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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06199-02

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06199-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARA FUNDADO el impedimento manifestado por el señor consejero doctor GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del mismo. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones señaladas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06199-02 Actor: ENRIQUE VARGAS LLERAS

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06199-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06199-02
Referencia: Acción de tutela
Actor: ENRIQUE VARGAS LLERAS

TESIS: SE CONFIRMA FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE CASO
NO SE CONFIGURÓ CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, SINO LA CESACIÓN DE LA VULNERACIÓN POR EL
CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICA contra la sentencia de 23 de enero de 2025,

mediante la cual la SECCIÓN CUARTA1 amparó los derechos

fundamentales del actor.

I.- ANTECEDENTES

1
En adelante la Sección Cuarta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06199-02
Actor: ENRIQUE VARGAS LLERAS

I.1.- La solicitud

El señor ENRIQUE VARGAS LLERAS, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al bueno nombre y a la honra, los cuales estima

vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA con ocasión

de la publicación que hizo el presidente de la República el 8 de

octubre de 2024 en la red social X, por medio de la cual hizo

referencia a su designación como integrante de la Corte Arbitral de

la Cámara de Comercio de Bogotá y la del señor Germán Vargas

Lleras como miembro del tribunal de arbitramento que decidirá la

controversia suscitada entre las sociedades Equipo Universal S.A. y

Castro Tcherassi contra el Instituto Desarrollo Urbano – IDU.

I.2.- Hechos

Señaló que integra la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de

Bogotá y su hermano, el señor Germán Vargas Lleras, fue designado

como miembro del tribunal de arbitramento que decidirá la

controversia suscitada entre las sociedades Equipo Universal S.A. y

Castro Tcherassi contra el Instituto Desarrollo Urbano – IDU.

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Actor: ENRIQUE VARGAS LLERAS

Relató que el presidente de la República, el señor Gustavo Petro

Urrego a través de la red social X el 8 de octubre de 2024 publicó el

siguiente mensaje:

“[…] Miies (sic) de millones de pesos se gana un Vargas Lleras (sic)
por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la
Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización
de la justicia sino que se apalanca fuerte para la politización de la
justicia pública.

Desde aquí juegan al golpe de estado. No quieren un Presidente
democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de
apellidos.

La contratación del gobierno debe abandonar este tipo de justicia
privada para dirimir sus pleitos […]”.

Mencionó que mediante petición de 10 de octubre de 2024, solicitó a

la Presidencia de la República rectificar la publicación transcrita, toda

vez que no interfirió ni influenció como integrante de la Corte Arbitral

de la Cámara de Comercio de Bogotá en la designación como árbitro

del señor Germán Vargas Lleras, comoquiera que tal sorteo se llevó

a cabo conforme al Manual General del Sorteo de los Servicios

Nacionales del Centro de Arbitraje y el reglamento del Centro de

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el

cual no tiene incidencia alguna el organismo al cual pertenece.

Afirmó que, mediante oficio OFI24-00216300/GFPU 1315000 de 1o.

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de noviembre de 2024, la Presidencia de la República negó la

solicitud de rectificación al estimar que el mensaje cuestionado fue

consecuencia de una réplica de una publicación realizada el 8 de

octubre de 2024 desde la cuenta @German_ Vargas, en la que se

mencionó que: “[…] Lo que empezó no es el “golpe blando”, sino la

dictadura de Petro contra cualquier decisión judicial convocando a

una movilización popular. ¡A eso estamos condenados! […]”.

Indicó que, como sustento de la respuesta dada por la Presidencia

de la República, se señaló que las opiniones emitidas en discusiones

políticas se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de

expresión, escenario en el que no acontecía vulneración de las

garantías superiores al buen nombre y a la honra, de conformidad

con lo dispuesto por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la

Corte Constitucional; sumado a ello, que en la publicación no se le

mencionó ni mucho menos se refirió a que haya tenido injerencia en

la designación del señor Germán Vargas Lleras como árbitro, de tal

forma que no se advertía agravio alguno.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

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A juicio del actor, la Presidencia de la República sí vulneró sus

derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, pues realizó

difamaciones en su contra y de su hermano el señor Germán Vargas

Lleras al señalar, sin fundamento alguno, que tuvo participación o

injerencia en la designación de este último como árbitro del tribunal

que decidirá la controversia suscitada entre las sociedades Equipo

Universal SA y Castro Tcherassi contra el Instituto Desarrollo Urbano

– IDU.

Alegó que la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá no

incidió de forma alguna en el sorteo en el cual fue elegido su

hermano, pues este se ciñó al Manual General del Sorteo de los

Servicios Nacionales del Centro de Arbitraje y al reglamento del

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de

Bogotá, situación que fue certificada por la firma BakerTilly.

Aseveró, contrario a lo afirmado por la Presidencia de la República

en su respuesta, que el mensaje sí lo mencionaba, comoquiera que

es el único arbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá con los

apellidos Vargas Lleras.

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Refirió que las afirmaciones realizadas por la Presidencia de la

República no se encuentran enmarcadas dentro del derecho a la

libertad de expresión, comoquiera que las discusiones políticas que

el señor Gustavo Petro Urrego tiene con el señor Germán Vargas

Lleras no lo legitiman a emitir afirmaciones carentes de veracidad,

máxime cuando ello escapa del debate público a aspectos privados.

Manifestó que no es de tal acierto que el señor Germán Vargas Lleras

reciba miles de millones de pesos, como erradamente lo refiriere el

presidente de la República, pues desde que integra la lista de árbitros

no le han sido pagados honorarios por ese concepto.

Finalmente, puso de presente que el Consejo de Estado 2 en un caso

con similares situaciones fácticas accedió al amparo solicitado, al

estimar que las afirmaciones del presidente de la República vulneran

los derechos fundamentales.

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 27 de agosto de 2024, M. P. Martín Bermúdez Muñoz, expediente
11001-03-15-000-2024-03889-00.

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invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Como consecuencia de la prosperidad de todas o alguna de
las anteriores pretensiones, solicito se ordene al señor Gustavo
Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, retractarse de
las afirmaciones efectuadas en contra del suscrito, en las mismas
condiciones y a través de los mismos medios en las que las efectuó
[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La Presidencia de la República afirmó que la solicitud de

amparo de la referencia resulta improcedente, comoquiera que la

inconformidad del actor es realmente una confrontación o debate

político entre dos personas de amplio reconocimiento nacional y

público, en la cual no intervino ni participó el accionante.

Aseveró que las declaraciones del presidente de la República son

precisamente una respuesta del primer mandatario a lo mencionado

por el señor Germán Vargas Lleras y no del actor, respuesta que,

además, se enmarca en el ejercicio del derecho de réplica, como

parte sustantiva del derecho a la libertad de expresión en la

modalidad de opinión.

Adujo que el actor carece de legitimación en la causa por activa para

promover la acción de tutela, circunstancia que obligaría al juez

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constitucional a desestimar las pretensiones.

De manera subsidiaria solicitó que sean denegadas las pretensiones,

comoquiera que las opiniones emitidas por el Presidente de la

República en la página de la red social X el 8 de octubre de 2024, no

se inscriben en el ámbito de la interpretación y el alcance atribuido

por el actor, siendo en un contexto distinto, el cual es la respuesta a

lo propiciado por el señor Germán Vargas Lleras.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 23 de enero de 2025, la SECCIÓN CUARTA

declaró improcedente la acción de tutela de la referencia en lo

concerniente al presunto dinero que percibe Germán Vargas Lleras

como árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, comoquiera que

el actor carece de legitimación en la causa por activa pues no es el

titular de los derechos fundamentales que se alegaban sobre el

particular.

Frente a la solicitud en lo que refiere al texto restante, afirmó que el

actor pidió a la autoridad accionada retractarse, petición que le fue

denegada; además, constató que la referida publicación sí hacía

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referencia al accionante, tan es así que ello fue producto de un

mensaje escrito como réplica a una afirmación hecha por el señor

Germán Vargas Lleras.

Advirtió que el actor y su hermano son las únicas personas que hacen

parte de la Cámara de Comercio de Bogotá con los apellidos Vargas

Lleras, por lo que no cabía duda de que el presidente de la República

se refería a ellos.

En cuanto al mensaje “[…] Miies (sic) de millones de pesos se gana

un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la

corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá […]”, consideró

que comportaba la prerrogativa de la libertad de información, pues

allí el presidente de la República comunica un hecho (el presunto

sorteo realizado por el demandante en el que el señor Germán Vargas

Lleras resultó designado como integrante de un tribunal arbitral).

En esa medida, advirtió que frente a las inconformidades del actor

que involucran una opinión sobre la justicia arbitral, no se

pronunciaría porque además de que no le conciernen directamente

al demandante, están amparadas por la libertad a expresar opiniones

y pensamientos sobre determinado asunto, escenario en el que no le

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era dable involucrarse en aras de reservar el libre pensamiento.

Ahora, determinó que una vez establecido que la afirmación “[…]

Miies (sic) de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un

sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara

de Comercio de Bogotá […]” involucra la libertad de información,

advirtió que ello debió atender el principio de veracidad, el cual no

se cumplía en el asunto, toda vez que de conformidad con el

Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de

Comercio de Bogotá, tal función del sorteo en el que fue designado

el señor Germán Vargas Lleras no le corresponde a la Corte Arbitral,

por lo que era válido colegir que el actor no tuvo incidencia alguna

en el referido sorteo.

Sobre el particular afirmó que si bien el principio de veracidad no

impone el deber de justificar de manera irrefutable la información

que se publica, si se hace imperioso adelantar algún tipo de gestión

de la que se logre inferir que lo publicado puede corresponder a la

realidad, lo cual no se constata de la publicación que se reprocha, en

la medida en que carece de respaldo.

Así las cosas, destacó que la Presidencia de la República, en ejercicio

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del derecho a la información, vulneró las garantías superiores al buen

nombre y a la honra del actor, pues indicó que hizo el sorteo en el

que resultó favorecido su hermano pese a no contar con algún

elemento que respaldara esa información, situación que ameritaba la

respectiva retractación, conforme a los artículos 14 de la Convención

Americana de Derechos Humanos y 20 de la Constitución Política y

la jurisprudencia constitucional.

Por lo anterior, amparó los derechos fundamentales al buen nombre

y a la honra del actor y ordenó al Presidente de la República que,

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esa decisión,

rectificara la información publicada en su red social de X que se

reprocha por ese mismo medio sobre la participación del accionante

en el sorteo en el que resultó designado el señor Germán Vargas

Lleras como árbitro para conocer la controversia suscitada entre las

sociedades Equipo Universal SA y Castro Tcherassi contra el Instituto

Desarrollo Urbano – IDU.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La Presidencia de la República impugnó la decisión proferida en

primera instancia y solicitó declarar la carencia actual de objeto por

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hecho superado o, en su defecto, revocar la decisión del a quo y

denegar el amparo deprecado.

Al respecto, sostuvo que el pasado 31 de enero de 2025, el señor

presidente de la República Gustavo Petro Urrego, con el propósito de

aclarar y rectificar lo manifestado en el mensaje del 8 de octubre de

2024 publicó desde su cuenta de la red social X, el siguiente mensaje:

“[…] Procedo a rectificar y agrego actas.

1.El señor Enrique Vargas Lleras fue miembro de la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 2006, por más de
15 años y el 18 abril del 2024 fue elegido como miembro de la
Corte Arbitral.

2.Dentro de las funciones de la Corte Arbitral, según su
reglamento, está la de aprobar los candidatos a integrar las listas
de árbitros, listas de las que se hacen los respectivos sorteos.

3.El señor Germán Vargas Lleras entró a formar parte de la lista de
árbitros el 1 de febrero del 2021, la cual está integrada
actualmente por 567 abogados.

4.Germán Vargas Lleras fue sorteado como árbitro el 20 de Agosto
de 2024 (consorcio vía al mar vrs ANI), cuando su hermano ya era
miembro de la Corte Arbitral.

5. Germán Vargas Lleras también fue sorteado como árbitro en otro
conflicto el 09 de septiembre de 2024 (Equipo Universal SA y
Castro Tcherassi contra el IDU), y su hermano Enrique ya era
miembro de la Corte Arbitral.

6. Aunque no puedo decir que el señor Erique Vargas Lleras
determina el sorteo, lo que si es una realidad es que determina la
lista de sorteables y que por ley de probabilidades debería ser muy

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remoto que su hermano gane un sorteo en el periodo en el que su
hermano es miembro de la Corte Arbitral que determina esa lista
de sorteables. La probabilidad es de 1 sobre 562 integrantes de la
lista, pero, además, multiplico por otro 1/562, dado que se
presentaron dos eventos seguidos en que se ganó el sorteo […]”

Adujo que el presidente de la República rectificó y aclaró que la

publicación inicial se trató de una crítica a los riesgos que observa en

la privatización de la justicia, especialmente, aquellas ejercidas a

través de la justicia arbitral que maneja la Cámara de Comercio de

Bogotá, pues se trata de un sistema que permite que mientras una

persona tiene un rol directivo, un familiar tan cercano, como puede

ser aquel que se encuentra en segundo grado de consanguinidad,

pueda fungir como árbitro sorteado por dicha organización para las

controversias que allí se ventilan.

Reiteró que el mensaje inicial era un ejercicio al derecho a la libertad

de expresión que no implicó un señalamiento claro, directo y

específico en relación con una posible interferencia del accionante en

el sorteo de las personas designadas para conocer de la controversia

suscitada entre las sociedades Equipo Universal SA y Castro

Tcherassi contra el Instituto Desarrollo Urbano – IDU.

En ese orden de ideas, manifestó que, al contrastar el mensaje del

31 de enero de 2025, con la orden judicial se observa que se está en

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presencia de un hecho superado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión Previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor

consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, mediante

escrito obrante en el índice 4 del expediente digital 3, manifestó su

3
El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI.

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impedimento para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto

mantiene una amistad íntima con el señor ENRIQUE VARGAS

LLERAS, parte actora en la acción constitucional de la referencia.

Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal de

impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de

Procedimiento Penal, la cual prevé lo siguiente:

“[…] Artículo 56. Causales de impedimento.

Son causales de impedimento:

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre
alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y
el funcionario judicial […].

Ahora, respecto de la causal de impedimento relativa a la amistad

íntima, se ha considerado que pese a que dicha manifestación

trasciende al ámbito subjetivo se debe evaluar de forma particular la

relación de correspondencia de los hechos referidos por parte de quien

se declara impedido, la relación existente entre el funcionario y alguna

de las partes del proceso y la posibilidad de que ésta afecte la

imparcialidad de la decisión.

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En efecto, mediante Auto 279 de 29 de junio de 20164, la Corte

Constitucional señaló lo siguiente:

“[…] la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado ha indicado que el nivel de credibilidad de la manifestación
de amistad íntima tiene el fundamento en aquello que expresa el
operador judicial, toda vez que no es jurídicamente posible
comprobar los niveles de amistad que el funcionario pueda tener con
otra persona. Por lo anterior, tales situaciones trascienden al ámbito
subjetivo5.

Asimismo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
establecido que el impedimento por motivos de amistad se refiere al
vínculo que existe entre personas, que además de darse trato y
confianza de forma recíproca, comparten sentimientos y
pensamientos que hacen parte de los miembros de la relación. Por
lo anterior, se ha admitido con amplitud este tipo de impedimentos,
debido a su marcado carácter subjetivo, a cambio de que el
funcionario judicial exponga con claridad las razones de su
impedimento, con el fin de que el fallador decida sobre la aceptación
o negación de las circunstancias que afectan la imparcialidad del
juicio6.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la causal de
impedimento por amistad íntima o enemistad grave entre alguna de
las partes y el funcionario judicial, hace referencia a un criterio
subjetivo en el que el fallador debe evaluar de forma particular la
relación de correspondencia de los hechos referidos por parte de
quien se declara impedido, la relación existente entre el funcionario
y alguna de las partes del proceso y la posibilidad de que ésta afecte
la imparcialidad de la decisión […]”.

A juicio de la Sala, los hechos esgrimidos por el doctor GERMÁN

EDUARDO OSORIO CIFUENTES configuran la causal de

4
Expediente T-5.027.021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Sentencia del 17 de julio de 2014, radicación No. 11001-03-28-000-2014-00022-00(IMP), M.P.
Susana Buitrago Valencia.
6
Sentencia del 8 de octubre de 2008, proceso No. 30595, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.

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impedimento alegada, toda vez que manifiesta tener vínculo de

amistad íntima con el accionante, con quien ha compartido espacios

académicos, profesionales y personales.

En virtud de lo anterior, debe declararse fundado el impedimento

manifestado por el citado consejero, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de sus

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derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, los cuales

estima vulnerados por la Presidencia de la República, con ocasión

de la publicación que hizo el presidente de la República el 8 de

octubre de 2024 en la red social X, por medio de la cual hizo

referencia a su designación como integrante de la Corte Arbitral de

la Cámara de Comercio de Bogotá y la del señor Germán Vargas

Lleras como miembro del tribunal de arbitramento que decidirá la

controversia suscitada entre las sociedades Equipo Universal SA y

Castro Tcherassi contra el Instituto Desarrollo Urbano – IDU.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN CUARTA que, mediante fallo de 23 de enero de 2025,

declaró improcedente la solicitud de amparo en lo que concierne al

presunto dinero que percibe el señor Germán Vargas Lleras como

árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y, amparó los derechos

fundamentales al buen nombre y a la honra del actor, por lo que

ordenó al presidente de la República rectificar la publicación objeto

de controversia.

Inconforme con lo anterior, la Presidencia de la República impugnó

la decisión proferida en primera instancia, para lo cual solicitó que se

declare la carencia actual de objeto por hecho superado, pues

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mediante mensaje aclaratorio publicado por el presidente de la

República el 31 de enero de 2025 desde su cuenta de la red social X,

dio cumplimiento al fallo de primera instancia y rectificó su

publicación. Sumado a ello, solicitó que se revoque la decisión del a

quo, comoquiera que no vulneró los derechos fundamentales

invocados, por lo que era procedente denegar las pretensiones de la

acción de tutela de la referencia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si hay lugar a revocar la

sentencia proferida en primera instancia, con ocasión de las

actuaciones que el presidente de la República ha ejecutado con

ocasión de esa decisión y con las cuales, afirma haberse configurado

una carencia de objeto por hecho superado.

De la carencia actual de objeto por hecho superado

La impugnante señaló que se debe revocar la sentencia de primera

instancia y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por

hecho superado, por cuanto que mediante mensaje publicado en la

red social X el 31 de enero de 2025, el presidente de la República

rectificó lo manifestado en la publicación del 8 de octubre de 2024.

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Al respecto, la Sala advierte lo siguiente:

En cumplimiento del fallo proferido en primera instancia, a través de

la publicación del 31 de enero de 2025 en la red social X el presidente

de la República rectificó lo manifestado el 8 de octubre de 2024, de

la siguiente manera:

“[…] Procedo a rectificar y agrego actas.

1.El señor Enrique Vargas Lleras fue miembro de la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 2006, por más de
15 años y el 18 abril del 2024 fue elegido como miembro de la
Corte Arbitral.

2.Dentro de las funciones de la Corte Arbitral, según su
reglamento, está la de aprobar los candidatos a integrar las listas
de árbitros, listas de las que se hacen los respectivos sorteos.

3.El señor Germán Vargas Lleras entró a formar parte de la lista de
árbitros el 1 de febrero del 2021, la cual está integrada
actualmente por 567 abogados.

4.Germán Vargas Lleras fue sorteado como árbitro el 20 de Agosto
de 2024 (consorcio vía al mar vrs ANI), cuando su hermano ya era
miembro de la Corte Arbitral.

5. Germán Vargas Lleras también fue sorteado como árbitro en otro
conflicto el 09 de septiembre de 2024 (Equipo Universal SA y
Castro Tcherassi contra el IDU), y su hermano Enrique ya era
miembro de la Corte Arbitral.

6. Aunque no puedo decir que el señor Erique Vargas Lleras
determina el sorteo, lo que si es una realidad es que determina la
lista de sorteables y que por ley de probabilidades debería ser muy
remoto que su hermano gane un sorteo en el periodo en el que su

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hermano es miembro de la Corte Arbitral que determina esa lista
de sorteables. La probabilidad es de 1 sobre 562 integrantes de la
lista, pero, además, multiplico por otro 1/562, dado que se
presentaron dos eventos seguidos en que se ganó el sorteo […]”

De igual forma, la Presidencia de la República allegó prueba que

demuestra que la rectificación fue publicada desde la cuenta de la

red social X del presidente de la República, misma desde la cual se

publicó el mensaje inicial.

De lo anterior se infiere que la actuación adelantada por el

presidente de la República acaeció en virtud de la orden de

amparo decretada en la sentencia de primera instancia, por lo que

no se encuadra dentro de la definición de hecho superado contenida

en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, cuyo tenor indica:

“[…] Artículo 26. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes […]”.

Empero, para resolver lo concerniente a la solicitud de declarar la

carencia actual de objeto de la presente tutela, por hecho superado,

es menester precisar lo que la Jurisprudencia Constitucional ha

sostenido sobre este concepto.

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Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte

Constitucional, en la sentencia T-581 de 2010, expresó:

“[…] El fenómeno de la carencia actual de objeto por un
hecho superado. Reiteración de jurisprudencia.

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la
acción de tutela con la finalidad de garantizar la efectiva
protección de los derechos fundamentales de las personas
cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular (en los casos establecidos en la ley), protección que
se ve materializada con la emisión de una orden por parte del
juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue
en el tiempo[33].

Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela esta
Corporación ha señalado que la misma se extingue cuando ‘la
vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que
configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al
juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del
demandado, que se pretendía lograr mediante la orden
del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada
orden’[34]. Cuando la vulneración o la amenaza de los
derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo que
la jurisprudencia constitucional ha denominado ‘hecho
superado’”. Al respecto, la Corte indicó en Sentencia T- 957 de
2009:

“El ‘hecho superado’, ha dicho esta Corporación, se
presenta cuando por la acción u omisión del obligado,
desaparece la afectación del derecho cuya protección
se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del Juez Constitucional. La
Jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión
‘hecho superado’, en el sentido obvio de las palabras,
es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en tutela.”

Esta situación se puede presentar en dos ocasiones: ‘(i) antes
de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en
el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite
de revisión ante esta Corporación[35].En este último
evento, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que la
acción de tutela se torna improcedente[36] por no existir un

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objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo
29 del Decreto 2591 de 1991)’[37].

En efecto, esta Corporación ha sostenido que cuando se
presenta este fenómeno el Juez de tutela debe proferir un fallo
de fondo, analizando si realmente existió una amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados y
determinando el alcance de los mismos[38]. En este sentido, por
ejemplo, en la Sentencia T-722 de 2003 la Corte Constitucional
precisó lo siguiente:

‘i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico del amparo
se supera antes de iniciado el proceso ante los Jueces
de tutela de instancia o en el transcurso de este y así
lo declaran en las respectivas providencias, la Sala
de Revisión no puede exigir de ellos proceder distinto
y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado
quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de
su competencia y con el propósito de cumplir con los
fines primordiales de la Jurisprudencia de esta Corte,
realice un examen y una declaración adicional
relacionada con la materia, tal como se hará en el caso
sub-examine.

ii.) Por su parte, cuando la sustracción de materia tiene
lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone a
tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite
ante los jueces de instancia ha debido concederse el
amparo de los derechos fundamentales invocados y así
no se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala
respectiva de esta Corporación, de conformidad con la
Jurisprudencia reciente, consistirá en revocar los fallos
objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que
no se proceda a impartir orden alguna […]”.

Sobre el mismo asunto, en la sentencia T - 612 de 2012, la Corte

precisó:

“[…] En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que
se presenta cuando antes de que se profiera el fallo, el
demandado satisface lo solicitado. En efecto, ‘si lo
pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o

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dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de
tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza
de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la
tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de
proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera
el Juez caería en el vacío[7].

En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…)
la protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por
innecesaria, cuando durante el curso del proceso desaparece la
amenaza o cesa la vulneración. El Juez queda inhabilitado, por
tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer el orden
jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad
sin la intervención de la autoridad del Estado […]”
(Negrilla y subrayas por fuera del texto original).

De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes

elementos para declarar la carencia actual de objeto, por hecho

superado:

1. Que se reclame ante el juez de tutela la protección de un

derecho fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por

la acción o la omisión de la autoridad o de un particular.

2. Que antes de que se profiera la decisión del juez, esto es, como

medida cautelar, en la primera instancia, en la segunda

instancia o en sede de revisión, desaparezca la vulneración o

amenaza de vulneración de los derechos fundamentales,

porque se satisface lo pedido en la tutela.

[7] SU - 540 de 2007

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La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que

eventualmente decretaría el juez carecería de objeto y, por ende,

se torna inoficiosa.

Ahora bien, en estos eventos ha explicado la Corte que se debe

diferenciar la labor de los jueces de instancia y la de esa Corporación

en sede de revisión, por cuanto: “[…] no es perentorio para los Jueces

de instancia (…) incluir en la argumentación de su fallo el análisis

sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la

demanda. Sin embargo, pueden hacerlo, sobre todo si consideran

que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del

caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de

conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o

para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su

repetición, so pena de las sanciones pertinentes, tal como lo

prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es

potestativo para los Jueces de instancia, se convierte en obligatorio

para la Corte Constitucional en sede de revisión pues como autoridad

suprema de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de

determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección

se solicita. Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos,

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tanto para los Jueces de instancia como para esta Corporación, es

que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad

se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción

de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que

autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia

actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia

de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la

inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a

las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor

del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 […]”.

En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que

la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado,

pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la

orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como

estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e

incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de

dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de

un juez para garantizar los derechos fundamentales al buen nombre

y a la honra de los ciudadanos.

En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden

de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que

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debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por

cuanto, además, sirvió para la protección cabal de los derechos

reclamados.

Distinto sería si, por ejemplo, la SECCIÓN CUARTA no hubiese

concedido el amparo y aun así el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

hubiese rectificado la publicación del 8 de octubre de 2024, ya que

en esta instancia sí habría lugar a declarar el hecho superado, por

cuanto, efectivamente, se constató que se violó los derechos

fundamentales, pero es inane decretar orden alguna, en atención a

que la situación de vulneración ya fue superada.

Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está

previsto para aquellos casos en los que el Juez Constitucional, en

cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador

desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna

encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la

intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y

estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.

Lo anterior, impone para la Sala confirmar la sentencia impugnada,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DECLARA FUNDADO el impedimento manifestado por el

señor consejero doctor GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,

se le separa del conocimiento del mismo.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

señaladas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de abril de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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