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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06087-00

Fecha
3 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06087-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Carmen Edith Chica Cortés, en relación con las pretensiones formuladas en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Declarar la cesación de la actuación por haberse configurado la carencia actual de objeto por hecho superado, con respecto a la pretensión formulada en contra del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Florencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 11001-03-15-000-2024-06087-00 Accionante: Carmen Edith Chica Cortés Tercero: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06087-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de febrero de 2025

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06087-00
Accionante: Carmen Edith Chica Cortés

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06087-00
Accionante: Carmen Edith Chica Cortés
Accionados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, mediante la cual
se declaró la falta de jurisdicción para conocer un proceso y, en
consecuencia, se ordenó remitir el expediente a los juzgados
ordinarios laborales. Incumplimiento del requisito general de
subsidiariedad, en relación con las pretensiones formuladas en
contra del Tribunal Administrativo del Caquetá. Carencia actual de
objeto por hecho superado, con respecto a las súplicas planteadas
en contra del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de
Florencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Carmen Edith Chica Cortés
en contra del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Florencia y del Tribunal
Administrativo del Caquetá.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Carmen Edith Chica Cortés promovió demanda en orden a que se tutelen

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Accionante: Carmen Edith Chica Cortés

sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la seguridad social. Como consecuencia de lo anterior solicitó lo siguiente:

«[…] 2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el auto fechado 12 de junio de 2024
proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho interpuesto por la suscrita contra COLPENSIONES y
COLFONDOS, con radicado 18001333300120170017602, teniendo en cuenta la
vulneración de la ley que me permite transitar del RAIS al RPMPD en cualquier momento.

3. NOTIFICAR al Juzgado Segundo Laboral de Circuito la decisión que DEJE SIN
EFECTOS el auto fechado 12 de junio de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo
del Caquetá dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, que ordenó
la remisión del expediente a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, con el fin de que se
abstenga de dar trámite a dicho proceso.

4. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Caquetá, que dentro del término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, dicte Sentencia de
Segunda Instancia pronunciándose de fondo frente a las pretensiones de la demanda
dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por la suscrita
contra COLPENSIONES y COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS, con Rad.
18001333300120170017602.

5. En caso de no proceder la solicitud de DEJAR SIN EFECTOS el auto del 12 de junio
de 2024, SOLICITO se ORDENE al Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Florencia,
que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo,
AVOCAR conocimiento y darle trámite celero (sic) al caso, debido a mi avanzada edad
y estado de salud […]».

1.1.2. Los hechos

La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) El 6 de mayo de 1980, se vinculó como empleada territorial al servicio de la E.S.E.
Hospital María Inmaculada de Florencia.

ii) En octubre de 2016, solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) y a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, conforme a lo establecido
en el artículo 2.° del Decreto 691 de 1994 y en el artículo 1.° del Decreto 1068 de 1995,
regresar al régimen de prima media con prestación definida, puesto que para el 30 de
junio de 1995, fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para
las entidades territoriales, cumplía con la edad y tiempo de servicio para ser
beneficiaria del régimen de transición.

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iii) No obstante, Colpensiones, mediante los oficios núm. BZ2016_12671305-2815339
del 27 de octubre de 2016 y BZ2017_632544/2017_757454 del 24 de enero de 2017,
negó el traslado porque no reunía los 15 años de servicios al 1.° de abril de 1994, a
pesar de haber explicado que para las entidades territoriales la Ley 100 de 1994 entró
en vigor el 30 de junio de 1995.

iv) Por lo anterior, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos precitados. Adicionalmente, requirió la vinculación de Colfondos,
debido a que la decisión podría afectar sus intereses.

v) El proceso le correspondió, por reparto, al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia y fue identificado con el radicado 18001-33-33-001-2017-
00176-00.

vi) El 28 de agosto de 2020, la autoridad judicial precitada accedió a las pretensiones
de la demanda «al considerar probado que la suscrita cumplía con el régimen de
transición por edad y tiempo de servicio a 30 de junio de 1995 y que la entidad al
decidir no tuvo en cuenta que a dicha fecha había cumplido 15 años de servicio, lo
cual, conforme a la jurisprudencia constitucional (a partir de la expedición de la
Sentencia C-1024 de 2004) el Máximo Tribunal Constitucional sostiene que la
prohibición de traslado del RAIS al RPMPD cuando le falten menos de diez años para
pensionarse, no opera para los sujetos del régimen de transición por tiempo de
servicios cotizados, quienes podrán hacerlo en cualquier tiempo, siempre y
cuando “que al regresar nuevamente al régimen de prima media se traslade a él todo
el ahorro efectuado en el régimen de ahorro individual y (ii) que dicho ahorro no sea
inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren
permanecido en el régimen de prima media».

vii) Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación.

viii) El 12 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró la falta de
jurisdicción para seguir conociendo del proceso y, en consecuencia, ordenó remitir el
expediente a los juzgados ordinarios laborales de Florencia, al considerar que lo

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pretendido en la demanda era la ineficacia de la afiliación al RAIS, para lo cual invocó
el artículo 104 del CPACA.

ix) El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito
Judicial de Florencia, autoridad que recibió el expediente el 9 de julio de 2024, sin que,
hasta la fecha de radicación de la presente acción, hubiese adoptado alguna
determinación sobre su competencia.

x) Tras la publicación de la reforma pensional, acudió a Colfondos y a Colpensiones
para solicitar el traslado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley
2381 de 2024. Sin embargo, su petición fue negada por tener cumplidos los requisitos
para pensionarse.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Caquetá, con ocasión de la
expedición de la providencia del 12 de junio de 2024, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social. Para el efecto, afirmó que aquella autoridad incurrió en las siguientes
causales específicas de procedibilidad:

i) Defecto fáctico, comoquiera que la corporación judicial mencionada, al decretar la
falta de jurisdicción, bajo el argumento de que lo pretendido «era la declaratoria de una
ineficacia de la afiliación que debió tramitarse ante la jurisdicción ordinaria laboral»,
carece de fundamento probatorio, puesto que lo planteado en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho es la declaratoria de nulidad del acto
administrativo emitido por Colpensiones, mediante el cual se negó su solitud de
traslado al régimen de prima media con prestación definida, a pesar de tener derecho,
por cumplir los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En relación con este asunto, citó las sentencias C-1024 de 2004, SU-062 de 2010 y
SU-130 de 2013, mediante las cuales la Corte Constitucional se pronunció sobre el
traslado «de régimen pensional en cualquier tiempo sin perder el régimen de

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transición, así como el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación por tener
cumplidos los requisitos para ello como funcionaria pública».

ii) Defecto procedimental absoluto, debido a que el Tribunal accionado cometió un error
de interpretación, toda vez que la controversia planteada tiene como objetivo discutir
la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se negó su regreso al
régimen de prima media con prestación definida, sin perder su derecho al régimen de
transición, razón por la cual en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho se discutió la violación de las normas que debieron tenerse en cuenta al
momento de decidir dicho traslado, mas no la solicitud de ineficacia de la afiliación
como lo afirma la autoridad judicial accionada.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 15 de noviembre de 2024, el despacho del magistrado sustanciador de la
presente decisión inadmitió la acción de la referencia y, en consecuencia, requirió al
accionante para que (i) sustentara, con precisión conceptual y jurídica, la aplicabilidad
de las causales especiales de procedibilidad, a la providencia cuestionada, a la luz de
la Sentencia C-590 de 2005, y ratificada por la Sentencia SU-215 de 2022, emitida por
la Corte Constitucional; y (ii) identificara el tipo de proceso y el número del expediente
con el cual se adelanta, actualmente, la causa que da origen a este trámite.

1.2.2. El 21 de noviembre de 2024, la señora Carmen Edith Chica Cortés atendió los
anteriores requerimientos.

1.2.3. El 4 de diciembre de 2024, el despacho del magistrado ponente de la presente
decisión (i) admitió la acción de tutela en contra del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito Judicial de Florencia y del Tribunal Administrativo del Caquetá; (ii) vinculó a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y a Colfondos S.A.
Pensiones y Cesantías, como terceros interesados en los resultados del proceso; y (iii)
requirió al 1) Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, para
que remitiera copia digital del expediente con radicado 18001-33-33 -001-2017-00176-
00/01, y 2) Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Florencia, con el fin de
que allegara copia del proceso identificado con el número 18001-31-050-02-2024-
00135-00/01.

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1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Florencia

El secretario, Carlos Alberto Aguirre Mejía, indicó que, previo a la notificación del auto
admisorio de la presente acción de tutela, se programó la audiencia de que trata «el
artículo 90 (sic) del CPTSS», la cual se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2024.
Adicionalmente, expuso que, en el desarrollo de dicha diligencia, la apoderada de la
parte actora solicitó que se efectuara un control de legalidad, comoquiera que la
demanda debía adecuarse al trámite laboral, por lo que para resolver dicho
requerimiento se fijó una nueva audiencia para el 23 de enero de 2025.

De otra parte, remitió el expediente con radicado 18001-31-05-002-2024-00135-00.

1.3.2. Colpensiones

La directora de Acciones Constitucionales, Ludy Santiago Santiago, afirmó que se
invadiría la competencia del operador judicial ordinario y su potestad autónoma, al
decidir de fondo las pretensiones y acceder a estas, y, además, se excederían las
facultades del juez constitucional, ya que no se probó la vulneración de los derechos
fundamentales ni la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la protección
de estos.

De otra parte, señaló que el trámite planteado en la presente acción ya había sido
estudiado por otro juez, quien no accedió a las pretensiones de la accionante. Por
tanto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela (i) ante la configuración del
fenómeno jurídico de la cosa juzgada y (ii) debido a que la parte actora dispone de
otros medios judiciales, como lo son los recursos para discutir lo aquí planteado, sin
que este mecanismo pueda constituirse como una tercera instancia.

1.3.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia remitió
copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
18001-33-33-001-2017-00176-00.

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1.3.4. El Tribunal Administrativo del Caquetá no rindió el informe solicitado, a pesar
de que fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de la referencia.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Cuestión previa

Antes de plantear el problema jurídico, la Sala aclara que aunque Colpensiones
sostuvo que se configuró el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en razón a que lo
discutido en la presente acción ya había sido estudiado por otro juez constitucional, lo
cierto es que aquella entidad no aportó ningún documento que soportara su afirmación.
Adicionalmente, al consultar el nombre de la accionante en la página web de consulta
de procesos de la Rama Judicial tampoco se evidenció que esta hubiese interpuesto
otra acción de tutela relacionada con los hechos aquí expuestos.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se encuentra satisfecha la
exigencia general de subsidiariedad, con respecto a las pretensiones formuladas en
contra del Tribunal Administrativo del Caquetá; y, en segundo lugar, si se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que el Juzgado Segundo
Laboral de Circuito de Florencia ya avocó conocimiento del proceso, frente al cual la
corporación judicial precitada declaró la falta de jurisdicción.

2.4. Marco normativo

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2.4.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de
2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez,
contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere
alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi)
que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un
examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra
providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala de decisión
establece lo siguiente:

2.5.1. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
18001-33-33-001-2017-00176-00/02.

2.5.1.1. La señora Carmen Edith Chica Cortés instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) y de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, con el fin de obtener la
nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio del 17 de noviembre de
2016 emitido por COLFONDOS y los oficios BZ2016-12671305-2815339 el 27 de
octubre de 2016 y BZ2017-632544/2017-757454 del 24 de enero de 2017, expedidos
por Colpensiones. Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
ordenar a las entidades precitadas trasladar a la demandante al régimen pensional de
prima media con prestación definida.

2.5.1.2. El 28 de agosto de 2020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Florencia accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
ordenó a las entidades demandadas aprobar, de acuerdo con su competencia, el
traslado de la señora Chica Cortés, al régimen de prima media con prestación definida,
y de los ahorros realizados por aquella.

2.5.1.3. El 17 de noviembre de 2020, Colpensiones interpuso recurso de apelación en
contra de la anterior decisión.

2.5.1.4. El 12 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró la falta
de jurisdicción para continuar conociendo del proceso y, en consecuencia, ordenó
remitir el expediente a los juzgados ordinarios laborales de Florencia. Lo anterior,
debido a que la actora, por decisión propia, se trasladó a partir del 1.° de enero de
1996 del régimen de prima media al régimen de ahorro individual administrado por

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Colfondos, por lo que correspondía a la jurisdicción ordinaria laboral resolver el fondo
del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Código Procesal del
Trabajo y la Seguridad Social y en el Auto núm. 1974 del 23 de agosto de 2023,
mediante el cual la Corte Constitucional afirmó «que la jurisdicción ordinaria laboral es
la competente para conocer de los asuntos que versen sobre la nulidad o ineficacia de
afiliaciones al RAIS, por cuanto el régimen de la seguridad social es administrado por
una persona jurídica del derecho privado».

2.5.2. Proceso laboral identificado con el número 18001-31-05-002-2024-00135-00

El 27 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de
Florencia avocó conocimiento del proceso, al considerar que es la jurisdicción
competente, comoquiera que el debate surge a fin de obtener la declaratoria de la
ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida
administrado por Colpensiones al régimen de ahorro individual con solidaridad en la
AFP Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, que fuere realizado por la demandante.

Por lo anterior, en la misma providencia, la autoridad judicial precitada convocó a las
partes y a sus apoderados para adelantar la audiencia de juzgamiento de que trata el
artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la cual quedó
programada para el 18 de diciembre de 2024.

2.6. Caso concreto.

2.6.1. Principio de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción,
ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se
encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello el artículo 6.º numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de
improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,

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salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo procede cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.6.2. Análisis de las inconformidades planteadas en contra del Tribunal
Administrativo del Caquetá.

La señora Carmen Edith Chica Cortés solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, al expedir la providencia del 12 de junio de 2024.

Para soportar su solicitud, afirmó que la autoridad judicial precitada incurrió en (i)
defecto fáctico, ya que, al declarar la falta de jurisdicción bajo el argumento de que lo
solicitado era la declaratoria de ineficacia de la afiliación, carecía de fundamento
probatorio, toda vez que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho lo que
buscaba era la nulidad del acto administrativo de Colpensiones, que negó el traslado
al régimen de prima media con prestación definida, a pesar de que la accionante
cumplía los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición; y (ii) defecto
procedimental absoluto, puesto que el Tribunal precitado cometió un error de

3 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.

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interpretación, comoquiera que la controversia no se refiere a la ineficacia de la
afiliación, como afirmó aquella corporación judicial, sino a la legalidad de los actos
administrativos que denegaron el regreso al régimen de prima media.

Pues bien, para poder emitir un pronunciamiento de fondo sobre los anteriores
desacuerdos, la Subsección considera necesario determinar, en primer lugar, si en el
presente asunto se encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad. Así, se
advierte que la accionante pretende controvertir la providencia emitida el 12 de junio
de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró la falta de
jurisdicción para seguir conociendo del proceso y, en consecuencia, ordenó remitir el
expediente a los juzgados ordinarios laborales de Florencia.

Al respecto, se repara en que el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66
de la Ley 2080 de 2021, dispuso lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los siguientes
autos dictados por el magistrado ponente:

1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia […]

La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación de autos. Su
interposición y decisión se sujetará a las siguientes reglas:

a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición.
Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las
partes, la otra podrá interponer recurso de súplica contra el nuevo auto, si fuere
susceptible de este último recurso […]».

De la anterior transcripción se desprende que el auto proferido por el magistrado
ponente, a través del cual declara la falta de jurisdicción, es susceptible del recurso de
súplica. En esa medida, se colige que en el asunto bajo estudio la accionante contaba
con ese instrumento judicial para discutir la providencia del 12 de junio de 2024,
mediante la cual la autoridad accionada declaró la falta de jurisdicción; sin embargo,
aquella se abstuvo de utilizarlo.

En consecuencia, se colige que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, pues la parte accionante no agotó el medio de defensa judicial

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definido en la ley como idóneo para ventilar la controversia expuesta en esta sede
constitucional.

Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela, por su carácter subsidiario,
únicamente procede cuando se han utilizado los demás recursos previstos por el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos invocados, por lo que no le es
dable al juez constitucional emitir un pronunciamiento de fondo sobre el particular,
pues ello implicaría desconocer las competencias que le fueron atribuidas al juez
natural de la causa.

Adicionalmente, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se
sustenta la presente solicitud, así como las razones que llevaron a la accionante a
acudir a la vía constitucional, la Sala no encuentra probado un factor relevante que
soporte o justifique su inactividad para solicitar la defensa de sus derechos
fundamentales a través del medio de defensa judicial con el que contaba.

En esos términos, fuerza concluir que la acción de tutela es improcedente, con
respecto a los cargos formulados en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá,
por la ausencia del requisito general de subsidiariedad.

2.6.3. Sobre la carencia actual de objeto

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la carencia actual de objeto
se configura en casos en que la orden del juez de tutela no tiene ningún efecto frente
a las pretensiones de la acción, lo cual puede ocurrir por i) un hecho superado, ii) un
daño consumado y/o iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

Tratándose del «hecho superado», se ha señalado que este tiene lugar cuando entre
la interposición de la acción de tutela y el fallo, se satisface la pretensión, es decir,
«que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional desaparece la causa
que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
peticionario»,4 resultando inocua cualquier intervención del juzgador para proteger los
derechos invocados, en tanto ya la parte accionada los ha garantizado.

4 Sentencia T- 715 de 2017.

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Respecto del «daño consumado», se ha referido que este se presenta cuando se
ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal
manera que el juez ya no puede dar una orden con el fin de hacer que cese la
vulneración o impedir que se materialice el peligro.5 Así, al existir la imposibilidad de
evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño
causado por la violación de derecho; sin embargo, es de tener en cuenta que la acción
constitucional se hace totalmente improcedente cuando se ha consumado la
vulneración, dada su naturaleza preventiva y no indemnizatoria, a excepción de que,
según lo señala el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se «continúe la acción u
omisión violatoria del derecho».

Y, en torno al «acaecimiento de una situación sobreviniente», que hace que la
protección solicitada ya no sea necesaria, la jurisprudencia ha dicho que, a diferencia
del escenario anterior, la situación sobreviniente no debe tener origen en una actuación
de la accionada, sino que se origina porque el accionante asumió la carga que no le
correspondía o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.6

No obstante, la Corte Constitucional también ha explicado que, si bien, en casos en
que se configura la carencia actual de objeto no resulta viable emitir la orden de
protección solicitada por el actor, es necesario un pronunciamiento de fondo sobre el
asunto, precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación
de la acción de tutela, i) en los casos en que la consumación del daño ocurre durante
el trámite de la acción, ii) cuando se impone la necesidad del pronunciamiento por la
proyección que pueda tener el asunto,7 o iii) por la necesidad de disponer correctivos
frente a personas que puedan estar en igual situación o que requieran de especial
protección constitucional; y no es perentorio un pronunciamiento de fondo, en los
casos de i) hecho superado, o ii) acaecimiento de una situación sobreviniente, salvo
cuando es evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de
una forma diferente, pese a no tomar una decisión en concreto ni impartir orden alguna,
esto, «para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la

5 Sentencia SU-225 de 2013
6 Sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013 y T-481 de 2016, entre otras.
7 Artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. Hipótesis excepcional de procedencia de la indemnización de

perjuicios en el trámite de la acción de la tutela.

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situación que originó la tutela o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo
considera», según lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.8

2.6.4. Examen de la configuración de la cosa juzgada

La señora Carmen Edith Chica Cortés, en el escrito inicial, solicitó, de manera
subsidiaria, que el juez constitucional ordenara al Juzgado Segundo Laboral de
Circuito de Florencia avocar conocimiento del proceso ordinario.

No obstante, tras revisar los elementos probatorios mencionados en los acápites
anteriores, la Sala observa que el 27 de noviembre de 2024 el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito Judicial de Florencia avocó conocimiento del proceso, al
considerar que era la jurisdicción a la que le correspondía conocer el asunto,
comoquiera que el debate surge a fin de obtener la declaratoria de la ineficacia del
traslado del régimen de prima media con prestación definida administrado por
Colpensiones al régimen de ahorro individual con solidaridad en la AFP Colfondos S.A.
Pensiones y Cesantías, que fuere realizado por la aquí accionante.

Bajo ese contexto, se concluye que en el caso se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, comoquiera que, en el curso de la acción de tutela, se materializó
satisfactoriamente lo pretendido, de manera subsidiaria, por la accionante en el escrito
inicial, pues la autoridad judicial referida asumió la competencia para conocer y
resolver de fondo la controversia.

Al respecto, la Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha sostenido que cuando la
situación fáctica que motiva la radicación de la acción de tutela desaparece o se
modifica en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio,
podría generar la vulneración de garantías fundamentales «la solicitud de amparo
pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería
una eventual decisión del juez de tutela».9

8 Sentencia T-205A de 2018
9 Véase, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del

fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.

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Por tanto, al haberse resuelto de forma favorable lo pretendido por la parte accionante,
la Subsección considera que cualquier orden que pudiera impartir el juez constitucional
no estaría llamada a producir ningún efecto. En consecuencia, se declarará la cesación
de la actuación por carencia actual de objeto por hecho superado, ya que
desaparecieron las circunstancias que motivaron la actuación judicial, con respecto al
Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Florencia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala (i)
declarará improcedente la acción de tutela, en lo que tiene que ver con las
pretensiones formuladas en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá, por no
haberse superado la exigencia general de subsidiariedad; y (ii) declarará la carencia
actual de objeto por hecho superado, en relación con el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito Judicial de Florencia, al haberse resuelto de manera efectiva lo pretendido
por la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Carmen
Edith Chica Cortés, en relación con las pretensiones formuladas en contra del Tribunal
Administrativo del Caquetá, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva de la presente providencia.

Segundo: Declarar la cesación de la actuación por haberse configurado la carencia
actual de objeto por hecho superado, con respecto a la pretensión formulada en contra
del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Florencia.

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Tercero: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.

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