RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06200-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06200-00

Fecha
17 de enero de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06200-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06200-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

17 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN
Accionado: Consejo de Estado-Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Subtema 1: Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 2: Relevancia constitucional.
Subtema 3: Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela que presentó la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales en contra de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de la tutela

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN 1, por intermedio de
apoderado, solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad, que consideró vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
con ocasión de la sentencia del 9 de mayo de 2024, que modificó el fallo dictado el
1 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, y, en consecuencia,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el número de radicado 17001-23-33-
000-2018-00550-00/01.

1
Archivo electrónico identificado con certificado B3044D25B8F3F359 9EABCAF98FD42E7E
A084CF23EF23E179 368D39D148DDDB24, ubicado en el índice 2 del Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

1.2. Hechos

1.2.1. William Faustino Acosta Calderín, el 28 de enero de 2010, presentó la
declaración del impuesto sobre las ventas del sexto período de 2009, en la que
registró un saldo a favor de $4.196.886.000, solicitado en devolución a la DIAN con
garantía amparada bajo la póliza de cumplimiento otorgada por Seguros del Estado
S.A. Con fundamento en lo anterior, por medio de Resolución núm. 85 del 1 de
febrero de 2010, la DIAN ordenó la devolución solicitada.

1.2.2. Luego, el 16 de agosto de 2012, con la Liquidación Oficial de Revisión número
10241201000059, la DIAN modificó la declaración presentada por el señor Acosta
Calderín por concepto del impuesto sobre las ventas del 6.° bimestre de 2009,
desconoció el saldo a favor y determinó un saldo a pagar.

1.2.3. Previo pliego de cargos, la DIAN expidió la Resolución Sanción número
10241201300006 del 15 de abril de 2013, por medio de la cual impuso sanción al
señor Acosta Calderín por improcedencia en la devolución contemplada en el
artículo 670 del ET y ordenó reintegrar la suma de $4.196.886.000, más los
intereses moratorios aumentados en un 50% y dispuso notificar la decisión al
contribuyente y a la aseguradora. Contra el anterior acto, el 22 de mayo de 2023, la
aseguradora interpuso recurso de reconsideración el cual fue resuelto a través de
la Resolución 900.096 del 23 de abril de 2014, que confirmó el acto recurrido.

1.2.4. Por lo anterior, Seguros del Estado S.A. promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las precitadas resoluciones. En el trámite de
segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 13 de septiembre de 2017, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y
a título de restablecimiento del derecho declaró que el señor Acosta Calderín debía
reintegrar a la DIAN $4.180.833.000 indebidamente devueltos, junto con los
intereses moratorios y la correspondiente sanción del 20% de dicha suma
correspondiente a $836.166.6008.

1.2.5. El 2 de marzo de 2018 la DIAN libró el mandamiento de pago número
10241201300006 contra Seguros del Estado S.A., en su calidad de deudor solidario
del señor Acosta Calderín, por las obligaciones contenidas en la sentencia del 13
de septiembre de 2017, entre otras, frente al cual, la demandante propuso
excepciones de falta de título ejecutivo, falta de ejecutoria del título ejecutivo e
indebida tasación del monto de la deuda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

1.2.6. La DIAN, el 16 de mayo de 2018, expidió la Resolución nro.110-242-448-313-
0930, con la que declaró probadas parcialmente las excepciones propuestas en el
sentido de la inexistencia de título ejecutivo respecto a otros valores diferentes al
discutido en el presente asunto (IVA del sexto bimestre del año 2009).

1.2.7. La interesada impugnó el mencionado acto administrativo y propuso la
excepción de pago efectivo, para ello, la aseguradora realizó el pago de
$4.180.883.000 con el Recibo de Pago número 4910040909662 del 14 de junio de
2018. El recurso fue resuelto de manera desfavorable mediante Resolución número
110-242-1359 del 5 de julio de 2018, al considerar que se efectuó un pago parcial
en vista de que este no cubría la sanción y los intereses moratorios.

1.2.8. Por lo antedicho, Seguros del Estado S.A., presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y formuló las siguientes
pretensiones:

“(…) PRIMERA: que se declare la nulidad de la actuación administrativa de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de la cual se resolvieron
desfavorablemente las excepciones previas propuestas por el apoderado de la
Aseguradora contra el mandamiento de pago No. 20180304090006 de marzo 2 de
2018, dictado en el proceso de cobro que adelanta a División de Gestión de Recaudo
y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Manizales contra el afianzado
William Faustino Acosta Calderín y esta Aseguradora.
Esta actuación se encuentra individualizada en los siguientes actos que en el tiempo
sucedieron a la expedición del Mandamiento de Pago de la referencia:
 RESOLUCIÓN No. 110-242-448-313-0930 DE FECHA MAYO 16 DE 2018, por
medio de la cual se aprobaron parcialmente las excepciones invocadas por Seguros
del Estado S.A., proferida por la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la
Dirección Seccional de Impuestos de Manizales, Caldas.
 RESOLUCIÓN No. 110-242-1359 DE FECHA JULIO 5 DE 2018, por medio del cual
se decidió en forma negativa el recurso de reposición interpuesto por la Aseguradora,
proferida por la Jefe (A) de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la
Dirección Seccional de Impuestos de Manizales, Caldas.

SEGUNDA: que como consecuencia de la nulidad se restablezca el derecho de la
parte actora, exponiéndose que la Aseguradora no está obligada a indemnizar a la
Nación la sanción pecuniaria a cargo del afianzado William Faustino Acosta Calderín,
impuesta por la Administración con ocasión de la devolución improcedente del saldo
a favor liquidado por el afianzado en su declaración de IVA – 6° bimestre del año
2009, tal como fuera reducida por el H. Consejo de Estado, Sección Cuarta, en
providencia de septiembre 13 de 2017, Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Rad. 17001-23-33-000 2014-00329-01).
En forma complementaria, que en razón del pago de la suma asegurada mediante la
póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales No. 42-43-101000553 de
enero 21 de 2010, quedó satisfecha la obligación condicional de la Aseguradora con
la Nación, y la segunda debe cesar el proceso de cobro coactivo en contra de la
primera (…)”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

1.2.9. El asunto se identificó con el número radicado 17001-23-33-000-2018-00550-
00 y le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Caldas, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 1 de julio de 2022: (i) declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de
Hacienda; (ii) decretó la nulidad parcial de la Resolución número 110-242-448-313-
0930 del 16 de mayo de 2018, por medio de la cual se aprobaron parcialmente las
excepciones invocadas por Seguros del Estado SA, proferida por la División de
Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de
Manizales, y de la Resolución No. 110-242-1359- del 5 de julio de 2018, por medio
de la cual se decidió en forma negativa el recurso de reposición; y (iii) declaró que
prosperaba parcialmente la excepción de indebida tasación del monto de la deuda
contenida en la póliza de cumplimiento de disposiciones legales No. 42- 43-
401000553, que constituye un título complejo con la resolución sanción
1024120130000066 del 2013/04/08-ART.1079 DEL C DE CO, propuesta por
Seguros del Estado SA en el proceso de cobro coactivo adelantado por la
demandada. A título de restablecimiento del derecho declaró que Seguros del
Estado SA no está obligado a indemnizar a la DIAN, por el valor de la sanción por
devolución improcedente correspondiente al IVA del sexto periodo del año 2009.

1.2.10. Inconformes con la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de
apelación. La alzada fue resuelta por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a
través de sentencia del 9 de mayo de 2024, que modificó la decisión de primer
grado, así:

“(…) PRIMERO: Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 1.º de julio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, conforme a las razones expuestas
en esta providencia, y en su lugar:

SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de la Resolución nro. 110-242- 448-313-0930
del 16 de mayo de 2018, y de la Resolución nro. 110-242-1359 del 5 de julio de 2018.
A título de restablecimiento del derecho, declarar próspera parcialmente la excepción
de indebida tasación del monto de la deuda, y fijar como suma objeto de cobro a cargo
de la sociedad Seguros del Estado S.A., el valor de $4.180.883.000, más los
correspondientes intereses a que hubiere lugar; asimismo, declarar probada
parcialmente la excepción de pago efectivo, por valor de $4.180.883.000.

SEGUNDO: (sic) Confirmar en lo demás (…)”

1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela

La DIAN pidió al juez constitucional que ampare sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad y, en consecuencia, se ordene a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que, dentro del término de 48 horas, emita sentencia de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

reemplazo dentro del proceso judicial con radicado núm. 17001-23-33 000-2018-
00550-01 (27168), en la que se respete la seguridad jurídica por situación jurídica
consolidada.

Como sustento de sus pretensiones la parte tutelante afirmó, en síntesis, que la
decisión cuestionada incurrió en defecto sustantivo, indebida aplicación del
precedente constitucional y violación al principio de congruencia.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada vulneró el principio de seguridad
jurídica por situación jurídica consolidada, porque declaró el 13 de septiembre de
2017 en el expediente 17001-23-33 000-2014-00329-01 (22667) la nulidad parcial
de los actos sancionatorios y, a título de restablecimiento del derecho, determinó
que el señor Acosta Calderín -como deudor principal- y Seguros del Estado -como
garante- debían reintegrar a la DIAN la suma indebidamente devuelta de
$4.180.833.000, junto con los intereses moratorios y lo correspondiente a la sanción
del 20% del valor devuelto indebidamente por valor de $836.166.600, por estar
vigente en su integridad el artículo 860 del Estatuto Tributario.

Afirmó que, al quedar ejecutoriada la decisión referida, esta hizo tránsito a cosa
juzgada y determinó la consolidación de una situación jurídica, la cual es inmutable
para las partes, pues el deber de la demandante era proceder con el pago de las
sumas de dinero declaradas por el juez de segunda instancia en el título ejecutivo
de manera voluntaria o coercitivamente.

Adujo que en la decisión cuestionada se aplicó de manera indebida la sentencia C-
112 de 2022, porque esta tiene efectos hacia futuro y no se puede emplear sobre
una situación jurídica ya consolidada. Indicó que la Corte Constitucional, en la
referida sentencia, declaró inexequible el enunciado “incluyendo el monto de las
sanciones por improcedencia de la devolución”, contenido en el segundo inciso del
artículo 860 del Estatuto Tributario y no estableció efectos retroactivos, por lo que
el Consejo de Estado, en virtud del principio de irretroactividad, no podía usarla
como argumento para decidir frente a la nulidad de los actos administrativos del
proceso de cobro coactivo en sentencia del 09 de mayo de 2024, toda vez que ya
existía una situación jurídica consolidada en la sentencia del 13 de septiembre de
2017.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

Expuso que la decisión censurada vulneró el principio de congruencia, dado que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió el asunto con fundamento en un
cargo que nunca fue objeto de debate por parte de Seguros del Estado S.A.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

El despacho del magistrado ponente, en auto del 19 de noviembre de 20242, admitió
la acción de amparo; vinculó como terceros con interés a las personas y/o entidades
que hicieron parte o intervinieron en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 17001-23-33-000-2018-00550-00/01; además,
suspendió los términos del trámite constitucional y ordenó notificar a los sujetos
procesales.

1.4.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través del magistrado ponente
de la decisión cuestionada, contestó la acción de tutela y solicitó declarar la
improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional.

Advirtió que la solicitud no superaba el requisito de relevancia constitucional, porque
los argumentos dirigidos a cuestionar el desconocimiento del principio de seguridad
jurídica y la aplicación de la sentencia C-112 de 2022, son los mismos argumentos
que la DIAN propuso en el recurso de apelación presentado en contra la sentencia
de nulidad y restablecimiento del derecho de primera instancia.

Por otra parte, advirtió que en los casos en que la tutela se dirige contra una decisión
proferida por una alta corporación, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional de procedencia, en el sentido que se constate la configuración
de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez
constitucional, lo cual, en el caso bajo estudio, no ocurrió.

Por último, en lo relacionado con la vulneración del principio de congruencia, adujo
que este cargo no cumple el requisito general de subsidiariedad, porque cualquier
argumento relacionado con el desconocimiento del principio de congruencia, debe
ser cuestionado mediante el ejercicio del recurso extraordinario de revisión, al
amparo de la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

2
Ver documento contenido en el índice 6 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
A18B4CA382D3D9B3 AA5CB796A0E17B31 E755F1D982CC85EB 22C0C75ED2D65CB7.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

1.4.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó el respectivo informe y
explicó que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano una norma que lo
obligue a responder por las pretensiones de la demanda, más aún cuando estas se
desprenden de unos hechos en los cuales no tuvo injerencia. Por lo tanto, solicitó
su desvinculación del trámite constitucional y que en consecuencia se declare su
falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.4.3. Seguros del Estado S.A. aportó su escrito de contestación y solicitó que se
negara el amparo constitucional, toda vez que no se perfeccionaba ninguna de las
vulneraciones aducidas por el extremo accionante.

Sostuvo que el análisis de cuáles de los conceptos a los que se condenó a William
Faustino Acosta Calderín deben ser asumidos por la compañía Seguro del Estado
S.A. en calidad de garante, correspondía a un estudio posterior y no había una
situación consolidada como erradamente lo sugiere la parte accionante.

Precisó que el demandante de manera ladina realizó una cita textual de la sentencia
recurrida, pues omitió el fragmento en el que el Consejo de Estado fundamentó la
aplicación con efecto retroactivo de la sentencia C-112 de 2022.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591
de 1991, y lo previsto en el reglamento interno de la Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

2.2.1. La legitimación en la causa por activa de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN- se encuentra acreditada, dado que fungió como
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo
el número 17001-23-33-000-2018-00550-00/01, en el que fue proferida la
providencia objeto de tutela, y, por tanto, es titular de los derechos fundamentales
cuyo amparo se pretende.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

2.2.2. También quedó acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, porque en sede de segunda instancia
profirió la sentencia del 9 de mayo de 2024, que puso fin al trámite judicial
adelantado en el expediente 17001-23-33-000-2018-00550-00/01 y que, según la
tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

2.3. Procedibilidad de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando una solicitud de amparo
va dirigida en contra de una providencia judicial, el juez de tutela debe, de forma
preliminar, analizar los requisitos generales de procedibilidad de la acción. Tales
condiciones son: (i) que la cuestión sea de relevancia constitucional 3; (ii) que se
cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, esto es, que se hayan agotado todos
los medios de defensa judicial al alcance; (iii) que se cumpla el principio de
inmediatez; (iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta sea decisiva
en el proceso; (v) que se identifiquen, de manera razonable, los hechos que
generaron la vulneración de derechos fundamentales, así como los derechos
violados, “y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible”4; y (vi) que no se trate de una tutela contra otra tutela 5.

Esta Sala verificará si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos
de identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración y de los
derechos vulnerados y de relevancia constitucional, para lo cual realizará un
recuento breve de su contenido, con el fin de aplicarlos al caso concreto.

2.3.1. Requisito general de subsidiariedad en el caso concreto

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al
establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar

3
En lo que respecta a este requisito, la Corte Constitucional indicó que este propende por que la
acción de tutela tenga un carácter excepcional que salvaguarde los principios de autonomía e
independencia judicial, de modo que, como las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada
"el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada”. Corte Constitucional. Sentencia SU-074 de 2022.
4
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
5
Corte Constitucional. Sentencia SU-332 de 2019, que reiteró el contenido de la Sentencia C-590
de 2005.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se
debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten
idóneos y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida
de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren
o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial6.

La Sala observa que la parte accionante argumentó que la decisión cuestionada
vulneró el principio de congruencia, al considerar que la Sección Cuarta del Consejo
de Estado resolvió el asunto basado en un cargo que no fue objeto de debate por
parte de Seguros del Estado SA. En este sentido, es pertinente aclarar que el
presente trámite no satisface el requisito de subsidiariedad en relación con el
defecto señalado, dado que existe otro mecanismo judicial que no fue agotado por
el actor.

En sustento de lo anterior, se recuerda que el desconocimiento al principio de
congruencia da lugar a la interposición del recurso extraordinario de revisión, en
concreto la causal quinta del artículo 250 del CPACA, que estipula que el recurso
procede de “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.

En ese orden, el accionante no hizo uso del medio judicial que tenía a su disposición
para garantizar la protección de sus derechos fundamentales y, en concreto, alegar
la falta de congruencia en la decisión judicial. De modo que los argumentos
planteados en la solicitud de tutela, relacionados con el defecto sustantivo, buscan
suplir una oportunidad procesal que no fue aprovechada por la demandante.
Situación que impide al juzgador constitucional resolver de fondo el asunto, en la
medida que estaría invadiendo el ámbito de competencia del juez de la causa, y
desconociendo el escenario jurídico en el que se podían, en principio, discutir
aquellas reclamaciones iusfundamentales. Así las cosas, la Sala declarará

6
Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

improcedente el amparo deprecado, respecto al reproche sub examine, por no
superar el requisito de subsidiariedad.

Ahora bien, en cuanto al defecto sustantivo y a la indebida aplicación del
precedente, esta judicatura encuentra satisfecho el presupuesto de subsidiariedad,
porque respecto de estos no procede mecanismo judicial ordinario o extraordinario
alguno para controvertir la sentencia del 9 de mayo de 2024.

En consecuencia, la sala continuará con el estudio de los mencionados defectos,
de cara al requisito de la relevancia constitucional.

2.3.2. Relevancia constitucional

El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia
constitucional si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una
controversia estricta y exclusivamente legal 7, como aquí acontece. De ese modo, en
sede constitucional se ponderará entre la finalidad de la acción de tutela como
garantía iusfundamental y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que
gobiernan las decisiones judiciales 8. Así las cosas, el juez del amparo debe resolver
asuntos de dimensión constitucional, con respeto de las competencias legales y del
principio de autonomía de los jueces 9.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad10; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas; e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales 11.

7 esta cuestión y “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con

transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de
decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar
las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger
los derechos fundamentales de quien […] se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación
uniforme y coherente – es decir segura y en condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los
distintos ámbitos del derecho”. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
8 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable para

conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir
una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 21

de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente n.° 2020-836-00.
10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610

de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-
931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
11 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede

reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que,
prima facie, el reparo esté dirigido contra una posible afectación o vulneración de
las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos fundamentales. En
especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso 12. Para ello, la
jurisprudencia constitucional 13 ha definido cuáles son los requisitos específicos de
procedencia que pueden ser invocados como únicas causales que habilitan el
control constitucional concreto.

El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en
la solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de
la actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona 14, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional” 15.

En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la SU-215 de 2022,
indicó que “(…) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las
altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una
instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal”.

2.3.2. Caso concreto

2.3.2.1. La parte actora consideró que la decisión cuestionada incurrió en def ecto
sustantivo e indebida aplicación del precedente constitucional. Sostuvo que la
autoridad judicial demandada vulneró el principio de seguridad jurídica por situación
jurídica consolidada, porque declaró el 13 de septiembre de 2017 en el expediente
17001-23-33 000-2014-00329-01 (22667) la nulidad parcial de los actos

12 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-18, T-422-

18 y T-248-18.
13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
14 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
15 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

sancionatorios y a título de restablecimiento del derecho determinó que el señor
Acosta Calderín como deudor principal y Seguros del Estado como garante debían
reintegrar a la DIAN la suma indebidamente devuelta de $4.180.833.000, junto con
los intereses moratorios y lo correspondiente a la sanción del 20% del valor devuelto
indebidamente por valor de $836.166.600, por estar vigente en su integridad el
artículo 860 del Estatuto Tributario.

Afirmó que, al quedar ejecutoriada la decisión referida, hizo tránsito a cosa juzgada
y se determinó la consolidación de una situación jurídica, la cual es inmutable para
las partes, pues el deber de la demandante era proceder con el pago de las sumas
de dinero declaradas por el juez de segunda instancia en el título ejecutivo de
manera voluntaria o coercitivamente.

Adujo que en la decisión cuestionada se aplicó de manera indebida la sentencia C-
112 de 2022, porque esta tiene efectos hacia futuro y no se puede emplear sobre
una situación jurídica ya consolidada. Indicó que la Corte Constitucional en la
referida decisión declaró inexequible el enunciado “incluyendo el monto de las
sanciones por improcedencia de la devolución”, contenido en el segundo inciso del
artículo 860 del Estatuto Tributario y no estableció efectos retroactivos, por lo que
el Consejo de Estado, en virtud del principio de irretroactividad, no podía usarla
como argumento para decidir frente la nulidad de los actos administrativos del
proceso de cobro coactivo en sentencia del 09 de mayo de 2024, toda vez que ya
existía una situación jurídica consolidada en la sentencia del 13 de septiembre de
2017.

En este punto, huelga precisar que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, una providencia judicial incurre en defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional “(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia
por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su
inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por
ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material
con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin
justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que
su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso” 16.

Al respecto, resulta pertinente poner de presente que la autoridad judicial accionada
expuso, en la decisión enjuiciada, que:

“(…) La entidad demandada cuestiona la sentencia de primera instancia al considerar
que el a quo no podía aplicar retroactivamente la sentencia C-112 de 2022, dado que
existía una situación jurídica consolidada en la sentencia del 13 de septiembre de
2017 de esta Corporación que declaró la nulidad parcial de los actos sancionatorios
y a título de restablecimiento del derecho determinó que el señor Acosta Calderín
debía reintegrar a la DIAN la suma indebidamente devuelta de $4.180.833.000, junto
con los intereses moratorios y la correspondiente sanción del 20% del valor devuelto
indebidamente por valor de $836.166.600.

Al efecto, la Corte Constitucional se ha referido frente a los efectos de sus sentencias
en el sentido que cuando se determina a través de un juicio de constitucionalidad que
un enunciado normativo no es compatible con el Estatuto Superior, se produce un
fallo que declara dicha circunstancia mediante su expulsión del orden jurídico o el
establecimiento de condicionamientos para su subsistencia, por oposición a la
exequibilidad simple, que ocurre cuando se declara conforme a la Constitución y, por
lo tanto, se mantiene intacta la disposición tal como fue concebida por el legislador.
La falta de validez de una norma significa que no se puede utilizar debido a que es
opuesta a la Constitución.

Por otro lado, existen situaciones en las que la norma, aunque tiene defectos, puede
tener efectos en el ámbito legal antes de ser eliminada o modificada por un juez
constitucional, lo que genera una necesidad de seguridad, especialmente en cuanto
a los efectos de la decisión de inexequibilidad o exequibilidad.

El artículo 45 de la Ley 270 de 1996 establece que las decisiones tomadas por la
Corte Constitucional en el desempeño de su competencia atribuida por el artículo 241
de la Carta Política de Colombia tienen efectos hacía el futuro, a menos que el alto
tribunal constitucional determine lo contrario.

(…)

Así, en la jurisprudencia constitucional se ha establecido que la competencia de la
Corte en la determinación de los efectos de sus fallos debe basarse en su cercana
correspondencia con los resultados temporales de las normas de derecho. Los
efectos generales, inmediatos, hacia el futuro y con retrospectiva (predicables de
situaciones jurídicas que se han iniciado en el pasado pero que aún continúan)
coinciden esencialmente con los alcances ex nunc, que son las consecuencias de las
sentencias de control abstracto de constitucionalidad según el artículo 45 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia”.

Por ende, indicó que conforme a los planteamientos de la Corte Constitucional en
la SU-319 de 2019, los efectos de sus sentencias se pueden emplear de manera
retrospectiva en el entendido que se aplican sobre situaciones jurídicas que iniciaron
con anterioridad a la expedición de la providencia pero que aún continúan en el
tiempo. Tal es el caso de la situación jurídica que se plantea en el presente asunto,
esto es, la tasación de una deuda a cargo de la aseguradora demandante, que inició

16
Corte Constitucional, Sentencia T-830 de 2012.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

antes de la expedición de la sentencia C-112 de 2022, que declaró la inexequibilidad
de la expresión “incluyendo el monto de las sanciones por improcedencia de la
devolución”, contenido en el segundo inciso del artículo 860 del Estatuto Tributario.

Por lo tanto, la autoridad judicial consideró que era diáfano, entonces, que ante la
declaratoria de inexequibilidad de la citada expresión por parte del alto tribunal
constitucional, la inclusión de la sanción en la tasación de la deuda en el proceso
coactivo seguido en contra de Seguros del Estado S.A. no c ontaba con asidero
jurídico para continuar su cobro, de suerte que era dable aplicar la sentencia C-112
del 24 de marzo de 2022.

Así las cosas, lo que se avizora en el presente asunto es un afán por parte de la
accionante de traer de nuevo los argumentos que fueron debatidos y definidos por
los jueces de instancia, sin proponer consideración alguna del por qué la decisión
criticada violentó sus garantías fundamentales, más allá del simple hecho de
manifestar su desacuerdo.

Así las cosas, esta Subsección denota que de los argumentos esbozados por la
parte actora pretenden imponer su punto de vista en relación con el sentido c ómo
se debió resolver la controversia, pues considera que no se aplicó de manera
correcta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero sin exponer razones que
validen este argumento y de las cuales inferir la afectación de los derechos
fundamentales cuyo amparo pretende. Tal situación hace imposible el estudio del
cargo y por lo tanto relva a la Sala de un análisis de f ondo, de donde se colige que
el defecto carece de relevancia constitucional.

Así, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida como un mecanismo
de carácter excepcional para evitar la amenaza o vulneración de un derecho
constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza
residual y subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante
respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de
una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la aquí
accionante, un nuevo estudio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-00
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- en contra de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos expuestos en las consideraciones de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

SABF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.