Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06212-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06212-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06212-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06212-01
Accionante: Fabio Andrés Tosne Porras
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO PROFERIDO EN
CONCURSO DE MÉRITOS / Confirma declaratoria de improcedencia por falta de
subsidiariedad
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2024 por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El señor Fabio Andrés Tosne Porras, instauró acción de tutela contra la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura, en busca de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
cargos públicos, así como los principios de confianza legítima y buena fe.
2. Por medio de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la accionada
publicó los resultados obtenidos por los discentes que aplicaron a la evaluación de
la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial, en el marco de la
Convocatoria 27. El demandante obtuvo un puntaje inferior a 800, lo que implica que
reprobó.
3. Contra esa decisión, el actor interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante la Resolución EJR24-1560 del 7 de noviembre de 2024, en el sentido de
reponer de forma parcial, ajustando la calificación obtenida inicialmente por el
discente a 799 puntos.
4. La parte actora alegó que la decisión adoptada por la Escuela desconoció las
reglas que rigen el curso de formación judicial, toda vez que: (i) las preguntas que
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Accionante: Fabio Andrés Tosne Porras
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
se formularon para evaluar la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial
tienen vicios técnicos, en tanto se limitan a evaluar la literalidad, sin tener en cuenta
la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial, el desarrollo
de competencias sobre la función judicial, la interpretación de textos jurídicos ni la
lógica del razonamiento para la solución de los problemas jurídicos que fueron
planteados en el examen; (ii) incluyó aspectos que no se informó serían objeto de
calificación; (iii) modificó la forma de evaluación que se había determinado en el
Acuerdo Pedagógico y el Documento maestro; y, (iv) omitió pronunciarse de forma
congruente frente a los reparos propuestos en el recurso de reposición.
5. Para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, sostuvo
que de no ser incluido en la Subfase Especializada del IX Curso de Formación
Judicial perdería la oportunidad de acceder al cargo que aspira, si se tiene en cuenta
que un proceso ordinario podría tardar en resolverse más de un año, mientras que
esa fase del concurso está prevista para culminarse en agosto de 2025.
6. Sumado a ello, adujo que la solicitud de amparo es procedente, toda vez que el
problema que se plantea trasciende la esfera de la simple legalidad, en tanto lo que
se discute es el cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política, y en esa
medida el asunto desborda la competencia del juez de lo contencioso administrativo.
Arguyó que en un concurso de méritos está en juego el derecho al trabajo, porque el
proceso de selección debe “ser visto con rigor constitucional”.
7. Ental sentido, las pretensiones se orientaron a que se ordenara a la entidad
accionada expedir un acto administrativo en el que se reconozca como acertadas las
preguntas objeto de debate y, en consecuencia, se disponga su inclusión definitiva
en la Subfase Especializada del IX Curso de Formación Judicial. De forma
subsidiaria, pidió su inclusión -provisional- hasta tanto el juez de lo contencioso
administrativo resuelva la demanda que impetraría en caso de concederse un
amparo transitorio.
B. Sentencia de primera instancia
8. Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad. Estimó que la parte actora tiene a su
alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como
mecanismo idóneo y eficaz para ventilar la controversia planteada en sede de tutela.
A lo que se suma que no encontró acreditada la configuración de un perjuicio
irremediable.
C. La impugnación
9. Además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, el accionante
sostuvo que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta ser un
medio idóneo y eficaz para obtener la protección de sus derechos fundamentales,
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
“toda vez que la jurisdicción contenciosa se encuentra muy congestionada y muy
seguramente la decisión de una eventual medida cautelar, tomará mucho tiempo”,
tal como ocurrió con este asunto, que fue resuelto luego de haberse vencido el
término para proferir el fallo de primera instancia, lo que pone en evidencia que la
decisión adoptada por el A quo no se acompasa con la realidad fáctica y jurídica de
la misma jurisdicción de la que hace parte.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
10. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
11. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, pues la revisión de los
planteamientos aducidos tanto en el escrito de tutela como en la impugnación lleva
a la conclusión de que la solicitud de amparo no satisface el presupuesto general de
subsidiariedad.
12. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de tutela, el interesado debió haber agotado todos los recursos -idóneos y
eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene improcedente.
13. Esta regla de procedencia se torna aún más estricta cuando se busca cuestionar
actos administrativos, los cuales se encuentran amparados por el principio de
legalidad. Se parte del supuesto de que la administración, al momento de expresar
su voluntad, acata las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra
subordinada. De manera que quien pretenda controvertir uno de tales actos, está
obligado a acreditar que aquel se apartó del ordenamiento jurídico, y ese debate
debe surtirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo1.
14. Los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos no
escapan de esa consideración; sin perjuicio de que se deba indagar sobre su
naturaleza para establecer si son de carácter definitivo y por ende susceptibles de
control judicial, o si se trata de actos de trámite o de ejecución.
1 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
15. Lo anterior no significa que una vez determinada la existencia de otros medios
judiciales, la solicitud de amparo se torne improcedente de forma automática.
Resulta imperativo que el juez constitucional examine la idoneidad y eficacia del
mecanismo identificado para conjurar la posible afectación de los derechos
fundamentales objeto de reclamo de cara a las circunstancias particulares del caso.
16. En el evento de encontrar que el instrumento judicial no es idóneo y eficaz se
activa la procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo. La
intervención del juez constitucional también se habilita cuando se advierte que,
siendo idóneo y eficaz, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable 2,
caso en el cual la solicitud de amparo procede de forma transitoria. Una tercera
excepción a esa regla general de improcedencia, ocurre cuando en la solicitud de
amparo se presenta una discusión de índole constitucional que desborda el marco
de competencia del juez de lo contencioso administrativo3.
17. De acuerdo con lo anterior, la Sala coincide con el A quo en que la parte actora
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
cuestionar la legalidad de la decisión que censura, esta es, la Resolución EJR24-
1560 del 7 de noviembre de 2024, que resolvió el recurso de reposición que
interpuso contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024.
18. Por un lado, la decisión de excluirlo del concurso ya se encuentra en firme,
comoquiera que aquella únicamente era susceptible del recurso de reposición y
aquél ya se agotó4. Por otro lado, ese acto administrativo consolidó la situación
jurídica de la parte actora como participante, en tanto lo excluyó de manera definitiva
del concurso.
19. Esta Corporación5 ha considerado que el carácter definitivo de un acto no
depende necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, sino de los
efectos que el mismo genere de manera concreta en cada participante. En ese
sentido, cuando un acto administrativo impide a una persona continuar en el
concurso -como acontece en el caso de marras- se considera definitivo con respecto
a ella y, por tanto, se activa la posibilidad de controvertir su validez ante el juez de
lo contencioso administrativo.
20. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho no solo le permite al
demandante debatir la presunción de legalidad del acto objeto de reproche y obtener
el restablecimiento integral de sus derechos presuntamente vulnerados, sino que
2 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022.
4 De conformidad con el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, contra los resultados de la evaluación de la Subfase
General del IX Curso de Formación Judicial Inicial únicamente procede el recurso de reposición.
5 Al respecto, ver sentencias del 2 de octubre de 2019 (exp. 66001-23-33-000-2016-00794-01), 5 de noviembre
de 2020 (exp. 25000-23-41-000-2012-00680-01), 3 de marzo de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-00415-00),
entre otras.
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también le otorga la posibilidad de solicitar medidas cautelares en cualquier estado
del proceso, incluso antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, como
la suspensión provisional del acto o cualquier otra que considere necesaria con el
fin de garantizar -provisionalmente- el objeto del proceso6.
21. Por lo tanto, el eventual tiempo que pueda llegar a tardar en decidirse ese asunto
mientras el concurso continúa en trámite no resulta suficiente para activar la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo, pues durante el curso
del proceso ordinario el demandante tiene a su disposición diferentes instrumentos
jurídicos para evitar la consumación o agravación de los daños que estima provienen
de la presunta transgresión de los derechos invocados, hasta tanto se adopte una
decisión definitiva.
22. La congestión judicial, en ningún caso, puede ser considerada como un indicador
automático de la falta de eficacia o efectividad de los mecanismos judiciales
ordinarios, ni mucho menos puede servir de excusa para eludir las vías ordinarias
que ha dispuesto el legislador para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
Admitir lo contrario, implicaría asumir de forma errónea que ninguno de estos
mecanismos es adecuado ni efectivo.
23. Así lascosas, tal como lo indicó el A quo, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se constituye como el mecanismo judicial idóneo y
eficaz para perseguir la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora estima vulnerados con ocasión de la decisión de haberlo excluido del
concurso de méritos. Sin embargo, el demandante ha optado por no hacer uso del
mismo, sin haber ofrecido una razón válida que justifique dicha abstención.
24. Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, pues para tales
efectos el accionante se limitó aducir que la exigencia de acudir ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo conllevaría a que perdiera la oportunidad de
acceder al cargo que aspira dentro del concurso de méritos, si se tiene en cuenta el
tiempo que podría tardar en resolverse el proceso ordinario, frente a lo cual debe
reiterarse que aquel cuenta con la posibilidad de solicitar medidas cautelares en el
marco de ese proceso, cuyo objeto no es otro que asegurar la eficacia de los
derechos reclamados mientras se decide de forma definitiva la controversia.
25. Otro aspecto que desvirtúa la configuración del alegado perjuicio irremediable es
que las posibilidades de ejercer su profesión, no están limitadas por el curso de la
referida convocatoria, de manera que no se advierte un compromiso a sus medios
de subsistencia.
6 De conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 “En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (...)”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06212-01
Accionante: Fabio Andrés Tosne Porras
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
26. Aunado a todo lo anterior, no se advierte que se esté en presencia de una
discusión que trascienda la esfera de lo constitucional, pues todos los argumentos
que fundamentan la solicitud de amparo están orientados a debatir la legalidad del
acto acusado, asunto que corresponde definir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo
27. Porlo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la sentencia del 13 de
diciembre de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación.
28. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 13 de diciembre de 2024 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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