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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06129-00

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06129-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alejandro Santander García, en lo que respecta a (i) las pretensiones sobre el inicio de trámites disciplinarios contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por considerar que existe cosa juzgada con la acción de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01; y (ii) las pretensiones relacionadas con el llamado de atención por parte de la Presidencia de la República a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el inicio trámites de vigilancia y control por parte de esta última sobre Gases del Caribe S.A. E.S.P., la remisión del expediente administrativo contentivo de las reclamaciones presentadas ante Triple A S.A. E.S.P. y el inicio de investigaciones disciplinarias contra las autoridades judiciales que resolvieron la acción de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01 y la acción de cumplimiento 08001-33-33-009-2024-00038-00/01. 2. Declarar la carencia actual de objeto respecto a la pretensión relativa al envío de la totalidad del expediente administrativo por parte de Gases del Caribe S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. Negar las pretensiones consistentes en que Gases del Caribe S.A. E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P. se abstengan de suspender los servicios de acueducto y gas natural, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. 4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 23 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-06129-00 Demandante: Luis Alejandro Santander García 5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06129-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

20 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06129-00
Demandante: Luis Alejandro Santander García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06129-00
Demandante LUIS ALEJANDRO SANTANDER GARCÍA
Demandada PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Cosa juzgada. Improcedencia. Suspensión por
mora de servicios públicos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Luis Alejandro Santander García, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de noviembre de 20241, el señor Luis Alejandro Santander García instauró
acción de tutela, en nombre propio, contra la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos, el Juzgado Noveno Administrativo de
Barranquilla, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, el Tribunal Superior de Barranquilla, Gases del Caribe
S.A. E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P., por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«En virtud de los anteriores elementos facticos y jurídicos, solicito con el mayor respeto y
consideración que, a través del mecanismo constitucional, dispuesto en el Articulo 86 Superior,
se sirva ORDENAR:
• Al Director Nacional de la Superintendencia de Servicios Públicos Dr. YANOD MÁRQUEZ
ALDANA, que ORDENE a las Superintendencias Delegadas de Energía y Gas
Combustible y de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que en el término de la distancia,
inicien y notifiquen a las partes, de la apertura de Pliego de Cargos para la imposición,
en su máximo rigor, de las sanciones previstas en el Artículo 81 de la Ley 142 de 1994,
por violación de la Ley, abuso de la posición dominante y negativa del reconocimiento de
los efectos favorables del Silencio Administrativo Positivo, contra los operadores
accionados.’
Que ORDENE la apertura de investigación disciplinaria y la compulsa de que tratan los
Artículos 67 de la Ley 906 de 2004 y 38.25 de la Ley 1952 de 2019, contra los funcionarios
de ese “organismo de control, inspección y vigilancia”, que por acción, omisión y posible
dolo, no dieron tramite, ni resolución eficaz y expedita a las comunicaciones que el
suscrito remitía a ese supuesto “organismo de control, inspección y vigilancia”, para que

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Samai, índice 2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06129-00
Demandante: Luis Alejandro Santander García

ejercieran las obligaciones y facultades, QUE EN NOMBRE DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA, señalan los Artículos 370 Superior y 79 de la Ley 142 de 1994.
• Al operador de servicios públicos Gases del Caribe que, sin perjuicio de las acciones
administrativas y penales, que cursan por su conducta omisiva y prevaricadora, se
abstenga de disponer la suspensión del servicio, sobre las sumas afectadas por la
presencia ACREDITADA de fugas imperceptibles e impedir de cualquier forma o tiempo,
que el Suscrito pueda pagar las sumas de dinero que en ejercicio del derecho y potestad
que señala el Artículo 155 de la Ley 142 de 1994 y la Sentencia C-558 de 2001, señale
como no reclamadas.
Que sin más dilaciones, remitan al Suscrito EN FORMATO PDF, COPIAS INTEGRAS,
LEGIBLES Y AUTENTICADAS DE TODAS LAS FOLIATURAS Y DEMAS ELEMENTOS
QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE RELACIONADO CON EL INMUEBLE UBICADO
EN LA CARRERA 18 N° 39 – 40, DEL BARRIO SAN JOSÉ Y QUE SE IDENTIFICA CON
EL CONTRATO 1073323, el cual, EN ORDEN CRONOLÓGICO, deberá incluir las
reclamaciones presentadas por el suscrito, las respuestas dadas por ese operador y junto
a ellas los correspondientes comprobantes de radicación, consignación a correo, entrega
y notificación.
• Al operador Triple A, que, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales, que
cursan por su conducta omisiva y prevaricadora, se abstenga de disponer la suspensión
del servicio, por el supuesto “no pago” de las sumas que por Ministerio de la Ley, no
tienen derecho a recibir y hasta que la Superintendencia de Servicios Públicos, determine
la comisión de las conductas de violación de la Ley y de abuso de la posición dominante
y proceda a disponer la revocatoria o el pago de las sumas reclamadas e impedir de
cualquier forma o tiempo, que el Suscrito pueda pagar las sumas de dinero que en
ejercicio del derecho y potestad que señala el Artículo 155 de la Ley 142 de 1994 y la
Sentencia C-558 de 2001, señale como no reclamadas.
Que, sin más dilaciones, remitan al Suscrito EN FORMATO PDF, COPIAS INTEGRAS,
LEGIBLES Y AUTENTICADAS DE TODO EL EXPEDIENTE RELACIONADO CON EL
INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 18 N° 39 – 40, DEL BARRIO SAN JOSÉ Y QUE
SE IDENTIFICA CON LA PÓLIZA N° 888890, el cual, EN ORDEN CRONOLÓGICO,
deberá incluir las reclamaciones presentadas por el suscrito, las respuestas dadas por
ese operador y junto a ellas los correspondientes comprobantes de radicación,
consignación a correo, entrega y notificación.
• Disponer la compulsa de copias al organismo de control disciplinario de la Rama Judicial,
para que inicien las investigaciones, sobre el accionar omisivo, prevaricador y
discriminador de los despachos judiciales demandados; así como las que deben remitirse
a la Fiscalía y la Procuraduría, para que se determine el proceder de los funcionarios de
la Superintendencia de Servicios Públicos, conforme las obligaciones que señalan los
Artículos 67 de la Ley 906 de 2004 y 38.25 de la Ley 1952 de 2019».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El actor manifestó que el costo de los servicios de gas natural y acueducto
incrementaron considerablemente y que a raíz de eso se le generaron cobros
excesivos, por los cuales presentó múltiples solicitudes y recursos ante Gases
del Caribe S.A. E.S.P., Triple A S.A. E.S.P., la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y otras autoridades sin éxito alguno.

Sobre la acción de cumplimiento Nro. 08001-33-33-009-2024-00038-00/01

2.2. En el año 2024, el tutelante interpuso acción de cumplimiento contra Gases
del Caribe S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en la que solicitó, en síntesis, lo siguiente:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06129-00
Demandante: Luis Alejandro Santander García

«1. Que el operador de servicios públicos Gases del Caribe, proceda al reconocimiento
Oficioso de los efectos favorables del Acto Ficto Presunto, sobre lo expuesto y deprecado
en el oficio radicado a fecha 14 de noviembre de 2023.
2. Que conforme lo establecido en el Inciso 3 del Artículo 146 de la Ley 142 de 1994, por
presentarse fugas imperceptibles, se proceda a reliquidar los periodos de enero y febrero
de 2024, sobre el promedio vigente al momento en que se presentaron los incrementos
de consumo, y debitarlos del saldo a favor de los periodos Agosto, septiembre y octubre
de 2023.
3. A la SSPD, que procedan a la apertura de Pliego de Cargos, contra el operador de
servicios públicos Gases del Caribe, por violación de la Ley, abuso de la posición
dominante y por violentar el derecho de petición y reclamación del suscrito».

2.3. Del asunto conoció el Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla, que
mediante sentencia de 3 de abril de 2024 negó la pretensión de cumplimiento
formulada por el señor Luis Alejandro Santander García.

Tal autoridad explicó que se acreditó que la reclamación de 14 de noviembre
de 2023 presentada por el actor ante la empresa Gases del Caribe S.A. E.S.P.
fue contestada. Primero, mediante Oficio radicado Nro. 23-240-159774 del 4
de diciembre de 2023, notificado el 7 del mismo mes y año, se informó que
era necesario la práctica de una visita técnica. Y posteriormente, por medio
de Oficio 23-240-163478 del 26 de diciembre de 2023 se dio respuesta de
fondo al derecho de petición, notificado el 3 de enero de 2024.

Por lo tanto, el Juzgado manifestó que el accionante contaba con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las
decisiones adoptadas por Gases del Caribe S.A. E.S.P. y reclamar la
reliquidación de las facturas. Motivo por el que consideró que no se cumplía
con el requisito de la subsidiariedad.

Asimismo, sostuvo que Gases del Caribe S.A. E.S.P. contestó oportunamente
la petición de 14 de noviembre de 2023, pues tenía hasta el 4 de diciembre
de ese mismo año para dar respuesta a la petición formulada por el actor, y
justamente ese día remitió oficio informando sobre la necesidad de efectuar
una vista técnica y el 26 de diciembre de 2023 dio respuesta de fondo, es
decir, dentro de los 15 días siguientes. Agregó que se anexó al expediente
constancia de correo electrónico certificado que prueba que el accionante
recibió en su email la notificación pertinente. Por lo tanto, el Juzgado concluyó
que no se configuró el silencio administrativo positivo frente la petición elevada
el 14 de noviembre de 2023.

2.4. En virtud de la apelación presentada por el señor Luis Alejandro Santander
García, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección
B profirió sentencia de 17 de abril de 2024, mediante la cual revocó la
sentencia de primera instancia y en su lugar declaró la improcedencia de la
acción, a falta del requisito de subsidiariedad.

El Tribunal explicó que el actor debió acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, puesto que Gases del Caribe S.A. E.S.P. sí
emitió respuesta a su petición de 14 de noviembre de 2023. Agregó que aquel
también podía acudir al procedimiento sancionatorio ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, por los hechos reseñados, para solicitar la
imposición de un correctivo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06129-00
Demandante: Luis Alejandro Santander García

Sobre la acción de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01

2.5. En el año 2024, el señor Luis Alejandro Santander García interpuso acción de
tutela contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por la presunta vulneración de su derecho al debido proceso, a
raíz de los cobros excesivos generados por el servicio de agua y de las
presuntas omisiones en las facultades de vigilancia y control de parte de la
Superintendencia.

2.6. Del asunto conoció el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla,
que mediante sentencia de 13 de agosto de 2024 declaró la improcedencia de
la acción, por considerar que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad.

2.7. El señor Luis Alejandro Santander García impugnó la anterior decisión.

2.8. El Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Uno de Decisión Laboral, Sala de
Tutela profirió sentencia de 5 de septiembre de 2024, mediante la cual
confirmó la decisión de primera instancia.

3. Fundamentos de la acción

El accionante reprochó varios aspectos referentes a los servicios públicos prestados
por Gases del Caribe S.A. E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P. Indicó que ambos
prestadores incurrieron en las siguientes faltas:
● Ante los presuntos incrementos en el consumo, ninguno de los dos procedió
conforme al procedimiento y lineamientos dispuestos en los artículos 146
y 149 de la Ley 142 de 1994, pese a que según este último «es obligación de las
empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores».
● Ninguno de los prestadores de servicios reconoció la configuración del silencio
administrativo positivo.
● Los dos prestadores incurrieron en vicios en la notificación de respuestas a
peticiones, en tanto que no le fueron entregadas a él directamente; de hecho,
aseguró que varias de «Esas respuestas se le entregaron a PERSONAS QUE NO
CONOZCO, NI QUE FORMAN PARTE DEL ENTORNO DEL DOMICILIO DEL SUSCRITO».
● No efectuaron la notificación por aviso conforme al artículo 69 de la Ley 1437
de 2011, pues en vez de esperar los cinco días de que trata la norma,
publicaron el aviso transcurridos tres días luego de efectuada la notificación
personal. En consecuencia, el actor indicó que al no haberse surtido
debidamente la notificación, las decisiones expedidas por los prestadores de
los servicios públicos no tienen efectos.
● Ambas autoridades tramitaron como reclamos iniciales los recursos
interpuestos contra las decisiones de los prestadores de los servicios, pese a
que estos se interpusieron oportunamente.
● En los procesos judiciales iniciados contra esos dos operadores, estos
mintieron. Ambos señalaron que se incurrió en desviación significativa
negativa en el consumo, pese a que esto último fue inexistente. En sus
palabras: «NUNCA SE PRESENTARON variaciones y la supuesta “desviación”, solo se dio
por la trasnochada incuria, negligencia e IMPUNE costumbre del operador, de sustraerse de
acatar los presupuestos, términos, condiciones, derechos y libertades, que le señala el
Régimen de los Servicios Públicos y en su lugar, hacer lo que le da la gana, como los FALSOS
estimados».

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Demandante: Luis Alejandro Santander García

● Los dos prestadores de servicios públicos lo “extorsionaron” al obligarlo a
pagar la totalidad de los valores adeudados.
● Ninguno de estos dos le suministró copia íntegra y legible de todo el
expediente administrativo incluyendo las reclamaciones presentadas, las
respuestas dadas y los correspondientes comprobantes de entrega y
notificación. Precisó que únicamente se le remitieron las respuestas expedidas
por los prestadores de servicio, mas no la otra documentación que integra el
expediente administrativo. Aseguró que de esa forma le impiden demostrar
que él sí interpuso en debida forma los recursos de la vía administrativa.

En suma, aseguró que Gases del Caribe S.A. E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P. violaron
la ley, abusaron de su posición dominante y lo “extorsionaron”. Agregó respecto del
primero de estos que tal operador no dio respuesta oportuna a su petición de 14 de
noviembre y que en vez de esto amplió los términos de respuesta para subsanar su
incuria y negligencia.

De otra parte, aseguró que remitió copia de las peticiones y los recursos dirigidos a
los prestadores de servicios públicos a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, a la Personería Distrital de Barranquilla, a la Defensoría del Pueblo
y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. E indicó que, a pesar de esto, la
Superintendencia de Servicios Públicos no ha cumplido con las obligaciones de
inspección y vigilancia consagradas en el artículo 370 superior.

Por otro lado, afirmó que las autoridades judiciales abusaron de su autonomía
jurídica y desecharon los precedentes jurisprudenciales vinculantes, «bajo el torticero
e irresponsable argumento de “los otros mecanismos” y muy pesar de encontrarme en
CIRCUNSTANCIAS SIMILARES»; circunstancia que tildó como una discriminación en su
contra.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 15 de noviembre de 2024, se requirió al accionante a fin de que
aclarara ciertos aspectos, como las acciones u omisiones que causan la
presunta vulneración de derechos fundamentales; las pretensiones respecto
de cada uno de los demandados; los defectos especiales de los que adolece
la decisión, en caso de controvertir alguna providencia judicial; entre otros.

4.2. El accionante remitió memorial en el que, además de insistir en lo expuesto en
el escrito de tutela, se pronunció sobre varios puntos.

Respecto a las autoridades judiciales que resolvieron la acción de
cumplimiento y la acción de tutela, manifestó las siguientes inconformidades:

● El Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla erró en lo referente a
la notificación de la respuesta y desechó los precedentes
jurisprudenciales sobre el silencio administrativo positivo.
● Se cometió un error al declarar la improcedencia de la acción bajo el
argumento de que se debe acudir a la Superintendencia, ya que esto es
una prerrogativa del usuario.
● El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B
«apadrinó las falacias y los torticeros argumentos del Ad Quo y acolitó la INDISCIPLINA

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JURISPRUDENCIAL, mascullando de forma prevaricadora, la ligera e irresponsable
tesis de “los otros mecanismos”».
● Las autoridades judiciales que resolvieron la acción de tutela interpuesta
contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios emplearon «la trasnochada y torticera “tesis” de los otros
mecanismos, AGRAVANDO SU CONDUCTA PREVARICADORA, al SOSLAYAR las
numerosas violaciones del Régimen de los Servicios Públicos, las ORDENES
impartidas por las Altas Cortes y llegar al extremo de ACOLITAR la incuria y negligencia
de la Superintendencia». Aseguró que de conformidad con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional la mera existencia de otros mecanismos de
defensa no conlleva necesariamente a negar el amparo.

En suma, sostuvo que las autoridades judiciales que resolvieron la acción de
cumplimiento «1. ACOLITARON EL PROCEDIMIENTO ILEGAL DEL OPERADOR DE
SERVICIOS PÚBLICOS; 2. LE DIERON VISOS DE LEGALIDAD, A “UNA RESPUESTA” QUE
EL ACCIONADO YA NO TENIA FACULTADES PARA EXPEDIR Y 3. PRETENDIERON
ADEMÁS HACERME INCURRIR EN UN ERROR DE DERECHO, PARA AYUDAR AL
OPERADOR A EVADIR LOS EFECTOS FAVORABLES DEL ACTO FICTO PRESUNTO,
REMITIÉNDOME A UNA INSTANCIA QUE, POR LO ANTERIORMENTE ANOTADO YA NO
ES COMPETENTE».

De otro lado, respecto a Gases del Caribe S.A. E.S.P. reprochó los siguientes
aspectos:
● Una vez se generó el incremento en el consumo, el operador no expidió
la factura sobre el promedio y no investigó la causa del aumento ni el
lugar de las fugas. Además, contravino el artículo 146, inciso 3 de la Ley
142 de 1994, según el cual el usuario tiene plazo de dos meses para
remediarlas. En vez de esto el prestador del servicio procedió a cobrar
inmediatamente la totalidad del valor de las fugas, lo que calificó como
una “extorsión”.
● Erró al ampliar los términos de respuesta frente a la petición de 14 de
noviembre, pues de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011
es imprescindible que antes del vencimiento del término de respuesta la
autoridad ante la cual se elevó la petición señale que no le es posible
contestarla en el término de ley.
● Aseguró que todas las fugas eran perceptibles, a pesar de que las tres
fugas solo pudieron ser ubicadas mediante detectores electrónicos.

Frente a Triple A S.A. E.S.P. manifestó las siguientes inconformidades:
● Tal operador desechó «el registro del elemento de medición», lo cual conllevó
a que por más de un periodo de facturación (mayo, junio y julio de 2024)
se haya generado una descomunal cifra estimada de 16M³ metros
cúbicos.
● Triple A S.A. E.S.P. no cumplió con su obligación de investigar las
desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se
establecía la causa, lo procedente era que el valor de la factura se
calculara con base en períodos anteriores o en el consumo de usuarios
en circunstancias semejantes. Y al aclarar la causa de las desviaciones,
las diferencias frente a los valores que se cobraron demás debían
abonarse.

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Sin embargo, durante más de tres meses, Triple A S.A. E.S.P. no aplicó
el promedio de consumos, sino que de mala fe impuso una cifra de
consumo estimada, que supuestamente corresponde a «usuarios en
circunstancias similares». Triple A S.A. E.S.P. debía aportarle copias de los
actos administrativos de facturación de todos los usuarios con los que se
estimó el consumo. Solo así se demuestra que ese valor sí corresponde
a usuarios en circunstancias similares.
Aseguró que en un domicilio conexo al suyo hay dos apartamentos que
comparten un único elemento de medición y en estos, conviven hasta
diez personas y a quienes les llega un consumo medido de 10M³ metros
cúbicos. Por lo tanto, sostuvo «¿Como entonces pretenden que “debo aceptar”?
aquello de que, entre mi Madre (…), ADULTO MAYOR y el Suscrito, consumimos, lo
que a ellos LES DA LA GANA INVENTAR, pretendiendo medir nuestra inteligencia, con
la misma regla con la que miden su microscópica “altura moral”, afirmando SIN
PROBAR, que esas cifras son de “usuarios en circunstancias similares”».
● Si no se miden los consumos oportunamente, el operador pierde el
derecho a recibir el precio, tal como lo establece el inciso 4 del artículo
146 de la Ley 142 de 1994.

En cuanto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
manifestó que tal entidad no puede evadir sus obligaciones de vigilancia y
sancionatorias, ya que todas las peticiones elevadas las ha remitido con copia
a la Superintendencia.

Agregó que el 23 de septiembre se llevó a cabo una audiencia a la cual asistió
el delegado para la protección de los usuarios y una funcionaria de
investigación de energía y gas combustible, en la cual quedó demostrado que
la Superintendencia no ha realizado ninguna gestión de investigación y
vigilancia. En su criterio, esa omisión «frente a los abusos y actos criminales de esos
carteles corporativos que se hacen llamar “empresas de servicios públicos” y QUE HAN
PERVERTIDO LA FINALIDAD SOCIAL CONSAGRADA EN EL ARTICULO 365 SUPERIOR»
implica una situación de indefensión para los ciudadanos.

Con fundamento en lo expuesto, solicitó como pretensiones las siguientes:
(sic para toda la cita)
«• PRETENSIONES PRINCIPALES:
En virtud de los anteriores elementos facticos y jurídicos, solicito con el mayor respeto y
consideración que, a través del mecanismo constitucional, dispuesto en el Articulo 86 Superior,
se sirva ORDENAR:
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, que haga los llamados de atención a que
haya lugar, al Director Nacional de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
sobre el cumplimiento de las facultades y obligaciones, que el Articulo 370 Superior, pone en
cabeza del Ejecutivo.
AL DIRECTOR NACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Dr.
YANOD MÁRQUEZ ALDANA, que ORDENE a las Superintendencias Delegadas de Energía
y Gas Combustible y de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que en el término de la distancia,
inicien y notifiquen a las partes, de la apertura de Pliego de Cargos, contra los operadores
Gases del Caribe y Triple A, por violación de la Ley, Abuso de la Posición Dominante y
Renuencia al Reconocimiento de los Efectos Favorables del Silencio Administrativo Positivo y
que dentro de los principios de JUSTICIA EFICAZ Y EXPEDITA, si hay merito para ello,
procedan a la imposición, en su máximo rigor, de las sanciones previstas en el Artículo 81 de
la Ley 142 de 1994, por violación de la Ley, abuso de la posición dominante y negativa del
reconocimiento de los efectos favorables del Silencio Administrativo Positivo, contra los
operadores accionados y que CUMPLAN EL DEBER que le señala el Artículo 67 de la Ley

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06129-00
Demandante: Luis Alejandro Santander García

906 de 2004 y rindan informe a su muy digno despacho y al suscrito, sobre el cumplimiento
de esta OBLIGACIÓN. Que ORDENE la apertura de investigación disciplinaria y la compulsa de que tratan los
Artículos 67 de la Ley 906 de 2004 y 38.25 de la Ley 1952 de 2019, contra los funcionarios de
ese “organismo de control, inspección y vigilancia”, que por acción, omisión y posible dolo, no
dieron tramite, ni resolución eficaz y expedita a las comunicaciones que el suscrito remitía a
ese supuesto “organismo de control, inspección y vigilancia”, para que ejercieran las
obligaciones y facultades, QUE EN NOMBRE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, señalan los Artículos 370 Superior y 79 de la Ley 142 de 1994. AL OPERADOR
DE SERVICIOS PÚBLICOS GASES DEL CARIBE que, sin perjuicio de las acciones
administrativas y penales, que cursan por su conducta omisiva y prevaricadora, SE
ABSTENGA DE: 1. disponer la suspensión del servicio, sobre las sumas afectadas POR LA
PRESENCIA ACREDITADA DE FUGAS IMPERCEPTIBLES, hasta tanto la superintendencia
tome las decisiones a que haya lugar sobre las denuncias, los recursos y los silencios
administrativos positivos, que son de su conocimiento 2. impedir de cualquier forma o tiempo,
que el Suscrito pueda pagar las sumas de dinero, QUE EN EJERCICIO DEL DERECHO Y
POTESTAD que señala el Artículo 155 de la Ley 142 de 1994 y la Sentencia C 558 de 2001,
INDIQUE COMO NO RECLAMADAS. Que mientras soluciono el asunto de la recuperación de la información contenida en los discos
duros externos, sin más dilaciones y para remitirlos a las dependencias de la Superintendencia
y la Fiscalía General de la Nación, remitan al Suscrito EN FORMATO PDF, COPIAS
INTEGRAS, LEGIBLES Y AUTENTICADAS DE TODAS LAS FOLIATURAS Y DEMAS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE RELACIONADO CON EL INMUEBLE
UBICADO EN LA CARRERA 18 N° 39 – 40, DEL BARRIO SAN JOSÉ Y QUE SE IDENTIFICA
CON EL CONTRATO 1073323, el cual, EN ORDEN CRONOLÓGICO, deberá incluir las
reclamaciones presentadas por el suscrito, las respuestas dadas por ese operador y junto a
ellas los correspondientes comprobantes de radicación, consignación a correo, entrega y
notificación, desde Noviembre de 2023, hasta la fecha. AL OPERADOR TRIPLE A, que, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales, que
cursan por su conducta omisiva y prevaricadora: 1. se abstenga de disponer la suspensión del
servicio, por el supuesto “no pago” de las sumas QUE POR MINISTERIO DE LA LEY, NO
TIENEN DERECHO A RECIBIR, hasta que la Superintendencia de Servicios Públicos,
determine la comisión de las conductas de violación de la Ley y de abuso de la posición
dominante, 2. se abstenga de impedir, en cualquier forma o tiempo, el pago de las sumas de
dinero que en ejercicio del derecho y potestad que señala el Artículo 155 de la Ley 142 de
1994 y la Sentencia C-558 de 2001, señale como no reclamadas. Que mientras soluciono el asunto de la recuperación de la información contenida en los discos
duros externos, sin más dilaciones y para remitirlos a las dependencias de la Superintendencia
y la Fiscalía General de la Nación, remitan al Suscrito EN FORMATO PDF, COPIAS
INTEGRAS, LEGIBLES Y AUTENTICADAS DE TODO EL EXPEDIENTE RELACIONADO
CON EL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 18 N° 39 – 40, DEL BARRIO SAN JOSÉ Y
QUE SE IDENTIFICA CON LA PÓLIZA N° 888890, el cual, EN ORDEN CRONOLÓGICO,
deberá incluir las reclamaciones presentadas por el suscrito, las respuestas dadas por ese
operador y junto a ellas los correspondientes comprobantes de radicación, consignación a
correo, entrega y notificación.

Disponer la compulsa de copias al organismo de control disciplinario de la Rama Judicial, para
que inicien las investigaciones, sobre el accionar omisivo, prevaricador y discriminador de los
despachos judiciales demandados; así como las que deben remitirse a la Fiscalía y la
Procuraduría, para que se determine el proceder de los funcionarios de la Superintendencia
de Servicios Públicos, conforme las obligaciones que señalan los Artículos 67 de la Ley 906
de 2004 y 38.25 de la Ley 1952 de 2019.
• PETICIÓN SUBSIDIARIA PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE
Que a fecha 21 de Noviembre hogaño, se hizo presente en mi lugar de domicilio, el propietario
del Inmueble, exigiéndome QUE LE DESOCUPARA, “sino era capaz de pagar los servicios” y
al explicarle que el problema no era el precio de los servicios, sino los abusos y violaciones
que han cometido los operadores y que el suscrito estaba en un proceso de reclamación e
incluso de acciones constitucionales, como la que nos ocupa, (…)

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Demandante: Luis Alejandro Santander García

Ante esta situación, el suscrito se comprometió con el Arrendador, a hacerme acompañar del
Señor (…), vecino del suscrito y también miembro de la Veeduría Ciudadana Visión Vital,
QUIEN, JUNTO A SUS DOS (2) HIJOS MENORES DE EDAD, TAMBIÉN ESTA AFECTADO
POR ESTA SITUACIÓN, junto con la Dra. (…), funcionaria de la Personería Distrital de
Barranquilla, para exigirle a Gases del Caribe que nos deje pagar mediante acuerdo de pago,
lo no reclamado y que de forma abusiva, nos impidió pagar».

4.3. Mediante auto de 4 de diciembre de 2024, se requirió nuevamente al señor
Luis Alejandro Santander García, para que señalara las pretensiones respecto
del Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla, el Tribunal Administrativo
del Atlántico, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla y el
Tribunal Superior de Barranquilla y argumentara cómo se configuran los
requisitos especiales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias de tutela.

4.4. El accionante presentó memorial en el cual formuló las siguientes pretensiones
respecto de las autoridades judiciales:
«Dadas las anteriores razones de hecho, derecho y jurisprudenciales expresadas, con el
mayor respeto y consideración, depreco de su muy digno despacho, que se sirva DICTAR
SENTENCIAS DE REEMPLAZO, ORDENANDO:
1.) Cumplir los presupuestos constitucionales y legales invocados por el suscrito en la acción
de cumplimiento, contra Gases del Caribe y Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y que correspondió, en primera instancia, al Juzgado Noveno Administrativo
y en segunda, al Tribunal Administrativo del Atlántico.
2.) AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS por la conducta
omisiva y prevaricadora de los accionados Triple A y Superintendencia de Servicios y
cuya protección y restablecimiento fueron negados, en primera instancia, por el Juzgado
Quince Laboral del Circuito y en alzada por el la Sala Uno de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Proceder conforme la OBLIGACIÓN, que consagra el Articulo (sic) 67 de la Ley 906 de 2004
y el Artículo 38.25 del Código Único Disciplinario y compulsar este expediente a las instancias
disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura».

4.5. Mediante auto de 13 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Luis Alejandro Santander García en nombre propio,
contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, Gases del Caribe S.A. E.S.P., Triple A S.A. E.S.P., el
Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

Asimismo, se dispuso notificar en calidad de terceros a los intervinientes del
proceso de acción de cumplimiento Nro. 08001-33-33-009-2024-00038-00/01;
a los intervinientes del proceso de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-
00/01; y se ordenó efectuar las demás notificaciones pertinentes.

4.6. El Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Uno de Decisión Laboral
informó que resolvió la acción de tutela en segunda instancia presentada por
el señor Luis Alejandro Santander García contra la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla - Triple A S.A. E.S.P. Indicó que en sentencia de 5 de
septiembre de 2024, se le explicó al actor que la tutela no es procedente para
perseguir sanciones ni imponer órdenes a entidades, motivo por el cual se
indicó que la acción era improcedente para la compulsa de copias ante la

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Fiscalía General de la Nación contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia
de Sociedades.

Sostuvo que frente a la pretensión consistente en que se rindiera informe de
gestiones y expidieran respuestas relacionadas con actos administrativos se
verificó que en el expediente no existía prueba de un derecho de petición
radicado para obtener dicha información. Por ende, se consideró que la acción
de tutela no era el medio adecuado para resolver esa pretensión.

Sobre la alegada falsificación de la firma del accionante en los certificados de
notificación de actos administrativos, el Tribunal manifestó que en la sentencia
se consideró que esa situación debía ser denunciada por el afectado ante las
autoridades competentes y agregó que en el expediente tampoco obraba
prueba de que se hubiera presentado tal denuncia.

Finalmente, en cuanto a la pretensión basada en la Ley 1951 de 2019, el
Tribunal manifestó que en la providencia indicó que esta norma fue derogada
por la Ley 2162 de 2021 y que, además, la Corte Constitucional declaró su
inexequibilidad mediante Sentencia C-047 de 2021. Por lo tanto, no era posible
realizar un análisis con fundamento en dicha disposición.

Así las cosas, aseveró que la decisión se fundamentó en la improcedencia de
la acción de tutela para las pretensiones planteadas y la inexistencia de
pruebas que respaldaran las solicitudes del accionante. A su vez, resaltó que
la decisión adoptada se fundamentó exclusivamente en las pretensiones
formuladas por el actor en el escrito de tutela.

Con base en lo anterior, indicó que no hubo «desconocimiento de los presupuestos
constitucionales, legales y fácticos», como tampoco «desobedecimiento, incoherencia,
discriminación o indisciplina jurisprudencial».

De otro lado, manifestó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad
de la acción de tutela, pues esta se presenta contra un fallo de la misma
naturaleza. A lo que agregó que las decisiones tomadas por los jueces de
instancia pueden ser corregidas por la Corte Constitucional en sede de
revisión.

Por lo expuesto, solicitó negar la acción de tutela y declarar la improcedencia
por considerar que de su parte no ha existido vulneración a los derechos
fundamentales del actor.

4.7. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios manifestó que
carece de legitimación en la causa por pasiva frente a los cargos dirigidos
contra las autoridades judiciales, porque no fue la autoridad que resolvió las
solicitudes en sede judicial.

De otro lado, sostuvo que funge como órgano de segunda instancia. Por ende,
conforme al artículo 159 de la Ley 142 de 1994, le corresponde resolver los
recursos de apelación presentados subsidiariamente al de reposición y que
estén relacionados con los asuntos que circunscribe el artículo 154 de la Ley
142 de 1994: actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y
facturación que realicen las empresas de servicios públicos domiciliarios.

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Además, precisó que solo se puede pronunciar en revisión de los actos de
facturación por las prestadoras previo uso de los recursos administrativos por
la parte reclamante, una vez se le remite el expediente administrativo.

Respecto a lo solicitado por el actor frente a las inconformidades con los
prestadores de servicios públicos, manifestó que «Es a todas luces improcedente
que la superintendencia se pronuncie por copias de reclamaciones presentadas en primera
instancia ante la empresa, porque el momento procesal para emitir decisión por la
superintendencia es al recibir de la empresa prestadora el expediente contentivo del recurso
de apelación subsidiario del de reposición». Por lo tanto, manifestó que es
improcedente pronunciarse sobre una petición, queja o reclamo que no haya
agotado la primera instancia ante la empresa prestadora del servicio público.

Además, agregó que no tiene la facultad de someter a revisión previa los actos
de una empresa de servicios públicos domiciliarios. De hacerlo, estaría incursa
en vulneración de la prohibición expresa en el parágrafo del artículo 79 de la
Ley 142.

En consecuencia, solicitó se declare la inexistencia de violación de derechos
fundamentales de su parte o la improcedencia de la acción.

4.8. La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla – Triple
A S.A. E.S.P manifestó que el accionante no explicó claramente los trámites
que considera no fueron atendidos correctamente.

Asimismo, sostuvo que no se satisface ni el requisito de inmediatez, debido a
que los hechos por los que considera que se vulneraron sus derechos son del
año 2023; ni el de subsidiariedad, porque la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios es la entidad competente para pronunciarse respecto al
procedimiento para la atención de las peticiones, quejas y recursos por parte
de la entidad prestadora y también en lo que respecta a la configuración del
silencio administrativo positivo.

Manifestó (i) que no ha existido vulneración de derechos fundamentales,
porque se emitió respuesta a cada una de sus solicitudes, (ii) que al accionante
se le dio la oportunidad de controvertir cada una de las decisiones, pues se le
otorgaron los recursos de ley, los cuales no fueron empleados por este último,
lo cual denota que lo pretendido es revivir oportunidades a través de la tutela,
sin haber agotado en debida forma la vía administrativa; (iii) que el actor no ha
solicitado, mediante la vía administrativa, copia de las actuaciones que
registren en la póliza 888890, por lo que no es de recibo que utilice la acción
de tutela para solicitar documentos sin haber realizado el respectivo trámite
ante la prestadora; (iv) que no ha realizado suspensión del servicio, a pesar
que el accionante a la fecha adeuda periodos; y (v) que no existe perjuicio
irremediable alguno.

Con fundamento en lo expuesto, solicitó la declaratoria de la acción de tutela.

4.9. Gases del Caribe S.A. E.S.P. sostuvo que el actor está intentando hacer
incurrir en error al juez, puesto que la razón por la que el 8 de enero de 2025
se generó orden de suspensión del servicio fue porque este último se
encontraba incurso en una causal de suspensión por mora en el pago de
quince facturas por concepto de gas, correspondiente a los meses de
septiembre de 2023 a noviembre de 2024, por valor de $1.445.119. Sin

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embargo, aseguró que a la fecha el servicio se encuentra activo, con la referida
orden de suspensión la cual se hará efectiva prontamente.

Explicó que según el artículo 140 de la Ley 142 de 1994 son las empresas
prestadoras del servicio las que establecen en sus contratos las causales de
suspensión y el término para realizar la suspensión del servicio:
«Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o
usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones
uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: La falta de pago por el
término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de
facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea
mensual».

Seguido, afirmó que en el artículo 29 del Contrato de Condiciones Uniformes
celebrado con los usuarios del servicio de gas natural se dispuso como causal
de suspensión del servicio lo siguiente:
«DE LA SUSPENSIÓN, CORTE Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO:
29.- La suspensión o corte no procederá por deudas del suscriptor o usuario con terceros diferentes
de LA EMPRESA y, podrá efectuarse en los siguientes casos:
C.) SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Constituyen causales de
suspensión por incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario, los siguientes casos:
1.- Por la falta de pago oportuno de por lo menos un (1) período de facturación, sin exceder en todo
caso de dos (2) períodos de facturación, salvo que exista reclamación o recurso interpuesto de
manera oportuna. (...)
PARÁGRAFO SEXTO. Para que LA EMPRESA pueda restablecer el servicio, el suscriptor o
usuario deberá eliminar la causa que dio origen a la suspensión y pagar todos los gastos de
reconexión en que incurra LA EMPRESA».

En consecuencia, indicó que la generación de órdenes de suspensión del
servicio por mora, se encuentra ceñido a la ley. Además, sostuvo que no puede
acceder a la petición de suministrarle paz y salvo, pues a la fecha presenta un
saldo por valor de $1.352.962 «así mismo, registra un saldo pendiente por facturar por
valor de $185,969.oo». Por lo tanto, no se puede predicar vulneración alguna a los
derechos fundamentales del accionante.
Agregó que según la jurisprudencia de la Corte el servicio de gas natural no
es esencial, pues existen otros medios para la cocción de alimentos, como por
ejemplo las estufas eléctricas.
Por otro lado, informó que la petición del 28 de diciembre de 2023 fue resuelta
por medio de la Comunicación Nro. 24-240-102083 de 17 de enero de 2024,
en la cual se le confirmaron los cobros realizados por concepto de consumo
del mes de noviembre de 2023 y se le indicaron los recursos procedentes
contra dicho acto. Aseguró que el actor no interpuso recurso alguno. Por lo
que tal decisión se encuentra en firme.
Con relación a la petición del 14 de noviembre de 2023, aseguró que «el
término de respuesta fue ampliado hasta el 26 de diciembre mediante la Comunicación No.
23-240-159774 del 04 de diciembre de 2023», en virtud de la etapa probatoria.
Aseguró que la ampliación del término de respuesta no fue realizada de
manera extemporánea. E informó que en Comunicación Nro. 23-240-163478
de 26 de diciembre de 2023 respondió la solicitud, en la cual le indicó al actor
que los consumos de los meses de junio a octubre de 2023 corresponden

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estrictamente a la diferencia de lectura registrada por el medidor Nro. F-
3283021-2010 y que no se presentó desviación significativa en el consumo,
por lo que no se procedió a cobrar el consumo promedio en el período
mencionado. Respuesta que fue notificada el 3 de enero de 2024, por medio
electrónico a través de la empresa de mensajería Servicios Postales
Nacionales S.A.S.
Informó que, aun así, con ocasión de esa reclamación, el 14 de diciembre de
2023 realizó visita técnica en el inmueble, en la que se detectó fuga en válvula
interna por la espiga y conexiones de manguera con estufa con dos
quemadores de mesa, en el tercer apartamento; estufa con cuatro
quemadores con horno con conector flexible, en el primer apartamento; estufa
empotrada de cuatro quemadores con conector flexible y válvula de acometida
cerrada, en el segundo apartamento, en el que no se autorizaron las
reparaciones.
Así las cosas, el uso del servicio y el escape perceptible encontrado fueron
registrados por el medidor y consecuentemente el aumento del consumo se
vio reflejado en la facturación del servicio, de conformidad con la normatividad
vigente. Por tanto, indicó que «si bien la variación en el consumo fue ocasionada por el
escape perceptible, este fue cobrado en la facturación del servicio de gas natural». Sostuvo
que le informó al actor que los consumos facturados en los meses de junio,
julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 correspondían al uso que el usuario
le estaba dando al servicio de gas natural.
Agregó que al usuario se le indicó que dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la decisión procedían los recursos de reposición y en subsidio
el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios;
sin embargo, aquel no presentó los recursos dentro del término previsto en la
ley para su interposición. Por consiguiente, sostuvo que los valores en
comento se encuentran en firme y que el accionante busca revivir los términos
de las actuaciones administrativas que se encuentran en firme y sobre las
cuales no interpuso los recursos procedentes oportunamente.
En cuanto al consumo por desviación significativa, indicó que esa
inconformidad fue objeto de análisis mediante la Comunicación Nro. 24-240-
139929 del 9 de agosto de 2024, en la cual se confirmaron los cobros
realizados por concepto de consumo de los meses de febrero a junio de 2024.
También se le informaron los recursos procedentes, sin que el actor hiciera
uso de estos.
En lo referente a la solicitud del 25 de octubre de 2024 sobre la aplicación
del silencio administrativo positivo respecto de la petición presentada el 14 de
noviembre de 2023, el prestador del servicio sostuvo que esta fue resuelta a
través de la Comunicación Nro. 23-240-162578 del 20 de diciembre de 2023.
Afirmó que esta también se encuentra en firme.
Respecto a la petición de 16 de septiembre de 2024, informó que dio
respuesta mediante Comunicación Nro. 24-240-149870 de 4 de octubre de
2024, notificado mediante aviso remitido el 7 de octubre de 2024 al inmueble
objeto de debate, el cual fue firmado por el accionante el día 8 de octubre del
mismo año. Sostuvo que en tal respuesta le informó que procedían los
recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, solamente frente al cargo fijo mensual, el

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consumo de gas natural, el IVA, el interés de mora y/o recargo de mora e
intereses de financiación. Afirmó que el peticionario no presentó ningún
recurso dentro de los términos legalmente previstos, por lo que dicha
comunicación también se encuentra en firme.
En cuanto a la petición radicada el 4 de noviembre de 2024, indicó que dio
respuesta mediante Comunicación Nro. 24-240-157113 de 18 de noviembre
de 2024 y que para efectos de notificarla el 22 de noviembre de 2024 envió
citación para notificación personal al inmueble objeto de controversia con el fin
de que se acercara a las oficinas de Gases del Caribe S.A. E.S.P., en un
término no superior a cinco días contados a partir del envío. Asimismo,
aseguró que en sus instalaciones fijó un aviso.
Indicó que en la respuesta se le informó al accionante que su inconformidad
sobre la factura de septiembre de 2024 ya había sido objeto de estudio en la
Comunicación Nro. 24-240-155059 del 11 de noviembre de 2024, en la cual
se confirmaron los valores facturados en el mes de septiembre de 2024 y se
le indicaron los recursos que procedían contra dicho acto. Informó que en esa
oportunidad el actor tampoco recurrió la decisión.
Por lo expuesto hasta el momento manifestó que obró diligentemente pues dio
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes presentadas y las notificó en
debida forma al lugar donde se presta el servicio de gas respectivo y por correo
electrónico certificado.
De otra parte, informó que el 17 de enero de 2025 remitió al correo electrónico
dispuesto por el accionante la totalidad del expediente administrativo
incluyendo todas las reclamaciones presentadas, las respectivas respuestas
otorgadas y sus constancias de notificación. Aun así, puntualizó que la acción
de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar documentos, pues el
accionante bien pudo haber presentado petición ante la empresa para tal fin.
Por otro lado, respecto a la solicitud del reconocimiento de los efectos
favorables del silencio administrativo, aseguró que obtener una respuesta
negativa frente a un derecho de petición no puede tomarse como no haber
recibido respuesta alguna.
Manifestó que la jurisdicción constitucional no es la encargada de dirimir esa
clase de diferencias económicas entre usuarios y empresas de servicios
públicos, pues para tal fin existen los recursos de ley y la jurisdicción
contenciosa administrativa. Se debe acudir a la acción de tutela cuando no
haya otro medio de defensa judicial o se compruebe la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, lo cual no sucede en el presente caso.
Respecto a la acción de cumplimiento interpuesta por el accionante, informó
que el 3 de abril de 2024 el Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla
negó las pretensiones, por considerar que el actor debió acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las
decisiones emitidas por Gases del Caribe S.A. E.S.P. Asimismo, indicó que en
esa providencia la autoridad judicial aseguró que en el caso no se configuró el
silencio administrativo positivo frente la petición elevada el 14 de noviembre
de 2023, puesto que el prestador de servicios sí dio respuesta y la notificó
debidamente.

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En sentencia de segunda instancia de 17 de abril de 2024, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B revocó la
decisión y declaró la improcedencia de la acción, pues se trata de una
controversia que debe ser encausada a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Con base en lo expuesto, concluyó que no existe acción u omisión que le sea
atribuible y que no existe perjuicio irremediable alguno, debido a que el servicio
de gas natural se encuentra activo, con orden de suspensión generada al
incurrir en la causal de suspensión de mora en el pago. En consecuencia,
solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción y la negativa de las
pretensiones formuladas.
4.10. El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla remitió el
expediente de tutela tramitado bajo radicado Nro. 08001-31-05-015-2024-
00209-00/01.
4.11. El Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla manifestó que el 26 de
febrero de 2024 conoció de la acción de cumplimiento radicada por el tutelante
radicó y que el 3 de abril de 2024 profirió sentencia de primera instancia y
finalmente el 12 de abril concedió la impugnación ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico. Por lo tanto, aseguró que el proceso se adelantó
en los términos indicados por la Constitución y la ley, motivo por el cual
consideró que no vulneró derecho fundamental alguno.
En consecuencia, solicitó negar las pretensiones formuladas.
4.12. El accionante presentó memorial en el que insistió en los argumentos
expuestos durante el trámite de la acción.
Adicionalmente, informó que Gases del Caribe S.A. E.S.P. le remitió un
expediente de casi 700 páginas, sobre los procesos de reclamación, recursos
y denuncias que ha presentado contra ese operador. E indicó que ni Triple A
S.A. E.S.P., ni la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le han
remitido ningún expediente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer
si en el caso se configura el fenómeno de cosa juzgada con la acción de tutela Nro.
08001-31-05-015-2024-00209-00/01.

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Asimismo, se establecerá si en el caso hay lugar a ordenarle a Gases del Caribe
S.A. E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P. abstenerse de suspender los servicios públicos
de acueducto y gas natural, pese a la mora en el pago de tales servicios.

Finalmente, aunque en el curso de la tutela el actor manifestó algunas
inconformidades frente a las autoridades judiciales que resolvieron la acción de
cumplimiento Nro. 08001-33-33-009-2024-00038-00/01 y la acción de tutela Nro.
08001-31-05-015-2024-00209-00/01, se resalta que las pretensiones frente a dichas
autoridades no buscan dejar sin efectos ninguna providencia judicial. Lo solicitado
frente a estas, es que se inicien investigaciones disciplinarias en su contra. Por lo
tanto, el caso no se abordará bajo la metodología de la tutela contra providencia
judicial.

3. Actuación temeraria, cosa juzgada y su análisis en el caso concreto

3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que existe actuación
temeraria «Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».

A partir de esa norma, la jurisprudencia constitucional1 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: una, cuando el accionante
actúa de mala fe; otra, cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar.

Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
objeto o pretensiones, (iii) identidad de causa petendi o hechos y (iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda. Evento en
que procede la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.

Este último elemento (ausencia de justificación), en palabras de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer
un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que «deja al descubierto el abuso
del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción».

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-027 de 2021, subrayó que el juez
de tutela al realizar el análisis para determinar si existe o no actuación
temeraria, «debe trascender un juicio meramente formal y realizar un estudio pormenorizado
del expediente. (…) Así, la labor del juez constitucional no es simplemente la de verificar los
elementos que constituirían la triple identidad entre las acciones de tutela para concluir que
hay una actuación temeraria y, en consecuencia, declarar su improcedencia. Si no que, de
acuerdo a todo lo expuesto, deben estudiarse las circunstancias actuales que rodean el caso
específico».

En ese estudio se deben considerar otros factores, pues es posible que incluso
existiendo multiplicidad de tutelas y cumpliéndose las tres identidades
referidas la acción no sea temeraria. Este evento se presenta, por ejemplo,
cuando la acción de tutela se funda en: «(i) la ignorancia del accionante; (ii) el
asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho»15 (Negrillas
propias).

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Demandante: Luis Alejandro Santander García

3.2. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.

La Corte Constitucional ha explicado que «la cosa juzgada se configura cuando
existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que
se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar
engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela»2
(Negrilla fuera de texto original).

Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela.

En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.

3.3. Expuesto lo anterior, la Sala considera que en el caso existe cosa juzgada,
debido a que se acreditó que el señor Luis Alejandro Santander García ha
presentado varias acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones.

Se acreditó que en el año 2024 el accionante presentó acción de tutela en
contra de Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la cual se tramitó bajo radicado Nro. 08001-31-05-015-2024-
00209-00/01, resuelta en primera instancia por el Juzgado Quince Laboral del
Circuito de Barranquilla en sentencia de 13 de agosto de 2024.

En tal oportunidad el actor manifestó sus inconformidades respecto a los
cobros en la facturación por el servicio de acueducto que calificó como una
“extorsión”, las presuntas irregularidades en la notificación de las decisiones
de Triple A S.A. E.S.P., la configuración del silencio administrativo positivo, la
falsificación de su firma en las constancias de notificación y las omisiones por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el ejercicio
de sus funciones de vigilancia y control. Con fundamento en lo anterior, se
formularon las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«En virtud de los anteriores elementos de hecho, derecho y jurisprudencia vinculante, con el mayor
respeto y consideración, solicito a su Señoría, se sirva ORDENAR:
Al supuesto "organismo de control, inspección y vigilancia", que concluya su conducta omisiva,
prevaricadora y cómplice y proceda conforme el mandato imperativo y perentorio, consagrado en el
Articulo 370 Superior Sus OBLIGACIÓN DE HACER CUMPLIR LA SANCIONAR SUS VIOLACIONES,
elevando Pliego de Cargos, con fines sancionatorios y de compulsa a la Fiscalía General de la
Nación, contra el Operador de Servicios Públicos Triple A, por violación de la Ley, del contrato y el
Abuso de su Posición Dominante y que ese supuesto "organismo de control" rinda a su muy digno

2
Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.

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despacho, al Suscrito y en tiempo real, un informe detallado y actualizado, de cada una las gestiones,
respuestas y decisiones, que resuelvan dicho litigio administrativo y legal.
Al operador de servicios públicos domiciliarios, que NÓ SE SIGA BURLANDO de las ordenes impartidas
por el Legislador, en el Inciso 4 del Artículo 146 de la Ley 142 de 1994, asumiendo la PERDIDA DEL
DERECHO A RECIBIR EL PRECIO, de todo consumo establecido mediante la, INNECESARIA,
alternativa de los estimados Y EN LO SUCESIVO, allanarse a los presupuestos (formas propias de cada
juicio) que consagra el Articulo 29 Superior y las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 2011.
Proceder conforme los DEBERES, que consagran los Artículos 67 de la ley 906 de 2004, disponiendo la
COMPULSA, del expediente que nos ocupa, al Organismo de Control Penal, para que en el término
de la distancia, proceda a hacer los requerimientos a que haya lugar, al Gerente y/o Representante
legal del operador de servicios públicos Triple A S.A. ESP, por la posible comisión de los delitos de
FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PUBLICO, EXTORSIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO,
PERTURBACIÓN DE LA POSESIÓN EN DOCUMENTO PUBLICO, HURTO, DAÑO EN BIEN AJENO,
ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO y contra la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y su Dirección Territorial Noroccidente, por su conducta omisiva
y prevaricadora, frente a sus obligaciones de HACER CUMPLIR LA LEY Y SANCIONAR SUS
VIOLACIONES.
Proceder conforme EL DEBER que consagra el Articulo 38.25 de la Ley 1952 de 2019, para que el
Organismo de Control Disciplinario, asuma las competencias que le asisten, frente a la conducta
omisiva y prevaricadora del apócrifo "organismo de control, inspección y vigilancia".» (Negrillas propias).

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla declaró la
improcedencia de la acción, por considerar que no se cumplía el requisito de
subsidiariedad. Explicó que para resolver su controversia el actor debía agotar
los recursos administrativos y acciones legales específicas ante las
autoridades competentes, como el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Asimismo, consideró que no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable. De hecho, subrayó que de las pruebas allegadas se acreditó que
las diferentes solicitudes realizadas por el accionante fueron resueltas por la
Triple A S.A. E.S.P. E indicó que, en todo caso, las irregularidades
presuntamente ocurridas podían ser abordadas a través de otras acciones
legales o administrativas de manera eficaz.
Finalmente, sobre la solicitud del actor referente a remitir el caso a la Fiscalía
General de la Nación por la presunta ocurrencia de varios delitos, el Juzgado
sostuvo que nada le impedía al accionante ejercer directamente las acciones
legales que considerara pertinentes ante dicha autoridad.
Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Uno de Decisión Laboral, Sala de Tutela en sentencia de 5
de septiembre de 2024, por argumentos semejantes a los expuestos en
primera instancia.
En relación a la pretensión consistente en que se le ordene a la
Superintendencia de Sociedades de compulsar copias a la Fiscalía General de
la Nación de la sociedad Triple A S.A. E.S.P., el Tribunal sostuvo que la acción
de tutela no se concibió como un mecanismo sancionador. Las solicitudes en
ese sentido las debe presentar el interesado ante las autoridades
competentes. Por tanto, aseguró que «la acción de tutela no es el mecanismo
adecuado para emitir órdenes que el accionante puede solicitar directamente ante la Fiscalía
General de la Nación o mediante la presentación de quejas ante la Superintendencia, con el
fin de que se realice el estudio correspondiente. En su defecto, el accionante puede interponer
los recursos de apelación contra los actos administrativos que resuelvan sobre la petición de
no cobro de facturas».

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En cuanto al informe sobre las gestiones y respuestas, el Tribunal sostuvo que
el actor no acreditó haber radicado petición ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, en la que solicite dicho informe. Por ende,
concluyó que no hubo omisión por parte de la accionada en cuanto a rendir o
dar respuesta a lo solicitado.
De parte, manifestó que mediante Oficios de 5 y 19 de junio de 2024 Triple A
S.A. E.S.P. respondió la solicitud por la inconformidad con el cobro de
reinstalación elevada por el actor e indicó que en el expediente también se
allegó la notificación por aviso de 28 de junio de 2024 en la que se informaron
los recursos procedentes contra el acto administrativo; sin embargo, no se
acreditó que el accionante hubiera interpuesto los recursos correspondientes
en contra de dicho acto administrativo.
Con relación a que los actos administrativos no le fueron notificados
correctamente, en tanto que las firmas que aparecen en los certificados no le
pertenecen, la autoridad judicial manifestó que tal situación debe ser puesta
en conocimiento de la entidad competente y, si es del caso, interponer la
denuncia penal correspondiente. Sin embargo, subrayó que no se encontró
ninguna prueba documental sobre denuncias de ese tipo.
Finalmente, respecto a la pretensión relacionada con se proceda conforme «al
deber que consagra el artículo 38.25 de la Ley 1951 de 2019, para que el organismo de control
disciplinario, asuma las competencias que le asisten», el Tribunal sostuvo que la Ley
2162 de 2021 derogó la ley invocada por el actor 1951 de 2019. Razón por la
cual no había lugar a realizar estudio alguno frente a dicha norma.
Esta acción de tutela fue excluida del trámite de revisión eventual por la Corte
Constitucional.

3.4. De lo expuesto previamente, la Sala encuentra que la acción de radicado Nro.
08001-31-05-015-2024-00209-00/01 y la tutela objeto de esta providencia
comparten la triple identidad de partes, de objeto y de causa petendi, en lo que
respecta a las inconformidades frente a Triple A S.A. E.S.P. y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Ambas fueron interpuestas por el señor Luis Alejandro Santander García
contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por considerar que tales autoridades incurrieron en
innumerables errores en el proceso de facturación, notificación de las
decisiones, trámite de recursos y omisiones de vigilancia. A su vez, se
encuentra que en la tutela anterior también se solicitó que la Superintendencia
formule «Pliego de Cargos, con fines sancionatorios y de compulsa a la Fiscalía General de
la Nación, contra el Operador de Servicios Públicos Triple A» y que se inicie investigación
disciplinaria contra la Superintendencia con fundamento en la Ley 1952 de
2019.

Ahora bien, existen ciertas diferencias entre las dos acciones. Una de estas
radica en que la tutela objeto de esta sentencia además de interponerse contra
Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
también se dirigió contra la Presidencia de la República, el Juzgado Noveno
Administrativo de Barranquilla, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de
Barranquilla, el Tribunal Administrativo del Atlántico, el Tribunal Superior de
Barranquilla y Gases del Caribe S.A. E.S.P. De manera que en esta

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oportunidad se formularon pretensiones relacionadas con esas otras
autoridades.

Sin embargo, estas circunstancias no desdibujan la triple identidad de partes,
de objeto y de causa petendi, en tanto que no se trata de aspectos que alteren
materialmente el debate propuesto, al menos en lo que se refiere a las
inconformidades sobre Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y a las pretensiones tendientes a que estas sean
sancionadas.

Sobre este aspecto, en la Sentencia T-219 de 2018 la Corte Constitucional
explicó que el hecho de que existan ciertas diferencias entre las acciones
presentadas no necesariamente implica que no se configuren el fenómeno de
cosa juzgada. Así lo explicó dicha autoridad judicial:
«esta corporación ha considerado que algunas variaciones en las partes, los hechos o las
pretensiones entre el proceso que hizo tránsito a cosa juzgada y la nueva demanda, no
necesariamente conducen a concluir que no existe cosa juzgada, sino que se trata de un
examen más profundo, que no se basta con la coincidencia formal sino con una verificación
de la coincidencia material entre los dos procesos, a pesar de las pequeñas diferencias. Así,
en la reciente sentencia T-427 de 2017, la Sala Tercera de Revisión concluyó que “algunas
alteraciones parciales a la identidad no necesariamente excluyen la cosa juzgada, ya que, de lo contrario,
accionar a una persona más o una menos puede significar, en todo caso, una identidad de sujetos”».

De manera que, aunque las pretensiones entre las acciones de tutela no son
idénticas y pese a que se han modificado los sujetos procesales accionados,
lo cierto es que ambas acciones mencionadas buscan el inicio de trámites
disciplinarios contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Por consiguiente, la Sala considera que las diferencias
existentes no desdibujan la existencia de la triple identidad mencionada.

Por otra parte, se precisa que en el trámite de la tutela el actor informó que
presentó la acción de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01. Por lo
tanto, no se advierte un propósito desleal o de mala fe de en cabeza de la parte
actora, en tanto que puso en conocimiento del juez de tutela la existencia de
la otra acción de tutela interpuesta en el año 2024. Por lo expuesto, la Sala
concluye que en el asunto se presenta el fenómeno de cosa juzgada, mas no
el de actuación temeraria, ante la falta de un propósito desleal o de engaño al
juez de tutela.

Con fundamento en lo expuesto, no hay lugar a pronunciarse de fondo sobre
las pretensiones referentes al inicio de trámites disciplinarios contra Triple A
S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por
existir cosa juzgada al respecto. Es condición imprescindible para analizar
materialmente un asunto que se cumplan una serie de presupuestos, uno de
estos es que el caso no haya sido previamente objeto de pronunciamiento
judicial. De esta manera se busca que no se vuelvan a juzgar asuntos que ya
fueron analizados en el pasado y, además, cerrar de forma definitiva el debate
propuesto.

3.5. Ahora bien, sobre las pretensiones que no se relacionan con la gestión de
trámites disciplinarios contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios no se configura la institución de la cosa
juzgada, debido a que en la acción de tutela ahora estudiada se expusieron un
sinfín de inconformidades sobre Gases del Caribe S.A. E.S.P. y las demás

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autoridades accionadas que exceden lo señalado en la tutela Nro. 08001-31-
05-015-2024-00209-00/01. Por ejemplo, uno de los aspectos que no fue
solicitado en la anterior acción fue que se le ordenara a los prestadores de
servicio abstenerse de suspender los servicios de acueducto y gas natural,
pese a la mora en el pago, entre otros. Por ende, al no configurarse la cosa
juzgada frente a tales aspectos, la Sala procederá a su estudio.

4. Pretensiones no expuestas en la acción de tutela Nro. 2024-00209-00/01 y
su análisis en el caso concreto

4.1. Con relación a los demás aspectos solicitados en la acción de tutela objeto de
estudio, la Sala considera que la acción es improcedente. Antes de
presentarse al juez de tutela, el accionante debe acudir a los cauces
institucionales, a fin de tramitar a través de esos canales sus solicitudes.

En el expediente no se acreditó que el actor le haya solicitado (i) a la
Presidencia de la República que «haga los llamados de atención a que haya lugar, al
Director Nacional de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre el
cumplimiento de las facultades y obligaciones», (ii) a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios iniciar trámite de vigilancia frente a Gases del Caribe
S.A. E.S.P.; (iii) a Triple A S.A. E.S.P. y Gases del Caribe S.A. E.S.P. expedir
copia de todo el expediente administrativo respecto de la facturación
correspondiente a los servicios de acueducto y gas natural; (iv) «al organismo de
control disciplinario de la Rama Judicial, para que inicien las investigaciones, sobre el accionar
omisivo, prevaricador y discriminador de los despachos judiciales demandados».

Por lo tanto, se considera que la tutela es improcedente frente a dichas
pretensiones, en tanto que el accionante no ha acudido en primer lugar a las
autoridades mencionadas a fin de solicitar lo deseado. Por consiguiente, no
hay lugar a efectuar un estudio de fondo sobre tales aspectos, cuando el
accionante ni siquiera acreditó haber realizado gestiones ante dichas
entidades para lograr lo pretendido. Recuérdese que la acción de tutela es un
mecanismo para la protección de derechos fundamentales de naturaleza
subsidiaria.

Adicionalmente, respecto a la pretensión relacionada con que Gases del
Caribe S.A. E.S.P. remita copia de todo el expediente administrativo se
configura la carencia de objeto, pues en el curso de la acción el propio tutelante
aseguró que tal prestador de servicio le remitió copia del expediente
administrativo.

Se precisa, sin embargo, que frente a esa pretensión el actor tampoco acreditó
haberle solicitado a Gases del Caribe S.A. E.S.P., previo a la interposición de
la acción de tutela, la remisión del expediente administrativo. Así lo puntualizó
tal sociedad en su informe, quien optó por el envío de este atendiendo a que
esta era una de las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, mas no
por tratarse de una respuesta a una solicitud del actor, pues este no elevó
petición en tal sentido.

4.2. Por otra parte, en lo que respecta a las pretensiones relacionadas con que no
se suspendan los servicios públicos de acueducto y gas natural, la Sala
advierte que la Corte Constitucional ha reconocido que «la suspensión del

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servicio público por falta de pago es, en las condiciones previstas por la Ley,
constitucionalmente aceptable»3.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha explicado que esa facultad legal de
las empresas de servicios públicos no es absoluta, pues existen situaciones
en las que la suspensión del servicio público implica la vulneración de
derechos fundamentales.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, «la suspensión de los servicios
públicos domiciliarios no puede tener lugar, pese al incumplimiento sucesivo en el pago de los
servicios, si la suspensión se efectúa en cualquiera de dos clases de hipótesis: (i) o con
violación de las garantías del derecho al debido proceso o (ii) bajo el respeto del debido
proceso, pero con la consecuencia aneja de: (a) suponer ‘el desconocimiento de derechos
constitucionales de sujetos especialmente protegidos’, (b) ‘imp[edir] el funcionamiento de
hospitales y otros establecimientos también especialmente protegidos” o (c) “afect[ar]
gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad’”. Siendo esta segunda hipótesis
la principal limitación que las compañías encuentran para hacer uso de la suspensión del
servicio»4.

Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que en el caso no se configura
ninguna de las dos hipótesis planteadas por la Corte Constitucional. Por una
parte, el actor no acreditó la vulneración al debido proceso. Si bien manifestó
su inconformidad con un sinnúmero de circunstancias alrededor del cobro de
las facturas de acueducto y gas natural, lo cierto es que en el curso de la acción
de tutela aquel no logró acreditar que efectivamente tales situaciones
impliquen el desconocimiento a sus garantías del debido proceso.

Por la otra, tampoco se acreditó que la suspensión implique la transgresión de
derechos a sujetos de especial protección constitucional, que impida la
operación de hospitales o establecimientos protegidos, o que se afecte a toda
una comunidad.

Al margen de que en los memoriales en los que adicionó información haya
hecho una breve mención a que su madre es un adulto mayor, el actor no
acreditó tal circunstancia, no ahondó sobre tal aspecto, ni demostró
encontrarse en un estado de extrema vulnerabilidad que le impida el pago de
las facturas o siquiera de un acuerdo de pago.

Por lo tanto, se considera que el caso no se enmarca en los supuestos
establecidos por la Corte Constitucional, en los que las empresas prestadoras
de servicios públicos tienen vedada la suspensión de los servicios públicos.
Motivo por el cual se negarán las pretensiones consistentes en abstenerse de
suspender los servicios públicos domiciliarios por parte de Gases del Caribe
S.A. E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P.

5. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto la Sala concluye que se configuró la institución de
la cosa juzgada en lo que respecta a las pretensiones sobre el inicio de trámites
disciplinarios contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Por lo tanto, se declarará la improcedencia de la acción
frente a este aspecto.

3
Corte Constitucional. Sentencia T-188 de 2018.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-188 de 2018.

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La tutela también es improcedente frente a las demás pretensiones, con excepción
a las relacionadas con la no suspensión de los servicios públicos. La razón de la
improcedencia radica en que el actor no acreditó haber solicitado a las autoridades
competentes las gestiones solicitadas por medio de la acción de tutela, como lo es
que la Presidencia de la República llame la atención a la Superintendencia, que
está última inicie trámites de vigilancia y control frente a Gases del Caribe S.A.
E.S.P., la expedición del expediente administrativo sobre las reclamaciones hechas
por los cobros en los servicios de acueducto y gas natural y el inicio de
investigaciones disciplinarias contra las autoridades judiciales que resolvieron la
acción de tutela Nro. 2024-00209-00/01 y la acción de cumplimiento Nro. 2024-
00038-00/01.

A su vez, se declarará la carencia de objeto frente a la pretensión relativa a que
Gases del Caribe S.A. E.S.P. le remita la totalidad del expediente administrativo,
pues en el curso de la acción tal sociedad le envió dicha documentación, pese a
que el actor no elevó derecho de petición en ese sentido.

Finalmente, se negarán las pretensiones consistentes en que no se suspendan los
servicios de acueducto y gas natural, debido a que no se encontró la configuración
de las excepciones dispuestas jurisprudencialmente por la Corte Constitucional
sobre la materia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis
Alejandro Santander García, en lo que respecta a (i) las pretensiones sobre el
inicio de trámites disciplinarios contra Triple A S.A. E.S.P. y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por considerar que existe
cosa juzgada con la acción de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01; y
(ii) las pretensiones relacionadas con el llamado de atención por parte de la
Presidencia de la República a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, el inicio trámites de vigilancia y control por parte de esta última
sobre Gases del Caribe S.A. E.S.P., la remisión del expediente administrativo
contentivo de las reclamaciones presentadas ante Triple A S.A. E.S.P. y el
inicio de investigaciones disciplinarias contra las autoridades judiciales que
resolvieron la acción de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01 y la
acción de cumplimiento 08001-33-33-009-2024-00038-00/01.

2. Declarar la carencia actual de objeto respecto a la pretensión relativa al envío
de la totalidad del expediente administrativo por parte de Gases del Caribe
S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Negar las pretensiones consistentes en que Gases del Caribe S.A. E.S.P. y
Triple A S.A. E.S.P. se abstengan de suspender los servicios de acueducto y
gas natural, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

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Demandante: Luis Alejandro Santander García

5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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