Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06114-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (04) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-01
Accionante: Luis Alfredo Sanabria Bermúdez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
IMPROCEDENCIA – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 23 de enero de 2025, por el Consejo de Estado – Sección
Primera, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 12 de noviembre de 2024, el señor Luis Alfredo Sanabria Bermúdez, a través
de apoderado judicial, instauró acción de tutela1 con la pretensión de que se dejara
sin efectos el fallo de 27 de junio de 20242, dictado al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho3 que promovió contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; cuyo propósito era el
reconocimiento de una relación laboral encubierta entre las partes.
2.En la referida providencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D revocó la decisión de primera instancia4, para en su lugar
negar las pretensiones de la demanda. Consideró que el demandante no logró
demostrar la concurrencia de todos los elementos de una relación laboral,
específicamente la subordinación.
3.
La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos:
1 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo e igualdad.
2 Notificada el 2 de julio de 2024.
3 Radicado 11001-33-42-056-2022-00283-01.
4 El Juzgado 56 Administrativo del Circuito de Bogotá mediante sentencia de 29 de septiembre de 2023 accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-01
Accionante: Luis Alfredo Sanabria Bermúdez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4.
Defecto fáctico, porque el Tribunal accionado omitió analizar detalladamente los
testimonios de las señoras Stephany Escobar Castro e Ingrid Consuelo Monsalve
León, así como el interrogatorio de parte; declaraciones en las que se señaló que el
actor debía cumplir un horario de trabajo cuando desempeñaba sus labores, el cual
era igual para los funcionarios y los contratistas de la entidad demandada. Del mismo
modo, que se encontraba bajo la jefatura de los señores Rosa Misaelina Ospina
Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana, durante la relación laboral.
5.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada tampoco valoró correctamente los
testimonios de esas dos personas, que fungían como supervisores del contrato del
señor Sanabria. De aquellos se podía concluir que tenía una relación de dependencia
y una continua subordinación durante el tiempo que desempeñó sus funciones.
Adicionó que los testimonios de las personas antes nombradas, recepcionados en la
audiencia de 25 de mayo de 2023, se contradicen en varios aspectos sobre el horario
laboral y el uso de elementos y recursos de trabajo de la entidad; lo que da cuenta
que el Tribunal accionado hizo una valoración indebida de los mismos y desconoció
el principio de indubio pro operario, al no fallar conforme a las pretensiones de la
demanda si existía una duda razonable.
6.
Indicó que era errada la afirmación de la autoridad accionada al concluir que los
testimonios de Rosa Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana
desvirtuaron lo manifestado por Stephany Escobar Castro e Ingrid Consuelo
Monsalve León, pues si se analizan de fondo, se puede establecer que la primera
indicó que el demandante asistía de lunes a viernes a las instalaciones de la entidad;
lo que refuerza la idea del cumplimiento de horario regular y contradice la
interpretación del Tribunal de que no había evidencia suficiente para establecer la
asistencia diaria del demandante. Además, aunque mencionó que el control de
asistencia mediante huella dactilar era por motivos de seguridad, el uso de este
mecanismo es indicativo de un control de presencia, típico en relaciones laborales
con subordinación.
7.
Frente al segundo testigo, adujo que a pesar de que señaló que la asistencia del
demandante era de dos a tres veces por semana, admitió que existía un seguimiento
de sus actividades mediante informes y que para sus labores dependía de recursos
de la entidad. Por lo que esa declaración en lugar de desvirtuar la asistencia diaria
sugiere la existencia de un control significativo sobre sus funciones; hechos que, a
su juicio, junto con otros indicios de supervisión, reafirmaban la existencia de un
vínculo de subordinación, propio de una relación laboral.
8.
Desconocimiento del precedente, al ignorar la jurisprudencia en la que se
reconoce la primacía de la realidad en situaciones similares y la omisión de pruebas
testimoniales y documentales que evidencian subordinación y dependencia. Trajo a
colación las sentencias SU-1184 de 2001, T-949 de 2003 y T-171 de 2000, proferidas
por la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-01
Accionante: Luis Alfredo Sanabria Bermúdez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
9.
Manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
establecidos en los artículos 13, 25, 29 y 229 de la Constitución Política y, en
especial, el artículo 53 al desconocer el elemento de subordinación.
B. Sentencia de primera instancia
10.
En fallo de 23 de enero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo al no encontrar superado el requisito general de
relevancia constitucional.
11.
Lo anterior, en la medida en que a través de esta acción el actor pretende
cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional al proceso ordinario, trayendo argumentos que ya fueron
suficientemente debatidos por los jueces naturales del litigio, sin que en todo caso
se vislumbrara que la autoridad judicial accionada hubiera actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
judicial.
12.
De otra parte, respecto a la presunta configuración del defecto del
desconocimiento del precedente jurisprudencial, afirmó que no cumple con la carga
argumentativa suficiente, porque el actor solo se limitó a decir que la jurisprudencia
aplicable al caso concreto eran las sentencias SU-1184 de 2001, T-949 de 2003 y
T-171 de 2000, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo
resuelto en aquellas y la controversia del presente asunto.
C. La impugnación
13.
La parte accionante indicó que el a quo desconoció que el caso involucra una
vulneración directa y grave de derechos constitucionales, tales como el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y el trabajo en condiciones dignas.
Adicionalmente, ignoró la dimensión constitucional del problema, reduciéndolo a una
mera controversia legal, lo cual justifica la procedencia del amparo.
14.
Reiteró que no busca reabrir el debate, pues en realidad se acredita un: (i) Defecto
fáctico, por la omisión en la valoración de pruebas determinantes; (ii)
desconocimiento del precedente constitucional, al ignorar precedentes de la Corte
Constitucional y; (iii) violación directa de la Constitución, por desatender normas y
principios constitucionales como el artículo 53.
15.
Señaló que el Tribunal obvió los testimonios y documentos que daban cuenta de
la subordinación; así como los desarrollos jurisprudenciales sobre la materia.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
16.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.
E. Análisis del caso concreto
17. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, al no encontrar
superado el requisito general de relevancia constitucional.
18. En relación con el defecto fáctico, los argumentos esgrimidos por la parte actora
van dirigidos a censurar el estudio que hizo el Tribunal de las pruebas testimoniales,
el interrogatorio de parte y las documentales; pues a su juicio, aquellas permiten
acreditar la subordinación.
19. No obstante, al revisar el fallo acusado proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección D, la Sala encuentra que el mismo
incorpora un análisis integral de las pruebas allegadas al proceso, sin que se
adviertan visos de arbitrariedad.
20. En
dicho proveído la autoridad judicial accionada indicó que aunque estaban
demostradas la prestación personal del servicio y la remuneración; no ocurría lo
mismo con el elemento de subordinación.
21. Respecto de este último, afirmó que, en lo referente al lugar de trabajo, el
demandante desarrolló sus actividades contractuales en la sede de la entidad que
inicialmente se encontraba ubicada en la calle 72 con carrera 9 y, posteriormente en
la que se radicó en la calle 26 con carrera 86 en la ciudad de Bogotá, tal y como lo
mencionaron los testigos.
22. En relación con el horario, precisó que el demandante y las señoras Stephany
Escobar Castro e Ingrid Consuelo Monsalve León señalaron que el actor debía
cumplir sus labores de 8:00 am a 5:00 pm, bajo la jefatura de los señores Rosa
Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana, en el horario fijado por la
entidad para todos los empleados públicos; el cual, según certificación expedida por
la Coordinadora del Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas es en dicha
jornada.
23. No obstante, los Coordinadores Rosa Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio
Planells Matallana en sus testimonios señalaron que nunca le exigieron cumplimiento
de horario al señor Luis Alfredo Sanabria, ya que como contratista solo debía
acreditar el cumplimiento de las actividades asignadas; trayendo a colación que el
demandante adicional a la prestación del servicio en la entidad se desempeñaba
como músico de un grupo de Góspel, hecho aceptado por él.
5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
24. Mencionó que, para el ingreso a la entidad, se hacía uso de una tarjeta y de un
reconocimiento biométrico, los cuales -según el demandante y sus testigos- tenían
como fin controlar el horario de ingreso y salida de empleados y contratistas. Sin
embargo, los testigos de la entidad mencionaron que esas herramientas eran
establecidas por la administración del edificio por seguridad, ya que en aquel existían
también oficinas ajenas a la entidad.
25. Señaló que, con el fin de corroborar la información brindada por los testigos, el
juzgado de primera instancia requirió a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas, a fin de que se allegara al plenario copia de
los reportes de ingreso y salida del demandante a la entidad. Sin embargo,
respondieron que esos registros se encontraban a cargo de las empresas de
vigilancia. En el mismo sentido, el representante legal de la empresa de Seguridad
Vigilancia Acosta Ltda, advirtió la inexistencia de dichos archivos en atención a una
política interna, en cuya virtud esos archivos se conservan por máximo 5 años a partir
de la terminación del contrato.
26. En ese orden de ideas, la Sala estimó que no era posible establecer si
efectivamente le era exigido al demandante el desempeño de sus funciones dentro
de un horario determinado, así como tampoco su asistencia diaria a las instalaciones
de la demandada, como lo sostienen las testigos Stephanye Escobar Castro e Ingrid
Consuelo Monsalve, pues sus dichos en este aspecto fueron desvirtuados
convincentemente por Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana,
cuyos testimonios se encuentran respaldados por los documentos analizados en
precedencia.
27. Por otra parte, frente a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
indicó que las testigos Stephany Escobar Castro e Ingrid Consuelo Monsalve
afirmaron que las actividades desarrolladas por el actor eran asignadas por los jefes,
con lo que se pretendía demostrar que el demandante no tenía autonomía en su
labor; pese a ello, también los señores Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio
Planells Matallana, al ser los jefes coordinadores del contratista, afirmaron que
ejercían funciones de supervisión de los contratos suscritos por el señor Sanabria;
cuya aseveración tiene sustento en los correos electrónicos allegados al plenario, en
los que se designa al señor Planells Matallana como supervisor de contrato del
demandante y las funciones que debe desempeñar en cumplimiento a tal
designación.
28. Adicionalmente, sostuvo que se probó que el actor no prestaba sus servicios
exclusivamente a la entidad, ya que como fue señalado por los testigos solicitados
por la demandada “tenía unas asesorías administrativas y unos contratos con un
grupo de música”. Lo anterior fue verificado, toda vez que los contratos de prestación
de servicios suscritos por el señor Luis Alfredo Sanabria contaban con un recuadro
donde el contratista registraba bajo su firma las demás actividades a que se
dedicaba, aparte de las obligaciones que adquirió, en donde aquel señaló que
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
realizaba actividades de carácter privado de manera ocasional como “asesor o
consultor administrativo”.
29. Por las anteriores razones, la Sala consideró que la actividad prevista en el objeto
de los contratos suscritos se ejecutaba de manera independiente por el contratista y
correspondía a una actividad coordinada entre este y la entidad contratante, según
es propio de la prestación de servicios que se anuncia en el contrato.
30. De otra parte, en cuanto a la permanencia en el servicio, arguyó que, si bien es
cierto que la relación se prolongó por aproximadamente 4 años, dicha circunstancia
por sí sola no determinaba la configuración del elemento relevante de la relación
laboral como es la continuada subordinación o dependencia, ya que de la sola
permanencia de los contratos de prestación de servicios no se deriva una presunción
de relación laboral, ni acredita subordinación.
31. Adicionó que no hay evidencia concreta en el expediente que detalle las órdenes
específicas dadas al demandante sobre el tiempo, modo y lugar en el cual debía
realizar sus labores, ni asimilación de estas labores a las funciones de un
determinado cargo de planta. Razones adicionales por la que no era posible inferir
la existencia de una relación laboral.
32. Conforme lo anterior, para esta Sala de Subsección es claro que el Tribunal
accionado tuvo en cuenta todo el material probatorio allegado al plenario, es decir,
tanto los documentos como testimonios; al punto que en cada argumento esgrimido
en el fallo acusado, para analizar la subordinación, estudió e hizo referencia a alguna
de ellas, confrontando las declaraciones rendidas tanto por los testigos de la parte
demandante como de la demandada y las documentales que consideró pertinentes,
tal como se acaba de ver; haciendo una apreciación y dándole un valor a cada una
de ellas, esto, en virtud del principio de autonomía judicial y libre valoración judicial.
33. Así,lejos de observarse que el Tribunal accionado realizara un arbitrario o
contraevidente análisis del material probatorio allegado al plenario; se advierte un
estudio minucioso del mismo, pues tuvo en cuenta los testimonios recibidos, el
interrogatorio de parte y los documentos obrantes en el expediente.
34.
Por tal motivo, el defecto fáctico aludido dentro de la presente acción carece de
relevancia constitucional, en la medida en que únicamente pone en evidencia que
el actor está inconforme con la decisión adversa que obtuvo; por lo que pretende
con este mecanismo constitucional que su postura, relacionado con cómo se
debieron interpretar los distintos medios de pruebas, sea acogida sobre la del
operador judicial.
35.
En consonancia con lo anterior, la Sala advierte que la autoridad accionada hizo
un análisis completo, adecuado y coherente del caso, sin desconocer o darle una
interpretación irracional o arbitraria a alguna de las pruebas allegadas al plenario.
Por el contrario, la decisión cuestionada en esta sede encuentra claro sustento en el
principio de libre valoración judicial, independencia y autonomía del juez, y antes de
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– Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una
interpretación razonable del material probatorio, confrontado con las preceptivas
legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso.
36.
Por otra parte, en relación con el desconocimiento del precedente constitucional y
la violación directa de la Constitución Política, esta Sala advierte que el asunto
tampoco supera el requisito de relevancia constitucional, ante su falta de carga
argumentativa. En relación con el primer yerro, el accionante sólo trajo a colación a
las sentencias SU-1184 de 2001, T 949 de 2003, T-171 de 2000, pero no expuso el
motivo por el cual aquellas eran aplicables al asunto; esto es, no explicó si los
asuntos guardan similitud de hechos o pretensiones con el suyo, ni cuál es la ratio
decidendi desconocida.
37.
Y, frente al segundo defecto, sólo indicó que se lesionaron sus derechos
fundamentales establecidos en los artículos 13, 25, 29 y 229 de la Constitución
Política, en especial, el artículo 53 al desconocer el elemento de subordinación; sin
embargo, no esbozó un argumento adicional que evidencie la configuración de ese
yerro en la decisión acusada. Por ejemplo, indicar si en la solución del caso se dejó
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de
aplicación inmediata; los jueces con sus fallos no tuvieron en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución o; el juez omitió aplicar la excepción de
inconstitucionalidad.
38.
Así las cosas, no solo es claro que la controversia que la parte actora trae a
colación ya fue abordada y resuelta en forma razonable por los jueces ordinarios,
sino también que el asunto está referido esencialmente al análisis probatorio, y lo
que se pretende es que el juez constitucional haga un nuevo análisis de las pruebas
que obran en el proceso ordinario, al no estar conforme con la tesis adoptada por el
juez natural. Sin embargo, se debe aclarar que la acción de tutela no fue creada con
el propósito de realizar un juicio de corrección de las providencias judiciales
atacadas, sino uno de validez, en donde se verifica la posible vulneración de algún
derecho fundamental. Por ende, la accionante no puede pretender a través de este
mecanismo de amparo que se le indique al juez ordinario cómo debe valorar las
pruebas en los asuntos puestos en su conocimiento.
39. Enlos términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental, sino que su propósito es continuar de forma indefinida un
debate que ya fue zanjado por los jueces ordinarios del asunto.
40.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 23 de
enero de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera.
41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-01
Accionante: Luis Alfredo Sanabria Bermúdez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de enero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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