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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06112-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06112-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Marcela Zuluaga Franco, en la solicitud de tutela presentada contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06112-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de febrero de 2025

Radicado: 11001 03 15 000 2024 06112 01
Demandantes: Marcela Zuluaga Franco

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06112 01
Demandantes: Marcela Zuluaga Franco
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisión Seccional de
Judicatura de Bogotá

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Proceso
disciplinario, sanción impuesta a profesional del derecho.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Decide la Sala la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
26 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
Mediante esta decisión se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia
por no satisfacer el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

2. En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Marcela Zuluaga Franco, por conducto de apoderado judicial,
promovió demanda en orden a que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales considera conculcados por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina

1
Índice 2 del aplicativo SAMAI. Documento: 2_EXPEDIENTEDIGI_2ESCRITODETUTELA_0_20241113113614970

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Demandantes: Marcela Zuluaga Franco

Judicial de Bogotá con la expedición de las sentencias del 14 de agosto de 2024 y 17
de junio de 20242 , respectivamente.

3. En las sentencias censuradas se sancionó a la actora con suspensión en el ejercicio
de la profesión por el término de seis (6) meses, como responsable disciplinariamente
de la comisión culposa de la falta consagrada en el artículo 37 numeral 1° de la Ley
1123 de 2007, en concordancia con lo establecido en el numeral 10 del artículo 28
ibidem.

4. Como consecuencia de lo anterior, la accionante pidió suspender los efectos
jurídicos de las mencionadas providencias y ordenar a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, proferir sentencia de reemplazo con fundamento en los
lineamientos que determine el juez constitucional.

1.2. Los hechos

5. La firma Inversora Promotora Gerona SA presentó queja contra la abogada Marcela
Zuluaga Franco por considerar que su actuación dentro del trámite del proceso RT-
46881A había contrariado los deberes de la Ley 1123 de 2007. Esto por haber incurrido
en la falta descrita en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007 3, relacionadas
con el descuido de las diligencias propias de la actuación profesional.

6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, mediante sentencia de
primera instancia de 17 de junio de 2024, sancionó a la accionante con la suspensión
en el ejercicio de la profesión por el término de 6 meses, al encontrarla responsable
en la modalidad culposa de la falta que se le imputó. Inconforme con lo allí decidido,
la señora Zuluaga Franco interpuso recurso de apelación, alzada decidida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante providencia del 14 de agosto de
2024, que confirmó en su integridad el fallo impugnado.

2 Proferida dentro del proceso disciplinario identificado con número de radicación No. 1001 25 02 000
2022 04758 00/01.
3 «Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: 1. Demorar la iniciación o

prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de
la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. (…)»

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7. Refirió que, en el salvamento de voto, el doctor Mauricio Fernando Rodríguez
Tamayo estimó que no se debió sancionar a la accionante, por no configurarse los
presupuestos básicos consagrados en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1123 de 2007.

1.3. Argumentos de la acción de tutela

8. La parte actora afirma que las sentencias disciplinarias incurrieron en defecto fáctico
y, en consecuencia, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia.

9. Refirió que en la decisión de primera instancia se aplicaron en forma indebida los
artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que la accionante, en su calidad
de contratista abogada gestora del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, vinculada en
virtud de un contrato de prestación de servicios, descuidó las diligencias propias de la
actuación profesional dentro del trámite administrativo RT-46881A, en relación con la
entrega de título de depósito judicial No. 400100007338617, luego convertido en No.
400100007922358, por valor de $2.361.383.374 al señor Víctor Hugo Jiménez Castro.

10. La anterior decisión fue confirmada por la segunda instancia con el siguiente
argumento: «(…) la asistencia o representación judicial debe reflejar un alto grado de
compromiso en el cumplimiento eficiente de los encargos confiados, sin que pueda luego
descargar su responsabilidad en la revisión de su trabajo por parte de un articulador o servidor
público, pues precisamente se han invertido recursos públicos en su contratación debido a sus
altas calidades académicas y profesionales».

11. Finalmente, fundamento su inconformidad basada en el salvamento de voto en
segunda instancia del proceso disciplinario, para manifestar que «los jueces
disciplinarios estaban en el deber constitucional y legal de realizar in test intenso sobre la
adecuación típica, así como también debían aparecer debidamente comprobadas la
antijuridicidad, la tipicidad y la culpabilidad, tal como lo demandan los artículos 3, 4 y 5 de la
Ley 1123 de 2007». Afirmó que el magistrado disidente de la decisión señaló que la
jurisdicción disciplinaria carecía de competencia para establecer si el trabajo realizado
por la accionante era el correcto.

1.4. Actuación procesal

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13. La presente acción de tutela fue admitida por medio de auto del 18 de noviembre
de 20244, a través del cual se ordenó su notificación a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y a Inversora
y Promotora Gerona S.A. en liquidación, en calidad de tercero con interés legítimo.

1.5. Intervenciones

14. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá5 solicitó declarar
improcedente o negar la acción de tutela, en consideración a que se respetaron todas
las garantías procesales. Afirmó que no se reúnen los requisitos de carácter general y
específico que la jurisprudencia exige para la procedencia del mecanismo contra
providencias judiciales, en la medida en que las decisiones objeto de inconformidad,
están fundadas en la ley y en las pruebas legalmente aportadas.

15. Las normas aplicadas en el trámite procesal, corresponde a las establecidas en la
Ley 1123 de 2007 y a la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
motivo por el cual no existe defecto sustancial. Se advierte es la inconformidad de la
accionante con la sentencia sancionatoria, quien aduce ausencia de tipicidad con
fundamento en el salvamento de voto de segunda instancia, lo cual no configura un
defecto sustancial ni reviste la entidad suficiente de carácter constitucional para que
se invalide la actuación o los fallos de instancia. Además, el fallo de primera instancia
se encuentra debidamente motivado, la valoración probatoria es razonada y razonable
con base en las reglas de la sana crítica, existe congruencia entre el pliego de cargos
y la sentencia sancionatoria, por lo que se configuraba la falta imputada al descuidar
la actuación profesional e infringir el deber de cuidado que le era exigible.

16. Informa que se encuentra en curso una acción de tutela 2024 – 00079 en la Corte
Suprema de Justicia, interpuesta por la sociedad quejosa en contra de la misma
corporación, respecto de la sentencia de primer grado dictada en el radicado 2022 –
04758 de conocimiento de la Sala de Extinción de Dominio.

4
Índice 4 de Samai.
5
Índice 10, ibidem, ver documento 16_RECIBEPRUEBAS_Memorial_respuestatutela20240_1_20241121125951926

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17. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial6 solicitó negar el amparo instaurado
al no transgredirse derechos fundamentales al interior del proceso disciplinario 7.
Señaló que, se pretende que se analicen los mismos postulados que fueron objeto de
análisis por dicha Corporación en segunda instancia. Analizó las pruebas allegadas
(contratos de prestación de servicios, petición elevada al IDU, acta de conciliación,
entre otros) y concluyó que la actora no realizó los esfuerzos necesarios para cumplir
con la solicitud del señor Jiménez Castro. Al respecto sostuvo: «dado que la verificación
de la validez y autenticidad era una política operacional de la entidad, y aunque la togada llevó
a cabo actividades de verificación respecto de otros documentos, no lo hizo en relación con
aquellos que respaldaban la solicitud disciplinaria cuestionada». Por lo anterior, incumplió
tanto el deber profesional como la obligación contractual de rectificar los soportes del
depósito judicial, sin que la omisión se encuentre justificada.

18. No hay lugar a presumir una irregularidad procesal en el trámite que vulnere el
debido proceso o el acceso a la administración de justicia, en cuanto la providencia fue
debidamente motivada, conforme a los criterios de imputación jurídica de la conducta
adoptados por dicha corporación. Tampoco, el asunto está revestido de relevancia
constitucional, por tratarse de asuntos que ya han sido tratados en la jurisdicción
disciplinaria, y no se inobservó ninguna norma aplicable al caso ni se asumió una
interpretación opuesta a los postulados mínimos de razonabilidad jurídica.

19. Inversora y Promotora Gerona SA8 manifestó que las decisiones controvertidas
no han incurrido en defecto normativo alguno, con relación a las irregularidades en el
endoso y autorización del título judicial, en el entendido que se limitaron a calificar la
falta de manera ajustada a derecho, por lo que es infundado el argumento con relación
a la existencia de un defecto normativo, al haberse respetado los principios legales y
éticos que rigen la actividad profesional del abogado, así como las garantías
procesales de las partes involucradas.

20. Señaló que la actora incurrió en falta de diligencia profesional al entregar
indebidamente el título judicial, afectando el patrimonio de Inversora y Promotora
Gerona S.A., por lo que la calificación de la conducta, así como la sanción impuesta

6
Índice 14, ibidem, ver archivo 24_RECIBEMEMORIAL_Correo_CarolinaGuzma_0_20241126090458251
7
Radicado No. 11001250200020220475801
8
Índice 15, ibidem, ver archivo 38_110010315000202406112003MemorialWeb2024124142418

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fue irrisoria, al haber incurrido de manera intencionada, en acciones y omisiones que
controvierten la ley, la Constitución y los reglamentos del IDU. Además, era
responsable de validar los documentos soporte de pago, proyectar las órdenes para
su ejecución y solicitarle al representante de la entidad el endoso y la autorización del
título judicial necesario para entregar el dinero a Víctor Hugo Jiménez Castro,
procedimientos que omitió.

21. Vulneró los principios rectores consagrados en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1123
de 2007, al no cumplir con la regulación de la autenticación biométrica y el registro de
expropiación, favoreció intereses de terceros por encima de los derechos legítimos de
Inversora y Promotora Gerona S.A., incurrió en conflicto de intereses, actuó con
deslealtad, ocultó información relevante, facilitó maniobras fraudulentas que afectaron
gravemente el patrimonio de la empresa, quebrantando el deber ético de actuar con
integridad y la debida diligencia profesional.

1.6. Sentencia impugnada

22. El 12 de diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la presente acción de tutela por no superar el requisito de la
relevancia constitucional. Esto, toda vez que el caso ya fue objeto de estudio por las
autoridades judiciales competentes, por lo que no se puede utilizar este mecanismo
como una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural
(disciplinario).

23. Encontró que, la afectación de los derechos fundamentales tiene su origen en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual fue expuesto en el proceso disciplinario
y decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, en cuanto ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturaliza la
acción de tutela.

24. De acuerdo con la sentencia de unificación SU-215 de 2022, la simple enunciación
de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación con un defecto es
insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito general de

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procedencia de la relevancia constitucional, por lo que la controversia puesta en
consideración se encuentra limitada a asuntos meramente legales, no gira en torno al
contenido, alcance y goce de derechos fundamentales, cuya competencia se
encuentra en el juez disciplinario.

25. La parte actora acude a la acción de tutela a cuestionar el criterio de interpretación
probatoria de las autoridades judiciales, en busca de la corrección del criterio jurídico
del juez natural y reabrir el debate legal en el marco del proceso disciplinario, que
escapa de la órbita del juez constitucional.

1.7. La impugnación9

26. Inconforme con la decisión, la actora solicitó revocar la decisión de primera
instancia, y en su lugar, conceder el amparo solicitado y suspender los efectos jurídicos
de las decisiones tomadas dentro del proceso con radicación No. 11001 25 02 000
2022 04758 00/01, en el sentido de ordenar a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá dicté una nueva sentencia con fundamento en los lineamientos que
establezca el juez constitucional. Sobre el particular, explicó, grosso modo, que no se
pretende reabrir de carácter legal y probatorio desatado en sede disciplinaria. Por el
contrario, se presenta vulneración al principio de legalidad, al configurarse la atipicidad
de la conducta endilgada a la actora, lo que se constituye en una abierta violación de
las garantías que hacen parte del derecho fundamental al debido proceso.

27. Fundamenta su oposición, en un posible defecto sustantivo, al referirse al
salvamento de voto a la decisión de segunda instancia de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, en cuanto allí se consideró que la jurisdicción disciplinaria carecía
de competencia para señalar si el trabajo realizado por la profesional de derecho era
el correcto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

9
Índice 30 ver archivo 51_110010315000202406112002MemorialWeb2025115104531

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29. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo
25 del Acuerdo 080 de 201910, esta Sala es competente para conocer de la presente
impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Primera de
esta corporación.

2.2. Cuestión previa

30. Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, la Sala aclara que solo realizará el
análisis de la sentencia del 14 de agosto de 2024, adoptada en segunda instancia por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al ser la autoridad que puso fin al proceso
disciplinario adelantado contra la señora Marcela Zuluaga Franco, en tanto que
confirmó el fallo de primer grado del 17 de junio de 2024, expedido por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

2.3. Problema jurídico

31. Consiste en establecer, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con
los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 14 de agosto de 2024,
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dentro del proceso judicial
disciplinario 11001 25 02 000 2022 04758 01. En caso afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se incurrió en un defecto
fáctico y, por lo tanto, se vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de la señora Marcela Zuluaga Franco.

2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

32. La jurisprudencia constitucional11 ha evolucionado en torno a la consideración de
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de
200512, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen

10
Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
11
Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-
567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003,
T-200 de 2004, T-774 de 2004.
12
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

33. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

34. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Relevancia constitucional

35. La Corte Constitucional mediante sentencia T-066 de 201913 sostuvo que, en las
acciones de tutela contra providencias judiciales, «la función del juez de tutela no es la de
fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello

13
Reitera el contenido de la sentencia T-336 de 2004

9
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desconocería la competencia y finalidad de la administración de justicia por parte de los jueces
naturales, así como su autonomía funcional.»

36. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 11 de febrero de
202114, fijó los criterios para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional,
así: i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales; ii) que el interesado argumente de manera suficiente y
razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales; iii)
que los argumentos de la solicitud se acompasen con las razones de la decisión objeto
de tutela; iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario; y, v) que la acción de tutela no se convierta en una instancia
adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.

37. En el mismo sentido, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional
relacionó los criterios para definir el cumplimiento de este requisito, así: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto. Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta
corte, el estudio de procedibilidad deber ser más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

38. Así las cosas, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se planteó en la instancia correspondiente.

2.5. Análisis del caso concreto

2.5.1 Requisitos de procedibilidad

39. Sea lo primero indicar que el caso bajo estudio goza de relevancia constitucional,
toda vez que, contrario a lo sostenido por el juez de primera instancia, el debate gira
en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso

14
Radicado 11001 03 15 000 2020 05131 00 con ponencia del doctor Julio Roberto Piza Rodríguez

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y el acceso a la administración de justicia, pues, en criterio de la accionante, la litis fue
resuelta bajo un indebido ejercicio probatorio y jurisprudencial, eventos que fueron
adecuados en los defectos fácticos, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución Política, y que de encontrarse acreditados,
conducirían a considerar lesionados los derechos fundamentales.

40. En igual sentido, el presente asunto también reúne los demás requisitos generales
de procedencia, toda vez que: (i) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa
por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la accionante tenía la calidad de
demandante en el proceso ordinario y, por el otro, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (ii) se encuentra
acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que la parte actora agotó todos
los mecanismos judiciales que tenían a su alcance para controvertir la providencia
censurada; (iii) la acción de tutela se interpuso dentro de los seis (6) meses siguientes
a la ejecutoria de la sentencia del 14 de agosto de 2024; (iv) presenta argumentos
sólidos sobre la presunta conculcación de sus prerrogativas constitucionales; (v) si
bien aduce una irregularidad procesal, explica claramente porqué es decisiva en el
asunto sub judice; vi) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (vii)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

2.5.2. Defecto fáctico

41. La Corte Constitucional ha establecido que una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.»15 Este vicio debe ser ostensible, flagrante y manifiesto,
y debe tener «incidencia directa en la decisión»16. Este defecto se configura en dos
dimensiones: una positiva, en la que el juez «(…) aprecia y da valor a elementos materiales
probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por completo equivocada»17
y, otra negativa, cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso
objeto de análisis ; (…) resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la

15
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018
16
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022

11
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decisión; y (…) no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas
procesales y constitucionales así lo determinan.»18

42. El defecto fáctico por indebida valoración probatoria se configura por: «(i) Cuando
el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de
los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii)
cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo
resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin
un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no
por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de
elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v)
cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte
probatorio dentro del proceso»19.

43. Así las cosas, el juez de tutela, en el análisis del defecto fáctico, debe privilegiar
los principios de autonomía e independencia judicial20, que conlleva a que la parte
interesada indique de forma concreta, el motivo por el cual el juez ordinario incurrió en
el defecto, en la medida en que «no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatorio del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según
las reglas generales de competencia»21.

2.5.3. Caso concreto

44. Insiste la actora, en sede de impugnación, que la sentencia del 14 de agosto de
2024 emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en defecto fáctico
por indebida valoración probatoria al presentarse atipicidad de la conducta endilgada
a la demandante en el proceso disciplinario adelantado en su contra.

45. Sobre este punto, la Sala advierte que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bogotá profirió sentencia de primera instancia el 17 de junio de 2024, en la que
declaró responsable disciplinariamente a la abogada Marcela Zuluaga Franco en la

18
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
19
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
20
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019
21
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010

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comisión culposa de la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de
2007, en concordancia con el numeral 10 del artículo 28 ibidem, por haber descuidado
las diligencias propias de la actuación, o lo que es lo mismo, al desconocer su deber
de actuar con celosa diligencia en el trámite del asunto que le fue encomendado, al
encontrar demostrado que: «(i) no evidenció soporte del endoso y/o autorización por parte
de la sociedad Inversora y Promotora Gerona S.A. en liquidación para el trámite de
desembolso del referido título a favor del señor Víctor Hugo Jiménez Castro; y (ii) no efectuó
la verificación previa del poder otorgado por el señor Miguel Germán Arango de Fex al abogado
Carlos Adner Viveros Díaz ni la validez del acta de conciliación ante el Ministerio de Justicia,
lo que tan solo hizo cuatro (4) meses después de entregados los dineros»22. Por tal motivo, la
sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 6 meses.

46. En contra de esta decisión presentó escrito de apelación, decidido en segunda
instancia por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante sentencia del 14 de
agosto de 2024. Al descender a la situación particular planteada, se observa que se
confirmó la sanción impuesta, al considerar:

«(…)
Así, en lo que tiene que ver con el supuesto acatamiento del manual de procedimiento
de adquisición predial, debe indicarse que las políticas operacionales contenidas en el
procedimiento para el trámite y gestión de depósitos judiciales (versión 2, de fecha 17
de febrero de 2020), instituido por el IDU, establecen de forma diáfana que “[l]a STJEF
(Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales) y la DTDP (Dirección Técnica
de Predios) son responsables de ordenar los trámites que debe adelantar la STTR
(Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo) con los depósitos judiciales”, pero
más importante aún, “son responsables de verificar la validez y autenticidad de los
documentos soportes de cada uno de los trámites que solicita adelantar a la STTR”
(negrilla fuera del texto original).

Por tanto, respecto del argumento relacionado con que solo le correspondía la
elaboración del memorial remisorio y además, que contrario a lo señalado por Diana
Patricia Valderrama Alvarado, Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo del Instituto
de Desarrollo Urbano – IDU, referente a que solo le correspondía una revisión general
del título, debe señalarse que resulta innegable, pues en ello concuerdan todas las
pruebas testimoniales recopiladas, que el efectivo desembolso del título de depósito
judicial pasa por múltiples filtros y revisiones a cargo, no solo de diferentes servidores
públicos sino además en distintas dependencias, tal y como se aduce en el recurso. Sin
embargo, este hecho por sí mismo no desvanece la responsabilidad particular que atañe
a cada una de las personas que componen el engranaje institucional de la entidad
pública.

Así, en tratándose de servidores públicos, responderán por el incumplimiento de sus
deberes funcionales, y por parte de los contratistas, en lo que comporte el
desconocimiento de sus precisas obligaciones contractuales. Desde la óptica

22
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deontológica frente a sujetos disciplinables, como los abogados, el examen se centra en
establecer el acatamiento o no a los deberes de que trata el artículo 28 de la Ley 1123
de 2007, para el caso concreto, el de atender con celosa diligencia sus encargos
profesionales.

La vinculación de un abogado a una entidad pública mediante un contrato de prestación
de servicios profesionales, es demostrativo de la necesidad de contar con una persona
que posea conocimientos especializados en la materia, y correlativamente, exige del
jurista la ejecución rigurosa y acuciosa de las actividades encomendadas. De allí que si
bien, no ejerza una función pública y por tanto no esté facultado para la expedición de
órdenes o actos administrativos, en la proyección de los documentos a su cargo, la
asistencia o representación judicial, debe reflejar un alto grado de compromiso en el
cumplimiento eficiente de los encargos confiados, sin que pueda luego descargar su
responsabilidad en la revisión de su trabajo por parte de un articulador o servidor público,
pues precisamente se han invertido recursos públicos en su contratación debido a sus
altas calidades académicas y profesionales.

Descendiendo al caso concreto, la Comisión halla razón al a quo al establecer que la
abogada, desde su rol como contratista y gestora jurídica al interior de la dirección
técnica de predios del IDU, no debió pretermitir como hecho elemental al resolver la
petición del 27 de enero de 2021 sobre la viabilidad de la conversión y pago del título
judicial, el contenido expreso del acta de conciliación que soportaba el petitorio, a saber,
la necesidad de que la sociedad Inversora y Promotora Gerona S.A. efectuara ya sea el
endoso o autorización que viabilizara el cobro por parte del señor Víctor Hugo Jiménez
Castro ($2.361.383.374,oo), requisito que nunca dio por acreditado.

Contrario a lo argüido en la apelación, el hecho de que la subdirección técnica de
recaudo y tesorería se rehusara en dos ocasiones a dar trámite al pago del título judicial,
lejos de excusar a la disciplinada, ratifica el juicio de reproche, pues estando en la
dirección técnica de predios, dependencia encargada de verificar la validez y
autenticidad de los documentos que cimenten la solicitud, debió hacer mayores
esfuerzos para establecer la procedencia de lo requerido por el señor Jiménez Castro.

Y no resulta de recibo que aduzca que no tenía la obligación de ejecutar esta actividad,
pues además de estar establecida como una política operacional, las pruebas dan
cuenta que requirió a la Notaría Séptima del Círculo de Bogotá mediante e-mail del 4 de
febrero de 2021 para determinar la autenticidad de los sellos plasmados en el poder
conferido por el peticionario a la abogada Dorys Eugenia Álvarez Garzón, empero, dejó
de actuar en ese sentido respecto de los demás documentos que acompañaban la
solicitud.

Al margen de las conclusiones específicas del informe de auditoría especial que
condujeron a establecer un plan de mejoramiento y la modificación del manual de
procedimiento, lo cierto es que para la época de los hechos, el acervo probatorio refleja
que la disciplinada tenía el deber profesional y la obligación contractual de ejecutar con
mayor rigurosidad la revisión de los soportes del pretendido pago del título de depósito
judicial y no lo hizo, siendo inadmisible que haya efectuado tales verificaciones meses
después.

(…)

Los tipos disciplinarios son esencialmente normas subjetivas de determinación que
demandan el encauzamiento del comportamiento bajo directrices ético-jurídicas, al
margen de la efectiva materialización de un daño o perjuicio, por tanto, no logra excusar
la omisión en la constatación de la autenticidad de los documentos por el hecho de que
meses después haya obtenido una respuesta favorable para la entidad, en el sentido

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que tanto el poder como el acta de conciliación eran verídicos, pues precisamente en su
marco de acción para la época de los hechos, era la actividad mínima esperada de la
jurista previo al pago del título de depósito judicial, no de forma posterior.

(…)».

47. La Sala observa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al estudiar el
recaudo y análisis probatorio que realizó la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Bogotá, de cara a los cargos de la apelación, analizó todos los elementos aportados
al expediente disciplinario, desarrolló cada uno de los requisitos constitutivos del
elemento de culpabilidad, que le permitieron concluir la antijuridicidad de la conducta
desplegada por la actora por no ser diligente en la gestión de sus encargos
profesionales, sin que se haya acreditado los argumentos con lo que pretendió
justificar sus faltas. En este caso, se presenta es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural de la causa que no es atacable por vía
tutela, toda vez que, la decisión tomada se encuentra debidamente razonada y
justificada, y este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia de los
procesos ordinarios.

48. Se insiste que el juez de tutela debe respetar la interpretación que realiza el juez
natural, por lo que no le está permitido cuestionar las decisiones adoptadas dentro del
ámbito de sus competencias, con excepción de que resulte notoria la vulneración a
algún derecho fundamental, presupuesto que no se encontró probado en este caso.

49. Por último, la parte actora basa su solicitud de amparo en el salvamento de voto
con relación a lo decidido en segunda instancia dentro del proceso disciplinario, en el
cual el magistrado disidente sostuvo la falta de competencia para establecer si el
trabajo realizado por la disciplinada fue el correcto. La Sala advierte que este
argumento, en estricto sentido correspondería a un defecto sustantivo, en tal sentido,
no le está permitido al tutelante fundamentar su oposición a partir de los motivos de
disenso plasmados, teniendo en cuenta que la misma no implica que la decisión
mayoritaria sea inválida, sino que, en ejercicio de la autonomía e independencia
judicial de la que gozan los jueces, en virtud de lo dispuesto en los artículos 228 y 230
de la Constitución Política, puede presentarse una disparidad de criterios entre los
magistrados de una sala de decisión, por lo que las opiniones allí señaladas no hacen

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parte del fallo judicial, y en estricto sentido, no se trata de una decisión vinculante, ni
mucho menos se pueda convertir en una interpretación constitucional en procura de
que se amparen los presuntos derechos fundamentales vulnerados23.

2.5.4. Cuestión final

50. Por último, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el informe presentado
respecto de este mecanismo, puso de presente la existencia de otra acción de tutela
que cursó en impugnación ante la Corte Suprema de Justicia24, en la que se alegó la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y doble instancia respecto del señor Miguel
Germán Arango de Fex, en calidad de representante de la sociedad Inversora y
Promotora Gerona S.A. El problema jurídico allí analizado, se centró en establecer si
se le respetaron las facultades con las que contaba el accionante de esa tutela, en su
condición de quejoso dentro de la acción disciplinaria realizada en contra de Marcela
Zuluaga Franco. Al revisar lo allí decidido, si bien hace referencia al proceso
disciplinario y los fallos de primera y segunda instancia en los cuales se encontró
responsable disciplinariamente a la señora Zuluaga Franco, se trata de pretensiones
disímiles que buscaban la protección de derechos fundamentales a diferentes
personas y con efectos totalmente diferentes, por lo que no habría lugar a declarar la
temeridad dentro del presente mecanismo.

2.6. Conclusión

51. Con los anteriores argumentos, quedan desvirtuadas las inconformidades en las
que la actora centró sus argumentos, de forma que, la Sala revocará la decisión del a
quo para, en su lugar, negar el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

23
Ver auto 071 del 26 de febrero de 2020 de la Corte Constitucional
24
Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de diciembre de 2024 dentro del proceso STP.18200-2024 con radicación NO.
141850.

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III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Marcela Zuluaga Franco, en la solicitud de tutela presentada contra
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
JC

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