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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06210-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06210-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, en atención a la motivación planteada. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06210-00 Accionante: Diana Lucía Casares Accionado: Presidente de la República y otros TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06210-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06210-00
Accionante: Diana Lucía Casares, en representación de su menor hijo J. S.
M. C.
Accionado: Presidente de la República y otros1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR VULNERACIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS – Falta de regulación en difusión de canciones
y videos con contenido sexista y pornográfico y que estimulan el uso ilícito de
estupefacientes / DECLARA IMPROCEDENCIA – No se expone una situación
concreta en la que se evidencie la presunta vulneración constitucional que se alega.

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 15 de noviembre de 2024, la señora Diana Lucía Casares, en representación3
de su menor hijo J. S. M. C. y como agente oficiosa de los demás niños residentes
en Colombia, promovió acción de tutela contra el presidente de la República,
Procuradora General de la Nación, Defensor del Pueblo, Fiscal General de la Nación,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, y Ministerio de Justicia y del
Derecho, con el fin de que se ampararan los derechos fundamentales contenidos en
el artículo 44 de la Constitución.

1 Procuradora General de la Nación, Defensor del Pueblo, Fiscal General de la Nación, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar -ICBF- y Ministerio de Justicia y del Derecho.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Cabe aclarar que, aunque la actora manifestó que actuaba como agente oficiosa de su menor hijo, lo cierto es

que al momento de admitir el presente trámite constitucional, le fue requerido el registro civil de nacimiento, el
cual aportó. Por tal razón, en virtud de que, conforme al artículo 306 del Código Civil, cualquiera de los padres
ejerce la representación judicial de sus menores hijos, la Sala tendrá a la actora como su representante en estas
diligencias.

1

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Accionante: Diana Lucía Casares
Accionado: Presidente de la República y otros

2.
Solicitó que se le ordene a las accionadas (i) coordinar con los diferentes medios
de comunicación físicos y digitales que, en todo programa o franja en la que se
“vayan a difundir canciones con contenido sexista, lenguaje expresiones o imágenes
sexualmente explícitas, descripciones morbosas o pornográficas que contengan
elementos que apelen a despertar un interés libidinoso en la audiencia y que puedan
ser vistas u oídas por mi hijo y predominantemente por otros niños o menores de
edad residentes en colombia”, apliquen alguna de las siguientes medidas: franjas
horarias para adultos o advertencia previa a la difusión, que los niños y menores
deben estar acompañados por un adulto responsable; y (ii) adelantar los procesos
penales a que hubiere lugar contra los responsables de la difusión pública de
canciones que estimulan o propagan el uso ilícito de drogas que producen
dependencia.

3.
La parte actora sostuvo que actualmente se difunden a través de medios masivos
de comunicación, canciones y videos con “contenido sexista, machista y con
lenguaje expresiones o imágenes sexualmente explícitas, descripciones morbosas o
pornográficas que contienen elementos que apelan a despertar un interés libidinoso”
en los niños y menores que oyen o ven dicho material. Para tal efecto, transcribió la
letra de algunas canciones4 del género reguetón.

4.
Para demostrar la afectación constitucional alegada por el supuesto fáctico
descrito en precedencia, citó la Convención sobre los Derechos del Niño 5 , en
particular, sus artículos 1, 3, 13, 14, 17, 27 y 34, el artículo 47 de la Ley 1098 de
20066 y las sentencias T-505 de 2000 y T-391 de 2007 de la Corte Constitucional.

5.
De igual modo, indicó que la difusión también recae sobre piezas de ese tipo de
música que estimulan el uso ilícito de drogas que producen dependencia. Para
demostrar lo anterior, transcribió apartes de las ya aludidas y de otras7.

6.
Para advertir el quebranto constitucional alegado sobre la mencionada cuestión
acudió al artículo 33 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, para
soportar la obligación de adelantar las investigaciones penales a que hubiere lugar
por dicha situación, señaló el artículo 35 de la Ley 30 de 1986.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

7.
Mediante auto de 21 de noviembre de 20248, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades accionadas y se requirió a la parte actora para que
aportara copia del registro civil de nacimiento de su hijo menor de edad J. S. M. C.,

4 “+57”, “Reggaetón Champagne”, “Gatita” y “Eso en cuatro no se ve”.
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
6 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
7 “La marihuana” y “Cripy cripy”.
8 Notificado el 29 de noviembre de 2024.

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Accionado: Presidente de la República y otros

lo cual realizó el 2 de diciembre siguiente. De igual modo, se ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(i) Procuradora General de la Nación

8.
Indicó que revisó el Sistema de Información para la Gestión Documental de la
entidad (SIGDEA y DOKUS), sin que se hallara petición o queja formuladas por la
accionante relacionada con el objeto de la tutela. No obstante, adujo que no
concurren los supuestos de hecho exigidos por el artículo 86 del Código General
Disciplinario para iniciar la acción disciplinaria.

9.
En todo caso, no se evidencia una actuación u omisión de su parte que implique
amenaza o vulneración de las garantías fundamentales invocadas, máxime cuando
la entidad no está habilitada para atender las pretensiones de la tutela, al carecer de
legitimación en la causa por pasiva, por lo que se le debe desvincular o no endilgar
responsabilidad, pues no ha vulnerado derecho alguno de la parte actora.

(ii) Ministerio de Justicia y del Derecho

10.
Señaló que no ha intervenido en los hechos y situaciones que expone la actora
como causantes de la presunta vulneración constitucional. Además, sus pedimentos
no guardan relación alguna con las funciones y competencias constitucionales,
legales y reglamentarias a su cargo; por ende, se configura su falta de legitimación
en la causa por pasiva.

11.
Anotó que no tiene competencia sobre la regulación del espectro electromagnético
ni sobre la operación de los medios de comunicación, como tampoco para impulsar
procesos penales contra estos o los artistas domiciliados en Colombia.

12.
Además, de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la Ley 115 de 1994, le corresponde
a la familia y a la sociedad, pero no al Estado, “en materia de educación: ‘g) Educar
a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo
integral’ y ‘f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de
los niños prevalecen sobre los derechos de los demás’, respectivamente”. Y, en todo
caso, las obligadas a velar por la calidad de la educación son las entidades
territoriales y el Ministerio de Educación Nacional.

13.
En virtud de lo anterior, pidió su desvinculación del presente trámite constitucional
o, de manera subsidiaria, denegar el amparo.

(iii) Fiscalía General de la Nación
14.
Indicó que ese ente estatal no es el causante de la vulneración alegada. Ahora
bien, si lo que se pretende es la presentación de una denuncia, no es aceptable que

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Accionante: Diana Lucía Casares
Accionado: Presidente de la República y otros

se emplee la tutela con tal fin, cuanto más si se ha dispuesto una serie de canales9
para su recepción, los cuales pueden ser activados por los ciudadanos en el
momento en que lo consideren pertinente.

15.
Por lo expuesto, la tutela debe ser declarada improcedente o, en su defecto, se
proceda a su desvinculación por carecer de competencia para atender las súplicas
constitucionales.

(iv) Presidente de la República
16.
Informó que las encargadas de la regulación, supervisión y control de los
contenidos difundidos a través de los medios masivos de comunicación son la
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de
Televisión (ANTV), de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley 1507 de 2012 y
19 de la Ley 1978 de 2019.

17.
La función principal de esas entidades es garantizar que la información emitida
por esos medios se ajuste a los estándares legales y constitucionales,
particularmente en lo que atañe a la protección de los derechos fundamentales de
los niños. Además, no le es dable intervenir o modificar de manera directa las
decisiones que adopten en el ejercicio de sus funciones, al contar esos entes
estatales con autonomía administrativa, técnica y presupuestal para ese fin.

18.
Por la situación descrita se torna evidente una falta de legitimación en la causa
por pasiva, por lo que solicita su desvinculación o se declare improcedente la tutela
o se niegue la protección constitucional perseguida.

(v) La Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-
no se pronunciaron dentro de la oportunidad prevista en este trámite constitucional
para tal efecto.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa. Delimitación problema jurídico.

19.
En el asunto sub examine la tutelante manifiesta que actúa como agente oficiosa,
tanto de su hijo como de “los demás niños residentes en Colombia”, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 44 de
la Constitución Política.

20.
Conforme a los artículos 86 Superior y 10 del Decreto 2591 de 1991, la tutela la
puede promover cualquier persona por sí misma o por quien actúe en su nombre.

9 Virtual, telefónico, escrito y presencial, para cuyo efecto relaciona los correspondientes datos de contacto.

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Para tal propósito se han consagrado diferentes formas para constituirse como parte
activa en este tipo de acción, entre estas, a través de representante legal o mediante
agente oficioso.

21.
La figura jurídica aplicable respecto de su menor hijo es la representación legal,
razón por la cual, al estar acreditado su parentesco de consanguinidad con el menor,
se tendrá que la señora Casares actúa en su representación y, en esa medida, se
cumple la legitimación en la causa por activa de la tutelante para reclamar la defensa
de los derechos de su hijo.

22.
Frente a la agencia oficiosa en lo relativo a los demás niños residentes de
Colombia, cabe anotar que aquella institución procesal habilita a una persona para
procurar la protección de los derechos fundamentales de otra que no está en
condiciones para hacerlo. Para ello, se deben satisfacer unas exigencias, como son:
(i) manifestación que se actúa como agente oficioso y (ii) demostración de que la
persona agenciada no está en condiciones para ejercer su defensa.

23.
No obstante, cuando se pretende, a través de la tutela, la salvaguarda de
garantías superiores de niños, niñas y adolescentes, la Corte Constitucional 10 ha
flexibilizado el examen de los precitados requisitos, para asegurar su protección. En
virtud del artículo 44 de la Constitución Política, “La familia, la sociedad y el Estado
tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”.
Mandato que también encuentra su fundamento en el artículo 11 11 del Código de
Infancia y Adolescencia.

24.
En ese sentido, en estos eventos no resulta indispensable que para analizar la
afectación constitucional alegada el sujeto que promueva la acción tenga una
calificación especial, pero para tal fin se debe acreditar dicha vulneración y/o la
ausencia de representante legal. Es decir, se impone un deber mínimo de
justificación para la aludida flexibilización12.

25.
De igual modo, la Corte Constitucional sostuvo que también corresponde verificar
“que: (i) el grupo sea determinado o determinable, pues este es un prerrequisito para
evaluar si (ii) el amparo invocado puede materializarse de distintas maneras o es
claramente beneficioso para todo el grupo”13.

10 Sentencia T-302 de 2017.
11 “Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o
procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”.
12 Sentencia T-736 de 2017.
13 Sentencia T- 190 de 2024.

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Accionante: Diana Lucía Casares
Accionado: Presidente de la República y otros

26.
En virtud de las anteriores pautas jurisprudenciales, no es posible determinar el
grupo de niños, niñas adolescentes a los que hace referencia la actora, en razón a
que se expresa que los agenciados son los niños residentes en Colombia, lo cual
impide analizar circunstancias particulares, necesidades y vulnerabilidades,
generando que un eventual amparo sea insuficiente o inadecuado. Asimismo, no se
advierte de manera inminente una amenaza o vulneración de derechos
fundamentales por la difusión del contenido musical enunciado en el escrito de tutela.

27.
Con base en lo anterior, no se colman los presupuestos fijados por la
jurisprudencia constitucional para flexibilizar la agencia oficiosa para la salvaguarda
de las garantías superiores de niños, niñas y adolescentes en Colombia, lo que
implica que la parte actora carezca de legitimación en la causa por activa frente a
tales derechos.

28.
En ese orden de ideas, se procederá a estudiar la vulneración constitucional que
la tutelante alega en cuanto a los derechos fundamentales de su menor hijo.

D. Análisis del caso concreto

29.
Delimitado el asunto, se tiene que la accionante indica que la difusión, a través de
medios masivos de comunicación, de canciones y videos con contenido de tipo
sexual, despiertan un interés libidinoso en su menor hijo. Además, promueven el uso
de estupefacientes.

30.
Por lo anterior, pide que se ordene a las autoridades accionadas que regulen la
emisión del aludido material musical y se adelanten las correspondientes
investigaciones penales contra las personas responsables de su difusión. Para
soportar sus pedimentos citó artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño
y de la Ley 1098 de 2006. Así como el artículo 35 de la Ley 30 de 1986.

31.
En ese sentido, el estudio constitucional se contrae a establecer si las
demandadas han permitido, patrocinado o promocionado la difusión de las piezas
musicales como las citadas por la parte actora, pertenecientes al género reguetón,
las que en criterio de la accionante representan una afectación de tipo constitucional
para su menor hijo.

32.
Para tal efecto, corresponde analizar los supuestos fácticos que generan tal
quebranto o la manera como se materializa dicha afectación. En consecuencia, de
conformidad con el artículo 1414 del Decreto 2591 de 1991, si bien la tutela reviste
de un carácter de informalidad, le asiste la obligación a quien acude a la acción de

14 “En la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el

derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano
autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la
solicitud”.
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tutela de exponer las acciones u omisiones concretas que producen el quebranto
constitucional que alega, así como en qué consiste esa vulneración, con el propósito
de decidir la solicitud de amparo.

33.
En el presente asunto la tutelante no ofrece elementos de hecho suficientes para
demostrar que la situación a la que hace referencia impacte negativamente en los
derechos fundamentales de su hijo. Se limita a indicar de manera general que la
reproducción de las canciones a las que alude despiertan en él un interés libidinoso
y además promueven el consumo de sustancias alucinógenas, sin narrar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello se produce y los efectos
concretos que ello le ha generado, o le pueda generar, a su hijo, esto es, las
repercusiones en su desarrollo personal y en la relación con su entorno, imponiendo
alguna carga protectora o de defensa o censura a cargo o de parte de las
convocadas.

34.
Por lo anterior, la Sala no cuenta con los elementos suficientes para esclarecer si
en el caso bajo estudio se presenta una amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales del menor, lo que conlleva a no tener certeza para acceder al amparo,
pues en ese evento, no se tendría modo de dilucidar cuáles medidas de
restablecimiento de derechos serían las adecuadas para materializar de manera
efectiva la protección constitucional.

35.
Dicho de otra manera, aunque la parte actora haya invocado normas de carácter
internacional y nacional que propenden por la protección de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, ello por sí solo no colma el deber
que le correspondía de enunciar la situación fáctica concreta en la que se enmarca
la vulneración constitucional alegada, máxime cuando sus reproches se
fundamentan en su apreciación sobre el impacto que el contenido de las canciones
a las que se refiere genera en su hijo, sin demostrar cómo ello se ha materializado;
y tampoco cómo es que esos contenidos llegan al menor.

36.
Lo anterior resulta de vital importancia, habida cuenta de que para que el juez de
tutela intervenga en un caso como el planteado y conceda las medidas de regulación
solicitadas por la actora debe efectuar un estudio de ponderación entre los derechos
fundamentales de los niños y el derecho a la libertad de expresión de los autores o
cantantes de esas piezas musicales, lo cual requeriría advertir una tensión entre tales
prerrogativas, circunstancia que no se vislumbra en este asunto; pues más allá de
poner de presente la existencia de estas obras, la edad de su hijo y la consideración
personal sobre la forma en que esos contenidos pueden perturbar el desarrollo del
infante, no expone circunstancias fácticas concretas que den sustento a su tesis y
evidencien, además de los efectos nocivos advertidos, una omisión de parte de las
autoridades.

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37.
Es comprensible que la accionante desapruebe los mensajes transmitidos en
determinadas canciones o piezas audiovisuales, y que le genere preocupación la
incidencia de las mismas en la educación y el desarrollo de su hijo, e incluso que
defienda la idea sobre los efectos nocivos que esas obras pueden tener sobre la
población infantil; pero la acción de tutela no es el escenario para desatar ese debate,
ni el juez de tutela el encargado de arbitrar el mismo y fijar regulaciones generales
sobre el asunto.

38.
La competencia del operador judicial en el marco de esta acción constitucional se
circunscribe a analizar acciones u omisiones concretas de la autoridad, que
comporten amenazas o vulneraciones verificables en los derechos fundamentales.
Y puntualmente, en este caso, no se revela una imputación por acción u omisión a
alguna de las autoridades accionadas, que se proyecte como trasgresora de un
derecho fundamental, como tampoco la situación que se denuncia amerite al juez de
tutela imponer una orden como medida propia para prevenir una afectación
inminente de cara a las actuaciones que, de oficio, deben adelantar las autoridades
competentes.

39.
Las actuaciones pedidas por la tutelante implican una restricción de tipo general
que debe ser fijada por el legislador15, con respeto de la proscripción constitucional,
según la cual se prohíbe la censura (artículo 20 superior). Por ende, escapa de la
órbita de competencia del juez de tutela impartir órdenes encaminadas a fijar los
lineamientos de difusión de cierto material artístico en los medios de comunicación.

40.
Recuerda la Sala que la acción de tutela se instituyó para propender por la
protección de derechos fundamentales ante situaciones concretas, mas no para
reglamentar el modo como las autoridades estatales deben ejercer ciertas funciones,
en especial cuando no se demuestra una vulneración constitucional particular.

41.
Además, la tutelante no relaciona las medidas que ella ha adoptado con su hijo
para asegurar su bienestar frente a la situación a la que alude.

42.
Sobre este punto, es importante señalar que si bien es cierto que el Estado debe
“asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos” (artículo 44 Superior), también lo es que tal
obligación recae sobre la familia. Es una responsabilidad compartida, de la que
también hace parte la sociedad, por lo que no se puede avalar que ese cometido se
le traslade únicamente al Estado.

43.
En ese sentido, no se evidencia que la actora haya adelantado alguna actuación
ante las autoridades accionadas para obtener la protección constitucional que pide

15 Tanto así que el 12 de noviembre de 2024 se presentó un proyecto de ley “letras decentes” (316 de 2024),

“Por medio de la cual se regula la divulgación en medios de comunicación de letras musicales que atenten contra
la dignidad de las personas”.
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en este asunto o ante las entidades encargadas de regular el contenido que se emite
en los medios de comunicación. Como lo indicó la Presidencia de la República, tales
organismos son la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad
Nacional de Televisión (ANTV), de acuerdo con los artículos 19 de la Ley 1978 de
2019 y 2 y 3 de la Ley 1507 de 2012, respectivamente. Por tal razón, podrá acudir a
aquellos para solicitar la implementación de las medidas que considere pertinentes
sobre el particular. Y, ante una renuencia a tal deber podrá promover las acciones
judiciales pertinentes, con miras a la protección de los derechos que resulten
comprometidos en su efectiva realización.

44.
Por otro lado, se observa que la tutelante pide se ordene a las accionadas
adelantar las investigaciones penales a que hubiere lugar contra los responsables
de difundir las canciones reprochadas. Frente a lo cual se reitera que la tutela se
instituyó para la protección de derechos fundamentales, mas no para servir de medio
para impulsar actuaciones que pueden ser promovidas por los interesados.

45.
En esa medida, si la parte actora pretende se surtan las aludidas diligencias
penales, deberá adelantar las gestiones pertinentes ante el ente competente
(Fiscalía General de la Nación), consistente en la presentación de las
correspondientes denuncias, y no emplear la tutela para suplir tal actuación, máxime
cuando no se individualizan las personas que presuntamente cometieron el ilícito ni
las circunstancias en que ello acaeció.

46.
Por último, la Sala no emitirá pronunciamiento sobre la solicitud de desvinculación
de las accionadas, dado que no se tiene certeza de las actuaciones u omisiones en
concreto que trasgreden las garantías superiores invocadas, por lo que no se puede
establecer si existe algún tipo de responsabilidad o no de su parte.

47.
Así las cosas, como no se cuentan con los elementos suficientes para entrar a
examinar la ocurrencia de una presunta vulneración constitucional, en razón a la falta
de exposición de una situación concreta en la que se produjo tal afectación o
amenaza, se declarará la improcedencia de este trámite constitucional.

48.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, en atención
a la motivación planteada.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06210-00
Accionante: Diana Lucía Casares
Accionado: Presidente de la República y otros

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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