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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06204-00

Fecha
13 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06204-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR el derecho de petición la señora Cindy Lorena Hernández Velandia en relación con lo solicitado en el escrito de petición que radicó el 11 de octubre de 2024, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, en coordinación y/o por medio de las áreas o dependencias que consideren pertinentes, den una respuesta de fondo a la solicitud que radicó la accionante el 11 de octubre de 2024. TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la Salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada de la accionante, por las razones expuestas en esta providencia. CUARTO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá para que, dentro del término establecido en el numeral Segundo de esta providencia, en coordinación y/o mediante las dependencias que consideren pertinentes, adelanten las gestiones necesarias para reconocer a la accionante, de manera ininterrumpida, el pago de los aportes al sistema de salud correspondientes al periodo de gestación posterior a la terminación de su vínculo laboral, con el fin de que se le garantice a futuro los servicios de salud que requiera así como el reconocimiento y disfrute efectivo del derecho a la licencia de maternidad que le asiste. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 26 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-06204-00 Accionante: Cindy Lorena Hernández Velandia QUINTO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. OCTAVO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06204-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

13 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06204-00
Accionante: Cindy Lorena Hernández Velandia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-06204-00
Accionante: Cindy Lorena Hernández Velandia
Accionados: Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
Referencia: Acción de tutela

Tema. Acción de tutela.
Subtema 1. Derecho de petición.
Subtema 2. Respuesta clara y de fondo.
Subtema 3. Estabilidad laboral reforzada. Cargo en descongestión. Madre gestante.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Cindy Lorena
Hernández Velandia en contra de la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Cindy Lorena Hernández Velandia en nombre propio, presentó solicitud de tutela en
la que deprecó el amparo de sus derechos fundamentales de petición, estabilidad
laboral reforzada, mínimo vital, salud y vida digna, que consideró vulnerados por la
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá D.C., dado que, afirma, no le dieron una respuesta de fondo
al escrito de petición que radicó el 11 de octubre de 2024, en el que solicitó una
prórroga de su vinculación laboral en el cargo en descongestión que ocupa dada su
condición de madre gestante.

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Accionante: Cindy Lorena Hernández Velandia

1.2. Hechos

1.2.1. La accionante adujo que con ocasión del Acuerdo PCSJA24-12160 del 8 de
abril del 2024, fue vinculada en un cargo de descongestión en el Juzgado 38 Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá1, por lo que, su nombramiento
en descongestión finalizará el 13 de diciembre de esta anualidad.

1.2.2. Afirmó que, en el momento de tomar posesión del cargo, desconocía su
estado de embarazo; no obstante, cuando se encontraba en la semana 9 de
gestación informó formalmente a su nominador de su estado de gravidez2, esto es,
el Juez Treinta y Ocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
quien a su turno, mediante oficio del 11 de junio de 2024, comunicó la novedad al
Consejo Superior de la Judicatura y a la oficina de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial3.

1.2.3. Manifestó que el 11 de octubre de 2024, cuando se encontraba en el séptimo
mes de gestación, en ejercicio de su derecho fundamental de petición, radicó escrito
ante el Consejo Superior de la Judicatura en el que solicitó una prórroga de su
vinculación laboral, dada su condición de madre gestante y a futuro lactante, con el
fin de garantizar su derecho al mínimo vital y así cubrir los gastos económicos y la
manutención de su hija por nacer4.

1.2.4. Indicó que, el 15 de octubre de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura
respondió su solicitud sin disponer una solución de fondo a su requerimiento5.

1.3. Argumentos y pretensiones de la solicitud

1 Páginas 1 a 4 del archivo electrónico nombrado “ANEXOS_30_10_2024, 16_57_14” que contiene los anexos allegados con el escrito de tutela,

ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado E12436406CD12C6C 5FCC8D2C7F9A8CA9
EE389F406CC2B92E 89CC2DC3C3A43086.
2 Páginas 5 a 7 del archivo electrónico nombrado “ANEXOS_30_10_2024, 16_57_14” que contiene los anexos allegados con el escrito de tutela,

ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado E12436406CD12C6C 5FCC8D2C7F9A8CA9
EE389F406CC2B92E 89CC2DC3C3A43086.
3 Páginas 8 a 9 del archivo electrónico nombrado “ANEXOS_30_10_2024, 16_57_14” que contiene los anexos allegados con el escrito de tutela,

ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado E12436406CD12C6C 5FCC8D2C7F9A8CA9
EE389F406CC2B92E 89CC2DC3C3A43086.
4 Páginas 1 a 5 del archivo electrónico nombrado “ANEXOS_30_10_2024, 15_03_05” que contiene los anexos allegados con el escrito de tutela,

ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado E12436406CD12C6C 5FCC8D2C7F9A8CA9
EE389F406CC2B92E 89CC2DC3C3A43086.
5 Páginas 6 a 7 del archivo electrónico nombrado “ANEXOS_30_10_2024, 15_03_05” que contiene los anexos allegados con el escrito de tutela,

ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado E12436406CD12C6C 5FCC8D2C7F9A8CA9
EE389F406CC2B92E 89CC2DC3C3A43086.

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Accionante: Cindy Lorena Hernández Velandia

1.3.1. La accionante adujo que al momento de radicar la acción de tutela6, estaba
en la semana treinta (30) de gestación, y su estado fue clasificado medicamente
como de alto riesgo.

Indicó que, la autoridad cuestionada mediante el oficio del 15 de octubre de 2024,
le informó que la competencia para el estudio de su solicitud estaba a cargo del
nominador, esto es, el Juzgado al que estaba vinculada laboralmente en el cargo
de descongestión, sin que tal argumento planteara una solución de fondo a su
requerimiento.

En ese sentido, afirmó que dado su estado de embarazo, la terminación de su
nombramiento el próximo 13 de diciembre del corriente, vulnera sus garantías
fundamentales ya que “después de la licencia de maternidad otorgada por la EPS
quedaría desprotegida, sin ingresos para sustentar a su hija, lo cual pone en riesgo
no solo mi derecho vital sino también el de mi hija a nacer y crecer en condiciones
dignas y seguras”7.

Manifestó que disponer sobre la prórroga de su vinculación laboral en el cargo que
ocupa actualmente no es responsabilidad del titular del Juzgado al que se encuentra
vinculada, ya que los recursos para cubrir los salarios de los nombramientos en
descongestión dependen de los Acuerdos que dicta exclusivamente el Consejo
Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que los cargos creados bajo tal
disposición no hacen parte de la planta regular del despacho al que son asignados.

Por lo anterior, insistió que resolver sobre la prórroga de su vinculación laboral, le
corresponde a la entidad que suscribió el Acuerdo de descongestión como entidad
competente para garantizar sus derechos fundamentales.

Sostuvo que, su condición de madre gestante ha sido definida por la Corte
Constitucional como una circunstancia que le da derecho a una estabilidad laboral
reforzada, por lo que, debe ser garantizada la continuidad en la vinculación o una
reubicación laboral durante la etapa de embarazo y lactancia, sin que la

6 Archivo electrónico que contiene el acta de reparto de la solicitud de tutela a la Corte Suprema de Justicia, con fecha del 31 de octubre de

2024, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 81671DF720A5C76A 3311BA0204004BCF
3F9DAC3E8FA2C874 3250207EF9A62F01. Ver apartado 1.4.1.
7 Página 2 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado A6E4E06DC4C70978 7F246B2901F1470A E73D5F8B6D9A55DF 765C059B0E000930. Esta es una trascripción
literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.

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Accionante: Cindy Lorena Hernández Velandia

provisionalidad inherente a un cargo de descongestión sea una condición
excluyente para acceder a la referida protección constitucional.

Agregó que, la respuesta enviada por el Consejo Superior de la Judicatura
contradice el deber del Estado de proteger sus derechos como madre gestante,
dado que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, situación que sería aún más
gravosa si se hace efectiva su desvinculación, por lo que la entidad cuestionada en
uso de sus competencias y capacidad debe dictar una medida excepcional que
garantice sus derechos fundamentales y los de su hija por nacer.

De otra parte, resaltó que cumplió con los requisitos para interponer la acción de
tutela en la medida en que, “(…) agoté la vía administrativa al presentar una solicitud
directa al Consejo Superior de la Judicatura, la cual fue respondida de manera
evasiva, sin ofrecer una solución concreta que permita garantizar la estabilidad
laboral reforzada.(…)” y en ese orden, sostuvo que “(…)[a]l haber recibido una
negativa en la instancia administrativa, no dispongo de otro medio de protección
judicial que garantice mis derechos con la prontitud y eficacia que la situación
requiere, especialmente considerando el riesgo de afectación grave y directa al
mínimo vital.”8.

Agregó que, “[l]a La gravedad y urgencia de mi situación, dada la inminente
finalización de mi vinculación y mi estado de embarazo de alto riesgo, justifican el
uso de la acción de tutela como mecanismo preferente, dada la posibilidad de un
perjuicio irremediable a mis derechos fundamentales. Entiendo el carácter
subsidiario y residual de la tutela, pero en mi caso resulta la única vía efectiva para
proteger la estabilidad laboral y el mínimo vital, que son esenciales para la
subsistencia de mi hija y la mía en esta etapa crítica.”9

Finalmente, insistió que la responsabilidad de prorrogar su contrato estaba a cargo
del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que fue debidamente notificada de
su estado de gestación.

8 Página 4 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado A6E4E06DC4C70978 7F246B2901F1470A E73D5F8B6D9A55DF 765C059B0E000930. Esta es una trascripción
literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
9 Ibid.

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Accionante: Cindy Lorena Hernández Velandia

1.3.2. La accionante solicitó al juez constitucional10:

“1. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura responder de fondo el
derecho de petición elevado el 11 de octubre de los corrientes, pues es su
competencia pronunciarse al respecto y no del Juzgado 38 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento.

2. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y a la Rama Judicial prorrogar
mi vinculación laboral en el cargo de sustanciadora en descongestión en el Juzgado
38 Penal del Circuito con Función de Conocimiento en Bogotá, o en su defecto,
garantizar mi reubicación en otro cargo de la Rama Judicial en condiciones
equivalentes o superiores y sin perjuicio de mis derechos.

3. Que se ordene a las entidades demandadas adoptar medidas de protección
especial para asegurar mi estabilidad económica y emocional, y la de mi hija, en
cumplimiento del derecho al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada en las
etapas de gestación, parto y postparto.”11.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

1.4.1. El asunto fue asignado en reparto a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia12, autoridad judicial que, en proveído del 1 de noviembre de
202413, admitió la acción; no obstante, recibidas las contestaciones, mediante auto
del 14 de noviembre de 202414, resolvió remitir el expediente a esta Corporación por
reglas de competencia.

1.4.2. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 19 de noviembre de
202415, admitió la acción en contra de la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y, vinculó al Juzgado
Treinta y Ocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, al
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y, el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.

10 Página 4 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado A6E4E06DC4C70978 7F246B2901F1470A E73D5F8B6D9A55DF 765C059B0E000930.
11 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
12 Archivo electrónico que contiene el acta de reparto de la solicitud de tutela al despacho ponente con fecha del 15 de noviembre de 2024,

ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 67AA59832A611B19 420F30E0F26EB67C
1FAC8F382543EB37 5DC179C514D01594. El asunto fue asignado bajo el número de radicado 1100102320240145800 (141233).
13 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 7B7A838C7E5A8286

A4ED8C0FC29CFA89 6C3348627DEE39F8 4ABF46C732F8A4B2.
14 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado A8AFC4EC412CE083

C0AFD6CD1300D993 6BC2E627A2E483BD 6272D644503A1661. Ver también archivo electrónico ubicado en el mismo índice, identificado
con certificado CE7A4C3B54953A75 5CA0BA758D2DD736 6BC22DFC5C281839 D962401EE2A4C23F.
15 Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7B557FD983FC64E8

94DAD8430310B75E 484A3D7AD39F84E6 B5858DA8569CF552.

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Accionante: Cindy Lorena Hernández Velandia

En el mismo proveído ordenó notificar a las partes y vinculados, decretó como
pruebas los documentos allegados con la solicitud y suspendió los términos hasta
tanto se cumpliera lo ordenado.

1.4.2. El Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de
Bogotá16 por medio del titular del despacho, informó que la señora Hernández
Velandia “(…) se encuentra vinculada a este estrado en calidad “oficial mayor en
descongestión,” de conformidad con el cargo creado por el Consejo Superior de la
Judicatura mediante Acuerdo PCSJA24-12160 del 8 de abril del presente año (…)”17
y que, en consecuencia, la vigencia del cargo estaba prevista desde el 10 de abril
hasta el 13 de diciembre de 2024, por lo que, la solicitud de prórroga conforme a los
hechos y en los términos planteados por la accionante, era competencia exclusiva
del Consejo Superior de la Judicatura.

1.4.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá18, por medio de la Presidente de la entidad explicó que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de
la Judicatura tiene la facultad de crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
Rama Judicial para lo cual puede adoptar medidas de descongestión, que son de
carácter transitorio con base en las necesidades y en concordancia con los recursos
presupuestales.

Resaltó que dadas las facultades enunciadas, la entidad expidió el Acuerdo No.
PCSJA24-12160 del 8 de abril de 2018 mediante el que dispuso, la creación de
cargos en descongestión, esto es, con carácter transitorio, entre ellos, uno de oficial
mayor o sustanciador en el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito con Función
de Conocimiento a partir del 10 de abril y hasta el 13 de diciembre de 2024.

Al respecto, explicó que la Corte Constitucional en diversa jurisprudencia ha
establecido que los cargos en descongestión o provisionalidad no tienen vocación

16 Archivos electrónicos ubicados en el índice 12 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificados con certificados:
B88C8DEE08B5CBF3 C88428FC904C598B 2D7AB83422641177 AAD1E5CAB7C1E50E y E35BB0DF07735D8B 0F9A484E24614454
72A6CAC6039D2A23 07F564D1E10DAE2B.
17 Archivo electrónico ubicado en el índice 12 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: E35BB0DF07735D8B

0F9A484E24614454 72A6CAC6039D2A23 07F564D1E10DAE2B. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis
forman parte del texto original.
18 Archivos electrónicos ubicados en el índice 13 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados: 218D592B5D93F4A9

CA5362C396D2AC5B 14FEF01C48E4D72D DABE0AC7969F1CF1, 2A6AA7A3B5C016FC F0BBB9DD0FCF4411 C29C55B58F9A76A5
FDBCC10B494D0385, 093F4B761574FF0B 5A53A8BAA1BA2045 0C2C7EEC05CC2DA5 2AA8B98CD7189AD4, D0018E2CF53EEC62
C17308CE9F30A27C 35B0DF2374690FD2 0D08D625AA440F2E, F1AF539B5E443384 9A5B253653B6AE06 D22228CDC3184F4E
7BB6F816C90E0FB5 y B8D2FB163CAF1389 08D050A7086E5379 11C84A3F95D29C4F C48098A2BCE87CE5.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06204-00
Accionante: Cindy Lorena Hernández Velandia

de permanencia indefinida por lo que, ante la terminación de la vinculación laboral
de una madre gestante nombrada en carácter de descongestión, corresponde al
pagador respectivo evaluar si adopta medidas de protección en cuanto al
reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad social, y en ese
sentido, estimó pertinente que la solicitud de la señora Hernández Velandia debía
ser trasladada al Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial, lo que en efecto fue gestionado e informado a la peticionaria
y al Juez Treinta y Ocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
a través de oficio No. CSJBTO24-5130 del 15 de octubre de 202419.

En ese sentido, resaltó que la viabilidad de prórroga o reanudación de las medidas
de descongestión que le permitan gozar de la estabilidad laboral que reclama la
accionante, le corresponde definirla al Consejo Superior de la Judicatura con
concepto previo de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE), por lo
que la entidad no tiene competencia para definir lo solicitado por la accionante.

Por último, indicó que la entidad fue notificada de una acción de tutela radicada por
la señora Cindy Lorena Hernández Velandia ante la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, identificada con radicado núm.
11001023000020240145800 por lo que, solicitó el estudio de temeridad y en
consecuencia la improcedencia del asunto de la referencia.

1.4.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial20, a través del
profesional adscrito a la Unidad de Asistencia Legal de la entidad indicó que,
conforme a los hechos narrados por la parte accionante, la solicitud fue radicada
ante el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad.

Afirmó que lo solicitado por la accionante se encuentra a cargo de la respectiva
Dirección Seccional a la que se encuentra adscrito el despacho al que está
vinculada y, en ese orden, les corresponde a esas autoridades responder por la
presunta vulneración o amenaza de las garantías fundamentales reclamadas.

19 Archivo electrónico ubicado en el índice 13 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 2A6AA7A3B5C016FC

F0BBB9DD0FCF4411 C29C55B58F9A76A5 FDBCC10B494D0385.
20 Archivo electrónico ubicados en el índice 14 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: DDD6B246F3D90F5B B9148A2BF9160BD5

1A389921E46E3C74 582CD497452ADC4B.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06204-00
Accionante: Cindy Lorena Hernández Velandia

Precisó que, en pro de garantizar los derechos fundamentales de la parte actora, la
división de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos de esa entidad
remitió la acción de la referencia a la Dirección Seccional de Administración de
Bogotá por ser la competente para resolver la petición del 11 de octubre de 2024
radicada por la interesada21.

1.4.5. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá22 a través
del Director de la entidad, indicó que de conformidad con lo informado por la oficina
de talento humano, la señora Cindy Lorena Hernández Velandia radicó una solicitud
de prórroga de vinculación laboral que fue resuelta por el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Carrera Judicial, mediante oficio CSJO24-7515 del 1 de
noviembre de 2024.

En ese sentido, aportó copia de la respuesta enviada por la referida unidad a la
señora Hernández Velandia con ocasión del escrito de petición radicado el 11 de
octubre del corriente23 en el que le informa, en síntesis, que el cargo que ocupa es
de carácter transitorio por lo que, las medidas excepcionales de descongestión, las
determina la entidad a través de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico y, en
ese orden, le notifican que su requerimiento fue remitido para el trámite
correspondiente a esa dependencia mediante oficio CJO247514 del 1 de noviembre
de 2024.

Por lo anterior, indicó que los hechos que sustentan la posible vulneración del
derecho de petición de la accionante no son procedentes dado que, en principio, la
solicitud de prórroga del contrato no fue radicada ante esa entidad, por lo que solicitó
la desvinculación de la acción de la referencia.

1.4.6. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE) del Consejo
Superior de la Judicatura24 a través de la Directora, adujo que la solicitud de
amparo es en principio improcedente dado que el Consejo Superior de la Judicatura

21 Página 7 del archivo electrónico ubicados en el índice 14 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: DDD6B246F3D90F5B
B9148A2BF9160BD5 1A389921E46E3C74 582CD497452ADC4B.
22 Archivos electrónicos ubicados en el índice 6 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificados con certificados:

0D7356AF0DEC5F26 6E7622A0FC8CFC0E F5A4ACDB3FE1DDDE 0FA4288B9AFC8F61 y 9FE27999BCA79E26 EA2E436135873843
175B2562D322E018 32942B01EF8133D9. Ver también índice 11.
23 Páginas 4 y 11 del archivo electrónico ubicado en el índice 6 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:

0D7356AF0DEC5F26 6E7622A0FC8CFC0E F5A4ACDB3FE1DDDE 0FA4288B9AFC8F61.
24 Archivos electrónicos ubicados en el índice 15 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificados con certificados:

85F28AE774ADA244 EB3E470E0B9DFB58 576735041A23FE94 AC4AFB4ED62E1790 y 67A78E9771350CEB 2A6F55E707B3EF4F
ECF460857D8AA253 E54FA9C85E8B486E.

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no puede asumir la continuidad de medidas transitorias sin el debido soporte
presupuestal.

Explicó que, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024, el Consejo
Superior de la Judicatura puede crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar,
transformar y suprimir cargos de la Rama Judicial sin que en ejercicio de esa
atribución establezca obligaciones a cargo del tesoro que excedan el monto
presupuestal global fijado para el respectivo servicio.

Así, resaltó que una vez finalice la medida de descongestión que sustenta la
vinculación temporal de la accionante, la desvinculación es la consecuencia lógica,
por lo que, en ese sentido la peticionaria tenía pleno conocimiento de la
transitoriedad de su cargo, lo que no obedece a su estado de gravidez.

Indicó que, respecto de la afiliación al sistema de salud, tal asunto es competencia
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales
de Administración Judicial, encargadas de los recursos humanos y ordenadoras del
gasto.

También sostuvo que, conforme a lo establecido en el artículo 207 de la Ley 100 de
1993, el pago de incapacidades por licencia de maternidad es una prestación cuyo
pago y reconocimiento corresponde efectuarlo a la EPS a la cual se encuentra
afiliada la accionante.

De otro lado, adujo que el escrito de petición fue radicado por la accionante ante el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, entidad que dio respuesta mediante
oficio del 15 de octubre de 2024, por lo que, pese a la inconformidad con lo resuelto
tal circunstancia no implica la vulneración de su derecho fundamental de petición.

Finalmente, mencionó que esa Unidad tuvo conocimiento de la petición formulada
por la accionante el 1 de noviembre de 202425, con ocasión del “traslado realizado
por la Unidad de Carrera Judicial mediante oficio CJO24-7514, petición que será
absuelta de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.”26

25 Archivo electrónico nombrado “CJO24-7514” ubicado en el índice 15 del expediente de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con
certificado 67A78E9771350CEB 2A6F55E707B3EF4F ECF460857D8AA253 E54FA9C85E8B486E.
26 Página 13 del archivo electrónico nombrado “UADEO24-4131” ubicado en el índice 15 del expediente de tutela en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado 67A78E9771350CEB 2A6F55E707B3EF4F ECF460857D8AA253 E54FA9C85E8B486E.

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1.4.7. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura27, a través de su directora, se opuso a las pretensiones de la
accionante expuestas en su escrito de tutela. En su argumentación, sostuvo que la
garantía de estabilidad laboral reforzada de los empleados de los despachos
judiciales le corresponde resolverla al juez titular del despacho en su calidad de
nominador. Por lo tanto, consideró que atender lo planteado por la accionante
excede su competencia.

Agregó que, la entidad no ha vulnerado ninguna de las garantías fundamentales de
la accionante dado que, la petición radicada el 11 de octubre de 2024, fue
debidamente atendida por medio de oficio CJO24-7515 del 1 de noviembre de
202428, en el que se le explicó a la peticionaria que la competencia de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial está sujeta a la Ley Estatutaria de Administración
Judicial y los respectivos Acuerdos por lo que su requerimiento de prorroga laboral
no es procedente, además del carácter transitorio inherente a la vinculación con
ocasión de las medidas excepcionales de descongestión definidas a través de la
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE), área a la que fue remitida la
solicitud mediante oficio CJO24-7514 del 1 de noviembre de 202429.

Por último, solicitó rechazar por improcedente o negar la solicitud de amparo dado
que no fue vulnerada ninguna garantía fundamental de la parte accionante.

1.4.8. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura30, allegó oficio en el que dio alcance a la respuesta remitida con
anterioridad e informó a través de la directora de la entidad que31:

“(…) en relación con la petición elevada por la accionante el 11 de octubre de 2024
ante esta Corporación, la Unidad, a través del oficio CJO24-7515, remitió la citada
petición por competencia a la UDAE. Esta, a su vez, mediante el Oficio UDAEO24
4132 del cual se anexa copia, respondió de fondo a la solicitante, informándole que,
frente a la solicitud de prórroga en el cargo de sustanciadora del Juzgado 38 Penal
27 Archivos electrónicos ubicados en el índice 16 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificados con certificados:
1DE5BE5BF77322DC BC66A52A1D5B1C85 A5FE83833BE52C61 480A7C79AA75CD6B, 7377BA26E144C23C 2778EC114FF73560
9BE0EC064C549328 E75FE79A0BE4A42F y F2AD7FC1C5486EAF AEE292F2DE53D9E9 6AA7311FCCD98C74 7F7C972C3FF5BCAF.
28 Archivo electrónico ubicado en el índice 16 del expediente de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado F2AD7FC1C5486EAF

AEE292F2DE53D9E9 6AA7311FCCD98C74 7F7C972C3FF5BCAF.
29 Archivo electrónico ubicado en el índice 16 del expediente de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 7377BA26E144C23C

2778EC114FF73560 9BE0EC064C549328 E75FE79A0BE4A42F.
30 Archivo electrónico ubicado en el índice 17 del expediente de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 52DD6E94C676D99D

7DA848432F8715A6 FDFDE9745ACD7181 ACA673DD29270C41.
31 Página 1 del archivo electrónico ubicado en el índice 17 del expediente de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado

52DD6E94C676D99D 7DA848432F8715A6 FDFDE9745ACD7181 ACA673DD29270C41. Ver también archivo electrónico ubicado en el índice
17 del expediente de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 68079BDC957C3035 8EE6E08B0816D30F
608148CB17ED8BD2 CD664860F8A8BC4F.

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del Circuito de Bogotá, debido a su estado de embarazo, la vinculación en dicho
cargo es de carácter transitorio, creado con base en necesidades de descongestión
judicial y determinado por criterios técnicos y presupuestales.

También se le informó mediante el oficio en cuestión que la duración de este cargo
está limitada a un periodo específico y depende de la prórroga o terminación de las
medidas de descongestión, las cuales no se ajustan a situaciones particulares de
los empleados, sino a necesidades objetivas de la Rama Judicial.(…)” 32.

Resaltó que las medidas de descongestión no generan un derecho a la estabilidad
laboral reforzada incluso en condiciones de gravidez, dado que la terminación de la
relación laboral en esos casos no viola derechos laborales dado el carácter
transitorio de esos cargos, circunstancia que es conocida por los empleados desde
el momento de su contratación. Agregó que, el pago de la licencia de maternidad
corresponde a la EPS que se encuentre afiliada la interesada, conforme a las
disposiciones de ley.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa porque
la accionante es la titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, y, por lo
tanto, en caso de configurarse los cargos enunciados, resultarían afectadas sus
garantías fundamentales.

2.2.2. También se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva
porque la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá, son las autoridades a las que el accionante le atribuye
la vulneración de sus derechos fundamentales.

32 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.

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2.2.3. Respecto de las solicitudes de desvinculación planteadas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, la Sala estima que no tienen vocación de prosperidad, en tanto,
si bien la accionante no dirige sus cuestionamientos hacia tales autoridades
administrativas, lo cierto es que estas conocieron sobre el estado de embarazo y la
solicitud de prórroga de la relación laboral, conforme a las pruebas que acreditan
los hechos que soportan el escrito de tutela, por lo que cualquier decisión que llegare
a dictarse en relación con el trámite de la referencia, es de su legítimo interés.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala definir, en primer lugar, si las autoridades administrativas
cuestionadas vulneraron el derecho fundamental de petición de la accionante al no
dar una respuesta de fondo a la solicitud de prórroga de su vinculación laboral en el
cargo en descongestión que ocupa en el Juzgado 38 Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá, dada su condición de madre gestante.

Definido lo anterior, y de encontrarse probada la vulneración de la referida garantía
constitucional, esta colegiatura pasará a determinar, en segundo lugar, lo
relacionado con el amparo de los derechos fundamentales de estabilidad laboral
reforzada, mínimo vital, salud y vida digna de la señora Cindy Lorena Hernández
Velandia, dada su condición de sujeto de especial protección constitucional como
madre gestante, con el fin de evitar un perjuicio irremediable de carácter
iusfundamental que afecte la seguridad material de la accionante y de su hija por
nacer.

Para resolver la controversia planteada, la Sala desarrollará los siguientes aspectos:
(i) del derecho fundamental de petición; (ii) generalidades de la acción de tutela y
subsidiariedad en casos relacionados con estabilidad laboral reforzada; (iii) la
desvinculación de servidoras públicas en estado de embarazo nombradas en
descongestión y, finalmente, (iv) el estudio de fondo del caso en concreto.

2.4. Del derecho fundamental de petición

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El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener una pronta resolución. Este artículo fue regulado en
el Titulo II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo33, que con ocasión de ello dispuso en su artículo 13 34
que las personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes de
interés general o particular ante las autoridades, y a “obtener pronta resolución
completa y de fondo sobre la misma”.

Respecto del ejercicio del derecho de petición dispuesto en el artículo 23 de la
Constitución Política la Corte Constitucional ha indicado que35 “(…) dentro de sus
garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta
debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la
contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que
permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección
también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la
posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro
del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

2.5. Generalidades de la acción de tutela y subsidiariedad en casos
relacionados con estabilidad laboral reforzada

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley 10.

El requisito de subsidiariedad presupone que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no tiene otro mecanismo de defensa judicial para la protección

33 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
34 “ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. Toda persona tiene derecho a presentar

peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener
pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas,
denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación
a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”.
35 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005, T-236 de 2005, T-718 de 2005, T-627 de 2005,

T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y T-083 de 2017, entre otras.

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de sus derechos fundamentales. En ese sentido, también es procedente la acción
cuando el tutelante se encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable,
porque la solicitud de amparo funge como un mecanismo transitorio. La máxima
autoridad de la jurisdicción constitucional ha definido el perjuicio irremediable, a
partir de la reunión de los presupuestos de gravedad, inminencia e
impostergabilidad de la medida para proteger el derecho

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional36 ha señalado que el requisito de
subsidiariedad debe aplicarse con menor rigor cuando la tutela concierne a sujetos
de especial protección constitucional, pues exigirles que acudan a mecanismos
judiciales ordinarios para obtener la salvaguarda de sus derechos fundamentales
involucra una carga desproporcionada, por no compadecerse de su estado de
vulnerabilidad.

Dentro de los casos en los que se debe flexibilizar la exigencia de procedibilidad de
subsidiariedad, se encuentran los relacionados con el fuero de maternidad que en
jurisprudencia de la Corte Constitucional está sustentada en37: “(i) el mandato del
artículo 43 acerca de la especial protección de la mujer embarazada y en periodo
de lactancia y en el caso de estar desamparada la obligación de otorgar un subsidio
alimentario; (ii) la protección de la mujer embarazada de la discriminación en el
trabajo, específicamente de su despido por la maternidad; (iii) la protección de la
mujer como gestora de vida y los derechos de los niños; y (iv) la protección a la
familia. Aunque los cuatro fundamentos hacen parte del desarrollo constitucional del
fuero de maternidad, ninguno puede ser escindido del segundo de los elementos,
que es el objetivo central de esta protección. Así, si desaparecen los motivos de
discriminación que fundamentan la protección de la mujer en el ámbito laboral por
el embarazo, la acción afirmativa cambia la naturaleza de la protección y aun
cuando puede, por ejemplo, sustentarse para el caso de las licencias de
maternidad o paternidad en razón a la protección a la familia deja de proteger
a la mujer en el ámbito laboral para garantizar otros valores diferentes.” 38.(Se
destaca).

En ese orden, la solicitud de amparo de la referencia cumple con el requisito de
subsidiariedad en tanto, la accionante no cuenta con otro mecanismo que permita

36 Corte Constitucional, sentencia T-1 de 2021.
37 Corte Constitucional, sentencia SU075 de 2018.
38Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.

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la garantía de sus derechos fundamentales, dada su condición de madre gestante
circunstancia que, consecuentemente, establece su calidad de sujeto de especial
protección constitucional, esto en concordancia con lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-75 de 201839.

2.6. De la desvinculación de servidoras públicas en estado de embarazo
nombradas en descongestión.

La Corte Constitucional en sentencia T-082 de 2012 estableció que la protección
reforzada para las mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia se
traduce en que, durante este periodo la trabajadora no puede ser desvinculada
laboralmente debido a su condición:

“(…) En definitiva, el fuero de maternidad corresponde a una categoría jurídica en
presencia de la cual se activan en nuestro orden jurídico obligaciones y
prohibiciones excepcionales para el empleador, que concretan el mandato
constitucional según el cual debe otorgarse a la mujer embarazada una protección
laboral reforzada, la cual exige para su aplicación solo dos requisitos: (i) que exista
una alternativa laboral que respalde una relación laboral de la cual es parte la mujer
gestante, y (ii) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o en periodo de
lactancia (3 meses siguientes) durante la relación laboral, de forma que si es
despedida en estas condiciones, procede de inmediato el reconocimiento de las
medidas de protección derivadas del fuero de maternidad (…)”40.

En la misma sentencia, la alta Corporación indicó el alcance de las medidas de
protección derivadas del fueron de maternidad, en los siguientes términos41:

“(…) 27.- Una vez establecidas las modalidades de protección efectiva del fuero de
maternidad y habiendo dejado claro hasta este momento que: (i) la medida más
efectiva del fuero de maternidad es el reintegro o renovación del contrato, y que (ii)
en los casos en que el reintegro o la renovación se torna imposible desde el punto
de vista fáctico, es procedente la medida de protección sustituta, es decir el
reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad social en salud, hasta
el momento que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica
de la licencia de maternidad, resulta pertinente hacer referencia, precisamente, a los
casos en los cuales la Corte ha considerado que dicha medida de reintegro no
procede:

(…)

3) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer
embarazada ocupaba fue creado por la administración pública, para el
39 “[…] la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y el carácter legal de las relaciones laborales implican, en principio, la improcedencia del

amparo, pues los trabajadores tienen a su disposición acciones judiciales específicas para solicitar el restablecimiento de sus derechos cuando
consideran que han sido despedidos. No obstante, la Corte Constitucional ha reconocido que en circunstancias especiales, como las que
concurren en el caso del fuero de maternidad, las acciones ordinarias pueden resultar inidóneas e ineficaces para brindar un remedio integral,
motivo por el cual la protección constitucional procede de manera definitiva.”.
40 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
41 Corte Constitucional, sentencia T-082 de 2012.

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desempeño puntual de funciones transitorias relativas a la eficacia, celeridad
y mejoramiento de la función pública, como por ejemplo los cargos
denominados de descongestión42 (…)

(…)

32. Puede concluirse de las anteriores consideraciones que cuando pueda inferirse
razonadamente que la conservación de la alternativa laboral de la mujer
embarazada, mediante una orden de reintegro o renovación, es fácticamente
imposible en un caso concreto debido a que han operado causas objetivas,
generales y legítimas que ponen fin a la relación laboral: corresponde al juez de
tutela aplicar la medida de protección sustituta correspondiente al reconocimiento
de cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y el correlativo
reconocimiento de la licencia de maternidad.

33.- En últimas, es con base en los criterios anteriormente expuestos que el juez
constitucional deberá decidir, en cada caso que examina, cuál es el alcance de las
medidas de protección ― principales, como el reintegro o renovación del contrato,
o sustitutas, como las prestaciones en materia de seguridad social en salud ―
cuando han operado causas objetivas, generales y legítimas que ponen fin a la
relación laboral. Lo anterior obedece a dos razones primordialmente. La primera,
que existe una imposibilidad de crear un estándar único de órdenes de reintegro o
renovación, pues para esta Sala es claro que cada caso, cada labor o función, y
cada empresa presenta posibilidades distintas para brindar la garantía de estabilidad
de la alternativa laboral de la mujer gestante. La segunda responde a que, si bien
en un determinado caso la orden de reintegro puede ser fácticamente imposible, no
se justifica dejar sin ningún tipo de protección a la mujer embarazada siendo
procedente reconocerle, conforme a las particularidades del caso y como medida
sustituta, las cotizaciones respectivas a seguridad social, después de la cesación de
la relación laboral y hasta el momento en que la mujer acceda a la prestación
económica de la licencia de maternidad. (…) “43. (Subrayado fuera de texto.)

Igualmente, la Corte Constitucional en la Sentencia T-353 de 2016, aclaró que
existen ciertos casos en que la medida de reintegro no procede: “(…) 1) Cuando la
empresa se ha liquidado o está en proceso de extinción la persona jurídica que la
sustenta. 2) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer
embarazada ocupaba, ha sido provisto por concurso de méritos. 3) Cuando el
origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada ocupaba
fue creado por la administración pública, para el desempeño puntual de
funciones transitorias relativas a la eficacia, celeridad y mejoramiento de la
función pública, como por ejemplo los cargos denominados de
descongestión y, 4) Cuando la existencia de la relación laboral entre la mujer
gestante y empleador, dependía íntimamente de la subsistencia de un contrato
previo celebrado por el empleador (…)”44. (Se destaca).

42 Cita original: “Ver la sentencia T- 633 de 2007.”.
43 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
44 Ibid. (Subrayado fuera de texto)

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En dado caso, es procedente la medida de protección sustitutiva, es decir, “(…) el
reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad social en salud, hasta
el momento en que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación
económica de la licencia de maternidad”45.

Luego, en la sentencia SU-075 de 2018, la Corte Constitucional indicó que, para
que la trabajadora sea destinataria de estabilidad laboral reforzada por gestación o
lactancia, debe probarse: (i) el vínculo laboral, (ii) el estado de embarazo o lactancia
y (iii) el conocimiento del empleador de esa situación. Como medidas de protección
el alto tribunal señaló que debía disponerse el reintegro y “(…) cuando es
improcedente el reintegro o la renovación, resulta viable la modalidad de protección
consistente en reconocer las cotizaciones respectivas a seguridad social, después
de la cesación de la relación laboral o el contrato y hasta el momento en que la
mujer acceda a la prestación económica de la licencia de maternidad (…)”46.

2.7. Solución al problema jurídico

2.7.1. En el presente asunto, la acción de tutela objeto de análisis se originó en la
solicitud presentada por la señora Cindy Lorena Hernández Velandia ante el
Consejo Superior de la Judicatura. Dicha petición tenía como propósito obtener la
prórroga de su vinculación laboral, considerando que su nombramiento en
descongestión concluirá el 13 de diciembre de 2024, por lo que recurrió a la
administración en búsqueda de la protección constitucional correspondiente,
atendiendo a su condición de madre gestante.

La accionante manifestó que, tras confirmar su estado de gravidez, informó de dicha
situación a su nominador. Posteriormente, mediante escrito radicado ante el
Consejo Superior de la Judicatura el 11 de octubre de 2024, solicitó la prórroga de
su vinculación como garantía de sus derechos fundamentales frente a su inminente
desvinculación laboral. Sin embargo, la entidad cuestionada le remitió una
respuesta el 15 de octubre siguiente, en la que se limitó a señalarle que la resolución
de su solicitud era competencia del titular del despacho al que se encontraba
vinculada, sin pronunciarse de fondo sobre su petición.

45 Ibid.
46 Ibid.

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Ahora bien, una vez revisada la respuesta enviada por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, la referida entidad le informó a la peticionaria que su
requerimiento debe ser resuelto por “(…) la autoridad nominadora, en este caso, el
Juez 38 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá (…)”, por lo que
remitió el asunto a dicho despacho judicial y “(…) al área de Talento humano
Dirección Seccional de Administración Judicial, para lo de su competencia en
materia prestacional (…)”.

A su turno, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá en su escrito de contestación47, informó que una vez revisado el asunto con
el área de talento humano de la entidad, pudo establecer que la solicitud de la
señora Cindy Lorena Hernández Velandia fue radicada con número EXTCSJ24-
9072 el 17 de octubre de 2024, y que el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Carrera Judicial, dio respuesta mediante oficio CSJO24-7515 del 1 de noviembre
de 2024, sin que la referida Dirección Seccional aportara documento alguno en el
que informara sobre el trámite del asunto a la accionante, o su falta de competencia
al respecto, como lo afirmó en esta instancia constitucional, dado que, en principio,
el escrito de petición le fue remitido para su gestión por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.

Por su parte, la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura le informó a la señora Hernández Velandia que la solicitud radicada en
escrito de petición del 11 de octubre del corriente48, fue remitida mediante oficio
CJO247514 del 1 de noviembre de 2024 a la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico (UDAE), dado que el cargo que ocupa es de carácter transitorio por lo
que le correspondía a esa dependencia disponer sobre las medidas excepcionales
de descongestión.

Luego, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE) del Consejo
Superior de la Judicatura mencionó en su escrito de contestación que tuvo
conocimiento de la petición formulada por la accionante el 1 de noviembre de
202449, con ocasión del “(…) traslado realizado por la Unidad de Carrera Judicial
mediante oficio CJO24-7514, petición que será absuelta de conformidad con los

47 Apartado 1.4.5.
48 Páginas 4 y 11 del archivo electrónico ubicado en el índice 6 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:

0D7356AF0DEC5F26 6E7622A0FC8CFC0E F5A4ACDB3FE1DDDE 0FA4288B9AFC8F61.
49 Archivo electrónico nombrado “CJO24-7514” ubicado en el índice 15 del expediente de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con

certificado 67A78E9771350CEB 2A6F55E707B3EF4F ECF460857D8AA253 E54FA9C85E8B486E.

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términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 (…)”50, sin que, una vez cumplidos
los traslados, la entidad se pronunciara respecto de alguna respuesta enviada a la
peticionaria.

Por último, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura51 informó que la UDAE mediante el Oficio UDAEO24
4132 del 26 de noviembre de 2024, “(…) respondió de fondo a la solicitante,
informándole que, frente a la solicitud de prórroga en el cargo de sustanciadora del
Juzgado 38 Penal del Circuito de Bogotá, debido a su estado de embarazo, la
vinculación en dicho cargo es de carácter transitorio, creado con base en
necesidades de descongestión judicial y determinado por criterios técnicos y
presupuestales(…)” por lo que, las medidas de descongestión no generan un
derecho a la estabilidad laboral reforzada incluso en condiciones de gravidez y
agregó que el pago de la licencia de maternidad corresponde a la EPS que se
encuentre afiliada la interesada, conforme a las disposiciones de ley.

Ahora bien, respecto a lo enunciado por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, la Sala considera pertinente resaltar, por un lado, que la UDAE no aportó
documento alguno en el que sea posible verificar el efectivo envío y notificación a la
accionante del Oficio UDAEO24 4132 del 26 de noviembre de 2024, que permita
corroborar que la garantía fundamental del derecho de petición reclamada fue
debidamente satisfecha a través de una solución de fondo frente a su solicitud.

Por otro lado, si en gracia de discusión se tuviera por contestada la petición de la
accionante, lo cierto es que los argumentos enunciados no resuelven el fondo del
requerimiento formulado, en la medida que se limitan a explicar la naturaleza
transitoria de la vinculación, circunstancia que, además, era conocida por la
peticionaria, sin tener en cuenta su condición de sujeto de especial protección
constitucional dado su estado de gestación, condición que obligaba a la
administración, por lo menos, a verificar su caso particular con el fin de evitar un
perjuicio irremediable en aras de garantizar sus derechos fundamentales.

50 Página 13 del archivo electrónico nombrado “UADEO24-4131” ubicado en el índice 15 del expediente de tutela en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado 67A78E9771350CEB 2A6F55E707B3EF4F ECF460857D8AA253 E54FA9C85E8B486E.
51 Archivos electrónicos ubicados en el índice 16 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificados con certificados:

1DE5BE5BF77322DC BC66A52A1D5B1C85 A5FE83833BE52C61 480A7C79AA75CD6B, 7377BA26E144C23C 2778EC114FF73560
9BE0EC064C549328 E75FE79A0BE4A42F y F2AD7FC1C5486EAF AEE292F2DE53D9E9 6AA7311FCCD98C74 7F7C972C3FF5BCAF.

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Lo anterior, porque contrario a lo afirmado por la UDAE, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20752 de la Ley 100 de 199353 y el Decreto 780 de 201654
en su artículo 2.2.3.2.1.55 —normativa vigente en términos de licencia de
maternidad—, es necesario que la beneficiaria hubiere cotizado al sistema de
seguridad social durante todo su periodo de gestación, por lo que, el pago de tales
aportes, garantizan consecuentemente el acceso a los servicios de salud y los
beneficios a los que tiene derecho.

En este contexto, si bien las autoridades mencionadas brindaron una respuesta
formal a la solicitud presentada por la accionante, lo cierto es que dichas respuestas
desconocieron la garantía del derecho fundamental de petición, al no resolver el
fondo de la solicitud de manera clara y precisa, conforme a lo solicitado. Esta
omisión resulta especialmente reprochable, considerando que la peticionaria es un
sujeto de especial protección constitucional debido a su estado de gestación,
conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional.

Así, la actuación de las autoridades en este caso revela un incumplimiento del deber
constitucional de garantizar el derecho de petición, especialmente en lo relativo a
proporcionar respuestas sustantivas que atiendan a las solicitudes de los
ciudadanos. En situaciones como esta, donde el solicitante es un sujeto de especial
protección constitucional, la obligación estatal de brindar una resolución de fondo
adquiere mayor relevancia, al ser un medio esencial para materializar los principios
de dignidad humana y acceso efectivo a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha enfatizado que, frente a personas en condición de
vulnerabilidad, como las madres gestantes, las instituciones públicas deben actuar
con la debida diligencia y adoptar decisiones que protejan eficazmente sus
derechos. La ausencia de una resolución clara no solo vulnera el derecho de

52 “ARTÍCULO 207. DE LAS LICENCIAS POR MATERNIDAD. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo

reconocerá y pagará a cada una de las Entidades Promotoras de Salud, la licencia por maternidad, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes. El cumplimiento de esta obligación será financiado por el Fondo de Solidaridad, de su subcuenta de compensación, como una
transferencia diferente de las Unidades de Pago por Capitación UPC.”.
53 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
54 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”
55 “ARTÍCULO 2.2.3.2.1 Condiciones para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Para el reconocimiento y pago de la

prestación económica derivada de la licencia de maternidad conforme a las disposiciones laborales vigentes, se requerirá que la afiliada,
acredite las siguientes condiciones al momento del parto: 1. Estar afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de
cotizante y en estado activo. 2. Haber efectuado aportes durante los meses que correspondan al período de gestación. 3. Contar con el
certificado de licencia de maternidad expedido por el médico de la red de la entidad promotora de salud o entidad adaptada o validado por esta.
Habrá lugar al reconocimiento de la licencia de maternidad siempre y cuando el pago de la totalidad de las cotizaciones correspondientes al
periodo de gestación se haya realizado máximo en la fecha límite de pago del periodo de cotización en el que inicia la licencia junto con sus
intereses de mora, cuando haya lugar. A las afiliadas que hubieren cotizado por un período inferior al de la gestación, se les reconocerá y
pagará proporcionalmente como valor de la licencia de maternidad, un monto equivalente al número de días cotizados frente al período real de
gestación, salvo lo previsto en el artículo 2.2.3.2.3 de este Decreto, para las trabajadoras independientes con un ingreso base de cotización de
un salario mínimo legal mensual vigente. (…)” (Subrayado fuera de texto)

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petición, sino que también podría generar afectaciones a otros derechos
fundamentales, como la estabilidad laboral reforzada y la protección a la
maternidad, aspecto que se analizará más adelante.

En consecuencia, procede el amparo de la accionante a su derecho fundamental de
petición, por lo que, se ordenará al Consejo Superior de la Judicatura, Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá que, en el término de 48 horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, en coordinación y/o por medio de las áreas o
dependencias que consideren pertinentes, den una respuesta de fondo a la solicitud
que radicó la accionante.

2.7.2. Para el análisis del segundo escenario planteado en el caso bajo estudio, la
Sala considera pertinente resaltar que, dada la naturaleza de la acción de tutela, la
labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones planteadas por
la parte accionante, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la
vigencia y efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo
inmediato y necesario de los derechos fundamentales, adoptando el análisis y las
medidas pertinentes, en tanto en materia de tutela no solo resulta procedente sino
que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra
petita.

Argumentar lo contrario significaría desconocer la naturaleza de la acción bajo la
premisa de que la parte accionante no lo adujo expresamente en la oportunidad
procesal, lo que equivaldría, además, al desconocimiento de lo dispuesto en el
artículo 2 Superior y a la misma Constitución Política, en tanto, la vigencia de los
derechos constitucionales fundamentales son la base del Estado Social de Derecho.

En ese sentido, es pertinente señalar que lo expuesto hasta este punto guarda
estrecha relación con la garantía del derecho a la estabilidad laboral reforzada, tal
como ha sido definida por la Corte Constitucional en los términos previamente
enunciados. Por lo tanto, la Sala procederá a analizar el amparo solicitado por la
accionante respecto de dicho derecho, en consonancia con las demás garantías

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fundamentales cuya protección reclama, a la luz de los hechos planteados en el
presente asunto.

Así, de las pruebas allegadas al expediente se tiene que: i) mediante Resolución
024 del 24 de abril de 2024 y con ocasión del Acuerdo PCSJA24-12160 del 8 de
abril de la misma anualidad, la señora Cindy Lorena Hernández Velandia fue
nombrada y tomó posesión en el cargo de Oficial Mayor en descongestión en el
Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C. hasta
el 13 de diciembre de 202456; ii) por medio de oficio del 11 de junio de 2024 la
señora Hernández Velandia comunicó a su nominador, esto es, al Juez Treinta y
Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C. sobre su estado de
embarazo que para la fecha era de 9 semanas de gestación57; iii) en Oficio del 13
de junio de 2024 mediante el que el Juez Treinta y Ocho Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá D.C. informó al Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá -
Talento Humano, sobre la condición de madre gestante de la señora Cindy Lorena
Hernández Velandia58.

De acuerdo con los anteriores documentos, la Sala encuentra acreditados los
presupuestos fijados por la jurisprudencia constitucional para que proceda la
adopción de medidas urgentes a favor de la actora, pues demuestran que: (i) la
accionante fue nombrada en un cargo transitorio de descongestión, (ii) es madre
gestante con más de 30 semanas de embarazo y, (iii) su nominador conocía de su
estado de gravidez, pues comunicó a la administración tal circunstancia cuando la
interesada contaba con alrededor de 9 semanas de gestación.

En ese orden, en aras de determinar las medidas de protección que deberán
dictarse, es necesario tener en cuenta que la señora Hernández Velandia
actualmente se encuentra vinculada laboralmente de forma transitoria conforme a
lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA24-12160 del 8 de abril de 2024, hasta el 13 de

56 Páginas 1 a 4 del archivo electrónico nombrado “ANEXOS_30_10_2024, 16_57_14” que contiene los anexos allegados con el escrito de

tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado E12436406CD12C6C
5FCC8D2C7F9A8CA9 EE389F406CC2B92E 89CC2DC3C3A43086.
57 Páginas 5 a 7 del archivo electrónico nombrado “ANEXOS_30_10_2024, 16_57_14” que contiene los anexos allegados con el escrito de

tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado E12436406CD12C6C
5FCC8D2C7F9A8CA9 EE389F406CC2B92E 89CC2DC3C3A43086.
58 Páginas 1 a 4 del archivo electrónico nombrado “ANEXOS_30_10_2024, 16_57_14” que contiene los anexos allegados con el escrito de

tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado E12436406CD12C6C
5FCC8D2C7F9A8CA9 EE389F406CC2B92E 89CC2DC3C3A43086.

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diciembre de 202459, por lo que, dada a la naturaleza del cargo, su continuidad está
ligada al éxito de las medidas de descongestión y a la disponibilidad presupuestal
para tal fin, razón por la cual, en el asunto bajo estudio corresponde al juez
constitucional disponer la protección de las garantías fundamentales de la
accionante en calidad de sujeto de especial protección dada su condición de madre
gestante a fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable de carácter
iusfundamental que afecte la seguridad material de la accionante y de su hija por
nacer.

En ese sentido, es necesario garantizar la protección de los derechos
fundamentales a la salud, la seguridad social, el mínimo vital y la estabilidad laboral
reforzada de la accionante. Por tanto, incluso en el caso de que el Consejo Superior
de la Judicatura decida no prorrogar las medidas de descongestión de los
despachos judiciales implementadas mediante el Acuerdo PCSJA24-12160 del 8 de
abril de 2024, debe asegurarse que la señora Hernández Velandia, en su calidad
de sujeto de especial protección constitucional, tenga acceso a los servicios de
salud requeridos y al disfrute efectivo de la licencia de maternidad que le
corresponde.

En efecto, el deber de protección de los derechos fundamentales de sujetos de
especial protección, como las mujeres gestantes, adquiere un carácter prioritario en
el marco constitucional colombiano. La estabilidad laboral reforzada, en estos
casos, no solo asegura la continuidad de un ingreso económico, sino que también
actúa como un mecanismo para garantizar derechos conexos, como el acceso a los
servicios de salud y la licencia de maternidad.

La posible decisión del Consejo Superior de la Judicatura de no prorrogar las
medidas administrativas de descongestión no puede justificar, bajo ninguna
circunstancia, la vulneración de estos derechos. En virtud del principio de
progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales, las instituciones
públicas tienen la obligación de adoptar medidas que protejan de manera integral a
las personas en situaciones de vulnerabilidad, independientemente de ajustes
operativos o administrativos.

59 “Artículo 5. Creación de cargos transitorios en juzgados de circuito en la Jurisdicción Ordinaria. Crear, con carácter transitorio, a partir del 10

de abril y hasta el 13 de diciembre de 2024(…)”.

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En consecuencia, la medida de protección derivada del fuero de maternidad de la
accionante, conforme a la jurisprudencia previamente citada, consiste en ordenar al
Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá que adelanten las
gestiones necesarias para garantizar, de manera continua, los aportes al sistema
de salud correspondientes al periodo de gestación, incluso en el supuesto de que
se produzca la terminación de su vínculo laboral. Esto tiene como finalidad asegurar
que la accionante pueda acceder a los servicios de salud requeridos y disfrutar de
manera efectiva del derecho a la licencia de maternidad que le asiste.

La medida adoptada refleja un enfoque integral para proteger los derechos
fundamentales de las mujeres gestantes, destacando el principio de especial
protección constitucional que ampara a este grupo poblacional. En este caso, la
continuidad en la afiliación al sistema de salud, incluso después de la terminación
del vínculo laboral, es esencial para garantizar no solo el acceso a los servicios
médicos necesarios durante la gestación y el posparto, sino también el
reconocimiento de la licencia de maternidad.

Desde un punto de vista constitucional, esta orden refuerza la responsabilidad de
las instituciones públicas de evitar que decisiones administrativas o laborales
comprometan derechos fundamentales. Asimismo, al garantizar la estabilidad en el
acceso a los servicios de salud, se protege el principio de dignidad humana,
asegurando que la peticionaria pueda afrontar su proceso de gestación en
condiciones adecuadas y sin incertidumbre respecto de su bienestar y el de su hija
por nacer. La medida también se alinea con los estándares internacionales sobre
derechos reproductivos y laborales, que exigen la adopción de acciones afirmativas
para proteger a las mujeres gestantes de cualquier forma de vulneración o
discriminación.

Además, lo anterior resulta procedente en la medida en que los artículos 101 y 103
de la Ley 270 de 1996 establecen60, respectivamente, las funciones de las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales y de los Directores Seccionales de la
Rama Judicial. En este contexto, es importante destacar que una de las funciones

60 “Estatutaria de Administración de Justicia”.

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asignadas a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura
es “[a]dministrar la Carrera Judicial en el distrito correspondiente con sujeción a las
directrices del Consejo Superior de la Judicatura”. Por su parte, los Directores
Seccionales tienen entre sus funciones “[a]ctuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que corresponden”. Así mismo, ambas
autoridades están obligadas a cumplir “las demás funciones previstas en la ley, los
reglamentos y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura”.

También es pertinente referir que el Acuerdo No. PSAA09-6203 de 200961, del
Consejo Superior de la Judicatura, en su numeral 1162, estableció que las
Direcciones Seccionales de Administración Judicial son los órganos encargados de
prestar apoyo a los Consejos Seccionales de la Judicatura.

2.7.3. De otra parte, la Sala considera oportuno referirse a la solicitud del estudio de
temeridad planteado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en su
escrito de contestación.

Al respecto, la solicitud planteada no tiene vocación de prosperidad en la medida en
que, como se dijo en el apartado 1.4.1. de esta providencia, el asunto de la
referencia fue asignado en reparto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia63 con el radicado núm. 1100102320240145800 (141233); no obstante,
la referida autoridad judicial, remitió el expediente a esta Corporación por reglas de
competencia.

2.7.4. En suma, la sala amparará las garantías fundamentales invocadas por la
accionante en su calidad de sujeto de especial protección, dada su condición de
madre gestante y, en consecuencia, dispondrá que se adopten las medidas
necesarias para garantizar su protección y evitar un posible perjuicio irremediable
de carácter iusfundamental que afecte la estabilidad material de la tutelante y su hija
por nacer.

61 “Por el cual se determinan las funciones de las Áreas de Trabajo y Oficinas Adscritas a las Direcciones Seccionales de Administración

Judicial”.
62 “ARTICULO SEGUNDO.- Son funciones de la Dirección Seccional de Administración Judicial: (…) 11. Prestar apoyo a la Sala Administrativa

del Consejo Seccional de la Judicatura en el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de las actividades administrativas que le corresponden”.
63 Archivo electrónico que contiene el acta de reparto de la solicitud de tutela al despacho ponente con fecha del 15 de noviembre de 2024,

ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 67AA59832A611B19 420F30E0F26EB67C
1FAC8F382543EB37 5DC179C514D01594. El asunto fue asignado bajo el número de radicado 1100102320240145800 (141233).

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III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: AMPARAR el derecho de petición la señora Cindy Lorena Hernández
Velandia en relación con lo solicitado en el escrito de petición que radicó el 11 de
octubre de 2024, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá que, en el término de 48 horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, en coordinación y/o por medio de las áreas o
dependencias que consideren pertinentes, den una respuesta de fondo a la solicitud
que radicó la accionante el 11 de octubre de 2024.

TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la Salud, a la seguridad
social y a la estabilidad laboral reforzada de la accionante, por las razones
expuestas en esta providencia.

CUARTO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá para que, dentro del término establecido en el
numeral Segundo de esta providencia, en coordinación y/o mediante las
dependencias que consideren pertinentes, adelanten las gestiones necesarias para
reconocer a la accionante, de manera ininterrumpida, el pago de los aportes al
sistema de salud correspondientes al periodo de gestación posterior a la terminación
de su vínculo laboral, con el fin de que se le garantice a futuro los servicios de salud
que requiera así como el reconocimiento y disfrute efectivo del derecho a la licencia
de maternidad que le asiste.

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QUINTO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

OCTAVO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de Sala Magistrado
Magistrado Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente

DSR

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