Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06117-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06117-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06117-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
13 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06117-01
Demandante: Jorge Ernesto Andrade
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06117-01
Demandante: JORGE ERNESTO ANDRADE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos. Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante contra la sentencia de 29 de noviembre de 2024,
dictada por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
que se declaró improcedente la acción de tutela por encontrar incumplido el requisito
de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de noviembre de 2024, el señor Jorge Ernesto Andrade, quien actúa en
nombre propio, solicitó al juez constitucional la protección de su derecho
fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones
“Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, admitir
la presente demanda administrativa vía acción popular y en donde a nosotros
los jueces de paz y de reconsideración nos tienen odios, discriminación y
desconocimiento de las justicias de paz y la idea es la creación de una
estampilla para poder tener nosotros presupuestos y poder funcionar mejor,
como lo hace su despacho que cuentan con todas las garantías necesarias
para poder atender las diferentes demandas o procesos, cuentan con internet,
computadores de los más costosos a nivel mundial, sillas, mesas, escritorios,
archivadores y etc y nosotros atendemos con las uñas, porque no contamos
con fotocopiadora o un escaner.
En donde con el escrito de fecha 7 de octubre de 2024, subsané lo solicitado
por la entidad accionada, dentro de las 48 horas.”
2. Hechos
El accionante manifestó que el 16 de septiembre de 2024, en ejercicio del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos presentó demanda contra
la Presidencia de la República, la Corte Constitucional, el Senado de la República,
la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación y
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Demandante: Jorge Ernesto Andrade
el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de solicitar “Que se
ordene dentro la presente acción popular, que entidad es la directa responsable de
presentar el proyecto de la creación de la pro estampillas de jueces de paz, por un
valor de $1.000 y que esta estampilla sea insertada dentro de la solicitud de los propietarios
dentro del certificado de tradición o libertad que hace entrega la oficina de instrumentos
públicos de Cali. Quien la presenta ante el congreso de la república de Colombia, para que
se vuelva ley”.
En ese orden, pidió citar a los demandados a una audiencia pública de cumplimiento
con el fin de determinar la entidad responsable de presentar al Congreso de la
República, el proyecto de la creación de la estampilla pro jueces de paz.
Indicó que mediante auto del 25 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca inadmitió la demanda y le concedió el término de 3 días para
subsanar el medio de control, so pena de rechazo.
En ese orden, aseveró que el 7 de octubre de 2024 presentó escrito de subsanación
de la demanda e indicó que el 14 de mayo de 2013 solicitó al Congreso de la
República la creación de estampillas pro jueces de paz y de reconsideración, con el
fin de obtener recursos para el desarrollo de sus funciones.
Indicó que el 2 de mayo de 2024, elevó petición ante la Presidencia de la República,
la Corte Constitucional, el Senado de la República, la Cámara de Representantes,
el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la
Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la cual
solicitó la creación de la estampilla pro jueces de paz y de reconsideración, solicitud
que reiteró ante las mismas entidades el 9 de septiembre de 2024.
Finalmente, manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante
auto del 25 de octubre de 2024 rechazó el medio de control de protección de los
derechos colectivos que interpuso, a pesar de que allegó las peticiones y las
constancias de envío a las entidades accionadas.
3. Fundamentos de la acción
El actor sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso con la decisión de 25 de octubre de 2024
que rechazó el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, en tanto desconoció el escrito de subsanación en el que aportó los dos
correos electrónicos a través de los cuales anexó los tres pantallazos que dan
constancia del envío de la demanda a las entidades accionadas.
Así mismo, aseguró que no tiene el sustento para pagar en “el internet” el dinero que
cobran por el envío a la página Samai, a lo que agregó que dicha plataforma fue
creada únicamente para los abogados que pueden entrar libremente y, para acceder
al expediente se requiere usuario y contraseña que desconoce.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El magistrado ponente de la decisión objeto de reproche relató que mediante auto
de 25 de septiembre de 2024, inadmitió el medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos presentado por el señor Jorge Ernesto Andrade, al
considerar que el demandante no probó la procedencia de la demanda, no demostró
la legitimidad de las entidades demandadas, no detalló la amenaza o vulneración
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Demandante: Jorge Ernesto Andrade
real, inminente y concreta de los derechos colectivos que pretende proteger, ni
acreditó la reclamación previa y el envío por medio electrónico de la copia de la
demanda con sus respectivos anexos.
Aseveró que el señor Jorge Ernesto Andrade allegó oportunamente el escrito de
subsanación; sin embargo, no atendió los lineamientos relacionados en el auto que
inadmitió la demanda, motivo por el cual mediante auto de 25 de octubre rechazó el
medio de control.
Manifestó que el 5 de noviembre de 2024, el actor presentó recurso de reposición
el cual, a la fecha de contestación de la tutela, ya contaba con proyecto que se
convocó para el estudio y aprobación de la Sala del 22 de noviembre siguiente.
Por lo anterior, sostuvo que la decisión de rechazo del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos se hizo de manera justificada y
con el fundamento legal aplicable al caso concreto, por lo que no ha vulnerado
ningún derecho fundamental del señor Jorge Ernesto Andrade.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo de 29 de
noviembre de 2024, resolvió:
“PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo del derecho
fundamental al debido proceso invocado por el señor Jorge Ernesto Andrade,
por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión”
Al respecto, indicó que el accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad,
debido a que el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
continuaba en trámite, teniendo en cuenta que el 5 de noviembre de 2024, el actor
presentó recurso de reposición contra el auto del 25 de octubre del mismo año que
rechazó la demanda, y a la fecha de radicación de la acción de tutela no había sido
resuelto por la autoridad judicial accionada.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
impugnó el fallo de primera instancia, reiteró los argumentos del escrito de tutela y
solicitó que se revocara para acceder al amparo constitucional solicitado.
Argumentó que la autoridad judicial accionada no demostró que recibió vía correo
electrónico la subsanación de la demanda ni los documentos que remitió al correo
cendoj.ramajudicial.gov.co y, por ello, considera que el Tribunal no admitió el medio
de control y existe un ocultamiento de la verdad.
De igual modo, sostuvo que se debe declarar la nulidad y restablecimiento del
derecho dando aplicación a los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, en razón
a que como actor popular debe defender sus derechos, aunado a que ninguna
entidad ha querido pronunciarse sobre la creación de las estampillas, con el fin de
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que los jueces de paz y de reconsideración tengan las mismas funciones y los
mismos derechos de los jueces de las altas cortes.
Lo anterior, teniendo en cuenta que los jueces de paz y de reconsideración no ganan
salario ni cuentan con el presupuesto para destinarlo a funcionarios y tienen que
“mendigar” la entrega de dotación y equipamiento.
Así mismo, aseguró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se
pronunció sobre la petición del 5 de noviembre de 2024, que demostró que las
entidades demandadas no respondieron sus solicitudes, por lo que asegura, existe
una vulneración de los derechos e intereses colectivos de los jueces de paz y de
reconsideración
Finalmente, solicitó que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
admitir la acción popular y no desconocer los memoriales que envió el 5 de
noviembre de 2024.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 25 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia del 29 de
noviembre de 2024, mediante la cual la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad, y de encontrar cumplidos los restantes generales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, si la autoridad accionada vulneró
el derecho fundamental invocado por el actor.
3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan
providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
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siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos
jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.
En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
1
en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de 2022 , la
Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera
alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por
cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la
protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el
ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la
rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir
de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la
2
corrección de las providencias judiciales” .
Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado
tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y,
iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas
procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
3
jurídico .
En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
4
amparo de dichas garantías dentro del proceso .
Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
aquellos diseñados por el Legislador”5.
Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
1
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
3
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P
Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
4
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
5
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
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pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.
En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más exigente,
cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que “asegura que el
recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del trámite
jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes
en los procesos ordinarios”6.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En primera instancia, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de 29 de noviembre de 2024, declaró improcedente la acción
de tutela, bajo el argumento de que no cumple con el requisito de subsidiariedad,
en razón a que el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos interpuesto por el accionante, se encontraba pendiente de resolver el
recurso de reposición que presentó contra el auto del 25 de octubre de 2024, por
medio del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó la demanda.
En el escrito de la impugnación, el accionante reiteró los argumentos expuestos en
el escrito de tutela y afirmó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta el
escrito de subsanación que presentó en el término otorgado, teniendo en cuenta
que no recibió los correos que remitió a la dirección electrónica
cendoj.ramajudicial.gov.co.
Así mismo, indicó que se debe declarar la nulidad y restablecimiento del derecho,
dando aplicación a los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, en razón a que
como actor popular debe defender sus derechos, aunado a que ninguna entidad ha
querido pronunciarse sobre la creación de las estampillas, con el fin de que los
jueces de paz y de reconsideración tengan las mismas funciones y los mismos
derechos de los jueces de las altas cortes.
4.3. Ahora bien, de conformidad con la información suministrada en el Sistema para
la Gestión Judicial SAMAI, la Sala evidencia que en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, se han surtido las siguientes
actuaciones:
• El 16 de noviembre de 2024, el señor Jorge Ernesto Andrade radicó demanda
en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos contra la Presidencia de la República, la Corte Constitucional,
Senado de la República, Cámara de Representantes, el Consejo Superior de
la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la
Procuraduría General de la Nación, el Contralor General de la Nación y el
Departamento Administrativo de la Función Pública.
• El 25 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
inadmitió la demanda, al considerar que el demandante no probó la
procedencia de la demanda, no demostró la legitimidad de las entidades
demandadas, no detalló la amenaza o vulneración real, inminente y concreta
de los derechos colectivos que pretende proteger ni acreditó la reclamación
6
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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previa y el envío por medio electrónico de la copia de la demanda con sus
respectivos anexos.
• El 7 y 8 de octubre de 2024, el actor presentó escrito de subsanación.
• El 25 de octubre de 2024, la autoridad judicial accionada rechazó el medio
de control, al considerar que el actor no subsanó la demanda conforme a los
lineamientos expuestos en el auto inadmisorio.
• El 5 de noviembre de 2024, el actor presentó recurso de reposición contra el
auto que rechazó la demanda.
• El 25 de noviembre de 2024, el Tribunal confirmó la decisión de rechazo de
la demanda contenida en el 25 de octubre de 2024.
4.2. Ahora bien, conforme ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional, “la
acción de tutela solo resulta procedente cuando no existen o se han agotado todos
los mecanismos judiciales y administrativos que resultan efectivos para la protección
de los derechos fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Ello
con el fin de evitar que este mecanismo excepcional, se convierta en principal7”.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa en señalar
que la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación
sostuvo que el requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales
se puede presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii)
cuando se encuentra en curso, escenario en el que “la intervención del juez
constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no
constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos
que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario”.
El presente caso, la Sala evidencia que para el momento en el que se presentó la
acción de tutela -12 de noviembre de 2024-, el accionante había presentado
recurso de reposición contra el auto que rechazó el medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos –5 de noviembre de 2024-, el cual se
encontraba en trámite ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Sobre el particular, La Corte Constitucional en sentencia SU-695 de 2015 destacó
que “la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento”. Por consiguiente, los conflictos jurídicos relacionados
con los derechos fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías
ordinarias y solo en casos muy excepcionales a través de la acción de tutela.
De igual manera, en la sentencia T-083 de 20188, la Corte Constitucional recordó
que el ejercicio de la acción de tutela contra actuaciones proferidas en un proceso
judicial en curso, se rigen por el requisito de subsidiariedad, por lo que “prima facie,
genera la improcedencia del amparo por encontrarse vigente el trámite jurisdiccional
dispuesto por el legislador para tal fin”. Al respecto, indicó que la “acción de tutela
no puede convertirse en un instrumento adicional o supletorio al cual se pueda
acudir cuando no se ejercieron los medios ordinarios de defensa de manera
7
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2014.
8
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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oportuna o para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento
de las etapas o instancias respectivas del proceso que aún está en trámite. Lo
anterior en razón a que su naturaleza subsidiaria y residual, por lo que solo opera
cuando no existe otro mecanismo de protección judicial o cuando a pesar de existir
aquel no es idóneo ni eficaz, o se invoca como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Ahora bien, se ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela a pesar
de que existan mecanismos judiciales que resulten efectivos para la protección de
los derechos fundamentales, con el fin de evitar un perjuicio irremediable y se deben
seguir los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-695 de 20159, según la cual debe comprobarse que el perjuicio
alegado sea (i) inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente,
esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser de
gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la acción
de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad.
En la sentencia T-127 de 201410, la Corte Constitucional indicó que “quien afirma
una vulneración de sus derechos fundamentales con estas características debe
acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad
de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria,
los hechos en los que basa sus pretensiones”.
Así mismo, en sentencia T-140 de 202311, la Corte Constitucional reiteró que “el
examen del requisito de subsidiariedad debe ser más riguroso cuando se trata de acciones
de tutela interpuestas en contra de providencias judicialesii) las etapas, el procedimiento y
los recursos dispuestos en un proceso son el primer escenario de protección de los
derechos fundamentales, especialmente en lo que comporta la garantía del debido proceso;
(iii) el juez constitucional no puede convertirse en una instancia adicional dentro del proceso
ordinario o entrar a definir elementos que no han sido planteados o resueltos en las
instancias correspondientes; y (iv) su actuación debe atender a los principios de cosa
juzgada y de seguridad jurídica que son relevantes en el Estado de derecho”.
Para la Sala, en el presente caso los alegatos presentados por el actor no
demuestran que el proceso judicial que se encontraba en trámite al momento de la
radicación del mecanismo constitucional, no era eficaz para precaver la eventual
vulneración de derechos que alega con ocasión de las actuaciones procesales que
cuestiona por vía de tutela, que lleve a concluir que se configura un perjuicio
irremediable y que amerite la intervención urgente del juez de tutela.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud, por
falta del requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
9
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
1111
M.P. Alejandro Linares Cantillo
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Demandante: Jorge Ernesto Andrade
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024, por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Segundo.- NOTIFICAR la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
9
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