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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06133-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06133-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la desvinculación de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y de la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 de la presente acción de tutela. SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por los señores Gabriel Alfonso García Brunal y Ana Paula Puerta Mejía. TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Gabriel Zea Navarro, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06133-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

27 de febrero de 2025

Demandante: Juan Gabriel Zea Navarro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de
Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06133-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06133-00
Demandante: JUAN GABRIEL ZEA NAVARRO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, ESCUELA
JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA Y OTROS

Tema: Tutela contra acto administrativo declara improcedencia por
ausencia del requisito de subsidiaridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el señor Juan
Gabriel Zea Navarro contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión
Temporal de Formación Judicial 20191, de conformidad con los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 12 de noviembre de 20242, el señor Juan Gabriel Zea Navarro
instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión
Temporal de Formación Judicial 2019, con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales de «PETICION, IGUALDAD, DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO EN CONCURSO DE MERITOS, TRABAJO, ACCESO A
CARGOS PUBLICOS PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRINCIPIO DE CONFIANZA

1
Integrada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC y la empresa E. Distribution S.A.S.
2
Índice 2 del expediente digital de Samai.
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Demandante: Juan Gabriel Zea Navarro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de
Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06133-00

LEGITIMA Y PRINCIPIO DE RESPETO AL ACTO PROPIO, MERITO Y CONCURSO
DE MERITOS., GARANTÍA DE SER EVALUADOS DE FORMA TRANSPARENTE».3

En sentir del actor, las citadas garantías constitucionales fueron vulneradas con
ocasión de las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y EJR24-746 del 31
de octubre de 2024, por el desconocimiento y falta de aplicación del Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 20194 y el Documento Maestro IX Curso de
Formación Inicial para Jueces y Magistrados.

En igual sentido, reprochó que no se estableció una forma de calificación en caso de
que las preguntas fuesen erradas o inconsistentes, lo cual, en su criterio, conllevaba
un vacío normativo que no fue previsto por las accionadas.

Asimismo, adujo que los cuestionarios elaborados no se atuvieron a los Syllabus
previamente dispuestos, pues se incluyeron referencias bibliográficas que no hacían
parte del material obligatorio de estudio. Situación que, desde el punto de vista del
señor Zea Navarro, implicó que las accionadas «[...] desconocieron y no dieron
aplicación a lo establecido en el SYLLABUS al utilizar textos de lecturas
complementarias en la evaluación de la fase general de fecha 19 de mayo y 2 de junio
del 2024, atentando en contra del DOCUMENTO MAESTRO DEL IX CURSO DE
FORMACION JUDICIAL.»

1.2. Pretensiones

En consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

3.2. ORDENAR a las accionadas LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA, UNIÓN
TEMPORAL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019, ceñirse a lo establecido en
el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 mediante el cual se adoptó
el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021”, el Documento maestro del IX Curso de
Formación Judicial, en el “ANEXO TÉCNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
LA REALIZACIÓN DEL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL” y el Plan de
formación de la rama judicial 2022.

3.3 ORDENAR a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA, UNIÓN TEMPORAL
IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019,que expida acto administrativo con el fin
de nulitar la fase general del IX CURSO DE FORMACION INICIAL con arreglo al
artículo 41 de la Ley 1437 de 20115 y proceder a sanear las irregularidades detectadas
y actuaciones contrarias al Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019

3
Transcripción original del texto que puede contener errores.
4
Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes
a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021.
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Demandante: Juan Gabriel Zea Navarro
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Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06133-00

mediante el cual se adoptó el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación
Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en
todas las especialidades, Promoción 2020-2021”, el Documento maestro del IX Curso
de Formación Judicial, en el “ANEXO TÉCNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LA REALIZACIÓN DEL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL” y el
Plan de formación de la rama judicial 2022.5

Adicionalmente, a título de medida cautelar el señor Zea Navarro solicitó que se
ordenara transitoriamente a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Unión
Temporal de Formación Judicial 2019 su inscripción, iniciación y formación en la
etapa especializada del IX Curso de Formación Judicial.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA19-11400 mediante el
cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial
Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas
las especialidades, Promoción 2020-2021”, en el marco del concurso de méritos para
la selección de jueces y magistrados.

El accionante es participante del IX Curso de Formación Judicial, aspirando a los
cargos de juez civil municipal, juez de ejecución civil municipal y de pequeñas causas,
y competencias múltiples municipales.

El curso de formación judicial inició el 17 de octubre de 2023. Para la fecha de
interposición de la solicitud de amparo, se encontraba en fase general, conforme a lo
establecido en el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019. El
desarrollo de esta fase se implementó bajo la modalidad virtual (e-learning). De esta
forma, durante la fase no se realizó ningún encuentro presencial ni sincrónico virtual.

Las evaluaciones correspondientes a la fase general se llevaron a cabo los días 19
de mayo y 2 de junio de 2024 de manera virtual mediante el aplicativo Klarway.

El 21 de junio de 2024, mediante Resolución No. EJR24-298, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla publicó los resultados de la evaluación de la fase general,
otorgándose puntajes a todos los discentes. Posteriormente, a través de Resolución
No. EJR24-746 del 31 de octubre de 2024 se resolvieron los recursos de reposición
interpuestos contra el anterior acto administrativo y se dispuso ajustar la calificación
que obtuvo el señor Zea Navarro a 773 puntos y estado “reprobado”.

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Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
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Demandante: Juan Gabriel Zea Navarro
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1.4. Fundamentos de la vulneración

El accionante entendió superados todos los requisitos de procedencia de la acción de
tutela. En cuanto a la subsidiariedad de la solicitud de amparo, explicó que, aunque
en principio los actos administrativos deben ser controvertidos mediante los medios
de control previstos en el CPACA, tales mecanismos no son aplicables en el caso
concreto, puesto que las resoluciones que dan lugar a la vulneración de sus garantías
constitucionales son actos de trámite que no son objeto de control judicial.

Adicionalmente, estimó la configuración de un perjuicio irremediable ante la
inminencia de la fase especializada, lo que impide que los participantes reprobados
puedan recurrir a los mecanismos ordinarios de control judicial para garantizar su
acceso al curso, consolidándose así un daño irreparable.

Argumentó que la calificación otorgada a las preguntas con errores dentro de la
evaluación de la fase general del IX Curso de Formación Judicial fue arbitraria y
vulneró principios constitucionales. En particular, señaló que, mediante la Resolución
No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024, se reconoció puntaje por la pregunta P275 a
quienes seleccionaron cualquiera de las opciones válidas, dejando sin beneficio a
otros participantes que habían respondido correctamente o no habían seleccionado
las opciones señaladas.

Además, afirmó que los actos administrativos que dispusieron los lineamientos para
el desarrollo del curso, como el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 y el Documento
Maestro, no contemplan un procedimiento para calificar preguntas con errores o
inconsistencias, lo que evidencia un vacío normativo que debió ser subsanado
previamente por el Consejo Superior de la Judicatura o la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla. Esta omisión, según el accionante, dio lugar a una decisión arbitraria,
carente de motivación y adoptada sin lineamientos claros, lo que vulneró los principios
de favorabilidad, confianza legítima y transparencia en la evaluación.

Asimismo, cuestionó la inclusión de preguntas en la evaluación de la fase general
basadas en textos identificados como complementarios en el syllabus del curso.
Señaló que algunos textos obligatorios fueron confundidos con otros de los mismos
autores y que dicha confusión llevó a un uso indebido de lecturas complementarias
en la evaluación.

Criticó que, a pesar de que el modelo de enseñanza del curso debía incluir elementos
presenciales y virtuales, durante la fase general no se realizaron encuentros
sincrónicos, lo que impidió que los discentes pudieran recibir retroalimentación directa
o plantear dudas. En particular, señaló que el webinar del módulo de "Interpretación
Judicial y Estructura de la Sentencia" no se llevó a cabo debido al fallecimiento del
responsable del programa, lo cual, según el accionante, representó una dificultad en
el proceso de preparación de los participantes.

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Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
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Adicionalmente, sostuvo que las Resoluciones No. EJR24-298 y EJR24-746, carecen
de una motivación adecuada, ya que no se explicaron de manera suficiente las
razones fácticas, normativas y técnicas que respaldaron las decisiones sobre las
calificaciones. Incluso, alega que gran parte de los actos fueron redactados con
inteligencia artificial, lo cual, según su posición, no cumple con los estándares
establecidos por la jurisprudencia vigente.

En cuanto al desarrollo de las evaluaciones, cuestionó el uso del aplicativo Klarway,
alegando que este sistema no garantizó la transparencia ni evitó posibles fraudes,
generando incertidumbre sobre la materialización del mérito en la selección de jueces
y magistrados.

También reprochó modificaciones tardías al material de estudio y a las lecturas
obligatorias, que fueron subidas al campus virtual después de vencidos los plazos
para su consulta, sin notificación oficial. Además, la tildó de ineficaz del sistema de
"tickets" diseñado para resolver dudas, señalando que las preguntas planteadas por
los discentes no fueron respondidas de manera oportuna ni satisfactoria, lo que
evidenció la falta de apoyo educativo por parte de los responsables del curso.

1.5. Admisión de la demanda

Mediante auto del 25 de noviembre de 2024, la magistrada ponente resolvió: i) admitir
la demanda; ii) negar la medida provisional solicitada; y iii) ordenar la notificación del
Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión
Temporal de Formación Judicial 2019.

Asimismo, en dicha providencia, se solicitó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
contestar los siguientes interrogantes:

• ¿Informar cómo se previó la calificación para las preguntas erradas o
inconsistentes atribuibles a la Unión Temporal?
• Manifiesten como es cierto sí o no, que se utilizaron textos que no eran
obligatorios para la evaluación de la parte general, en los exámenes del 19 de
mayo y 2 de junio del 2024, cuando expresamente se habían indicado como
complementarios y no constitutivos de evaluación.
• Indiquen ¿por qué en la fase general no existieron encuentros sincrónicos
virtuales entre discente y tutores o formadores? y la razón por la cual el e-
learning era la mejor herramienta para la formación de los discentes.
• Informen por qué se cambió la modalidad de las evaluaciones de la etapa
general, de virtual en sede a virtual en casa.

Ante la evasiva de la accionada en dar cumplimiento a los requerimientos formulados
en el auto admisorio de la acción constitucional, el 10 de febrero de 2025 la
Magistrada ponente profirió auto requiriendo el cabal acatamiento del auto admisorio,
concretamente con la respuesta a las preguntas allí planteadas.
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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad con
las constancias que obran en el expediente digital6, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Gabriel Alfonso García Brunal

En calidad de coadyuvante y como discente del IX concurso de méritos para la
elección de jueces y magistrados, respaldó los argumentos del accionante. Indicó que
hubo un cambio intempestivo en las condiciones de evaluación, al pasar de
evaluaciones parciales a una acumulada y a un modelo completamente virtual, con la
introducción de la plataforma Klarway.

Consideró que esta herramienta no cumplió con los estándares de idoneidad y calidad
necesarios para una prueba de esta magnitud. Relató que, a pesar de las múltiples
quejas de los participantes, no se implementó un protocolo efectivo y transparente
para solucionar los inconvenientes de la aplicación.

Adicionalmente, denunció que los recursos que se presentaron contra el acto
administrativo de calificación de manera deficiente, de manera que, en lugar de
surtirse una reposición, en realidad se realizó una recalificación. Manifestó que las
respuestas proporcionadas evidenciaron un uso indebido de inteligencia artificial, lo
que consideró una violación del debido proceso y de la jurisprudencia establecida en
la Sentencia T-323 de 2024.

1.6.2. Unidad de Administración de Carrera Judicial

Como argumento de defensa explicó que la autoridad no goza de legitimación en la
causa por pasiva, pues el reparo formulado por la parte accionante recae única y
exclusivamente frente a la decisión que adoptó la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla.

En ese sentido, trajo a colación los artículos 1767 y 1778 de la Ley 270 de 1996, según
los cuales se puede inferir que la Unidad de Administración de Carrera Judicial no

6
Índice 14 del expediente digital de Samai.
7
El Consejo Superior de la Judicatura promoverá la capacitación y actualización de los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial.
La persona que sea nombrada por primera vez para desempeñar cualquier cargo de la Rama Judicial deberá
adelantar hasta por tres meses un curso de inducción en administración judicial, el cual conllevará la práctica que
se adelantará en un despacho judicial bajo la supervisión del funcionario o empleado de mayor jerarquía en el
despacho.
Los funcionarios judiciales que no hayan tomado cursos de especialización, maestría o doctorado, deberán cuando
menos, cada dos años tomar un curso de actualización judicial cuya intensidad no sea inferior a 50 horas y
presentar las pruebas pertinentes en la Escuela Judicial.
Los empleados deberán tomar cursos de capacitación y actualización en técnicas de administración y gestión
judicial cuando menos cada tres años.
8
La Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», hará parte del Consejo Superior de la Judicatura, junto con su planta
de personal, a partir del primero de enero de 1998 y se constituirá en el centro de formación inicial y continuada
de funcionarios y empleados al servicio de la Administración de Justicia.
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tiene incidencia alguna en el IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y
Magistrados.

1.6.3. Unión Temporal de Formación Judicial 2019

Sostuvo que no ha vulnerado los derechos constitucionales del accionante, puesto
que ha actuado en el marco legal para el desarrollo del IX Curso de Formación
Judicial. Arguyó que carece de legitimación en la causa por pasiva puesto que no
ostenta la competencia para declarar la nulidad de la fase general de concurso e
incluir al actor en la fase especializada, pues ello únicamente compete a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En este sentido, solicitó su desvinculación del trámite
de la referencia.

Adicionalmente, precisó que la solicitud de amparo no supera el requisito de
subsidiariedad puesto que el accionante cuenta con los medios de control
establecidos en el CPACA para controvertir los actos administrativos señalados en el
escrito inicial.

1.6.4. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Comentó que la acción de tutela es improcedente por no cumplirse con el requisito
de subsidiariedad. Subrayó que no existe un hecho vulnerador que demuestre la
conculcación de los derechos fundamentales invocados y desestimó la configuración
del perjuicio irremediable alegado por el accionante. Finalmente, aseveró que todas
las entidades accionadas han actuado dentro del orden constitucional y legal en lo
que respecta al IX Curso de Formación Judicial.

1.6.5. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

Explicó que el señor Zea Navarro cuenta con otros medios de defensa judicial,
aunado que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la
concesión de un amparo transitorio. En ese sentido, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción.

Por otro lado, refirió que, frente a las preguntas erradas o inconsistentes que eran de
atribución de la UT, «…se decidió reconocer como válidas y el respectivo puntaje a
las preguntas que se identificaron con esos criterios».

Asimismo, enfatizó que las preguntas fueron formuladas a partir de las lecturas
obligatorias compartidas, por lo que todos los participantes tuvieron conocimiento de

El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará su funcionamiento.
Durante el período de transición, el Director de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», será designado por el
Ministro de Justicia y del Derecho y actuará con sujeción a los planes y programas que se establezcan en
coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura y con el concurso de los jueces y empleados de la Rama
Judicial.
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las temáticas en el momento que adelantaron los cursos. En ese sentido, indicó lo
siguiente:

(…) se indica que la inquietud del accionante que tiene ver con este punto se atendió
en la resolución EJR24-794 del 31 de octubre de 2024, pues el accionante pudo ver los
motivos por los cuales la opción de respuesta era la correcta, soportando la fuente, en
los elementos antes referenciados

Adicionalmente, mencionó que el acuerdo pedagógico dispuso que la Sub Fase
General se desarrollaría de forma virtual en su totalidad, lo que incluía varias
mecánicas de aprendizaje y de retroalimentación. De ahí, que hayan diferencias en
el desarrollo de las sub fases establecidas. Al respecto, precisó lo siguiente:

En virtud de lo anterior se reitera que a diferencia de la subfase especializada, en la
subfase general no fue obligatorio participar en los seminarios web, precisamente
porque se contaba con otras estrategias de retroalimentación dentro de los programas.
Esta metodología se encuentra determinada por el Acuerdo Pedagógico del IX Curso
de Formación Judicial Inicial

Por último, respecto a la realización de evaluaciones virtuales en sede y su cambio a
residencia de los estudiantes, acotó que lo único que estableció el acuerdo
pedagógico fue la realización de forma virtual, lo cual imponía a los participantes
contar con las herramientas necesarias para desarrollar sus clases. Así manifestó lo
siguiente:

En concreto, en el Acuerdo Pedagógico se dispuso que la subfase general del curso
concurso se desarrollará de manera virtual, lo cual hace referencia tanto al desarrollo
de los programas como a la evaluación sobre su aprendizaje, respecto de la cual el
mismo acuerdo establece que “(p)ara las actividades virtuales se llevarán a cabo
evaluaciones en la plataforma virtual de aprendizaje (…)”

1.6.6. Ana Paula Puerta Mejía

Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2025, solicitó se tuviese como
coadyuvante de las pretensiones de la acción de tutela. A efectos de lo anterior, alegó
estar en las mismas circunstancias que el señor Zea Navarro, pues, hace parte de los
discentes del IX Curso de Formación Judicial y que se vio afectada como
consecuencia de las decisiones que adoptó la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Puso de presente que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en la que reprochó la legalidad de los actos
administrativos que la dejaron en estado reprobado y, como consecuencia de lo
anterior, imposibilitada de avanzar a la Sub Fase Especializada.

Finalmente, indicó que desde el 21 de noviembre de 2024 a la fecha de radicado del
presente escrito, la autoridad judicial que le correspondió por reparto conocer de su

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demanda no ha proferido ningún tipo de decisión al respecto, lo cual denota, en su
sentir, la ineficacia del mecanismo judicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela, interpuesta por el señor
Juan Gabriel Zea Navarro, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

Previo a adentrarse en el estudio de la solicitud de amparo, la Sala deberá resolver
sobre: (i) la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Gabriel Alfonso García
Brunal; y (ii) las solicitudes de desvinculación de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial y de la Unión Temporal de Formación Judicial 2019.

2.2.1. Sobre la solicitud de coadyuvancia

El inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que «quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante
del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud».

La Corte Constitucional ha precisado que el coadyuvante es un tercero que tiene una
relación sustancial con las partes que, indirectamente, se pueden ver afectadas si la
parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable y que «aquellos no reclaman
un derecho propio para que sobre él haya decisión en el proceso, sino un interés
personal en la suerte de la pretensión de una de las partes. Se trata de intervenir para
afianzar y sostener las razones de un derecho ajeno»9

En este caso, el señor Gabriel Alfonso García Brunal presentó escrito de
coadyuvancia en el cual manifestó que, como discente del IX concurso de méritos
para la elección de jueces y magistrados, también se ha visto afectado por las
circunstancias relatadas por el accionante.

Igual situación se predica de la señora Ana Paula Puerta Mejía, quien también explicó
las circunstancias fácticas y jurídicas que la colocan en idéntica situación del señor
Zea Navarro.

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Sentencia Su-134 de 2022.
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Demandante: Juan Gabriel Zea Navarro
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Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
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En ese sentido, les asiste interés en la resolución de la presente acción de tutela, por
lo que se aceptarán las solicitudes de coadyuvancia antes presentadas.

2.2.2. Sobre las solicitudes de desvinculación

La Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Unión Temporal de Formación
Judicial 2019, en sus escritos de intervención, indicaron que no gozan de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto el amparo constitucional se contrae a reprochar
las decisiones adoptadas por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Al respecto, la Sala estima que no les asiste la razón a los solicitantes, en la medida
que su participación es determinante en los hechos narrados por el actor y el
desarrollo del concurso de méritos.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta a la siguiente interrogante:

¿La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla vulneró los derechos fundamentales del
accionante en el proceso de formación y evaluación de la subfase general el IX Curso
de Formación Judicial y al proferir la Resolución No. EJR24-746 del 31 de octubre de
2024, que decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución EJR24-
298 del 21 de junio de 2024 en el sentido de reprobar a la persona quien, como
consecuencia de ello, no pudo pasar a la subfase especializada?

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario del mecanismo
constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos
susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo, y (iii) el análisis del
caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no

10

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sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable10.

2.5. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto
Ley 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia11.

El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de
donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores
judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad,
de constitucionalidad y de legalidad.

Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la
existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del

10
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
11
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley
estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común
garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás
fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela,
que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de
los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
11

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derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201112.

Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo
esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se
torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la afectación de las
garantías superiores.

No obstante, la Corte Constitucional, vía jurisprudencia, ha establecido escenarios en
los que el amparo constitucional tiene cabida respecto a los actos administrativos
proferidos en el marco de una convocatoria pública para la provisión de cargos, tales
casos son los siguientes:

i) El empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley13

ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la
lista de elegibles14

iii) el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia constitucional15
y, por último,

iv) cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de salud,
condición social, entre otras), al demandante le resulta desproporcionado acudir al
mecanismo ordinario

12
La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10
de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio
de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01.
13
Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015, T-551 de
2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019
14
Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005, T-521 de
2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras
15
Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras
12

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2.6. Caso concreto16

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo promovida por el
señor Juan Gabriel Zea Navarro, por cuanto, conforme quedó expuesto en
precedencia, se advierte que la persona cuenta con un mecanismo judicial idóneo a
través del cual puede ventilar sus reparos contra la Resolución No. EJR24-746 del 31
de octubre de 2024. En ese sentido, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 dispone
lo siguiente:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

Asimismo, al interior del mencionado proceso es factible que el actor solicite ante el
juez natural del asunto la suspensión provisional del acto administrativo objeto de la
demanda, atendiendo los parámetros que para tal efecto dispone el artículo 231 que
indica lo siguiente:

Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de
sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en
la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del
acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como
violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente
se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

[…]

16
La Sección Quinta del Consejo de Estado ha proferido múltiples decisiones en las que se ha indicado que la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para cuestionar los actos administrativos que se profieren en el marco
de la Convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. En ese sentido, se tienen,
entre otras, las siguientes: i) sentencia del 31 de octubre de 2024, 11001-03-15-000-2024-02350-01, MP Omar
Joaquín Barreto Suárez; ii) sentencia del 24 de octubre de 2024, 11001-03-15-000-2024-03547-01, MP Pedro
Pablo Vanegas Gil; iii) sentencia del 10 de octubre de 2024, 11001-03-15-000-2024-04988-00, MP Luis Alberto
Álvarez Parra; iv) sentencia del 12 de septiembre de 2024, 11001-03-15-000-2024-02725-01, MP Luis Alberto
Álvarez Parra; v) sentencia del 12 de septiembre de 2024, 11001-03-15-000-2024-03697-00, MP Gloria María
Gómez Montoya; v) sentencia del 4 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-02307-00, MP Pedro
Pablo Vanegas Gil; y vi) sentencia del 18 de enero de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-07159-00, MP
Omar Joaquín Barreto Suárez.
13

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Ahora bien, se advierte que el accionante formula reparos no solo contra el acto
administrativo mencionado, sino contra el proceso formativo y evaluativo de la fase
general del curso. Así las cosas, estos cuestionamientos presentados, tales como las
fallas en la plataforma utilizada para las evaluaciones, la ausencia de espacios
adecuados de retroalimentación y solución de dudas, la virtualidad como metodología
para el desarrollo del curso y la confusión generada por la falta de claridad en las
lecturas obligatorias, suscitan, en esencia, una controversia que también termina
vinculada con el acto administrativo que definió su calificación en la fase general.

Esto se debe a que dichas circunstancias relatadas en el escrito tutelar afectan
directamente el proceso formativo y evaluativo que dio lugar a la calificación y, por
ende, son aspectos conexos con los reparos que se dirigen contra la Resolución No.
EJR24-746 que definió la situación particular del accionante en relación con el
concurso de méritos.

En este sentido, el eje central de la controversia continúa girando en torno a la
legalidad y los efectos del acto administrativo en cuestión, lo que reafirma la existencia
de un mecanismo judicial idóneo para debatir estas problemáticas, el cual es el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Así, corresponde al juez natural
de lo contencioso administrativo analizar, de manera integral, las inconformidades del
accionante en cuanto al proceso formativo y evaluativo que derivó en la decisión
administrativa objeto de reproche.

Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó ninguna de
las circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para
superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es así porque:

a) Los cargos ofertados en la convocatoria No 27 no son aquellos de periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley.

b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el
primer lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa etapa de
la convocatoria cuestionada, además que no es el objeto de esta acción.

c) No se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos fundamentales del
concursante y no hay evidencia de que los fundamentos de las pretensiones y la
afectación puedan escapar del control del juez de lo contencioso administrativo. Por
tanto, no se acreditó que este asunto contenga “una marcada relevancia
constitucional”.

d) La parte actora no demostró ni en el proceso constitucional se observó que esta se
encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de salud, condición social
u otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al mecanismo
ordinario ante los jueces administrativos.

14

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En conclusión, se tiene que la pretensión elevada por el señor Zea Navarro no es
procedente vía acción de tutela, ante la existencia de un mecanismo judicial idóneo y
eficaz.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la desvinculación de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial y de la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 de la presente acción de
tutela.

SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por los señores
Gabriel Alfonso García Brunal y Ana Paula Puerta Mejía.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Juan Gabriel Zea Navarro, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

15

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