Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06181-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06181-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06181-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06181-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: OFICINA DE DISEÑOS CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.S. – ODICCO S.A.S.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. SE ENCUENTRA
EN TRÁMITE UNA SOLICITUD DE ADICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN
PRESENTADA CONTRA LA PROVIDENCIA DE 2 DE AGOSTO DE 2024, AQUÍ
CUESTIONADA. NO SE EVIDENCIA LA OCURRENCIA DE UN PERJUICIO
IRREMEDIABLE EN EL ASUNTO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ1
y la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
1
En adelante el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06181-00
Actora: OFICINA DE DISEÑOS CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.S – ODICCO S.A.S.
ESTADO2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La sociedad OFICINA DE DISEÑOS CÁLCULOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S. – ODICCO S.A.S., actuando a través de
apoderado especial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados
por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO3 y la SECCIÓN TERCERA
al haber proferido el laudo arbitral de 24 de octubre de 2023 y la
providencia de 2 de agosto de 2024, respectivamente, esta última
dentro del recurso extraordinario de anulación identificado con el
número único de radicación 11001-03-26-000-2024-00014-00.
I.2.- Hechos
2
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
3
Conformado dentro del trámite arbitral núm. 134294 por los Árbitros Henry Sanabria Santos, Sara
Ordoñez Noriega y José Roberto Herrera Vergara.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06181-00
Actora: OFICINA DE DISEÑOS CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.S – ODICCO S.A.S.
Indicó que el 25 de agosto de 2015 suscribió contrato con la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-Fiduagraria S.A., esta
última actuando en calidad de mandataria de la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía – Caja Honor, cuyo objeto4 era la
adquisición y transferencia del derecho de dominio de 120 viviendas
de interés social con destino a los beneficiarios del fondo de
solidaridad de la Caja Honor.
Relató que el 12 de noviembre de 2021 presentó demanda arbitral
ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá
contra de la Caja Honor y Fiduadraria S.A., con el fin de que se
declarara la nulidad absoluta por ineficacia del contrato y, en
subsidio, que se declarara que sufrió lesión enorme.
Adujó que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO mediante laudo de
24 de octubre de 2023, denegó todas las pretensiones al no
encontrar objeto o causa ilícitos, por lo que no había ausencia de los
4
“[…] adquisición y transferencia del derecho de dominio de ciento veinte (120) viviendas tipo,
viviendas de interés social en MIRADOR DEL JARDIN, con destino a los beneficiarios del fondo de
solidaridad de la caja promotora de vivienda militar y de policía, en la ciudad de Medellín – Antioquia,
que serán edificadas sobre el lote que tiene una extensión superficial de 533 M2 identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No 01N-5196642 de carrera 50E No 82-99 de la ciudad de Medellín, Antioquia.
Las viviendas objeto del presente contrato contaran con un área aproximada construida 40.00 M2 para
las viviendas básicas. Estos inmuebles serán desarrollados por la sociedad OFICINA DE DISEÑOS
CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA – ODICCO LTDA. Sociedad que se obliga a construir,
individualizar y ejecutar el proyecto MIRADOR DEL JARDIN, material y jurídicamente, desenglobando
para el efecto cada etapa, manzana o vivienda, del predio matriz […]”
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requisitos legales para la validez del negocio; además que, en todo
caso, tampoco era posible declarar que sufrió lesión enorme en el
asunto.
Señaló que, por ello, presentó ante el TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO solicitud de adición y complementación del laudo
arbitral, el cual fue atendido desfavorablemente a sus intereses.
Sostuvo que inconforme con lo anterior, interpuso recurso
extraordinario de anulación, al cual le fue asignado el número único
de radicación 2024-00014-00 y le correspondió por reparto a la
SECCIÓN TERCERA que, mediante providencia de 2 de agosto de
2024, declaró infundado el recurso y la condeno en costas a favor de
la Caja Honor y Fiduagraria.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que en las providencias cuestionadas se incurrió en
defecto fáctico al realizar una valoración probatoria arbitraria y
abusiva, pues se dejó de lado injustificadamente la prueba aportada
e incorporada en debida forma y que resultaba determinante para el
caso.
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Aseveró que en el proceso arbitral no solo se debía hacer referencia
a una o varias pruebas para considerar motivada su decisión,
comoquiera que, además del dictamen pericial aportado, obraba
prueba documental de la cual era posible concluir si el justo precio
pactado en el contrato objeto de litigio era inferior a la mitad del
justo precio de los inmuebles prometidos en venta, elementos
probatorios entre los cuales se encontraba el oficio remitido por el
teniente coronel Luis Armando Hernández Montoya con destino a la
Superintendencia de Notariado y Registro, el contrato preparatorio
núm. 08 de 2015, entre otros.
Refirió que el presente trámite arbitral carece de análisis probatorio
y adolece de motivación, pues se apartó de múltiples pruebas
disponibles para proferir un fallo en derecho, las cuales resultaban
determinantes en el asunto.
Aseguró que también se incurrió en defecto sustantivo por
inaplicación del artículo 1741 del Código Civil en el acuerdo
preparatorio núm. 08 de 2015, el cual constituye la verdadera
promesa del contrato y los demás documentos que hacen parte de
este.
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Sostuvo que el análisis elevado por parte de las autoridades judiciales
accionadas a las normas devino precario, insuficiente y superficial en
relación con la cuestión compleja en materia del negocio jurídico
sometido al escrutinio del juez del contrato y que constituía el objeto
de la decisión esperada por las partes, pues se llevó a cabo una
interpretación aislada de las disposiciones jurídicas aplicables al
asunto, lo que dejó sin resolver el problema jurídico planteado.
Advirtió que se debió realizar una interpretación integral de las
normas para entender que el desequilibrio prestacional en cuanto al
justo precio de los bienes inmuebles objeto de la promesa se
escondió tras múltiples figuras contractuales que soportaban la
ejecución y materialización de la transferencia de dominio prometida,
pues en la estructura comercial fungió como propietario, constructor
y vendedor soportando un desequilibrio prestacional absolutamente
injustificado.
Finalmente, afirmó que se cumple con los requisitos generales para
la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales.
I.4.- Pretensiones
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Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] Solicito de manera respetuosa, se TUTELEN los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de la entidad accionante y, en consecuencia, se deje sin
efecto el Laudo Arbitral de fecha 24 de octubre de 2023 proferido
por el Tribunal Arbitral integrado para dirimir las controversias
surgidas entre ODICCO SAS y Caja Honor y la Fiduagraria S.A.
y la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de anulación
de fecha 2 de agosto de 2024, y en su lugar se ordene a la
autoridad jurisdiccional que corresponda proferir un nuevo fallo
en derecho en el que se efectúe en debida forma un análisis
sistemático de las normas aplicables y de las estipulaciones
contractuales contenidas en el contrato preparatorio No. 08 de
2015 así como en los documentos suscritos por las partes que
forman parte del iter contractual y que fueron debidamente
exhibidos e incorporados al dosier probatorio, efectuando una
valoración probatoria panorámica, cabal e íntegra que permita
adoptar la decisión que en derecho corresponda […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA indicó que la providencia y el
expediente contienen los argumentos y elementos necesarios para
que el juez de tutela tome la decisión que en derecho corresponda,
por lo que estará atento a atender lo que se disponga en el fallo.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- FIDUAGRARIA S.A., vinculada en calidad de tercero con
interés, alegó que la acción de tutela de la referencia resulta
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improcedente, comoquiera que únicamente responde a la
insatisfacción de la accionante con un fallo que le fue desfavorable,
de tal forma que lo pretendido es crear una tercera instancia que se
imponga sobre lo ya resulto por el juez natural.
Manifestó que la actora se limita a hacer reproches superficiales
sobre las decisiones que fueron contrarias a sus intereses
económicos, sin que se advierta que las autoridades judiciales
accionadas hayan cometido un error evidente o flagrante, máxime
cuando se realizó una evaluación probatoria razonada.
Así las cosas, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo
de la referencia o, en su defecto, denegar las pretensiones.
I.6.2.- Caja Honor, vinculada en calidad de tercero con interés en
el proceso, sostuvo que la solicitud de amparo resulta improcedente
por incumplimiento del requisito de inmediatez, dado que se
promovió 12 meses después de la firmeza del laudo; sumado a ello,
destacó que la providencia proferida por la SECCIÓN TERCERA no
se encuentra ejecutoriada pues está pendiente una solicitud de
aclaración y adición formulada.
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Resaltó que no se advierte vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados, comoquiera que las decisiones
cuestionadas estuvieron basadas en el riguroso análisis probatorio,
normativo y jurisprudencial que concluyó, primero, en la inexistencia
de lesión enorme, nulidad o desequilibrio económico, y segundo, en
la improcedencia de la causal 7º de anulación contenida en el artículo
41 de la Ley 1563 de 2012.
En esa medida, sostuvo que lo pretendido por la accionante, es crear
una tercera instancia de decisión manipulando indebidamente el
sentido y propósito de la acción de tutela.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
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texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra laudos
arbitrales
La Corte Constitucional en sentencia T-131 de 20225 dispuso sobre
el particular que, si bien es cierto, en principio, resultan aplicables a
los laudos las mismas causales tanto generales como específicas para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
su examen debe ser más riguroso y estricto, de conformidad con la
SU-174 de 20076.
Por su parte, la sentencia SU-033 de 20187 precisó que el respeto
por la decisión de los árbitros y la procedencia de la tutela supone
analizar con especial detenimiento el requisito general de la
relevancia constitucional.
Al respecto, en la mencionada sentencia T-131 de 2022 la Corte
Constitucional sostuvo lo siguiente:
5
M.P. Diana Fajardo Rivera.
6
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
7
M.P. Alberto Rojas Ríos.
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“[…] La relevancia constitucional en materia de tutela contra
laudos arbitrales8 y contra sentencias que resuelven el recurso
extraordinario de anulación. En concordancia con lo indicado en
precedencia, demostrar la relevancia constitucional de las
afectaciones causadas por un laudo arbitral exige una sólida carga
argumentativa. Lo anterior, para que la acción de tutela no se
convierta en una instancia judicial que remplace las vías ordinarias,
de modo tal que las transgresiones alegadas sean
constitucionalmente significativas y trasciendan la esfera legal, el
carácter eminentemente económico de la controversia y la
inconformidad con las decisiones adoptadas por los árbitros.9
[…]
Así mismo, la Sala Séptima de Revisión determinó que carecen de
relevancia constitucional los asuntos que (i) se contraen a dirimir
discusiones estrictamente económicas o patrimoniales relacionadas
con la condena impuesta en el laudo arbitral; o (ii) tienen una
relación directa con la interpretación de un contrato o su valoración
probatoria por parte del tribunal de arbitramento.10 Precisó,
también, que el carácter económico de la discusión no
excluye, per se, la posibilidad de que el caso comprometa la
faceta constitucionalmente protegida del debido proceso, pero
además de los perjuicios económicos, debe demostrarse el
desconocimiento de un derecho fundamental o la intervención en
otros bienes y derechos constitucionalmente relevantes como la
libertad personal o la eficaz administración de justicia.11
44. Ahora bien, aunque específicamente la jurisprudencia
constitucional no ha realizado una distinción en la determinación
8
Al respecto, ver especialmente, las consideraciones expuestas en las sentencias SU-033 de 2018. M.P.
Alberto Rojas Ríos. AV. Alejandro Linares Cantillo y T-133 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9
En la Sentencia SU-033 de 2018 la Sala Plena refirió, a partir de Ferrajoli, que una distinción entre
los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales consiste en que los primeros se destacan
“entre otras características por no ser negociables, mientras que los segundos establecen ‘relaciones
de dominio y de sujeción, es decir, de poder’.” Sentencia SU-033 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. AV.
Alejandro Linares Cantillo. Criterio reiterado en la Sentencia T-354 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Sentencia T-131 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11
Ver sentencia T-102 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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de los supuestos que acreditan la relevancia constitucional o la
tornan carente en el análisis de procedencia de la acción de tutela
contra laudos arbitrales y contra la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario de anulación,12 importa señalar que en éste
último escenario sí ha precisado que se debe tener en cuenta la
naturaleza especial que enmarca al recurso extraordinario de
anulación y justamente el alcance restringido que tienen sus
causales de procedencia. Lo anterior porque es ese el escenario
natural para que el juez verifique la adecuación del laudo a la
Constitución respecto de las causales que están enfocadas en la
valoración del derecho al debido proceso por posibles errores in
procedendo, y en ese sentido el análisis de relevancia
constitucional que se realiza en sede de tutela se torna más estricto
con miras a que el amparo no se utilice como un nuevo espacio
procesal para reexaminar cuestiones jurídicas y fácticas que fueron
objeto del proceso arbitral, o para cuestionar el criterio que empleó
el fallador dentro de su ámbito de autonomía13 […]”.
Caso concreto
En el caso bajo examen, la sociedad actora pretende que se dejen
sin efecto el laudo arbitral de 24 de octubre de 2023 y la
providencia de 2 de agosto de 2024, proferidas por el TRIBUNAL
DE ARBITRAMENTO y la SECCIÓN TERCERA, respectivamente,
por medio de las cuales se resolvió la controversia planteada por la
accionante contra la Caja Honor y Fiduadraria S.A., y el posterior
12
Así ocurre, por ejemplo, en las Sentencias T-244 de 2007, SU-174 de 2007, SU-033 de 2018 y SU-
500 de 2015, entre otras.
13
Al respecto se pueden consultar las Sentencias SU-500 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; y, SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
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recurso extraordinario de anulación identificado con el número único
de radicación 2024-00014-00.
La controversia tiene origen en una demanda presentada por la
actora ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bogotá contra la Caja Honor y Fiduadraria S.A., con el fin de que se
declarara la nulidad absoluta por ineficacia del contrato suscrito entre
las partes el 25 de agosto de 2015 y, en subsidio, que se declarara
que sufrió lesión enorme.
El proceso fue asumido por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO que,
mediante laudo de 24 de octubre de 2023, denegó las pretensiones
de la accionante. La parte actora, inconforme con lo anterior,
presentó solicitud de adición y complementación del laudo, petición
que fue atendida desfavorablemente.
Finalmente, la SECCIÓN TERCERA, mediante providencia de 2 de
agosto de 2024, declaró infundado el recurso extraordinario de
anulación propuesto por la actora, al estimar que, si su inconformidad
era con el análisis jurídico y probatorio con la decisión del laudo, el
recurso de anulación no era la vía jurídica para cumplir este fin, ya
que el juez de anulación no es un juez de segunda instancia del Laudo
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arbitral.
La sociedad actora estima que el laudo arbitral y la providencia
cuestionada vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, dado que, en su
sentir, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos fáctico y sustantivo al realizar una valoración probatoria
arbitraria y abusiva; además, que se dejó de aplicar en debida forma
las normas dispuestas para el asunto.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, especialmente, contra laudo arbitral y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO y la
SECCIÓN TERCERA vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados
e incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo, al haber proferido
el laudo arbitral de 24 de octubre de 2023 y la providencia de 2 de
agosto de 2024, respectivamente, esta última dentro del recurso
extraordinario de anulación de laudo identificado con el número único
de radicación 2024-00014-00.
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Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, especialmente contra laudos arbitrales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito
general de la subsidiariedad.
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
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aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»14 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
En el presente asunto la Sala advierte que la presente acción de
tutela es improcedente por carecer del requisito general de
subsidiariedad comoquiera que se encuentra en trámite la solicitud
14 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
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de aclaración o adición de la sentencia presentada por la Caja Honor.
En efecto, revisadas las actuaciones surtidas dentro del recurso
extraordinario de anulación origen de controversia, se concluye que
se encuentra en curso una solicitud propuesta con el fin de que se
aclare y/o adicione la providencia de 2 de agosto de 2024, aquí
cuestionada, tal como se advierte de las anotaciones dispuestas en
el aplicativo Samai15, así:
De lo anterior se sustrae que el 5 de noviembre de la presente
anualidad se registró proyecto del auto que resuelve la solicitud de
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202400
15
014001100103
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adición o aclaración de la providencia de 2 de agosto de 2024, sin
que a la fecha se haya emitió el respectivo proveído, por lo que es
claro que el proceso cuestionado no ha finalizado pues está pendiente
de resolverse una solicitud formulada.
Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la
referencia no cumple con el requisito general de la
subsidiariedad, toda vez que el recurso extraordinario de anulación
en el que se profirió la decisión objeto de tutela se encuentra en
curso.
En efecto, el proceso que motivó la interposición de esta acción
constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la
intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por
cuanto, se reitera, es el mismo proceso el adecuado para hacer valer
los derechos que la actora estima vulnerados y mal haría el juez de
tutela en suplantar las competencias que le están dadas al juez de
conocimiento.
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
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se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 16 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que
sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito
introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas
probadas se pueda advertir tal situación.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general de la
subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional por no cumplir el requisito general de la
subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de diciembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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