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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06150-00

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06150-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el Grupo Casablanca contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30. ° del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada esta providencia, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06150-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06150-00
Accionante: Grupo Casablanca S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juzgado Treinta
Administrativo de Bogotá

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de la subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela formulada por la sociedad Grupo Casablanca S.A.S. contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C el 18 de septiembre de 2024, y que fue notificada el 3 de octubre
de 2024, en la que se confirmó la sentencia del 30 de noviembre de 2022, dentro
de la acción popular con radicado 11001-33-31-030-2009-00271-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca conocieron en primera y en segunda instancia
una acción popular instaurada con ocasión de la adjudicación a particulares de
unos incentivos estatales para fomentar la competitividad y el desarrollo rural en
Colombia.

Al proceso fue vinculada la sociedad accionante y la sociedad Agropecuaria El
Mango Posada y Cia S.C.A. En la parte motiva de la sentencia del 30 de
noviembre de 2022 del Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá se señaló que
solo esta última debía reintegrar el incentivo. Pese a ello en el listado de los
obligados a hacer la mencionada devolución se incluyó a la accionante.

A pesar de que se apeló esta decisión, a través de la sentencia del 18 de
septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, confirmó la decisión sin reparar en el error en el que se
incurrió en la parte resolutiva.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06150-00
Accionante: Grupo Casablanca S.A.S.

2.2. Fundamento jurídico

La Sociedad accionante señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela
se incurrió en un defecto sustantivo porque existe una evidente contradicción
entre los fundamentos de la sentencia y la decisión.

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«Que se tutele el derecho fundamental del accionante GRUPO
CASABLANCA S.A.S. a un debido proceso, ordenando para ello al
accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y al
accionado JUZGADO TREINTA (30) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ que
-cada uno dentro del ámbito de sus respectivas competencias- adopte las
medidas necesarias para corregir la grave contradicción sustancial entre la
pare motiva y la parte resolutiva contenida en la sentencia de primera
instancia proferida el 30 de noviembre de 2022 -notificada el 1 de diciembre
de 2022- integralmente confirmada en sentencia de segunda instancia del
18 de septiembre de 2024 -notificada el 3 de octubre de 2024-, en el marco
del proceso que cursó trámite bajo número de radicación 110013331030-
2009-00271-01.

La grave contradicción sustancial entre la parte motiva y la parte resolutiva
cuya corrección se solicita a través de la presente acción de amparo consiste
específicamente en que la sociedad hoy accionarte GRUPO CASABLANCA
S.A.S. fue listada en el numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia -confirmada luego integralmente-, numeral en el cual
figuran listadas las sociedades a la cuales se ordena reintegrar un incentivo
recibido del Estado, cuando el análisis efectuado por el despacho, esto es,
en la parte motiva de su sentencia, expresa e inequívocamente señala que
GRUPO CASABLANCA S.A.S. -puede conservar el incentivo y por tanto
está llamada a ser desvinculada del proceso-.

En otras palabras, la ratio decidendi del juez de primera instancia es clara
en que GRUPO CASABLANCA S.A.S. no tiene que reembolsar el incentivo,
pues se dispuso que otra sociedad asociada con ella lo hiciera, sobre la base
que solo habla que reembolsar cuando se hubieran recibido dos o más
subsidios y, no obstante ello, en contravía de las conclusiones del &fiador,
en la parte resolutiva equivocadamente se ordena a GRUPO CASABLANCA
S.A.S. efectuar el reembolso.

En este sentido, el nombre del beneficiario y hoy accionante GRUPO
CASABLANCA S.A.S. deberá ser retirado del listado contenido en el
numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia -
confirmada luego integralmente-, y posteriormente incluido en el numeral
que corresponda a las sociedades beneficiarias que -pudiendo conservar el
incentivo- fueron desvinculadas del proceso». (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 15 de noviembre, a través del
cual, se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

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Acción De Tutela
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Accionante: Grupo Casablanca S.A.S.

Primera, Subsección C y al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá
como accionados y a la Nación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; al
Instituto de Cooperación para la Agricultura, y al Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, como terceros interesados en el resultado del proceso.

2.4.1. El titular del Juzgado Treinta Administrativo del Circuito solicitó que
se nieguen las pretensiones1 porque no hay ninguna incongruencia en la
providencia que profirió y porque el que debe determinar si hay lugar a la
devolución del incentivo es el comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia por lo que no tendría efectos prácticos la orden respecto de la sociedad
accionada.

2.4.2. El coordinador del Grupo de Atención a procesos Judiciales del
ministerio de Agricultura señaló2 que aparentemente existe una incongruencia
en la sentencia del 30 de noviembre de 2022, pero que le corresponde al juez
determinar si lo anterior es cierto.

2.4.3. El magistrado ponente en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó3 que se declare la improcedencia de la acción porque la
parte accionante no presentó solicitud de corrección ni aclaración de la sentencia,
ni expuso los argumentos que pretende hacer valer en la presente acción de
tutela en el recurso de apelación.

2.4.4. La Agencia de Desarrollo Rural, a través de apoderada judicial exigió4
ser desvinculado del presente trámite al no haber vulnerado los derechos de la
sociedad accionante.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juzgado Treinta
Administrativo de Bogotá, vulneraron el derecho fundamental al debido proceso
de la sociedad Grupo Casablanca S.A.S. al haber proferido las providencias del
18 de septiembre de 2024 y de 30 de noviembre de 2022, respectivamente, por
medio de las cuales se le condenó a la restitución del incentivo para fomentar la
competitividad y el desarrollo rural en Colombia. Previamente se deberá

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Acción De Tutela
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determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos generales y especiales
de la acción de tutela contra providencia judicial.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los

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Acción De Tutela
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derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4. El requisito de subsidiariedad

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Respecto del requisito de agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«2. Igualmente, ha sostenido la Corte que el amparo no busca excluir a
la jurisdicción ordinaria del conocimiento de los asuntos que le son
propios. La tutela, por el contrario, se constituye en un mecanismo
que asegura en forma especial y excepcional la intangibilidad del
núcleo esencial de los derechos fundamentales vulnerados, cuando
no existan instrumentos ordinarios que permitan dicha protección. Por
ello, la acción de tutela resulta improcedente, en virtud de su
naturaleza subsidiaria y residual, cuando el actor tiene o tuvo a su
disposición otros mecanismos judiciales de defensa.

Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación “[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios
procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus
derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las
consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva
no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los
proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya
transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en
ocasión propicia. Es inútil, por lo tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara
de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los
daños causados por el propio descuido procesal”»5.

Como se puede evidenciar, uno de los requisitos generales de procedibilidad
consiste en que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance
de la persona afectada. En consecuencia, se debe hacer uso de los mismos o
señalar las razones por las cuales se renuncia a ello por la amenaza de que se
configure un perjuicio irremediable.

El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los deberes
jurídicos que tienen las partes en el trámite de los procesos judiciales para
impugnar o controvertir las decisiones con las que están en desacuerdo y cuya
oportunidad se establece en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de
que se trate.

5
Corte Constitucional, sentencia T – 874 de 11 de julio de 2000, magistrado ponente: Eduardo
Cifuentes Muñoz.

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Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento de los
recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto que el mismo
funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la actuación censurada y
la modifiquen o revoquen.

Visto lo anterior, el juez de tutela no podrá declarar procedente una solicitud de
amparo en donde la parte interesada en controvertir la decisión judicial no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los formalismos
establecidos en la legislación procesal, por desconocimiento o falta de diligencia.

3.3.1. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, se advierte que la parte accionante argumentó en síntesis
que existe una falta de congruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de
la sentencia del 30 de noviembre de 2022, que no fue corregido en el fallo del 18
de septiembre de 2024.

Pese a ello, en el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia del 30
de noviembre de 2022 no realizó ningún reproche en lo que tiene que ver con la
presunta falta de congruencia. En efecto, la parte sustentó su reproche en los
siguientes argumentos:

«La sentencia apelada contiene en su numeral 1.2. las pretensiones de la
demanda, bastando con confrontar estas con las decisiones adoptadas por
la sentencia en su parte resolutiva, para establecer con toda claridad que las
condenas proferidas por el Juzgado no se corresponden con las
pretensiones y de hecho, la decisión del despacho parece corresponder a
pretensiones inexistentes.

El fallo claramente contiene una decisión extra petita, pues el Juez termina
otorgando en su decisión algo completamente distinto a lo solicitado por la
actora y la sentencia lo admite a folio 86, cuando el despacho afirma lo
siguiente:

“la presente acción popular tiene principalmente carácter restitutivo para
aquellos proyectos en los cuales se logre establecer que los recursos
públicos fueron entregados indebidamente, todo acorde con lo señalado en
el inciso segundo del artículo 144 del OPACA, y sin perder de vista algunas
decisiones adoptadas por la jurisdicción penal en contra de algunos
particulares y funcionarios que fueron declarados culpables."

El denominado "carácter restitutivo" se lo inventa el Despacho, eso no está
en las pretensiones. Tal vez lo único donde acierta el Despacho es cuando
afirma que solo podría adoptar una decisión negativa cuando se probare que
los recursos públicos fueron entregados indebidamente, lo que no ocurrió en
el caso de mis poderdantes, no existiendo prueba alguna que permitiera
llegar a una tal conclusión y es que como luego se verá, el Juzgado profirió
decisión condenatoria en contra de mis poderdantes basado en un criterio
que no está en la ley no estaba en la convocatoria y no fue siquiera
planteado por el actor.

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Las pretensiones de la demanda, a las cuales debe limitarse el Juez, sin que
pueda ir más allá de las mismas, en parte alguna piden que se declare si
existe comunidad de junta directiva entre varias sociedades, como tampoco
pide que se haga pronunciamiento sobre identidad de accionista e
igualmente tampoco piden que el Juzgado ordene directamente a los
particulares efectuar reintegro o devolución alguna. En todos estos puntos,
el Juzgado comete garrafal error jurídico y termina profiriendo unas
condenas que nada tienen que ver con las pretensiones de la demanda.

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO PROHIBÍAN QUE DOS
PERSONAS JURÍDICAS CON JUNTA DIRECTIVA COINCIDENTE O
INCLUSO CON LOS MISMOS ACCONISTAS APLICARAN A LOS
SUBSIDIOS

Los términos de referencia y los documentos presentados para la
convocatoria obran en el expediente, no obstante lo cual, en este punto, el
Despacho omitió consultarlos. La realidad es que en esos términos no se
consagró prohibición alguna para que dos o más sociedades (olvidó el
juzgado la personificación jurídica que hace una persona jurídica sea
siempre distinta a otra) con idénticos miembros de junta directiva o incluso
con los mismos accionistas, aplicaran a los beneficios ofrecidos si tenían
predios independientes y cumplían ambos predios con los requisitos.

La sentencia apelada creó una prohibición inexistente y por ende, esa
premisa mayor del silogismo sobre el cual construye la decisión es falsa,
siendo imposible llegar a una conclusión verdadera a partir de una premisa
mayor falsa.

Más importante aún es que ese hecho no era oculto, ni fue disfrazado o no
informado por mis poderdantes. Bastaba con leer los certificados de Cámara
de Comercio de las sociedades (aportados desde el momento de radicación
de las aplicaciones) para advertir que compartían miembros de Junta
Directiva. Así pues, los evaluadores lo sabían, los términos de referencia no
lo prohibían y siendo ello así, la conclusión que de tal hecho deriva el
juzgado es falsa, con lo cual ese argumento de la sentencia, de hecho el
único y postrer argumento que se presenta respecto de mis poderdantes
queda refutado en forma absoluta.

Advertirá el Tribunal, que frente a mis poderdantes, el Juzgado afirma que
corno tenían esas sociedades juntas directivas con miembros comunes,
entonces recibieron indebidamente un doble subsidio. Ese es el fundamento
de la decisión,

LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO PROHIBIAN QUE DOS
PERSONAS JURÍDICAS CON JUNTA DIRECTIVA COINCIDENTE O
INCLUSO CON LOS MISMOS ACCONISTAS APLICARAN A LOS
SUBSIDIOS

Los términos de referencia y los documentos presentados para la
convocatoria obran en el expediente, no obstante lo cual, en este punto, el
Despacho omitió consultarlos. La realidad es que en esos términos no se
consagró prohibición alguna para que dos o más sociedades (olvidó el
juzgado la personificación jurídica que hace una persona jurídica sea
siempre distinta a otra) con idénticos miembros de junta directiva o incluso

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con los mismos accionistas, aplicaran a los beneficios ofrecidos si tenían
predios independientes y cumplían ambos predios con los requisitos.

La sentencia apelada creó una prohibición inexistente y por ende, esa
premisa mayor del silogismo sobre el cual construye la decisión es falsa,
siendo imposible llegar a una conclusión verdadera a partir de una premisa
mayor falsa.

Más importante aún es que ese hecho no era oculto, ni fue disfrazado o no
informado por mis poderdantes. Bastaba con leer los certificados de Cámara
de Comercio de las sociedades (aportados desde el momento de radicación
de las aplicaciones) para advertir que compartían miembros de Junta
Directiva. Así pues, los evaluadores lo sabían, los términos de referencia no
lo prohibían y siendo ello así, la conclusión que de tal hecho deriva el
juzgado es falsa, con lo cual ese argumento de la sentencia, de hecho el
único y postrer argumento que se presenta respecto de mis poderdantes
queda refutado en forma absoluta.

Advertirá el Tribunal, que frente a mis poderdantes, el Juzgado afirma que
como tenían esas sociedades juntas directivas con miembros comunes,
entonces recibieron indebidamente un doble subsidio. Ese es el fundamento
de la decisión, no hay otro, con lo cual, la sentencia carece de motivación
jurídicamente seria y válida. Precisamente porque no estaba ello prohibido
y explícito desde un inicio y además, mis poderdantes cumplían todos los
requisitos y obraron con buena fe exenta de culpa, los evaluadores
aprobaron los subsidios.

No puede dejar de mencionarse la conciencia que tiene el despacho sobre
la necesidad de que toda limitación o restricción derivara de la ley, pues a
folio 112 de la sentencia afirma al referirse al programa agro ingreso seguro
y al texto mismo de la ley:

"simplemente estableció que para ser destinatario del programa Agro,
Ingreso Seguro lo único que se requería es ser productor y, si se quiere,
haciendo una interpretación restrictiva -que impide que productores nuevos
sean destinatarios del programa-, se refirió a productores del sector
agropecuario existentes, sin embargo, se resalta que la única condición que
se estableció por el Legislador es que acreditara su condición de productor,
por ende, podía ser propietario, poseedor o meramente tenedor de la tierra,
por tanto, la norma en cita tiene un espíritu amplio, incluyente -no
excluyente"

Más curioso resulta, que a folio 112, hablando específicamente de las
potenciales restricciones al programa, se afirma:

"Que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República o el Comité
Intersectorial no establecieron que para tener derecho al incentivo por riego
y drenaje o prohibiera que un mismo productor no podía ser beneficiario de
más de un incentivo o v) o que por razones de consanguinidad o afinidad
solo un miembro de la familia podía ser beneficiario del apoyo para riego y
drenaje"

Es evidente que al fallador no le agradan algunos aspectos socio políticos
del manejo de los incentivos y esa opinión es tan respetable como cualquier
otra, lo que ocurre es que aquí no tiene relevancia, poque estamos en un

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proceso judicial y en esa valoración jurídica, lo sorprendente es que el
despacho una y otra vez admite que no había prohibición para que empresas
vinculadas recibieran, por predios diferentes (no fraccionados
irregularmente valga dejarlo sentado nuevamente), dos auxilios y, a pesar
de ello al final deriva una consecuencia a cargo de mis poderdantes que
resulta contraria a la ratio decidendi en la sentencia.

A folio 163, la sentencia nuevamente reconoce que:

en los términos de referencia no se hubiese prohibido que un mismo
productor podía ser beneficiario de más de un incentivo para riego y drenaje,
o que no se hubiese establecido que por razones de consanguinidad o
afinidad solamente un miembro de la familia podía ser beneficiario del
pluricitado apoyo, entre otras circunstancias, puede significar que las
autoridades del 1114DR en el sub judice al decidir -a toda costa- hacer
prevalecer el criterio técnico (operativo) sobre el equitativo (social para
combatir la desigualdad),"

Existe un elemento adicional, que deriva de la Constitución y es la
presunción de buena fe. Mis poderdantes aplicaron a un programa estatal,
cumplieron los requisitos y ejecutaron los recursos conforme estaba
diseñado por el Estado. En todo el expediente no hay un solo reproche de
su conducta, es más, la sentencia deja en claro que no incurrieron en
ninguna irregularidad (como se indica en el aparte siguiente de este escrito)
y no obstante ello, desconociendo el principio constitucional citado, el
Juzgado fija una consecuencia que solo podría darse de haber existido mala
fe, engaño, desviación de recursos o algún acto reprochable. Aceptemos en
gracia de discusión que uno o varios funcionarios públicos obraron en contra
de la Ley; aun en ese caso, porque la consecuencia ha de soportarla el
particular que creyó en el Estado, cumplió las reglas y obró con buena fe
exenta de culpa? Los delitos por asociación son cuestión del medioevo,
aunque parecen resurgir por cuenta de esta visión en la que algunos jueces
desbordan su competencia y pretenden vía decisiones judiciales enmendar
las fallas sociales que creen percibir.

DEL ERROR JUDICIAL EN QUE INCURRE LA SENTENCIA CUANDO
ASUME QUE DOS PERSONAS JURIDICAS SON UNA MISMA PARTE

La sentencia, que parece haber sido escrita por varias personas dada la
incoherencia argumenta) que presenta, admite una y otra vez que la Ley y
las reglas de la convocatoria no prohibían que una misma persona accediera
a varios apoyos por predios diferentes mientras no hubiera un fi -
accionamiento de los predios, pues allí claramente habría un acto de mala
fe, para luego, en el numeral 6.7.7.1. afirmar que:

"aquellas personas naturales y jurídicas que recibieron más de una ayuda
para riego y drenaje y, a la fecha, según el acervo probatorio allegado al
proceso, no han restituido o devuelto ningún incentivo a la productividad por
estos conceptos,- motivo por el cual cómo no pueden conservar sino un
apoyo por persona natural o jurídica, como se ha reiterado en esta
sentencia, deberán devolver los restantes incentivos percibidos,
debidamente indexados".

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Pero resulta que aun si tornamos esa premisa de la sentencia, en el caso
particular de mis poderdantes se incurre en error judicial evidente, pues
concluye el fallo a folio 167, en punto a que:

"verificados los Certificados de Existencia y Representación Legal arrimados
al plenario, se desprende que la junta directiva de ambas empresas están
integradas por María Paula Lucy Vásquez Posada, César Augusto Grillo,
Irina Higuera Páez, Liliana Posada Grillo y Olga Inés Ochoa Guio, por tanto,
estos empresarios fueron beneficiarios de dos incentivos, y como quiera que
no se aportó prueba de acuerdo conciliatorio o reintegro voluntario de los
recursos al MADR con el propósito de poner fin a la vulneración de los
derechos e intereses colectivas multicitados, este caso configura una de las
hipótesis atrás definidas; motivo por el cual únicamente podrán conservar el
incentivo entregado en virtud del Acuerdo de Financiamiento AF 431/2007,
por el contera, se ordenará reintegrar el monto percibido mediante el
Acuerdo de Financiamiento 432/2007"

El razonamiento del juzgado es inquietante por lo pobre, por el
desconocimiento de la ley que demuestra. pero sobre todo por lo que infiere
y es que según la sentencia, parece que la lógica seria la que a continuación
exponemos y decimos parece porque el despacho no motiva su decisión
jurídicamente ni explica cómo llegó a una tal conclusión:

a. Dos sociedades por acciones, esto es, sociedades de capitales, son
consideradas una misma persona jurídica;
Según la sentencia, la base para ello es que comparten miembros de Junta
Directiva;
b. De acuerdo al supuesto o inferencia del Juzgado, dos personas jurídicas
independientes, con predios independientes, no colindantes, son la misma
persona para estos efectos;
c. De nuevo, conforme la deducción del Juzgado, estas dos sociedades por
acciones son la misma persona, sin que fuera siquiera necesario revisar sus
composiciones accionarias o constatar al menos si en la Cámara de
Comercio aparecían registradas corno parte de un grupo empresarial;
d. La personificación jurídica de las sociedades no existe para el Despacho,
que considera que dos personas jurídicas autónomas con la misma persona
porque su junta directiva coincide.

Palmario resulta el error de la sentencia, haciendo imperativo revocarla en
punto especifico a mis poderdantes.

AUSENCIA ABSOLUTA EN LA SENTENCIA DE REPROCHE, CARGO O
IMPUTACIÓN DE IRREGULARIDAD ALGUNA POR PARTE DE GRUPO
CASABLANCA S.A.S. y AGROPECUARIA EL MANGO S.A.S

Aquí es importante detenernos para hacer varias precisiones de orden legal
y práctico, que permiten refutar la infundada conclusión que la sentencia
planteó respecto de mis poderdantes:

a. Empecemos por reiterar que estas dos sociedades no son una misma
persona como concluye erradamente el Juzgado.
b. Lo más importante frente a la moralidad administrativa (conviene
recordarlo pues la sentencia olvida que esa era la base única de la
demanda) es que no se dio aquí fraccionamiento alguno para obtener varios
subsidios dividiendo un solo predio o globo de terreno.

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c. Si el Juzgado hubiera simplemente examinado los certificados de tradición
inmobiliaria aportados al solicitar los subsidios (y obrantes en el expediente),
habría advertido que los predios pertenecían de manera individual a cada
una de las sociedades que represento desde muchos años atrás.
d. Más aun, que no se trata de predios colindantes, con lo cual suponer,
inferir o imaginar una división es contrario a la realidad legal y física.
e. Si el Juzgado hubiera examinado los certificados de existencia y
representación legal emitidos por la Cámara de Comercio en profundidad,
sin quedarse en el simple hecho de que tenían las sociedades juntas
directivas con identidad de miembros, habría podido advertir la antigüedad
de esas sociedades como empresas del campo.
f. En la muy extensa sentencia, que más parece una instancia de
juzgamiento de la conducta de los servidores públicos y contratistas
vinculados al programa, no hay una sola frase, una sola exposición de
argumentos que se refiera a la conducta de mis poderdantes, situación que
por si sola seria suficiente para revocar la decisión adoptada en su contra
por la ausencia absoluta de motivación.
g. A folio 126, el Juzgado relaciona los beneficiarios de los apoyos que
incurrieron en fraccionamiento y como habrá de advertir el H. Tribunal, no
están entre ellos mis poderdantes, de modo que no podrían ellos haber
incurrido en "apropiación indebida de recursos del Estado", para citar las
palabras de la misma sentencia.
h. No hay pues maniobra fraudulenta, engaño o tergiversación, como
tampoco hubo división o fraccionamiento, ni se trataba de un mismo predio.
i. Al referirse a mis poderdantes (folio 167), el razonamiento del juzgado es
claro, pues admite expresamente que los dos incentivos fueron debidamente
ejecutados, son las palabras de la sentencia.
j. Cada sociedad es propietaria de predios independientes, que nunca han
conformado un globo común y, como lo admite incluso la sentencia, nada
prohibía que diferentes sociedades. aun con comunidad de miembros de
junta, administradores o incluso accionistas, pudieran solicitar
simultáneamente los apoyos.

LA SENTENCIA RECONOCE EXPRESAMENTE PERO LUEGO IGNORA
EL HECHO ESENCIAL: MIS PODERDANTES INVIRTIERON LOS
RECURSOS PARA EL FIN QUE EL ESTADO ESTABLECIO Y ASI FUE
COMPROBADO CONFORME LAS REGLAS DEL PROGRAMA

El Despacho, al momento de proferir sentencia, en forma claramente
sesgada, seguramente por la presión mediática y política que ha rodeado
este caso, otorga gran relevancia a las conciliaciones que algunos
beneficiarios alcanzaron con el Ministerio de Agricultura a efectos de
reintegrar los dineros recibidos, como si tales actuaciones probaran algo con
relación a los demás beneficiarios o como si las mismas fueran precedente
de indebida actuación.

Nuevamente el Juzgado, sin examinar la prueba, llega a conclusiones
erradas, de las cuales deriva consecuencias improcedentes e ilegales para
mis poderdantes, errores que además se gestan desde que negó la práctica
de pruebas solicitadas oportunamente, que refutaban, en lo referente a mis
poderdantes, las posibles imputaciones (ver auto de agosto 8 de 2014;
numeral décimo octavo auto de julio 23 de 2013 y auto de 21 de octubre de
2013).

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Mis poderdantes NUNCA fueron llamados por el Ministerio a conciliación o
procedimiento similar, simple y llanamente porque ellos invirtieron la
totalidad de los recursos debidamente, contratando a la compañía
COLPOZOS, tal vez la más reputada en el país para estos sistemas de
irrigación y luego de ello acreditaron esas obras con informes y revisiones
de los interventores, con bitácoras del cronograma de trabajo (todo lo cual
está en el expediente; con lo cual, el Estado Colombiano tiene claro que mis
poderdantes tenían derecho a los subsidios pero además los aplicaron como
establecían la ley y los términos de la convocatoria, haciendo posible que
hoy, años después, gracias a esas inversiones, esas tierras sean altamente
productivas y generen riqueza, empleos e impuestos, como lo prueba el
hecho (establecido en el expediente) que mantienen estas relaciones con
los Ingenios la Cabaña, Cauca e India, hace muchos años.

Como el Despacho admitió en la parte inicial de la sentencia (folio 86), para
proferir condena menester seria que existiera prueba de que los recursos
públicos fueron indebidamente entregados. Ausente tal prueba, como ocurre
en el caso de mis poderdantes, mal podría haberse proferido decisión de
condena y es por ello que tal decisión habrá de revocarse al resolverse la
presente apelación.

No hay prueba alguna para sostener que los recursos entregados a mis
poderdantes conforme la ley y los términos de la convocatoria, lo fueron por
indebido favorecirniento o que hubo en tal asignación de subsidios violación
a la moralidad administrativa. Por ello, la sentencia falla en este argumento,
pues los requisitos para establecer un daño al derecho colectivo a la
moralidad administrativa, conforme la sentencia que la decisión cita a folio
89, están ausentes en este caso, al punto que no se encuentra en la decisión
apelada esa confrontación entre los requisitos fijados por el precedente
judicial emanado de la Corte Constitucional y la posición de mis poderdantes
en este caso. Ausente esa valoración, la sentencia no podía imponer
condena alguna.

Aquí nuevamente el Juzgado cornete error de valoración en la prueba y
arriba a una conclusión errada: las decisiones en materia penal que se citan
en extenso y que pretenden soportar la sentencia, no tienen ninguna relación
con mis poderdantes, pues esas actuaciones en la justicia penal se dan
como consecuencia del fraccionamiento de predios o la presentación de
documentación falsa, nada de lo cual ocurrió con mis poderdantes, que no
fueron objeto de cuestionamiento penal. Si la conducta del señor Arias y
otros funcionarios públicos pudo o no configurar ilicito penal, es claramente
tema ex-trafio frente al análisis de la conducta del particular, que confiado en
la actuación del Estado, obra con buena fe exenta de culpa y accede al
beneficio cumpliendo a pie juntillas la normatividad aplicable.

Sorprende más que el despacho afirme explícitamente, cuando evalúa el
uso de los recursos por mis poderdantes (folio 167 de la sentencia), que.

"el incentivo por la suma de $358.166.857, 00, a través del Acuerdo de
Financiamiento 431/2007, el cual fine debidamente ejecutado"
y
"el incentivo por la suma de S380.267.175,00, a través del Acuerdo de
Financiamiento 432/2007, también debidamente ejecutado"

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Para a renglón seguido afirmar que debe reintegrarse uno de ellos porque
las juntas directivas están integradas por las mismas personas, error este al
que ya tuvimos oportunidad de referirnos y que por economía procesal
damos aquí por reiterado. Con el debido respeto y acatamiento». (sic en
toda la cita)

A partir de la transcripción se advierte que la parte accionante no le puso de
presente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no había lugar a que
la sociedad Grupo Casablanca S.A.S. hiciera la devolución del incentivo porque
en la parte motiva no se había impartido dicha orden.

Por tal razón, no es pertinente que acuda en este momento a la acción de tutela
cuando no hizo uso de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para
el efecto.

En ese orden de ideas, se advierte que la tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el Grupo
Casablanca contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30. ° del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, enviar el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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