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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06140-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06140-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales. Segundo.- AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Régulo Pérez Ávila, quien actúa por intermedio de apoderada judicial. En consecuencia, Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 2 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del medio de control de reparación directa promovido por el señor Régulo Pérez Ávila y otros contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación (exp. 2016-00413-02). 25 La citada disposición establece: “ARTÍCULO 450. Acusado no privado de la libertad. Si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento”. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06140-00 Demandante: Régulo Pérez Ávila Cuarto.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo en el trámite del proceso de reparación directa con radicado 2016- 00413-02, en el que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta decisión. Quinto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo del Consejo. Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06140-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

20 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06140-00
Demandante: Régulo Pérez Ávila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06140-00
Demandante: RÉGULO PÉREZ ÁVILA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa para obtener indemnización de perjuicios por afectación al
buen nombre y honra por privación injusta de la libertad derivada de
una condena penal. Defectos por desconocimiento del precedente
judicial, sustantivo y violación directa de la Constitución

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Regulo Pérez Ávila, quien actúa por conducto de
apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de noviembre de 2024, la parte demandante acudió al juez constitucional
con el fin de que se proteja el derecho fundamental al debido proceso,
supuestamente vulnerado por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“4.1 Solicito respetuosamente, a los honorables Consejeros, se tutele el
derecho fundamental constitucional al DEBIDO PROCESO, y garantías
judiciales consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, vulnerado al
tutelante, con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante sentencia de segunda instancia, proferida el dos (02) de agosto de
esta anualidad (2024), notificada por correo electrónico el nueve (09) de agosto
de la misma adiada (2024), mediante el cual procedió a revocar el fallo del a-
quo, según lo anotado a lo largo de esta demanda de acción de tutela.

4.2 En consecuencia del amparo del derecho constitucional aludido, se
REVOQUE o se declare NULA, sin valor ni efecto, el fallo de segunda
instancia, de fecha dos (02) de agosto del año en curso (2024), notificada por
correo electrónico el nueve (09) de agosto de este hogaño (2024), proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del medio de reparación directa
promovida por el señor Régulo Pérez Ávila y otros; por lo expresado a lo largo
de esta demanda de acción de tutela.

4.3 Se ORDENE al Tribunal Administrativo de Caldas, que, en un término
prudencial del fallo de tutela, se profiera una nueva sentencia con base en los
lineamientos que para el efecto se realice”.

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Demandante: Régulo Pérez Ávila

2. Hechos

El accionante afirmó que se encontraba vinculado a la Rama Judicial, en el cargo
de escribiente grado II, en el centro de servicios de los Juzgados Penales del
Circuito de Manizales.

Sostuvo que el 17 de septiembre de 2013, la señora Marta Lilia Soto instauró una
denuncia penal en su contra, señalándolo de haberle solicitado a ella y a su madre
unas sumas de dinero para agilizar el trámite de una pensión de invalidez ante
Colpensiones, por lo que se le imputaron cargos por las conductas punibles de
concusión y asesoramiento ilegal.

Indicó que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Manizales se abstuvo de imponer medida preventiva de
aseguramiento, y que ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales se
llevó a cabo la audiencia de juicio oral que culminó el 27 de noviembre de 2015,
fecha en la que se emitió sentido de fallo condenatorio, por lo que fue capturado y
recluido en la cárcel de varones de Manizales desde esa fecha hasta el 18 de
enero de 2016, y luego en prisión domiciliaria desde el 19 de enero hasta el 30 de
marzo de 2016.

Agregó que la lectura de la sentencia de primera instancia se llevó a cabo el 18 de
enero de 2016, y en esta fue condenado a 99 meses de prisión, una multa de
66,66 smlmv e inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
mismo término de la sanción privativa de la libertad. En la sentencia se le concedió
el subrogado de la prisión domiciliaria en su calidad de padre cabeza de familia.

Del expediente ordinario allegado como prueba, se observa que la decisión penal
condenatoria de primera instancia tuvo como fundamento el análisis de los
testimonios allegados, de los que el juez consideró que no ofrecían credibilidad
“las explicaciones de la defensa referidas a un montaje por parte de la señora
Martha Lilia Soto frente a su madre con el objeto de quedarse con el dinero
exigido y demandado”, y que el investigado “no logró allegar prueba alguna que
demuestre dicho hecho favorable para sus intereses”.

Adujo que luego de que apelara esa decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales mediante sentencia de 30 de marzo de 2016, la
revocó y, en su lugar, dispuso absolverlo de los cargos, tras considerar que, del
cotejo de los testimonios rendidos en el caso, “las manifestaciones incriminatorias
de la denunciante no se sostienen”, por lo que concluyó “en realidad sus dichos
acusatorios son mendaces, lo cual de manera indefectible obliga a que deba
revocarse el fallo de primera instancia pero además por observarse que la testigo
acusadora y denunciante a la vez existió evidente falsedad se compulsarán copias
para que se le investigue por un delito contra la administración de justicia”. En la
sentencia se dispuso ordenar la libertad inmediata del señor Régulo Pérez Ávila y
la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigara
a la señora Martha Lilia Soto, por la presunta conducta punible de falso testimonio
quien a la postre fue condenada a la pena principal de 36 meses de prisión,
otorgándole la suspensión de la pena impuesta.

Refirió que, por los anteriores hechos, presentó demanda de reparación directa
contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les
condenara al pago de los perjuicios ocasionados al buen nombre, al honor y la
honra, a la salud, por la permanencia en centro reclusorio y por el lucro cesante
soportado, en tanto, indicó, no tenia el deber de soportar el trámite de un proceso
penal, el escarnio público, la afectación a su buen nombre, y la permanencia en un
centro de reclusión.

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Demandante: Régulo Pérez Ávila

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo Circuito de
Manizales mediante sentencia de 12 de junio de 2020, accedió a las pretensiones
de la demanda, tras considerar que la sentencia condenatoria de primera instancia
faltó al artículo 381 de la Ley 906 de 2004, el cual exige para condenar “el
conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad del
acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio”, pues omitió efectuar un
análisis conjunto y detallado de la totalidad de las pruebas y optó por dar plena
credibilidad a las manifestaciones de la denunciante, circunstancias que sí fueron
analizadas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales en la decisión que revocó la condena y le otorgó la libertad al señor
Pérez Ávila, lo que le generó al demandante un daño particular y grave que debía
ser reparado por el Estado.

Por último, expresó que el Tribunal Administrativo de Caldas por medio de
sentencia de 2 de agosto de 2024, revocó esa decisión y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, luego de considerar que la interpretación que realizó
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales de las
pruebas practicadas en el proceso penal fue totalmente diferente a la que había
expuesto el juez de primera instancia, y que “el análisis integral de las pruebas
obrantes en el proceso penal permite inferir que la privación de la libertad del
señor Pérez Ávila fue producto de un análisis que correspondió a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad por parte del Juez penal, en relación con los
elementos probatorios y evidencia física recaudada en ese trámite judicial”.

3. Fundamentos de la acción

El accionante hizo referencia al cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, e indicó que la
sentencia objetada incurre en desconocimiento del precedente judicial sobre
responsabilidad estatal en casos de privación injusta de la libertad, en tanto “no
aplicó en debida forma la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, según la cual, cuando la conducta es atípica, es procedente
acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa”, por lo que,
adujo, “desconoció las sentencias SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional y las
proferidas por el Consejo de Estado el 15 de agosto de 2018, radicado 46947, y el
6 de agosto de 2020”, lo que también configuraría un defecto sustantivo y por
violación directa de la Constitución.

Agregó que, en su criterio, la sentencia penal de segunda instancia concluyó que
el hecho no existió y que la conducta era objetivamente atípica, “lo cual permitía
descartar el estudio de la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida
impuesta; hasta el punto que la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, en
sentencia de segunda instancia que absolvió al accionante, ordenó compulsar
copias contra la denunciante, por la conducta punible de falso testimonio, reglado
en el artículo 442 del Código Punitivo”.

Aseveró que en la sentencia objetada, aunque se hizo referencia a la sentencia
SU-072 de 2018, se descartó de plano que lo concluido por los magistrados de la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales encajara en las
hipótesis de inexistencia del hecho o atipicidad de la conducta, al sostener que la
absolución tuvo como fundamento la imposibilidad de demostrar la materialidad y
responsabilidad del procesado en el delito investigado.

Refirió que, por el contrario, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales lo absolvió por considerar que ni siquiera se pudo comprobar por
parte del ente acusador que el procesado “hubiera realizado conductas típicas que
se ajustaran al delito de concusión y asesoramiento ilegal. Asimismo, sostuvo que

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Demandante: Régulo Pérez Ávila

esas conductas, «naturalísticamente entendidas», ni siquiera podrían considerarse
como típicas”.

De otra parte, indicó que “hacer referencia a la decisión absolutoria penal, en
desconexión de las particularidades del caso, y no examinar en detalle su
contenido, constituiría también un defecto fáctico”.

Adujo que en el caso la tutela procede como mecanismo para evitar un perjuicio
irremediable, el cual es el fallo objetado, por “desconocer el precedente
constitucional y demás sentencias del Consejo de Estado – Sección Tercera,
como se explicó a lo largo de esta demanda, por parte del Tribunal Administrativo
de Caldas”, y es “irremediable porque resulta incontrovertible que con la decisión
de revocar el fallo del a-quo y negar las pretensiones de la demanda de reparación
directa y al no aplicar verdaderamente la jurisprudencia constitucional del del
Consejo de Estado – Sección Tercera, para el caso concreto, tal como he
explicado a lo largo de esta demanda, el daño es irremediable”.

Finalmente, sostuvo que la absolución por parte del juez colegiado penal fue por la
imposibilidad de demostrar por parte de la Fiscalía General de la Nación la
materialidad y responsabilidad del procesado en la conducta punible de concusión
y asesoramiento ilegal, por lo que en el fallo objetado no se realizó un análisis
detallado y puntual sobre las consideraciones que estaban contenidas en la
providencia absolutoria, “que daban cuenta de que la absolución se dio por
atipicidad de la conducta del señor Pérez Ávila”.

4. Trámite procesal

Por auto de 28 de noviembre de 2024, el despacho admitió la demanda de tutela y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, a la Nación – Rama
Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a los señores Juan Alejandro Pérez
Bermúdez, María Bibiana Martínez Galindo, Mario Pérez, María Anaís Ávila de
Pérez, Ramiro Pérez Ávila, Luz Mirian Pérez Ávila, Jorge Iván Pérez Ávila, Lilia
Pérez Ávila, Alais Pérez Ávila, Nubia Pérez Ávila y Virgilio Pérez Ávila, como
terceros interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo dispuesto en el
artículo 610 del Código General del Proceso. La Secretaría General de esta
Corporación libró los oficios Nos. 299694 a 299702 del 2 de diciembre de 2024,
con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Caldas

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicita que se declare
la improcedencia de la solicitud, por cuanto, afirmó, la consideración de las
razones y argumentos expuestos por la parte accionante constituiría una instancia
adicional o un nuevo debate respecto de lo que ya se decidió por el juez natural
respetando el debido proceso, la doble instancia y las demás garantías superiores.

Sostuvo que el fundamento fáctico del escrito de tutela tiene relación directa con la
valoración y análisis probatorio, normativo y jurisprudencial realizado por el
Tribunal Administrativo de Caldas para proferir la decisión de fondo en el trámite
del medio de control de reparación directa al que se refiere la presente acción, lo
que permite concluir que la solicitud constitucional tiene como propósito debatir
nuevamente aspectos que debieron presentarse y discutirse ante los Despachos

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judiciales que conocieron en primera y segunda instancia el proceso de reparación
directa.

5.2. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales

El titular del despacho rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la
acción frente a ese despacho judicial, “en la medida en que no se encuentran
demostrados los requisitos generales para su viabilidad y no se encuentra probada
vulneración de derecho fundamental alguno a los accionantes”, por lo que solicitó
su desvinculación del presente trámite.

5.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La apoderada de la entidad presentó informe en el que solicitó que se declarara la
falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, declaró, no tiene
idoneidad para pronunciarse sobre las pretensiones presentadas por la parte
tutelante, toda vez que no tiene las facultades ni la competencia para acceder a
las pretensiones del accionante.

De otra parte, pidió declarar la improcedencia de la solicitud, en tanto, sostuvo, la
acción de tutela interpuesta no cumple con los requisitos para habilitar su estudio
de fondo, pues, a su juicio, la parte actora no realizó un estudio de los requisitos
específicos de procedencia ni acreditó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales, lo cual se puede evidenciar en el escrito de tutela en el que no
argumenta ni justifica tal vulneración.

Por último, afirmó que la solicitud carece de relevancia constitucional, pues no se
evidencia vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales y, por el
contrario, se vislumbra que se está utilizando la acción de tutela como mecanismo
para reabrir un debate legal ya definido, terminado y ejecutoriado, lo cual no
procede dado que el juez de tutela no puede usurpar el función del juez natural del
asunto.

5.4. Los señores Nubia Janeth Perez Avila, Juan Alejandro Pérez Bermúdez,
Mario Pérez, María Anaís Ávila de Pérez, Ramiro Pérez Ávila, Luz Mirian Pérez
Ávila, Alais Pérez Ávila, y Virgilio Pérez Ávila allegaron escritos en los que
manifestaron darse por notificados por conducta concluyente del auto admisorio
de 28 de noviembre de 2024.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente
asunto.

2. Cuestión preliminar

En el escrito de contestación de la acción de tutela, la apoderada de la Fiscalía
General de la Nación y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales
pidieron al juez constitucional que se les desvincule del trámite de tutela por falta
de legitimación en la causa por pasiva, debido a que consideran que no son
responsables de materializar las pretensiones del demandante.

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La legitimación por pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal
de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en la medida
que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso1.

Del análisis del expediente ordinario allegado como prueba, la Sala observa que la
vinculación de la Fiscalía General de la Nación, como tercero con interés en el
trámite constitucional, se da como consecuencia de haber actuado en condición
de demandada en el proceso de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela, por lo que le asiste interés en la presente acción, cuya pretensión
principal es que se deje sin efectos el fallo que le fue desfavorable.

En lo relativo al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, la Sala
considera que su vinculación como tercero con interés se encuentra justificada, en
tanto fue la autoridad judicial que conoció en primera instancia la demanda de
reparación directa en la que se dictó la decisión objetada.

En esas condiciones, no se accederá a la solicitud de desvinculación formulada
por las precitadas autoridades.

3. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 2 de agosto de 2024,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Caldas revocó el fallo favorable de
primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
que el accionante promovió contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente
responsables por los perjuicios ocasionados al buen nombre, al honor y la honra, a
la salud y por el lucro cesante, por haber tenido que soportar el trámite de un
proceso penal, el escarnio público, la afectación a su buen nombre, y la
permanencia en un centro de reclusión en razón a la condena penal impuesta por
el juez de primera instancia, incurre en desconocimiento del precedente judicial
sobre responsabilidad estatal en casos de privación injusta de la libertad, en tanto
no aplicó en debida forma la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional2, según la cual “cuando la conducta es atípica, es procedente
acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa”, lo que
determinaría que su caso se hubiera analizado bajo el régimen objetivo de
responsabilidad de daño especial.

Esta misma argumentación sustenta la supuesta configuración de los defectos
sustantivo y por violación directa de la Constitución.

Así mismo, le corresponde establecer si la sentencia objeto de tutela incurrió en
defecto fáctico, por “hacer referencia a la decisión absolutoria penal, en
desconexión de las particularidades del caso, y no examinar en detalle su
contenido”.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por

1
Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
2
Sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional y las proferidas por el Consejo de Estado el 15 de
agosto de 2018, radicado 46947, y el 6 de agosto de 2020.
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la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la

3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
7
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Constitución15.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. De la privación injusta de la libertad y el régimen de responsabilidad
aplicable de acuerdo con el criterio jurisprudencial desarrollado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado

En desarrollo del artículo 90 de la Constitución Política, el legislador instituyó la
responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos
jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley Estatutaria 270 de 1996,
específicamente en el artículo 65, así:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la
privación injusta de la libertad”.

De dicha norma se estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable
con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii)
privación injusta de la libertad.

En cuanto a la última circunstancia establecida en la norma, esto es, la
responsabilidad por los daños antijurídicos derivados de la privación injusta de la
libertad de las personas, el artículo 68 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, dispuso
lo siguiente:

“ARTICULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado
injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

De lo anterior, se observa que el legislador estableció los eventos en los cuales el
Estado puede responder por la acción u omisión de sus agentes judiciales, mas no
indicó cual era el régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, pues estos
han sido desarrollados por el juez contencioso administrativo a través de su
jurisprudencia.
15
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
8
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Demandante: Régulo Pérez Ávila

Por consiguiente, en razón a las posturas divergentes que se presentaron en los
diferentes juzgados, tribunales y hasta en las mismas Subsecciones de la Sección
Tercera del Consejo de Estado frente al régimen de responsabilidad con los que
se debían abordar los casos de privación injusta de la libertad, esta última
Corporación judicial dictó la sentencia de unificación del 17 de octubre de 201318,
en la cual se dispuso que la asignación objetiva de responsabilidad al Estado
aplicaba en los casos en que i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no
existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del
principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se
consideraba presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y
con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo
probarse únicamente la ocurrencia del daño mismo.

Pese a lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 201819, fijó
unas pautas generales para efecto de que los jueces analizaran los casos de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. En dicho
pronunciamiento, la Corte Constitucional explicó que “el artículo 90 de la
Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el
servicio es el título de imputación preferente”. Agregó que en la sentencia C-037
de 1996 se concluyó que “el significado de la expresión ‘injusta’ necesariamente
implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una
persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada,
previa la verificación de su conformidad a derecho”.

De otra parte, indicó que la detención preventiva es una figura distinta a la pena, y
los presupuestos para su procedencia también son diferentes, razón por la que
“los esquemas procesales penales han establecido una lista de requisitos para
imponer la medida de aseguramiento las cuales difieren en el grado de convicción
probatoria, frente a las exigencias para emitir sentencia condenatoria”. Frente a
este último escenario, recordó que “el artículo 381 del actual Código de
Procedimiento Penal –Ley 906/2004-- exige para condenar “el conocimiento más
allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado,
fundado en las pruebas debatidas en el juicio”.

Es decir, en palabras de la Corte Constitucional “el juez administrativo, al
esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica
exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y
ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996,
sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone
considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión
adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad […] el juez administrativo podrá elegir
qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido
por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse”.

6. Estudio y solución del caso concreto

6.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el presente caso, (i) la acción de tutela es de evidente relevancia constitucional
porque debe definirse si se vulneró al accionante el derecho fundamental al debido
proceso del accionante, con la sentencia del 2 de agosto de 2024, proferida por la
autoridad judicial accionada.

18
Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado No. 52001-23-31-000-1996-07459-01, C.P.: Mauricio Fajardo
Gómez.
19
M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Régulo Pérez Ávila

En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
legal, ni se reabre el debate litigioso, pues, dado el sentido favorable de la decisión
ordinaria de primera instancia, el accionante no tuvo la oportunidad de exponer los
argumentos que propone contra el fallo objeto de tutela. De allí que sea este
escenario constitucional el medio judicial idóneo para resolver la controversia
propuesta, con el fin de determinar si la decisión cuestionada afecta el contenido,
alcance y goce de las garantías individuales invocadas, aunado al hecho de que la
solicitud contiene una carga argumentativa mínima para su estudio de fondo.

De otra parte, (ii) se cumple el requisito de subsidiariedad, porque los accionantes
no cuentan con otro medio de defensa judicial, teniendo en cuenta que se agotó el
recurso de apelación contra la sentencia de 12 de junio de 2020, proferida por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, (iii) se cumple el
requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada
mediante correo electrónico enviado el 9 de agosto de 2024 y la acción de tutela
se presentó el 13 de noviembre de 2024, esto es, tres (3) meses y un (1) día
después, dentro del término prudencial precisado por esta corporación; (iv) se
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta
vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo
de tutela.

6.2. El Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, por indebida aplicación de la sentencia SU-072 de 2018

6.2.1. El señor Régulo Pérez Ávila, quien actúa por intermedio de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, al
considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, con la sentencia
de 2 de agosto de 2024, mediante la cual el tribunal accionado revocó el fallo
favorable de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa que inició contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente
responsables por los perjuicios ocasionados al buen nombre, al honor y la honra, a
la salud, y por el lucro cesante padecido y la privación injusta de la libertad
soportada, con ocasión del trámite de un proceso penal, el escarnio público, la
afectación a su buen nombre, y la permanencia en un centro de reclusión, en el
marco de la investigación penal y condena que afrontó por los delitos de
concusión y asesoramiento ilegal.

En su sentir, el fallo objetado incurre en desconocimiento del precedente
judicial sobre responsabilidad estatal en casos de privación injusta de la libertad,
en tanto “no aplicó en debida forma la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional, según la cual, cuando la conducta es atípica, es
procedente acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa”, por
lo que “desconoció las sentencias SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional y las
proferidas por el Consejo de Estado el 15 de agosto de 2018, radicado 46947, y el
6 de agosto de 2020”, lo que también configuraría los defectos sustantivo, fáctico
y por violación directa de la constitución.

6.2.2. La Sala precisa que efectuará el análisis conjunto de los defectos alegados
bajo las reglas del defecto por desconocimiento del precedente judicial, por
tratarse de aquel que mejor engloba los reparos que sustentan los fundamentos
de la acción.

La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica
que20: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente
20
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Demandante: Régulo Pérez Ávila

de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha
sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”.

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

6.2.3. Del análisis del expediente ordinario allegado como prueba, se observa que,
en la demanda de reparación directa interpuesta por el señor Régulo Pérez Ávila,
este solicitó que se condenara a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama
Judicial al pago de los perjuicios ocasionados al buen nombre, al honor y la honra,
a la salud, por el lucro cesante padecido y por la privación injusta de la libertad
soportada, con ocasión del trámite de un proceso penal, el escarnio público, la
afectación a su buen nombre, y la permanencia en un centro de reclusión, en el
marco de la investigación penal y condena que afrontó por los delitos de
concusión y asesoramiento ilegal.

En este sentido, conforme con la demanda, la supuesta privación injusta de la
libertad padecida por el accionante tuvo lugar en la cárcel de varones de
Manizales desde el 17 de noviembre de 2015 hasta el 18 de enero de 2016, y
luego en prisión domiciliaria desde el 19 de enero hasta el 30 de marzo de 2016.

En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales
en sentencia de 12 de junio de 2020, al analizar el daño que soportaba las
pretensiones, sostuvo que este consistía en el hecho debidamente acreditado de
que el señor Pérez Ávila estuvo privado de su libertad por la condena penal
decretada en su contra por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales,
desde el 27 de noviembre de 2015, fecha en la que se dio a conocer el sentido del
fallo y fue capturado y encarcelado conforme con lo dispuesto en el artículo 450 de
la Ley 906 de 200421, hasta el 30 de marzo de 2016, cuando el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales revocó la condena proferida en primera instancia
y, en su lugar, dispuso absolverlo de los cargos, ordenar su libertad inmediata y
compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara a la
señora Martha Lilia Soto por la presunta conducta punible de falso testimonio,
quien a la postre fue condenada por esos hechos a la pena principal de 36 meses
de prisión.

Como fundamento de dicha decisión, el juzgado consideró que la sentencia del
juez penal de primera instancia faltó al artículo 381 de la Ley 906 de 2004, el cual
exige para condenar “el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de
la responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio”,

21
ARTÍCULO 450. Acusado no privado de la libertad. Si al momento de anunciar el sentido del fallo el
acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad
hasta el momento de dictar sentencia. Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este
código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.
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Demandante: Régulo Pérez Ávila

pues, en su criterio, omitió efectuar un análisis conjunto y detallado de la totalidad
de las pruebas y optó por dar plena credibilidad a las manifestaciones de la
denunciante, lo que le generó al demandante un daño particular y grave que
superaba las cargas públicas y que debía ser reparado por el Estado.

Luego de que las demandadas apelaran esa decisión, el Tribunal Administrativo
de Caldas en sentencia de 2 de agosto de 2024, objeto de tutela, revocó esa
determinación en fallo en el que sostuvo que el daño por el que se solicitaba la
reparación pretendida por el demandante se hallaba probado, en tanto “el señor
Régulo Pérez Ávila fue privado de su libertad entre el 27 de noviembre de 2015,
fecha en la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales le impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario
dentro del proceso penal radicado 2013-01239”. Es decir, el tribunal accionado
consideró, erradamente, que la privación de la libertad por la que se solicitaba la
reparación de perjuicios en el caso tenía como origen una medida cautelar
impuesta al señor Pérez Ávila mientras se hallaba imputado, lo que no
corresponde con lo probado en el caso.

A partir de dicha consideración, el tribunal analizó la imputación de
responsabilidad en el caso bajo el título de falla en el servicio, el cual consideró no
configurado, en tanto, indicó, “las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación
y de la Rama Judicial se enmarcaron en las normas que regulan la jurisdicción,
competencia y procedimiento en materia penal, por lo que la antijuridicidad del
daño no encuentra fundamento en materia de procedimiento y desarrollo del
proceso penal”. Allí, al analizar el sustento de las decisiones judiciales adoptadas
en torno a la privación de la libertad cuestionada, sostuvo lo siguiente:

“Contrario pues a lo sostenido por la Juez de primera instancia, para este Tribunal las
pruebas presentadas por la Fiscalía como sustento de la acusación contra el señor
Régulo Pérez Ávila, generaban un grado mínimo de convicción en relación con la
posible participación de éste en las conductas endilgadas, y sí permitían inferir
razonablemente que aquel podía ser responsable de los delitos investigados.

La inferencia razonable de que trata el artículo 308 del CPP debe hacerse en
términos de probabilidad y no de certeza, pues ésta es la que debe establecerse
en el juicio oral. En esa medida, la inferencia con probabilidad de verdad no es
exigida por la ley para la imposición de medida de aseguramiento, sino de la
posterior acusación y condena.

Ahora, la circunstancia consistente en que con posterioridad al fallo de primera
instancia en el proceso penal no existiera certeza de la responsabilidad del
acusado, no hace desaparecer la inferencia razonable de autoría en el punible
investigado, que en su momento se tuvo para proferir fallo condenatorio, máxime si las
pruebas habrían de ser valoradas y apreciadas en el marco del juicio oral.

En ese orden de ideas, la Sala estima que, independientemente de que con
posterioridad al fallo penal de primera instancia se ofreciera para el Tribunal Superior
un panorama diferente al que se dio al inicio de la investigación penal, en el que
predominaron las dudas sobre la participación del acusado y fue evidente la falta de
elementos probatorios que permitieran desvirtuar su presunción de inocencia, lo
cierto es que para el momento en que se emitió la condena contra el señor Pérez
Ávila se cumplían los requisitos previstos por el CPP para ello, al margen de las
diferencias en la interpretación de las pruebas del proceso penal por parte de las
autoridades judiciales competentes”.

6.2.4. Conforme con lo anterior, para la Sala la autoridad judicial accionada
incurrió en una indebida aplicación del precedente judicial contenido en la
sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, en tanto el análisis del título
de imputación se efectuó bajo las reglas allí desarrolladas para los eventos de
privación de la libertad con ocasión de medidas de aseguramiento, mismas que no
eran aplicables al caso, en el que la privación de la libertad provino de una
condena penal.
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Demandante: Régulo Pérez Ávila

Ese yerro determinó que en el caso se analizara la razonabilidad y legalidad de la
privación de la libertad a la luz de establecido en el artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal22, norma que no proporciona los elementos para efectuar ese
juicio para el caso, en tanto hace referencia a los requisitos con los que debe
contar el juez de control de garantías para decretar una medida de aseguramiento,
escenario completamente diferente al presentado en el caso, en el que la privación
de la libertad que se señala injusta, se insiste, proviene de una condena penal
impuesta por el juez de conocimiento.

En efecto, como se anotó en las consideraciones, en la sentencia SU-072 de
201823, la Corte Constitucional aclaró que la jurisprudencia constitucional se ha
concentrado en establecer las significativas diferencias que subyacen entre la
detención preventiva y la pena, en donde explicó que esta última es el “resultado
de un proceso penal durante el cual, con la previa observancia de todas las
garantías procesales, se ha vencido a un ciudadano y se ha determinado que la
sanción por desestabilizar el ordenamiento jurídico penal en desmedro de los
bienes jurídicamente tutelados de otro(s) conciudadanos debe ser la restricción de
su libertad”.

En la mencionada sentencia de unificación, la Corte refirió que las dos figuras,
pena y detención preventiva, no solo son compatibles con la Constitución Política,
sino que, en el caso de la segunda, no comporta una agresión del principio de
presunción de inocencia, dado que “una cosa es detener al individuo contra el cual
existen indicios graves acerca de que puede ser responsable penalmente, para
que esté a disposición de la administración de justicia mientras se adelanta el
proceso en su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los trámites procesales y
celebrado el juicio con observancia de todas las garantías, reconocimiento y
práctica del derecho de defensa, se llegue por el juez a la convicción de que en
realidad existe esa responsabilidad penal y de que, por tanto, debe aplicarse la
sanción contemplada en la ley. Es entonces cuando se desvirtúa la presunción de
inocencia y se impone la pena24”.

La anterior diferenciación ha determinado que, al analizar el carácter justo o
injusto de una medida de aseguramiento el juez deba efectuar valoraciones para
determinar si la decisión se enmarca en los presupuestos de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad de cara a las normas que establecen los requisitos
para la imposición de esas medidas, las cuales no se pueden aplicar al análisis de
legalidad de una privación de la libertad derivada de una condena penal, pues,
como se observó, se trata de una institución jurídica completamente diferente, en
la que, a través de un juicio con observancia de todas las normas y garantías, se
ha desvirtuado la presunción de inocencia del ciudadano, por lo que el juicio de
legalidad se debe realizar de cara a la norma que establece las exigencias para
condenar, para el caso, el artículo 381 de la Ley 906 de 2004.

Conforme con lo anterior, en el caso es claro que el defecto por indebida
aplicación de la sentencia SU-072 de 2018 se configura, en tanto, como se
observó, el tribunal aplicó la regla jurisprudencial allí prevista para el análisis de

22
ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o
de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y
evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir
razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre
y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
Jurisprudencia Vigencia
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el
debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
23
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
24
Sentencia C-106 de 1994. Cfr. sentencias C-416 de 2002 y C-695.
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Demandante: Régulo Pérez Ávila

legalidad de la privación preventiva de la libertad, mientras que en el caso que
originó la controversia la privación de la libertad señalada como injusta devino de
una condena penal, por lo que dicho análisis no podía efectuarse bajo esas
normas.

Valga precisar que en el asunto bajo estudio, en el que la jurisprudencia invocada
como precedente judicial desconocido desarrolla varias reglas para la resolución
de los asuntos en una materia determinada, el cumplimiento del deber de aplicar
un precedente vinculante solo se agota al verificar su aplicación conforme con la
regla particular que se alega desconocida, so pena de incurrir en la configuración
de un defecto por su indebida aplicación, como ocurre en esta ocasión. Es decir, la
simple mención de la providencia que contiene reglas de decisión vinculantes no
basta para considerar que un precedente particular ha sido adecuadamente
aplicado, sino que se requiere evidenciar su incidencia en la decisión.

Conforme con lo anterior, la Sala dejará sin efecto la sentencia objetada dictada
por el Tribunal Administrativo de Caldas y ordenará que se profiera una decisión
de reemplazo en la que se incorpore al análisis que la privación de la libertad tuvo
lugar con ocasión de lo dispuesto en el artículo 450 de la Ley 906 de 200425,
aplique la regla jurisprudencial desarrollada en la sentencia SU-072 de 2018 para
las privaciones de la libertad con ocasión de una condena penal y adopte la
decisión a que haya lugar.

Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso del
señor Regulo Pérez Ávila, vulnerado como consecuencia de la indebida aplicación
del precedente judicial en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Caldas, por
lo que se dejará sin efecto el fallo de 2 de agosto de 2024, y se dispondrá que
dentro del término de veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia dicte una decisión de reemplazo, de conformidad con las
consideraciones aquí expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero.- NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales.

Segundo.- AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor
Régulo Pérez Ávila, quien actúa por intermedio de apoderada judicial. En
consecuencia,

Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 2 de agosto de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del medio de control de
reparación directa promovido por el señor Régulo Pérez Ávila y otros contra la
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación (exp. 2016-00413-02).

25
La citada disposición establece: “ARTÍCULO 450. Acusado no privado de la libertad. Si al momento de
anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que
continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Si la detención es necesaria, de conformidad con
las normas de este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06140-00
Demandante: Régulo Pérez Ávila

Cuarto.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas que, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de
reemplazo en el trámite del proceso de reparación directa con radicado 2016-
00413-02, en el que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta
decisión.

Quinto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.

Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

15
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