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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06195-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06195-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 16 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección B, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06195-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06195-01
Accionante: Mario Alberto Delgado Torres
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior
de la Judicatura.

Tema: Acción de tutela contra acto administrativo.

Decisión: Confirmar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela
porque no cumple con el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por el accionante contra la providencia del 16 de
diciembre de 2024 proferida por la Subsección B, de la Sección Tercera, del
Consejo de Estado mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El señor Mario Alberto Delgado Torres, se presentó en calidad de aspirante al
concurso de méritos que dispuso la Convocatoria 27, realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto
de 2018 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial”.

Así las cosas, una vez surtida la primera etapa del concurso, ingresó al Curso de
Formación Judicial, en donde obtuvo un puntaje de 775,44 puntos, de acuerdo
con la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024. Sin embargo, al
encontrarse inconforme con el acto administrativo, interpuso recurso de
reposición.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06195-01
Accionante: Mario Alberto Delgado Torres

Mediante la Resolución EJR24-641 del 29 de octubre de 2024, se repuso
parcialmente la decisión, por lo que modificó su puntaje en 788 puntos.

2.2. Fundamentos jurídicos

La parte accionante manifestó que el acto administrativo contenido en la
Resolución EJR24-641 de 29 de octubre de 2024 proferido por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos
invocados en protección, toda vez que «no especificó cuáles ítems o preguntas
me fueron reconocidas favorablemente; (…) no se motivó de ninguna manera las
razones por las que me asiste razón en los fundamentos planteados en el recurso
de reposición, que conllevaron a concederme puntos adicionales; (…) no se
motivó la razón por la que no fueron estudiados los argumentos planteados en
contra de las preguntas 37 del módulo de Habilidades Humanas y 20 y 21 del
módulo de Gestión Judicial y TIC»

Asimismo, sostuvo que, si bien existe otro mecanismo de defensa, esto es, el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que no
es eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales porque mientras se
obtiene un pronunciamiento favorable, todas las fases de la Convocatoria 27
habrían claudicado. De modo que, señaló que es la acción de tutela el medio
idóneo para la protección de sus derechos.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«Primero: Que se ampare mi derecho fundamental de petición y debido
proceso que están siendo vulnerados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y la Unión Temporal Formación Judicial 2019.

Segundo: Por lo anterior, que se ordena a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, resuelva de forma
completa, clara y de fondo, el recurso de reposición que fuera formulado
contra la Resolución núm. EJR24-298 (21 de junio de 2024) “Por medio de
la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial’’, para lo cual deberá tener en cuenta los
lineamientos o parámetros establecidos en cada uno de los SYLLABUS que
hacen parte de los 8 programas de la fase general. Además, evitando el uso
de la IA para evitar que ocurran casos como los anteriormente expuestos.»
(Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 21 de noviembre de 2024, a
través del cual se ordenó notificar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la
Unión Temporal Formación Judicial 2019 y la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia como accionados.

2.4.1. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque no

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cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que lo que pretende es utilizar
el mecanismo constitucional para discutir un acto administrativo que es
susceptible de ser demandado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Además, que en el presente asunto no se acreditó
un perjuicio irremediable; así como tampoco se advierte la vulneración de un
derecho fundamental.

2.4.2. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 pidió ser desvinculada del
presente proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4.3. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia manifestó que
la acción de tutela es improcedente por falta del requisito de subsidiariedad; así
como tampoco se puede predicar la inminencia de un perjuicio irremediable.
Además afirmó que no se demostró la conculcación de los derechos
fundamentales invocados en protección porque todas actuaciones se han
enmarcado dentro de los acuerdos pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de
agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA19-
11405 de 2019 y posteriores comunicados, expedidos por el Consejo Superior de
la Judicatura, los cuales rigen la convocatoria y reglas del IX Curso de Formación
Judicial Inicial.

2.4. Sentencia impugnada

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia del 16 de diciembre de 2024 declaró la improcedente el mecanismo
constitucional por falta del requisito de subsidiariedad.

Al respecto, indicó que la parte actora tiene a su alcance el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de los actos
administrativos por medio de los cuales le asignaron la calificación de reprobado
en la evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
Asimismo, señaló que puede formular una solicitud de medida cautelar de
urgencia para suspender los efectos de dichos actos, máxime cuando considera
que en el proceso se decretarán y practicarán las pruebas que resulten
conducentes, pertinentes y útiles para determinar si los actos adolecen de una
falsa motivación y de encontrar configurada la nulidad, el juez contencioso
administrativo adoptará las medidas de restablecimiento que correspondan.

2.5. Impugnación

La parte accionante reiteró los argumentos de la demanda de tutela, para lo cual,
insistió que el medio de control de nulidad y restablecimiento no es el mecanismo
idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales invocados en protección.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

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Accionante: Mario Alberto Delgado Torres

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla incurrió en la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y petición, ocurrida con ocasión
de la expedición de la Resolución EJR24-641 del 29 de octubre de 2024, por
medio de la cual se resolvió recurso de reposición en contra del acto
administrativo que publicó los resultados del IX Concurso de Formación Judicial.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

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3.4. De la acción de tutela contra actos dictados en el trámite de
concursos de méritos

Cuando lo que se pretende es discutir actos administrativos expedidos en el
marco de un concurso de méritos, la acción de tutela es procedente únicamente
cuando la determinación que se busque discutir no esté contenida en un acto
definitivo, toda vez que, en ese caso, debe acudirse a los medios que para tales
fines existen en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido a la
naturaleza subsidiaria que rige esta acción de origen constitucional, salvo que
se encuentren reunidos los elementos que permitan evidenciar la probable
configuración de un perjuicio irremediable o que el medio con el que se cuenta
no sea idóneo o eficaz, según las particularidades del asunto, aspecto que
deberá definir el juez en cada caso concreto.

3.5. Caso concreto

El señor Mario Alberto Delgado Torres solicitó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y petición, los cuales estima vulnerados por la
Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» con ocasión de la expedición de la
Resolución EJR24-641 del 29 de octubre de 2024, por medio de la cual se
resolvió recurso de reposición en contra del acto administrativo que publicó los
resultados del IX Concurso de Formación Judicial.

Al respecto, encuentra la Sala que la acción de tutela no es procedente para
solventar la inconformidad planteada por el actor en relación con la Resolución
EJR24-641 del 29 de octubre de 2024, teniendo en cuenta que puede promover
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde podrá alegar
la presunta violación de los derechos invocados y discutir la legalidad del acto
administrativo antes citado.

En ese sentido, la Sala considera como lo hizo la Subsección B del Consejo de
Estando en la sentencia impugnada que dicho medio resulta ser idóneo y eficaz,
puesto que éste le permite solicitar medidas cautelares incluso de urgencia, como
lo son: i) la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo objeto
de controversia hasta que se defina la declaración o no de la nulidad; ii) ordenar
la adopción de una decisión administrativa, y iii) impartir órdenes o imponer
obligaciones a la autoridad accionada. Herramientas que demuestran la
efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte una situación
apremiante que necesite ser remediada antes de que se profiera una decisión
definitiva, como ocurre en el caso particular.

Ahora bien, en el caso concreto no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni se
argumentó que este haya existido por lo que no hay lugar a dar por cumplido el
requisito de la subsidiariedad.

La parte accionante tampoco argumentó por qué razón las medidas cautelares
no se pueden considerar un mecanismo efectivo para la tutela de los derechos

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invocados, cuando es el juez de lo contencioso administrativo el que debe hacer
el análisis de juridicidad de los actos administrativos.

Por otra parte, es de advertir que la accionante no señaló en el escrito de la
demanda, que dentro del término de caducidad haya ejercido el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del acto administrativo en
cuestión, lo que tornaría improcedente la acción de tutela, incluso como
mecanismo transitorio, pues ello implicaría permitir que se pretendan revivir
términos vencidos, lo que desnaturalizaría el propósito de la acción
constitucional. Así lo ha señalado la Corte Constitucional:

«No procedía pues una protección transitoria de los derechos del actor para
evitar un perjuicio irremediable, en tanto la decisión judicial ya se había
producido, y mucho menos podía pretenderse que se tramitara la acción de
tutela como mecanismo principal, teniendo en cuenta que habría sido por
causa de la demora del accionante al interponer la acción ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se habría hecho inoperante la
vía judicial ordinaria. Cabe reiterar lo expuesto en precedencia frente al
incumplimiento del requisito de subsidiariedad que se presenta cuando
quien acude a la acción de tutela ha dejado vencer términos procesales o
ha dejado de utilizar los mecanismos a su disposición, sin que exista una
justa causa para hacerlo, situación que aparece probada en el presente
caso, teniendo como base para afirmar lo anterior la naturaleza de la acción
intentada ante el contencioso administrativo, de acuerdo al cual la acción
sería de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que indica que el actor
pretendería con la acción de tutela revivir términos vencidos,
desnaturalizando el propósito protector de los derechos fundamentales que
tiene la acción de tutela1: “La anterior exigencia guarda relación directa con
la naturaleza cautelar de la tutela transitoria, pues de caducar o prescribir
las posibilidades de acceso a la administración de justicia por causas
imputables al demandante, mal puede la tutela fungir como mecanismo para
revivir los términos ordinarios”»2.

Así las cosas, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia, por
las razones expuestas en el proveído, pues, se reitera, dentro de las facultades
del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales
idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo
contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de
protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
carta a los jueces constitucionales, y modificaría una decisión que ha hecho
tránsito a cosa juzgada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

1 No sobra anotar que en el presente caso la Sala se ha pronunciado única y exclusivamente sobre la

improcedencia de la acción de tutela contra las resoluciones dictadas por la Contraloría, no así por las
cuestiones definidas al interior del proceso judicial, y que, eventualmente, podrían ser objeto de acción de
tutela. Igualmente, para controvertir el fondo de las decisiones emanadas de la autoridad aquí demandada
subsisten para el accionante mecanismo judiciales ante el juez contencioso administrativo como podría ser
la nulidad simple de los actos atacados.
2 Sentencia T-871 de 2011.

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Accionante: Mario Alberto Delgado Torres

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 16 de diciembre de 2024 proferida por la
Subsección B, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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