Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06149-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06149-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06149-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2024-06149-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: TERESA GONZÁLEZ PARRA Y OTROS.
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN EL DEFECTO INVOCADO,
PUES DEL ESTUDIO JURÍDICO, JURISPRUDENCIAL Y PROBATORIO
LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO LOGRÓ ADVERTIR EL
NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y LA IMPUTACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD AL ESTADO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIOS DE
CONFIANZA LEGÍTIMA Y SEGURIDAD JURÍDICA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE1
y la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO2.
1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante la Sección Tercera.
2
Número único de radicación: 110010315000-2024-06149-00
Actores: TERESA GONZÁLEZ PARRA Y OTROS.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores TERESA GONZÁLEZ PARRA, ZORINA, CARLOS
IGNACIO y MARGIE BRIGITTE CHAPARRO GONZÁLEZ,
actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a los principios
de confianza legítima y seguridad jurídica, los cuales estima
vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA al haber
proferido las providencias de 27 de agosto de 2020 y 4 de junio de
2024, respectivamente, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 2018-00153-
01.
I.2.- Hechos
Indicaron que el 2 de junio de 1999, miembros de las denominadas
autodefensas campesinas de Casanare aprehendieron ilegalmente a
los menores JAVIER ESTEBAN y JACOBO CHAPARRO GONZÁLEZ
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Actores: TERESA GONZÁLEZ PARRA Y OTROS.
(Q.E.P.D.) de su vivienda ubicada en el Municipio de Maní.
Señalaron que los menores JAVIER ESTEBAN Y JACOBO
CHAPARRO GONZÁLEZ (Q.E.P.D.) fueron asesinados y sus cuerpos
fueron abandonados frente a la Alcaldía Municipal de Villanueva el 15
de julio de 1999, circunstancia que fue puesta en conocimiento de
las autoridades.
Manifestaron que el JUZGADO ÚNICO PENAL DEL CIRCUITO DE
CASANARE asumió el conocimiento de una investigación penal en
contra del señor Melquisedec González Camargo alias “cachilapo”, y
mediante sentencia de 14 de julio de 2017 lo condenó por el rapto y
posterior ejecución de los menores JAVIER ESTEBAN Y JACOBO
CHAPARRO GONZÁLEZ (Q.E.P.D.).
Recalcaron que los restos de los menores JAVIER ESTEBAN Y
JACOBO CHAPARRO GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), no han sido
entregados, por lo que no han podido darle sepultura según sus
costumbres y religión.
Explicaron que junto a los señores ESTEBAN CHAPARRO CANO,
ROBINSÓN y JESÚS ARNOLDO CHAPARRO GONZÁLEZ el 16 de
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noviembre de 2018, presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la NACIÓN- MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL3 y el MUNICIPIO DE
MANÍ4, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los
perjuicios de orden moral y la reparación integral, ocasionados por
la desaparición, tortura y muerte de los menores JAVIER ESTEBAN
Y JACOBO CHAPARRO GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), por la omisión en el
cumplimiento del deber de protección.
Indicaron que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 85001-23-33-000-2018-00153-00 y le correspondió en
primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 27 de
agosto de 2020, declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control en aplicación de la sentencia de unificación de 29
de enero de 2020.
Aseguraron que inconformes con la anterior decisión formularon
recurso de apelación ante la SECCIÓN TERCERA que, mediante fallo
de 4 de junio de 2024, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda, al no evidenciar el nexo de
3
En adelante el Ministerio.
4
En adelante el Municipio.
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causalidad entre el hecho y la falla del servicio alegada por los
demandantes.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de los actores, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente, al apartarse sin
justificación del criterio jurisprudencial desarrollado en providencia
de 3 de agosto de 20175 proferida por la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación, en la que según su
consideración, en asuntos similares se ha encontrado fundada la
responsabilidad del Estado dadas las circunstancias en las que la
asechanza de los grupos ilegales contra la población civil era
evidente, persistente y escalada.
Señalaron que, en razón al precedente señalado y las circunstancias
especiales que involucraron la desaparición y muerte de los menores
sujetos especiales de protección Constitucional, conllevaron la
configuración el defecto aludido, dada la omisión de los elementos
esenciales que afectan las decisiones judiciales.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 13001 23 31
000 2001 01492 01, CP: doctor Ramiro Pazos Guerrero.
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Actores: TERESA GONZÁLEZ PARRA Y OTROS.
Recalcaron que “[…] está probada la falla del servicio por el hecho
evidente de vulnerabilidad en que se encontraban los menores de
edad, los niños JAVIER ESTEBAN CHAPARRO GONZALEZ y su
hermanito JACOBO CHAPARRO GONZALEZ, por lo que debe
concluirse que los daños sufridos por los demandantes en junio de
1999 a manos de las “Autodefensas Campesinas del Casanare” son
imputables a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional - a título de falla del servicio, toda vez que se evidenció que
el Estado faltó a su deber de proteger y brindar seguridad a la
población de MANI - CASANARE, lo de desembocó en la desaparición
de los niños […]”.
Finalmente, aseguraron que al tenor de la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 20146, deben reconocerse y ordenarse medidas
de carácter no pecuniario, garantizando la entrega formal y definitiva
de los restos mortales de los menores previa verificación del ADN,
esto a efectos de asegurar la implementación de las normas
internacionales de protección de los derechos humanos.
I.4.- Pretensiones
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación núm. 32.988,
CP: doctor Ramiro Pazos Guerrero.
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Como consecuencia de lo anterior, los actores solicitan el amparo de
sus derechos fundamentales invocados como violados y, en
consecuencia:
“[…] 1.- Mediante sentencia de tutela se amparen los derechos
fundamentales de mis representados a la A LA IGUALDAD, AL
DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD JURIDICA, AL DEBIDO
PROCESO, a la CONFIANZA LEGITIMA ENTRE OTROS
DERECHOS; y demás derechos fundamentales que se vean
vulnerados o se encuentren en riesgo de vulneración.
2.- Como Consecuencia de la anterior Solicitud, se deje sin
efectos la decisión contenida en la Sentencia de fechada en
Bogotá D.C. cuatro (4) de junio de 2024, del HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION A, dentro
del proceso Radicado Número. 85001-2333-000-2018-00153-
00, por el Medio de control de reparación directa, siendo
demandantes TERESA GONZÁLEZ PARRA, ESTEBAN CHAPARRO
CANO, ZARINA CHAPARRO GONZÁLEZ, RÓBINSON CHAPARRO
GONZÁLEZ, JESÚS ARNOLDO CHAPARRO GONZÁLEZ Y CARLOS
IGNACIO CHAPARRO GONZÁLEZ; y demandados: LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y MUNICIPIO
DE MANI, sentencia de fecha 13 de diciembre de 2021.
3.- Como consecuencia de lo anterior se ordenen las
pretensiones indemnizatorias contenidas en la demanda.
4.- Se apliquen las facultades extra y ultra petita del Juez de
tutela, para tomar las decisiones según las situaciones que
resulten probadas en el trámite de la acción constitucional.
5.- Solicito al señor Juez de Tutela, Honorables Magistrados, se
sirvan realizar el seguimiento a este asunto en concreto […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente la
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solicitud de amparo, por cuanto no cumple con el requisito general
de la relevancia constitucional, pues, a su juicio, la decisión
cuestionada se fundó en la valoración de las pruebas legalmente
allegadas al expediente, en los lineamientos jurisprudenciales
aplicables al caso y con estricto apego de las garantías sustanciales
y procesales.
Asimismo, señaló que la providencia cuestionada no adolece del
defecto invocado en la solicitud de amparo, en tanto analizó los
hechos materia de controversia y flexibilizó los estándares
probatorios para estudiar de fondo el asunto, teniendo en cuenta la
grave violación de los derechos humanos asociados al conflicto
armado.
I.5.2.- El TRIBUNAL indicó que las pretensiones de la acción de
tutela no están llamadas a prosperar, por cuanto la providencia
proferida por ese despacho judicial no surtió efectos, esto, en razón
a que la Sección Tercera -Subsección A- del Consejo de Estado
mediante sentencia de 4 de junio de 2024, revocó en su integridad
el fallo proferido.
Aseguró que no es posible conculcar vulneración alguna de los
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derechos fundamentales, en tanto la sentencia de 27 de agosto de
2020 nunca surtió efectos jurídicos.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El MINISTERIO manifestó que la acción de tutela es
improcedente, por cuanto la parte actora no demostró la existencia
de un perjuicio irremediable derivado de la decisión adoptada por la
autoridad judicial cuestionada.
Aseguró que en el asunto no se observa una amenaza inminente e
injustificada que amerite el estudio del mecanismo constitucional
para acceder a las pretensiones, máxime cuando el problema jurídico
fue ventilado a través de otras vías jurídicas idóneas.
I.6.2.- Los señores ESTEBAN CHAPARRO CANO, ROBINSÓN y
JESÚS ARNOLDO CHAPARRO GONZÁLEZ y el MUNICIPIO DE
MANÍ- CASANARE, vinculados en calidad de terceros con interés
directo en las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida
forma, guardaron silencio.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
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jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
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alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a los principios
de confianza legítima y seguridad jurídica y, en consecuencia, se
dejen sin efecto las sentencias de 27 de agosto de 2020 y 4 de junio
de 2024, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 85001-23-33-000-
2018-00153-00.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,
incurrieron en desconocimiento del precedente, al apartarse sin
justificación del criterio jurisprudencial desarrollado en providencia
de 3 de agosto de 2017 proferida por la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación, en la que según su
consideración, en asuntos similares se ha encontrado fundada la
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responsabilidad del Estado, dadas las circunstancias en las que la
asechanza de los grupos ilegales contra la población civil era
evidente, persistente y escalada.
Señalaron que en razón al precedente señalado y las circunstancias
especiales que involucraron la desaparición y muerte de los menores
sujetos especiales de protección Constitucional, conllevaron la
configuración el defecto aludido, dada la omisión de los elementos
esenciales que afectan las decisiones judiciales.
Finalmente, aseguraron que, al tenor de la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2014, deben reconocerse y ordenarse medidas
de carácter no pecuniario, garantizando la entrega formal y definitiva
de los restos mortales de los menores previa verificación del ADN,
esto a efectos de asegurar la implementación de las normas
internacionales de protección de los derechos humanos.
Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita
dejar sin efectos tanto la providencia de 27 de agosto de 2020
proferida por el TRIBUNAL, como la dictada el 4 de junio de 2024
por la SECCIÓN TERCERA, la Sala realizará únicamente el análisis
de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
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frente a la sentencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la
que dio por terminado el proceso.
En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si el presente caso
cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
SECCIÓN TERCERA vulneró los derechos deprecados e incurrió en
el desconocimiento del precedente, al haber proferido la
providencia de 4 de junio de 2024 dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2018-00153- 01.
La Sala observa que en el presente caso sí se cumple con el requisito
general de la relevancia constitucional, por cuanto los actores
plantean con suficiente carga argumentativa las razones por las
cuales, en su criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales;
contra la decisión que puso fin al medio de control de reparación
directa no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales
de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del
CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la
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acción de tutela se interpuso en un plazo razonable7, la solicitud
identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por
último, no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
En ese orden de ideas, visto que el presente caso cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, la Sala hará mención del marco jurídico del
defecto alegado, para enseguida abordar el estudio del fondo del
asunto.
Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
7
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente8 […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial9.
8
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
9
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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No obstante, lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)10.
Caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,
se debe examinar lo decidido en la sentencia de 4 de junio de 2024
proferida por la SECCIÓN TERCERA, aquí cuestionada, en la cual se
indicó lo siguiente:
“[…] Problema jurídico
21. En los términos del recurso de apelación, el análisis de la Sala
se circunscribe a verificar si el medio de control impetrado se
presentó oportunamente. De verificarse esa condición, se
procederá a analizar la imputación derivada de la supuesta falla
del servicio de seguridad y protección imputable a la Policía y al
Municipio de Maní, que determinó la desaparición forzada de los
referidos menores de edad.
22. Con el objetivo de dilucidar el problema jurídico planteado,
por las particularidades del caso -que se abordarán en el curso
del análisis- la Sala se propone a verificar si en el presente asunto
se configuran los elementos constitutivos de la desaparición
forzada, a partir de lo cual se establecerá el momento del inicio
del cómputo de la caducidad.
10
Ver sentencia T-292 de 2006.
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Análisis de caducidad frente al delito de desaparición
forzada […]
37. En virtud de los aludidos principios, la Subsección efectuará
el cómputo de la caducidad a la luz de las disposiciones
establecidas para los daños derivados del delito de desaparición
forzada, dado que, se insiste, los menores fueron privados en
contra de su libertad, no se han hallado sus restos y no se tiene
certeza de que sus cuerpos hayan sido identificados, lo cual
permite establecer que se configuró el delito de desaparición
forzada de personas, en los términos de la normativa relacionada
al inicio de este acápite.
38. Así, de cara a las pretensiones indemnizatorias formuladas
con ocasión de las conductas constitutivas de desaparición
forzada, el inciso 2º ejusdem prevé una regla especial de
caducidad idéntica a la que adicionó el artículo 7º de la Ley 589
de 200037. En este sentido, dispone que, sin perjuicio de que la
demanda pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron
los hechos que dieron lugar a la desaparición, el término de los
2 años para formular la pretensión de reparación directa derivada
de desaparición forzada se contará a partir de la fecha en que
aparezca la víctima lo que ocurre si es liberada o se hallan e
identifican sus restos; o en su defecto desde la ejecutoria del
fallo definitivo adoptado en el proceso penal.
39. Por consiguiente, no es posible iniciar el cómputo del término
de caducidad en el caso concreto, ante la incertidumbre del
paradero de los restos mortales de los menores Javier y Jacobo
Chano y la falta de existencia de una decisión en firme adoptada
en un proceso penal respecto del delito de desaparición forzada.
40. De conformidad con lo expuesto, se revocará la decisión de
primer grado que declaró la caducidad del medio de control y, en
su lugar, se procede a analizar el fondo del asunto.
Caso concreto […]
43. Ahora, debe advertirse que el examen de caducidad concluyó
con su inoperancia frente a la desaparición forzada, de manera
que solo frente a este hecho procede el análisis de fondo de la
responsabilidad deprecada.
44. En estas condiciones se sesga el estudio de un juicio de
responsabilidad por los daños derivados por el hecho de la
muerte e incluso en torno la tortura, hecho que si bien no fue
desarrollado dentro del supuesto factico de la demanda si halló
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contenido en la pretensión indemnizatoria.
45. Precisado lo anterior, la prueba recaudada es indicativa de
tal desaparición pues -como se indicó- de la documental aportada
a la foliatura, en particular de la decisión penal que se adoptó el
14 de julio de 2017, en el marco del proceso penal seguido en
contra de Melquisedec González Camargo alias “cachilapo”,
evidencia que los referidos menores fueron sacados del lugar de
su residencia el 2 de junio de 1999 con el fin de ultimarlos, sin
que se tenga conocimiento de su paradero, ni que sus restos
hayan sido entregados a sus familiares.
46. Establecida la existencia del daño, se procederá a efectuar el
análisis frente la imputación en clave de analizar la omisión al
deber de protección que, en criterio de los actores, le resultaba
atendible a las demandadas.
Responsabilidad del Estado por omisión en el deber de
protección […]
50. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 11 y 13
de la Constitución, a las autoridades de la República les
corresponde proteger la vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades de todas las personas residentes en
Colombia, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares; además, están
llamadas a garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades públicas, por lo que están obligadas
a evitar cualquier afectación a la libertad de las personas.
51. Tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos
violentos cometidos por terceros, esta Sección del Consejo de
Estado ha considerado que los mismos pueden ser imputables al
Estado cuando: i) en la producción del hecho dañoso intervino o
tuvo participación la Administración Pública a través de una
acción u omisión constitutivas de falla del servicio; ii) en los
eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de
miembros activos del Estado o, iii) cuando la persona contra
quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las
autoridades y éstas no se la brindaron o, iv) porque en razón de
las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el
hecho era previsible y no se realizó actuación alguna dirigida a
su protección42.
52. Respecto de los deberes de seguridad y protección del Estado
para con las personas residentes en el territorio nacional, esta
Sección del Consejo de Estado ha precisado que el Estado debe
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responder patrimonialmente a título de falla del servicio por
omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando:
i) se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia,
sin brindarles protección, en especial cuando se tiene
conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo
desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; ii) se
solicita protección especial, con justificación en las especiales
condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; iii) no se
solicita expresamente dicha protección pero es evidente que las
personas la necesitaban, en consideración a que existían pruebas
o indicios conocidos que permitieran asegurar que se
encontraban amenazadas o expuestas a sufrir graves riesgos
contra su vida, en razón de sus funciones.
53. A la par de lo anterior, también se ha indicado que a pesar
de que es un deber inherente al Estado garantizar la protección
a todas las personas residentes en el país, no le son imputables
todos los daños a la vida, a la integridad física, o a los bienes de
las personas causados por terceros, porque las obligaciones del
Estado son relativas, debido a que a este no le son predicables
obligaciones exclusivamente de resultado, en la medida que se
circunscriben a sus capacidades de atención y respuesta en cada
caso concreto de acuerdo con los medios disponibles, en tanto
que nadie, incluido el Estado, está obligado a lo imposible44. Esta
reflexión deja a salvo el criterio de falla del servicio respecto de
que en los eventos en los que se compruebe que, teniendo la
oportunidad, las autoridades omitieron desplegar su capacidad
disponible para evitar daños a las personas o su patrimonio, se
debe tener por comprometida la responsabilidad estatal.
La flexibilización de los estándares probatorios en materia
de violaciones graves a los derechos humanos
54. En sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, la
Sección Tercera de esta Corporación estableció la posibilidad de
flexibilizar las reglas de apreciación y de valoración probatoria en
los eventos de responsabilidad del Estado en casos en los que se
encuentren acreditadas graves violaciones a los derechos
humanos, dado que este tipo de hechos se desarrolla en zonas
alejadas de los centros urbanos y en contextos de impunidad,
circunstancias que hacen que las víctimas -especialmente
personas de bajos recursos económicos y de escasa formación
educativa- se encuentren en una situación de debilidad
manifiesta que en muchos casos trasciende al ámbito procesal,
por la dificultad de acreditar cómo ocurrieron los hechos.
55. De esta forma, se ha aceptado dar especial relevancia a la
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prueba por indicios a efectos de determinar la responsabilidad
extracontractual del Estado, evento en el cual, el juez
contencioso administrativo puede determinar la responsabilidad
estatal a partir de inferencias que se soportan en hechos
debidamente probados que permitan dar por acreditados otros
supuestos de hecho a partir de la aplicación de máximas de la
experiencia y a los patrones delictivos propios de las ejecuciones
extrajudiciales.
56. Esta Corporación, la Corte Constitucional y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos han acudido a ese criterio
de manera indistinta para i) la valoración y los requisitos para
decretar e incorporar pruebas trasladadas de procesos penales o
disciplinarios, ii) determinar el alcance de los indicios para
atribuir responsabilidad patrimonial al Estado, iii) establecer el
valor probatorio de la prueba documental y testimonios
sospechosos, iv) señalar conductas o actuaciones que pueden
ser indicios de responsabilidad del Estado, v) variar la carga de
la prueba, vi) imponer deberes al juez frente al decreto de
pruebas de oficio, vii) variar las oportunidades probatorias y
viii) acreditar hechos que requieren prueba ad substantiam
actus mediante otras medios de convicción, etc. […]
58. Adicionalmente, esta Sección ha acudido a la “flexibilización
probatoria” para: i) declarar la responsabilidad patrimonial de la
Nación con base en las pruebas recaudadas y las decisiones
adoptadas en un proceso penal50, en el sentido de considerar
que se deben valorar como pruebas documentales en el proceso
de reparación y suficientes para endilgar responsabilidad siempre
que logren estructurar los elementos de responsabilidad estatal
bajo las reglas de la sana crítica51; ii) privilegiar con base en las
reglas de la experiencia las pruebas que acrediten un grado
superior de probabilidad lógica o de probabilidad prevaleciente,
en los eventos en que las pruebas recaudadas en el proceso
soporten varias hipótesis52; iii) valorar con especial relevancia
los indicios al momento de determinar la responsabilidad
patrimonial de la Nación en los casos en los cuales no puede
identificarse a los autores de una ejecución extrajudicial, sumaria
o arbitraria, eventos en los que la prueba indiciaria “resulta
idónea y única”53; iv) valorar las pruebas relacionadas con la
demostración de hechos dañosos a la luz de patrones delictivos,
bajo la premisa que para demostrar la responsabilidad
extracontractual del Estado no se debe contar con el mismo
grado de individualización de los actores y la determinación de
las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que se
requiere para endilgar responsabilidad penal.
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59. Por su parte la Corte Constitucional, con ocasión de
sentencias de tutela proferidas en relación con fallos dictados por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha indicado de
manera general que el juez ordinario debe flexibilizar los
estándares probatorios frente a la demostración de la acción u
omisión del Estado; sin embargo, pese a que ha fijado algunos
parámetros sobre el particular en especial sobre la valoración de
la prueba indiciaria, lo cierto es que no se advierten parámetros
generales claros que permitan al juez ordinario cumplir con el
deber de “flexibilizar”, lo cual ha conllevado a que en múltiples
ocasiones se dejen sin efecto las sentencias proferidas por el
Consejo de Estado en esos asuntos. […]
62. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de forma general ha acudido a ese concepto para indicar que en
casos de responsabilidad por violación de derechos humanos el
juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba,
razón por la cual los tribunales internacionales tienen la potestad
de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana
crítica, sin que se adopte una determinación rígida respecto del
quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo.
63. En la sentencia de 29 de julio de 1988 del caso Velásquez
Rodríguez vs. Honduras58, señaló que los criterios de valoración
probatoria son menos formales en estos asuntos, razón por la
cual se debe considerar que la prueba directa “no es la única que
puede legítimamente considerarse para fundar la sentencia”, de
ahí que siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones
consistentes sobre los hechos “la prueba indiciaria o presuntiva
resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias
sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se
caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que
permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las
víctimas”. Bajo tal contexto, indicó que “a diferencia del derecho
penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos
humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la
imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el
Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos
ocurridos dentro de su territorio”59. En el mismo sentido, en la
sentencia del 20 de noviembre de 2013, caso de las comunidades
afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica
(operación génesis) vs. Colombia, la Corte acudió al concepto de
flexibilización del estándar probatorio para efectos de establecer
la identidad y estado civil de las víctimas, con pruebas diferentes
al registro civil.
64. En suma, la Corte IDH ha acudido a ese concepto para
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efectos de establecer la responsabilidad del Estado frente de
violaciones a derechos humanos, sin que se determine un
“quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo”, para lo
cual ha establecido que cuenta con una “amplia flexibilidad en la
valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos
pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en
la experiencia” a efectos de establecer la responsabilidad del
Estado frente a tales infracciones.
65. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no puede dejar de acotar
que no se propone estatuir una presunción de responsabilidad
patrimonial o que se libere completamente a la parte actora de
acreditar los elementos de la responsabilidad del Estado -daño e
imputación-61, por manera que no puede confundirse el criterio
de flexibilización probatoria con la ausencia total de la actividad
probatoria, pues esto desconocería que la tesis jurisprudencial
aboga por la posibilidad de acudir a disímiles elementos de juicio
a fin de establecer si existe o no la responsabilidad estatal
perseguida. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
señalar que en los eventos en que haya una incompatibilidad
probatoria que dé lugar a varios supuestos fácticos, el juez de la
responsabilidad deberá “privilegiar racionalmente aquellas
[pruebas] que acrediten un grado superior de probabilidad lógica
o de probabilidad prevaleciente, resultado que se obtiene
aplicando las reglas de la experiencia que incluyen conocimientos
técnicos, leyes científicas o generalizaciones del sentido común”.
Análisis de imputación en el caso concreto
66. Con el objetivo de establecer si el daño alegado consistente
en la desaparición
de los mejores Jacobo y Javier Esteban Chaparro González
devino de una falla en el servicio de protección, la Sala procederá
a recapitular, en cuanto importa, los siguientes hechos cuya
prueba milita en el expediente:
67. En cuanto a las circunstancias que rodearon los hechos, se
cuenta con el boletín informativo de novedad No. 193 suscrito el
16 de julio de 1999 por el Departamento de Policía de Casanare,
en el que se registró el levantamiento de 5 cadáveres que fueron
abandonados el día anterior frente a las instalaciones de la
Alcaldía municipal de Villanueva, Casanare (se trascribe de forma
literal, con posibles errores incluidos): […]
68. Asimismo, en la sentencia proferida el 14 de julio de 2017 -
antes transcrita-, el Juzgado Único Penal del Circuito
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Especializado de Yopal condenó a Melquisedec González Camargo
alias “cachilapo”, como coautor de los delitos de secuestro simple
y homicidio agravado de los que fueron víctimas los menores
Javier Esteban y Jacobo Chaparro González, quienes según las
versiones rendidas por ex integrantes de las Autodefensas
Campesinas del Casanare, fueron sacados de su residencia el 2
de junio de 1999 para posteriormente asesinarlos.
69. A través de oficio No. S-2018-030294/COMAN-GUGED-1,
expedido el 28 de mayo de 2018 por el Departamento de Policía
de Casanare, se hizo constar que los señores Esteban Chaparro
Cano y/o Teresa González Parra -padres de los menores
desaparecidos-, no pusieron en conocimiento de la Estación de
Policía de Maní tal situación.
70. Por su parte, los testigos Luis Giraldo Carreño Sánchez66 y
Mauricio Antonio Niño67, vecinos del municipio de Maní, respecto
a la pregunta alusiva si las víctimas o sus padres habían sido
objeto de algún tipo de amenaza y, de ser así, si solicitaron algún
tipo de protección, manifestaron que no les constaba. A su turno,
la señora Beatriz Mora Archila68 aseveró que, con posterioridad
a los hechos, las autoridades fueron informadas de los mismos
por parte de los familiares de los desaparecidos.
71. Frente a la notoriedad de la alteración del orden público que
vivía el municipio de Maní, dichos deponentes señalaron que,
para la época de los hechos, había presencia de los paramilitares
que operaban en el departamento del Casanare, cuya actividad
delictual era conocida por el Alcalde, la Policía Nacional y el
Personero de ese municipio, sin especificar más datos, ni dar
cuenta de la razón del conocimiento de su dicho.
72. El material probatorio no revela más de lo indicado, de
manera que para la Sala resulta imposible elaborar un juicio de
imputación de esos luctuosos hechos contra las demandadas,
dado que no se probó que las entidades accionadas hayan
omitido sus deberes de protección y cuidado frente a los menores
Javier Esteban y Jacobo Chaparro González, pues dichos
elementos de prueba no permiten acreditar que con anterioridad
a los acontecimientos controvertidos tales autoridades hayan
conocimiento de alguna situación de riesgo en contra de la vida
o integridad de los menores, bien porque se le hubiere elevado
solicitud expresa de protección o porque fuera evidente la
necesidad de brindar un amparo especial de seguridad, dadas
sus condiciones especiales. Tampoco hay evidencia del
compromiso de las autoridades con el denominado grupo AUC
frente a la comisión del hecho delictivo.
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73. Ciertamente, no se probó ninguna situación particular que
permitiera a las demandadas prever el riesgo que corría la
libertad de los menores, ni tampoco había un indicio de que su
vida e integridad se encontraban en peligro, pues el oficio No. S-
2018-030294/COMAN-GUGED-1.10 del 28 de mayo de 2018,
únicamente devela que los padres de los menores no pusieron
en conocimiento la desaparición de sus hijos. Además, las
versiones suministradas por los señores Luis Giraldo Carreño
Sánchez y Mauricio Antonio Niño no dan cuenta de ningún
trámite previo que hayan adelantado los familiares de las
víctimas, ya que de forma categórica indicaron que no les
constaba si con anterioridad o posterioridad al suceso, las
víctimas indirectas solicitaron algún tipo de medida de
protección.
74. En la declaración que rindió Beatriz Mora aseveró que
después de la desaparición de los menores, sus familiares
informaron a las autoridades competentes sobre los hechos; sin
embargo su versión -como se indicó-, al no estar acompañada
de elementos que permitan superar un estadio de mera
suposición, carece de un fundamento o contexto fáctico que sea
verificable, en tanto que fue enfática en señalar que no tuvo
conocimiento directo del trámite que efectuaron los aquí
demandantes por dicho aspecto. Debe resaltarse en este punto
que tampoco es posible aplicar la figura de la flexibilización
probatoria respecto de una prueba que carece de credibilidad y
valor probatorio.
75. La Sala tampoco puede dar por acreditadas las circunstancias
alegadas en la demanda relativas a que la situación de orden
público del municipio de Maní configura un hecho notorio, por
cuanto no se trata de un hecho que haya sido de conocimiento
público, general y directo conocimiento que son elementos base
de este medio de prueba.
76. El hecho notorio es aquel cuya existencia puede invocarse sin
necesidad de prueba alguna, por ser plena y directamente
conocido por cualquiera que se encuentre en capacidad de
observarlo debido a su amplia difusión; en ese sentido, no basta
alegar que un hecho es notorio para que la parte quede eximida
o relevada de prueba; por el contrario, quien lo aduce debe
asegurarse de que se trata de un asunto de conocimiento público
y general, pues, la sola afirmación de la inseguridad en una
determinada zona o región no constituye un hecho notorio ni
podría constituir el sustento para suponer o inferir una obligación
de frente a un ciudadano determinado. […]
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79. En criterio de la Sala, del análisis de las pruebas –conforme
a las reglas de la sana crítica– no es posible construir una
inferencia lógica que tenga nexo de causalidad entre el hecho y
la falla del servicio alegada en la demanda, dado que dicho
acervo no permite concluir siquiera sumariamente que las
entidades accionadas incumplieron con las obligaciones relativas
a la adopción de medidas especiales de seguridad para dichos
menores, esto es, que el municipio de Maní y/o la Policía Nacional
fueron receptoras de una solicitud de protección con antelación
y, sin razón, decidieron desconocer sus deberes misionales de
salvaguardar la vida y brindar seguridad a los habitantes de ese
municipio. Por ende, no era factible acceder a las pretensiones
de la demanda de reparación directa.
80. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que no se
probó la falla del servicio alegada -imputación-, sin el cual, en
los términos del artículo 90 de la Constitución Política, no es
posible acceder a la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado, circunstancia que impone negar las pretensiones de
la demanda.
81. Finalmente, frente a la pretensión formulada en la demanda
respecto de que se ordene al Juzgado Único Penal del Circuito de
Casanare la entrega de los cuerpos de los hermanos Jacobo
Chaparro González y Javier Esteban Chaparro González a su
familia, la Sala considera necesario precisar que a voces del
artículo 90 de la C.P. en materia de responsabilidad patrimonial
del Estado, no puede imponerse ninguna condena sin que
previamente se haya declarado la responsabilidad patrimonial del
Estado, por manera que como en el sub lite se niegan las
pretensiones formuladas contra el Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y municipio de maní por ausencia de prueba del nexo
causal, se impone igualmente negar dicha pretensión, amén de
que no hay prueba de que la Policía Nacional hubiera tenido a
cargo la vigilancia o custodia de los cadáveres de quienes se
presume corresponden a las víctimas directas del sub lite; por lo
demás, debe señalarse que este no es el escenario judicial para
adelantar ese trámite de entrega de cuerpos, el cual corresponde
al juez penal, autoridad que tiene a cargo el trámite del proceso
penal […] (Destacado pertenece al texto)
Como fundamento de la providencia cuestionada, la SECCIÓN
TERCERA revocó la sentencia proferida por el TRIBUNAL al
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considerar que no era posible efectuar el cómputo del término de
caducidad, esto debido al desconocimiento e incertidumbre de los
restos mortales de los menores JAVIER ESTEBAN Y JACOBO
CHAPARRO GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), además de la falta de existencia
de una decisión en firme del proceso penal respecto del delito de
desaparición forzada.
En ese sentido, la SECCIÓN TERCERA revocó la decisión del
TRIBUNAL que declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa y, en su lugar, desarrolló el estudio del juicio de
responsabilidad por los daños antijuridicos derivados de la muerte de
los menores.
Para tal efecto, la providencia cuestionada, en primer lugar, efectuó
un análisis de responsabilidad del Estado por omisión en el deber de
protección y, concluyó que el Estado será responsable bajo el criterio
de la falla del servicio respecto de los eventos en los que se
compruebe que, teniendo la oportunidad las autoridades omitieron
desplegar su capacidad disponible para evitar daños a las personas
o su patrimonio.
En segundo lugar, efectuó una verificación de la flexibilización de los
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estándares probatorios en materia de graves violaciones a los
derechos humanos y, en aplicación de los criterios jurisprudenciales
internos y externos11, señaló que esta Corporación ha acudido de
manera predominante al concepto de flexibilización probatoria en
casos de violaciones de derechos humanos, con el fin de analizar los
elementos de la responsabilidad del Estado a partir de la valoración
de indicios, debido a la dificultad probatoria de las víctimas para
acreditar la omisión de los miembros de la fuerza pública en
situaciones relacionadas con el conflicto armado.
No obstante lo anterior, aseguró que el criterio de flexibilización
probatoria no puede confundirse con la ausencia total de la actividad
probatoria, pues esto desconocería la posibilidad de acudir a
diferentes elementos de juicio para determinar la responsabilidad
estatal y, por ende, en caso de una incompatibilidad probatoria, el
operador judicial debe privilegiar las pruebas que acrediten un grado
de probabilidad lógica o prevaleciente, aplicando las reglas de
experiencia y la sana critica.
11
La decisión cuestionada, hizo referencia a las siguientes sentencias:
-Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena,Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
exp. 32988, MP: Ramiro Pazos Guerrero.
• Sentencias T-926 de 2014, T-535 de 2015,T-237 de 2017,SU-035 de 2018, SU-062 de 2018, T-214
de 2020, SU-060 de 2021, SU-016 de 2024 de la Corte Constitucional.
• Sentencia de 29 de julio de 1988 del caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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En tercer lugar, al estudiar el caso concreto, hizo un recuento de las
circunstancias que rodearon los hechos objeto de estudio y destacó
que: i) de conformidad con el boletín informativo de novedad núm.
193 suscrito el 16 de julio de 1999 por el Departamento de Policía de
Casanare, en el que se registró el levantamiento de 5 cadáveres que
fueron abandonados el día anterior frente a las instalaciones de la
Alcaldía municipal de Villanueva, Casanare; ii) mediante sentencia de
14 de julio de 2017, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado
de Yopal condenó a Melquisedec González Camargo alias “cachilapo”,
como coautor de los delitos de secuestro simple y homicidio agravado
de los que fueron víctimas los menores Javier Esteban y Jacobo
Chaparro González; iii) el Departamento de Policía de Casanare,
mediante oficio núm. S-2018-030294/COMAN-GUGED-1 de 28 de
mayo de 2018 constató que los señores Esteban Chaparro Cano y/o
Teresa González Parra padres de los menores, no pusieron en
conocimiento de la Estación de Policía de Maní tal circunstancia; iv)
de conformidad con los testimonios recaudados durante la etapa
probatoria, no se logró evidenciar que los actores hubieran sido
objeto de amenazas; y, v) respecto de la alteración del orden público
en el Municipio de Maní, se evidenció que para la época de los hechos,
había presencia de grupos al margen de la ley los cuales operaban
en el Departamento del Casanare, actividades que eran conocidas
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por las autoridades de la región.
Conforme con lo anterior, la SECCIÓN TERCERA señaló que de tales
hechos probados no se podía ejecutar un juicio de imputación contra
el Estado, habida cuenta que no se logró demostrar la omisión del
deber de protección y cuidado de las víctimas, pues de los elementos
probatorios no se logró acreditar el conocimiento previo de una
situación de riesgo en contra de la vida e integridad de los menores,
ya que no se evidenció alguna petición de protección que justificara
la necesidad de brindar un amparo especial a los menores.
Asimismo, concluyó que del estudio crítico del material probatorio,
no era posible inferir el nexo de causalidad entre el hecho y la falla
del servicio alegada, pues no logró evidenciar siquiera de manera
sumaria que las entidades accionadas incumplieron con las
obligaciones relativas a la adopción de medidas de seguridad que
permitieran salvaguardar la integridad de las víctimas.
En se sentido, la autoridad judicial accionada no logró probar el
criterio de imputación, sin el que no es posible acceder a la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y, por lo tanto,
resolvió negar las pretensiones de la demanda.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la autoridad
judicial accionada no incurrió en el defecto invocado, pues tal y como
se relató en precedencia no es cierto que la SECCIÓN TERCERA no
haya valorado las circunstancias particulares del daño cuya
reparación se pretende, esto es, que se trate de un perjuicio derivado
de un delito de lesa humanidad, pues del estudio jurídico,
jurisprudencial y probatorio, no se logró advertir el nexo de
causalidad entre el daño deprecado y la imputación de la
responsabilidad al Estado.
Dicho de otra manera, la negación de las pretensiones no devino del
desconocimiento de la asechanza de los grupos ilegales contra la
población civil, sino de la ausencia probatoria que le permitiera inferir
al juez natural de la causa, una verdadera omisión por parte de las
autoridades policiales y administrativas en el deber de cuidado y
protección de las víctimas.
En ese orden de ideas, el hecho de que la SECCIÓN TERCERA
hubiere denegado las pretensiones por ausencia probatoria no
constituye la configuración del defecto por desconocimiento del
precedente judicial alegado, teniendo en cuenta que para estudiar
la responsabilidad del Estado en el asunto puesto a consideración,
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atendió a los lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso y, tal
situación, de ningún modo desconoce las garantías judiciales.
Consecuente con lo anterior, para la Sala ni el análisis, ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso.
En ese orden de ideas, en la medida en que la autoridad judicial
accionada no incurrió en el defecto alegado por los actores y no se
evidenció vulneración alguna a los derechos deprecados en lo que
respecta a los demás argumentos, la Sala denegará el amparo
solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones
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expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de febrero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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