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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06200-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06200-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DESVINCULAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del presente proceso. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de enero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela por no superar los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06200-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

13 de marzo de 2025

Demandantes: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06200-01
Demandantes: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Temas: Tutela contra providencia judicial – subsidiariedad y relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 17 de enero de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia del
amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN)
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta. Con la
solicitud de amparo pretenden la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la sentencia
proferida el 9 de mayo de 2024 por la autoridad judicial accionada que modificó
el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Caldas y que, en consecuencia,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada en su contra
por la sociedad Seguros del Estado S.A. Esto, en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 17001-23-33-000-2018-00550-
00/01.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Se tutele en favor de la DIAN los derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad en congruencia con los principios de confianza legítima y

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seguridad jurídica, vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado con la
expedición de la Sentencia del 09 de mayo de 2024, al incurrir en un defecto
sustantivo.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que dentro del término de cuarenta y ocho horas
(48) siguientes a la notificación de la sentencia de la presente acción proceda a
revocar la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso judicial
17001-23-33-000-2018-00550-01 (27168) y se ordene proferir un nuevo fallo en el
que se respete la seguridad jurídica por situación jurídica consolidada.

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

4. El 28 de enero de 2010, el señor William Faustino Acosta Calderín
presentó la declaración de impuesto sobre las ventas (IVA) del sexto período de
2009, el cual registró un saldo a favor de $4.196.886.000. Esta suma fue
solicitada en devolución a la DIAN con garantía amparada bajo la póliza de
cumplimiento otorgada por Seguros del Estado S.A. Mediante Resolución 85 del
1.º de febrero de 2010, la DIAN ordenó la devolución.

5. El 16 de agosto de 2012, con la Liquidación Oficial de Revisión
10241201000059, la DIAN modificó la declaración presentada por el señor
Acosta Calderín, desconoció el saldo a favor reconocido y determinó un saldo a
pagar.

6. La DIAN expidió la Resolución de Sanción 10241201300006 del 15 de abril
de 2013, por la cual impuso sanción al señor Acosta Calderín, por improcedencia
de la devolución contemplada en el artículo 670 del Estatuto Tributario y ordenó
reintegrar la suma que había sido reconocida a su favor y los intereses moratorios
aumentados en un 50%.

7. El 22 de mayo de 2023, Seguros del Estado S.A. interpuso recurso de
reconsideración. Mediante resolución del 23 de abril de 2014, la DIAN confirmó
la decisión recurrida.

8. La aseguradora promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra dichos actos administrativos.

9. Mediante sentencia del 13 de septiembre de 2017, en segunda instancia
del referido proceso, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad
parcial de los actos demandados y dictaminó que el señor Acosta Calderín debía
reintegrar a la DIAN la suma de $4.180.833.000 junto con los intereses moratorios
y la correspondiente sanción del 20% de tal cantidad. Esto, en consideración de
que la tasación de tales cantidades en los actos demandados no correspondía
con la normativa aplicable al caso.

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10. El 2 de marzo de 2018, en el marco de un proceso de cobro coactivo, la
DIAN libró el mandamiento de pago 10241201300006 contra Seguros del Estado
S.A. en su calidad de deudor solidario del señor Acosta Calderín. Esto, por las
obligaciones contenidas en el fallo en mención. La aseguradora propuso
excepciones de falta de título ejecutivo, falta de ejecutoria del título ejecutivo y de
indebida tasación del monto de la deuda.

11. El 16 de mayo de 2018, la DIAN profirió la Resolución 110-242-448-313-
0930 por medido de la cual declaró probadas parcialmente las excepciones
propuestas. Declaró la inexistencia del título ejecutivo respecto a otros valores
diferentes al IVA del sexto bimestre del año 2009.

12. Contra dicha decisión la interesada interpuso recurso de reposición y
propuso la excepción de pago efectivo. Para dicho fin, la seguradora realizó el
pago de $4.180.833.000 mediante recibo del 14 de junio de 2018. Este recurso
fue resuelto desfavorablemente por la entidad, mediante Resolución del 5 de julio
de 2018, en la que señaló que se efectuó un pago parcial dado que este no cubría
la sanción y los intereses moratorios.

13. Seguros del Estado S.A. promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y solicitó
que se anularan dichos actos administrativos.

14. Por medio de sentencia del primero de julio de 2022, el Tribunal
Administrativo de Caldas: i) declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva
del ministerio; ii) decretó la nulidad parcial de las resoluciones demandadas; iii)
declaró la excepción de indebida tasación del monto de la deuda contenida en la
póliza de cumplimiento de disposiciones legales que constituía un título complejo
con la resolución sancionatoria y, iv) a título de restablecimiento del derecho,
declaró que Seguros del Estado S.A. no estaba obligado a indemnizar a la DIAN
por el valor de la sanción por devolución improcedente correspondiente al IVA
del sexto período del 2009.

15. Consideró que, en principio, la garantía expedida por la aseguradora
cubría el monto indebidamente devuelto, la sanción y los respectivos intereses.
Agregó que esto quedó plasmado en el contrato de seguro que se pactó. Indicó
que la Corte Constitucional en sentencia C-877 de 2011 dejó incólume el inciso
segundo del artículo 670 del Estatuto Tributario que extendía la solidaridad del
garante tanto a las obligaciones como a la sanción por improcedencia y los
correspondientes intereses.

16. Agregó que el alto tribunal, en sentencia C-122 de 2022 declaró la
inexequibilidad de la expresión «incluyendo el monto de las sanciones por
improcedencia de la devolución» del artículo 860 del Estatuto Tributario, en
relación con la solidaridad del garante responsable por las obligaciones
garantizadas, como es el caso de las aseguradoras. El Tribunal Administrativo de
Caldas consideró que esta sentencia era aplicable al asunto al ser una situación

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jurídica no consolidada del garante.

17. Sostuvo que la aseguradora no estaba obligada al pago de la sanción
contemplada en el artículo 860 del referenciado estatuto. En relación con el valor
de los intereses, señaló que tal valor hacía parte del monto a cobrar por la
administración, debido a lo considerado por la Corte en la sentencia C-877 de
2011.

18. Inconforme con lo anterior, la DIAN apeló el fallo del tribunal. Consideró
que la autoridad judicial desconoció el principio de irretroactividad al declarar
probada de manera parcial la excepción de indebida tasación de la deuda. Lo
anterior, debido a que el contrato de seguro fue celebrado por el contribuyente y
la aseguradora en el año 2010, motivo por el cual no le eran aplicables la
sentencias de la Corte Constitucional, debido a que estas tenían efectos a futuro
y sobre situaciones jurídicas no consolidadas.

19. Puso de presente que el acto administrativo sancionatorio fue expedido en
el 2013 y que la Sección Cuarta del Consejo de Estado cuantificó la suma a pagar
a la DIAN por devolución improcedente, junto con los intereses. Agregó que, de
tal forma, tasó la cuantía de la sanción, por lo que el tribunal no podía aplicar las
sentencia C-122 de 2022 de forma retroactiva, debido a que, al momento de los
hechos, el artículo 860 del Estatuto Tributario gozaba de validez.

20. Consideró que la obligación de Seguros del Estado S.A. de pagar la suma
devuelta de manera improcedente, la sanción y los intereses es una situación
jurídica debidamente consolidada. Esto, en la medida en que lo discutido en el
asunto ordinario estaba relacionado con los actos expedidos en el proceso de
cobro coactivo que resolvieron las excepciones propuestas contra el
mandamiento de pago. Por tanto, a su juicio, no se podía afectar la validez del
título ejecutivo en el que se tasó debidamente el monto de la deuda a cargo de
la aseguradora.

21. Mediante sentencia del 9 de mayo de 2024, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado modificó la providencia de primera instancia en relación con la tasación
de la suma que debía pagar la aseguradora, tomando en consideración
exclusivamente el monto devuelto de manera improcedente más los intereses
que se causen hasta el momento de liquidación y pago. Para ello, ordenó que se
tuviera en cuenta el pago efectuado el 14 de junio de 2018.

22. Expuso que existía una situación jurídica consolidada por el hecho de que
la sentencia del 13 de septiembre de 2017 se encontraba ejecutoriada. Sin
embargo, consideró que, de conformidad con la sentencia SU-319 de 2019, los
efectos de las sentencias de la Corte Constitucional se pueden aplicar de manera
retrospectiva en el entendido de que se aplican sobre situaciones iniciadas con
anterioridad a la expedición de la providencia y que continúan en el tiempo.

23. Indicó que en el asunto estudiado debía aplicarse el precedente del alto
tribunal, pues se trataba de una deuda a cargo de la aseguradora demandante,

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la cual inició antes de que se profiriera la sentencia C-112 de 2022. Sostuvo que
ante la declaratoria de inexequibilidad de la inclusión del monto de las sanciones
en relación con la responsabilidad solidaria de las garantes en casos de
improcedencia por devolución, tener en cuenta tal cantidad en la tasación de la
deuda en el proceso de cobro coactivo adelantado contra Seguros del Estado
S.A. no contaba con sustento jurídico.

24. La sentencia de segunda instancia fue notificada mediante estado
electrónico publicado el 16 de mayo de 2024.

1.4. Sustento de la vulneración

25. La parte actora aseguró que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo, por indebida aplicación del precedente constitucional y vulneración
del principio de congruencia. De tal forma, formuló los argumentos que a
continuación se exponen.

26. Se transgredió el principio de seguridad jurídica ante una situación
consolidada, pues la Sección Cuarta, mediante el fallo del 13 de septiembre de
20171, declaró la nulidad parcial de los actos sancionatorios expedidos por la
DIAN. Con ello, a título de restablecimiento del derecho determinó que el señor
Acosta Calderín y Seguros del Estado S.A. (como deudora solidaria) debían
reintegrar a la entidad la suma indebidamente devuelta, junto con los intereses
moratorios y lo correspondiente a la sanción del 20% de aquella suma. Esto, por
estar vigente en su integridad el artículo 860 del Estatuto Tributario al momento
de dictarse la sentencia.

27. Al quedar ejecutoriada dicha decisión, esta hizo tránsito a cosa juzgada y
determinó la consolidación de una situación jurídica que es inmutable para las
partes. El deber de la aseguradora era pagar las sumas de dinero declaradas por
el juez de segunda instancia.

28. En la decisión cuestionada se aplicó de manera indebida la sentencia C-
112 del 2022, pues esta tiene efectos a futuro y no puede ser aplicada en un
asunto ya concluido. En dicha sentencia, la Corte Constitucional declaró
inexequible un apartado del artículo 860 del Estatuto Tributario pero no estableció
efectos retroactivos. Por tanto, en virtud del principio de irretroactividad, la
autoridad judicial demandada no podía usarla como sustento para decidir con
respecto a la nulidad de los actos administrativos del proceso de cobro coactivo.

29. La decisión censurada vulneró el principio de congruencia, puesto que se
resolvió el asunto con fundamento en un cargo que no fue objeto de debate por
parte de Seguros del Estado S.A.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1 Al interior del proceso con radicado 17001-23-33 000-2014-00329-01.

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30. Por auto del 19 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de la
decisión de primera instancia admitió la acción constitucional. En consecuencia,
se ordenó notificar como accionada a la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
A su vez, vinculó como terceros con interés a quienes hubiera participado del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la presente acción
constitucional.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Cuarta

31. Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción por falta de
relevancia constitucional, puesto que los argumentos presentados en la tutela
son los mismos formulados mediante el recurso de apelación presentados en el
trámite ordinario.

32. Advirtió que, en asuntos de tutela contra providencias judiciales proferidas
por una alta corporación, la Corte Constitucional ha establecido como requisito
adicional de esta acción que se constate una anomalía que exija la intervención
urgente constitucional, carga con la cual no se cumplió.

33. En relación con la presunta vulneración del principio de congruencia,
sostuvo que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues la actora
cuenta con el recurso extraordinario de revisión.

1.6.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

34. Solicitó que se le desvinculara del presente trámite por falta de legitimación
en la causa por pasiva, debido a que no tiene competencia alguna respecto de
las pretensiones formuladas en la demanda.

1.6.3. Seguros del Estado S.A.

35. Solicitó que se negara el amparo solicitado, debido a que no se acreditó
vulneración alguna por parte de la autoridad judicial demandada. Afirmó que no
existía una situación jurídica consolidada, como se afirmó en el escrito inicial, y
que, en la argumentación de la acción, la DIAN se limitó a citar textualmente un
extracto de la sentencia cuestionada.

1.7. Sentencia de primera instancia

36. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante fallo del
17 de enero de 2025, declaró la improcedencia de esta acción constitucional al
no encontrar acreditados los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional. El juez de la primera instancia formuló las consideraciones que a
continuación se presentan.

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37. La actora no cumplió el requisito de subsidiariedad pues no acreditó que
hubiera acudido al recurso extraordinario de revisión como mecanismo judicial
con el que contaba para garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
Esto, debido a que uno de sus argumentos consistió en alegar la vulneración del
principio de congruencia de la sentencia, argumento que encuadra en la causal
quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

38. A su vez, en relación con el defecto sustantivo formulado, no se superó el
requisito de relevancia constitucional, dado que la pretensión de la DIAN es
reabrir una etapa procesal ya zanjada por el juez natural de la causa. Las razones
expuestas en el escrito inicial corresponden a una reiteración de lo expuesto en
el trámite ordinario por la actora, sin que se haya sustentado debidamente el
motivo por el cual la decisión cuestionada vulneró sus garantías constitucionales.

39. El objetivo de la actora es manifestar su simple desacuerdo con la
sentencia cuestionada, pues mediante este mecanismo se sustentó su
perspectiva sobre cómo se debió resolver el asunto sometido a consideración de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

1.8. Impugnación

40. Por los motivos que se exponen a continuación, la parte actora solicitó que
se revoque la decisión de primera instancia y, en tal sentido, se acceda al amparo
de sus derechos fundamentales.

41. La relación jurídica objeto del asunto ordinario ya estaba consolidada y no
estaba en discusión, por lo que no era posible aplicar los efectos de la sentencia
C-122 de 2022 de manera retrospectiva. Existía un fallo que prestó mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, por lo que no
existía debate en relación con la sanción. La modificación de dicho título ejecutivo
genera una vulneración al principio de seguridad jurídica, puesto que la situación
ya había hecho tránsito a cosa juzgada.

42. Se irrespetó el principio de irretroactividad, debido a que no podía utilizar
dicha sentencia de constitucionalidad como fundamento para resolver la nulidad
de los actos administrativos expedidos en el proceso de cobro coactivo. Este
trámite permite a la administración ejecutar obligaciones derivadas del título
ejecutivo a su favor, sin necesidad de acudir a una autoridad judicial. Por tanto,
la Sección Cuarta no contaba con la competencia para modificar o alterar
situaciones jurídicas que habían adquirido firmeza.

43. A dicho momento no existía pronunciamiento sobre la inexequibilidad del
artículo 860 del Estatuto Tributario, motivo por el cual los efectos de la sentencia
del 13 de septiembre de 2017 eran de obligatorio acatamiento. Este fallo
constituía un título ejecutivo ejecutoriado cuando se libró el mandamiento de
pago.

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44. Se vulneró el principio de congruencia de la sentencia al sustentar la
decisión cuestionada en un argumento que no fue formulado por Seguros del
Estado S.A. en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por tanto,
se expidió un fallo extra petita.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

45. Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 17 de enero
de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.2.

2.2. Cuestión previa

46. La sala advierte que se accederá a la solicitud de desvinculación
formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Si bien la autoridad
hizo parte del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de esta
acción constitucional, desde la sentencia de primera instancia se declaró su falta
de legitimación en la causa por pasiva. Por tanto, al no conformar el extremo
pasivo de dicho trámite, no tiene interés en el resultado de la controversia
formulada por la actora, pues lo que se decida en este proceso constitucional no
cuenta con la virtualidad de afectarla. A su vez, este litigio tampoco versa sobre
la declaratoria de su falta de legitimación en la causa.

2.3. Legitimación en la causa

47. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

48. La Sala advierte que la DIAN está legitimada en la causa por activa,
porque conformó la parte pasiva del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante la presente
acción constitucional.

49. Por su parte, se evidencia que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
se encuentra legitimada en la causa por pasiva al ser la autoridad que profirió la
decisión reprochada en esta oportunidad.

2.4. Problema jurídico

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50. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C el 17 de enero de 2025.

51. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados, se procederá a
dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿La Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales invocados por la actora, con ocasión de la sentencia
proferida el 9 de mayo de 2024?

52. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad; y, de superarse, (iii) el análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

53. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20122. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema3. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales4.

54. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.

55. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

56. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

57. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

58. Bajo las anteriores directrices, se entrará a estudiar si, en el caso concreto,
se satisfacen los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos
aludidos.

2.6. Estudio del requisito de subsidiariedad

59. En primer lugar, la sala evidencia que uno de los argumentos formulados
en el escrito inicial versa sobre la vulneración del principio de congruencia. A
juicio de la parte actora, se profirió un fallo extra petita, en la medida en que se
resolvió un asunto con fundamento en un cargo que no fue objeto de debate por
parte de Seguros del Estado S.A.

60. Se advierte que este cargo se enmarca en una de las causales de
procedibilidad del recurso extraordinario de revisión, contemplada en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, a saber, «existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación».

61. Frente a dicha situación, el Consejo de Estado5 ha defendido la posibilidad
de que se interponga recurso extraordinario de revisión con fundamento en la
causal referida e indicó que uno de los requisitos para la configuración de la
nulidad originada en sentencia como causal de revisión es la existencia de un
«vicio grave o insaneable que afecte su validez»6.

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia

del 5 de abril del 2016. M.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 11001-03-15-000-2008-00320-00.
6 Ibidem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06200-01

62. A su vez, el órgano de cierre en la materia7 señaló que la vulneración al
principio de congruencia da lugar a la nulidad originada en la sentencia, la cual
es una de las causales que permite la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, de acuerdo con lo señalado previamente.

63. En relación con la congruencia externa con la que debe cumplir toda
sentencia, a propósito del artículo 170 del Código Contencioso Administrativo
(disposición normativa contenida actualmente en el 187 de la Ley 1437 de 2011),
señaló el Consejo de Estado8, lo siguiente:

Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo
170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar
en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada.

64. Consideró dicha corporación9 que este principio implica la «conformidad
entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en su contestación»
y, a su vez, busca la protección del derecho al debido proceso y de defensa de
las partes, «cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y
hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandado, y en la
contestación, si la posición procesal es la del demandante».

65. De igual forma, el Consejo de Estado10 ha establecido que este principio
así concebido implica que en el trámite del recurso de apelación únicamente se
resuelvan, por regla general, las inconformidades formuladas por el apelante
contra la providencia de primera instancia.

66. En tal sentido, la congruencia externa de la sentencia desarrolla los
conceptos del fallo ultra petita y extra petita, como decisiones que trascienden lo
pedido por las partes, tanto en los casos en que se otorgan cosas adicionales a
lo solicitado en la demanda o en la apelación – según sea el caso – (sentencia
ultra petita), como en las situaciones en las que se reconoce algo que no fue
solicitado (fallo extra petita)11.

67. De tal forma, y sin tomar en consideración la razonabilidad del argumento
planteado por la parte actora, esta sala en su calidad de juez constitucional no
tiene competencia para determinar si el fallo cuestionado vía tutela adolece de
vulneración al principio de congruencia externa de la sentencia, pues dicho
estudio corresponde a la autoridad judicial que conoce sobre el recurso
extraordinario en cuestión.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión.

Sentencia del 02.02.16. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Radicado: 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV).
8 Ibidem.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 26.07.12. M.P.

Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Radicado: 25000-23-27-000-2008-00228-02(18380).
10
Consejo de Estado, Sala lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 21.02.19. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicado: 54001-23-33-000-2014-00397-01 (22647)
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 26.07.12. M.P.

Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Radicado: 25000-23-27-000-2008-00228-02(18380).

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68. Por tanto, se concluye que la presente acción constitucional no supera el
requisito de subsidiariedad, toda vez que, frente al reproche expuesto en el
escrito de tutela, procede el recurso extraordinario de revisión como mecanismo
judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos invocados.

69. Del mismo modo, se pone de presente que la accionante no expuso de
forma siquiera sumaria los motivos por los cuales este mecanismo extraordinario
no cuenta con la idoneidad y eficacia para la resolución de la controversia
propuesta y la salvaguarda de sus garantías constitucionales.

70. Finalmente, tampoco se advierte la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. De los
elementos de convicción que obran en el expediente no es posible señalar que
la entidad actora se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que
imprima la necesidad de adoptar órdenes urgentes para la protección de
derechos fundamentales.

71. En relación con el defecto sustantivo formulado en el escrito inicial y cuyos
argumentos fueron reiterados en el memorial de impugnación, la entidad tutelante
no cuenta con mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia cuestionada. Por tanto, se procederá a estudiar si el
cargo en cuestión cumple con el requisito de relevancia constitucional.

2.7. Estudio del requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.

72. Mediante la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró los
criterios establecidos para el estudio de este requisito en materia de tutelas contra
providencias judiciales. Estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

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73. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado, la Corte explicó
que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando
se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial «el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

74. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo. Esto, teniendo en
cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de
menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

75. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

2.7.1. Relevancia constitucional en el caso concreto

76. La sala entrará a decidir si el presente caso reviste o no relevancia
constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a
los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.

77. Como quedó expuesto en el acápite de antecedentes, la parte actora
cuestiona el fallo del 9 de mayo de 2024 proferido por Sección Cuarta del Consejo
de Estado. En tal providencia, la accionada modificó la providencia de primera
instancia en relación con la tasación de la suma que debía Seguros del Estado
S.A. en el marco del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra por la
DIAN. La autoridad judicial tomó en consideración exclusivamente el monto
devuelto de manera improcedente más los intereses que se causen hasta el
momento de liquidación y pago, excluyendo de tal forma la suma correspondiente
a la sanción. Para ello, ordenó que se tuviera en cuenta el pago efectuado por
Seguros del Estado S.A., el 14 de junio de 2018.

78. A juicio de la parte tutelante, en el fallo cuestionado se incurrió en defecto
sustantivo por indebida interpretación de la sentencia C-112 de 2022, puesto que
esta tenía efectos a futuro y no podía ser aplicada a un asunto concluido. Sostuvo
que se transgredió el principio de seguridad jurídica y de irretroactividad, ante
una situación que se consolidó mediante el fallo del 13 de septiembre de 2017
dictado por la autoridad judicial demandada. Agregó que esta decisión hizo

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tránsito a cosa juzgada, por lo que el asunto era inmutable para las partes y, en
virtud de ello, era deber de la aseguradora pagar la suma de dinero declarada
por el juez en la sentencia en referencia.

79. En relación con lo anterior, es importante destacar que la autoridad judicial
accionada, en la sentencia cuestionada, expuso que existía una situación jurídica
consolidada debido a la ejecutoria del fallo del 13 de septiembre de 2017. Sin
embargo, precisó que, de conformidad con la sentencia SU-319 de 2019, los
efectos de las sentencias de la Corte Constitucional se pueden aplicar
retrospectivamente en situaciones iniciadas con anterioridad a la expedición de
la sentencia.

80. Con fundamento en lo anterior, puso de presente que, al asunto sometido
a su consideración, debían aplicarse los efectos de la sentencia C-112 de 2022,
dado que se trataba de una controversia relacionada con una deuda a cargo de
la aseguradora demandante, la cual inició antes de que dicho fallo fuera proferido.
Sostuvo que, ante la declaratoria de inexequibilidad de la inclusión del monto de
las sanciones en relación con la responsabilidad solidaria de las garantes en
casos de improcedencia por devolución, la fijación de tal suma en la tasación de
la deuda en el proceso de cobro coactivo adelantado contra Seguros del Estado
S.A. no tenía sustento jurídico.

81. De conformidad con lo expuesto, la sala advierte que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso,
con lo que se pretende reabrir las etapas procesales de la controversia ya
zanjada por el juez natural de la causa. Esto, ante la evidente manifestación de
una simple inconformidad con el criterio adoptado por la autoridad judicial
accionada y la reiteración de argumentos ya estudiados en el trámite ordinario.

82. Como fue expuesto en los antecedentes de esta providencia, en el escrito
de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, la DIAN sostuvo que la Sección Cuarta
desconoció el principio de irretroactividad. Esto, al aplicar los efectos de la
sentencia C-122 de 2022 a una situación jurídica consolidada y que no estaba
vigente al momento de los hechos del litigio.

83. Por tanto, para la sala es evidente que los argumentos expuestos en el
escrito de tutela guardan identidad con las razones que fueron presentadas
mediante la alzada promovida ante el juez natural de la causa. Así, es necesario
concluir que la intención de la parte actora es que el juez de tutela profiera un
pronunciamiento de fondo sobre asuntos ya resueltos por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

84. En este sentido, el objetivo de la DIAN es que el juez constitucional lleve
a cabo un análisis que corresponde exclusivamente al juez del proceso ordinario
y, con ello, conseguir una decisión favorable a sus intereses. De conformidad con

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ello, el uso de este mecanismo constitucional como una instancia adicional al
proceso ordinario es palpable.

85. A su vez, los argumentos presentados por el actor dan cuenta de una
simple inconformidad con el análisis normativo y jurisprudencial llevado a cabo
por la autoridad judicial accionada. Lo anterior, pues el actor no cumplió con la
carga argumentativa de evidenciar alguna arbitrariedad en el estudio del juez de
instancia relacionado con la aplicación de los efectos de la sentencia C-112 de
2022. Aunado a la reiteración de motivos ya expuestos en el proceso ordinario,
la entidad actora presentó lo que, en su criterio, debió ser la manera adecuada
de dar solución al litigio promovido en su contra.

86. En tal sentido, para la sala es evidente que los argumentos presentados
son apreciaciones subjetivas por medio de las cuales se pretende que el juez
constitucional profiera un nuevo pronunciamiento sobre un asunto ya zanjado, lo
que acredita una simple inconformidad con la decisión adoptada en el trámite de
nulidad y restablecimiento del derecho.

87. Por lo demás, se advierte que el presente litigio versa sobre el
cuestionamiento de una sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado que actuó como órgano de cierre en la materia estudiada. En estos
términos, según el criterio de la Corte Constitucional referido con antelación, en
materia de tutelas contra providencias judiciales dictadas por una alta corte, el
examen del requisito de relevancia constitucional debe ser más estricto y
restrictivo. Lo anterior, dado que estas corporaciones tienen a su cargo la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
con ello, la materialización de los principios de seguridad jurídica e igualdad.

88. En virtud de lo anterior, las razones que sustenten el escrito inicial de tutela
deben acreditar una clara arbitrariedad en el proceder del órgano de cierre en la
materia. Como se ha expuesto, la sala considera que no se cumple con dicho
requisito, debido a que los argumentos formulados obedecen a una reiteración
de motivos ya estudiados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y a una
simple inconformidad con lo fallado por la autoridad judicial.

89. Por último, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita
entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

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90. En consecuencia, la sala confirmará la sentencia del 17 de enero de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo, al no encontrar acreditados los
presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DESVINCULAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del
presente proceso.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de enero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente
la acción de tutela por no superar los requisitos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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