Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06199-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06199-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06199-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06199-02
Referencia: Acción de tutela
Actor: ENRIQUE VARGAS LLERAS
TESIS: SE CONFIRMA FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE CASO
NO SE CONFIGURÓ CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, SINO LA CESACIÓN DE LA VULNERACIÓN POR EL
CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA contra la sentencia de 23 de enero de 2025,
mediante la cual la SECCIÓN CUARTA1 amparó los derechos
fundamentales del actor.
I.- ANTECEDENTES
1
En adelante la Sección Cuarta.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06199-02
Actor: ENRIQUE VARGAS LLERAS
I.1.- La solicitud
El señor ENRIQUE VARGAS LLERAS, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al bueno nombre y a la honra, los cuales estima
vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA con ocasión
de la publicación que hizo el presidente de la República el 8 de
octubre de 2024 en la red social X, por medio de la cual hizo
referencia a su designación como integrante de la Corte Arbitral de
la Cámara de Comercio de Bogotá y la del señor Germán Vargas
Lleras como miembro del tribunal de arbitramento que decidirá la
controversia suscitada entre las sociedades Equipo Universal S.A. y
Castro Tcherassi contra el Instituto Desarrollo Urbano – IDU.
I.2.- Hechos
Señaló que integra la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de
Bogotá y su hermano, el señor Germán Vargas Lleras, fue designado
como miembro del tribunal de arbitramento que decidirá la
controversia suscitada entre las sociedades Equipo Universal S.A. y
Castro Tcherassi contra el Instituto Desarrollo Urbano – IDU.
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Actor: ENRIQUE VARGAS LLERAS
Relató que el presidente de la República, el señor Gustavo Petro
Urrego a través de la red social X el 8 de octubre de 2024 publicó el
siguiente mensaje:
“[…] Miies (sic) de millones de pesos se gana un Vargas Lleras (sic)
por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la
Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización
de la justicia sino que se apalanca fuerte para la politización de la
justicia pública.
Desde aquí juegan al golpe de estado. No quieren un Presidente
democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de
apellidos.
La contratación del gobierno debe abandonar este tipo de justicia
privada para dirimir sus pleitos […]”.
Mencionó que mediante petición de 10 de octubre de 2024, solicitó a
la Presidencia de la República rectificar la publicación transcrita, toda
vez que no interfirió ni influenció como integrante de la Corte Arbitral
de la Cámara de Comercio de Bogotá en la designación como árbitro
del señor Germán Vargas Lleras, comoquiera que tal sorteo se llevó
a cabo conforme al Manual General del Sorteo de los Servicios
Nacionales del Centro de Arbitraje y el reglamento del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el
cual no tiene incidencia alguna el organismo al cual pertenece.
Afirmó que, mediante oficio OFI24-00216300/GFPU 1315000 de 1o.
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Actor: ENRIQUE VARGAS LLERAS
de noviembre de 2024, la Presidencia de la República negó la
solicitud de rectificación al estimar que el mensaje cuestionado fue
consecuencia de una réplica de una publicación realizada el 8 de
octubre de 2024 desde la cuenta @German_ Vargas, en la que se
mencionó que: “[…] Lo que empezó no es el “golpe blando”, sino la
dictadura de Petro contra cualquier decisión judicial convocando a
una movilización popular. ¡A eso estamos condenados! […]”.
Indicó que, como sustento de la respuesta dada por la Presidencia
de la República, se señaló que las opiniones emitidas en discusiones
políticas se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de
expresión, escenario en el que no acontecía vulneración de las
garantías superiores al buen nombre y a la honra, de conformidad
con lo dispuesto por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional; sumado a ello, que en la publicación no se le
mencionó ni mucho menos se refirió a que haya tenido injerencia en
la designación del señor Germán Vargas Lleras como árbitro, de tal
forma que no se advertía agravio alguno.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
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A juicio del actor, la Presidencia de la República sí vulneró sus
derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, pues realizó
difamaciones en su contra y de su hermano el señor Germán Vargas
Lleras al señalar, sin fundamento alguno, que tuvo participación o
injerencia en la designación de este último como árbitro del tribunal
que decidirá la controversia suscitada entre las sociedades Equipo
Universal SA y Castro Tcherassi contra el Instituto Desarrollo Urbano
– IDU.
Alegó que la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá no
incidió de forma alguna en el sorteo en el cual fue elegido su
hermano, pues este se ciñó al Manual General del Sorteo de los
Servicios Nacionales del Centro de Arbitraje y al reglamento del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, situación que fue certificada por la firma BakerTilly.
Aseveró, contrario a lo afirmado por la Presidencia de la República
en su respuesta, que el mensaje sí lo mencionaba, comoquiera que
es el único arbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá con los
apellidos Vargas Lleras.
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Refirió que las afirmaciones realizadas por la Presidencia de la
República no se encuentran enmarcadas dentro del derecho a la
libertad de expresión, comoquiera que las discusiones políticas que
el señor Gustavo Petro Urrego tiene con el señor Germán Vargas
Lleras no lo legitiman a emitir afirmaciones carentes de veracidad,
máxime cuando ello escapa del debate público a aspectos privados.
Manifestó que no es de tal acierto que el señor Germán Vargas Lleras
reciba miles de millones de pesos, como erradamente lo refiriere el
presidente de la República, pues desde que integra la lista de árbitros
no le han sido pagados honorarios por ese concepto.
Finalmente, puso de presente que el Consejo de Estado 2 en un caso
con similares situaciones fácticas accedió al amparo solicitado, al
estimar que las afirmaciones del presidente de la República vulneran
los derechos fundamentales.
I.4.- Pretensiones
El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 27 de agosto de 2024, M. P. Martín Bermúdez Muñoz, expediente
11001-03-15-000-2024-03889-00.
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invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Como consecuencia de la prosperidad de todas o alguna de
las anteriores pretensiones, solicito se ordene al señor Gustavo
Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, retractarse de
las afirmaciones efectuadas en contra del suscrito, en las mismas
condiciones y a través de los mismos medios en las que las efectuó
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La Presidencia de la República afirmó que la solicitud de
amparo de la referencia resulta improcedente, comoquiera que la
inconformidad del actor es realmente una confrontación o debate
político entre dos personas de amplio reconocimiento nacional y
público, en la cual no intervino ni participó el accionante.
Aseveró que las declaraciones del presidente de la República son
precisamente una respuesta del primer mandatario a lo mencionado
por el señor Germán Vargas Lleras y no del actor, respuesta que,
además, se enmarca en el ejercicio del derecho de réplica, como
parte sustantiva del derecho a la libertad de expresión en la
modalidad de opinión.
Adujo que el actor carece de legitimación en la causa por activa para
promover la acción de tutela, circunstancia que obligaría al juez
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constitucional a desestimar las pretensiones.
De manera subsidiaria solicitó que sean denegadas las pretensiones,
comoquiera que las opiniones emitidas por el Presidente de la
República en la página de la red social X el 8 de octubre de 2024, no
se inscriben en el ámbito de la interpretación y el alcance atribuido
por el actor, siendo en un contexto distinto, el cual es la respuesta a
lo propiciado por el señor Germán Vargas Lleras.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 23 de enero de 2025, la SECCIÓN CUARTA
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia en lo
concerniente al presunto dinero que percibe Germán Vargas Lleras
como árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, comoquiera que
el actor carece de legitimación en la causa por activa pues no es el
titular de los derechos fundamentales que se alegaban sobre el
particular.
Frente a la solicitud en lo que refiere al texto restante, afirmó que el
actor pidió a la autoridad accionada retractarse, petición que le fue
denegada; además, constató que la referida publicación sí hacía
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referencia al accionante, tan es así que ello fue producto de un
mensaje escrito como réplica a una afirmación hecha por el señor
Germán Vargas Lleras.
Advirtió que el actor y su hermano son las únicas personas que hacen
parte de la Cámara de Comercio de Bogotá con los apellidos Vargas
Lleras, por lo que no cabía duda de que el presidente de la República
se refería a ellos.
En cuanto al mensaje “[…] Miies (sic) de millones de pesos se gana
un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la
corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá […]”, consideró
que comportaba la prerrogativa de la libertad de información, pues
allí el presidente de la República comunica un hecho (el presunto
sorteo realizado por el demandante en el que el señor Germán Vargas
Lleras resultó designado como integrante de un tribunal arbitral).
En esa medida, advirtió que frente a las inconformidades del actor
que involucran una opinión sobre la justicia arbitral, no se
pronunciaría porque además de que no le conciernen directamente
al demandante, están amparadas por la libertad a expresar opiniones
y pensamientos sobre determinado asunto, escenario en el que no le
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era dable involucrarse en aras de reservar el libre pensamiento.
Ahora, determinó que una vez establecido que la afirmación “[…]
Miies (sic) de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un
sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara
de Comercio de Bogotá […]” involucra la libertad de información,
advirtió que ello debió atender el principio de veracidad, el cual no
se cumplía en el asunto, toda vez que de conformidad con el
Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, tal función del sorteo en el que fue designado
el señor Germán Vargas Lleras no le corresponde a la Corte Arbitral,
por lo que era válido colegir que el actor no tuvo incidencia alguna
en el referido sorteo.
Sobre el particular afirmó que si bien el principio de veracidad no
impone el deber de justificar de manera irrefutable la información
que se publica, si se hace imperioso adelantar algún tipo de gestión
de la que se logre inferir que lo publicado puede corresponder a la
realidad, lo cual no se constata de la publicación que se reprocha, en
la medida en que carece de respaldo.
Así las cosas, destacó que la Presidencia de la República, en ejercicio
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del derecho a la información, vulneró las garantías superiores al buen
nombre y a la honra del actor, pues indicó que hizo el sorteo en el
que resultó favorecido su hermano pese a no contar con algún
elemento que respaldara esa información, situación que ameritaba la
respectiva retractación, conforme a los artículos 14 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y 20 de la Constitución Política y
la jurisprudencia constitucional.
Por lo anterior, amparó los derechos fundamentales al buen nombre
y a la honra del actor y ordenó al Presidente de la República que,
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esa decisión,
rectificara la información publicada en su red social de X que se
reprocha por ese mismo medio sobre la participación del accionante
en el sorteo en el que resultó designado el señor Germán Vargas
Lleras como árbitro para conocer la controversia suscitada entre las
sociedades Equipo Universal SA y Castro Tcherassi contra el Instituto
Desarrollo Urbano – IDU.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La Presidencia de la República impugnó la decisión proferida en
primera instancia y solicitó declarar la carencia actual de objeto por
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hecho superado o, en su defecto, revocar la decisión del a quo y
denegar el amparo deprecado.
Al respecto, sostuvo que el pasado 31 de enero de 2025, el señor
presidente de la República Gustavo Petro Urrego, con el propósito de
aclarar y rectificar lo manifestado en el mensaje del 8 de octubre de
2024 publicó desde su cuenta de la red social X, el siguiente mensaje:
“[…] Procedo a rectificar y agrego actas.
1.El señor Enrique Vargas Lleras fue miembro de la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 2006, por más de
15 años y el 18 abril del 2024 fue elegido como miembro de la
Corte Arbitral.
2.Dentro de las funciones de la Corte Arbitral, según su
reglamento, está la de aprobar los candidatos a integrar las listas
de árbitros, listas de las que se hacen los respectivos sorteos.
3.El señor Germán Vargas Lleras entró a formar parte de la lista de
árbitros el 1 de febrero del 2021, la cual está integrada
actualmente por 567 abogados.
4.Germán Vargas Lleras fue sorteado como árbitro el 20 de Agosto
de 2024 (consorcio vía al mar vrs ANI), cuando su hermano ya era
miembro de la Corte Arbitral.
5. Germán Vargas Lleras también fue sorteado como árbitro en otro
conflicto el 09 de septiembre de 2024 (Equipo Universal SA y
Castro Tcherassi contra el IDU), y su hermano Enrique ya era
miembro de la Corte Arbitral.
6. Aunque no puedo decir que el señor Erique Vargas Lleras
determina el sorteo, lo que si es una realidad es que determina la
lista de sorteables y que por ley de probabilidades debería ser muy
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remoto que su hermano gane un sorteo en el periodo en el que su
hermano es miembro de la Corte Arbitral que determina esa lista
de sorteables. La probabilidad es de 1 sobre 562 integrantes de la
lista, pero, además, multiplico por otro 1/562, dado que se
presentaron dos eventos seguidos en que se ganó el sorteo […]”
Adujo que el presidente de la República rectificó y aclaró que la
publicación inicial se trató de una crítica a los riesgos que observa en
la privatización de la justicia, especialmente, aquellas ejercidas a
través de la justicia arbitral que maneja la Cámara de Comercio de
Bogotá, pues se trata de un sistema que permite que mientras una
persona tiene un rol directivo, un familiar tan cercano, como puede
ser aquel que se encuentra en segundo grado de consanguinidad,
pueda fungir como árbitro sorteado por dicha organización para las
controversias que allí se ventilan.
Reiteró que el mensaje inicial era un ejercicio al derecho a la libertad
de expresión que no implicó un señalamiento claro, directo y
específico en relación con una posible interferencia del accionante en
el sorteo de las personas designadas para conocer de la controversia
suscitada entre las sociedades Equipo Universal SA y Castro
Tcherassi contra el Instituto Desarrollo Urbano – IDU.
En ese orden de ideas, manifestó que, al contrastar el mensaje del
31 de enero de 2025, con la orden judicial se observa que se está en
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presencia de un hecho superado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las Secciones.
Cuestión Previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor
consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, mediante
escrito obrante en el índice 4 del expediente digital 3, manifestó su
3
El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI.
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impedimento para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto
mantiene una amistad íntima con el señor ENRIQUE VARGAS
LLERAS, parte actora en la acción constitucional de la referencia.
Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, la cual prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 56. Causales de impedimento.
Son causales de impedimento:
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre
alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y
el funcionario judicial […].
Ahora, respecto de la causal de impedimento relativa a la amistad
íntima, se ha considerado que pese a que dicha manifestación
trasciende al ámbito subjetivo se debe evaluar de forma particular la
relación de correspondencia de los hechos referidos por parte de quien
se declara impedido, la relación existente entre el funcionario y alguna
de las partes del proceso y la posibilidad de que ésta afecte la
imparcialidad de la decisión.
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En efecto, mediante Auto 279 de 29 de junio de 20164, la Corte
Constitucional señaló lo siguiente:
“[…] la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado ha indicado que el nivel de credibilidad de la manifestación
de amistad íntima tiene el fundamento en aquello que expresa el
operador judicial, toda vez que no es jurídicamente posible
comprobar los niveles de amistad que el funcionario pueda tener con
otra persona. Por lo anterior, tales situaciones trascienden al ámbito
subjetivo5.
Asimismo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
establecido que el impedimento por motivos de amistad se refiere al
vínculo que existe entre personas, que además de darse trato y
confianza de forma recíproca, comparten sentimientos y
pensamientos que hacen parte de los miembros de la relación. Por
lo anterior, se ha admitido con amplitud este tipo de impedimentos,
debido a su marcado carácter subjetivo, a cambio de que el
funcionario judicial exponga con claridad las razones de su
impedimento, con el fin de que el fallador decida sobre la aceptación
o negación de las circunstancias que afectan la imparcialidad del
juicio6.
Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la causal de
impedimento por amistad íntima o enemistad grave entre alguna de
las partes y el funcionario judicial, hace referencia a un criterio
subjetivo en el que el fallador debe evaluar de forma particular la
relación de correspondencia de los hechos referidos por parte de
quien se declara impedido, la relación existente entre el funcionario
y alguna de las partes del proceso y la posibilidad de que ésta afecte
la imparcialidad de la decisión […]”.
A juicio de la Sala, los hechos esgrimidos por el doctor GERMÁN
EDUARDO OSORIO CIFUENTES configuran la causal de
4
Expediente T-5.027.021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Sentencia del 17 de julio de 2014, radicación No. 11001-03-28-000-2014-00022-00(IMP), M.P.
Susana Buitrago Valencia.
6
Sentencia del 8 de octubre de 2008, proceso No. 30595, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.
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impedimento alegada, toda vez que manifiesta tener vínculo de
amistad íntima con el accionante, con quien ha compartido espacios
académicos, profesionales y personales.
En virtud de lo anterior, debe declararse fundado el impedimento
manifestado por el citado consejero, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de sus
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derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, los cuales
estima vulnerados por la Presidencia de la República, con ocasión
de la publicación que hizo el presidente de la República el 8 de
octubre de 2024 en la red social X, por medio de la cual hizo
referencia a su designación como integrante de la Corte Arbitral de
la Cámara de Comercio de Bogotá y la del señor Germán Vargas
Lleras como miembro del tribunal de arbitramento que decidirá la
controversia suscitada entre las sociedades Equipo Universal SA y
Castro Tcherassi contra el Instituto Desarrollo Urbano – IDU.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN CUARTA que, mediante fallo de 23 de enero de 2025,
declaró improcedente la solicitud de amparo en lo que concierne al
presunto dinero que percibe el señor Germán Vargas Lleras como
árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y, amparó los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra del actor, por lo que
ordenó al presidente de la República rectificar la publicación objeto
de controversia.
Inconforme con lo anterior, la Presidencia de la República impugnó
la decisión proferida en primera instancia, para lo cual solicitó que se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado, pues
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mediante mensaje aclaratorio publicado por el presidente de la
República el 31 de enero de 2025 desde su cuenta de la red social X,
dio cumplimiento al fallo de primera instancia y rectificó su
publicación. Sumado a ello, solicitó que se revoque la decisión del a
quo, comoquiera que no vulneró los derechos fundamentales
invocados, por lo que era procedente denegar las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si hay lugar a revocar la
sentencia proferida en primera instancia, con ocasión de las
actuaciones que el presidente de la República ha ejecutado con
ocasión de esa decisión y con las cuales, afirma haberse configurado
una carencia de objeto por hecho superado.
De la carencia actual de objeto por hecho superado
La impugnante señaló que se debe revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado, por cuanto que mediante mensaje publicado en la
red social X el 31 de enero de 2025, el presidente de la República
rectificó lo manifestado en la publicación del 8 de octubre de 2024.
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Al respecto, la Sala advierte lo siguiente:
En cumplimiento del fallo proferido en primera instancia, a través de
la publicación del 31 de enero de 2025 en la red social X el presidente
de la República rectificó lo manifestado el 8 de octubre de 2024, de
la siguiente manera:
“[…] Procedo a rectificar y agrego actas.
1.El señor Enrique Vargas Lleras fue miembro de la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 2006, por más de
15 años y el 18 abril del 2024 fue elegido como miembro de la
Corte Arbitral.
2.Dentro de las funciones de la Corte Arbitral, según su
reglamento, está la de aprobar los candidatos a integrar las listas
de árbitros, listas de las que se hacen los respectivos sorteos.
3.El señor Germán Vargas Lleras entró a formar parte de la lista de
árbitros el 1 de febrero del 2021, la cual está integrada
actualmente por 567 abogados.
4.Germán Vargas Lleras fue sorteado como árbitro el 20 de Agosto
de 2024 (consorcio vía al mar vrs ANI), cuando su hermano ya era
miembro de la Corte Arbitral.
5. Germán Vargas Lleras también fue sorteado como árbitro en otro
conflicto el 09 de septiembre de 2024 (Equipo Universal SA y
Castro Tcherassi contra el IDU), y su hermano Enrique ya era
miembro de la Corte Arbitral.
6. Aunque no puedo decir que el señor Erique Vargas Lleras
determina el sorteo, lo que si es una realidad es que determina la
lista de sorteables y que por ley de probabilidades debería ser muy
remoto que su hermano gane un sorteo en el periodo en el que su
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hermano es miembro de la Corte Arbitral que determina esa lista
de sorteables. La probabilidad es de 1 sobre 562 integrantes de la
lista, pero, además, multiplico por otro 1/562, dado que se
presentaron dos eventos seguidos en que se ganó el sorteo […]”
De igual forma, la Presidencia de la República allegó prueba que
demuestra que la rectificación fue publicada desde la cuenta de la
red social X del presidente de la República, misma desde la cual se
publicó el mensaje inicial.
De lo anterior se infiere que la actuación adelantada por el
presidente de la República acaeció en virtud de la orden de
amparo decretada en la sentencia de primera instancia, por lo que
no se encuadra dentro de la definición de hecho superado contenida
en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, cuyo tenor indica:
“[…] Artículo 26. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes […]”.
Empero, para resolver lo concerniente a la solicitud de declarar la
carencia actual de objeto de la presente tutela, por hecho superado,
es menester precisar lo que la Jurisprudencia Constitucional ha
sostenido sobre este concepto.
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Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-581 de 2010, expresó:
“[…] El fenómeno de la carencia actual de objeto por un
hecho superado. Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la
acción de tutela con la finalidad de garantizar la efectiva
protección de los derechos fundamentales de las personas
cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular (en los casos establecidos en la ley), protección que
se ve materializada con la emisión de una orden por parte del
juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue
en el tiempo[33].
Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela esta
Corporación ha señalado que la misma se extingue cuando ‘la
vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que
configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al
juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del
demandado, que se pretendía lograr mediante la orden
del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada
orden’[34]. Cuando la vulneración o la amenaza de los
derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo que
la jurisprudencia constitucional ha denominado ‘hecho
superado’”. Al respecto, la Corte indicó en Sentencia T- 957 de
2009:
“El ‘hecho superado’, ha dicho esta Corporación, se
presenta cuando por la acción u omisión del obligado,
desaparece la afectación del derecho cuya protección
se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del Juez Constitucional. La
Jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión
‘hecho superado’, en el sentido obvio de las palabras,
es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en tutela.”
Esta situación se puede presentar en dos ocasiones: ‘(i) antes
de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en
el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite
de revisión ante esta Corporación[35].En este último
evento, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que la
acción de tutela se torna improcedente[36] por no existir un
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objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo
29 del Decreto 2591 de 1991)’[37].
En efecto, esta Corporación ha sostenido que cuando se
presenta este fenómeno el Juez de tutela debe proferir un fallo
de fondo, analizando si realmente existió una amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados y
determinando el alcance de los mismos[38]. En este sentido, por
ejemplo, en la Sentencia T-722 de 2003 la Corte Constitucional
precisó lo siguiente:
‘i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico del amparo
se supera antes de iniciado el proceso ante los Jueces
de tutela de instancia o en el transcurso de este y así
lo declaran en las respectivas providencias, la Sala
de Revisión no puede exigir de ellos proceder distinto
y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado
quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de
su competencia y con el propósito de cumplir con los
fines primordiales de la Jurisprudencia de esta Corte,
realice un examen y una declaración adicional
relacionada con la materia, tal como se hará en el caso
sub-examine.
ii.) Por su parte, cuando la sustracción de materia tiene
lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone a
tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite
ante los jueces de instancia ha debido concederse el
amparo de los derechos fundamentales invocados y así
no se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala
respectiva de esta Corporación, de conformidad con la
Jurisprudencia reciente, consistirá en revocar los fallos
objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que
no se proceda a impartir orden alguna […]”.
Sobre el mismo asunto, en la sentencia T - 612 de 2012, la Corte
precisó:
“[…] En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que
se presenta cuando antes de que se profiera el fallo, el
demandado satisface lo solicitado. En efecto, ‘si lo
pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o
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dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de
tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza
de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la
tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de
proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera
el Juez caería en el vacío[7].
En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…)
la protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por
innecesaria, cuando durante el curso del proceso desaparece la
amenaza o cesa la vulneración. El Juez queda inhabilitado, por
tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer el orden
jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad
sin la intervención de la autoridad del Estado […]”
(Negrilla y subrayas por fuera del texto original).
De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes
elementos para declarar la carencia actual de objeto, por hecho
superado:
1. Que se reclame ante el juez de tutela la protección de un
derecho fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por
la acción o la omisión de la autoridad o de un particular.
2. Que antes de que se profiera la decisión del juez, esto es, como
medida cautelar, en la primera instancia, en la segunda
instancia o en sede de revisión, desaparezca la vulneración o
amenaza de vulneración de los derechos fundamentales,
porque se satisface lo pedido en la tutela.
[7] SU - 540 de 2007
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La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que
eventualmente decretaría el juez carecería de objeto y, por ende,
se torna inoficiosa.
Ahora bien, en estos eventos ha explicado la Corte que se debe
diferenciar la labor de los jueces de instancia y la de esa Corporación
en sede de revisión, por cuanto: “[…] no es perentorio para los Jueces
de instancia (…) incluir en la argumentación de su fallo el análisis
sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la
demanda. Sin embargo, pueden hacerlo, sobre todo si consideran
que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del
caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o
para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, tal como lo
prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es
potestativo para los Jueces de instancia, se convierte en obligatorio
para la Corte Constitucional en sede de revisión pues como autoridad
suprema de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección
se solicita. Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos,
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tanto para los Jueces de instancia como para esta Corporación, es
que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad
se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción
de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que
autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia
actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia
de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la
inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a
las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor
del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 […]”.
En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que
la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado,
pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la
orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como
estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e
incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de
dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de
un juez para garantizar los derechos fundamentales al buen nombre
y a la honra de los ciudadanos.
En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden
de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que
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debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por
cuanto, además, sirvió para la protección cabal de los derechos
reclamados.
Distinto sería si, por ejemplo, la SECCIÓN CUARTA no hubiese
concedido el amparo y aun así el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
hubiese rectificado la publicación del 8 de octubre de 2024, ya que
en esta instancia sí habría lugar a declarar el hecho superado, por
cuanto, efectivamente, se constató que se violó los derechos
fundamentales, pero es inane decretar orden alguna, en atención a
que la situación de vulneración ya fue superada.
Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está
previsto para aquellos casos en los que el Juez Constitucional, en
cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador
desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna
encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la
intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y
estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.
Lo anterior, impone para la Sala confirmar la sentencia impugnada,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DECLARA FUNDADO el impedimento manifestado por el
señor consejero doctor GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,
se le separa del conocimiento del mismo.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones
señaladas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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Actor: ENRIQUE VARGAS LLERAS
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de abril de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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