Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06202-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06202-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06202-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de Yadira Judith Fernández
Barraza1
Demandada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia,
ii) debido proceso, iii) mínimo vital, iv) salud y v) seguridad social
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Nicolasa Pereira Fernández,
quien actúa como agente oficiosa de Yadira Judith Fernández Barraza contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “3ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. Nicolasa Pereira Fernández, quien actúa como agente oficiosa de Yadira Judith
Fernández Barraza2, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir el auto de
25 de septiembre de 2024, en el proceso de extensión de la jurisprudencia del
Consejo de Estado identificado con el número único de radicación
110010325000202400237-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, la señora Nicolasa Pereira Fernández actuando como agente
oficiosa de la señora Yadira Judith Fernández Barraza presentó solicitud de
extensión de jurisprudencia ante los Juzgados Administrativos del Circuito de
Barranquilla. Por reparto, conoció del asunto, el Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito de Barranquilla, que, a través de auto de 14 de febrero de 2024,
declaró la falta de competencia para conocer del mismo y ordenó su remisión al
Consejo de Estado.
4. Indicó que, con la extensión de jurisprudencia, pretendió extender los efectos de
la sentencia “[…] SU2017-02535 de 2020 […]”, proferida por el Consejo de Estado
y la sentencia “[…] SU574 de 2019 […]” proferida por la Corte Constitucional3: “[…]
por la vía de LA EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA estipulada en el CPACA,
cuyo propósito principal consiste en facilitar a los ciudadanos el acceso de manera
directa, pronta y eficaz a las autoridades administrativas para que con fundamento
2 Nicolasa Pereira Fernández manifestó que: “[…] mi señora madre Señora YADIRA JUDITH FERNÁNDEZ
BARRAZA […] quien nació el día 02 de octubre del 1943, teniendo a la fecha 81 años cumplidos. [De la Tercera
Edad]- […] a la fecha tiene diagnósticos clínicos por sus médicos tratantes de la EPS SURA, de enfermedades
Crónicas y Degenerativas, con control permanente, debido a las enfermedades de base que padece como
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y desde hace cinco (5) años a la fecha actual Demencia Mixta
[Alzheimer], con problemas Fonoaudiólogos de Disfagia y Desorden Cognitivos Comunicativos asociados a
esta última patología, multimedicada por Psiquiatría […]”.
3 Transcripción literal del texto
3
Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
en decisiones judiciales tomadas con anterioridad, mediante sentencias Unificadas
del Consejo de Estado y/o emitidas por la Corte Suprema de Justicia, en el caso
particular invocando la aplicación La sentencia «SU2017-02535» del Consejo de
Estado y/o «SU574/2019» proferida por la Corte Constitucional. […] “.
5. Señaló que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante auto de 25 de septiembre de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: Rechazar de plano la solicitud de extensión de la jurisprudencia
presentada por la señora Nicolasa Pereira Fernández. […]”. (resaltado en el texto
original)
5.1 Como fundamento de su decisión consideró4:
“[…] La sentencia cuya extensión se solicita no tiene la connotación de unificación a
efectos de su aplicación en este caso.
La sentencia «SU2017-02535» proferida por esta corporación, pese a que no fue
plenamente identificada, al consultar el sistema de gestión judicial SAMAI, con los
datos aportados, se trata de una decisión de 20 de febrero de 2020 con ponencia del
Doctor […] proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado bajo el radicado núm. 05001233300020170253501 (1452-2019), que no
tiene dicha connotación en los términos de las normas antes mencionadas.
Finalmente, cabe agregar que si bien la sentencia «SU574/2019» proferida por la
Corte Constitucional, es de unificación, dicho órgano, en sentencia SU-611 del 4 de
octubre de 2017 precisó que el mecanismo de extensión de jurisprudencia es una
figura exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa para que las autoridades
administrativas apliquen directamente las sentencias de unificación del Consejo de
Estado a casos particulares que presenten identidad, tanto jurídica como fáctica. Al
respecto señaló: «10.14. Así las cosas, no corresponde al Consejo de Estado, por vía
de la extensión, dar aplicación directa a las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional más allá de la vinculatoriedad que el precedente de esta Corporación
impone a todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones, y que en el caso
concreto se expresa frente a las sentencias de unificación del Consejo del (sic) Estado
cuyos efectos pretendan ser extendidos a casos similares, pero siempre dentro del
alcance de los mandatos de la Constitución y la jurisprudencia que la desarrolla.
[…]
10.16. En conclusión, es preciso anotar que una cosa es el carácter vinculante del
precedente de las altas cortes, en especial el de la Corte Constitucional, y otra distinta
es la regla procesal que permite, a partir de unos supuestos específicos, que las
autoridades administrativas y el propio Consejo de Estado hagan extensivas las
sentencias de unificación que profiera el mismo Consejo a casos similares. Dicha
regla de extensión, parte de la verificación de unos requisitos puntuales establecidos
en el CPACA cuya exigencia no implica el desconocimiento del carácter vinculante
del precedente constitucional, al punto que, en caso de no ser acatado dentro del
trámite de extensión de jurisprudencia, es posible exigir su aplicación mediante las
vías respectivas para tal efecto, como puede ser la acción de tutela.»Así las cosas, la
petición elevada por la señora Nicolasa Pereira Fernández no reúne los presupuestos
4 Transcripción literal del texto
4
Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
exigidos por el inciso primero del artículo 102 el CPACA5, en concordancia con el 269,
270 y 271 ibidem. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela6:
“[…] PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales Derecho al Debido
Proceso, Derecho de Acceso a la Administración de Justicia y a la igualdad de a
mi señora madre YADIRA JUDITH FERNÁNDEZ BARRAZA.
SEGUNDO: Ordenar, Que se deje sin efecto la decisión de Rechazar de plano y
Archivar la solicitud de extensión de la jurisprudencia presentada CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A, fechada del veinticinco (25) de septiembre del dos mil
veinticuatro (2024).
TERCERO: Que se reconozcan los derechos a mi señora madre YADIRA JUDITH
FERNÁNDEZ BARRAZA en calidad de Sujeto de Especial Protección
Constitucional en debilidad manifiesta de la Tercera edad, en los términos
solicitados inicialmente en aplicación de la Extensión de la Jurisprudencia de la
Sentencia «SU- 574/2019» Derecho a la Pensión de Sobreviviente y/o Sustitución
Pensional de Protección Constitucional de la Familia proferida por la Corte
Constitucional M.P […]. En igual sentido pido a su señoría suplico tener en cuenta
de ser el caso, la aplicación de la Extensión de la Jurisprudencia sentencia «SU-
108 de 2020» Derecho a la Pensión de Sobreviviente y/o Sustitución Pensional de
Protección Constitucional de la Familia teniendo en cuenta la similitud que también
presenta de la situación fáctica del caso concreto.
CUARTO: En consecuencia, ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, la
aplicación favorable de la Extensión de la Jurisprudencia que dictamine la
Honorable Corte Constitucional, para NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL CÓNYUGE SUPÉRSTITE y se deje
sin efecto la RESOLUCION DENEGATORIA N° 3329 el 23 de agosto del 2021 y
RESOLUCION N° 3726, del día 28 de septiembre del 2021 de la SECRETARIA DE
GESTIÓN HUMANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
QUINTO: Solicito a la Honorable Sala tomar las actuaciones que considere propia
para amparar la vulneración de los derechos conculcados y el restablecimiento de
sus derechos. […]”.
6.1. Como fundamento de su solicitud, la actora consideró que7:
“[…] NOVENO: Sobre las resoluciones manifestadas se presentaron la
correspondientes ACCIÓN DE TUTELA 00737/ 2021 dirimida en el JUZGADO
5 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
6 Transcripción literal del texto.
7 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
DECIMO: Como línea directa de acceso a la Justicias, por la avanzada edad de mi
señora madre y sus patologías de base, recurrí a la NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra las RESOLUCION
DENEGATORIA N° 3329 DE 2021 del 23/08/2021 y RESOLUCION N° 3726, del
28/09/2021 de la SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA por la vía de LA EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
estipulada en el CPACA, cuyo propósito principal consiste en facilitar a los
ciudadanos el acceso de manera directa, pronta y eficaz a las autoridades
administrativas para que con fundamento en decisiones judiciales tomadas con
anterioridad, mediante sentencias Unificadas del Consejo de Estado y/o emitidas
por la Corte Suprema de Justicia, en el caso particular invocando la aplicación La
sentencia «SU2017-02535» del Consejo de Estado y/o «SU574/2019» proferida
por la Corte Constitucional
DECIMO PRIMERO: Acto que por reparto le Correspondiendo al respetado
despacho JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL 007 BARRANQUILLA con
radicado para su correspondiente trámite judicial N° 08001333300720230016900,
del día 14 del mes de julio del 2023.
DECIMO SEGUNDO: Donde por medio de radicación de impulso procesal ante el
JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL 007 BARRANQUILLA, el día catorce (14)
de febrero de dos mil veinticuatro (2024), pasado siete (7) meses, se pronunció el
respetado despacho, sobre la remisión del expediente a otro despacho por falta de
competencia, para dirimir la correspondiente solicitud, NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO por la vía de LA EXTENSIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA dando traslado del proceso al CONSEJO DE ESTADO
31/05/2024 con Secuencia 3240 y radicación N°11001-03-25-000-2024-00237-00
de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA A.
DECIMO TERCERO: El veinticinco (25) de septiembre del dos mil veinticuatro
(2024) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A resolvió Rechazar de
plano por no invocarse una sentencia de unificación de jurisprudencia. Donde
resalta textualmente: “cabe agregar que si bien la sentencia «SU574/2019»
proferida por la Corte Constitucional, es de unificación, dicho órgano, en
sentencia SU-611 del 4 de octubre de 2017 precisó que el mecanismo de
extensión de jurisprudencia es una figura exclusiva de la jurisdicción
contenciosa administrativa para que las autoridades administrativas apliquen
directamente las sentencias de unificación del Consejo de Estado a casos
particulares que presenten identidad, tanto jurídica como fáctica”.
Constituyendo una clara vulneración al derecho a igualdad de condiciones, acceso
a la administración de justicia, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social.
estando en condición mujer de la tercera edad y debilidad manifiesta.
DECIMO CUARTO: Como señale anteriormente en este escrito, mi madre Señora
YADIRA JUDITH FERNÁNDEZ BARRAZA, Quien nació el día 02 de octubre del
1943, tiene a la fecha 81 años cumplidos, padece patologías clínicas por sus
médicos tratantes de la EPS SURA, de enfermedades Crónicas y Degenerativas,
con control permanente, debido a las enfermedades de base que padece como
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y desde hace cinco (5) años a la fecha
actual Demencia Mixta [Alzheimer], con problemas Fonoaudiólogos de Disfagia y
Desorden Cognitivos Comunicativos asociados a esta última patología,
multimedicada por Psiquiatría con Clonazepam 2 mg y Quetiapina 100 mg, por
medicina general Losartan 50 mg, Amlodipino 5 mg, Fumarato Ferroso 4mg,
Beclometasona 250 mg y el uso permanente de Pañales Desechables de Adultos
los ingresos económicos que percibe no son suficientes para cubrir todas sus
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Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
necesidades personales en razón que tiene una cuidadora personal, los gastos de
desplazamientos a la citas médicas, su a alimentación especial personal que no
cubre la su EPS, mi hermano es una persona desempleada y la suscrita como
cabeza de hogar, mis ingresos dependen en calidad de madre hogar comunitaria
lo que constituye a mi señora madre en una Persona de Especial Protección
Constitucional en Debilidad Manifiesta, de la Tercera Edad, donde las
dilaciones administrativas en la justicia ordinaria le causarían un perjuicio
irremediable. […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de noviembre de 2024: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; iii) vinculó como terceros con
interés legítimo, al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla y al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular; y iv) negó la medida provisional solicitada por la actora.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó que se
nieguen las pretensiones de la tutela, al considerar que no hubo violación de los
derechos fundamentales de la actora. Señaló que el mecanismo de extensión de
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Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
la jurisprudencia está regulado en los artículos 1028, 2699, 270 y 271 de la Ley
1437 de 201110, que en el caso sub examine no se dio cumplimiento a los requisitos
para su admisión al considerar:
8 Artículo 102. Modificado por el art. 17, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> Extensión de la
jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán
extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la
que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y
jurídicos. Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para
reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además
de los requisitos generales, los siguientes: 1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se
encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le
reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada. 2. Las pruebas que tenga en su poder,
enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad
de ir a un proceso. 3. La referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor. Si se hubiere formulado
una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado
deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera
solicitud. La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada,
así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los
presupuestos para que ella sea procedente. Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción, y la autoridad podrá negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones: 1. Exponiendo las razones por las cuales considera que · la decisión no puede adoptarse sin que se surta un
periodo probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante
carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar cuales son tales medios de prueba ya
sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados. 2. Exponiendo
las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de
unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos. Contra el acto que reconoce el derecho
no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere
lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio
sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado
en los términos del artículo 269 de este Código. La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los
términos para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se
reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado
cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269
de este Código. 9 Artículo 269. Modificado por el art. 77, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> Artículo
269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros.
Si se niega la
extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los
términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo
de Estado mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de
derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada. Al escrito
deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y manifestar, bajo la gravedad
del juramento, que se entenderá prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha acudido a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se
pretende. Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de los diez
(10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión. La petición de extensión
se rechazará de plano por el ponente cuando: 1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud
de extensión. 2. Se haya presentado extemporáneamente. 3. Se pida extender una sentencia que no sea de
unificación. 4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho: 5. Haya
operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del derecho reclamado. 6. Se
establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la
situación planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada. De cumplir con los requisitos se
admitirá la solicitud y del escrito se dará traslado a la entidad frente a la cual se solicita la extensión y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término común de treinta (30) días, para que aporten
las pruebas que consideren pertinentes. La entidad convocada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado solo podrán oponerse a la extensión, por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de
este Código. Vencido el término de traslado referido anteriormente, las partes y el Ministerio Público podrán
presentar por escrito sus alegaciones en el término común de diez (10) días, sin necesidad de auto que lo
ordene. Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término anterior, se decidirá la petición. Si
la solicitud se estima procedente, la Sala ordenará por escrito la extensión de la jurisprudencia y el
reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo
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Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
“[…] Se estableció de los documentos que obran en el expediente electrónico, la
señora Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de Yadira Judith Fernández
Barraza no agotó previamente el procedimiento ante el municipio de Barranquilla –
Secretaría de Gestión Humana, previsto en el artículo 102 del CPACA.
La sentencia «SU2017-02535» cuya extensión se solicita no tiene la connotación
de unificación a efectos de su aplicación en este caso.
Si bien la sentencia «SU574/2019» proferida por la Corte Constitucional, es de
unificación, dicho órgano, en sentencia SU-611 del 4 de octubre de 20179 precisó
que el mecanismo de extensión de jurisprudencia es una figura exclusiva de la
jurisdicción contenciosa administrativa para que las autoridades administrativas
apliquen directamente las sentencias de unificación del Consejo de Estado a casos
particulares que presenten identidad, tanto jurídica como fáctica.
Así las cosas, la petición elevada por la señora Nicolasa Pereira Fernández agente
oficiosa de Yadira Judith Fernández Barraza no reúne los presupuestos exigidos
por el inciso primero del artículo 102 el CPACA, en concordancia con el 269, 270 y
271 ibidem. […]”.
9. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela al considerar que esa entidad no violó los
derechos invocados, y por no tener injerencia en la actuación del Juzgado de
conocimiento de la acción, solicitó sea considerada la falta de legitimación en la
causa por pasiva11: “[…] Por el mérito de las afirmaciones, y en atención a los
pronunciamientos del máximo órgano en material constitucional y encargado de la
guarda de la integridad y supremacía de nuestra Carta Política quien ha
manifestado, en reiteradas jurisprudencias, que en situaciones como las aquí
extendido. Cuando resulte pertinente se convocará a audiencia de alegatos en la cual se adoptará la decisión
a que haya lugar. A esta audiencia se podrá ordenar la presencia del funcionario de la entidad que tenga la
competencia para decidir el asunto, el cual tendrá la obligación de asistir so pena de incurrir en falta grave. Si
la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario, que deba ser
liquidado, la liquidación se hará en la misma decisión con base en las pruebas aportadas. De no existir acervo
probatorio suficiente para la liquidación, la decisión se dictará en abstracto, caso en el cual la liquidación se
hará, a petición de la parte interesada, mediante el trámite incidental previsto en el artículo 193 de este código
para la liquidación de condenas. El peticionario promoverá el incidente mediante escrito presentado dentro de
los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión que ordene la extensión, ante la autoridad judicial
que habría sido competente para conocer del medio de control en relación con el asunto que dio lugar a la
extensión de la jurisprudencia. Contra la decisión que liquide el derecho patrimonial procede el recurso de
reposición, exclusivamente por desacuerdo en su monto. Negada la solicitud de extensión, el interesado podrá
acudir a la autoridad para que resuelva de fondo el asunto, según las reglas generales, si no lo hubiere decidido
con anterioridad. En este caso, el pronunciamiento de la autoridad podrá ser susceptible de control judicial por
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando este proceda. Si ya existiere decisión
administrativa de fondo, o si el medio de control procedente no requiere pronunciamiento expreso de la entidad,
con la ejecutoria de la providencia que niega la extensión se reanudará el término para demandar, conforme
a las reglas establecidas para la presentación de la demanda. Si el Consejo de Estado encuentra que la
solicitud de extensión de jurisprudencia es manifiestamente improcedente condenará en costas al
peticionario. Parágrafo 1. La sola decisión sobre extensión de jurisprudencia no será causal de impedimento
o recusación del funcionario judicial. Parágrafo 2. En ningún caso, se tramitará el mecanismo de extensión de
jurisprudencia si la materia o asunto no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
según las reglas previstas en los artículos 104 y 105 de este código.
10 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
11 Transcripción literal del texto
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Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
examinadas carece de razón la acción de tutela como mecanismo de protección
judicial y en razón de estos se debe declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de
tutela contra la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ya que de no hacerlo se estaría
en contravía de los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y los
preceptos del Decreto 2591 de 1991 y se sirva además declarar la cesación de la
actuación procesal y archivo del expediente. […]”.
10. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla guardó
silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199112, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 202113 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201914, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
12 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
13 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
Cuestión previa
13. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
14. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
15. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 200615, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
15 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[16].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
16. La Sala advierte que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa
por pasiva.
17. Al respecto, es preciso indicar que dicha autoridad fue parte vinculada dentro
marco del proceso ordinario, por lo que le asiste interés.
18. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que el Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla, le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
19. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.
Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
16 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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21. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; iv) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo
vital; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a
la seguridad social; viii) análisis del caso concreto y finalmente las ix) conclusiones
de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena17, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
23. Esta Sección adoptó18 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200519, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
19 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la solicitud de extensión de
la jurisprudencia: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”20 que encaje en dichos parámetros.
26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201421.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
20 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201422, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [23]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [24].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [25].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [26].
22 Ut supra página 6.
[23] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[24] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[25] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[26] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [27]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [28].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [29]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
[27] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[28] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[29] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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30. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado30:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”31
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”32
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
31. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
30 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
31 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
32 Ibidem.
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argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
32. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202233 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
33 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
33. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a
la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
35. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional34 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital
37. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
34 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos
[…]”.
38. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho12:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este derecho
se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud
(Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta
forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de mayor
relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
39. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el artículo
2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201518 sobre el derecho
fundamental a la salud.
40. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional19, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
41. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
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“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan
su poder adquisitivo constante […]”.
42. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:5
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado6.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”7. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”8 […]”
Análisis del caso concreto
43. Nicolasa Pereira Fernández, quien actúa como agente oficiosa de Yadira
Judith Fernández Barraza35, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir el auto
35 Nicolasa Pereira Fernández manifestó que: “[…] mi señora madre Señora YADIRA JUDITH FERNÁNDEZ
BARRAZA […] quien nació el día 02 de octubre del 1943, teniendo a la fecha 81 años cumplidos. [De la Tercera
Edad]- […] a la fecha tiene diagnósticos clínicos por sus médicos tratantes de la EPS SURA, de enfermedades
Crónicas y Degenerativas, con control permanente, debido a las enfermedades de base que padece como
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y desde hace cinco (5) años a la fecha actual Demencia Mixta
[Alzheimer], con problemas Fonoaudiólogos de Disfagia y Desorden Cognitivos Comunicativos asociados a
esta última patología, multimedicada por Psiquiatría […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
de 25 de septiembre de 2024, en el proceso de extensión de la jurisprudencia del
Consejo de Estado identificado con el número único de radicación
110010325000202400237-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
44. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
45. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
46.1. Copia digital del expediente del proceso de extensión de jurisprudencia
identificado con el número único de radicación 110010325000202400237-00.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
47. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente36:
36 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
“[…] La sentencia C-816 de 2011 es fundamental para entender cómo se aplica la
jurisprudencia en Colombia y establece un marco claro sobre la fuerza vinculante de
las decisiones judiciales, así como las condiciones bajo las cuales se puede extender
dicha jurisprudencia a terceros. […]”.
[…]
“[…] La Sentencia T-067 de 2013 refuerza el compromiso del sistema judicial
colombiano hacia la protección y el reconocimiento de derechos para las personas
mayores, especialmente en contextos donde pueden enfrentar desafíos adicionales
debido a su avanzada edad. De igual manera se pronunció en este mismo sentido el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA Radicado SU N° 21-03-2024 – 11001031500020230711601.
[…]”.
[…]
“[…] LA SENTENCIA C-590 de 2005 de la Corte Constitucional colombiana establece
criterios fundamentales sobre la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
Ahora bien, el carácter vinculante del precedente constitucional implica que las
decisiones de la Corte Constitucional deben ser acatadas por todas las autoridades y
en todos los casos. Esto asegura que los derechos fundamentales sean protegidos y
que se mantenga la estabilidad jurídica. La exigencia de cumplir con los requisitos del
CPACA para la extensión de jurisprudencia no implica un desconocimiento de este
carácter vinculante. En caso de que no se acate el precedente, los ciudadanos
pueden exigir su aplicación a través de mecanismos como la acción de tutela. […]”.
(Resaltado en el texto original)
48. Para la Sala el asunto controvertido por la actora, ya fue objeto de estudio por
la autoridad judicial accionada, y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.
49. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de extensión de jurisprudencia y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
50. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
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Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente37:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”38, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”39. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
51. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
52. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
38 Sentencia SU-050 de 2018.
39 Sentencia SU-354 de 2017.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406202-00
Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
53. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
54. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal en el marco del proceso de
extensión de jurisprudencia, el cual escapa de la órbita de competencia del juez
constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la vulneración de los derechos
fundamentales indicados supra, el criterio de la relevancia constitucional, no se
determina con su mera enunciación, sino mediante la acreditación expresa y
razonable de una presunta amenaza o vulneración del mismo, lo cual no aconteció
en el caso sub examine.
55. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, al mínimo vital, a la salud, a la
seguridad social enunciados por la actora, no se evidencia en el caso sub examine,
toda vez que el proceso de extensión de jurisprudencia, se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso. Además, no concurre
una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la
actuación del juez constitucional, no se trata de amparar los derechos
fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional.
56. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
57. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
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Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
Conclusiones de la Sala
58. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Actora: Nicolasa Pereira Fernández agente oficiosa de
Yadira Judith Fernández Barraza
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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