Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06114-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06114-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06114-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
23 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE CUESTIONAR UNA
DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN
RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL TRABAJO Y A LA VIDA
DIGNA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
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En adelante el Tribunal
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-00
Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
El señor LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ, actuando a
través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al trabajo y a la vida digna, los cuales
estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la
providencia de 27 de junio de 2024, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 11001-33-42-056-2022-00283-01.
I.2.- Hechos
Afirmó que estuvo desempeñándose como profesional en el Grupo de
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS2, entre el 15 de
septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, mediante
contratos de prestación de servicios en forma continua e
ininterrumpida.
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En adelante Unidad de Restitución de Tierras.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-00
Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
Adujo que mientras laboró en dicha entidad recibió una asignación
salarial mensual, cumplía con un horario fijo de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. y existía una subordinación, al cumplir
instrucciones especificas dadas por sus superiores y tener una
supervisión constante.
Señaló, asimismo, que utilizó equipos, herramientas y suministros
dadas por la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS con el fin de
realizar sus funciones, lo cual, junto con lo anterior, conforman todos
los elementos necesarios para que se entienda configurado el
contrato realidad.
Sostuvo que, teniendo en cuenta lo precedente, solicitó el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las respectivas
prestaciones sociales a la citada entidad, la cual le fue denegada a
través de Oficio núm. URT-GGTDH-00040 de 18 de marzo de 2022.
Manifestó que por lo anterior, presentó una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, con el fin de que se
declarará la nulidad del referido acto administrativo y se le
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-00
Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
reconociera y pagara las sumas por los servicios prestados en sus
condiciones de subordinación entre el 15 de septiembre de 2015 y el
31 de diciembre de 2019.
Adujo que el mencionado proceso fue identificado con el número
único de radicación 11001-33-42-056-2022-00283-01 y le
correspondió en primera instancia al JUZGADO CINCUENTA Y SEIS
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.3
que, mediante providencia de 29 de septiembre de 2023, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Refirió que la parte allí demandada interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 27
de junio de 2024, revocó la sentencia recurrida y denegó las súplicas
de la demanda, bajo el argumento de no se logró acreditar el
elemento de subordinación continuada como uno de los requisitos
esenciales de una relación laboral subyacente a los contratos de
prestación de servicios.
I.3. Fundamentos de derecho
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En adelante el Juzgado
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
Alegó que la providencia cuestionada omitió analizar detalladamente
los testimonios de las señoras Stephany Escobar Castro e Ingrid
Consuelo Monsalve León que señalaron que en su caso debía cumplir
un horario de trabajo cuando desempeñaba sus labores en la
UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, lo cual, a su juicio, daba
cuenta de la relación laboral encubierta.
Sostuvo que el TRIBUNAL tampoco valoró correctamente los
testimonios de los supervisores de su contrato en la citada entidad,
los señores Rosa Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells
Matallana, de los cuales se podía concluir que tenía una relación de
dependencia y una continua subordinación durante el tiempo que
desempeño sus funciones.
Indicó que de los testimonios recepcionados en la audiencia de 25 de
mayo de 2023 se contradicen en varios aspectos sobre el horario
laboral y el uso de elementos y recursos de trabajo de la entidad, lo
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
que daba cuenta que el TRIBUNAL hizo una valoración indebida de
los mismos y desconoció el principio de indubio pro operario al no
fallar conforme a las pretensiones de la demanda si existía una duda
razonable frente a estos.
Advirtió que no está de acuerdo con el TRIBUNAL al haber concluido
que los testimonios de los supervisores Rosa Misaelina Ospina Peña
y Carlos Aurelio Planells Matallana desvirtuaron lo manifestado por
las señoras Stephany Escobar Castro e Ingrid Consuelo Monsalve
León, pues reconoció solo los elementos de horario y subordinación
de aquellos e interpretó de manera parcial lo dicho por ellas.
Manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales establecidos en los artículos 13, 25, 29 y 225 de la
Constitución Política y, en especial, el artículo 53, ibidem, que: “[…]
implica que si en una relación contractual se encuentran presentes
los elementos de una relación laboral (subordinación, remuneración
y prestación personal del servicio), esta debe ser reconocida como
laboral, independientemente de la formalidad contractual […]”.
Adujo que la accionada no tuvo en cuenta el principio de la primacía
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
de la realidad en las relaciones laborales, ni los documentos y
testimonios presentados en primera instancia que, a su juicio,
evidenciaban que sí se cumplía con el elemento de la subordinación
de su empleo, al tener el mismo horario del personal de planta de la
entidad y estar bajo la supervisión constante y permanente de su
empleador.
Finalmente, indicó que el TRIBUNAL incurrió en un desconocimiento
del precedente y trajo a colación las sentencias SU-1184 de 20014,
T-949 de 20035 y T-171 DE 20006, proferidas por la Corte
Constitucional, que tratan sobre el principio de la primacía de la
realidad en las relaciones laborales y la omisión de pruebas
testimoniales y documentales que evidencia subordinación y
dependencia.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] 1. Ampare los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas y justas, a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la justicia, de mi mandante.
4
Corte Constitucional, SU-118 de 13 de noviembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
5
Corte Constitucional, T-949 de 16 de octubre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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Corte Constitucional, T-171 de 24 de febrero de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
2. Declare la existencia de un defecto factico, en la sentencia
emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3. Revocar la sentencia de segunda instancia emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenar una nueva
valoración exhaustiva de todas las pruebas que evidencien la
relación laboral, aplicando el principio de primacía de la realidad
y el principio de in dubio pro operario.
4. Ordenar que se emita una nueva decisión basada en una
valoración integra y objetiva de los testimonios y documentos
que evidencian subordinación y dependencia, en conformidad
con los derechos laborales reconocidos constitucionalmente.
5. Reconocer la vulneración del principio de primacía de la
realidad y ordene el reconocimiento de los derechos laborales de
mi mandante […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, tercero con
interés directo en la resultas del proceso, sostuvo que la autoridad
judicial accionada no incurrió en ninguna de las presuntas acciones u
omisiones que le atribuye la parte accionante al proferir la sentencia
de 27 de junio de 2024, toda vez que concluyó que no existían
pruebas que permitieran establecer que el actor cumplía horarios y
recibía órdenes directas, en cuanto al modo, tiempo y rendimiento
en desarrollo del contrato de prestación de servicios.
Adujo que de igual forma no aportó evidencia concreta que detallara
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
las órdenes específicas que presuntamente le fueron impartidas
durante la ejecución de los varios contratos de prestación de servicio
que suscribió con la entidad.
Manifestó que el actor en su escrito de la acción de tutela no cumplió
con la obligación de demostrar el presunto defecto fáctico alegado,
comoquiera que solo se limitó a cuestionar la forma en como el
TRIBUNAL valoró las pruebas aportadas al proceso sin señalar que
elementos de la sentencia fueron, a su juicio, irrazonables o
caprichosos ni cuales pruebas aportadas no fueron valoradas
íntegramente. Asimismo, puso de presente que el actor no informó
si las pruebas tenidas en cuenta por el TRIBUNAL para proferir la
sentencia cuestionada fueron impertinentes, inconducentes o ilícitas,
como tampoco cuales resultaban alejadas de la realidad probatoria.
Afirmó que debido a lo anterior se evidencia que la autoridad judicial
accionada no le vulneró derecho fundamental alguno al actor, por el
contrario, profirió la sentencia de 27 de junio de 2024 conforme al
material probatorio aportado por las partes y con base en un
exhaustivo análisis jurídico de los mismos.
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
Finalmente, solicitó denegar la acción de tutela de la referencia, toda
vez que, en su sentir, no existe una actuación u omisión del
TRIBUNAL ni un hecho vulnerador a la que se le puede endilgar la
supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales del
actor.
I.5.2.- El TRIBUNAL y el JUZGADO, tercero con interés directo en
las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
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sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efectos la providencia de 27 de junio de 2024, proferida
por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 11001-33-42-056-2022-00283-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
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fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, al trabajo y a la vida digna, habida cuenta que, a juicio del
actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por
la indebida valoración del acervo probatorio, respecto de los
testimonios de los señores Stephany Escobar Castro, Ingrid Consuelo
Monsalve León, Rosa Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells
Matallana, en cuanto al horario laboral y el uso de elementos y
recursos de trabajo de la entidad, que permitirían establecer una
relación de dependencia y una continua subordinación durante el
tiempo que desempeño sus funciones en la UNIDAD DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, características del contrato realidad.
Asimismo, el desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional en lo relativo a la primacía de la realidad y el trato de
las pruebas en las relaciones laborales conforme a las sentencias SU-
1184 de 20017, T-949 de 20038 y T-171 DE 20009, proferidas por la
Corte Constitucional, que tratan sobre el principio de la primacía de
la realidad en las relaciones laborales.
7
Corte Constitucional, SU-118 de 13 de noviembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
8
Corte Constitucional, T-949 de 16 de octubre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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Corte Constitucional, T-171 de 24 de febrero de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».11
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
21
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, la Sala observa que en la sentencia cuestionada el
TRIBUNAL hizo una relación y análisis de las pruebas que obraban
en el expediente, para concluir que efectivamente existió una
relación laboral entre el 15 de septiembre de 2015 al 31 de
septiembre de 2019, que el actor prestó sus servicios como
profesional en la Secretaría General de la UNIDAD DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS; que de los contratos de prestación de
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
servicios aportados como pruebas se estipuló el valor de los
honorarios y forma de pago siendo realizados en esos términos;
configurándose así la prestación personal de servicio y la
remuneración, no obstante lo anterior, en cuanto al elemento de la
subordinación o dependencia respecto del empleador advirtió que el
mismo no estaba acreditado, así:
“[…] 2.3.5. Subordinación.
Frente a la subordinación o dependencia, como elemento integrante
de la relación laboral, ha sido entendido como aquella facultad para
exigir el cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo e imponer reglamentos, la cual debe mantenerse
por todo el tiempo de duración del vínculo, además de la permanencia
del servicio inherente a la misión de la entidad y la equidad o similitud
con los demás empleados de planta. Como quedó dicho, la
subordinación o dependencia de un jefe debe ser demostrada por la
parte actora que lo alega. Téngase en cuenta que el elemento de la
subordinación encierra obligaciones que se le imponen al dependiente,
tales como: el lugar de trabajo, el horario de labores; la dirección
y control efectivo de las actividades a ejecutar; y que las
actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta.
En ese orden de ideas, pasará la Sala a estudiar los elementos
mencionados con el fin de establecer si efectivamente se presentó
subordinación en la prestación del servicio desempeñada por el
demandante y si está configurada una relación laboral encubierta.
En lo que se refiere al lugar de trabajo, cabe resaltar que el
demandante desarrolló sus actividades contractuales en la sede de la
entidad que inicialmente se encontraba ubicada en la calle 72 con
carrera 9 y, posteriormente en la que se radicó en la calle 26 con
carrera 86, al lado del centro comercial Dorado Plaza, de la ciudad de
Bogotá, tal y como lo mencionaron los testigos.
Igualmente, observa la Sala que el demandante y las señoras
Stephanye Escobar Castro e Ingrid Consuelo Monsalve León
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señalaron que debía cumplir un horario de trabajo, de 08:00
am a 05:00 pm, bajo la jefatura de los señores Rosa Misaelina
Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana, en el horario
fijado por la entidad para todos los empleados públicos, el cual
según certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas el día 16 de marzo de 2022, visible en el archivo
04 fl. 07 del expediente digital, es de lunes a viernes de 08:00
am a 05:00 pm en jornada continua.
Contrario a esto los Coordinadores Rosa Misaelina Ospina Peña
y Carlos Aurelio Planells Matallana, en el testimonio rendido a
la juez de primera instancia señalaron que nunca le exigieron
cumplimiento de horario al señor Luis Alfredo Sanabria, ya que
como contratista, solo debía acreditar el cumplimiento de las
actividades asignadas y trajeron a colación que el demandante
adicional a la prestación del servicio en la entidad se
desempeñaba como músico de un “grupo de
Góspel”, hecho aceptado por el demandante.
Cabe mencionar que es claro que para el ingreso a la entidad,
se hacía uso de una tarjeta y de un reconocimiento biométrico
los cuales argumentaron el demandante y sus testigos que
eran con el fin de controlar el horario de ingreso y salida de
empleados y contratistas. No obstante, los testigos de la
entidad mencionaron que estas herramientas eran
establecidas por la administración del edificio por seguridad,
ya que, en el edificio donde se encontraba la Dirección de
Talento Humano existían también oficinas ajenas a la entidad.
Con el fin de corroborar la información brindada por los
testigos, el a quo requirió a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a fin de que
se allegara al plenario copia de los reportes de ingreso y salida
del demandante a la entidad. Sin embargo, como se observa en las
respuestas visibles en el archivo 41 del expediente digitalizado, estos
registros se encontraban a cargo de las empresas de vigilancia como
se muestra a continuación, en este informe:
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
En el mismo sentido se encuentra en el archivo 52, respuesta emitida
el 30 de marzo de 2023, por el representante legal de la empresa de
Seguridad Vigilancia Acosta Ltda, en la que advierte la inexistencia de
dichos archivos en atención a la “política de calidad da aplicación al
procedimiento para el control de la información documentada GI-PD-
01 mediante el cual se establece el manejo de la información
documentada, su almacenamiento y conservación y lo dispuesto en su
numeral 5.3.3 Información Relativa a las Operaciones de Seguridad
que indica:”
En ese orden de ideas, no es posible para esta Sala decisoria
establecer si efectivamente le era exigido al demandante por
parte de la entidad el desempeño de sus funciones dentro de
un horario determinado, así como tampoco la asistencia diaria
del señor Luis Alfredo Sanabria a las instalaciones de la
demandada, como lo sostienen las testigos Stephanye Escobar
Castro e Ingrid Consuelo Monsalve, pues sus dichos en este
aspecto, fueron desvirtuados convincentemente por Misaelina
Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana, cuyos
testimonios se encuentran respaldados por los documentos
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
analizados en precedencia.
Ahora, en lo atinente a la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, las testigos citadas por petición del
demandante afirmaron que las actividades desarrolladas por
este eran asignadas por los jefes, con lo que se pretende
demostrar que el demandante no tenía autonomía en su labor,
se encuentra también que los señores Misaelina Ospina Peña y
Carlos Aurelio Planells Matallana, al ser los jefes coordinadores
del contratista, afirmaron que ejercían funciones de
supervisión de los contratos suscritos por el señor Sanabria,
prueba de esto son los correos electrónicos visibles en el
archivo 04 fl. 198, en los que se designa al señor Planells
Matallana como supervisor de contrato del demandante y las
funciones que debe desempeñar en cumplimiento a tal
designación.
Adicionalmente se probó a lo largo del proceso que el actor no
prestaba sus servicios exclusivamente a la entidad, ya que como fue
señalado por los testigos solicitados por la demandada “tenía
unas asesorías administrativas y unos contratos con un grupo
de música”.
En efecto, los contratos de prestación de servicios suscritos por el
señor Luis Alfredo Sanabria contaban con un recuadro donde el
contratista registraba bajo su firma las demás actividades a que se
dedicaba, aparte de las obligaciones que adquirió, a modo de ejemplo,
en los contratos de prestación de servicios No. 1985 de 2015 y 95 de
201612 y en los que señaló que realizaba actividades de carácter
privado de manera ocasional como “asesor o consultor
administrativo”. Así:
Por las anteriores razones, esta Sala considera que la actividad
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
prevista en el objeto de los contratos suscritos se ejecutaba de manera
independiente por el contratista y correspondía a una actividad
coordinada entre este y la entidad contratante, según es propio de la
prestación de servicios que se anuncia en el contrato.
De otra parte, en cuanto a la permanencia en el servicio, si bien es
cierto que la relación se prolongó por aproximadamente 4 años, dicha
circunstancia por sí sola no determina la configuración del elemento
relevante de la relación laboral como es la continuada subordinación
o dependencia, ya que de la sola permanencia de los contratos de
prestación de servicios no se deriva una presunción de relación
laboral, ni acredita la mencionada subordinación.
En este sentido el Consejo de Estado en sentencia de 16 de
marzo de 2017, con ponencia del Magistrado César Palomino
Cortés se ha pronunciado, indicando lo siguiente:
«Para efectos de desmostar la relación laboral entre las partes, se
requiere que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de
la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal
y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago, y
además, debe probar que en relación con el empleador exista
subordinación o dependencia, situación entendida como aquella
facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo
e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo
de duración del vínculo.
Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte
demandante demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea
inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de
comparación con los demás empleados de planta, requisitos
necesarios establecidos por la jurisprudencia14 para desentrañar de
la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera
relación laboral.»
En este caso, no hay evidencia concreta en el expediente que detalle
las órdenes específicas dadas al demandante sobre el tiempo, modo y
lugar en el cual debía realizar sus labores, ni asimilación de estas
labores a las funciones de un determinado cargo de planta. Por estas
razones adicionales no es posible inferir la existencia de una relación
laboral bajo estas circunstancias.
Así las cosas, como en el presente caso no se ha logrado acreditar el
elemento de la subordinación continuada que implica uno de los
requisitos esenciales de la relación laboral, concluye la Sala que no
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
concurrieron la totalidad de los elementos de una relación laboral
subyacente en los contratos de prestación de servicios que se
ejecutaron entre la entidad demandada y el hoy demandante; por lo
tanto, se revocará la Sentencia de primera instancia y se negarán las
súplicas de la demanda […]”.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la acción de
tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito
general de la relevancia constitucional, porque a través de esta
el actor lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al
proceso ordinario, trayendo argumentos que ya fueron
suficientemente debatidos por los jueces naturales del litigio, sin que
en todo caso se vislumbre que la autoridad judicial accionada hubiera
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial.
En efecto, la divergencia planteada por el actor subyace
principalmente en el hecho de que, en su sentir, de una adecuada
valoración probatoria de los documentos y los testimonios de los
señores Stephany Escobar Castro, Ingrid Consuelo Monsalve León,
Rosa Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana, podía
advertirse que el elemento de la subordinación o dependencia
respecto del empleador existía y, en ese sentido, se debió declarar
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
la existencia de una relación laboral con la entidad demandada.
Lo anterior significa que lo pretendido por el actor es que el juez de
tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas que fueron
allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
la finalidad de que se haga una corrección al análisis que hizo la
autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que propone,
como si el mecanismo de amparo constitucional fuera una instancia
o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.
Aunado a lo anterior, la Sala observa que en la sentencia cuestionada
el TRIBUNAL realizó un análisis de las pruebas obrantes en el
expediente, así como de la situación fáctica y jurídica dispuesta para
el asunto, de lo cual concluyó que en el período comprendido entre
el 15 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 en el cual
el actor se desempeñó como profesional en la Secretaría General de
la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, no se logró demostrar
ni acreditar la existencia del elemento de la subordinación, de
conformidad con los testimonios rendidos dentro del proceso
ordinario y los informes citados en precedencia que daban cuenta de
la inexistencia de los reportes de ingreso y salida del actor a la
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
entidad.
Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes
acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de
verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en reabrir
un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de la
providencia de 9 de febrero de 201720, en la que se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201821, en la que se
sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
20
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
21
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
30
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
De otra parte, cabe anotar que la presunta configuración del defecto
del desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco cumple
con la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación,
porque el actor solo se limitó a decir que la jurisprudencia aplicable
al caso concreto eran las sentencias SU-1184 de 200122, T-949 de
200323 y T-171 de 200024, proferidas por la Corte Constitucional, sin
precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo
resuelto en esas oportunidades y la controversia del presente asunto.
22
Corte Constitucional, SU-118 de 13 de noviembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
23
Corte Constitucional, T-949 de 16 de octubre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
24
Corte Constitucional, T-171 de 24 de febrero de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala25 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de las
decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas; sin
embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”.(Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
32
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Conforme a lo anterior, resulta oportuno advertir que el desacuerdo
con la interpretación y consideraciones que efectúe la autoridad que
conoce un asunto, se debe respetar por el juez de tutela, quien no
puede desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del
ámbito de sus competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran
derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró
probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de enero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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