, por lo que la demanda
presentada el 19 de diciembre de 2016 es extemporánea».

• Precisó que, si bien se alegó que la muerte de los familiares de los demandantes
se trató de un delito de lesa humanidad, por su calidad de simpatizantes de la
Unión Patriótica, lo cierto es que ello no se demostró9, donde en todo caso dicha
circunstancia, aún si estuviera probada, no impedía contabilizar la caducidad
desde el hecho dañoso, en razón de la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado10.

• Finalmente destacó que:

20.- De todas maneras, si se estudiara de fondo el asunto, lo procedente sería
negar las pretensiones de la demanda. Según jurisprudencia unificada11, para
imputar al Estado los daños causados por actos violentos de terceros, en los
términos del artículo 90 constitucional, se debe acreditar que tal hecho no le
resultaba irresistible ni imprevisible, pues <<conoció oportunamente de la
posible ocurrencia de un acto violento proveniente de un tercero>>. El
contexto de orden público en Colombia para la fecha de los hechos es
insuficiente para imputar los daños al Estado. Si bien el Ejército autorizó
operaciones tácticas para combatir grupos ilegales en la zona, lo cierto es que
no obra prueba que demuestre que las autoridades conocían de forma puntual
y concreta los hechos por suceder en la vereda donde vivían los
demandantes.

• Agregó que, si bien los accionantes alegaron la imposibilidad de acceder al
aparato judicial con ocasión del desplazamiento forzado, ello no se demostró12.

8
«La Sala precisa que la conciliación prejudicial se radicó el 16 de septiembre de 2016 y se
declaró fallida el 16 de diciembre de 2016 (Fl. 85 c.3)».
9
«La Fiscalía General de la Nación profirió decisión inhibitoria por el delito de homicidio de los
hermanos Góez David en la cual señaló que <<no se supo razón del móvil de los hechos>> (Fl.
608 c.4)».
10
Expediente con radicado interno 61.033.
11
Consejo de estado. Sección Tercera. Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, expediente
18860. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
12
En este punto el ad quem precisó que «está demostrado que la madre de las víctimas y
demandante de este proceso denunció los hechos ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de
la Nación en 2006 y 2008, e incluso con la demanda se allegó declaración juramentada ante la
Personería de Carepa en el año 2011. Por ende, el desplazamiento forzado no justifica la
presentación de la demanda hasta diciembre de 2016. […]».

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• La providencia de segunda instancia fue notificada el 8 de mayo de 2024 y la
acción de tutela de la referencia radicada el 8 de noviembre de 2024.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Luego de citar las consideraciones de las sentencias de ambas instancias que
definieron el proceso contencioso 25000-23-36-000-2016-02592-00/02, la
accionante consideró que las accionadas trasgredieron sus garantías
constitucionales, al configurarse los defectos: por desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución, sustantivo y fáctico.

En primer lugar, la tutelante advirtió que se incurrió en un desconocimiento del
precedente, comoquiera que la autoridad judicial accionada no implementó en
debida forma la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida al
interior del expediente con radicado interno 61.033, que estableció que, en casos
derivados de delitos de lesa humanidad, la caducidad se «computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión
del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial».

Precisó que también se presentó una interpretación restrictiva de la SU-254 de
2013, comoquiera que no se tuvo en cuenta que la condición de desplazado no
había cesado, convirtiéndose el daño en uno continuado, ello, en concordancia
con lo dispuesto en la Ley 387 de 1997, que establece que «[l]a condición de
desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y
estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento”».

Destacó que no se tuvo en cuenta la dificultad de establecer la posibilidad de
imputar la responsabilidad a la Nación, en atención a que en principio el daño se
predicó de un tercero; particularmente de las AUC.

Resaltó que «para personas con algún nivel de formación o que se tienen alguna
relación con el ámbito de la responsabilidad del Estado, resulte posible determinar
algún tipo de responsabilidad por omisión o connivencia, para personas de campo,
con regular nivel de escolaridad, tal dilucidación no es tan clara; […]».

Agregó que «para el año 2016 la demanda fue presentada bajo el relato de
testigos presenciales respecto de la responsabilidad de las AUC y bajo los
reportes de autoridades oficiales, en informes del Centro Nacional de Memoria
Histórica, en documentos generados en el marco de procesos penales de los que
no hicieron parte los demandantes, etc, que establecían una relación de
connivencia entre las AUC y miembros de la fuerza publica […]».

Indicó que se desatendió el artículo 90 de la Constitución Política, que contempla
la posibilidad de responsabilizar a la Nación, por los daños antijurídicos que le
sean imputables.

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1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 13 de noviembre de 2024 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a la demandante y a la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado como autoridad judicial accionada.

Como terceros con interés, se vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional y Policía Nacional, a Gilberto Góez, Oraime Antonio Góez David,
Carlos Alberto Góez Favid, IIcan Antonio Góez David y Luz Dary Góez David, así
como las demás partes, personas y/o entidades que hayan participado en el
proceso ordinario con radicado 25000-23-36-000-2016-02592-00/01/02 [65.586],
para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente acción dentro
del término de dos (2) días contados a partir de la fecha del recibo de la
correspondiente notificación.

Luego, el despacho sustanciador, por medio de auto de 16 de enero de 2025,
dispuso vincular al Ministerio del Interior, quien también fue una de las entidades
demandadas del proceso ordinario.

De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados13.

1.6. Intervención

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente contestación:

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través del
magistrado ponente de la providencia controvertida, manifestó que no participaría
en «la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero y acatar[á]
estrictamente las disposiciones que se adopten en ella».

1.6.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, pidió
negar la solicitud de amparo, para lo cual expuso que no existe la trasgresión
alegada porque la autoridad judicial accionada «profirió una decisión en el marco
del principio de legalidad, una vez verificados los supuestos de hecho y de
derecho los cuales conllevaron en modificar lo resuelto por parte del a quo, […]»,
oportunidad en la que se concluyó que la demanda contenciosa se presentó
después de tres años de la ejecutoria de la SU-254 de 2013.

Indicó que tampoco se justificó la interposición de la tutela con el fin de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.

13
El 15 de noviembre de 2024, la Secretaría General publica en la página web de la Corporación,
aviso a la comunidad de la existencia del presente mecanismo constitucional.

5
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1.6.3. El Ministerio de Interior, pidió ser desvinculada, al exponer que no es la
entidad contra la cual se dirigen las pretensiones del mecanismo constitucional.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Ligia María David Gil, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Solicitud de desvinculación

Esta Colegiatura advierte que, si bien el Ministerio del interior solicitó su
desvinculación del presente trámite, la referida petición será negada, en razón a
que su comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés
en las resultas del proceso y no como autoridad judicial demandada.

2.2.2. Cargos en contra de la providencia controvertida

Por cuestión metodológica, y con el fin de establecer el problema jurídico a
resolver, esta Sala advierte desde ya que el eje central de la solicitud de amparo
es la oportunidad de la acción contenciosa, particularmente por el cargo de
desplazamiento forzado.

En ese orden de ideas, esta Sección advierte que no será objeto de análisis, en el
evento de que se encuentre procedente el mecanismo, la determinación de una
eventual trasgresión de los derechos fundamentales de la accionante en lo que
respecta a las decisiones que resolvieron los cargos por desaparición forzada o
por la muerte de los hermanos Oriel y Uber Antonio Góez David, ya que la
tutelante no desarrolló un argumento frente a estas decisiones.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante, por parte
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con ocasión de la
sentencia proferida en segunda instancia el 12 de abril de 2024, que fue la
providencia que puso fin al proceso ordinario.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, (iii) generalidades
de los defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.

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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema15.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales16.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201417, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este
requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una

14
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
16
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
17
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, ante la posible configuración
de los defectos desconocimiento del precedente, violación directa de la
constitución y sustantivo contenidos en la providencia que decidió un proceso
judicial, que involucró el estudio de la responsabilidad del Estado cimentada en
una afectación grave a los derechos humanos, por tratarse de un delito de lesa
humanidad como lo es el desplazamiento forzado.

2.5.1.1. En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora
expone las razones por las cuales considera que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B incurrió en un vicio judicial, al no tener en cuenta lo
dispuesto por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y
en la norma al momento de declarar la caducidad del medio de control.

Por su parte, esta Sección entiende que ser desplazado es una situación fáctica y
no una calidad jurídica que se adquiera con la inscripción en una lista oficial18, lo
que es un aspecto que ratifica una connotación de índole constitucional de este
asunto.

Al respecto esta Colegiatura destaca lo que ha dicho la Corte Constitucional en
casos similares19:

En virtud de lo expuesto, se observa que el presente caso compromete
derechos de gran trascendencia constitucional respecto de una
población que se encuentra en situación de vulnerabilidad20, como los son
el acceso efectivo a la administración de justicia, a la reparación integral y al
debido proceso. Y los principios constitucionales de seguridad jurídica, buena
fe y confianza legítima. Ello, si como se afirma, se tiene en cuenta que los
jueces optaron por aplicar disposiciones legales y reglas
jurisprudenciales que llevaron a la imposibilidad del ejercicio de acción,
sumado a que no integraron a su análisis la calidad de víctimas de los
accionantes; lo cual podría estructurar los defectos específicos: procedimental
absoluto o por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente
(judicial y constitucional) [Énfasis de la Sala].

Ahora, con el fin de exaltar el deber que tiene el juez constitucional en el análisis
minucioso en estos asuntos, es importante destacar que el daño que se ocasiona
por el desplazamiento forzado es un «hecho notorio», comoquiera que estamos en
presencia de una afectación «masiva, sistemática y continua de los derechos
fundamentales de las personas víctimas del delito de desplazamiento, [esta
vulneración] […] les ocasiona la pérdida de derechos fundamentales y de bienes

18
Sentencia SI 00213-01 DE 2006 S3. Enero veintiséis (26) de dos mil seis (2006). Caso del
desplazamiento de la Gabarra.
19
Sentencia T-374 de 2023.
20
Ver, entre otras, las sentencias SU-254 y 915 de 2013, T-037 de 2015, T-352 de 2016, T-237 de
2017, T-044 de 2022, y T-117 de 2022.

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jurídicos y materiales, lo que a su vez los convierte en una población en
extrema situación de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, y por tanto los
sitúa en una condición de desigualdad que da lugar a discriminación21». [énfasis
de la Sala]

Al respecto, la Corte Constitucional en la SU-254 de 2013 expuso que:

la jurisprudencia constitucional ha reconocido el drama humanitario que
causa el desplazamiento forzado como un hecho notorio, así como la
dimensión desproporcionada del daño antijurídico que causa este grave
delito, el cual ha calificado como (i) una vulneración múltiple, masiva,
sistemática y continua de los derechos fundamentales de las víctimas
de desplazamiento; (iii) una pérdida o afectación grave de todos los
derechos fundamentales y de los bienes jurídicos y materiales de esta
población, que produce desarraigo, pérdida de la pertenencia, de la
autonomía personal, y por tanto dependencia, marginalidad, exclusión
social y discriminación de esta población; y (iv) por consiguiente como
una situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de
inusual y gravísima desprotección e indefensión de las víctimas de este
delito.

De conformidad con lo expuesto, resulta diáfano concluir que las víctimas de
desplazamiento forzado pertenecen a una población en extremo grado de
vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, y por tanto, se les debe un «trato
preferencial y de acciones afirmativas que se deriva del Estado Social de
Derecho22» con el fin de «proteger su situación [anómala y excepcional] de
indefensión a la que se ve sometido por motivos ajenos a su querer23».

Por su parte, se destaca que uno de los derechos que tienen las víctimas del
conflicto armado, resaltado tanto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos24 como por la Corte Constitucional25, es «la garantía de acceso a un
recurso judicial sencillo y eficaz por parte de las víctimas, lo cual supone a
su vez, la obligación de los Estados partes de investigar y esclarecer los hechos
ocurridos».

Además, se tiene que el Consejo de Estado ha explicado que dicha garantía, en
casos por desplazamiento forzado, se puede ejercer a través de las pretensiones
de reparación de los perjuicios causados a un grupo o la de reparación directa,
cuya diferenciación radica en que la primera busca evitar la vulneración del
derecho a la igualdad, así como la garantía de una economía procesal.

Al respecto, «ha insistido la CIDH que todas estas obligaciones se dirigen a
cumplir con el deber de los Estados de prevenir y combatir la impunidad, la cual es

21
Ver sentencias C-715 de 2012, SU-1150 de 2000, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T-602 de
2003, T-025 de 2004 y T-821 de 2007.
22
SU-254 de 2013.
23
Sentencia 279-01 AC de 2001 S3. Sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil uno (2.001).
24
En cuanto a la obligatoriedad y vinculatoriedad de las decisiones de las decisiones de la CIDH,
consultar las Sentencia: C-370 de 2006, C-406 de 1996, C-010 de 2000, entre otras.
25
Corte Constitucional SU-254 de 2013.

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definida por la Corte como la falta de investigación, persecución, captura,
enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos
protegidos por la Convención Americana. En el mismo sentido, (x) ha insistido la
Corte en la gravedad de las consecuencias que apareja la impunidad, tales como
la repetición crónica de las violaciones y la indefensión de las víctimas y sus
familiares26».

También resulta importante destacar que estamos en presencia de un caso que
ocurrió en el departamento de Córdoba, en donde la Jurisdicción Especial para la
Paz [en adelante JEP]27, la Fiscalía General de la Nación28, autoridades
nacionales e internacionales29, así como organismos independientes30 han
documentado diversas violaciones a los derechos humanos, al ser perfilados como
colaboradores de la guerrilla o tan solo por el interés que tenían los grupos
subversivos a la posesión de los territorios despojados, ya sea por temas
económicos o por conveniencia territorial.

Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya controversia
no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre los garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal referente a los yerros
en mención.

De igual manera, el alto tribunal constitucional ha estudiado acciones de tutela
contra providencia judicial cuando esta fue dictada en procesos en los cuales se
debatió sobre la comisión de delitos de lesa humanidad ante la evidencia de que
estos asuntos se enmarcan en posibles violaciones a los derechos humanos por
parte del Estado31.

26
SU-254 de 2013.
27
Auto SRVR No. 104 de 30 de agosto de 2022.
28
Fiscalía General de la Nación. Informes n.º 13 [folio 86], y 15. Muertes grupales cometidas por
Agentes del Estado. 2019, [folio 111].
29
«Ver, Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Una Nación Desplazada. Informe Nacional
del Desplazamiento Forzado en Colombia. 2014. p. 341; Mesa de Interlocución y Concertación de
los Montes de María. Informe para la Jurisdicción Especial para la Paz: Sembrar verdad y justicia
para cosechar paz y reconciliación en los Montes de María-Responsabilidad penal internacional de
terceros, 2020; Corte Suprema de Justicia, Sentencia 3285, 23 de febrero de 2010 contra Álvaro
García Romero). Citado en CODHES, et al. Los Montes de María bajo fuego, voces de las víctimas
de la violencia. Bogotá, 2020. P.[…]»; Informe para la Jurisdicción Especial para la Paz: Sembrar
verdad y justicia para cosechar paz y reconciliación en los Montes de María-Responsabilidad penal
internacional de terceros” DEJUSTICIA. 2021; Conflicto armado y desarraigo en Los Montes de
María. Informe para la Jurisdicción Especial para la Paz.”; Fundación Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos. “Solo preguntaron por mi nombre. Detenciones arbitrarias y masivas en los
Montes de María”. Informe entregado a la JEP. 2020; Fucude, Codhes y OPDS, 2020, “Los Montes
de María bajo fuego, voces de las víctimas de la violencia”, p. 83 y 84, así como bases de datos
tales como SIJUF, SPOA y RUV, entre otras.
30
EL SILENCIO DE LAS GAITAS: Papel de la Fuerza Pública en masacres de Montes de María
2000-2001, 2019.
31
Sobre la materia se puede consultar las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: SU-
035 y 062 de 2018 y SU-060 de 2021.

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2.5.1.2. Ahora, no ocurre lo mismo frente al cargo por defecto fáctico, comoquiera
que la parte actora no especifica cuáles fueron las pruebas que se desconocieron
y por lo mismo no se precisa cuál es la incidencia que tienen respecto de la
determinación adoptada por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo,
luego ante la presencia de la configuración de este posible yerro de índole
probatorio, es pertinente advertir que los argumentos expuestos apuntan a
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, ya que
trascienden de una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales». Razón por la cual se declarará la improcedencia frente a este
yerro.

2.5.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela
para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarles a
sus derechos fundamentales. Esto, toda vez que, contra la providencia proferida y
ejecutoriada del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que puso fin
al proceso, no procede ningún recurso ordinario.

2.5.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la decisión en cuestión fue notificada el 8 de mayo de 2024,
mientras que la acción de tutela fue radicada el 8 de noviembre de 2024, es decir
que, sin hacer alusión a la fecha de la ejecutoria, la acción de tutela se presentó
dentro de los seis meses que esta Sección considera como plazo prudencial para
acudir a esta instancia constitucional.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201432, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200533,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 25000-23-36-000-2016-02592-
00/01/02 [65.586].

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos por
desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y sustantivo,

32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
33
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

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al encontrar acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial.

2.6. De las generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Frente al desconocimiento del precedente resulta importante precisar la
posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se sintetiza en los
siguientes términos:

[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al
juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar
una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los
cuales la ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico
a fallar en determinado sentido […]34.

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos35 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre en
determinada materia, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus
funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento
jurídico.

2.6.2. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional36, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»37.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
35
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
36
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
37
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.

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a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente38 o porque ha sido derogada39, es
inexistente40, inexequible41 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador42.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma43.
c) La disposición aplicada es regresiva44 o contraria a la Constitución45.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición46.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma47 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

2.6.3. En cuanto a la violación directa de la Constitución Política, la Sala trae a
colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-198 del 11 de
abril de 2013,48 en la que estableció que el referido defecto se presenta cuando:

Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la
Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la Constitución. En el primer caso, la Corte ha dispuesto que
procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución (a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b)
cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c)
cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el
segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta
en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma
de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele
sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.

2.7. Caso concreto

En este asunto, la accionante controvierte la sentencia de 12 de abril de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del
proceso de reparación directa identificado con el radicado 25000-23-36-000-2016-
02592-00/01/02 [65.586], que revocó la decisión de 11 de septiembre de 2019, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que

38
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
39
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
40
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
41
Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
42
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
43
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
44
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
45
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
46
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
47
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
48
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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accedió parcialmente a las pretensiones, para en su lugar declarar la caducidad
del medio de control.

En efecto, la demandante advierte que la autoridad judicial accionada incurrió en
un desconocimiento del precedente, una violación directa de la Constitución y un
defecto sustantivo, al momento de declarar la caducidad del medio de control,
dado que no tuvo en cuenta que la condición de desplazado no había cesado,
convirtiéndose el daño en uno continuado.

Aclarado lo anterior, la Sala advierte que abordará en conjunto el estudio de los
defectos alegados, ya que el argumento de los cargos se fundamenta en una
indebida implementación de la jurisprudencia y la norma en torno a la caducidad
del medio de control, dadas las particularidades del daño alegado en la demanda
contenciosa [desplazamiento forzado].

Ahora bien, con el fin de resolver el problema jurídico de la referencia, resulta
pertinente recordar lo que ha dispuesto la Corte Constitucional referente a la
eventual controversia que podría suscitar en cuanto a qué sentencia prima en
temas de caducidad, particularmente por desplazamiento forzado, esto es, si la
proferida por la suprema autoridad constitucional o por la contenciosa49:

[L]as sentencias del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional tienen un
peso predominante respecto a la interpretación que realiza sobre los derechos
fundamentales. Esto quiere decir que su labor hermenéutica prevalece sobre
la interpretación que realicen de los mismos, los demás órganos judiciales. En
particular, en esta sentencia de unificación, donde la Corte abordó, entre otros
temas, lo atinente a las diferentes vías con las que cuentan las víctimas de
desplazamiento forzado por la violencia, para acceder al goce efectivo de su
derecho a la reparación integral. Y, que como se mencionó, es plenamente
aplicable a los actores.

5.16. En definitiva, la aplicación de lo dispuesto en la Sentencia SU-254 de
2013 tiene sustento en el criterio de especialidad porque la Corte fijó una regla
específica respecto al momento a partir del cual debe contabilizarse el término
de caducidad, esto es, desde su ejecutoria, en los casos de desplazamiento
forzado acaecidos con anterioridad a la expedición de ese fallo, como ocurre
en el asunto bajo examen. Y, en el criterio de prevalencia de las
normas constitucionales y del alcance e interpretación que esta Corporación le
otorgue a las mismas, tal como se expuso en el acápite de la vinculatoriedad
del precedente constitucional que, entre otros fines, persigue garantizar la
igualdad de trato y la seguridad jurídica de los ciudadanos.

En este orden de ideas, resulta diáfano concluir que, frente a la imputación por
desplazamiento forzado, la regla se debe implementar es la dispuesta por la Corte
Constitucional.

Resuelto el anterior interrogante, también conviene precisar qué dijo la Corte
Constitucional en la SU-254 de 2013, en cuanto a la forma como se debe
computar la caducidad en las demandas en donde se aluda la imputación ya
mencionada:
49
Ver al respecto T-374 de 2023.

14
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11.4.10 Teniendo en cuenta que es la primera vez que a través de una
sentencia de unificación de su jurisprudencia, la Corte fija el sentido y alcance
del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, los términos de caducidad para
población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales
que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden
computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en
cuenta transcursos de tiempo anteriores, en atención a su condición de
sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en armonía con lo
resuelto en la sentencia C-099 de 2013.

[…]

VIGÉSIMO CUARTO.- DETERMINAR que para efectos de la caducidad de
futuros proceso[s] judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán
computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en
cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad
extrema y debilidad manifiesta.

En consecuencia, es claro que la Corte dispuso una regla en torno a la caducidad
cuando se pretenda accionar el aparato judicial por desplazamiento forzado, esto
es, que en esos casos, el plazo preclusivo para incoar el medio de control se debe
computar desde la ejecutoria de la SU-254 de 2013, sentencia que valga la pena
recordar, prima sobre lo dispuesto en la providencia de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado [exp. 61.033]50.

Luego, como tal ejecutoria ocurrió el 22 de mayo de 201351, resulta razonable la
conclusión a la que llegó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en
cuanto a la caducidad de la acción contenciosa, en atención a que el plazo
máximo para ejercer el medio de control feneció 22 de mayo de 2015, pero la
demanda de reparación directa fue radicada en el año 2016.

Entonces se concluye que la decisión del máximo tribunal de lo contencioso
atendió al precedente Constitucional y no discrimina la condición de sujeto de
especial protección de la accionante, máxime cuando se evidencia una
interpretación racional al establecer para el cómputo de la caducidad una fecha
que es muy posterior a la de cuando ocurrieron los hechos que suscitaron el
desplazamiento [1999].

50
La Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso que en temas por delitos de lesa humanidad
sí aplica plazo para demandar establecido por el legislador, salvo que se observen situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción, o que se trate de una
desaparición forzada, que tiene regulación especial.
51
Ver al respecto t-004 de 2025: «99. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han señalado que la Sentencia SU-254 de 2013 quedó ejecutoriada el 22 de mayo de 2013. Por
tanto, el término de caducidad para promover la demanda de reparación directa por parte de
víctimas de desplazamiento forzado vencería el 22 de mayo de 2015».

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2.8. Conclusión

Así las cosas, se declarará la improcedencia de los cargos que se refieren al
defecto fáctico, y negará en lo demás.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó el Ministerio del
Interior.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de los cargos que se refieren al
defecto fáctico, y NEGAR en lo demás.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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