Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06206-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06206-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06206-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06206-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: SEBASTIÁN EVELIO MORA CUESTA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA
PARTICULAR EMITIDA EN EL TRÁMITE DE UN CONCURSO DE
MÉRITOS, EN LA CUAL SE EMITIÓ EL PUNTAJE OBTENIDO EN EL
CURSO-CONCURSO. NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN
PERJUICIO IRREMEDIABLE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TRABAJO, ACCESO AL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS Y PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA1, la SOCIEDAD E-DISTRIBUTION S.A.S.2, el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA3 - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL - ESCUELA
JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA.
1
En adelante la UNIVERSIDAD.
2
En adelante la SOCIEDAD.
3
En adelante el CONSEJO SUPERIOR.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06206-00
Actor: SEBASTIÁN EVELIO MORA CUESTA
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor SEBASTIÁN EVELIO MORA CUESTA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, al acceso al desempeño
de funciones y cargos públicos, de petición y a los principios de buena
fe confianza legítima y el respeto al acto propio, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por la UNIVERSIDAD, la SOCIEDAD, el
CONSEJO SUPERIOR – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL - ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA
BONILLA al expedir esta última autoridad las resoluciones EJR24-
298 de 21 de junio y EJR24-787 de 1o. de noviembre de 2024, dentro
del concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria
núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.
I.2. Hechos
Refirió que se inscribió como aspirante al cargo de Juez Civil dentro
de la Convocatoria núm. 27 adelantada con fundamento en el
Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, emitido por
el CONSEJO SUPERIOR.
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Actor: SEBASTIÁN EVELIO MORA CUESTA
Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución
núm. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, la ESCUELA JUDICIAL
RODRIGO LARA BONILLA publicó los resultados de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial inicial, en el que obtuvo
un puntaje no aprobatorio de 781,260.
Sostuvo que interpuso recurso de reposición contra la referida
decisión, el cual fue desatado a través de la Resolución EJR24-787
de 1o. de noviembre de 2024, de manera desfavorable a sus
intereses, pues se le otorgó un puntaje no aprobatorio de 792,
decisión que no fue debidamente motivada.
Adujo que la sumatoria total de los puntos reconocidos en la
Resolución EJR24-787 de 1o. de noviembre de 2024 no corresponde
a los aciertos generales reconocidos a todos los aspirantes en la
Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, sumado al hecho de
que algunas preguntas se fundamentaron en fuentes no establecidas
en el Syllabus y en el Módulo de Interpretación Judicial, lo que
evidencia un error en las preguntas 44, 57, 58 y 65 y en el texto de
Amós Arturo Grajales y Nicolas Jorge Negri “La argumentación
jurídica en las sentencias judiciales”.
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Actor: SEBASTIÁN EVELIO MORA CUESTA
Manifestó que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
indicó en sus diapositivas una lectura diferente a la dispuesta en el
Syllabus y nunca precisó cuál de las dos debía ser realizada por los
discentes, de tal forma que las lecturas proporcionadas en el estudio
del tema en la Unidad 1 del Módulo de Interpretación Judicial y
Estructura de la Sentencia, no eran coincidentes.
Destacó que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA se
abstuvo de aplicar lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19
de septiembre de 2019 y en el documento maestro, especialmente
en lo que refiere a la metodología virtual o e-learning, lo que
constituye una vulneración a sus derechos fundamentales.
Sumado a lo anterior, expresó que las resoluciones EJR24-298 de 21
de junio y EJR24-787 de 1o. de noviembre de 2024 carecen de
motivación, pues no se dio una explicación respecto de los puntos y
la recalificación de los resultados.
Comentó que se evidencia que más del 80% de la Resolución EJR24-
787 de 1o. de noviembre de 2024 fue elaborada por Inteligencia
Artificial4, lo que plantea serias dudas sobre el cumplimiento de la
4
En Adelante IA.
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jurisprudencia vigente en cuanto a la utilización de dicha herramienta
en decisiones judiciales.
Advirtió que existió un cambio arbitrario en el formato de evaluación
y calificación de las pruebas, por lo que las decisiones cuestionadas
fueron emitidas sin motivación.
I.3. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso
administrativo en el concurso de méritos, al trabajo, al acceso a
cargos públicos, y a los principios de buena fe, confianza legítima,
respeto al acto propio y mérito, incluyendo la garantía de ser
evaluados de manera transparente. Esta tutela se solicita en
virtud de los actos y omisiones de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal IX Curso de
Formación Judicial 2019.
Ordenes principales:
3.1.1.1 Como consecuencia de lo anterior, ordenar a las entidades
accionadas —la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y la Unión Temporal IX Curso de Formación Judicial 2019—
que se ajusten a lo establecido en el Acuerdo PCSJA19-11400 de
fecha 19 de septiembre de 2019, mediante el cual se adoptó el
Acuerdo Pedagógico para el “IX Curso de Formación Judicial Inicial
para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la
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República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”.
Esta orden debe incluir el cumplimiento de lo dispuesto en el
Documento Maestro del IX Curso de Formación Judicial, en el
Anexo Técnico de Especificaciones Técnicas para la Realización del
IX Curso de Formación Judicial Inicial y en el Plan de Formación
de la Rama Judicial 2022.
3.1.1.2 Como consecuencia de lo anterior, ordenar a las entidades
accionadas que expidan un acto administrativo destinado a anular
la fase general del IX Curso de Formación Inicial, conforme al
artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, y a implementar las medidas
necesarias para corregir las irregularidades identificadas. Estas
actuaciones deben ceñirse a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA19-
11400 del 19 de septiembre de 2019, el Acuerdo Pedagógico, el
Documento Maestro del IX Curso de Formación Judicial, el Anexo
Técnico de Especificaciones Técnicas para la Realización del IX
Curso de Formación Judicial Inicial y el Plan de Formación de la
Rama Judicial 2022.
Ordenes subsidiaria:
En caso de no considerarse apropiadas las ordenes propuestas
como principales, comedidamente solicitó se valore la siguiente
propuesta de orden judicial:
3.1.1.3 Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la EJRLB y a
la UT la inscripción e inicio de mi formación en la fase
especializada del IX Curso de Formación Judicial durante el mes
siguiente a la notificación del fallo, a fin de darme el tiempo
necesario para interponer la demanda contenciosa administrativa
correspondiente. Y que una vez presentada la demanda
contenciosa administrativa junto con la medida cautelar
solicitada, la medida provisional aquí decretada se prorrogue
hasta que el juez administrativo competente resuelva la medida
cautelar.
3.1.1.4 Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión
Temporal IX Curso de Formación Judicial 2019 la expedición de
un nuevo acto administrativo donde se corrija el puntaje otorgado
en la Resolución EJR24-787 ante la evidencia del error aritmético,
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y consecuente a esto, se me otorgue la totalidad de 801.2632
puntos aproximados a 802, modificando mi status de discente
Reprobado a APROBADO […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA solicitó
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia por falta
del requisito general de la subsidiariedad o, en su defecto, denegar
el amparo solicitado, toda vez que no existe vulneración alguna de
los derechos fundamentales invocados.
Sostuvo que el accionante cuenta con un mecanismo idóneo y
efectivo para proteger su derecho fundamental al debido proceso
como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, máxime cuando no se advierte la existencia de algún
perjuicio irremediable en el asunto que amerite la intervención del
juez constitucional.
Destacó que los reparos del actor se limitan a solicitar la expedición
de un nuevo acto administrativo con determinadas características,
sin señalar los motivos por los cuales considera vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso, de tal forma que los argumentos del
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actor corresponden a reparos legales que deben ser dirimidos por el
juez contencioso.
Por último, aseveró que no hizo uso de herramientas basadas en IA
para el análisis y expedición de las resoluciones, comoquiera que
cada asunto fue atendido de manera individual y con fundamento en
la razonabilidad y juicio profesional de la entidad, por lo que los
motivos de inconformidad fueron resueltos con los insumos
proporcionados por la Unión Temporal de Formación Judicial.
I.4.2.- La UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019,
conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y la Sociedad E-Distribution S.A.S, sostuvo que carece
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno del actor, máxime cuando no es la
competente para expedir un acto administrativo y reconocer las
pretensiones, de tal forma que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO
LARA BONILLA es la única entidad facultada para tramitar y
resolver las inconformidades expuestas en la solicitud de amparo,
por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.
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Aseguró que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales como lo
pretende el accionante y solicitar la expedición de actos
administrativos que reconozcan acertadas respuestas en la
evaluación de la subfase general, cuando lo cierto es que conforme
a los acuerdos que rigen el IX Curso de Formación Judicial el actor
no cumple los requisitos exigidos para continuar su participación en
el curso-concurso.
I.4.3.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en
su defecto, denegar el amparo deprecado, en la medida en que no
ha vulnerado derecho fundamental alguno en tanto no ha intervenido
en el desarrollo del Curso de Formación Judicial ni tiene injerencia
alguna con la aplicación del instrumento evaluativo a cargo de la
ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA.
I.4.4.- La UNIVERSIDAD refirió que la acción de tutela es
improcedente ante la carencia actual de objeto y por no cumplir con
el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que se está ante
un caso concreto en el que no existe un hecho vulnerador que
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demuestre la conculcación del derecho fundamental invocado,
aunado a que los hechos que fundamentan la solicitud de amparo
dan cuenta de que ha actuado de conformidad a su competencia.
I.5. Intervinientes
I.5.1.- El señor JUAN CARLOS CRISTANCHO GARCÍA, con
ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio
de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso
de selección origen de la controversia, puso de presente que también
es aspirante en la Convocatoria núm. 27 y que intervenía con el fin
de solicitar que se acceda al amparo deprecado.
Destacó que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
eludió su deber de motivar las decisiones, por lo que hay una
ausencia de claridad en la modificación de criterios que siembra
dudas razonables sobre la objetividad en la evaluación de las
preguntas cuestionadas.
Sostuvo que aun cuando la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA
BONILLA niega categóricamente el uso de IA, sus argumentos
resultan insuficientes desde varios ángulos de análisis jurídico y
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probatorio, máxime cuando tal afirmación no estuvo soportada en
ninguna evidencia, por lo que es paradójico que la accionada cite la
sentencia T-323 de 2024 para defender su posición, cuando dicha
providencia establece expresamente límites estrictos al uso de IA en
decisiones que afectan derechos fundamentales.
Afirmó que la mencionada sentencia enfatiza que la IA puede ser una
herramienta de apoyo pero nunca un sustituto del análisis humano
en la toma de decisiones, de tal forma que al evidenciarse patrones
automatizados en las respuestas a los recursos, se configura
justamente el escenario que la sentencia busca prevenir, pues se
hace necesario que los disensos sean analizados individualmente con
el fin de evitar que se generen respuestas estandarizadas que violan
el debido proceso y que contradigan los principios del sistema de
mérito y formación judicial.
I.5.2.- El señor MICHAEL ANDERSON BOTELLO MOJICA, con
ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio
de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso
de selección origen de la controversia, puso de presente que también
es aspirante en la Convocatoria núm. 27 y que intervenía con el fin
de solicitar que se acceda al amparo deprecado.
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Adujo que no es de tal acierto que exista otro medio de defensa en
el asunto, comoquiera que existe un perjuicio irremediable e
inminente, pues la fase especializada inició el 16 de noviembre de
2024 y la jurisdicción contenciosa administrativa no ofrece la
inmediatez requerida, sumado al hecho de que las medidas
cautelares tienen un trámite que no garantiza la protección oportuna,
por lo que se configura la excepción prevista en la sentencia SU-627
de 2015, que permite la acción de tutela en el caso bajo examen.
Resaltó que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
omitió su obligación de motivar los actos administrativos expedidos,
lo que revela la configuración de una vía de hecho en el asunto.
Aseveró que pese a que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA
BONILLA niega el uso de la IA, la estructura idéntica de las
respuestas evidencia uso de patrones automatizados, así como el
formato repetitivo que sigue un mismo esquema en todas las
resoluciones, sumado a que no se aportó prueba alguna que contraríe
tales afirmaciones.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Cuestiones previas
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL y la UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN
JUDICIAL 2019 solicitaron su desvinculación en la presente acción
de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
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legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida,
entre otros, contra la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL, la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA y la SOCIEDAD E-DISTRIBUTION
S.A.S, estas dos últimas que conforman la UNIÓN TEMPORAL DE
FORMACIÓN JUDICIAL 2019, su vinculación se dio como parte
accionada, razón por la que la Sala denegará sus solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora, la Sala se pronunciará respecto de las solicitudes de
coadyuvancia presentadas por los señores JUAN CARLOS
CRISTANCHO GARCÍA y MICHAEL ANDERSON BOTELLO
MOJINA.
La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de
19 de noviembre de 19915, en el cual se establece que las personas
que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso también
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las
pretensiones de la demanda.
Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al
trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto
306 de 19 de febrero de 19926, prevé que las personas que tengan
relación sustancial con una de las partes del proceso pueden
intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia
de segunda instancia.
A propósito de la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de
24 de febrero de 2022, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea
Meneses Mosquera, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones
en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este
tipo de asuntos, así:
“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en
los procesos bajo revisión
75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al
análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un
asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá
de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tiene origen en
la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado,
durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo
revisión, por personas que se encuentran en una situación
similar a la de los demandantes.
6
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
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Actor: SEBASTIÁN EVELIO MORA CUESTA
76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El
inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991
establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las
pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra
la cual se dirige la acción de tutela[32]. La jurisprudencia
constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de
tutela como «la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los
coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del
proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones
de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas[34].
77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de
la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo
análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se
encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien
actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las
pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los
intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro
del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo
caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la
coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única
o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer
valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual
manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso,
se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos
procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36].
De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se
encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia
naturaleza de la institución procesal que permite su intervención
en la causa judicial.
78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por
la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso
analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema
jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la
formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue
examinado en la Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión,
la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por
terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad
de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que
fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones
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Actor: SEBASTIÁN EVELIO MORA CUESTA
específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses
particulares. Al analizar este asunto, la Corte manifestó lo
siguiente:
[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos
de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que
difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela,
lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia [énfasis fuera de texto].
79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en
comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de
los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de
coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite
de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones
que hace la parte demandante […], razón por la cual, el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de
Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la
demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de
aquellos que difieran o no hagan parte en ésta» [énfasis
fuera de texto].
80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de
instancia de los expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202, se
recibió un número ingente de escritos de personas que
coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se
trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes,
superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el
2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su
respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo
revisión, plantearon diversos argumentos contra la Resolución
CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el
reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y
reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a
través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la
jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).
81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de
coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […]
que difieran de los hechos por el demandante»[37], la Sala Plena
centrará su atención en los argumentos planteados en las cuatro
acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente, en
cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes,
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únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder
la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe
ser resuelta como consecuencia de la jurisprudencia
constitucional que impone este remedio cuando el principio de
igualdad así lo exige […]”. (Destacados originales)
Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes
poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés
personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo
con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer
sus propias demandas.
Además, en los asuntos que se presenten coadyuvancias o
intervenciones, el estudio de los casos solo debe limitarse a los
fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a
pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de
sus argumentaciones.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará las solicitudes de
coadyuvancia de los señores JUAN CARLOS CRISTANCHO
GARCÍA y MICHAEL ANDERSON BOTELLO MOJINA comoquiera
que sus intervenciones están encaminadas a apoyar la solicitud de
amparo de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
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No obstante, la Sala advierte que, en todo caso, el análisis del caso
versará solo sobre los argumentos planteados por el actor, sin
perjuicio de que eventualmente, si aún no lo han hecho, los
coadyuvantes pueda hacer valer sus propias pretensiones en
ejercicio de su derecho de acción, en el caso de que no se den los
presupuestos para proferir una sentencia con efectos extensivos7.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19918. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
7
Ver sentencia SU 067 de 22 “[…]es preciso tener en cuenta que los efectos expansivos del fallo de
tutela (sentencias con efectos inter comunis e inter pares y fallos estructurales) únicamente son
aplicables cuando el juez de amparo concede la protección de los derechos fundamentales […]”.
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al trabajo, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y
a los principios de buena fe, confianza legítima y respeto al acto
propio, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por las
autoridades accionadas, al expedir las resoluciones EJR24-298 de
21 de junio y EJR24-787 de 1o. de noviembre de 2024, dentro
del concurso de méritos adelantado dentro de la Convocatoria núm.
27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.
A través de las referidas decisiones la ESCUELA JUDICIAL
RODRIGO LARA BONILLA publicó los resultados de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial en el cual el actor
obtuvo un puntaje no aprobatorio de 781,260 y se resolvió el
recurso de reposición contra dicha decisión, en el cual le fue otorgado
un puntaje no aprobatorio de 792.
El actor pretende que a través de la presente acción de tutela se
resuelva sobre la legalidad de las resoluciones aludidas, comoquiera
que, a su juicio, incurrieron en falta y falsa motivación, además del
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hecho, según el cual, más del 80% de la Resolución EJR24-787 de
1o. de noviembre de 2024 es elaborada por Inteligencia Artificial 9, lo
que plantea dudas sobre el cumplimiento de la jurisprudencia vigente
en cuanto a la utilización de dicha herramienta en decisiones
judiciales.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en
especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si
las autoridades accionadas vulneraron los derechos deprecados por
el actor, al expedir las resoluciones EJR24-298 de 21 de junio y
EJR24-787 de 1o. de noviembre de 2024, dentro del concurso de
méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
9
En Adelante IA.
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«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
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intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»10 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción
de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia
SU 067 de 24 de febrero de 2022 aludida, la Corte Constitucional
precisó lo siguiente:
“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].
94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las
cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
10 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
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definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.
95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas
cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión»[55],
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos
mecanismos de protección, ante los efectos adversos de
los actos administrativos»[56].
96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
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definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»11.
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»12.
100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
11
Sentencia T-049 de 2019.
12
En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de
sendos concursos de méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos
fundamentales: en un caso, la exclusión se basó en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en
su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la estatura del aspirante. En opinión de
la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal
motivo, estimó procedente la solicitud de amparo.
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empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.
[…]
109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»13. A continuación, se procede a analizar la
procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.
110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.
111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «define
una situación especial y sustancial que se proyecta en la decisión
13
Sentencia SU-077 de 2018.
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final»14. Si bien el acto administrativo que da a conocer los
resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un acto
de trámite, es evidente que contiene una decisión de indiscutible
relevancia para el desarrollo de la convocatoria. Antes de
ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer
hincapié en la naturaleza jurídica de la Resolución CJR20-0202
como acto administrativo de trámite: la manifestación de
voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que se encuentra
contenida en la resolución no trae como consecuencia la
finalización o la obstaculización del avance de la actuación
administrativa que se encuentra en curso. Por el contrario,
aquella pretende enmendar las irregularidades que se han
presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de
conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.
Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela
es improcedente para reclamar la protección de derechos
fundamentales, cuando la vulneración se endilga respecto de un acto
administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que
permita demandar la protección de la garantía fundamental
infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable
o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el
marco de competencias del juez administrativo.
Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción
de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos
fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación
14
Idem.
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administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que
el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza
real de las garantías deprecadas.
En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa
oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que
la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de
un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,
pero que, en todo caso, sí definía una situación especial y sustancial
que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución CJR20-
0202 a través de la cual la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL
corrigió varias de las actuaciones que había desarrollado hasta ese
momento en el marco de la Convocatoria núm. 27 desde la citación
a las pruebas de aptitudes y conocimientos, para ajustar todo el
trámite a derecho y continuarlo en debida forma.
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente por la existencia de otro medio
de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades planteadas
en este trámite constitucional recaen en las resoluciones EJR24-298
de 21 de junio y EJR24-787 de 1o. de noviembre de 2024, cuya
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legalidad puede ser discutida a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Cabe precisar que la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024
publicó los puntajes obtenidos por los concursantes en la evaluación
de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial y la
Resolución EJR24-787 de 1o. de noviembre de 2024 estudió el
recurso de reposición interpuesto por el actor en el cual se analizaron
los motivos de inconformidad específicos frente al contenido del
cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación sobre las
preguntas 1,2, 3, 5, 31, 32, 34, 36, 41, 44, 47, 49,55, 61, 62, 65,
66, 70,71 y 79 del Programa de Habilidades Humanas; 2, 3, 11, 12,
36, 44 y 78 del Programa de Justicia Transicional y Justicia
Restaurativa; 4 y 41 del Programa de Ética – Independencia y
Autonomía Judicial; 45, 48, 50, 57, 59, 69, 70, 72, 76 y 77 del
Programa de Derechos Humanos y Género; 4, 5, 6, 7, 10, 14, 19,
31, 34, 37, 40, 41, 42 del Programa de Gestión Judicial y Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y 76 del Programa de
Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional.
Así las cosas, se destaca que para controvertir la calificación de la
evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
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Inicial y el contenido de las preguntas antes mencionadas, el actor
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, mecanismo de defensa judicial idóneo para el asunto y en
el cual puede solicitar las medidas cautelares dispuestas en el CPACA,
las cuales “permitirán prevenir la consumación de un daño definitivo
mientras se surte la causa judicial”, tal como lo previó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-067 de 2002.
Igualmente, en lo que concierne a la improcedencia de la acción de
tutela para discutir decisiones administrativas particulares emitidas
en concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que
excluye del proceso de selección, esta Sala en sentencia de 14 de
octubre de 202115, señaló:
“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad
20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.
21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-
15-000-2021-06518-00(AC).
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la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.
22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.
23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».
24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)
25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.
26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
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que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.
27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.
Cabe precisar que en sentencias de 5 de agosto de 202116 y 4 de
marzo de 202217, esta Sala también se pronunció sobre la
improcedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones
particulares emitidas en el desarrollo de concursos de méritos, bajo
argumentos similares a los expuestos en el precedente en cita.
En efecto, tal criterio ha sido acogido por esta Sala en múltiples
oportunidades, entre ellas, mediante providencia de 14 de abril de
202318, por medio de la cual en un asunto en el que el actor pretendía
controvertir el puntaje asignado en las pruebas de aptitudes y
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto
de 2021, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
03717-00(AC).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo
de 2022, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315
00 (AC).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-01326-
00.
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conocimientos y en el que formuló reproches respecto de cada una
de las preguntas del examen, declaró improcedente la solicitud de
amparo por falta del presupuesto de subsidiariedad, al considerar
que la legalidad de las decisiones acusadas podían ser discutidas a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Asimismo, la Sala precisa que si bien, entre otras, en sentencias de
2419 y 3120 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a
solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria
27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la
presunta falta de resolución de los recursos de reposición
interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y
conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,
garantía susceptible de protección directa a través de la acción de
tutela21, lo que difiere del asunto bajo examen, en el cual se
cuestiona la forma de calificación y los instrumentos utilizados para
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-
01122-00.
21
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.
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el efecto.
Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta
Sala precisó:
“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».
Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 22 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
22
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de
las circunstancias fácticas probadas se pueda observar tal situación.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general de la
subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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Actor: SEBASTIÁN EVELIO MORA CUESTA
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y UNIÓN
TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas
por los señores JUAN CARLOS CRISTANCHO GARCÍA y MICHAEL
ANDERSON BOTELLO MOJINA, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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Actor: SEBASTIÁN EVELIO MORA CUESTA
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de diciembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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